Sentencia CP-125-21 — Registro 16892
Resumen
En primer instancia se absuelve a los acusados por los delitos de violación de los deberes de los funcionarios, soborno domestico, cohecho y fraude, se declara sin lugar el recurso de casación interpuesto por el Ministerio Público
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
."..El recurso no es de recibo. La recurrente sostiene que en la declaración de los hechos probados, se acusa falta de claridad y precisión, ya que el fallo que hoy se cuestiona, cuestiona un vicio in procedendo grave, puesto que el Juzgador ha introducido aseveraciones jurídicas, al describir mediante ella la esencia del tipo penal de fraude, y que suponen, además, un anticipo del sentido de su decisión, al emplear frases que por sí mismas describen la ausencia de un elemento de tipo penal de fraude, por los cuales han sido acusados los imputados Juan José Villeda Mejía, Waldina Lizzette Salegado Pérez, Francisco Arturo Mejía, Ada Amalia Puerto Ramirez y Suyapa Lorena Rivera, al aseverar: “Sin que de éstas operaciones mercantiles, se pueda evidenciar un acuerdo con la finalidad de ocasionar algún perjuicio patrimonial a la ENEE, a través de la Unidad especial de Proyectos de Energía Renovable (UEPER)…”. El artículo 338 regla cuarta numeral 1) del Código Procesal Penal, en relación a la declaración de hechos probados, establece: “En párrafos separados y numerados, se hará declaración expresa y terminante de los hechos que se consideran probados, descritos con claridad, precisión y coherencia, sin emplear conceptos que, por su exclusivo carácter jurídico, predeterminen el fallo que haya de dictarse”. En el hecho probado sexto, se expresa: “…Sin que, de estas operaciones mercantiles, se pueda evidenciar un acuerdo con la finalidad de ocasionar algún perjuicio patrimonial a la ENEE, a través de la Unidad Especial de Proyectos de Energía Renovable (UEPER)”. La censora alega que la expresión que hace referencia es claro que desde el momento mismo que se redacta el cuadro fáctico al emplearse dicha frase, el fallo es inevitablemente absolutoria, ya que el tipo penal incoado es su descripción objetiva contempla como definición de la conducta prohibida, el concierto, el acuerdo o conspiración, para defraudar el fisco. El artículo 376 del Código Penal establece que; “El funcionario o empleado público que por razón de su cargo participe en cualquier acto jurídico que tenga interés el Estado y se ponga de acuerdo con alguno de los interesados para defraudar al fisco o con ese mismo propósito se valga de su condición para favorecer a un tercero o para facilitar su participación personal, directa o indirecta, en los beneficios que puedan producir tales asuntos o use cualquier otro artificio con la misma finalidad, será sancionado con reclusión de seis (6) a nueve (9) años, más inhabilitación absoluta por el doble del tiempo que dure la reclusión”. Esta Sala considera importante recordar, que el vicio alegado por la casacionista tiene lugar cuando en la redacción de los hechos probados se emplean “conceptos” que unitariamente describen una infracción delictiva, de frases técnico-jurídicas que engloban la definición de un concreto tipo punible, siempre que por ellas solas se llegue indefectiblemente al pronunciamiento decisorio acordado, de modo que trastocando el orden de la relación histórica del acontecer enjuiciado y valoración jurídica del mismo, neta separación entre factum (relato de hechos probados) y iudicium (fundamentación jurídica) impuesta por el artículo 338 del Código Procesal Penal, se anticipan en el relato fáctico términos, locuciones o frases de estricta técnica penal, de aquellas que selectivamente se emplean en la elaboración científica sustantiva de las distintas figuras penales, o utilizadas cuando de definir los grados de participación, fases de ejecución o de circunstancias modificativas de la responsabilidad se trata; expresiones que con independencia de la estimación valorativa a efectuar en la fundamentación jurídica de la sentencia, deben reservarse para dicho sector de la misma. En definitiva, el vicio denunciado encuentra su razón de ser en evitar la sustitución de un hecho o sucesión de hechos, elemento fáctico de la sentencia penal, por un concepto jurídico, lo que supone, ya de antemano, la valoración penal del comportamiento, de modo que tiene lugar cuando el tribunal de instancia ha adelantado en los hechos probados la subsunción, de tal manera que el Tribunal de casación no puede conocer el hecho imputado como tal, sino sólo través de su significación jurídica. Para que prospere el motivo invocado es necesario que concurran los siguientes requisitos: 1) Que se trate de expresiones técnico-jurídicas que definan o den su nombre a la esencia del tipo delictivo aplicado, 2) Que tales expresiones sean asequibles tan sólo a los juristas entendidos en derecho y su uso no sea compartido en el lenguaje común, 3)Que tengan relación causal con el fallo, y 4) Que suprimiendo tales conceptos, dejen sin base el hecho o los hechos históricamente narrados, es decir, que tal supresión dé lugar a un vacío fáctico y haga incongruente el fallo. Esta Sala de lo Penal considera que la inclusión de la frase “Sin que, de estas operaciones mercantiles, se pueda evidenciar un acuerdo con la finalidad de ocasionar algún perjuicio patrimonial a la ENEE, a través de la Unidad Especial de Proyectos de Energía Renovable (UEPER)”, y que se atribuye al encartado dentro del relato de los hechos probados “se pueda evidenciar un acuerdo…” como elemento de la figura de Fraude (vid. Art.376 del Código Penal), no comparta una predeterminación del fallo ya que se trata de una expresión que no solamente puede ser empleada en el lenguaje jurídico, sino también en el común u ordinario, por lo que es de general o común inteligibilidad o entendimiento. En todo caso cabe señalar que aún con la supresión hipotética de la expresión atacada por la censora, no se produciría un vacío fáctico, ya que del resto de elementos que conforman el relato de hechos probados, permiten concluir de manera racional que los encausados no incurrieron en los delitos que se les imputa. Por todas las razones anteriormente expuestas, el presente motivo debe de ser desestimado. Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Interpuesto por el Ministerio Público.."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia recaída en el expediente del Recurso de Casación SP-125-2021, que literalmente dice: “Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los un días del mes noviembre del año dos mil veintitrés, el Pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Walter Raúl Miranda Sabio, en su calidad de Coordinador, Nelson Danilo Mairena Franco y Mario Rolando Díaz Flores, pronuncian En nombre del Estado de Honduras La siguiente sentencia en el Recurso de Casación SP-125-2021 por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha quince de enero de dos mil veintiuno, dictada por el Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, mediante la cual falló: Primero: Absolvió a Renan Alexis Maldonado Rodriguez, del delito de Violación de los Deberes de los Funcionarios, en perjuicio de La Administración Pública. Segundo: Absolvió a Juan Jose Villeda Mejia, de los delitos de Violación de los Deberes de los Funcionarios, Fraude y Cohecho, en perjuicio de La Administración Pública. Tercero: Absolvió a Luisa Sofia Figueroa Clare, del delito de Violación de los Deberes de los Funcionarios, en perjuicio de La Administración Pública. Cuarto: Absolvió a Elia Virginia Medina Zuniga, del delito de Violación de los Deberes de los Funcionarios, en perjuicio de La Administración Pública. Quinto: Absolvió a Francisco Arturo Mejia, de los delitos de Fraude y Soborno Domestico, en perjuicio de La Administración Pública. Sexto: Absolvió a Waldina Lizzette Salgado Perez, de los delitos de Fraude y Soborno Domestico, en perjuicio de La Administración Pública. Séptimo: Absolvió a Ada Amalia Puerto Ramírez, del delito de Fraude, en perjuicio de La Administración Pública. Octavo: Absolvió a Suyapa Lorena Rivera, del delito de Fraude, en perjuicio de La Administración Pública. Noveno: Absolvió a Roberto Arturo Mejia Salgado, del delito de Soborno Domestico, en perjuicio de La Administración Pública. Decimo: Exoneró del pago de costas procesales, personales y gastos ocasionados por el juicio. Decimo Primero: No procedió declarar el comiso de bienes. SON PARTES: La Abogada Mercedes Dubon, en su condición de fiscal del Ministerio Público, como parte recurrente. Y a los Abogados Blanca Argentina Gómez Matamoros, Pedro Nolasco Rodríguez y José Aníbal Pineda Barrientos, en su condición de defensores privados de Ada Amalia Puerto; la Abogada Doris Imelda Madrid Zeron, en su condición de defensora privada de Francisco Arturo Mejía, Waldina Lisseth Salgado Pérez, Roberto Arturo Mejía Salgado y Juan José Villeda Mejía; el Abogado Juan Carlos Sánchez Villalobos, en su condición de defensor privado de Suyapa Lorena Rivera, todos como partes recurridas. HECHOS PROBADOS “A partir de la prueba evacuada y valorada en la vista pública, se dan por acreditados los hechos siguientes: PRIMERO: El diez (10) de mayo del año dos mil doce (2012), el Ingeniero Gabriel Prieto Gutiérrez, actuando en su condición de Director Ejecutivo de la Unidad Especial de Proyectos de Energía Renovable (UEPER); mediante oficio No. UEPER-224-2012, invitó directamente a las empresas LUTOPAS, ERGO LIMITED S.A de C.V. y PREFABRICADOS DE LA MADERA SARAHÍ S. de R.L., para que presentaran sus ofertas en el proceso de "Contratación para el Equipamiento de las Unidades de Vivienda y Oficinas del Campamento ENEE del Proyecto Hidroeléctrico Patuca III", sin hacer una convocatoria pública, para que otros proveedores de bienes muebles del país, pudiesen participar. SEGUNDO: En representación de la empresa ERGO LIMITED, el señor JORGE MANUEL DÍAZ COTO, en su condición de Gerente General, presentó una oferta por la cantidad de Treinta y ocho