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Sentencia CP-121-19 — Registro 18064

Resumen

En primera instancia se condenó al imputado por los delitos de Defraudación Fiscal y Violación de los Deberes de los Funcionarios al valorar mercancías muy inferior al rango que les correspondería objetivamente, de acuerdo al estudio y análisis realizado por el departamento técnico adscrito al FISCO hondureño, asimismo omitió el deber de su cargo de aforar la mercancía derivada de las DUA a sabiendas que esto implicaría una afectación fiscal al Estado de Honduras. resolviendo en segunda instancia No Ha Lugar el recurso de casación y se Declara la no procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

".. DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO. EL MOTIVO NO ES DE RECIBO. Para que esta Sala de lo Penal ha resultado totalmente difícil dar respuesta al recurso presentado por la recurrente, pues no ha utilizado la técnica recursiva para fundamentar su impugnación. Ya esta Sala de Casación ha plasmado dentro de su doctrina legal, que los recurrentes deben cumplir con ciertos requisitos para que se proceda a resolver su impugnación, requisitos que han sido plasmados en el apartado anterior. Es de tener presente que conforme la naturaleza del recurso de casación resulta irrelevante el criterio que pueda generar la prueba al Ministerio Público, al acusador privado, a la defensa, etc. e inclusive al propio Tribunal de Casación; lo que consideren las partes o la Sala de lo Penal que debió haber sido la valoración de la prueba no es vinculante, sino que lo determinante es el criterio probatorio contenido en los razonamientos judiciales del Tribunal de Sentencia y si éstos fueron construidos en respeto a las reglas de la sana crítica; ergo el motivo de casación debe concentrarse única y exclusivamente en demostrar que el criterio (valoración intelectiva) del juzgador fue erigido con inobservancia de esas reglas y principios que componen el recto entendimiento humano y no tratar de superponer otra valoración que se considera más propia. La Sala de lo Penal ha señalado que en casación, como única instancia, solo puede hacer un análisis, y en su caso, censura del proceso intelectivo de la sentencia cuando ésta contenga razonamientos que riñan con las reglas de la sana critica; debe entenderse entonces que el foco de estudio no es la prueba, no es lo que dejó de acreditar o acreditaron los medios probatorios (valoraciones de instancia), sino el razonamiento plasmado por los jueces y los cuales les llevaron a construir los hechos declarados probados. Como consecuencia de lo anterior la exactitud en la confección del recurso de casación por quebrantamiento de forma, tratándose de violaciones a las reglas de la sana crítica debe ser alta: se requiere: i. Identificación del razonamiento judicial vicioso; ii. La identificación de la regla de la sana crítica que se considere violentada; iii. Exposición del porqué el razonamiento judicial (no la prueba) contiene un vicio de inobservancia o de mala aplicación de la regla de la sana crítica, llegando a su demostración y finalmente; iv. la explicación del porqué dicha violación tiene una repercusión negativa en la decisión adoptada por el tribunal. Es un trabajo técnico, bastante preciso, pues a cada razonamiento judicial señalado como vicioso debe hacerse el examen sobre su propiedad y además se debe explicar por qué la conclusión judicial malograda es relevante para la decisión final y por ello dicha decisión fue indebidamente adoptada. La recurrente al establecer meros argumentos de instancia, ha pretendido revalorizar la prueba y darle el valor probatorio que ella considera, por ejemplo, utilizó expresiones tales como: • “…sin embargo al no existir una solicitud para que esto se justifique o Justificación de parte del transportista, o el representante de la aduana, nuestro representado al momento que declaro él dijo las razones por las que pudo haberse dicho que había sobrante o faltante, sin embargo como son dos contenedores del mismo importador, es posible que los cargadores al momento de cargarlo, lo hayan metido en otro, en todo caso si faltaran caja, no tiene problemas, ya que los impuestos fueron cancelados por adelantado, incluso el manual dice si hay sobrantes se puede declarar en abandono, si fue así donde está la declaración de abandono que la aduana haya hecho, tal vez por los analistas financieras y no lo demostraron...” • “…porque dicen que hay formatos pero que, si existen pero que no los firmo la testigo Keydi Navarro, pero los firmo el jefe de Aforo, y no lo pudo probar el Ministerio Publico porque no existen en el procedimiento, el manual de procedimiento que esta como medio probatorio” • “… sin embargo el Ministerio Público ha querido confundir al Tribunal, cuando había dicho que su representado no entiende lo que es el método de mercancía idénticas o similares y el idioma castellano dice cuando es la diferencia entre uno o y una.” • “… sin embargo las testigos no dijeron de donde sacaron el precio para llegar a la cantidad de 4 millones de defraudación al fisco, dejando la duda cual es el precio real para establecer esa cantidad de defraudación y en la pregunta si era mayorista o minorista, porque hay diferencia.” • “Entendemos