Sentencia CP-13-21 — Registro 18058
Resumen
En primera instancia se condenó a la imputada por el delito de Fraude en Concurso Ideal con el delito de Falsificación de Documentos Públicos al introducir al Sistema de Administración de Recursos Humanos (SIARH) para el pago de becas a a ciento treinta y nueve (139) personas que no eran estudiantes de la carrea afines al área de la salud, ni figuran en los listados remitidos por las universidades o centros técnicos de formación, ni en los acuerdos Ministeriales emitidos por la Secretaría de Salud, lo que ocasionó un perjuicio para el Estado de Honduras de Diez millones doscientos setenta y seis mil Lempiras con diecisiete centavos (L. 10276.00017), resolviendo en segunda instancia Ha Lugar el recurso de casación.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"...DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO. EL RECURSO ES DE RECIBO. Aún y cuando el sentenciador no se encontraba en la obligación de hacer análisis de ponderación del VCP 144-83 versus el NCP 130-2017, puesto que para la fecha de la sentencia aún no había entrado en vigencia la nueva norma, esta Sala de Justicia considera procedente hacer dicho análisis de conformidad con el precepto constitucional citado por el recurrente. En este sentido, el principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo “nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa"; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2), y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Artículo 9), de igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser "scripta", "stricta", "certa", "praevia" y "válida", de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de “Lex Praevia”, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello. Los tipos de retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad[2] son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir de cinco a diez años de prisión una pena). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir, solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrará en vigencia y cuando es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento del juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento del juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución Política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar -de cada una de las leyes en conflicto temporal- los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los en que las penas impuestas hayan sido cumplidas de manera completa por la persona, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. Respecto a las reglas de ponderación de la norma más favorable en el Código Penal Decreto 130-2017, tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo Código, sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Artículo 615, primer párrafo del Nuevo Código Penal). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva, resolver la aplicación retroactiva o no del nuevo Código Penal (Art. 615, segundo párrafo Nuevo Código Penal), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Artículo 624.3 del Nuevo Código Penal). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibido la fragmentación de normas (Art. 616 primer párrafo Nuevo Código Penal), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código Penal 130-2017. Cuando la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un concurso real (Artículo 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 del Nuevo Código Penal) se procederá conforme las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse primero conforme al límite objetivo ordinario o limite objetivo extraordinario, según corresponda, y luego de ello conforme al límite subjetivo. Empero uno no es preferente sobre el otro; se aplicará el límite que sea menor; b. La ponderación deberá realizarse primero en consideración a las penas de manera global y sólo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos, se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el Código Penal 130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a. Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b. Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no los 30 años (limite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (limite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años: la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años: se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y aun así en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Limite subjetivo: el máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Limite objetivo ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Limite objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. Respecto a la ponderación en el caso concreto, en la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación se condenó a la señora Doris Obdulia Gradiz Sevilla como autora de 139 delitos de fraude en concurso ideal con el delito de falsificación de documentos públicos, en perjuicio de la Administración Pública, a la pena de un mil cuarenta y dos años con seis meses de reclusión. Con el NCP 130-2017, la conducta de fraude contra la administración pública se encuentra contemplada en el artículo 482 con un marco penal abstracto de cinco (5) a siete (7) años de prisión y multa por cantidad igual o hasta el triple del valor de lo defraudado; asimismo, el delito de falsificación de documentos públicos se encuentra regulado en el artículo 456 con penas de cuatro (4) a ocho (8) años de prisión y multa de trescientos (300) a quinientos (500) días. También el artículo 68 establece que quien en ejecución de un plan preconcebido o aprovechando idéntica ocasión, realiza pluralidad de acciones u omisiones que ofenden a uno o varios sujetos o infringen el mismo precepto penal o preceptos de igual o semejante naturaleza, debe ser castigado como autor de un delito continuado con la pena señalada para la infracción más grave que se debe imponer en su mitad superior, pudiendo llegar hasta un tercio. En este caso, para el delito de fraude contra la administración pública y según los hechos probados de la sentencia, el marco penal debe aumentarse en un cuarto (1/4) por concurrir la agravante específica contemplada en el artículo 508 numeral 1) cuando con la comisión del delito se cause un grave quebranto para un servicio público, lo que ofrece un nuevo marco penal de siete (7) años a ocho (8) años y nueve (9) meses de prisión, mismo que debe aumentarse en un tercio (1/3) en su límite superior por concurrir la figura del concurso continuado, quedando el nuevo marco penal de ocho (8) años y nueve (9) meses a once (11) años ocho (8) meses de prisión; también de conformidad a los hechos probados de la sentencia y con el fallo de la misma, este delito de fraude agravado continuado se realizó en concurso ideal con el delito de falsificación de documentos públicos, por lo cual de conformidad con el artículo 67 habrá que aumentarse en un tercio el límite superior antes dicho, lo que ofrece un nuevo límite superior de quince (15) años seis (6) meses y veinte (20) días de prisión. Ahora bien, respecto a la multa habrá que realizar el mismo ejercicio de aumento de fracciones por la agravante específica, por el concurso continuado y por el concurso ideal con el delito de falsificación de documentos públicos; la multa proporcional que corresponde al delito de fraude contra el Estado es el equivalente al monto defraudado que equivale a diez millones doscientos setenta y seis mil lempiras con diecisiete centavos (L 10,276,000.17), al cual habrá que aumentarle un cuarto (1/4) por concurrir la agravante específica del artículo 508 numeral 1) que ofrece una multa de doce millones ochocientos cuarenta y cinco mil lempiras con diez centavos (L 12,845,000.10); asimismo, por haberse realizado el delito en concurso continuado habrá que aumentarle un tercio al monto referido lo que ofrece un nuevo monto de diecisiete millones ciento veintiséis mil doscientos treinta y ocho mil lempiras con sesenta y seis centavos (L 17,126,238.66), y por haberse realizado en concurso ideal con el delito de falsificación de documentos públicos hay que aumentarle un tercio (1/3) determinando un nuevo límite superior de veintidós millones ochocientos treinta y seis mil ciento veintiséis lempiras con cincuenta centavos (L 22,836,126.50) como límite superior. Al hacer la ponderación de la pena concreta de conformidad con el artículo 70 en relación con las circunstancias modificativas de la responsabilidad penal de los artículos 31 y 32 todos del NCP 130-2017, se verifica que no concurren circunstancias agravantes o atenuantes, y en atención a las circunstancias personales de la condenada y a la gravedad del hecho, corresponde la imposición de las penas en su límite mínimo..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 361 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia recaída en el expediente del Recurso de Casación SP-13-2021, que literalmente dice: “SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en fecha seis del mes de septiembre de dos mil veintitrés, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados, Walter Raúl Miranda Sabio, en su calidad de Coordinador, Nelson Danilo Mairena Franco y Mario Rolando Diaz Flores pronuncian, EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente SENTENCIA en los Recursos de Casación SP-13-2021 por Infracción de Ley, Quebrantamiento de Forma y por Infracción de Precepto Constitucional, interpuesto contra la sentencia de fecha treinta y uno (31) de marzo de dos mil veinte (2020), dictada por el Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, mediante la cual falló: PRIMERO: Condenó a la señora Doris Obdulia Gradiz Sevilla, como autora de 139 delitos de Fraude en Concurso Ideal con el delito de Falsificación de Documentos Públicos, en perjuicio del La Administración Pública, a la pena de un mil cuarenta y dos años con seis meses de reclusión. SEGUNDO: Condenó a la señora Doris Obdulia Gradiz Sevilla, a las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil, por el tiempo que dure la pena de reclusión. TERCERO: Declaró la responsabilidad civil de la señora Doris Obdulia Gradiz Sevilla. CUARTO: Exoneró a la señora Doris Obdulia Gradiz Sevilla, del pago de costas procesales, personales y gastos ocasionados por el juicio. QUINTO: No procedió declarar el comiso. SEXTO: Absolvió a los señores Loyda Clementina Ventura Saravia, Karla Regina Alfaro Vallejo, Garis Corina Zelaya y Ricardo Enrique Lanza López, del delito de Violación de los Deberes de los Funcionarios, en perjuicio de La Administración Pública. Son partes en única instancia: El Abogado Jorge Alexis Sauceda, en su condición de defensor privado de la señora Doris Obdulia Gradiz Sevilla, como parte recurrente; y, la Abogada Marla Iris Cárdenas Guardado, en su condición de fiscal del Ministerio Público, como parte recurrida. I. HECHOS PROBADOS “PRIMERO: Que mediante Acuerdo No. 5272 de fecha nueve (9) de noviembre de mil novecientos noventa y nueve (1999), se aprobó el Reglamento Interno de Becas de la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud, con la finalidad de regular el programa de becas de las personas que prestan su servicio social en el área de salud, así como financiar estudios orientados a hacer más eficiente la función pública; reglamento que es aplicado a todos aquellos estudiantes de medicina o carreras afines a la salud, de las diferentes universidades y centros técnicos de formación. SEGUNDO: Para poder ejecutar el pago a las personas beneficiarias por este programa, dentro de la Secretaría de Salud, se ha creado un procedimiento empírico, el cual va cambiando conforme los funcionarios o empleados de la Secretaría son rotados o removidos. Iniciando dicho proceso en la Dirección General de Desarrollo del Recurso Humano, donde se reciben los listados que remiten las universidades o centros técnicos de formación; posteriormente pasan al Departamento de Contratos, donde se elaboran los contratos y se recibe la documentación personal de cada becario (copia de identidad y de la cuenta bancaria); continuando este proceso cuando la documentación es remitida a la Secretaría General, para la elaboración del Acuerdo Ministerial, el cual es firmado por el Ministro(a) de tumo, asimismo son firmados por el Secretario de Estado cada uno de los contratos; concluida esta etapa, todos estos documentos son enviados al Departamento de Planilla, donde se procede a la revisión de los documentos, creación y verificación de la Ficha Personal dentro del Sistema de Administración de Recursos Humanos (SIARH), así como la generación y verificación de la planilla de pago, emitiendo los F-01; como parte del proceso, el Sub Gerente de Recurso Humanos debe aprobar las planillas dentro de sistema SIARH, es decir, éste no revisa ninguna documentación, sino que se limita a validar la información que es introducida por el técnico de planillas; finalizado este paso, se envían los F-01 a la Gerencia Administrativa, para enviar toda la información a la Tesorería General de la República, para el correspondiente pago. TERCERO: Desde el año dos mil nueve (2009) al año dos mil dieciséis (2016), la señora Doris Obdulia Gradiz Sevilla, era la técnico encargada de crear y verificar las fichas de personal y planillas de pago para los beneficiarios del programa de becas, para estudiantes