millones trescientos catorce mil dos cientos diez Lempiras (Lps. 38,314,210); por parte de la empresa PREFABRICADOS DE LA MADERA SARAHÍ, la señora SUYAPA LORENA RIVERA, como representante legal, presentó una oferta por el monto de cuarenta millones cuatrocientos cuarenta y seis mil ochocientos noventa y seis lempiras (Lps.. 40,446,896.00); y la empresa LUTOPAS, a través el señor LUIS TORRES PADILLA, presentó una oferta por la cantidad de treinta tres millones ciento treinta y cuatro mil quinientos sesenta y cuatro Lempiras (Lps.33,134, 564.00). TERCERO: Una vez recibidas las ofertas, el ingeniero GABRIEL PRIETO GUTIÉRREZ, notificó la selección de los integrantes de la Comisión de Evaluación de ofertas, siendo designados: Juan José Villeda Mejía, Renán Alexis Maldonado Rodríguez, Elia Virginia Medina, Luisa Sofia Figueroa y Ana Pavón (QDDG), quienes en el desempeño de su cargo, ejecutaron los deberes de su nombramiento, por lo que en fecha trece (13) de junio del año dos mil doce (2012) recomendaron adjudicar el contrato para el Equipamiento de las Unidades de vivienda y oficinas en el campamento de la ENEE del Proyecto Hidroeléctrico Patuca III, a la empresa LUTOPAS, por ser la empresa que presentó la oferta más baja. CUARTO: En fecha cinco (5) de julio del año dos mil doce (2012) el señor Gabriel Prieto Gutiérrez, actuando en su condición de Director Ejecutivo de la Unidad Especial de Proyectos de Energía Renovable (UEPER), suscribió el respectivo contrato para el Equipamiento de las unidades de vivienda y oficinas en el campamento de la ENEE del Proyecto Hidroeléctrico Patuca III, con la empresa ganadora (LUTOPAS), actuando como representante de ésta, el señor Luis Torres Padilla, por un monto Treinta y tres millones ciento treinta y cuatro mil quinientos sesenta y cuatro lempiras (Lps. 33,134,564.00); indicándose en el mismo, las cantidades y precios de los bienes muebles a entregar, sin que hasta ese momento se pudiese establecer algún tipo de vinculación con los señores Francisco Arturo Mejía, Waldina Lizzette Salgado Pérez, y Roberto Arturo Mejía Salgado. QUINTO: El diez (10) de abril del año dos mil trece (2013), el señor Luis Torres Padilla, propietario de la empresa LUTOPAS, da en venta la misma, a la señora Waldina Lizzette Salgado, traspasándole todos los derechos y obligaciones. SEXTO: En el cuatro (4) de diciembre del año dos mil trece (2013), la señora Waldina Lizzette Salgado, en su condición de Gerente propietaria de la empresa LUTOPAS, cedió el conjunto de derechos y obligaciones derivados del contrato para el Equipamiento de las Unidades de vivienda y oficinas en el campamento de la ENEE del Proyecto Hidroeléctrico Patuca III, a la empresa Consultorías, Mantenimientos y Servicios S.A. de C.V. (COMSSA), siendo en fecha cinco (5) de diciembre del mismo año (2013), que el señor Roberto Mejía Salgado en representación de la empresa COMSSA, notificó esta circunstancia al ingeniero Gabriel Prieto Gutiérrez, Director Ejecutivo de la Unidad Especial De Proyectos De Energía Renovable (UEPER). Sin que, de estas operaciones mercantiles, se pueda evidenciar un acuerdo con la finalidad de ocasionar algún perjuicio patrimonial a la ENEE, a través de la Unidad Especial de Proyectos de Energía Renovable (UEPER).” RECURSO DE CASACION, MOTIVOS Y ARGUMENTOS La recurrente Abogada Mercedes Dubón, procedió a formalizar su Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, de la manera siguiente: “DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA. MOTIVO PRIMERO: “Adolecer la Sentencia de Falta de Claridad y Precisión en los Hechos Probados”. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de Casación se encuentra comprendido en el Artículo 362 numeral 1, del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: El artículo 338 del Código Procesal Penal, que comprende los requisitos de la sentencia, prescribe en su numeral 1, relativo a la declaración de los hechos probados: “En párrafos separados y numerados, se hará declaración expresa y terminante de los hechos que se consideran probados, descritos con claridad, precisión y coherencia, sin emplear conceptos que, por su exclusivo carácter jurídico predeterminen el fallo que haya de dictarse” De esa forma, el fallo que hoy se cuestiona por esta vía recursiva, comprende un vicio in procedendo grave, puesto que, en la verdad determinada como intangible, el Juzgador ha introducido aseveraciones jurídicas, al describir mediante ellas la esencia del tipo penal Fraude, y que suponen, además, un anticipo del sentido de su decisión, sobre todo, porque al suprimirse dejan el relato histórico sin sustento. En así, que pueden observarse las apreciaciones de derecho y predeterminación denunciada, en la redacción del factum, que está estructurado de la forma siguiente: “PRIMERO: El diez (10) de mayo del año dos mil doce (2012), el Ingeniero Gabriel Prieto Gutiérrez, actuando en su condición de Director Ejecutivo de la Unidad Especial de Proyectos de Energía Renovable (UEPER); mediante oficio No. UEPER-224-2012, invitó directamente a las empresas LUTOPAS, ERGO LIMITED S.A de C.V. y PREFABRICADOS DE LA MADERA SARAHÍ S. de R.L., para que presentaran sus ofertas en el proceso de “Contratación para el Equipamiento de las Unidades de Vivienda y Oficinas del Campamento ENEE del Proyecto Hidroeléctrico Patuca III”, sin hacer una convocatoria pública, para que otros proveedores de bienes muebles del país, pudiesen participar. SEGUNDO: En representación de la empresa ERGO LIMITED, el señor JORGE MANUEL DÍAZ COTO, en su condición de Gerente General, presentó una oferta por la cantidad de Treinta y ocho millones trescientos catorce mil dos cientos diez Lempiras (Lps. 38,314,210); por parte de la empresa PREFABRICADOS DE LA MADERA SARAHÍ, la señora SUYAPA LORENA RIVERA, como representante legal, presentó una oferta por el monto de cuarenta millones cuatrocientos cuarenta y seis mil ochocientos noventa y seis lempiras (Lps.. 40,446,896.00); y la empresa LUTOPAS, a través el señor LUIS TORRES PADILLA, presentó una oferta por la cantidad de treinta tres millones ciento treinta y cuatro mil quinientos sesenta y cuatro Lempiras (Lps.33,134, 564.00). TERCERO: Una vez recibidas las ofertas, el ingeniero GABRIEL PRIETO GUTIÉRREZ, notificó la selección de los integrantes de la Comisión de Evaluación de ofertas, siendo designados: Juan José Villeda Mejía, Renán Alexis Maldonado Rodríguez, Elia Virginia Medina, Luisa Sofía Figueroa y Ana Pavón (QDDG), quienes en el desempeño de su cargo, ejecutaron los deberes de su nombramiento, por lo que en fecha trece (13) de junio del año dos mil doce (2012) recomendaron adjudicar el contrato para el Equipamiento de las Unidades de vivienda y oficinas en el campamento de la ENEE del Proyecto Hidroeléctrico Patuca III, a la empresa LUTOPAS, por ser la empresa que presentó la oferta más baja. CUARTO: En fecha cinco (5) de julio del año dos mil doce (2012) el señor Gabriel Prieto Gutiérrez, actuando en su condición de Director Ejecutivo de la Unidad Especial de Proyectos de Energía Renovable (UEPER), suscribió el respectivo contrato para el Equipamiento de las unidades de vivienda y oficinas en el campamento de la ENEE del Proyecto Hidroeléctrico Patuca III, con la empresa ganadora (LUTOPAS), actuando como representante de ésta, el señor Luis Torres Padilla, por un monto Treinta y tres millones ciento treinta y cuatro mil quinientos sesenta y cuatro lempiras (Lps. 33,134,564.00); indicándose en el mismo, las cantidades y precios de los bienes muebles a entregar, sin que hasta ese momento se pudiese establecer algún tipo de vinculación con los señores Francisco Arturo Mejía, Waldina Lizzette Salgado Pérez, y Roberto Arturo Mejía Salgado. QUINTO: El diez (10) de abril del año dos mil trece (2013), el señor Luis Torres Padilla, propietario de la empresa LUTOPAS, da en venta la misma, a la señora Waldina Lizzette Salgado, traspasándole todos los derechos y obligaciones. SEXTO: En el cuatro (4) de diciembre del año dos mil trece (2013), la señora Waldina Lizzette Salgado, en su condición de Gerente propietaria de la empresa LUTOPAS, cedió el conjunto de derechos y obligaciones derivados del contrato para el Equipamiento de las Unidades de vivienda y oficinas en el campamento de la ENEE del Proyecto Hidroeléctrico Patuca III, a la empresa Consultorías, Mantenimientos y Servicios S.A. de C.V. (COMSSA), siendo en fecha cinco (5) de diciembre del mismo año (2013), que el señor Roberto Mejía Salgado en representación de la empresa COMSSA, notificó esta circunstancia al ingeniero Gabriel Prieto Gutiérrez, Director Ejecutivo de la Unidad Especial De Proyectos De Energía Renovable (UEPER). Sin que de estas operaciones mercantiles, se pueda evidenciar un acuerdo con la finalidad de ocasionar algún perjuicio patrimonial a la ENEE, a través de la Unidad Especial de Proyectos de Energía Renovable (UEPER).” Resulta evidente del citado relato fáctico, que el A quo ha dejado ver por adelantado el sentido en el que irá la decisión que ha acordado, al emplear frases que por sí mismas describen la ausencia de un elemento del tipo Penal Fraude, por el cual han sido acusados los imputados Juan José Villeda Mejía, Waldina Lizzette Salgado Pérez, Francisco Arturo Mejía, Ada Amalia Puerto Ramírez y Suyapa Lorena Rivera, pues al aseverar: “Sin que de éstas operaciones mercantiles, se pueda evidenciar un acuerdo con la finalidad de ocasionar algún perjuicio patrimonial a la ENEE, a través de la Unidad Especial de Proyectos de Energía Renovable (UEPER)…” se está suplantando el factum por valoraciones jurídicas, ya que a partir de ese fragmento que ha introducido erróneamente en el espacio de la sentencia, estructurado únicamente para contener la verdad histórica e intangible del hecho sometido a proceso, puede inferirse fielmente, cuál será el argumento de Derecho que verterá el Tribunal, lo que significa una abierta transgresión a la regla cuarta, numeral 1, del artículo 338 de la normativa penal adjetiva, que dispone la separación