que el Ministerio Publico trato de confundir al Tribunal porque dicen que mercancías similares o idénticas no son lo mismo, el manual lo tiene como si fuera lo mismo, la declaración de nuestro defendido fue amplia donde dijo que el ajuste era de 50 centavos, según medio de 'prueba 3 constancia emitida por Keydi Navarro, donde ratifica el informe para acreditar que el canal de selectividad esta cancelado” • “…por lo tanto hemos probado que nuestro defendido no ha evadido impuestos, que no hay complicidad que el Ministerio Publico haya podido comprobar entre nuestro representado y el importador para defraudar al fisco.” • “Ahora bien Honorables Magistrados nos sorprende el hecho que el Tribunal Sentenciador para emitir un fallo condenatorio haya tomado como sustento valorativo las declaraciones de los testigos mencionados.” • “Considera la defensa que todo este conjunto de circunstancias que se dieron en el debate no nos permite tener una certeza jurídicamente válida sobre la participación dolosa de mis representado, ni los cuerpos investigativos realizaron una investigación profunda, por lo que a la prueba testifical y documental la consideramos como no concluyente para tener una certeza que hubiera permitido emitir una sentencia objetiva como debió haber sido y que la prueba de cargo hubiera sido una prueba contundente como para condenar a mi representado” El recurso contiene análisis probatorio y no análisis de los razonamientos judiciales; la impugnación se apoya en su mayoría en argumentos construidos en torno a lo que considera la recurrente no se logró probar con la prueba, lo que solo podría constatarse mediante una revalorización de la carga probatoria a realizarse mediante la lectura del contenido de la prueba, pero además se tendría que censurar la valoración hecha por el a-quo y reemplazarla por la valoración de la Sala de Casación; en otras palabras, la Sala de lo Penal tendría que convertirse en tribunal de segunda instancia. Esto nos lleva a afirmar que el recurrente acude a esta única instancia con el objeto de conseguir un reexamen o revalorización (revisio de facto) de la actividad probatoria, como medio de atacar el juicio valorativo hecho por el tribunal, pretendiendo que los jueces de casación, sin contar con inmediación (entre otros principios faltantes), valoren un medio de prueba determinado, extraigan conclusiones probatorias y las impongan en la sentencia. El defecto de interposición de recurso es insalvable, por lo que debe de ser desestimado.."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

"... PONDERACIÓN EN EL CASO CONCRETO El Tribunal de Sentencia, basado en el Código Penal decreto 144-83, declaró responsable al acusado Dionicio Gutierrez Perdomo, de los delitos de Defraudación Fiscal y Violación de los Deberes de los Funcionarios vistos en concurso ideal y le impuso una pena de Nueve años, tres meses de reclusión y además le impuso una multa de 1,176,847.36 Lempiras; impuso también las penas de inhabilitación absoluta, la interdicción civil; de igual forma se hizo la declaratoria de responsabilidad civil derivada del delito. El decreto legislativo 130-2017, en su artículo 499 numeral 2 regula el delito de Violación de los Deberes de los funcionarios con una pena de 3 a 6 años de inhabilitación para empleo o cargo público; y el artículo 431 establece el delito de Defraudación Fiscal, el cual tiene regulada una pena de 6 a 10 años de prisión, ya que el valor de lo defraudado excede los 250,000.00 lempiras y con una pena principal de multa del 140% del valor de lo defraudado. En virtud que el Tribunal de Sentencia lo consideró como un concurso ideal, éste se encuentra regulado en el artículo 67 del nuevo código penal, que supone la imposición de la pena correspondiente al delito o falta que tenga señalada la pena más grave aumentada en 1/3; en el presente caso correspondería a la pena del delito de Defraudación Fiscal; por lo que las acciones cometidas por el acusado Dionicio Gutierrez Perdomo visto en concurso ideal, tendría una pena abstracta que quedaría en 10 años a 13 años 4 meses de prisión y la pena de multa que se aumenta en un 140% correspondería a 3,295,171.74 lempiras. Al hacer el comparativo de penas es posible detectar que el nuevo código penal no le favorece al ahora encartado pues tiene señalada una pena mayor que la establecida en el decreto legislativo 144-83, por lo que, lejos de beneficiarlo le perjudica..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Receptor de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia recaída en el expediente del Recurso de Casación SP-121-2019, que literalmente dice: “Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a dos días del mes de agosto del año dos mil veintitrés, el pleno de la Sala de lo Penal integrado por los Magistrados: Walter Raúl Miranda Sabio en su calidad de coordinador, Nelson Danilo Mairena Franco y Mario Rolando Diaz Flores, pronuncian En nombre del Estado de Honduras La siguiente sentencia en el Recurso de Casación SP 121-2019 por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha veintiséis de julio de dos mil dieciocho, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, departamento de Cortes, mediante la cual falló; Primero: Condenó a Dionicio Gutierrez