en servicio social de carreras afines al área de la Salud, quién a la vez realizaba la revisión de toda la documentación de los acuerdos de personal permanente interino y becas; así como la elaboración de fichas en el Sistema de Administración de Recursos Humanos (SIARH); la generación de planillas de las Gerencias asignadas; de igual manera la verificación de Planillas de pago; que posteriormente eran remitidas a la Sub Gerencia de Recurso Humanos, para su aprobación por las señora Garis Corina Zelaya, Karla Regina Alfaro, Loyda Clementina Ventura; pero que debido al volumen de trabajo de la Secretaría de Salud, los usuarios de aprobación asignados a éstas, fueron delegados al Jefe del Departamento de Planillas, el señor Henry Martínez y éste a su vez en los técnicos de planilla de su departamento. CUARTO: Aprovechando esta circunstancia y dado que la señora Doris Obdulia Gradiz Sevilla realizaba todos pasos exigidos por el Sistema SIARH, ésta introdujo a este sistema, a ciento treinta y nueve (139) personas que no eran estudiantes de la carreras afines al área de la salud, ni figuran en los listados remitidos por las universidades o centros técnicos de formación, ni en los Acuerdos Ministeriales emitidos por la Secretaría de Salud, lo que ocasionó un perjuicio para el Estado de Honduras de Diez millones doscientos setenta y seis mil Lempiras con diecisiete centavos (L. 10, 276,000.17). QUINTO: El señor Ricardo Lanza, laboró en la Secretaría de Salud, como Jefe de Planillas desde el cinco (5) de enero de dos mil nueve (2009) de conformidad al oficio No. 007- SGRH-2009; asimismo nombrado de forma permanente como Transcriptor de Procesamiento de Datos en la Gerencia Central, mediante Acuerdo No. 2123 de fecha siete (7) de septiembre de dos mil nueve (2009).” II. RECURSO DE CASACIÓN: El recurrente Abogado Luis Fernando Padilla Castellanos, en ese momento en su condición de defensor privado de Doris Obdulia Gradiz Sevilla, procedió a formalizar su Recurso de Casación de la manera siguiente: “MOTIVO DE CASACION POR INFRACCION DE LEY Motivo Invocado: Falta de aplicación del artículo 37 del Código Penal contenido en el decreto 144-83, vigente al momento de los hechos y de la sentencia; en relación al artículo 615 del nuevo Código Penal. Precepto Autorizante: Autoriza la interposición del presente recurso, el artículo 360 del Código Procesal Penal. Explicación del Motivo: El A quo en la sentencia en estudio, declaró terminantemente como hechos probados las siguientes verdades intangibles: PRIMERO: Que mediante acuerdo No 5272 de fecha nueve (9) de noviembre de mil novecientos noventa y nueve (1999), se aprobó el Reglamento interno de Becas de la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud, con la finalidad de regular el programa de becas de las personas que prestan su servicio social en el área de salud, así como financiar estudios orientados a hacer más eficiente la función pública: reglamento que es aplicado a todos aquellos estudiantes de medicina o carreras afines a la salud, de las diferentes universidades y centros técnicos de formación. SEGUNDO: Para poder ejecutar el pago a las personas beneficiarias por éste programa, dentro de la Secretaria de Salud, se ha creado un procedimiento empírico, el cual va cambiando, conforme los funcionarios o empelados de la Secretaria son rotados o movidos, iniciando dicho proceso en la Dirección General de Desarrollo del Recurso Humano, donde se reciben los listados que remiten las universidades o Centros técnicos de formación; posteriormente pasan al Departamento de Contratos, donde se elaboran los contratos y se recibe la documentación personal de cada becario (copia de identidad y de la cuenta Bancaria), continuando este proceso cuando la documentación es remitida a la Secretaría General, para la elaboración del Acuerdo Ministerial, el cual es firmado por el Ministra(o) de turno, así mismo son firmados por el Secretario de Estado cada uno de los contratos; concluida esta etapa, todos estos documentos son enviados al Departamento de Planilla, donde se procede a la revisión de los documentos, creación y verificación de la ficha personal dentro del Sistema de Administración de Recursos Humanos (SIARH), así como la generación y verificación de la planilla de pago, emitiendo las F-01; como parte del proceso, el Sub Gerente de Recursos Humanos debe aprobar las planillas dentro de sistema SIARH, es decir, éste no revisa ninguna documentación, sino que se limita a validar la información que es introducida por el técnico de planillas; finalizando este paso, se envían los F-01 a la Gerencia Administrativa, para enviar toda la información a la Tesorería General de la República, para el correspondiente pago. TERCERO: Desde el Año dos mil nueve (2009) al año dos mil dieciséis (2016), la señora Doris Obdulia Gradiz Sevilla, era la técnico encargada de crear y verificar las fichas de personal y planillas de pago para los beneficiarios del programa de becas, para estudiantes en servido social de carreras afines al área de salud, quien a la vez realizaba la revisión de toda la documentación de los acuerdos del personal interino y becas, así como la elaboración de fichas en el Sistema de Administración de Recursos Humanos (SIARH); la generación de planillas de las Gerencias asignadas; de igual manera la verificación de planillas de pago; que posteriormente eran remitidas a la Sub Gerencia de Recursos Humanos, para su aprobación por las señoras Garis Corina Zelaya, Karla Regina Alfaro, Loyda Clementina Ventura; pero que debido al volumen de trabajo de la Secretaría de Salud, los usuarios de aprobación asignados a éstas, fueron delegados al Jefe del Departamento de Planillas, el señor Henry Martínez y éste a su vez en los técnicos de planillas de su departamento. CUARTO: Aprovechando esta circunstancia y dado que la señora Doris Obdulia Gradiz Sevilla realizaba todos pasos exigidos por el Sistema SIARH ésta introdujo a este sistema a ciento treinta y nueve (139) personas que no eran estudiantes de la carrea afines al área de la salud, ni figuran en los listados remitidos por las universidades o centros técnicos de formación, ni en los acuerdos Ministeriales emitidos por la Secretaría de Salud, lo que ocasionó un perjuicio para el Estado de Honduras de Diez millones doscientos setenta y seis mil Lempiras con diecisiete centavos (L. 10276.00017). QUINTO: El señor Ricardo Lanza, laboró en la Secretaría de Salud, como Jefe de Planillas desde el cinco (5) de enero de dos mil nueve (2009) de conformidad al oficio No. 007-SGRH-2009; así mismo nombrado de forma permanente como Transcriptor de Procesamiento de Datos en la Gerencia Central, mediante acuerdo No. 2123 de fecha siete (7) de septiembre de dos mil nueve (2009). Establece el artículo 360 del Código Procesal Penal que "Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba de ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo... " De esta norma se puede determinar la configuración del recurso de casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal: a. Respeto Irrestricto a los Hechos Probados: Los hechos probados es el relato cronológico de un acontecimiento histórico anterior al proceso penal y que es objeto de debate, fijados por el Tribunal de Sentencia en base a lo que se ha probado en juicio, derivado de la valoración de los medios de prueba cuya reproducción el Juzgador pudo apreciar de manera directa, colocándolo en una posición exclusiva de valoración. Por ello tratándose de recurso por infracción de ley o de doctrina legal, se debe de guardar absoluto respeto a los hechos que se declaren probados en la sentencia, trasladando el control judicial al ámbito de la juridicidad, así señalado en el artículo 369 del Código de Rito en su tercer párrafo cuando prohíbe al Tribunal de Casación la modificación de los hechos probados, conocido como Principio de Intangibilidad delos Hechos Probados¡ b. Falta de Correspondencia entre los hechos Probados y el fallo por infracción de precepto sustantivo o de Principio fijado por la Doctrina Legal, a consecuencia de: i. inobservancia de la norma sustantiva o Doctrina Legal que corresponde al caso: ii. Errónea aplicación de una norma sustantiva o de Doctrina Legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis; iii. Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del Principio fijado en la Doctrina Legal; iv. Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal; y v. Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal. Es importante anotar que debe de entenderse como norma sustantiva a toda aquella de defina tipos penales o que le sean llamadas para conformar una conducta delictiva aun cuando no tengan la categoría de una norma penal (Como es el caso de las normas extra penales de remisión por una norma penal en blanco), quedando excluidas entonces normas con contenido procesal. En conclusión a través del recurso de casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia; De allí que a la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia o de la Doctrina Legal que sobre el tema jurídico se haya sentado; Su misión se limita a la revisión "del juicio de derecho contenido en la sentencia: En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados). Ver sentencia 043-2017 Exposición Del Motivo: Las normas aplicadas indebidamente prescriben: Art. 37. "Cuando se cometa un delito contra la propiedad dos (2) o más veces, bien sea en sólo momento o en momentos diversos, mediante acciones u omisiones ejecutadas en cumplimiento de plan preconcebido o aprovechando idénticas o similares circunstancias, dichos delitos se considerarán como un solo continuado. En tal situación se aplicará al agente la pena más grave, aumentada en dos tercios. En caso de duda, se tendrá por más grave la pena que tenga señalado el máximo más alto. Lo dispuesto en el párrafo anterior no se aplicará si resulta más favorable al reo la imposición de todas las penas aplicables a los delitos concurrentes Del referido cuadro fáctico se desprende, que el Tribunal Sentenciador ha tenido cómo una verdad incuestionable que mi representada incurrió en 144 delitos de fraude en concurso ideal con el delito de Falsificación de Documentos Públicos, pero no como lo hace ver el Tribunal de Sentencia, que los mismos fueron cometidos en su modalidad de "Concurso Real" pues como bien lo establece el Jurista Bustos Ramírez, quien manifiesta lo siguiente” La unidad de acción solo se puede configurar desde un punto de vista psicológico-valorativo esto es, que el simple o complejo proceso de comunicación, implique en definitiva un solo momento de resolución ejecutiva del sujeto contra el ordenamiento jurídico. En tales casos habrá un solo hecho porque hay una sola acción, sin importar las normas infringidas, ni los resultados producidos..." el jurista Bacigalupo establece “resulta problemático establecer cuando una pluralidad de actos que pueden responder a varias decisiones de acción constituyen una unidad de acción, es decir, un objetivo único de valoración jurídico penal...se estima habrá una única acción cuando el hecho se presenta objetivamente como plural pero desde un punto de vista valorativo resulta ser una única acción a los ojos del autor... se estima que habrá una unidad temporal de acción ''cuando se de una conexión temporal y espacial estrecha de una serie de acciones u omisiones que fundamenten una vinculación de significado de tal naturaleza que también para la valoración jurídica sólo puede aceptarse un único hecho punible" Sobre este mismo tema la Honorable Sala de lo Penal ha emitido su criterio, al haber establecido lo siguiente: “UNIDAD Y PLURALIDAD DE HECHOS’’ Para dar respuesta al reproche del Recurrente 3, debemos situarnos en el último elemento de la Teoría del Delito donde se define por parte del legislador las sanciones que corresponden a cada conducta desvalorada constitutiva de delito; en este peldaño se estudian las Causas Absolutorias de la Punibilidad, la prescripción de la pena y los Concursos de Delitos, estos últimos como normas que implementan la política penal punitiva del Estado en la concurrencia de pluralidad de conductas típicas, antijurídicas y culpables. La apreciación de los concursos de delitos gravita está condicionado a la existencia de una Unidad de hecho o una Pluralidad de hechos, de allí la necesidad de su definición. De inicio es importante señalar que el Código Penal toma como eje para la definición que estamos construyendo la voz "Hecho" y no la de "conducta", (Art. 36 CP), lo que es muy relevante pues es posible considerar en un solo hecho, un conjunto de conductas que se valoran bajo una unidad, como por ejemplo: los múltiples golpes que se dan a una persona (muchas conductas por acción), las que en suma provocan un solo delito de lesiones (un solo hecho). Por otra parte, es importante hacer la anotación que "hecho" no es equivalente a "resultado", pues si bien éste último es la sombra del primero, son totalmente distintos, véase las posibilidades: i) Un hecho pueda dar lugar a un resultado; ii) Un hecho puede dar origen a varios resultados; iii) Un hecho es penalmente relevante aun cuando no genere un resultado, sea porque es un delito de mera actividad o sea un delito tentado. Partiendo de lo anterior, podemos indicar que: a. Existe Unidad de Hecho, cuando una única conducta penalmente relevante, (entiéndase