clara entre factum (relato de hechos probados) y las valoraciones de Hecho y Derecho. En esa línea de pensamiento, es claro que desde el momento mismo que se redacta el cuadro fáctico al emplearse dicha frase, el fallo es inevitablemente absolutorio, ya que el tipo penal incoado en su descripción objetiva contempla como definición de la conducta prohibida, el concierto, el acuerdo o conspiración, para defraudar al fisco. Sobre éste último punto, la prefijación del juzgador en el hecho probado se vuelve aún más patente cuando en el apartado de Fundamentación Jurídica, en referencia al ilícito de Fraude, ha consignado: “… Funcionario o Empleado Público que por razón de su cargo participe en cualquier acto jurídico que tenga interés el Estado y se ponga de acuerdo con algunos de los interesados para defraudar al fisco. La acción típica del supuesto es el concierto o conspiración (Art. 17 del Código Penal), es decir el ponerse de acuerdo el funcionario con los interesados o especuladores como una forma de ardid o maquinación, por lo que es preciso que efectivamente se haya producido el concierto, momento en el que tendría lugar la consumación delictiva”(el subrayado es nuestro) Atinente a ese vicio casacional, la Honorable Sala de lo Penal, mediante Fallo SP-164-2013 ha fijado su postura jurisprudencial al referir:“ Se desprende de la citada norma que los hechos probados deben reunir los siguientes requisitos: Requisitos De Forma: ….Requisitos De Fondo:…; Terminantes: “… La no utilización de Conceptos que Predeterminen el Fallo: Los hechos probados son el resultado de la valoración intelectiva de la actividad probatoria, son pues las conclusiones de ésta, relatados de manera lógica, cronológica y personalizada; En su construcción los Juzgadores no deben de hacer recuento de actuaciones investigativas o descripción de medios probatorios, pues estos no son los hechos debatidos, sino los medios que ayudan a llegar a dichos hechos; Tampoco los Juzgadores deben de hacer uso de términos que por ser exclusivamente jurídicos predeterminen el fallo, relevando la obligación de hacer el proceso de subsunción de los hechos en los elementos objetivos y subjetivos que componen el tipo penal que sustenta la acción penal.” En ese mismo sentido se ha pronunciado la Honorable Sala de lo Penal en la sentencia SP-87-2017 al referir: “Esta Sala considera importante recordar, que este vicio tiene lugar cuando en la redacción de los hechos probados se emplean conceptos que unitariamente describen una infracción delictiva, de frases técnico-jurídicas que engloban la definición de un concreto tipo punible, siempre que por ellas solas se llegue indefectiblemente al pronunciamiento decisorio acordado, de modo que trastocando el orden de la relación histórica del acontecer enjuiciado y valoración jurídica del mismo, esta separación entre factum (relato de hechos probados) y iudicium (fundamentación jurídica) impuesta por el artículo 338 del Código Procesal Penal, se anticipan en el relato fáctico términos, locuciones o frases de estricta técnica penal, de aquellas que selectivamente se emplean en la elaboración científica sustantiva de las distintas figuras penales, o utilizadas cuando se trata de definir los grados de participación, fases de ejecución o de circunstancias modificativas de la responsabilidad; expresiones que con independencia de la estimación valorativa a efectuar en la fundamentación jurídica de la sentencia, deben reservarse para dicho sector de la misma. En definitiva, el vicio denunciado encuentra su razón de ser en evitar la sustitución de un hecho o sucesión de hechos, elemento fáctico de la sentencia penal, por un concepto jurídico, lo que supone, ya de antemano, la valoración penal del comportamiento, de modo que tiene lugar cuando el Tribunal de instancia ha adelantado en los hechos probados la subsunción, de tal manera que el Tribunal de casación no puede conocer el hecho imputado como tal, sino sólo a través de su significación jurídica. Para que prospere el motivo invocado es necesario que concurran los siguientes requisitos: 1) Que se trate de expresiones técnico-jurídicas que definan o den nombre a la esencia del tipo delictivo aplicado.2) Que tales expresiones sean asequibles tan sólo a los juristas entendidos en Derecho y su uso no sea compartido en el lenguaje común.3) Que tengan relación causal con el fallo.4) Que suprimiendo tales conceptos, dejen sin base el hecho o los hechos históricamente narrados, es decir, que tal supresión de lugar a un vacío fáctico y haga incongruente el fallo. (Ver en relación SP-525-2016).- Finalmente, tales ambigüedades narrativas, han producido una verdad histórica no terminante, en detrimento no sólo de la dinámica del proceso penal y de la estructura de las reglas de la sentencia en sus exigencias de fondo, sino también, de la regla del Debido Proceso y la Tutela Judicial Efectiva, al dejar en evidencia un órgano jurisdiccional, alejado de la imparcialidad. Solicitando se declare HA LUGAR el presente motivo. Por haberse producido el vicio in procedendo denunciado, en el acto mismo de sentenciar, no ha podido efectuarse reclamación alguna para la subsanación del vicio.” “MOTIVO SEGUNDO: “El Fallo está desprovisto de Motivación Fáctica Suficiente”. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de Casación se encuentra comprendido en el Artículo 362 numeral 3, del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: El Jurista Piero Calamandrei ha concluido: “la motivación constituye el signo más importante y típico de la racionalización de la función judicial”. De modo que, la fundamentación fáctica de la sentencia debe contener una argumentación descriptiva, que supone la transcripción de la prueba que se incorporó durante el desarrollo del debate y con igual trascendencia debe constar, la motivación intelectiva, en donde el juzgador realiza las explicaciones objetivas, para acreditar o desmerecer esa probanza; juicio de la autoridad judicial, que efectuará de forma completa, exponiendo no sólo las premisas normativas y fácticas de su razonamiento que permitan demostrar la racionalidad jurídica de la decisión que ha adoptado, sino también, todas las cuestiones de Hecho y de Derecho que han constituido el objeto de la controversia. En contraposición, en la sentencia de mérito si bien no es discutible, que en el apartado de valoración fáctica el Sentenciador se ha extendido respecto de la descripción de la probanza y ha incorporado las razones de juicio con las que intenta justificar la decisión exculpatoria respecto de los delitos de Fraude, Cohecho y Soborno Doméstico, al derivar que: “no ha sido posible establecer un vínculo entre los encausados, con el Director de la UEPER Gabriel Prieto y Luis Torres Padilla Gerente de LUTOPAS, como suscriptores del contrato para el equipamiento del campamento proyecto Patuca III”.- tampoco: “la existencia de un acuerdo colusorio entre ellos, previo a la suscripción del referido contrato, -- y que además.--, “no se sabe si es en concepto de dadivas, la emisión de cheques por parte de Inversiones Acrópolis a favor de los señores Juan José Villeda Mejía, Ivonne Torres, hija del señor Luis Torres Padilla, dueño de la empresa LUTOPAS al momento de la suscripción del contrato para el equipamiento del campamento del proyecto Patuca III ganadora del contrato”; en relación al delito de Violación de los Deberes de los Funcionarios, indudablemente ha incumplido la obligación que le impone la ley, de sustentar y motivar su decisión judicial, para acreditar su legitimidad; pues a pesar de la probanza de cargo allegada al debate sobre la concurrencia de esta figura delictiva, ha hecho un esfuerzo corto en razonarlo y por ende no es posible con la lectura de la sentencia, develar sus razonamientos y análisis, que desembocaron en un fallo absolutorio por el supra indicado ilícito a favor de Renán Alexis Maldonado Rodríguez, Luisa Sofía Figueroa Claré, Elia Virginia Medina Zúñiga y Juan José Villeda Mejía, tomando en cuenta que el reproche del representante de la sociedad es atinente a que no observaron las disposiciones contenidas en la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento, al momento de adjudicar la licitación para el equipamiento de las unidades de vivienda y oficina en el campamento del proyecto hidroeléctrico PATUCA III y sobre este extremo el juzgador se ha conformado con decir que el dictamen de esta comisión “no es vinculante”. Al respecto, el breve análisis del ente jurisdiccional, está limitado a indicar que a partir del medio de prueba de cargo Acta de Evaluación Técnica y Económica del proceso de contratación para el equipamiento de las unidades de vivienda y oficinas en el campamento del proyecto hidroeléctrico Patuca III: “no pueden afirmar, que los encausados omitieron realizar una adecuada revisión respecto de si las empresas LUTOPA y Ergo Limited, cumplieron las especificaciones técnicas, que además la opinión por ellos vertida no es vinculante ,. y también.