Perdomo, como responsable a título de autor, de los delitos de Defraudación Fiscal y Violación de los Deberes de los Funcionarios, en perjuicio de la Administración Pública y El Fisco, a la pena de nueve años y tres meses de reclusión. Así también le condeno a la pena de multa por un millón, ciento setenta y seis mil, ochocientos cuarenta y siete lempiras con treinta y seis centavos, más la pena accesoria de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil, por el tiempo que dura la pena principal. Segundo: Se declaró a Dionicio Gutierrez Perdomo civilmente responsable del importe de la reparación de gastos ocasionados y la compensación de los perjuicios causados. Tercero: No procedió a condenar en costas al condenado. Son Partes En La Única Instancia: Los Abogados Arnaldo Alcides Garcia y Alba Regina Paniagua, en su condición de Defensores Públicos de Dionicio Gutierrez Perdomo, como parte recurrente, y la Abogada Ligia Cristina Roque Gómez, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, como parte recurrida. Hechos Probados “En fecha treinta y uno de enero de dos mil catorce se registró en el Sistema Automatizado de rentas Automatizadas de Honduras, las declaraciones de Tránsito Internacional GT1400000018475 y GT14000000184176 a las cuales se les dio inicio en la misma fecha en aduana Aguacaliente con identificación de tránsito interno número 140000DTII016699N y 1400000CTI1016705B referentes a dos contenedores Identificados así: contenedor ESIU 9080283 y contenedor GESU 48717661 ambos provenientes de Guatemala, los cuales Ingresaron por la Aduana de Aguacaliente del municipio de Santa Fe, Ocotepeque hacia la Aduana La Mesa, trayendo el contenedor ESIU9080283 según manifiesto de carga generado número 140011MATI004421T, mercancía descrita como calzado sintético, con un valor FOB de 18.024.00 dólares americanos cancelados con la Declaración Única Aduanera (en adelante DUA) 140011007723E correspondiente al régimen 4000 de importación definitiva y consignada al importador OSCAR ALBERTO CRUZ CORDOBA, y el contenedor GESU4871761 con manifiesto de carga número 140011MATI0044178 con mercancía descrita como calzado sintético, con un valor FOB de 18.320.00 cancelado con la DUA número 140011007724F correspondiente al régimen 4000 de importación definitiva y consignada al importador OSCAR ALBERTO CRUZ CORDOBA, tramitadas por el señor NELSON DAVID MOLINA empleado de la agencia aduanera import export SOSA. Dichas DUA fueron registradas por el señor NELSON DAVID MOLINA en fecha 2 de febrero de dos mil catorce, quien tiene el código de declarante número 14694 y a las cuales se le aplico el canal de selectividad del Sistema Automatizado de Rentas Aduaneras de Honduras (SARAH) color ROJO, lo cual implica una revisión total de la mercancía tanto física como documentalmente, asignándosele al oficial de aforo y despacho DIONICIO GUTIERREZ PERDOMO en ambas declaraciones; acompañándose en la DUA 140011007723E la factura comercial 4012 12 2013 de fecha 20 de diciembre de 2013, en la cual se describe 9.012 pares de zapatillas deportivas sintéticas de origen chino a un precio unitario de dos dólares americanos cada par, haciendo un total de 18.024.00 dólares americanos y la DUA 140011007724F acompañada de factura comercial 3255 12 2013 de fecha 13 de diciembre de 2013 que describe 9160 pares de zapatillas deportivas sintético de origen chino a un precio unitario de dos dólares americanos por par, haciendo un total de 18.320.00 dólares americanos. SEGUNDO: El señor DIONICIO GUTIERREZ PERDOMO tenía la obligación de revisar el inventario completo de la mercancía antes descrita, sin embargo, consignó las mismas mercancías de acuerdo a las facturas de cada contenedor. Además omitió la descripción de cada producto para los efectos de pagos de impuestos al Estado de Honduras, Las mercancías fueron valoradas finalmente a un precio unitario de dos dólares con cincuenta centavos (valor derivado de un ajuste definido por el señor DIONICIO GUTIERREZ PERDOMO), muy inferior al rango de trece a treinta y un dólares americanos que les correspondería objetivamente, de acuerdo al estudio y análisis realizado por el departamento de Valoración de Mercancías, departamento técnico adscrito al FISCO hondureño. Finalmente se estableció que de acuerdo a la individualización de cada mercancía para cada DUA el estado de Honduras dejó de percibir de consuno un monto total de DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS Y SETENTA Y UN CENTAVOS. El señor DIONICIO GUTIERREZ PERDOMO omitió el deber de su cargo de aforar la mercancía derivada de las DUA antes referida, porque de acuerdo al sistema de control automatizado, debía realizar un inventario exhaustivo y calcular objetivamente los impuestos de importación a pagar por el contribuyente más las multas que correspondieran en su caso. No obstante, decidió omitir este deber jurídico a sabiendas que esto implicaría una afectación fiscal al Estado de Honduras.” Recurso De Casación. Motivos y Argumentos Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma “EXPRESION DEL MOTIVO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA. MOTIVO UNICO: No haber observado el Sentenciador en la valora-ración de la prueba las reglas de la Sana Critica. NORMA ADJETIVA INFRINGIDA: Se Invoca como norma adjetiva Inobservada la contenida en el artículo 202 en relación con el artículo 336 y 338 regla 4 No.2 del Código Procesal Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra Comprendido en el artículo 362 numeral 3 EXPLICACION DEL MOTIVO La norma procesal que se invoca como infringida es el artículo 202 del Código Procesal Penal, que expresa: "Las Pruebas serán valoradas con arreglo a la sana critica. El órgano jurisdiccional formara su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida". PRIMERO: En la sentencia recurrida, el Tribunal valora prueba de cargo no concluyente que para la investigación de la verdad debieron haber practicado todas las diligencias pertinentes y útiles, para haber determinado la acción de los Imputados y poder determinar la existencia del hecho punible tomando en cuenta las circunstancias que, de acuerdo con la ley penal, sean importantes para establecer el grado de responsabilidad y además al hacer el sentenciador el juicio de valor sobre dicha prueba, incurre en claras omisiones, que hace dicha fundamentación dudosa e imprecisa, dando como resultado la violación a las reglas de la lógica en su postulado de la derivación.- En el presente caso precisa referimos a las reglas de la lógica por ser esta la más inobservada por el Tribunal de Sentencia y sobre la cual ésta orientada el ataque al fallo, en vista que la regia de la lógica estando constituida por la ley de la coherencia y de la derivación, esta ultima ha resultado ignorada por el tribunal de sentencia debido que para la observancia de esta ley se exige al juzgador que la sentencia resulte provista de razonamiento proveniente de elementos Congruentes, verdaderos y suficientes. Resulta que la sentencia recurrida no ha estado provista de un razonamiento intelectiva capaz de dejar conforme a la defensa del imputado, porque la conclusión a que arribo el tribunal de sentencia para condenar a DIONISIO GUTIERREZ PERDOMO, no proviene de elementos suficientes como tampoco resultan aptos como para producir razonablemente un conocimiento cierto de su participación dolosa en el suceso que se juzga, por el contrario la acción imputada ha resultado efectivamente imprecisa como para deducir la culpabilidad como autor por el delito de "DEFRAUDACION FISCAL Y VIOLACION DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS" por parte de mi defendido, pues del análisis de la sentencia de mérito hemos concluido que los hechos estimados y declarados probados no se derivan de la prueba aportada. SEGUNDO: Honorables Magistrados si observamos la prueba de cargo evacuada en juicio oral y público, se evacuaron las declaraciones de Emilia Henríquez y Keydi Navarro en los folios 26 al 38 ratificando constancias, manifestando que existía una alerta y que existía un canal de selectividad rojo y que fue lo que dio como consecuencia, porque es en base a sistema automizado de aduana, no se puede confundir el canal rojo como la alerta sobre la mercancía, de acuerdo al manual de procedimientos aduaneros, que se encuentra a folio 258, prueba documental 7, refiere una certificación como las copias de los documentos memorándum DEI822-2011 memo que adjunta manual de procedimientos aduaneros, folios 287, refiere el canal de selectividad rojo que es lo que revisa el oficial de aforo y despacho, que procede a verificar tanto física como documental, para el fiel cumplimiento de la obligación tributaria aduanera entre otros, la concordancia como congruencia entre dichos documentos a revisar, como la factura del valor comercial que otorga, valor del flete, valor del seguro, cantidad de bultos, descripción de las mercancías, en la factura con la documentación detallada en la declaración, al final si todo está conforme se procede a la revisión física de dicha mercancía, en relación con el articulo 336 del recauca, que se debe realizar inspección física y documental y dice podrá ser de manera total o parcial, no es cierto que obliga al oficial de aforo a realizar una inspección al 100%, dice deberá realizarse en términos de 24 horas la revisión documental y física. Después se procede a entregar los originales al departamento de archivo y con lo único que se queda es con fotocopias, por lo que realizar la revisión parcial lo que establece a folio 27 al 37, donde está el manual de procedimientos y lo que se debe hacer, menciona si existen faltantes y sobrantes, y es facultativo del oficial de aforo para causantes de perjuicio al fisco y no es cierto debido a que el manual de procedimientos, establece que el transportista o representante legal autorizado de alguna manera deben justificar si hay faltantes a sobrantes al momento de la revisión física, sin embargo al no existir una solicitud para que esto se justifique o justificación de parte del transportista, o el representante de la aduana, nuestro representado al momento que declaro el dijo las razones por las que pudo haberse dicho que había sobrante o faltante, sin embargo como son dos contenedores del mismo importador, es posible que los cargadores al momento de cargarlo, lo hayan metido en otro, en todo caso si faltaran caja, no tiene problemas, ya que los Impuestos fueron cancelados por adelantado, incluso el manual dice si hay sobrantes se puede declarar en abandono, 