por "penalmente relevante" aquellas que son susceptibles de reproche por estar tipificadas en una ley penal, con independencia del número de resultados producidos.) Es una única conducta: i. Cuando la persona realiza un movimiento corporal o una abstención de movimiento corporal, en procura voluntaria de un fin (Unidad Natural de Conducta); Zaffaroni explicando el concepto hace la analogía de que “cada movimiento voluntario es a la conducta lo que cada átomo es a la materia: una unidad mínima que no puede dividirse sin que la conducta desaparezca" (Zaffaroni, Eugenio, Tratado de Derecho Penal Parte General, Tomo IV, Buenos Aires, Argentina, 1999, pág. 529); o ii. Cuando la persona, en procura voluntaria de un fin, produce un conjunto de movimientos corporales en un espacio y tiempo determinado considerados como una sola unidad valorativa jurídico penal, (Unidad Jurídica de Conducta) como cuando se falla el medio usado para cometer el homicidio e inmediatamente se emplea otro sin disolución temporal b. Existe Pluralidad de Hechos, cuando le es atribuible a una persona múltiples conductas, consecuencia de múltiples decisiones ejecutadas sin una unidad de plan, cada una de ellas penalmente relevantes, pudiendo agruparse conductas como unidad natural y/ o conductas como unidad jurídica. Habiendo definido cuándo existe Unidad y Pluralidad de hechos, corresponde ahora abordar lo relatito al Concurso de Delitos, tema que atañe al recurso de casación planteado por el Recurrente 3. Existe Concurso de Delito cuando una misma persona realiza una conducta susceptible de encuadrar en dos o más tipos penales; partiendo de la definición, constituye concurso de delito el Concurso Ideal (Art. 36 CP) y la ausencia de éste se le denomina Concurso Real (Art. 35 CP), sin embargo, el legislador nacional también denomina como concurso de delitos al Concurso Medial (Art. 36 CP) y al Delito Continuado (Art, 37 CP), lo cual no son verdaderos concursos, sino que obedecen a criterio político criminal de punibilidad, Queda excluido del tema de concurso de delitos, el llamado Concurso Aparente de Delitos (Art. 2-A CP), por ser éste tarea de la adecuación de la tipicidad. Continúa estableciendo la Honorable Sala de lo Penal, en una petición del Ministerio Público, sobre un hecho similar la que nos ocupa, donde el ente acusador solicitaba que se impusiera un delito en concurso real, y el Tribunal de sentencia condenó por un delito continuado; lo siguiente "Finalmente el artículo 36 del Código Penal, bajo el Principio de Absorción, determina que en los casos de Concurso Ideal se deberá de aplicar una sola pena, tomando de los diferentes delitos, la más grave aumentándola en un cuarto (1/4), debiendo considerarse la más grave como aquella que tenga señalada el máximo más alto; agrega el artículo 37 que aun cuando opere un Concurso Ideal, éste no será aplicado cuando resulte más favorable a la persona condenada la aplicación de un concurso real, es decir, la imposición por separado de todas las penas correspondientes a los diversos delitos cometidos. Descartándose la existencia de un concurso ideal, manda la ley que corresponde conjugar las diversas figuras delictivas en un Concurso Real (conocido en la Doctrina también bajo el nombre de Concurso Material) previsto en el artículo 35 del Código Penal. Existe Concurso Real cuando ante una pluralidad de hechos delictivos, cada uno de ellos se subsume en una figura delictiva distinta, apreciable de manera independiente y llamados a ser juzgados en un único proceso penal. Considera esta Sala de lo Penal que los hechos probados si bien reproducen 21 conductas hechas por el acusado consistente en la emisión de igual número de Licencias de Obras, todas ellas constituyen una Unidad valorativa jurídico penal (Unidad Jurídica de Conducta), como consecuencia de que todas ellas fueron realizadas en procura voluntaria de un idéntico fin: la inobservancia de la norma reglamentaria que manda que la ejecución de los proyectos urbanísticos deben de realizarse conforme a los planos aprobados y que ninguna modificación a éstos será válida sino es igualmente aprobada; en ese sentido el acusado con las 21 conductas (licenciamientos de obra) despreció un único plano de urbanización válido, y por ello las diferentes violaciones, todas ellas reprochables, deben de ser consideradas como una unidad para efectos de punibilidad; bajo el rigor de un concurso ideal propio. "Considera esta Sala de lo Penal que los hechos probados si bien reproducen conductas hechas por el acusado consistente en la emisión de igual número de Licencias de Obras, todas ellas constituyen una Unidad valorativa jurídico penal (Unidad Jurídica de Conducta), como consecuencia de que todas ellas fueron realizadas en procura voluntaria de un idéntico fin la inobservancia de la norma reglamentaria que manda que la ejecución de los proyectos urbanísticos deben de realizarse conforme a los planos aprobados y que ninguna modificación a éstos será válida sino es igualmente aprobada; en ese sentido el acusado con las 21 conductas (licenciamientos de obra) despreció un único plano de urbanización válido, y por ello las diferentes violaciones, todas ellas reprochables, deben de ser consideradas como una unidad para efectos de punibilidad, bajo el rigor de un concurso ideal propio" (lo Subrayado es nuestro) ver sentencia 043-2017 Por lo anteriormente expuesto solicitamos se declare con lugar este motivo de casación, anulando la sentencia impugnada y dictando una nueva sentencia en donde se condene a nuestra representada por un delito de fraude Continuado en concurso ideal con el delito de Falsificación de Documentos Públicos, a una pena de 8 años a 10 años 7 meses que es la pena mínima establecida para esta clase de delitos, de acuerdo a los artículos 482, 456, 67 y 69 del nuevo código penal. POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA Motivo Invocado: Incongruencia de la sentencia de conformidad al artículo 337 Párrafo primero del Código Procesal Penal. Precepto Autorizante: artículo 362 numeral 6 del Código Procesal Penal EXPLICACION DEL MOTIVO Al proferir su sentencia el Tribunal se ha apartado ostensiblemente de las pretensiones de las partes, específicamente al calificar los hechos en perjuicio de la abusada en forma distinta de las que fueron sostenidos por el Ministerio Público durante todo el proceso, Esta violación se configura de la siguiente manera: El Código Procesal Penal en su artículo 337 ordena que debe existir congruencia en la sentencia respecto a la acusación, en el sentido siguiente: "La sentencia no podrá dar por acreditados otros hechos u otras circunstancias, que no sean descritas en la formalización de la acusación, en la contestación de cargos y en el auto de apertura a Juicio o, en su caso, en la ampliación de la acusación y en la contestación de ésta o en las conclusiones expuestas por las partes en la audiencia de debate, ni calificar los hechos, en perjuicio del acusado en forma distinta de la que resulte de 1as actuaciones antes indicadas". Partiendo de este precepto legal, la audiencia preliminar tiene como finalidad que el ente acusador formalice la acusación y la defensa conteste cargos. En el caso de mérito en la referida audiencia preliminar) ante el Juez de Garantías. El Ministerio Público en esa oportunidad fijó los hechos y su calificación jurídica en contra de señora Doris Obdulia Gradiz Sevilla, formalizando su Acusación por un delito de fraude en concurso ideal con un delito de Falsificación de Documentos Públicos. La defensa por su parte, contestó cargos sobre esos hechos y oponiéndose sobre la calificación jurídica argumentada. En el término establecido por la ley, el Juez de garantías resolvió y dictó el auto de apertura a juicio dictando su resolución En ese mismo orden de ideas, la Audiencia de Juicio Oral y Público se apertura con la decisión tomada por la Juez de Instrucción, o sea por el delito antes referido, apreciados como uno (1) sólo continuado en perjuicio del Patrimonio del Estado de Honduras en perjuicio de la Administración Pública (Ver Acta de Audiencia de Juicio Oral y Público). Ya en la apertura de la audiencia de Juicio Oral y Público, el Tribunal de Sentencia en base al artículo 319 le concedió la palabra al ente acusador para que planteara en forma breve y sumaria su posición en cuanto a la formalización de acusación, el Ministerio Publico se apartó de la resolución que contenía la formalización de acusación emitida por la Juez de Garantías en cuanto al delito de Fraude en concurso ideal con el delito de Falsificación de Documentos Públicos, en su modalidad de continuado y procedió, no ha plantear su posición en cuanto a la formalización de acusación, el Ministerio Público con base al artículo 321 de la norma procesal amplió la acusación por ciento cuarenta y cuatro delitos de Fraude en Concurso ideal con el delito de Falsificación de Documentos Públicos, delitos de los cuales nunca se defendió la señora Doris Obdulia Gradiz Sevilla por ser expuesto con violaciones al principio acusatorio. La violación al principio acusatorio radica en que la defensa de la señora Doris Obdulia no tuvo claridad en la acusación pues el Tribunal de Sentencia terminó aceptando 144 delitos de fraude cuando se había formalizado por un solo delito de fraude en su modalidad de continuado en perjuicio de la Administración Pública. Sobre el principio acusatorio estimamos que el Estado hondureño se apartó, con la aprobación del Código Procesal Penal, del enjuiciamiento inspirado en el principio inquisitivo donde la figura del juez procede Ex offício ante la notitia criminis; para abordar con la nueva legislación el principio acusatorio donde su respeto impone que los roles de investigar, y acusar son atribuidos a órganos distintos al judicial; asimismo, que la acusación determine los extremos de la decisión jurisdiccional, en cuanto a los sujetos del proceso, al hecho punible y al quantum de la reacción penal. En este sentido el principio acusatorio establecido ya en la doctrina y en las propias decisiones de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia se establece que la función jurisdiccional actúa previa acusación, es decir, excluyendo la propia iniciativa del Juez. Igualmente, que sólo corresponde al Juez sentenciador, después del contradictorio, dar por acreditados otros hechos u otras circunstancias, que no sean las descritas en la formalización de la acusación, en la contestación de cargos y en el auto de apertura a juicio, o en su caso, en la ampliación de la acusación y en la contestación de esta o en las conclusiones expuestas por las partes en la audiencia de debate, ni calificar los hechos, en perjuicio del acusado en forma distinta de la que resulte de las actuaciones antes indicadas (artículo 337 del Código Procesal Penal). Es necesario observar que el artículo 301 de la norma procesal ya previamente citada, señala que la formalización de acusación es exclusiva del Ministerio Publico y el Acusador privado, en su caso, que esta no puede ser ejercida por el juez debido a que no lo expresa la ley, en este caso el juez de instrucción es un garante de la legalidad, por ello la legislación procesal establece la nítida separación de las fases de investigación y juzgamiento, en el mismo sentido procede con el Tribunal de Sentencia en la fase de saneamiento y audiencia de juicio, donde debió ejercer su papel de garantes de estos principios procesales. Entendido, así las cosas, el juez de garantías no puede tomar la batuta y cambiar, en perjuicio del acusado, la calificación jurídica de los hechos si estos no han pasado por la valoración de la prueba y bajo el contradictorio de las partes pues esto sólo corresponde al Tribunal Sentenciador con la evacuación de las pruebas en el debate o juicio oral y público. En este sentido exponemos el pronunciamiento sostenido por la Sala de lo Penal, en cuanto al principio acusatorio, en recurso de casación número CP-122-2009 pagina 6, 7 y 8, mediante sentencia de fecha veintitrés (23) de mayo de dos mil doce (2012) donde expone sobre el principio acusatorio, lo siguiente: "Esta Sala de lo Penal considera importante recordar, que en nuestro sistema procesal penal prevalece el principio acusatorio, por el que la acción penal pública es ejercida por sujeto procesal distinto al órgano juzgador, el que determina los hechos, individualiza a los imputados, y tiene bajo su responsabilidad la investigación del delito y la carga de prueba de la imputación. Como complemento lógico a la prohibición de que el órgano jurisdiccional pueda plantear de oficio la acusación y sostener la acción penal, la aplicación del principio acusatorio obliga al Juez a respetar los extremos objetivos y subjetivos contemplados y señalados por el ente acusador. En este sentido, se impone la necesidad de una debida correlación entre acusación y sentencia, dejando la concreta determinación del contenido de la acusación a las partes, a fin de evitar el evidente riesgo que supondría para la imparcialidad del órgano decisor, el que se le permitiera sobrepasar los extremos de la acusación misma, lo que, de hecho, vendría a suponer el sostenimiento indirecto de la pretensión penal por parte del órgano jurisdiccional. Lo anterior pone en evidencia la existencia de un determinado grado de vinculación en la persona del juez para con el elemento subjetivo (persona acusada) y objetivo (hecho punible) planteados por la acusación, que se traduce en una prohibición general, dirigida al órgano jurisdiccional de variar los elementos esenciales del objeto del proceso penal. Con respecto al elemento subjetivo, el referido principio exige que el Juez o Tribunal únicamente pueda realizar y dirigir el proceso contra la persona o personas que resulten efectivamente imputadas en la acusación. Con respecto al elemento objetivo, lo que el principio prohíbe es facultar al juzgador para incorporar en la sentencia hechos punibles no derivados del escrito de calificación previsto en la acusación, lo que incidiría en el derecho de defensa del imputado ante la posibilidad de ser condenado por un nuevo hecho punible sin habérsele otorgado oportunidad procesal de oponerse al mismo mediante posibles pruebas de descargo. En este sentido, el artículo 337 del Código Procesal Penal hondureño establece que "la sentencia no podrá dar por acreditados otros hechos o circunstancias que no sean descritas en la formalización de la acusación, en la contestación de cargos y en el auto de apertura a juicio o, en su caso, en la aplicación de la acusación y en la contestación de ésta, ni calificar los hechos en perjuicio del acusado en forma distinta de la que resulte de las actuaciones antes indicadas". De este modo, el precepto legal antes mencionado establece una obligación de correlación entre acusación y sentencia con respecto al objeto del proceso, prohibiéndole al órgano judicial la posibilidad de aplicar una pena por un hecho o a un sujeto distinto al introducido en el proceso por las partes. En este sentido, el principio acusatorio forma parte del haz de garantías de nuestro sistema procesal, directamente vinculado con el derecho fundamental a la defensa que consagra el artículo 82 de la Constitución de la República, que, como es notorio, proscribe toda posible indefensión. Toda persona acusada tiene derecho a conocer oportunamente el alcance y el contenido de la acusación a fin de no quedar sumida en una completa indefensión, por ello el objeto del proceso no puede ser alterado por el Tribunal de forma que se configure un delito distinto diferente al que fue objeto de debate procesal. El derecho a ser informado de la acusación exige su conocimiento completo, con el objeto de evitar un proceso penal inquisitivo que es incompatible con un sistema de derechos fundamentales y libertades públicas. Consecuencia de todo ello es que siempre ha de haber la debida congruencia entre la acusación y la condena, de modo que el Tribunal sentenciador no pierda su objetividad alterando de oficio los hechos o su calificación jurídica, salvo que actué dentro del marco legal de lo pedido, en ejercicio de su facultad individualizadora. Ese derecho a ser informado de la acusación exige un conocimiento completo de los hechos de que se es acusado y de la calificación jurídica formulada por las partes acusadoras, y, a su vez, es presupuesto necesario de la evitación de indefensión que irremisiblemente se produce cuando se dictan condenas por hechos y cualificaciones de los mismos en un momento en que las posibilidades de defensa ya han pasado". Consecuente con esta resolución, exponemos por que se ha violentado el principio acusatorio por parte del Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, al no controlar la legalidad y ser partícipe de una acusación que no es sustentada por el Ministerio Público sin pasar por el debate o juicio oral, fue impuesta por el juez instrucción utilizando un ardid judicial sustentado en que los hechos no han sido desvanecidos, ni desaparecidos e indicando que los hechos con apariencia delictiva persisten. Lo deplorable del caso es que este mismo Tribunal de Sentencia admita sobre los mismo hechos otra calificación, por lo tanto, la defensa tuvo dos acusaciones ad initio por los mismos hechos y calificada con dos tipos penales como es: 144 delitos de fraude en concurso ideal con el delito de Falsificación de Documentos, cuando mi representada se venía defendiendo de un delito de fraude en concurso ideal con el delito de falsificación de Documentos en su modalidad de continuado, no en concurso real como lo apreció el Tribunal El punto del problema se genera en la falta de control jurisdiccional que tampoco puede alcanzar al no ser ese momento procesal -inicio del juicio oral y Público- que consiste en la determinación de la figura delictiva que debe aplicarse al hecho perpetrado, lo cual implica la selección de la norma aplicable, de acuerdo a un análisis completo de la prueba desarrollada, y el Tribunal Sentenciador que no reguló ni quiso ser garante de la legalidad procesal al permitir un desaguisado que en indefensión a nuestra representada produciéndose un agravio más a la persona sometida a enjuiciamiento. Sobre este punto el principio acusatorio impone una correlación entre acusación y sentencia, por lo tanto el aceptar el órgano judicial de la ampliación a 144 delitos de Fraude en Concurso ideal con el delito de Falsificación de Documentos Públicos, ya no en su modalidad de continuado, sino en concurso real, calificaciones propuestas por la acusación planteada por el Ministerio Publico requiere el cumplimiento de condiciones; una es la identidad del hecho punible, de forma que el mismo hecho señalado por la acusación, sólo se puede debatir en el juicio mediante el contradictorio, constituye el supuesto fáctico de la nueva calificación existiendo homogeneidad en los delitos; asimismo, la existencia de una pena igual o inferior a la solicitada en la acusación. ya que la contradicción se produce en juicio y no antes, por lo tanto, el procedimiento exige que la aplicación del principio acusatorio no recae sólo en los hechos, sino que alcanza a la calificación jurídica, por tanto, es ahí donde se produce la correlación entre la acusación y la sentencia. En el caso concreto, con lo expuesto, se demuestra ciertamente que en el caso de la señora Doris Obdulia Gradiz se produce violación al principio acusatorio. Se produce violación al principio acusatorio al iniciarse el debate de juicio oral con la ampliación del ente fiscal de la acusación donde se aparta del delito de Fraude en concurso ideal con el de Falsificación de Documentos Públicos, en su modalidad de continuado, a 144 delitos de Fraude en concurso real, nuevos delitos de fraude que nunca fueron propuesto en el trascurso del procedimiento, ni siquiera en la formalización de acusación, puesto que este es el momento en que el ente fiscal fija los hechos de la acusación, fija la calificación jurídica y fija la pena a imponer. Con evidencia pasmosa el órgano sentenciador admitió la ampliación de los cuales se sumaron en contravención a la Tutela Judicial efectiva, al no encontrarse estos hechos en la acusación inicial produciendo igualmente violación al principio acusatorio. Resulta necesario establecer, que el Ministerio Público abusa en su derecho de acción al creer que tiene una discrecionalidad absoluta de imponer nuevos hechos y calificaciones jurídicas en cualquier etapa del proceso sin mayor respeto y resguardo al derecho de defensa de los encausados, pues en su afán de lograr la percepción, ante la población, de eficiencia, olvida los mínimos principios de objetividad. De lo anterior, lo más terrible y espantoso del caso, no es que se produzca la violación por parte del ente acusador, si no que no exista un ente de justicia que pueda controlar los abusos de la autoridad. En el caso que nos ocupa si se lee el artículo 321 del Código Procesal Penal, se advierte que la posibilidad de ampliar la acusación está prevista cuando en juicio surja un hecho nuevo o una nueva circunstancia relacionado con el objeto del juicio que modifique la calificación legal o la pena del delito acusado. Es decir, no se prevé la posibilidad de ampliar la acusación para que abarcar todo hecho nuevo, sino sólo aquellos que inciden en la calificación legal de los ya acusados como, por ejemplo, una circunstancia agravante o atenuante, o bien, aquellos que configuran un nuevo elemento fáctico de un delito continuado. Sin embargo, aquí en el circuito en materia de corrupción todo se puede, y en el caso concreto, el Tribunal de Sentencia admitió los 144 delitos nuevos que nunca fueron acusados en todo el procedimiento obligando a la defensa al solicitar en tiempo de defensa que aun así no desvanece la violación. Todo lo anterior evidencia que el Tribunal Sentenciador ha violentado el artículo 337 del Código Procesal Penal al haber proferido su sentencia faltando a la congruencia que debe tener con la acusación sostenida por el Ministerio Público durante todo el proceso judicial. Se colige, que lo realizado por el Tribunal Sentenciador se convierte en un juzgamiento de hechos que va en total perjuicio de mi representada Aunado a esto, se produjo indefensión evidente en perjuicio de la imputada, puesto que su defensa se circunscribió a lo alegado y sostenido por el Ministerio Público en la formalización de acusación, es decir, respecto a la imputación de la comisión de un delito de Fraude en concurso ideal con el delito de Falsificación de Documentos Públicos de forma continuado y no 144 (144), delitos que fueron introducidos violentándose lo establecido en el artículo 321 del Código Procesal Penal. Por tanto, se aprecia que ha existido una infracción al artículo 337 del de la norma adjetiva al haberse proferido una sentencia incongruente, por no apegarse a las pretensiones de las partes, causando total indefensión. RECLAMACION HECHA PARA LA SUBSANACION DEL VICIO DENUNCIADO: Siendo que el yerro que provoca la interposición del presente motivo solamente se puede producir en el fallo mismo, sólo es posible su corrección a través de esta vía recursiva. POR INFRACCION DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL MOTIVO TERCERO: Aplicación del artículo 96 de la Constitución de la República, relacionado con el artículo 615 del nuevo Código Penal, contenido en el Decreto 130-2017. PRECEPTO AUTORIZANTE: Autoriza la interposición del presente recurso, el artículo 361 del Código Penal Explicación del Motivo: Del principio de Retroactividad de la Ley Penal: La exigencia para que un hecho pueda castigarse como delito es preciso de modo ineludible, que previamente haya sido declarado como tal por una ley, así se refleja en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre del 10 de diciembre de 1948, artículo 11.2: "Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito.". Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, esto se le llama el principio de identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigencia una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el tribunal de justicia deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que ninguna persona debe ser castigada por una conducta que al momento de la comisión era licita, de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben de ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello. Haseemer señala que "una ley que pretenda ser aplicable a un caso que haya ocurrido antes de que la ley haya entrado en vigor, es un fantasma del Estado Policía”, en virtud de que el daño, que se pretende evitar por parte de la comunidad, ya ha sido producido antes de su promulgación, cuando la misma era de carácter licito y no reprochable. Por su parte, Claus Roxin, explica los tipos retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión, sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible, sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); y, 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir de cinco a diez años de prisión una pena). Tales tipos de retroactividad no son posibles ya que el Estado debe de determinar ante fáctum los hechos que consienta prohibidos, de modo que los ciudadanos tengan confianza en que los límites de su libertad están determinados y que pueden actuar dentro de esos límites establecidos sin que posteriormente puedan ser objetos de algún reproche por los mismos. Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir, solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado desvalorado disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva o innecesaria, lo que debe de ser apreciado no solo en procesos penales pendientes, como el caso que nos ocupa, sino además en los procesos con resoluciones firmes, antes o durante el cumplimiento de las penas. Señala Bustos Ramírez que: “Una ley más favorable no es una ley abusiva, por el contrario, significa el reconocimiento de mayores ámbitos de libertad, luego la retroactividad de la ley más favorable no niega el principio de legalidad, si no que más bien lo afirma." Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entra en vigencia y cuando es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente, "esta exigencia es inseparable del principio de legalidad penal; si debe existir una ley que defina las conductas delictivas para poder perseguirlas dicha ley debe estar vigente en el momento en que se cometen los hechos, por eso la ley penal es irretroactiva y no puede aplicarse a hechos anteriores a su entrada en vigor.", salvo el caso mencionado, cuando es más beneficiosa. Ante una nueva regulación penal corresponde al juzgador determinar cuál es la ley que es más favorable al acusado o condenado: la vigente al momento del hecho o la vigente al momento de juzgamiento o ejecución de la pena, dándose tal respuesta a depender de: 1. Si la ley penal vigente al momento de los hechos ha sido derogada por una nueva ley, lo que sin dificultad se concluye que la nueva ley es más beneficiosa por despenalizar lo que la anterior tipificaba como delito; 2. Si la ley penal vigente al momento del hecho contemplaba una pena de la misma naturaleza más grave que la prevista en la ley penal vigente al momento del juzgamiento o ejecución de la pena, entonces se debe de aplicar la ley penal vigente (ley nueva), por ser más beneficiosa; o 3. Si la ley penal vigente al momento del hecho contemplaba una pena de distinta naturaleza a la prevista en la ley penal vigente al momento de juzgamiento ejecución de la pena, el órgano jurisdiccional decidirá conforme al caso concreto en la eventual situación de duda podrá consultar a la persona condenada cuál de las normas le resulta más beneficiosa, pues a la postre el destinatario de las mismas ella, y el principio lo que busca es su beneficio. Lo anterior nos lleva a otra posibilidad, existirán casos en que la nueva ley contenga aspectos que le beneficie al reo o procesado, pero que a su vez también le perjudique, lo que obliga, como en el caso anterior, a que el juez realice un estudio del caso concreto, a fin de determinar cuál de las normas es la más beneficiosa en su totalidad, es decir, tomando en cuenta tanto los beneficios como los perjuicios de su aplicación, no siendo posible aplicar los aspectos más beneficiosos de la nueva ley sin aplicar los perjudiciales, ya que, como señala Muñoz Conde:” el Tribunal estaría creando una nueva norma (...) y desempeñando con ello funciones legislativas que no le competen." En definitiva, el texto del artículo 96 de la Constitución de la República establece que "la ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", lo cual está desarrollado en el artículo 9 del Código Penal, que indica que: "Las leyes penales tienen efecto retroactivo en cuanto favorezcan al procesado, aunque al entrar en vigencia aquellas hubiere recaído sentencia fume y el reo estuviere cumpliendo la condena.". Establece el artículo 615 del nuevo Código Penal, contenida en el Decreto 130-2017; lo siguiente: Retroactividad de la Ley Penal más favorable. Los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencia del presente Código se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente Código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican éstas... En el presente caso mi defendida fue hallada culpable por un delito de fraude en concurso ideal con el delito de falsificación de documentos públicos, al tenor de lo establecido en los artículos 376 del Código Penal vigente en ese momento el cual tenía una pena de 6 a 9 años de reclusión, sin embargo en el nuevo Código Penal, en su artículo 482, éste delito tiene una pena de 5 a 7 años de prisión, presentando una reducción en la pena; de igual manera sucede en el delito de falsificación de documentos públicos, el cual en el Código penal anterior, en el artículo 284 tema pena de 3 a 9 años de reclusión y en el Código Penal actual, en el artículo 456, tiene una pena de 4 a 8 años de prisión, debiendo aplicar la sala la pena más favorable a mi defendida,; tomando en cuenta nuestro reclamo presentado en el motivo primero de éste recurso de casación. Por lo anteriormente expuesto pido que se admita el presente motivo de casación, que se declare con lugar el mismo.” fundamentación Jurídica Recurso de casación por infracción de ley Establece el artículo 360 del Código Procesal Penal que “Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba de ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo…” (Lo resaltado es nuestro). De esta norma se puede determinar la configuración del recurso de casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal: 1. Respeto Irrestricto a los Hechos Probados: Los hechos probados es el relato cronológico de un acontecimiento histórico anterior al proceso penal y que es objeto de debate, fijados por el Tribunal de Sentencia en base a lo que se ha probado en juicio, derivado de la valoración de los medios de prueba cuya reproducción el Juzgador pudo apreciar de manera directa, colocándolo en una posición exclusiva de valoración. Por ello el artículo 369 del Código de Rito, en su tercer párrafo prohíbe al Tribunal de Casación la modificación de los hechos probados, conocido como Principio de Intangibilidad de los Hechos Probados; 2. Falta de Correspondencia entre los hechos Probados y el fallo por infracción de precepto sustantivo o de Principio fijado por la Doctrina Legal, a consecuencia de: a. Inobservancia de la norma sustantiva o Doctrina Legal que corresponde al caso; b. Errónea aplicación de una norma sustantiva o de Doctrina Legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis; c. Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del Principio fijado en la Doctrina Legal; d. Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal; y e. Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal. En conclusión a través del recurso de casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia; De allí que a la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia o de la Doctrina Legal que sobre el tema jurídico se haya sentado; Su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia; En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados). Recurso de Casación por Infracción de Ley, interpuesto por el Abogado Luis Fernando Padilla Castellanos, en ese momento en su condición de defensor privado de Doris Obdulia Gradiz Sevilla. Único Motivo. Precepto Autorizante: 360 del Código Procesal Penal; Normas Sustantivas que se denuncian Infringidas: Artículo 37 del Código Penal 144-83 en relación con el artículo 615 del Código Penal 130-2017; Concepto de la Infracción: Falta de aplicación. Pretensión: Se aplique la condena por un delito de Fraude Continuado en Concurso Ideal con el delito de Falsificación de Documentos Públicos. El censor del fallo inicia la exposición de su recurso relacionando los hechos probados de la sentencia, luego hace una exposición doctrinal sobre la naturaleza y el alcance del recurso de casación por infracción de ley. Finalmente, en lo que respecta a la exposición de agravios, arguye que el sentenciador debió aplicar un delito de Fraude contra el Estado continuado en concurso ideal con el delito de Falsificación de Documentos, y no condenar por 139 delitos de Fraude contra el Estado en concurso real, los cuales, a su vez, fueron considerados en concurso ideal con el delito de Falsificación de Documentos. Concluye que, al haber hecho esta última tipificación, hubiese favorecido a la acusada respecto a la pena concreta a imponer. Del delito de fraude en perjuicio de la administración pública. El Título XIII del Libro Segundo del Código Penal, recoge los delitos cuyo objeto es la protección de la Administración Pública como bien jurídico, es decir el correcto funcionamiento de la Administración Pública, como deber del empleado y funcionario público de gestionar con lealtad y probidad la cosa pública, en los términos que dispone el artículo 5 de la Ley General de la Administración Pública y 5 de la Ley de Contratación del Estado; entre esos tipos penales nos encontramos el contenido en el artículo 376 conocido como Fraude al Estado, que no debe ser confundido con el tipo penal del artículo 242 y 243 que contienen los delitos de Fraude en perjuicio de persona natural o jurídica particular. El artículo 376 del Código Penal indica que “El funcionario o empleado público que por razón de su cargo participe en cualquier acto jurídico que tenga interés el Estado y se ponga de acuerdo con alguno de los interesados para defraudar al fisco o con ese mismo propósito se valga de su condición para favorecer a un tercero o para facilitar su participación personal, directa o indirecta, en los beneficios que puedan producir tales asuntos o use cualquier otro artificio con la misma finalidad, será sancionado con reclusión de seis a nueve años, más inhabilitación absoluta por el doble del tiempo que dure la reclusión.” El tipo penal recoge tres supuestos diferentes y que de manera independiente configuran el delito de Fraude al Estado: i. Primer supuesto: funcionario o empleado público que por razón de su cargo participe en cualquier acto jurídico que tenga interés el Estado y se ponga de acuerdo con algunos de los interesados para defraudar al fisco. La acción típica del supuesto, es el concierto o conspiración (Art. 17 del Código Penal), es decir, el ponerse de acuerdo el funcionario con los interesados o especuladores como una forma de ardid o maquinación, por lo que es preciso que efectivamente se haya producido el concierto, momento en el que tendría lugar la consumación delictiva. Este supuesto entonces, exige la participación de por lo menos dos personas: el funcionario o empleado público y el tercero(s) con el que se concierta; pese a lo anterior, el tipo no señala la suerte del tercero que participa en el hecho, por lo que su responsabilidad deberá ser deducida conforme a otro tipo penal. ii. Segundo supuesto: funcionario o empleado público que por razón de su cargo participe en cualquier acto jurídico que tenga interés el Estado (y) para defraudar al fisco… se valga de su condición, para favorecer a un tercero o para facilitar su participación personal, directa o indirecta, en los beneficios que puedan producir tales asuntos. El ámbito situacional en este segundo supuesto es diferente, por cuanto en él no se exige la existencia del acuerdo, sino que la conducta puede ser desarrollada de manera unilateral por el funcionario o empleado público, quien busca favorecer a un tercero -con o sin su conocimiento- o favorecerse él mismo de manera directa o indirecta, del asunto que conoce como funcionario público, en perjuicio del fisco. iii. Tercer supuesto: funcionario o empleado público que por razón de su cargo participe en cualquier acto jurídico que tenga interés el Estado (y) use cualquier otro artificio (para defraudar al fisco). La conducta típica aquí está centrada en el uso de un artificio, ardid, artimaña o maquinación por parte del empleado o funcionario público, con el objeto de burlar los sistemas de controles estatales y así conseguir defraudar al fisco con un acto de aparente legalidad o con un acto subrepticio, pudiendo ser a favor de un tercero -con o sin “otro artificio”-, incluido en este supuesto es por referencia al primer supuesto, en donde se prevé una forma específica de maquinación como ser el concierto de dos personas, una de ellas el funcionario público, mientras que en este tercer supuesto el legislador concibe la posibilidad de otro tipo de ardid además del indicado, convirtiendo este supuesto en un tipo penal abierto. Se concluye que el elemento objetivo de “artificio”, solo asiste en el primer y tercer supuestos y no así en el segundo, donde el mismo no es necesario para la concurrencia del delito. Son tres los elementos objetivos comunes en los supuestos señalados: 1. El sujeto activo, es un funcionario o empleado público, quien participa en el acto jurídico con ocasión de su cargo, participación que puede ser directa por ser el responsable del acto, o indirecta cuando el acto, si bien se encuentra bajo su esfera de competencia, no interviene formalmente en él, más si materialmente; 2. El acto jurídico, debe ser de aquellos en los cuales el Estado tenga algún interés, como contratos de obra públicas, contrato de suministros de bienes o servicios, contratos de consultoría, contratos de gestión de servicios públicos, contratos de concesión de uso de del dominio público o de concesión de servicios u obras públicas, así como los de compra-venta, donación, permuta, arrendamiento, préstamos y todos aquellos de contenido patrimonial; en conclusión, el acto jurídico a que refiere el tipo penal son todos los que deban regirse a la sombra de las normas del Derecho Administrativo; y, 3. El sujeto pasivo es el Estado, entiéndase como tal los órganos centralizados, desconcentrados y descentralizados, incluyendo en estos últimos los entes autónomos y las municipalidades, conforme lo disponen los artículos 2, 9, 41 y 47 de la Ley General de la Administración Pública. Como elementos subjetivos, el tipo penal, junto al dolo, exige una intención final, cual es la de defraudar al Fisco. Debe entenderse por defraudar al fisco cualquier acción u omisión que persiga perjudicar económicamente el patrimonio de la entidad a la que el funcionario o empleado público preste sus servicios. El tipo penal no requiere la existencia un ánimo de lucro, aun cuando éste pueda igualmente gobernar el acto delictivo. El tipo penal, conforme a la estructura dada por el legislador hondureño, tiene las siguientes características: 1. Delito Mono ofensivo: Ya que el tipo penal protege solo un bien jurídico, como ser la Administración Pública, por lo que en caso de concretarse el daño patrimonial podría presentarse un concurso de delitos; 2. Delito Compuesto, debido a que hace la descripción de tres supuestos diferentes e independientes; 3. Delito de mera actividad, debido a que para su consumación sólo se requiere la realización de la conducta, sin necesidad de que se produzca un resultado; 4. Delito de Conducta Instantánea, debido a que los tres supuestos descritos en