- :“con el medio de prueba documental Acta de revisión de Documentos Legales de las ofertas presentadas en el proceso de contratación, se ha podido establecer que primeramente se realizó una revisión de los documentos presentados; y que, las empresas LUTOPAS y Ergo Limited presentaron la documentación correspondiente, estando habilitadas para continuar con el proceso”, lo cual a todas luces es insuficiente para conocer certeramente las razones para proferir una decisión exculpatoria de los indicados procesados, por las indebidas omisiones en el ejercicio de funciones, que les han sido atribuidas por el ente acusador, sobre todo, porque estos dos medios probatorios no han sido los únicos desarrollados a la Vista Pública; de igual manera, al examinar el apartado de valoración probatoria es notorio que casi la totalidad del raciocinio del sentenciador, está enfocado en afirmar “que no se ha probado un acuerdo o vinculo previo y post al contrato de equipamiento PATUCA III, entre los encausados con los señores Gabriel Prieto y Luis Torres”, argumento que podría explicar sus razones para desestimar la existencia y participación de los enjuiciados, si se les hubiese imputado el resto de conductas delictivas objeto del presente juicio; no así, el incumplimiento de los deberes que como funcionarios les imponía la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento; consecuentemente no puede determinarse, si esa decisión judicial se encuentra sustentada en razonamientos probatorios válidos, y no obedece a voluntades irracionales; lo que ha generado el vicio in procedendo invocado. Como sabemos, la motivación judicial debe justificar la racionalidad de la decisión que se adopte, de forma tal, que pueda conocerse su legitimidad, sobre la base de criterios y estándares intersubjetivos de razonamiento. Es decir, exige una solución jurídicamente aceptable, pues, sólo bajo esta condición puede expresarse que el iter lógico jurisdiccional ha sido idóneo, al hacer posible el control sobre los motivos que lo sustentan y la aceptabilidad racional de la decisión; derechos de las partes y de la sociedad a una resolución motivada y fundada en derecho, a exigir una explicación del rechazo o aceptación de sus alegaciones, que bajo los extremos apuntados, al no existir una motivación fáctica completa, no es posible hacer efectivos en esta causa. En el presente proceso, la fundamentación intelectiva no ha tenido como eje transversal, la valoración completa, expresa, clara, legítima y lógica de todas las pruebas introducidas legítimamente al debate. Además, como ya se dijo, al ser insuficiente, impide un adecuada comprobación del análisis de Tribunal Sentenciador, que lo llevó a concluir en el sentido que se ha fallado; comprometiendo entonces, la eficacia del derecho de defensa, puesto que, ante la no justificación de su decisión, resulta imposible establecer, si corresponde o se deriva de un juicio racional y objetivo, dando vida con ello a una sentencia defectuosa y arbitraria, claramente subsumible en el supuesto establecido en el artículo 362.3 del Código Procesal Penal. Debemos señalar, que la citada omisión de parte del Tribunal sentenciador, vulnera las exigencias contenidas en el artículo 141 de la normativa adjetiva penal, que claramente consigna bajo pena de nulidad, el deber de motivación de la resoluciones, haciendo clara alusión a las sentencias definitivas: “la motivación es la expresión de los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa una resolución judicial, y en el caso particular de las sentencias, de las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido. La simple relación de las actuaciones que se hayan realizado en el proceso, la mención de los requerimientos o petitorias formuladas por las partes o sus apoderados legales o la cita o transcripción de preceptos legales no reemplazará la motivación.” Teniendo en consideración lo antes expuesto, no puede asumirse que el derecho fundamental de acceso a la Justicia ha sido satisfecho, ya que la deficiencia argumentativa del A quo, limita a las partes para realizar un adecuado control de sus valoraciones. Respecto a la Fundamentación Fáctica, La Honorable Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia ha establecido: “Que las motivaciones Fácticas o Jurídicas sean insuficientes. Partiendo que este vicio no se refiere a una omisión absoluta de razones de hecho o de derecho que debe portar la sentencia, la motivación insuficiente se dirigirá a la consignación de argumentos de prueba o exposición de razones jurídicas que no alcancen a justificar el hecho reconocido en la resolución o las leyes que se aplican. Se presentaría “insuficiencia”, en los casos en que no resulte posible deducir o inferir el proceso racional que llevó al Tribunal de Sentencia a considerar como probados los hechos establecidos, o a aplicar los preceptos penales por lo que resuelve. Sobre el hecho, el vicio se observaría cuando consignándose en la valoración de la prueba cierta prueba, se omite el indicar por qué esa probanza convence al juzgador, como sucedería al decir que los testigos generan credibilidad simple y sencillamente porque son contestes, sin exponer en qué sentido han sido concordantes. También se estimaría la infracción cuando se haga referencia superficial a la prueba o la simple relación de actuaciones en el proceso. Sentencia Penal SP -423-14 (El subrayado y remarcado no corresponde al texto original). Mediante Casación Penal SP 11-2014 de fecha 22 de Noviembre de 2017, expuso: “Es importante recordar que las sentencias son la forma de comunicación entre el juez y la sociedad, en donde el primero rinde cuentas al segundo de la autoridad que se le ha confiado, también la sentencia es la forma como el juez defiende la validez y vigencia del derecho objetivo, aplicando éste al caso concreto que es disputado, finalmente la sentencia concluye un conflicto surgido de la inobservancia de la ley, pronunciándose sobre las pretensiones antagónicas –condenatoria y absolutoria- que le han presentado las partes. Con lo expresado es posible derivar cuándo existe insuficiencia de motivación fáctica o jurídica y cuándo tales motivaciones son totalmente carentes: 1…..…2.- Motivación Fáctica o Jurídica Insuficiente: Se presenta en los casos en que los juzgadores hacen un esfuerzo limitado en razonar su decisión y por ende no sea posible con la lectura de la sentencia, retomar los pasos seguidos por los juzgadores, develar sus razonamientos y análisis, que desembocaron en los pronunciamientos del fallo. Son ejemplos de este vicio, cuando se hace una descripción de los medios de prueba, mas no se consigna el proceso de valoración intelectivo, cuando dicha valoración se limita a manifestar que tal o cual prueba merece crédito o no merece crédito, sin expresar las razones de dicha conclusión o cuando en la fundamentación jurídica solo se hace la cita de las normas legales o se transcriben las mismas, sin ninguna explicación del por qué éstas están vinculadas al caso concreto y del por qué, en su caso, las normas invocadas por las partes no son aplicables. La Insuficiencia de Motivación también se presenta cuando los juzgadores, en la individualización de la pena concreta, no justifican la necesidad de la aplicación de la pena a imponer y su extensión (Art. 2-D del Código Penal). De ahí, que es procedente solicitar la corrección del fallo emitido por el Juzgador de Instancia, pues indudablemente merece ser rectificado por la Honorable Sala de lo Penal en la Sentencia que resuelva el presente recurso, ante un evidente quebrantamiento de forma por motivación fáctica insuficiente. Por haberse producido el vicio in procedendo denunciado en el presente motivo, en el acto mismo de sentenciar, no ha podido efectuarse reclamación alguna para la subsanación del mismo.” “MOTIVO TERCERO: “El Fallo está desprovisto de Motivación Jurídica Suficiente”. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de Casación se encuentra comprendido en el Artículo 362 numeral 3, del Código Procesal Penal. Iniciaremos el planeamiento de éste motivo refiriendo que, tal como lo ha expresado la Honorable Sala de lo Penal mediante Fallo SP 451-2013 de fecha veintidós de noviembre del dos mil diecisiete: “La Sentencia, para que se revista de validez, debe contener una adecuada y suficiente motivación la cual es un producto intelectual del juzgador en el que se da a conocer los fundamentos de hecho y de derecho que cimentan cada uno de los pronunciamientos del fallo, constituyéndose una garantía constitucional de fiscalización de legalidad en el ejercicio de la jurisdicción. En la motivación, el juzgador demuestra que han estudiado el conflicto traído a él, el cual resuelven dentro del ámbito de la acusación, demuestran cómo ha sido el proceso de valoración de las pruebas conforme al sistema de la sana crítica y demuestra la vinculación de los hechos con normas legales que aplican, seleccionadas por ser las que de manera más propia dictan la pauta de solución al caso concreto…” (ver en relación SP-362-2014 de fecha 10/10/2018) Entonces se comprende, que la fundamentación jurídica consiste en explicar la norma jurídica aplicable al caso concreto que se juzga y/o en su caso, interpretar claramente, por qué no aplica al caso juzgado o decidido, extremo que no acontece en el presente caso, ya que en el apartado de Valoración Jurídica y en referencia al delito de Violación de los Deberes de los Funcionarios, al Juzgador le ha bastado transcribir la norma sustantiva 349.3 y exponer de forma somera que: “… Renán Alexis Maldonado Rodríguez, Luisa Sofía Figueroa, Elia Virginia Medina Zúniga, y Juan José Villeda Mejía, en su condición de integrantes de la comisión de evaluación para la adjudicación del Contrato para el equipamiento del campamento del proyecto Patuca III, actuaron de conformidad a las instrucciones giradas por el entonces director de la Unidad Especial De Proyectos De Energía Renovable (UEPER) y las disposiciones de la Ley de Contratación del Estado, dado que entre las empresas que presentaron ofertas, la mejor oferta en lo que respecta a precio era la empresa LUTOPAS; de igual manera, un dictamen u opinión, no constituye una resolución, por su carencia de vinculación, y tal es así, que en el acta de evaluación se establece la consigna de “salvo mejor criterio”, dado que quien tiene el poder de decisión para la contratación es el director de la Unidad Especial De Proyectos De Energía Renovable (UEPER)”, con lo que deja en evidencia, que no ha precisado de forma suficiente cuales son las razones de su decisión, es decir, por qué la conducta delictiva atribuida a los acusados, no encaja en la precitada norma sustancia 349.3, sino que únicamente se ha dedicado a presentar argumentos de justificación subjetivos. En otras palabras, no ha expuesto suficientemente, como es que esa inferencia confluye con la ley; entonces, no puede determinarse si su resolución está basada o no en el ordenamiento jurídico, y si ha aplicado razonadamente el Derecho al caso