5) fue así donde está la declaración de abandono que la aduana haya hecho, tal vez por los analistas financieras y no lo demostraron. TERCERO En relación a la alerta, lo refieren en primer término que existía a nivel de instrucción, alerta del departamento de la tienda Niké, donde se advertía la posible importación de productos, no especificaban qué, pero unos posibles contenedores de mercancía deportiva, la testigo Keydi Navarro está faltando a la verdad debido a que la prueba 7 es una circular dirigida a los administradores por una posible alerta a la violación a la propiedad Nike Internacional de fecha 6 de junio del 2013, alerta que se encuentra a folio 250 del expediente, donde de manera urgente se pone en conocimiento dicha alerta o sea que la alerta esta para un especifico contenedor y se les instruya estar pendiente del contendor y no tiene nada que ver con los contenedores que el oficial Dionisio tenia, debido a que hablan pasado 6 meses, de haber existido una alerta se hubiera concretado por escrito como esa que menciona de la Nike y quedo a nivel de instrucción, se acredito por nuestra parte que con el medio de prueba que corre a folio 180 al 183, que previo que los contenedores llegaran a la aduana, ya habían pasado por dos oficiales de aforo y estos generaron el manifiesto para cada contendor donde al final llega donde Dionisio o sea nuestro representado, con esto se confirma que dicha alerta no estaba concretizada, en relación a la circular 020-2012, refiere formatos de requerimiento de información, donde se recuerda la utilización de formatos, que es obligatoria, conforme al decreto 177-94 del 27 de diciembre de 1994, del acuerdo relativo a la aplicación del acuerdo general sobre aranceles aduaneros de 1994, norma internacional que de acuerdo a lo declarado por su defendido, donde aplico la norma internacional sobre la nacional, porque dicen que hay formatos pero que si existen pero que no los firmo la testigo Keydi Navarro, pero los firmo el jefe de Aforo, y no lo pudo probar el Ministerio Publico porque no existen en el procedimiento, el manual de procedimiento que esta como medio probatorio: en su artículo 1 establece las normas de valoración en aduana y lo explicaron son los métodos en orden sucesivo y excluyente, sin embargo el Ministerio Publico ha querido confundir al Tribunal, cuando había dicho que su representado no entiende lo que es el método de mercancía idénticas o similares y el idioma castellano dice cuando es la diferencia entre uno o y una, donde el aplico el método de mercancía similar o sinónimos, el artículo 1 del manual de procedimientos el articulo 2 son claros, los testigos han hablado de momentos aproximados, no pudiendo manifestar un valor, en contra lo que dijo su representado que el inventario que levanta y los valores que da es aplicar una referencia y después de la revisión documental y física, con precios de referencia encontrados de 1.80 a 2.25, aplicando el similar más cercano que había ingresado, por eso aplico los precios de referencias, sin embargo las testigos no dijeron de donde sacaron el precio para llegar a la cantidad de 4 millones de defraudación al fisco, dejando la duda cual es el precio real para establecer esa cantidad de defraudación y en la pregunta si era mayorista o minorista, porque hay diferencia. CUARTO: Entendemos que el Ministerio Publico trato de confundir al Tribunal porque dicen que mercancías similares o idénticas no son lo mismo, el manual lo tiene como si fuera lo mismo, la declaración de nuestro defendido fue amplia donde dijo que el ajuste era de 50 centavos, según medio de 'prueba 3 constancia emitida por Keydi Navarro, donde ratifica el informe para acreditar que el canal de selectividad esta cancelado, donde al haber ratificado los folios del 39 al 56 esta aceptando que la dua 7659 en relación con las de Dionisio están canceladas y esta quien dio el despacho fue ella, las otras dos estaban canceladas, registradas en primero de febrero 2014, por Jose Eduardo Figueroa, o sea son del mismo importador Oscar Cruz Córdova, con la diferencia de 24 horas, lo demás es Idéntico, tramitadas por la Agencia aduanera Import Export Sosa, producto del mismo, por lo que se demuestra que las tres tienen canal de selectividad rojo. Además dice buscaron el sistema Sara, no encontrando ningún alerta en el sistema y si existiera no hubiera encontrado, en cuando la forma de pago de fecha 25 de noviembre 2014, a folio 402 del expediente, su representado estableció que le extendió a Oscar Cruz, factura al crédito 3555-12-2013 por venta de 9,170 pares de zapatos y valor unitario de $2, con un total de 18,320 dólares, la segunda factura según la orden o forma de pago 4012-12-2013, con un total de 9012 pares de zapatos, haciendo un total de 18,024 dólares, extendidas por el proveedor de la República Popular de China y es importante que en la parte final de la forma de pago, se certifica que según acuerdo entre comprador y vendedor en las condiciones contractuales de la venta, el producto procede de saldo, los cuales han sido negociados a precio de liquidación o sea fuera de temporada o zapato de retorno, y el Ministerio publico ha dado precios altos como si se tratara de mercadería de temporada y originales y no fue demostrado si