el tipo penal se agotan en un solo momento; y, 5. Delito de Sujeto Activo Calificado, dado que el autor deberá tener el carácter de funcionario o empleado público en el ejercicio de sus funciones. Dependiente de su forma de aparición y al existir diversidad de bienes jurídicos lesionados, el tipo penal de Fraude al Estado puede presentarse en Concurso Ideal –propio o impropio-, conforme lo disponen el artículo 36 del Código Penal. De la Procedencia del Recurso. El recurso no es de recibo. Debe tenerse presente que habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o de doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido una norma penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada para la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo. El recurso interpuesto obliga a respetar el relato de hechos probados en la sentencia recurrida, pues en estos casos se discuten problemas de aplicación de la norma jurídica y tales problemas han de plantearse y resolverse sobre unos hechos predeterminados, que han de ser fijados al efecto por el tribunal de instancia. El recurso de casación por infracción de ley se articula a partir de las precisiones fácticas que haya establecido el Tribunal de instancia, por no constituir una apelación ni una revisión de prueba. Se trata, en todo caso, de un recurso de carácter sustantivo penal cuyo objeto exclusivo es el enfoque jurídico que, a unos hechos dados, ya inalterables, se pretende aplicar, en discordancia con el sentenciador. La técnica de la casación penal exige que en los recursos de esta naturaleza, se guarde el más absoluto respeto a los hechos que se declaren probados en la sentencia recurrida, ya que el ámbito propio de este recurso queda limitado al control de juricidad, o sea, que lo único que en él se puede discutir es si la subsunción que de los hechos hubiese hecho el Tribunal de instancia en el precepto penal de derecho sustantivo aplicado es o no correcta jurídicamente, de modo que la tesis del recurrente no puede salirse del contenido del hecho probado. De acuerdo a lo previsto en el artículo 338 del Código Procesal Penal, la sentencia se construye como un silogismo, en que la premisa menor, está integrada por el relato de hechos probados, la mayor por los fundamentos de derecho, y la conclusión, por el fallo. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar, se invocan normas que no deben aplicarse, o se invocan las norma que deba aplicarse al caso concreto pero el juzgador hace una incorrecta interpretación de la misma. En el caso actual, el censor del fallo arguye en síntesis que el sentenciador debió aplicar la figura del delito continuado y condenar a la acusada por el delito de Fraude Continuado en concurso ideal con el delito de Falsificación de Documentos, y no condenar por 139 delitos de Fraude contra el Estado en concurso real, los cuales fueron considerados su realización en concurso ideal con el delito de Falsificación de Documentos. Fijado el objeto del recurso, la Sala de lo Penal en sentencia de fecha 23 de agosto de 2012, recaída en el expediente SP 09-2010 expresó lo siguiente: “Esta Sala Penal considera importante señalar que si bien desde un punto de vista natural, los hechos declarados probados hacen un relato unitario, cronológicamente ordenado, conectados espacial y temporalmente, no debe de dejarse de lado que desde un criterio ontológico-normativo en ellos se da cuenta de varias conductas penalmente relevantes, que pueden coexistir al mismo tiempo. Entre los concursos de delitos encontramos el denominado Delito Continuado, consignado en el artículo 37 del Código Penal, que crea la ficción legal considerando como un solo delito y previendo la imposición de una sola pena agravada, a los responsables de la comisión material de varios hechos delictivos que encuadran en una misma tipificación y que protegen el bien jurídico de la propiedad, ejecutados en un solo momento o en momentos diversos, siempre que sea en respuesta a un plan preconcebido o aprovechando idénticas o similares circunstancias de ejecución; la pena única a imponer será el resultado del aumento de dos tercios (2/3) a la pena abstracta más grave de los delitos contra la propiedad cometidos, advirtiendo la misma norma que la figura del delito continuado no será aplicable a los casos en que la suma de las penas por los diversos delitos cometidos contra la propiedad sea menor a la cuantía de la única pena agravada impuesta. Exige como elementos: 1) Unidad de Bien Jurídico Protegido: Los delitos cometidos deben ser de aquellos que protegen el bien jurídico propiedad; 2) Unidad de Tipo Penal: Los delitos cometidos deberán de responder a un mismo tipo penal; 3) Unidad de Sujeto Activo: Implica que en los diversos delitos, siempre deberá de figurar el mismo sujeto activo; 4) Unidad o Pluralidad de Sujetos Pasivos: Los delitos en contra de la propiedad podrán realizarse en perjuicio de un mismo sujeto pasivo en varios momentos, en perjuicio de varios sujetos pasivos en un mismo momento o en perjuicio de varios sujetos pasivos en varios momentos; 5) Unidad de fin: en virtud de la cual se exige que el sujeto activo actúe con dolo en todos los delitos cometidos; 6) Diversidad de Conducta Humana, la cual podrá realizarse mediante acciones u omisiones; 7) Diversidad en el comportamiento delictivo: al no exigir el artículo 37 las mismas calidades del sujeto activo en los diversos delitos, éste podrá participar en ellos de manera diversa como autor, autor mediato, coautor, cómplice, cómplice necesario o inductor.” A partir de lo expuesto, la Sala concluye que no tiene razón el recurrente, pues basta confrontar los hechos probados de la sentencia con los elementos que configuran el concurso continuado para concluir que el mismo no es aplicable a la acusación formulada en contra de la señora Doris Obdulia Gradiz Sevilla, pues si bien es cierto, la consumación del delito de Fraude contra el Estado conlleva una lesión al Patrimonio del Estado, este tipo penal tiene como objeto la protección de la Administración Pública como bien jurídico, es decir, el correcto funcionamiento de la Administración Pública como deber de todo empleado y funcionario público de gestionar con lealtad y probidad la cosa pública. La figura jurídica del concurso continuado como bien señala el artículo 37 del Código Penal 144-83, es aplicable a los delitos que atenten o lesionen el bien jurídico “propiedad”, dentro de estos encontramos los delitos de robo, extorsión, chantaje, hurto, estafa, otros fraudes, usura y agiotaje; más no así el delito de Fraude contra el Estado, el cual contrario a los delitos contra la propiedad que son resultado, este es un delito de mera actividad debido a que para su consumación sólo se requiere la realización de la conducta, sin necesidad de que se produzca un resultado. Asimismo, el recurrente relaciona los artículos 37 del Código Penal 144-83 con el 615 del NCP 130-2017, peticionando la aplicación del delito continuado al amparo de lo establecido en la ley penal vigente al momento del dictado de la presente sentencia, sin embargo, el artículo 616 del NCP 130-2017 es enfático al establecer que no es admisible como más beneficiosa la aplicación fragmentando las dos (2) normas, tomando en cuenta una de ellas que considere que le favorece y rechazando lo que perjudique, como lo propone el impetrante. Por lo anteriormente expuesto, la Sala concluye que debe desestimar en su totalidad los diversos argumentos en que se fundamenta el motivo de casación por infracción de ley sustantiva invocado por el recurrente. Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma El Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio (Art. 90 de la Constitución de la República). Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso (Art. 9 CPP). Si no se cumple con los requisitos establecidos en la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos y, por el contrario, se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando: a. No se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), b. Se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o c. Se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; La inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción (vicio in procedendo) y que debe ser objeto de saneamiento cuando proceda (Art. 171 CPP), de subsanación cuando concurran sus presupuestos (Art. 170 CPP) o, en su caso y como remedio último de nulidad 165 CPP). El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas procesales tiene la tarea de comprobar la denuncia -hecha por algunas de las partes- de una actividad procesal defectuosa que compromete la decisión final, dada en los actos procesales de la etapa de juicio o en la propia sentencia que le contiene y que tiene como sanción prevista por la ley su nulidad ante la imposibilidad de saneamiento o de subsanación, ergo no basta entonces con la presencia de un vicio, sino que se requerirá además: i.- Que el recurrente haya presentado protesta contra el vicio, en el momento procesal oportuno, procurando sanearlo sin éxito (Art. 363 párrafo tercero de CPP); ii.- Que el vicio tampoco sea posible tenerlo por subsanado; iii.- Que el vicio sea de aquellos que tenga como sanción legal la nulidad de la actividad que lo contiene (Art. 362 CPP), planteados como motivos para recurrir.- Los dos primeros requisitos no serán necesarios cuando el defecto se produzca en la sentencia, pues la única forma de protesta sería el mismo recurso de casación. Además de los requisitos señalados, el recurrente debe tener presente que la instancia impugnativa en casación está munida de importantes recaudos formales determinados por la ley que deben de cumplirse en su interposición (Art. 363 párrafo tercero CPP) y que pueden ser de diferente naturaleza en atención al defecto procesal denunciado (Art. 362 CPP); ello se debe a que se trata de un recurso extraordinario, que tiene como fin auditar la legalidad de la sentencia y por ende de una gran exigencia técnica. Es de esta forma que con la individualización del motivo se dan las siguientes consecuencias: a. La competencia de la Sala de lo Penal queda circunscrita a los aspectos objetos de impugnación (Art. 350 CPP); b. Es inaplicable el principio Iura Novit Curia, al no poderse suplir las omisiones del recurrente; y Es posible la concesión parcial del recurso, cuando la razón solo aparezca en parte de lo alegado en el motivo. Único Motivo Norma autorizante: artículo 362 numeral 6 del Código Procesal Penal. Norma procesal infringida: artículo 337 del Código Procesal Penal. Concepto de la Infracción: incongruencia de la sentencia con la acusación. Reclamación Ex Ante: imposibilidad de reclamo previo porque el vicio consta en la sentencia impugnada. Pretensión: declarar con lugar el recurso y resolver conforme a derecho. Arguye el recurrente que en la audiencia preliminar el Ministerio Público formalizó cargos contra Doris Obdulia Gradiz Sevilla, por un delito de fraude en concurso ideal con un delito de falsificación de documentos públicos, resolviendo así de conformidad el juez de garantías; asimismo, en lo que respecta al juicio oral y público, el Tribunal de Sentencia con base al artículo 319 del CPP, concedió la palabra al ente acusador quien se apartó de la acusación inicial y amplió la acusación por 144 delitos de fraude contra el Estado en concurso ideal con el delito de falsificación de documentos públicos; delitos por los cuales nunca se defendió la señora Doris Obdulia Gradiz Sevilla, lo que ocasiona una violación al principio acusatorio. Principio de congruencia de la sentencia con la acusación. El Proceso Penal vigente se basa en el Principio Acusatorio donde la acción penal (pública o privada) es ejercida por un sujeto procesal distinto al que juzga, al que le deviene la tarea de definir los hechos constitutivos de delitos, individualizar a las personas que considere responsable y sostener en el proceso tales aseveraciones a través de la prueba recabada en una fase de investigación previa, en contra posición el Juzgador se ve obligado a respetar los extremos objetivos y subjetivos contemplados y señalados por el ente acusador. El Principio Acusatorio da paso al Derecho de Defensa, permitiendo que el imputado sea intimado de los hechos que se le atribuyen con suficiente antelación que le permitan controvertirlos, incluso aportando prueba para ello, así pues nace la contradicción entre partes con posiciones e intereses subjetivos antagónicos: por una parte el acusador expone claramente el contenido de la acción penal de manera previa, obligado a probar su teoría, y por otra parte el imputado quien tiene el derecho a que le sea oída su respuesta a la acusación, de defenderse de la misma, lo cual solo es posible si puede conocer la totalidad de su contenido de manera previa; El destinatario de lo que acontece en la duela jurídica es el Juzgador a quien corresponde decidir sobre la procedencia de la acción penal conforme al mérito probado, viéndose vinculado a la acusación a la que tendrá como límite máximo la expectativa punitiva planteada, no pudiendo sobrepasar la misma o apreciar hechos o circunstancias distintas a las presentadas en ella, a ello se le conoce como Principio de Congruencia de la Sentencia con la Acusación. (Ver Sentencia de la Sala de lo Penal de fecha 11 días de agosto del año 2009 contenida en el Expediente 