concreto. Ante todo, porque como hemos señalado en el motivo anterior, los hechos alegados por el Ministerio Publico van más allá de la verificación o no por parte de los encausados, de los mejores precios ofertados por las empresas LUTOPAS, ERGO LIMITED S.A de C.V. y PREFABRICADOS DE LA MADERA SARAHÍ S. de R.L, sino que van dirigidos más bien, al incumplimiento por parte de estos, en su condición de Funcionarios Públicos de lo dispuesto en los artículos, 33, 36, 25, 24, 66, 67 de la Ley de Contratación del Estado; 141, 59, 56 y 67 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, entre otros . Asimismo, no puede estimarse que el ente jurisdiccional, ha razonado respecto de la inexistencia de dolo en el actuar de los encausados, al afirmar: “Si bien la comisión de evaluación integrada por Renán Alexis Maldonado Rodríguez, Luisa Sofía Figueroa, Elia Virginia Medina Zúniga, y Juan José Villeda Mejía, fue nombrada por el señor Gabriel Prieto, director de la Unidad Especial De Proyectos De Energía Renovable (UEPER), de la prueba evacuada en juicio, no es posible establecer el elemento dolo del ilícito, al no haberse probado más allá de cualquier duda, que éstos se pusieron de acuerdo para favorecer a la empresa LUTOPAS en el proceso de adjudicación, en consecuencia no se advierte reproche penal que se les pueda sindicar a los encausados. Por lo que éste Tribunal descarta la concurrencia del delito de VIOLACIÓN DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS, en perjuicio de la Administración Pública, por parte de Renán Alexis Maldonado Rodríguez, Luisa Sofía Figueroa, Elia Virginia Medina Zúniga, y Juan José Villeda Mejía, en su condición de miembros de la comisión de evaluación para la adjudicación del contrato para el equipamiento del proyecto Patuca III”, cuando éste razonamiento jurídico conduce hacia otra de las conductas adversas a ley incoadas en esa causa, como lo constituye el delito de Fraude. Partiendo de lo anterior, puede verse que concurre el Vicio In Procedendo denunciado, el cual vulnera el derecho a la Tutela Judicial Efectiva, que comprende no únicamente el acceso a la jurisdicción y la ejecutividad del fallo, sino con igual relevancia, el derecho a obtener una sentencia fundada en derecho, justamente por eso señalamos, que resultaba imprescindible una motivación jurídica completa, pues solo así podría conocerse si el juzgador realizó una aplicación racional de la ley al caso concreto, mediante una adecuada conexión entre los hechos sometidos a juicio y las leyes que ha empleado para la solución de ésta causa. En consecuencia, el fallo es anulable, al ser éste arbitrario conforme a nuestra normativa penal adjetiva, que establece en su artículo 141 la obligatoriedad del ente jurisdiccional bajo pena de nulidad, de motivar de manera clara y precisa, los actos y las sentencias tanto interlocutorias como definitivas. De igual manera, fija el citado precepto penal, que la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución…” exigencia que también se revalida en el numeral 3 de la regla cuarta del artículo 338 del Código Procesal Penal. Por haberse producido el vicio in procedendo denunciado en el presente motivo, en el acto mismo de sentenciar, no ha podido efectuarse reclamación alguna para la subsanación del vicio.” FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Establece el artículo 362 del Código Procesal Penal que el recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de algunos de los vicios siguientes: 1. Que falte la declaración de los hechos que el tribunal estime aprobados, que tal declaración no sea clara y terminante o que sea contradictoria. 2. Que se base en medios o elementos probatorios no incorporados legalmente al juicio o incorporados por su lectura en violación de las normas contenidas en el Título IV del Libro Segundo de este Código o excluya o deje de considerar alguna prueba de valor decisivo. 3. Que carezca de motivaciones fácticas o jurídicas, que dichas motivaciones sean insuficientes o contradictorias o sí en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica; 4. Que en la parte resolutiva se omitan elementos esenciales, tales como la individualización precisa del imputado, la resolución de todas las cuestiones debatidas y la determinación exacta de la pena en caso de condena; 5. La inobservancia de las reglas establecidas en el presente Código para la realización del juicio oral y público; 6. La incongruencia entre la sentencia y las pretensiones de las partes según el artículo 337; 7. Que falte la firma de alguno de los miembros del Tribunal de Sentencia salvo los casos previstos en el artículo 145. Es así como la ley procesal vigente, refleja que el proceso penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivado del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. Si no se cumple con los requisitos establecidos por la ley procesal y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo. El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley. Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Interpuesto por el Ministerio Público. Primer Motivo. Norma autorizante: Artículo 362 numeral 1 del Código Procesal Penal. Norma sustantiva que se denuncia infringida: Artículo 362 numeral 1 del Código Procesal Penal. Concepto de la infracción: Adolecer la sentencia de falta de claridad y precisión en los hechos probados. Reclamación Ex Ante: El vicio se produce en el acto de mismo de sentenciar. Pretensión: Que se declare ha lugar el motivo. La recurrente sostiene que en la declaración de los hechos probados, se acusa falta de claridad y precisión, ya que el fallo que hoy se cuestiona, cuestiona un vicio in procedendo grave, puesto que el Juzgador ha introducido aseveraciones jurídicas, al describir mediante ella la esencia del tipo penal fraude, y que suponen, además, un anticipo del sentido de su decisión, al emplear frases que por sí mismas describen la ausencia de un elemento de tipo penal de fraude, por los cuales han sido acusados los imputados Juan José Villeda Mejía, Waldina Lizzette Salegado Pérez, Francisco Arturo Mejía, Ada Amalia Puerto Ramirez y Suyapa Lorena Rivera, al aseverar: “Sin que de éstas operaciones mercantiles, se pueda evidenciar un acuerdo con la finalidad de ocasionar algún perjuicio patrimonial a la ENEE, a través de la Unidad especial de Proyectos de Energía Renovable (UEPER)…”. De la Declaración de los Hechos Probados Los hechos probados son el relato histórico respeto a los acontecimientos que están siendo debatidos; Es una descripción, donde los Juzgadores hacen un recuento cronológico, ordenado, claro y terminante de lo que aconteció, el cual es extraído a partir de la valoración de los medios probatorios reproducidos en la audiencia de debate; Los hechos probados podrán ser elaborados conforme al estilo de sus redactores, pero siempre deberán de determinar aspectos básicos como tiempo, lugar, identificación de las personas que participan, los hechos objeto de debate y, en su caso, el resultado del acontecimiento; Es a partir de los hechos probados que los Juzgadores determinan la norma legal aplicable al caso y de allí su imperativa importancia. Por lo anterior el artículo 338 del Código Procesal Penal manda que los hechos probados deberán estar dispuestos en párrafos separados y numerados, con la consignación expresa y terminante de los hechos que lograron probarse en la audiencia de debate, descrito en forma clara, precisa y coherente, sin utilizar en ellos conceptos que por su exclusivo carácter jurídico puedan predeterminar el fallo que haya de dictarse. Se desprende de la citada norma que los hechos probados deben reunir los siguientes requisitos: 1. Requisitos De Forma: Hechos probados debidamente separados y numerados, de conformidad a la complejidad del relato y la exposición de ideas; y 2. Requisitos De Fondo: a. Precisos: Los Hechos probados deben de ser la reproducción del hecho histórico que fue objeto de controversia en la audiencia de debate, por tanto, serán estos los hechos que deben de ser fijados, evitando divagarse sobre hechos distintos que si bien hayan sido acreditados, no sean de utilidad para definir la existencia o inexistencia de responsabilidad penal; b. Claros: “… la falta de Claridad de los hechos probados se da cuando los juzgadores los redactan entre otros casos utilizando términos ambiguos, oscuros, incompletos o confusos que imposibilitan su comprensión” (Ver Sentencia de fecha 15 de Diciembre del 2010 en el Exp 377-2008 de la Sala de lo Penal), “…supone la confusión, redacción dubitativa e imprecisión de tal forma que por su insuficiencia u oscuridad, no conduzcan al lector a una conclusión precisa del hecho” (Ver Sentencia de fecha 28 de Octubre del 2010 en el Exp 129-2009); c. Terminantes: “…Los hechos probados se consideran no terminantes cuando se pone de manifiesto alguna indecisión de parte del Tribunal como cuando emplea algunas afirmaciones tales como “posiblemente”, “casi seguro” u otras similares que no impliquen la concreción segura del relato, en ese sentido…” (Ver Sentencia de fecha 13 de Abril del 2011, en el Exp 250-2009); d. La no utilización de Conceptos que Predeterminen el Fallo: Los hechos probados son el resultado de la valoración intelectiva de la actividad probatoria, son pues las conclusiones de ésta, relatados de manera lógica, cronológica y personalizada; En su construcción los Juzgadores no deben de hacer recuento de actuaciones investigativas o descripción de medios probatorios, pues estos no son los hechos debatidos, sino los medios que ayudan a llegar a dichos hechos; Tampoco los Juzgadores deben de hacer uso de términos que por ser exclusivamente jurídicos predeterminen el fallo, relevando la obligación de hacer el proceso de subsunción de los hechos en los elementos objetivos y subjetivos que componen el tipo penal que sustenta la acción penal. Siguiendo a Fernández de la Reguera (Fernández de la Reguera, Ángel Llorente, en Cuadernos de Estudios Judiciales “Rafael Alvarado Manzano”, Los Recursos; Litocom S. de R.L. de C.V.; Tegucigalpa, Honduras, abril de 2011.