era original o de temporada, por el contrario la defensa demostró aplicando los ajustes correspondientes de acuerdo a la ley, por lo tanto hemos probado que nuestro defendido no ha evadido impuestos, que no hay complicidad que el Ministerio Publico haya podido comprobar entre nuestro representado y el importador para defraudar al fisco. QUINTO Ahora bien Honorables Magistrados nos sorprende el hecho que el Tribunal Sentenciador para emitir un fallo condenatorio haya tomado como sustento valorativo las declaraciones de los testigos mencionados, esto nos deja preocupados y a la vez ser este un signo demostrativo en ocasiones de la pobreza de la Institución por falta de agotamiento de las diferentes líneas de Investigación abiertos que tiene su reflejo en el acto del juicio oral en donde se presenta un escenario de parquedad probatoria Incompatible con el derecho a la presunción de inocencia, sino que el juzgador basa su fallo en unas declaraciones insuficientes, dudosas y confusas, y con la gran posibilidad que dichas declaraciones estén motivadas por móviles espurios. Considera la defensa que todo este conjunto de circunstancias que se dieron en el debate no nos permite tener una certeza jurídicamente válida sobre la participación dolosa de mis representado, ni los cuerpos investigativos realizaron una investigación profunda, por lo que a la prueba testifical y documental la consideramos como no concluyente para tener una certeza que hubiera permitido emitir una sentencia objetiva como debió haber sido y que la prueba de cargo hubiera sido una prueba contundente como para condenar a mi representado DIONICIO GUTIERREZ PERDOMO, por lo que la apreciación del Tribunal en la valoración de la prueba consideramos haber infringido el postulado de la derivación integrado por el principio de razón suficiente, el cual debe estar constituido por inferencias razonables deducidas de las pruebas aportadas y la sucesión de pruebas que en virtud de ellas se vaya determinando, principio que se vulnero al concluir que derivaba de las pruebas aportadas y que por lo tanto su actuar equivalía a una autoría, razonamiento este que se desprende de la declaración de los testigos EMILIA HENRIQUEZ URREA, KEYDI MIRELLA NAVARRO OSORIO, JACQUELINE CRUZ LANZA Y NADIA LIZETH FONSECA, los cuales como se dijo antes no fueron contundentes, siendo la prueba de cargo Insuficiente, debiendo para tal efecto anularse la sentencia condenatoria por no haberse demostrado la culpabilidad dolosa de mi representado, en el entendido que la responsabilidad penal es personal, todas estas circunstancias nos llevan a pensar que el fallo debió ser absolutorio y no condenar DIONICIO GUTIERREZ PERDOMO. RECLAMACION HECHA PARA LA SUBSANACION DEL YERRO Por haberse producido el vicio in procedendo denunciado en el presente motivo, en el acto mismo de sentenciar, no ha podido efectuarse reclamación alguna para la subsanación del mismo.” Fundamentación Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas procesales tiene la tarea de comprobar la denuncia -hecha por algunas de las partes- de una actividad procesal defectuosa que compromete la decisión final, dada en los actos procesales de la etapa de juicio o en la propia sentencia que le contiene y que tiene como sanción prevista por la ley su nulidad ante la imposibilidad de saneamiento o de subsanación, ergo no basta entonces con la presencia de un vicio, sino que se requerirá además: i.- Que el recurrente haya presentado protesta contra el vicio, en el momento procesal oportuno, procurando sanearlo sin éxito (Art. 363 párrafo tercero de CPP); ii.- Que el vicio tampoco sea posible tenerlo por subsanado; iii.- Que el vicio sea de aquellos que tenga como sanción legal la nulidad de la actividad que lo contiene (Art. 362 CPP), planteados como motivos para recurrir.- Los dos primeros requisitos no serán necesarios cuando el defecto se produzca en la sentencia, pues la única forma de protesta sería el mismo recurso de casación. Además de los requisitos señalados, el recurrente debe tener presente que la instancia impugnativa en casación está munida de importantes recaudos formales determinados por la ley que deben de cumplirse en su interposición (Art. 363 párrafo tercero CPP) y que pueden ser de diferente naturaleza en atención al defecto procesal denunciado (Art. 362 CPP); ello se debe a que se trata de un recurso extraordinario, que tiene como fin auditar la legalidad de la sentencia y por ende de una gran exigencia técnica. Es de esta forma que con la individualización del motivo se dan las siguientes consecuencias: a. La competencia de la Sala de lo Penal queda circunscrita a los aspectos objetos de impugnación (Art. 350 CPP); b. Es inaplicable el principio Iura Novit Curia, al no poderse suplir las omisiones del recurrente; y Es posible la concesión parcial del recurso, cuando la razón solo aparezca en parte de lo alegado en el motivo. Único Motivo • Norma autorizante: artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. • Norma procesal que se denuncia infringida: artículo 202 del Código Procesal Penal. • Concepto de la infracción: Inobservancia a las reglas de la sana crítica. • Reclamación ex-ante: por haberse producido el vicio en el acto mismo de sentenciar, no ha podido efectuarse