322-2007). El Principio de Congruencia exige una debida vinculación entre la sentencia que emita el Tribunal de Sentencia tras celebrarse la audiencia de debate y el contenido de la acusación, fijado en la audiencia de formalización de cargos celebrada durante la etapa intermedia del proceso penal, que prohíbe al Juzgador distraerse de los elementos objetivos y subjetivos de la acusación: 1. Elemento Objetivo: Prohíbe al juzgador incorporar en la sentencia hechos punibles no derivados de la formalización de la acusación, ya que de hacerlo incidiría en el derecho de defensa del imputado, quien podría resultar condenado por hecho punible del que no ha tenido oportunidad de defenderse, al no haber sido previamente oído, al no haberse podido oponer y al no haber tenido la oportunidad de ofrecer prueba de descargo; 2. Elemento Subjetivo: Prohíbe al Juzgador extender el ius puniendi contra persona o personas distintas determinadas en la formalización de la acusación. En resumen el sentido del Principio de Congruencia de la Sentencia con la acusación es permitir que la persona imputada conocer oportunamente el alcance y el contenido de la acusación que le permita ejercer defensa de ésta y no ser condenada por hechos de los que nunca se le dio oportunidad ser oída, por ello el objeto del proceso no puede ser alterado por el Tribunal de forma que se configure un delito diferente al que fue objeto de debate procesal; El derecho a ser informado de la acusación exige su conocimiento completo, con el objeto de evitar un proceso penal inquisitivo. (Ver Sentencia de fecha 20 de junio de 2012 en expediente 308-2009 y de fecha 18 días del mes de octubre de 2012, en expediente 065-2010). Con todo, no debe de entenderse que el Juzgador se encuentra atado al contenido de la acusación, tal cual que su respuesta solo pueda ser positiva o negativa a lo planteado en la acusación, el Principio de Congruencia, no limita al Tribunal de Sentencia a calificar los hechos contenidos en la acusación de una manera diferente, siempre que: 1. El nuevo delito o falta calificado se desprenda de los hechos intimados en la formalización de la acusación y que hayan sido probados en el debate; 2. En el fáctum declarado probado no se incluyan hechos o circunstancias diferentes a las que se fijaron en la formalización de la acusación, pues son estos hechos y circunstancias los que fueron objeto probanza y de contradictorio en el debate; y 3. El delito apreciado por el Tribunal de Sentencia no supere las expectativas punitivas del ente acusador, por tanto, no podría reprochar penalmente un delito más grave, más si uno de igual o menor gravedad o incluso una falta. Ahora bien, como regla general el principio de Congruencia vincula la sentencia con el contenido de la formalización de cargos realizada en la audiencia preliminar de la etapa intermedia del proceso, en donde el acusador estatal o privado debe de calificar los hechos acusados en una de las figuras penales vigentes, pudiendo realizar calificaciones alternativas y subsidiarias en caso de prever que la definición dependerá del resultado del debate (Art. 301.3 del Código Procesal Penal).- Como excepción el artículo 337 del Código Procesal Penal advierte que además de la formalización de cargos, la sentencia podría verse vinculada con el auto de apertura a juicio, con la ampliación de la acusación o con las conclusiones de las partes en el debate, en los casos y formas siguientes: 1. Hechos fijados en el Auto de Apertura a Juicio: La Fase intermedia del Proceso es una etapa crítica sobre las conclusiones de la investigación preparatoria, tiene por objeto el control concreto y previo sobre la validez formal y la seriedad material de la acusación. Lo que se busca con esta etapa procesal es racionalizar la administración de justicia, evitando someter inútilmente a un ciudadano a los rigores del juicio oral. La etapa intermedia se compone por: Formalización de la acusación, Contestación de Cargos y Auto de Apertura a juicio.- El Juez o Jueza de Letras, siempre a la sombra del principio indubio pro accusatione, evaluara si la acusación presentada en la audiencia preliminar tienen apariencia de poder sustentarse en la audiencia de debate, lo cual se conoce como presupuesto objetivo material, pero además verificará si dentro de la acusación se individualiza la persona o personas a las que se le atribuye los hechos imputados, lo cual se denomina presupuesto subjetivo material; Es muy importante resaltar que el Juez de la Etapa Intermedia no le corresponde examina la calificación jurídica de la acusación, de hecho el Código Procesal Penal no determina que en el auto de apertura a juicio deba existir por parte del Juzgador una calificación penal de los hechos que contienen la acusación, ya que su tarea exclusiva es verificar la existencia de los presupuestos objetivos y subjetivos antes explicados (Art. 302 del Código Procesal Penal).- En caso de que la acusación no supere el examen del Juez/a de la etapa intermedia, dictara un sobreseimiento provisional o definitivo, el cual puede afectar total o parcialmente el contenido de la formalización de la acusación; En caso de una afectación parcial (sea porque se dictó sobreseimiento provisional o definitivo a favor de uno de los imputados o en relación a uno de los delitos por estar sustentados en un hecho especifico que se prevé no podrá ser sustentado en juicio), el debate se celebrará sobre los aspectos de la acusación que si superaron el examen de los presupuestos objetivos y subjetivos, los que deberán de ser definidos en el auto de apertura a juicio y por ello en estos casos la sentencia, además de la formalización de cargos, también estaría vinculada con el auto de apertura a juicio. 2. Ampliación de la Acusación: Determina el artículo 321 del Código Procesal Penal que la parte actora, durante el juicio, podrá solicitar que se consideren en el debate circunstancias o hechos antes no conocidos, distintos a los fijados en la formalización de la acusación, con el fin de: a. Modificar la calificación jurídica de los hechos fijados en la formalización de la acusación; y b. Modificar la pena del delito calificado en la formalización de la acusación. Para tal modificación, se requiere: i.- Se trate de hechos nuevos o de hechos antes no conocidos; y ii.- Que los hechos no se encuentren mencionados en la formalización de la acusación. Señala el precepto legal que, reunidos los requisitos mencionados, el defensor tendrá derecho a solicitar la suspensión del debate, al amparo del artículo 312.7 del Código Procesal Penal, para efectos de ajustar la teoría de la defensa a los nuevos hechos, pudiendo inclusive proponer nuevos medios de prueba o solicitar que el imputado sea escuchado nuevamente respecto a la ampliación o modificación. Finalmente la norma procesal señala que no constituye ampliación de la acusación: i.- La corrección de errores materiales; ii.- La inclusión de circunstancias que no modifiquen la calificación jurídica del delito o la pena que pudiese ser impuesta; y iii.- La Introducción de hechos nuevos, ya que sean independientes o conexos con los fijados en la formalización de la acusación, que puedan constituir delitos diferentes; En estos casos dispone el Código de Rito que se deberá de proceder por aparte respecto a estos nuevos hechos, en un proceso penal diferente, ello en aras de garantizar el derecho de defensa. 3. Las Conclusiones del Debate: En una inclusión reciente, por reforma al artículo 337 del Código Procesal Penal, el legislador dispuso que las conclusiones de las partes en la audiencia del debate vinculaban al Tribunal de Sentencia respecto a las decisiones que deba tomar en la sentencia. Es importante advertir que las conclusiones son el último acto procesal que realizan los/as apoderados/as legales de las partes en el proceso penal previo a la decisión de fondo, en el cual dan a conocer sus pretensiones basadas en la actividad probatoria que ha tenido lugar; Además es de tener en cuenta que lo señalado en las conclusiones no puede ser objeto de ulterior contradictorio, mucho menos de prueba o contra prueba, pues con esta actuación se da por finalizada la audiencia de debate. Por lo anterior el derecho de defensa no permite como admisible la modificación de la acusación por parte del Ministerio Público que conlleve un agravamiento de la situación jurídica por la que se había estado defendiendo el acusado/a, mucho menos la imputación de nuevos delitos o la inclusión en la acción penal de personas distintas al imputado, pues si no es permisible en la ampliación de la acusación que se hace al inicio del debate, mucho menos podría serlo en la etapa de conclusiones. Por lo anterior se considerará vinculante para el Tribunal: a. La renuncia de la acción penal por parte del Ministerio Público, la que conforme al artículo 44 del Código Procesal Penal favorecería no solo a la persona imputada sino a todos los involucrados en la acción penal; b. La modificación (sin que sea permisible la inclusión) de las calificaciones penales, siempre que no implique modificación de los hechos imputados; y c. El planteamiento de calificaciones de delitos alternativos sobre los mismos hechos que fueron objeto de debate, en base a la especialidad o subsidiariedad entre unos y otros. No será vinculante el allanamiento por la representación legal del acusado/a sobre los hechos objeto de imputación, pues deberá ser precisamente definido por el mérito de la prueba, más si puede ser objeto de valoración la aceptación de los hechos que haga el acusado/a en su última intervención previo a declarar cerrado el debate, valoración que se realizará de manera conjunta con la prueba evacuada. En conclusión, la sentencia estaría vinculada no solo con la formalización de cargos, sino además con el auto de apertura a juicio, la ampliación de cargos realizada en la audiencia de debate y/o con las conclusiones hechas en la audiencia de debate, siempre que se ajuste a lo señalado en este apartado. De la procedencia del recurso. El recurso no es de recibo. De manera amplia ha explicado esta Sala de lo Penal los alcances del Principio de Congruencia entre acusación y sentencia que regula el artículo 337 del Código Procesal Penal, mismo que el pretensor ha señalado como norma infringida en su motivo de casación por quebrantamiento de forma, pudiendo determinarse que tal infracción es inexistente. Si nos remitimos al contenido del acta de audiencia preliminar (f. 857) de fecha doce (12) de noviembre de dos mil dieciocho (2018), se verifica que desde ese momento el Ministerio Público formalizó cargos por 144 delitos fraude en perjuicio de la administración pública, en concurso medial con el delito de falsificación de documentos públicos (f. 859), ello en relación a los artículos 376, 284 y 32 del VCP 144-83, siendo sancionado cada uno de los delitos con una pena de 6 a 9 años, aumentada en un cuarto (1/4) quedando la misma pena de 7 años 6 meses a 11 años 3 meses de reclusión (f. 859); es decir, el ente acusador desde aquel momento formalizó cargos por 144 delitos de fraude contra el Estado, en concurso medial con el delito de falsificación de documentos públicos; en este mismo sentido resolvió el juez de garantías al emitir su auto de formalización de cargos, motivo por el cual no tiene razón el recurrente cuando arguye en la exposición de su recurso que ha existido violación al principio acusatorio regulado en el artículo 337 del Código Procesal Penal, pues si bien pudo haber existido una modificación en los cargos respecto a la calificación del concurso medial o ideal, esto no conlleva en sí una vulneración al derecho de defensa de la acusada, ni tampoco un fallo condenatorio basado en circunstancias o hechos antes no conocidos por ésta y que fueren distintos a los fijados en la formalización de la acusación. También se destaca que la defensa durante todo el proceso, incluyendo la audiencia preliminar y el juicio oral y público, fue de la tesis de la conformación de la existencia de un solo delito de fraude continuado, lo cual es imposible su configuración con el VCP 144-83, pues este tipo de concurso solo es aplicable para los delitos que atenten contra la propiedad. Adicionalmente, hay otra razón por la cual debe desestimarse el motivo interpuesto, y es que el recurrente arguye que no hubo posibilidad ex ante de denunciar el vicio que hoy denuncia en casación, a lo cual, habrá que remitirse a la propia argumentación que sustenta el motivo para determinar que según lo expuesto el vicio se ocasionó en el juicio oral y público cuando el tribunal de sentencia de conformidad con el artículo 321 del Código Procesal Penal concedió la palabra al Ministerio Público para que formalizase acusación. En este sentido, el momento para intentar el saneamiento del supuesto vicio denunciado en casación, pudo y debió hacerse en instancia para que fuese esta quien en principio determinara la corrección de su resolución, y no sustraerla de su conocimiento y de la posibilidad del reexamen para exponerla hasta en sede casacional. Establece el artículo 363 del Código Procesal Penal que, tratándose de la casación en la forma, deberá expresarse de manera clara y precisa los hechos constitutivos de cada uno de los motivos y el reclamo que haya realizado en su oportunidad para subsanarlos. Siendo un requisito de forma, el recurrente debió haber señalado cuales fueron las impugnaciones, y entre estas los recursos, interpuestos para subsanar el defecto que alega en casación; es claro para esta Sala de Justicia que la omisión a tal requisito de interposición es porque el recurrente no realizó impugnación alguna en contra del defecto que ahora se alega. Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional. El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior.[1] En general toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia; en una buena técnica recursiva, el peticionario debe seleccionar este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el recurso por infracción de precepto constitucional de amplio espectro (recurso ordinario), en contraposición con los recursos de infracción de ley, infracción de doctrina penal y quebrantamiento de formas procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentados (recursos extraordinarios). En este último sentido Llorente Fernández expresa que (Llorente Fernández De La Reguera, Ángel, en Los Recursos, Cuadernos de Estudios Judiciales, RAFAEL ALVARADO MANZANO, LITICOM, Tegucigalpa, 2001, págs. 113-115), “la jurisprudencia española ha puesto de manifiesto que este cauce impugnatorio no está previsto para alegar, bajo su cobertura, la vulneración de cualquier norma constitucional, sino específicamente la infracción de aquellas que tienen una estrecha y directa relación con el objeto del proceso en que son invocados. Serán, por tanto, los derechos fundamentales ligados al proceso con carácter general los que tengan cabida en esta vía impugnativa y de un modo especial aquellos que el recurrente entienda que han sido conculcados en el caso concreto...” La esencia del recurso por Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del principio de convencionalidad y el principio de primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional interpuesto por la defensa privada de la señora Doris Obdulia Gradiz Sevilla. Único motivo. Precepto autorizante: artículo 361 del Código Procesal Penal. Normas constitucionales que se denuncian infringidas: artículo 96 de la Constitución de la República, en relación con el artículo 615 del NCP 130-2017. Concepto de la infracción: Aplicación del principio de retroactividad. Pretensión: declarar con lugar el recurso, casar la sentencia impugnada y proceder conforme a derecho. Arguye el recurrente que, al aplicarse el principio de retroactividad penal favorece a la señora Doris Obdulia Gradiz Sevilla, puesto que el NCP 130-2017 contiene penas más favorables para los mismos delitos. De la procedencia del recurso. El recurso es de recibo. Aún y cuando el sentenciador no se encontraba en la obligación de hacer análisis de ponderación del VCP 144-83 versus el NCP 130-2017, puesto que para la fecha de la sentencia aún no había entrado en vigencia la nueva norma, esta Sala de Justicia considera procedente hacer dicho análisis de conformidad con el precepto constitucional citado por el recurrente. En este sentido, el principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo “nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa"; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2), y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Artículo 9), de igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser "scripta", "stricta", "certa", "praevia" y "válida", de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de “Lex Praevia”, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello. Los tipos de retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad[2] son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir de cinco a diez años de prisión una pena). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir, solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrará en vigencia y cuando es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento del juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento del juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución Política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar -de cada una de las leyes en conflicto temporal- los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los en que las penas impuestas hayan sido cumplidas de manera completa por la persona, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. Respecto a las reglas de ponderación de la norma más favorable en el Código Penal Decreto 130-2017, tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo Código, sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Artículo 615, primer párrafo del Nuevo Código Penal). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva, resolver la aplicación retroactiva o no del nuevo Código Penal (Art. 615, segundo párrafo Nuevo Código Penal), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Artículo 624.3 del Nuevo Código Penal). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibido la fragmentación de normas (Art. 616 primer párrafo Nuevo Código Penal), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código Penal 130-2017. Cuando la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un concurso real (Artículo 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 del Nuevo Código Penal) se procederá conforme las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse primero conforme al límite objetivo ordinario o limite objetivo extraordinario, según corresponda, y luego de ello conforme al límite subjetivo. Empero uno no es preferente sobre el otro; se aplicará el límite que sea menor; b. La ponderación deberá realizarse primero en consideración a las penas de manera global y sólo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos, se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el Código Penal 130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a. Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b. Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no los 30 años (limite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (limite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años: la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años: se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y aun así en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Limite subjetivo: el máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Limite objetivo ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Limite objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. Respecto a la ponderación en el caso concreto, en la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación se condenó a la señora Doris Obdulia Gradiz Sevilla como autora de 139 delitos de fraude en concurso ideal con el delito de falsificación de documentos públicos, en perjuicio de la Administración Pública, a la pena de un mil cuarenta y dos años con seis meses de reclusión. Con el NCP 130-2017, la conducta de fraude contra la administración pública se encuentra contemplada en el artículo 482 con un marco penal abstracto de cinco (5) a siete (7) años de prisión y multa por cantidad igual o hasta el triple del valor de lo defraudado; asimismo, el delito de falsificación de documentos públicos se encuentra regulado en el artículo 456 con penas de cuatro (4) a ocho (8) años de prisión y multa de trescientos (300) a quinientos (500) días. También el artículo 68 establece que quien en ejecución de un plan preconcebido o aprovechando idéntica ocasión, realiza pluralidad de acciones u omisiones que ofenden a uno o varios sujetos o infringen el mismo precepto penal o preceptos de igual o semejante naturaleza, debe ser castigado como autor de un delito continuado con la pena señalada para la infracción más grave que se debe imponer en su mitad superior, pudiendo llegar hasta un tercio. En este caso, para el delito de fraude contra la administración pública y según los hechos probados de la sentencia, el marco penal debe aumentarse en un cuarto (1/4) por concurrir la agravante específica contemplada en el artículo 508 numeral 1) cuando con la comisión del delito se cause un grave quebranto para un servicio público, lo que ofrece un nuevo marco penal de siete (7) años a ocho (8) años y nueve (9) meses de prisión, mismo que debe aumentarse en un tercio (1/3) en su límite superior por concurrir la figura del concurso continuado, quedando el nuevo marco penal de ocho (8) años y nueve (9) meses a once (11) años ocho (8) meses de prisión; también de conformidad a los hechos probados de la sentencia y con el fallo de la misma, este delito de fraude agravado continuado se realizó en concurso ideal con el delito de falsificación de documentos públicos, por lo cual de conformidad con el artículo 67 habrá que aumentarse en un tercio el límite superior antes dicho, lo que ofrece un nuevo límite superior de quince (15) años seis (6) meses y veinte (20) días de prisión. Ahora bien, respecto a la multa habrá que realizar el mismo ejercicio de aumento de fracciones por la agravante específica, por el concurso continuado y por el concurso ideal con el delito de falsificación de documentos públicos; la multa proporcional que corresponde al delito de fraude contra el Estado es el equivalente al monto defraudado que equivale a diez millones doscientos setenta y seis mil lempiras con diecisiete centavos (L 10,276,000.17), al cual habrá que aumentarle un cuarto (1/4) por concurrir la agravante específica del artículo 508 numeral 1) que ofrece una multa de doce millones ochocientos cuarenta y cinco mil lempiras con diez centavos (L 12,845,000.10); asimismo, por haberse realizado el delito en concurso continuado habrá que aumentarle un tercio al monto referido lo que ofrece un nuevo monto de diecisiete millones ciento veintiséis mil doscientos treinta y ocho mil lempiras con sesenta y seis centavos (L 17,126,238.66), y por haberse realizado en concurso ideal con el delito de falsificación de documentos públicos hay que aumentarle un tercio (1/3) determinando un nuevo límite superior de veintidós millones ochocientos treinta y seis mil ciento veintiséis lempiras con cincuenta centavos (L 22,836,126.50) como límite superior. Al hacer la ponderación de la pena concreta de conformidad con el artículo 70 en relación con las circunstancias modificativas de la responsabilidad penal de los artículos 31 y 32 todos del NCP 130-2017, se verifica que no concurren circunstancias agravantes o atenuantes, y en atención a las circunstancias personales de la condenada y a la gravedad del hecho, corresponde la imposición de las penas en su límite mínimo. Decisión No Ha Lugar el recurso de casación por infracción de ley, en su único motivo. No Ha Lugar el recurso de casación por quebrantamiento de forma, en su único motivo. Ha Lugar el recurso de casación por infracción de precepto constitucional, en su único motivo. POR TANTO La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 360, 362 y 363 del Código Procesal Penal. FALLA: 1) Declara NO HA LUGAR el Recurso de Casación por Infracción de Ley, en su único motivo, interpuesto por el Abogado Jorge Alexis Sauceda, en su condición de defensor privado de la señora Doris Obdulia Gradiz Sevilla. 2) Declara NO HA LUGAR el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, en su único motivo, interpuesto por el Abogado Jorge Alexis Sauceda, en su condición de defensor privado de la señora Doris Obdulia Gradiz Sevilla; 3) Declara HA LUGAR el recurso de casación por infracción de precepto constitucional, interpuesto por el Abogado Jorge Alexis Sauceda, en su condición de defensor privado de la señora Doris Obdulia Gradiz Sevilla; en consecuencia, se reforman el numeral primero del fallo de la sentencia de fecha treinta y uno (31) de marzo de dos mil veinte (2020), dictado por el Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, el cual deberá leerse de la siguiente manera: “PRIMERO: Que debemos condenar y condenamos a la señora Doris Obdulia Gradiz Sevilla, a las penas de once (11) años y ocho (8) meses de prisión, más la multa por la cantidad de diecisiete millones ciento veintiséis mil doscientos treinta y ocho lempiras con sesenta y seis centavos (L 17,126,238.66), por ser penalmente responsable del delito de fraude agravado continuado en concurso ideal con el delito de falsificación de documentos públicos.” Y MANDA: Con certificación del presente fallo, se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen, para que proceda conforme a derecho. Redacto Magistrado Diaz Flores. NOTIFÍQUESE. -Firmas y Sello. – Walter Raúl Miranda Sabio Magistrado Coordinador. Nelson Danilo Mairena Franco. Magistrado. Mario Rolando Diaz Flores. Magistrado. - Firma y Sello. Rina Koritza Sandoval Navas. Receptora Adscrita. Sala de lo Penal.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los siete días del mes de noviembre de dos mil veintitrés. Certificación de la Sentencia dictada a los seis días del mes de septiembre de dos mil veintitrés, recaídas en el expediente de casación con número de ingreso SP-13-2021.
RINA KORITZA SANDOVAL NAVAS
RECEPTORA ADSCRITA SALA DE LO PENAL
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[1]El artículo 8.2 literal h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que, durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, entre otras garantías mínimas, la de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.
[2] Roxin, Claus: Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civitas A.S., España. pág. 141.