- pág. 118), esta Sala de lo Penal señala que se requerirá como requisitos para declarar como faltos de claridad o terminación los hechos probados, los siguientes: 1. Que el contexto de la narración fáctica se aprecie incomprensión de lo que se quiso manifestar debido a: Utilización de frases ininteligibles, omisiones, empleo de juicios dubitativos o por ser los hechos probados la mera descripción del resultado de las pruebas sin el acompañamiento del razonamiento del Tribunal de Sentencia, razonamiento que no debe de entenderse como valoración probatoria, sino como aquellas afirmaciones conclusivas arribadas a partir de la prueba; 2. Que la falencia no permita subsumir los hechos en el ámbito situacional de la norma penal sustantiva que se ha aplicado, impidiendo determinar si los hechos son o no constitutivos de delito, determinar la clara participación de los acusados en dichos hechos o si concurren circunstancias que excluyen la conducta, causas de atipicidad, causas de justificación, causas de inculpabilidad, causas de inimputabilidad o causas absolutorias de la pena, ello cuando se trate de sentencias absolutorias basadas en alguna de ellas; 3. Que esa falta de entendimiento o incomprensión provoque un vacío o laguna en el relato histórico de los hechos; y 4. Que el Censor, en el planteamiento del motivo, identifique con acierto la sección de los hechos probados que estima como faltos de claridad o terminación. De la Procedencia del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su Primer Motivo. El recurso no es de recibo. La recurrente sostiene que en la declaración de los hechos probados, se acusa falta de claridad y precisión, ya que el fallo que hoy se cuestiona, cuestiona un vicio in procedendo grave, puesto que el Juzgador ha introducido aseveraciones jurídicas, al describir mediante ella la esencia del tipo penal de fraude, y que suponen, además, un anticipo del sentido de su decisión, al emplear frases que por sí mismas describen la ausencia de un elemento de tipo penal de fraude, por los cuales han sido acusados los imputados Juan José Villeda Mejía, Waldina Lizzette Salegado Pérez, Francisco Arturo Mejía, Ada Amalia Puerto Ramirez y Suyapa Lorena Rivera, al aseverar: “Sin que de éstas operaciones mercantiles, se pueda evidenciar un acuerdo con la finalidad de ocasionar algún perjuicio patrimonial a la ENEE, a través de la Unidad especial de Proyectos de Energía Renovable (UEPER)…”. El artículo 338 regla cuarta numeral 1) del Código Procesal Penal, en relación a la declaración de hechos probados, establece: “En párrafos separados y numerados, se hará declaración expresa y terminante de los hechos que se consideran probados, descritos con claridad, precisión y coherencia, sin emplear conceptos que, por su exclusivo carácter jurídico, predeterminen el fallo que haya de dictarse”. En el hecho probado sexto, se expresa: “…Sin que, de estas operaciones mercantiles, se pueda evidenciar un acuerdo con la finalidad de ocasionar algún perjuicio patrimonial a la ENEE, a través de la Unidad Especial de Proyectos de Energía Renovable (UEPER)”. La censora alega que la expresión que hace referencia es claro que desde el momento mismo que se redacta el cuadro fáctico al emplearse dicha frase, el fallo es inevitablemente absolutoria, ya que el tipo penal incoado es su descripción objetiva contempla como definición de la conducta prohibida, el concierto, el acuerdo o conspiración, para defraudar el fisco. El artículo 376 del Código Penal establece que; “El funcionario o empleado público que por razón de su cargo participe en cualquier acto jurídico que tenga interés el Estado y se ponga de acuerdo con alguno de los interesados para defraudar al fisco o con ese mismo propósito se valga de su condición para favorecer a un tercero o para facilitar su participación personal, directa o indirecta, en los beneficios que puedan producir tales asuntos o use cualquier otro artificio con la misma finalidad, será sancionado con reclusión de seis (6) a nueve (9) años, más inhabilitación absoluta por el doble del tiempo que dure la reclusión”. Esta Sala considera importante recordar, que el vicio alegado por la casacionista tiene lugar cuando en la redacción de los hechos probados se emplean “conceptos” que unitariamente describen una infracción delictiva, de frases técnico-jurídicas que engloban la definición de un concreto tipo punible, siempre que por ellas solas se llegue indefectiblemente al pronunciamiento decisorio acordado, de modo que trastocando el orden de la relación histórica del acontecer enjuiciado y valoración jurídica del mismo, neta separación entre factum (relato de hechos probados) y iudicium (fundamentación jurídica) impuesta por el artículo 338 del Código Procesal Penal, se anticipan en el relato fáctico términos, locuciones o frases de estricta técnica penal, de aquellas que selectivamente se emplean en la elaboración científica sustantiva de las distintas figuras penales, o utilizadas cuando de definir los grados de participación, fases de ejecución o de circunstancias modificativas de la responsabilidad se trata; expresiones que con independencia de la estimación valorativa a efectuar en la fundamentación jurídica de la sentencia, deben reservarse para dicho sector de la misma. En definitiva, el vicio denunciado encuentra su razón de ser en evitar la sustitución de un hecho o sucesión de hechos, elemento fáctico de la sentencia penal, por un concepto jurídico, lo que supone, ya de antemano, la valoración penal del comportamiento, de modo que tiene lugar cuando el tribunal de instancia ha adelantado en los hechos probados la subsunción, de tal manera que el Tribunal de casación no puede conocer el hecho imputado como tal, sino sólo través de su significación jurídica. Para que prospere el motivo invocado es necesario que concurran los siguientes requisitos: 1) Que se trate de expresiones técnico-jurídicas que definan o den su nombre a la esencia del tipo delictivo aplicado, 2) Que tales expresiones sean asequibles tan sólo a los juristas entendidos en derecho y su uso no sea compartido en el lenguaje común, 3)Que tengan relación causal con el fallo, y 4) Que suprimiendo tales conceptos, dejen sin base el hecho o los hechos históricamente narrados, es decir, que tal supresión dé lugar a un vacío fáctico y haga incongruente el fallo. Esta Sala de lo Penal considera que la inclusión de la frase “Sin que, de estas operaciones mercantiles, se pueda evidenciar un acuerdo con la finalidad de ocasionar algún perjuicio patrimonial a la ENEE, a través de la Unidad Especial de Proyectos de Energía Renovable (UEPER)”, y que se atribuye al encartado dentro del relato de los hechos probados “se pueda evidenciar un acuerdo…” como elemento de la figura de Fraude (vid. Art.376 del Código Penal), no comparta una predeterminación del fallo ya que se trata de una expresión que no solamente puede ser empleada en el lenguaje jurídico, sino también en el común u ordinario, por lo que es de general o común inteligibilidad o entendimiento. En todo caso cabe señalar que aún con la supresión hipotética de la expresión atacada por la censora, no se produciría un vacío fáctico, ya que del resto de elementos que conforman el relato de hechos probados, permiten concluir de manera racional que los encausados no incurrieron en los delitos que se les imputa. Por todas las razones anteriormente expuestas, el presente motivo debe de ser desestimado. Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Interpuesto por el Ministerio Público. Segundo Motivo. Norma autorizante: Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. Norma sustantiva que se denuncia infringida: Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. Concepto de la infracción: El fallo está desprovisto de motivación fáctica suficiente. Reclamación Ex Ante: El vicio se produce en el acto de mismo de sentenciar. Pretensión: Que se declare ha lugar el motivo. Establece la recurrente que el sentenciador que con el medio de prueba de cargo “Acta de evaluación técnica, económica y recomendación del proceso de contratación para el equipamiento de las unidades de vivienda y oficinas en el campamento del proyecto hidroeléctrico Patuca III”, ha incumplido la obligación que le impone la ley de sustentar y motivar su decisión judicial, ya que ha hecho un esfuerzo corto en razonarlo y por ende no es posible con la lectura de la sentencia, develar sus razonamientos y análisis, ya que no pueden afirmar, que los encausados omitieron realizar una adecuada revisión respecto de si las empresas LUTOPAS Y Ergo Limited, cumplieron con las especificaciones técnicas, que además la opinión por ellos vertida no es vinculante, y también con el medio de prueba documental Acta de revisión de documentos legales de las ofertas presentadas en el proceso de contratación, en la que se estableció que se realizo una revisión de los documentos presentados y que las empresas antes referidas estaban habilitadas para seguir con el proceso, estableciendo que es insuficiente para definir una decisión exculpatoria de los indicados procesados Renán Alexis Maldonado Rodríguez, Luis Sofía Figueroa Claré, Elia Virginia Medina Zúñiga y Juan José Villeda Mejía. De la Motivación En procura de dar respuesta a lo planteado, es imperativo definir que es motivación y de ello poder deducir cuando hay carencia de motivación o insuficiencia de motivación. El artículo 141 del Código Procesal Penal señala, que la motivación es la expresión de los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa una resolución judicial, y en el caso particular de las sentencias, de las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido. El artículo citado establece como antagónico al concepto de motivación la simple relación de las actuaciones que se hayan realizado en el proceso, la mención de los requerimientos o petitorias formuladas por las partes o sus apoderados legales o la cita o