reclamación alguna. • Pretensión: sin determinar por la censora Explicó el recurrente que, la prueba de cargo evacuada como ser la declaración de Emilia Henríquez y Keydi Navarro en los folios 26 al 38, manifestando que existía un canal de selectividad rojo y que fue lo que dio como consecuencia, porque es en base al sistema automatizado de aduana, no se puede confundir el canal rojo como la alerta sobre la mercancía, de acuerdo al manual de procedimientos aduanero; prueba documental 7, refiere una certificación como las copias de documentos.; por lo que la apreciación del Tribunal en la valoración de la prueba ha infringido el postulado de la derivación integrado por el principio de razón suficiente. Del Principio de Debida Técnica en el Recurso de Casación Penal El Código Procesal Penal prevé que en contra de las resoluciones definitivas dictadas por los Tribunales de Sentencia procede interponer recurso de casación, cuyo objeto por una parte es velar por el respeto del Principio de Legalidad, con la correcta aplicación de normas constitucionales, normas penales sustantivas y normas procesales y por otra parte la unificación de los criterios legales en el sistema jurisdiccional del Estado mediante la definición de la doctrina legal. Importante es recordar que conforme a las normas del Código Procesal Penal se ha eliminado lo que antes era la fase de admisión del recurso, que consistía en un examen preliminar que se hacía de éste a efecto de resolver si era admitido o no para su estudio de fondo; tal cambio obedece al cumplimiento del artículo 25.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, que establece que: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales…”. Para lo cual los Estados parte se han comprometido: “a) A garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) A desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y c) A garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.”. Ahora bien, tal disposición convencional no exime al recurrente de cumplir con requisitos legales establecidos en aras de que el Tribunal de Casación pueda dar una respuesta pertinente, propia y útil al conflicto jurídico que se plantea, siendo éstos: a. Legitimidad Objetiva: Existencia de un derecho impugnatorio, para lo cual se requerirá que la ley procesal determine que la resolución puede ser impugnada vía recurso de casación. b. Legitimidad Subjetiva: Que la recurrente esté legitimado a impugnar la resolución por causarle agravio lo resuelto por el revés (total o parcial) al interés jurídico en conflicto como consecuencia de una infracción a la ley; y Satisfacción de Requisitos de Interposición: La recurrente deberá observar los requisitos de lugar, tiempo, modo y forma de interponer el recurso, pues éste sigue siendo un acto procesal sujeto a la observancia del debido proceso y respeto a los derechos fundamentales de todas las partes contendoras. El recurso de casación es la manifestación expresa de una de las partes de no encontrarse conforme con lo resuelto por el Tribunal de Sentencia por contener un vicio (de fondo o de forma), que debe ser corregido, siendo ésta su pretensión; la recurrente debe necesariamente individualizar la resolución que contiene el o los vicios, su deseo de impugnarla mediante el recurso de casación y el tipo de recurso que se interpone. Además, el recurso de casación debe estar debidamente motivado con la identificación, explicación y demostración del vicio: 1. Identificación del Vicio/Motivo/Recurso: Al momento de la interposición de un recurso de casación, el recurrente deberá señalar en primer término el tipo de recurso de casación, seguidamente el motivo en que lo fundamentó en los casos de Infracción de Ley y Quebrantamiento de Forma (el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional es ordinario) y luego el vicio que denuncia. Ante una resolución definitiva emitida por el Tribunal de Sentencia, el recurrente deberá identificar si existe vicio que justifique la impugnación de aquello resuelto que le causa agravio; el vicio es el defecto de ley concreto y material que contiene la resolución y cuya corrección es la que persigue mediante el recurso; hecho esto, el recurrente deberá encuadrar el vicio en uno de los motivos previstos en la ley como aquellos autorizados para presentar impugnación. Los motivos son enunciados abstractos de posibles vicios que puede contener la resolución, previsto por la ley procesal, operando éstos bajo el sistema de Numerus Clausus, por tanto no es posible alegar vicios cuyos motivos no estén taxativamente señalados, salvo en el caso del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, en cual opera bajo el sistema de Numerus Apertus, siempre que se alegue un vicio relacionado material o formalmente con la decisión adoptada por el A-quo; la identificación del motivo de casación lleva al recurrente a derivar el tipo de recurso de casación a interponer. La ley procesal prevé tres tipos de recursos de casación: i) Recurso de Casación por Infracción de Ley, cuyo objeto es la denuncia de vicios In Iudicando; ii) Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, mediante el cual se denuncias vicios In Procedendo; y iii) Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, mediante el cual se pueden