transcripción de preceptos legales. Ampliando lo anterior, la Sala de lo Penal, hace eco al Código Iberoamericano de Ética Judicial, el que en su Capítulo III de la Parte I, señala que la obligación de motivar las decisiones se orienta a asegurar la legitimidad del Juez/a, el buen funcionamiento de un sistema de impugnaciones procesales, el adecuado control del poder del que los jueces son titulares y, en último término, la justicia de las resoluciones judiciales; señala que motivar es expresar, de manera ordenada y clara, razones jurídicamente válidas, aptas para justificar la decisión, indica que una decisión carente de motivación es una decisión arbitraria. El Código Iberoamericano de Ética Judicial además establece, que el deber de motivar adquiere una intensidad máxima en relación con decisiones privativas o restrictivas de derechos, o cuando el Juez/a ejerza tienen un poder discrecional; recalca que el juez(a) debe motivar sus decisiones tanto en materia de hechos como de Derecho: 1. En materia de hechos: debe proceder con rigor analítico en el tratamiento del cuadro probatorio, debe mostrar en concreto lo que aporta cada medio de prueba, para luego efectuar una apreciación en su conjunto; 2. En materia de Derecho: no puede limitarse a invocar las normas aplicables, especialmente en las resoluciones sobre el fondo de los asuntos, sino que debe de señalar por qué una norma legal debe de regir un caso concreto. Añade el Instrumento Jurídico citado que la motivación debe extenderse a todas las alegaciones de las partes, o a las razones producidas por los jueces que hayan conocido antes del asunto, siempre que sean relevantes para la decisión a tomar. En todos los casos, las motivaciones deben estar expresadas en un estilo claro y preciso, sin recurrir a tecnicismos innecesarios y con la concisión que sea compatible con la completa comprensión de las razones expuestas. En resumen, la motivación debe de observar las siguientes características: Expresa, Clara, Completa, Legítima y Respetuosa de la Sana Critica. Ahora bien, ordena el artículo 141 del Código Procesal Penal, que las sentencias deberán de ser debidamente motivadas, redactadas conforme lo establece el artículo 338 del mismo cuerpo legal, así pues, la falta de una motivación Completa se traduce en el vicio in procedendo de insuficiente motivación y la falta de una motivación Expresa, se traduce en el vicio in procedendo de Carencia de Motivación, provocando ambas situaciones la nulidad de la sentencia (La motivación Legítima y Respetuosa de la Sana Crítica está asociado con el Motivo de Casación distinto al que se resuelve en esta oportunidad, contenido en el artículo 362.3 del Código Procesal Penal). Es importante recordar que las sentencias son la forma de comunicación entre el Juez/a y la sociedad, en donde el primero rinde cuentas al segundo de la autoridad que se le ha confiado, también la sentencia es la forma como el Juez/a defiende la validez y vigencia del derecho objetivo, aplicando éste al caso concreto que es disputado, finalmente la sentencia concluye un conflicto surgido de la inobservancia de la ley, pronunciándose sobre las pretensiones antagónicas –condenatoria y absolutoria- que le han presentado las partes. Con lo expresado es posible derivar cuando existe insuficiencia de motivación fáctica o jurídica y cuando tales motivaciones son totalmente carentes: 1. Carencia de Motivación Fáctica o Jurídica: Acontece cuando la sentencia no posee ninguna motivación fáctica o ninguna motivación jurídica, es decir, es la total omisión de fundamento probatorio o jurídico y con ello se produce el desconocimiento de las partes y del público en general, del por qué los juzgadores tomaron la decisión final, convirtiendo el pronunciamiento en arbitrario; 2. Motivación Fáctica o Jurídica Insuficiente: Se presenta en los casos en que los Juzgadores hacen un esfuerzo limitado en razonar su decisión y por ende no sea posible con la lectura de la sentencia, retomar los pasos seguidos por los Juzgadores, develar sus razonamientos y análisis, que desembocaron en los pronunciamientos del fallo. Son ejemplos de éste vicio, cuando se hace una descripción de los medios de prueba, mas no se consigna el proceso de valoración intelectivo, cuando dicha valoración se limita a manifestar que tal o cual prueba merece crédito o no merece crédito, sin expresar las razones de dicha conclusión o cuando en la fundamentación jurídica solo se hace la cita de las normas legales o se transcriben las mismas, sin ninguna explicación del por qué éstas están vinculadas al caso concreto y del por qué, en su caso, las normas invocadas por las partes no son aplicables. La Insuficiencia de Motivación también se presenta cuando los Juzgadores, en la individualización de la pena concretan, no justifican la necesidad de la aplicación de la pena a imponer y su extensión (Art. 2-D del Código Penal). De la Procedencia del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su Segundo Motivo. El recurso no es de recibo. Es importante advertir que el motivo por el cual la recurrente ha interpuesto el recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma estriba en determinar si existe o no suficiente motivación en la sentencia que dé respuesta a uno de los aspectos debatidos, en este caso, Se refiere a dos medios de prueba: 1) Acta de evaluación técnica, económica y recomendación del proceso de contratación para el equipamiento de las unidades de vivienda y oficinas en el campamento del proyecto hidroeléctrico Patuca III, 2) Acta de revisión de documentos legales de las ofertas presentadas en el proceso de contratación para el equipamiento de las unidades de vivienda y oficinas en el campamento del proyecto hidroeléctrico Patuca III, de fecha cinco (05) de junio del año dos mil doce (2012), firmada por los cinco (5) miembros del comité de evaluación; Es pues que mediante el motivo no debe pretenderse que esta Corte de Casación audite lo concerniente a la correcta o no valoración probatoria por fidelidad al as reglas de la sana crítica, sino simplemente la suficiencia de razonamiento que puedan hacer saber a cualquier lector las apreciaciones de los juzgadores. Para la recurrente focaliza su reproche en la sentencia referente a la valoración del Acta de evaluación técnica, económica y recomendación del proceso de contratación para el equipamiento de las unidades de vivienda y oficinas en el campamento del proyecto hidroeléctrico Patuca III (Pág.25). El Tribunal de Sentencia en su acápite de valoración probatoria, estableció: “Con este medio de prueba se puede concluir que el comité de evaluación concluyó que las empresas restantes, LUTOPAS y Ergo Limited cumplieron con las especificaciones técnicas establecidas en los términos de referencia, términos que no se allegaron a la presente causa, por lo que, ante la ausencia de los mismos, no podemos afirmar que los encausados Juan José Villeda, Renán Alexis Maldonado, Luis Sofía Figueroa Claré y Elía Virginia Medina, omitieron realizar una adecuada revisión, aspecto que por ende debe de ser considerado a su favor. En lo que respecta a la evaluación económica, éstos verificaron los montos de las ofertas, teniendo la empresa LUTOPAS una oferta por un monto de treinta y tres millones ciento treinta y cuatro mil quinientos sesenta y cuatro Lempiras (Lps.33,134,564.00) y la empresa Ergo Limited presentó una oferta por la cantidad de treinta y ocho millones trescientos catorce mil doscientos diez Lempiras (Lps. 38,3154,210.00), por lo que, desde el punto de vista económico, la mejor oferta era la empresa LUTOPAS, estableciendo el comité en su recomendación adjudicar el contrato a dicha empresa “ Así mismo la recurrente hace su reproche, referente a la valoración del Acta de revisión de documentos legales de las ofertas presentadas en el proceso de contratación para el equipamiento de las unidades de vivienda y oficinas en el campamento del proyecto hidroeléctrico Patuca III, de fecha cinco (05) de junio del año dos mil doce (2012), firmada por los cinco (5) miembros del comité de evaluación (pág.26), el cual el Tribunal de Sentencia lo valoro de la siguiente manera: “Con este medio de prueba documental se ha podido establecer que primeramente se realizó una revisión de los documentos presentados, estableciendo que prefabricados de la madera Sarahí, no presentó certificado vigente del registro de Proveedores y Contratistas del Estado (ONCAE) o constancia que el mismo este en trámite; y que las empresas LUTOPAS y Ergo Limited presentaron la documentación correspondiente, estando habilitadas para continuar con el proceso estas dos últimas, y en el caso de prefabricados Sarahí se le concedió el plazo de cinco (05) días para subsanar la documentación; este primer punto de revisión resulta de importancia, ya que el Ministerio Público ha sostenido que la empresa LUTOPAS tampoco cumplía con el requisito de estar inscrita en la ONCAE, por tanto también debió de solicitársele subsanar, pero ante la falta de los términos de referencia, sólo podemos obtener información periférica, y de esta acta se establece que podían participar la empresa que presentara constancia que su certificado de inscripción se encontraba en trámite; y de este aspecto puede ser advertido cuando la empresa LUTOPAS luego de haber firmado el contrato para el equipamiento del campamento del proyecto Patuca III, presentó el correspondiente certificado, extendido el veintisiete (27) de julio del año dos mil doce (2012), existiendo la posibilidad que el mismo se encontraba en trámite al momento del proceso de adjudicación”. Uno de los principios generales en el derecho es la obligación acreditativa que tiene la parte que afirma un hecho (quién afirma algo debe de probarlo); de acuerdo a las valoraciones hechas por el Tribunal Sentenciador en estos dos medios probatorios establece que no se acredito en el juicio los términos de referencia o pliegos de condiciones, que según la ley de Contratación del Estado la define en su “Artículo 39- PLIEGO DE CONDICIONES. El Pliego de Condiciones incluirá la información necesaria para que los interesados puedan formular válidamente sus ofertas; su contenido incluirá las reglas especiales de procedimiento, los requisitos de las ofertas y los plazos, también incluirá el objeto, las especificaciones técnicas y las condiciones generales y especiales de contratación, según se disponga reglamentariamente”. En cuanto a la función de la comisión de evaluación, la Ley de Contratación del Estado, establece en su “Artículo 33.- COMISIÓN DE EVALUACIÓN. Para la revisión y análisis de las ofertas en los procedimientos de selección de contratistas, el órgano responsable de la contratación designará una Comisión de Evaluación integrada por tres (3) o cinco (5) funcionarios de amplia experiencia y capacidad, la cual formulará la recomendación correspondiente”. No podrá participar en esta Comisión, quien tenga un conflicto de intereses que haga presumir que su evaluación no será objetiva e imparcial; quien se encontrare en esta situación podrá ser recusado por cualquier interesado. En lo atinente a la denuncia y al examen hecho a la sentencia, se ha podido constatar que la misma desarrolla de manera amplia los razonamientos de valoración de los medios de prueba en que apoyan la decisión adoptada en la parte resolutiva. Los Juzgadores no solo valoraron la prueba de manera individual, sino que en cada apartado hacen la relación de otros medios de prueba, lo que en suma constituyó una valoración conjunta, concluyéndose que, con independencia de la justicia de la valoración, no existe insuficiente motivación fáctica en la sentencia impugnada y por lo tanto el recurso de casación por quebrantamiento de forma en su segundo motivo debe de ser declarado sin lugar. Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Interpuesto por el Ministerio Público. Tercer Motivo. Norma autorizante: Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. Norma sustantiva que se denuncia infringida: Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. Concepto de la infracción: El fallo está desprovisto de motivación jurídica suficiente. Reclamación Ex Ante: El vicio se produce en el acto de mismo de sentenciar. Pretensión: Que se declare ha lugar el motivo. Establece la recurrente que el A quo en la fundamentación jurídica referente al delito de violación de los deberes de los funcionarios, no ha precisado de forma suficiente cuales son las razones de su decisión, es decir, porque la conducta delictiva atribuida a los acusados no encaja en la precitada norma sustantiva 349.3 del Código Penal, sino que únicamente se ha dedicado a presentar argumentos de justificación subjetivos. De la Procedencia del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su Tercer Motivo. El recurso no es de recibo. La recurrente en su exposición motivacional en cuanto a la motivación jurídica en el delito de violación de los deberes de los funcionarios establece que el fallo esta desprovisto de motivación jurídica suficiente, ya que no establece de forma suficiente cuales son las razones de su decisión, es decir por qué la conducta delictiva atribuida a los acusados no encaja en la norma sustantiva contenida en el artículo 349.3 del Código Penal. El Tribunal de Sentencia en el acápite de fundamentación jurídica, establece: “De conformidad a los hechos controvertidos, a los encausados Renán Alexis Maldonado Rodríguez, Luis Sofía Figueroa, Elía Virginal Medina Zúñiga y Juan José Villeda Mejía se les sindica responsables del delito de VIOLACION DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS, previsto en el artículo 349 numeral 3 del Código Penal, en perjuicio de La Administración Pública; no se ha logrado acreditar con la prueba incorporada y con los hechos establecidos, conducta típica, que reúna los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal referido, descartando participación alguna de las mismas en la figura penal de VIOLACION DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS, lo anterior en virtud del análisis siguiente: La violación de los Deberes de los Funcionarios, se encuentra tipificado en el artículo 349 numeral 3 del Código Penal, el cual expresa: “ Artículo 349. Será castigado con reclusión de tres (3) a seis (6) año de inhabilitación especial por el doble del tiempo que dure la reclusión el funcionario o empleado público que: 1) Omita algún acto que deba ejecutar de conformidad con los deberes de su cargo; 2) Rehúsa a realizar algún acto que deba ejecutar de conformidad con los deberes de su cargo; 3) Retarde algún acto que deba ejecutar de conformidad con los deberes de su cargo. El supuesto controvertido en juicio fue el primero, que expresa: Omita algún acto que deba ejecutar de conformidad con los deberes de su cargo, remitiéndoos a la Ley de Contratación el estado y su Reglamento. De conformidad a los hechos controvertidos en juicio, el actuar de Renán Alexis Maldonado Rodríguez, Luis Sofía Figueroa, Elía Virginal Medina Zúñiga y Juan José Villeda Mejía, en su condición de integrantes de la comisión de evaluación para la adjudicación del Contrato para el equipamiento del campamento del proyecto Patuca III, actuaron de conformidad a las instrucciones giradas por el entonces director de la Unidad Especial de proyectos de Energía Renovable (UEPER), y las disposiciones de la Ley de Contratación del Estado, dado que entre las empresas que presentaron ofertas, la mejor oferta en lo que respecta a precio era la empresa LUTOPAS; por otra parte, de igual manera un dictamen u opinión, no constituye una resolución, por su carencia de vinculación, y tal es así que en el acta de evaluación de establece la consigna de “salvo mejor criterio”, dado que quien tiene el poder de decisión para la contratación es el director de la Unidad de Proyectos de Energía Renovable (UEPER). Si bien la comisión de evaluación integrada por Renán Alexis Maldonado Rodríguez, Luis Sofía Figueroa, Elía Virginal Medina Zúñiga y Juan José Villeda Mejía, fue nombrada por el señor Gabriel Prieto, director de la Unidad de Proyectos de Energía Renovable (UEPER), de la prueba evacuada en juicio, no es posible establecer el elemento dolo del ilícito, al no haberse probado más allá de cualquier duda, que éstos se pusieron de acuerdo para favorecer a la empresa LUTOPAS en el proceso de adjudicación, en consecuencia no se advierte reproche penal que se les pueda sindicar a los encausados. Por lo que este Tribunal descarta la concurrencia del delito de VIOLACIÓN DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS, en perjuicio de La Administración Pública, por parte de Renán Alexis Maldonado Rodríguez, Luis Sofía Figueroa, Elía Virginal Medina Zúñiga y Juan José Villeda Mejía, en su condición de miembros de la comisión de evaluación para la adjudicación del contrato para el equipamiento del proyecto Patuca III”. Para esta Sala de lo Penal, la falta de motivación es “la ausencia de una explicación de los motivos que respaldan la convicción de los juzgadores, en cuanto a los hechos y razones jurídicas que fundamentan la explicación o no de un tipo penal a esos hechos, y que dan respuesta a todas las cuestiones debatidas en juicio”. En el caso examiné, no es de recibo el reclamo de la recurrente, ya que al analizarse la sentencia impugnada, se extrae de la misma, que conforme a los medios de prueba que fueron evacuados en el juicio oral y público y que fueron valorados de manera lógica y coherente, deduciendo correctamente el A quo, que no se dan los elementos objetivos y subjetivos, elementos objetivos en la que se establece que por parte de la comisión de evaluación no se encuentra que ha realizado una omisión alguna del acto en la que se deba ejecutar de conformidad con los deberes de su cargo, ni una vinculación en la misma (acuerdo). Así mismo la parte subjetiva de los tipos penales esta conformada por el análisis de si la conducta es “dolosa o culposa”, estableciendo el A quo en su Fundamentación que no es posible establecer el elemento del dolo ilícito, al no probarse más allá de cualquier duda, que éstos se pusieron de acuerdo para favorecer a la empresa LUTOPAS en el proceso de adjudicación, razonamiento que para esta Sala de lo Penal tiene valides, porque al haber ausencia de dolo en la conducta de los acusados en el caso examiné, el hecho deja de ser típico y no es posible imputarles el delito por el cual han venido enjuiciados, por lo que no es posible subsumir la conducta en el tipo penal aludido. En consecuencia, se declara SIN LUGAR, EL Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su tercer motivo. DECISIÓN No Ha lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en sus tres motivos interpuesto por el Ministerio Público. POR TANTO La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 82, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 202,338, 359, 362, 363 y 369 del Código Procesal Penal; 339 del Código Penal. FALLA: PRIMERO: Declara NO HA LUGAR el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en sus tres motivos interpuesto por la Abogada Mercedes Dubón, en su condición de Fiscal del Ministerio Público. SEGUNDO: Declara FIRME la sentencia de fecha quince de enero de dos mil veintiuno, dictada por el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia de Corrupción. Y MANDA: Que la Secretaría del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. Siendo Ponente el Magistrado Walter Raúl Miranda Sabio. Notifíquese. - Firmas y Sello. – Walter Raúl Miranda Sabio Magistrado Coordinador. Nelson Danilo Mairena Franco. Magistrado. Mario Rolando Diaz Flores. Magistrado. - Firma y Sello. Rina Koritza Sandoval Navas. Receptora Adscrita. Sala de lo Penal.”Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintisiete días del mes de noviembre de dos mil veintitrés. Certificación de la Sentencia dictada a los un días del mes de noviembre de dos mil veintitrés, recaída en el expediente de casación con número de ingreso SP-125-2021.RINA KORITZA SANDOVAL NAVASRECEPTORA ADSCRITA SALA DE LO PENAL