denunciar vicios In Iudicando o In Procedendo, contenidos en las normas fundamentales. El proceso de identificación se cumple cuando el recurrente señala: i) El tipo de Recurso de Casación; ii) La norma autorizante del recurso que identifica el motivo mediante el cual se denunciara el vicio; el motivo debe ser de aquellos previstos a ser planteados por el tipo de recurso elegido; iii) Norma o doctrina legal infringida, cuya indebida aplicación o inobservancia provoca la existencia del motivo; iv) Concepto de la Infracción, que es el enunciado sobre el vicio concreto observado, que debe ser consecuente con el motivo elegido; y v) Aplicación pretendida: es la aplicación o interpretación que se pretende de la norma o doctrina legal infringida o mal aplicada. Explicación del Vicio: Es ineludible para el recurrente su deber de explicar en qué consiste el vicio que produce la resolución que se impugna, y como éste se subsume en uno de los motivos previstos en la ley. La explicación debe ser clara y precisa: la claridad radica en la exposición del vicio de manera individualizada y separada, descomponiendo sistemáticamente todas sus aristas hasta desentrañar sus aspectos más básicos; la precisión implica la no mutación del alegato a aspectos ajenos al vicio que se ha identificado. La ley procesal exige en el artículo 363 del Código Procesal Penal que cada motivo debe ser planteado de manera separada, ello se justifica por la necesidad de individualizar de manera concreta y precisa cada agravio, por lo que su inobservancia mella en la efectividad del recurso. Recordemos que el artículo 350 del Código Procesal Penal prohíbe al órgano jurisdiccional que resuelve un recurso, pronunciarse sobre aspectos distintos a los que se hayan planteado dentro de la impugnación y para ello entonces, se requiere que dicha impugnación sea clara en cuanto al vicio, pues la falta de claridad pone en riesgo al Tribunal de Casación de hacer pronunciamiento de algo distinto de lo que realmente se está impugnando, siendo entonces lo consecuente declarar sin lugar el motivo, cuando la falta de claridad sea absoluta. Demostración del Vicio: El recurrente, aun cuando haya identificado el vicio, explicado en que consiste el mismo, no verá prosperar el recurso si no demuestra su existencia; ello solo se puede hacer cuando se hace la debida confrontación entre el aspecto contenido en la sentencia o resolución impugnada y la norma o doctrina legal que revela la contrariedad y la explicación de la aplicación que debió hacerse de dicha norma y que es la pretensión que se persigue con el recurso, es decir cómo considera la recurrente que debió haber sido aplicada la norma o por qué no debió haber sido aplicada. El vicio debe ser relevante, debe superar los aspectos meramente formales pasando a ser un aspecto material que interfiere en la legalidad de la resolución y que justifica la impugnación. Por todo lo anterior, mediante doctrina legal de esta Sala de lo Penal, se ha establecido que aun cuando en el planteamiento de un Recurso de Casación se presentasen errores de forma (Cita de precepto autorizante, norma infringida, concepto de la infracción de manera individualizada y diferenciada, aplicación pretendida) o incluso en algunos casos, errores en la exposición de conceptos jurídicos, ello no podría significar el rechazo Ad Portas del conocimiento del recurso, siempre que aun a pesar del desacierto pueda entreverse cuál es el concepto de la infracción, dando respuesta en la medida y extensión de la coherencia, claridad y precisión de los argumentos recursivos con la naturaleza del recurso planteado; el único caso en donde el Tribunal de Casación no podría dar respuesta a un recurso sería cuando éste fuese presentado en grado tan confuso que no sea posible, aun con un gran esfuerzo, deducir cual es el sentido del reclamo que realiza la recurrente, pues ello podría acarrear violación del artículo 350 del Código Procesal Penal, tal y como se ha explicado Ut Supra. (Así establecido en las sentencias de Sala de lo Penal del 29 de abril de 2014 en Exp 348-2011; del 27 de mayo 2014 en Exp 057-2012; del 04 de febrero de 2014 en el Exp 439-2011; del 23 de octubre de 2013 en Exp 172-2011; del 17 de septiembre de 2013 en Exp 228-2011, entre otras.). De la Procedencia del Recurso. El Motivo no es de Recibo. Para que esta Sala de lo Penal ha resultado totalmente difícil dar respuesta al recurso presentado por la recurrente, pues no ha utilizado la técnica recursiva para fundamentar su impugnación. Ya esta Sala de Casación ha plasmado dentro de su doctrina legal, que los recurrentes deben cumplir con ciertos requisitos para que se proceda a resolver su impugnación, requisitos que han sido plasmados en el apartado anterior. Es de tener presente que conforme la naturaleza del recurso de casación resulta irrelevante el criterio que pueda generar la prueba al Ministerio Público, al acusador privado, a la defensa, etc. e inclusive al propio Tribunal de Casación; lo que consideren las partes o la Sala de lo Penal que debió haber sido la valoración de la prueba no es vinculante, sino que lo determinante es el criterio probatorio contenido en los razonamientos judiciales del Tribunal de Sentencia y si éstos fueron construidos en respeto a las reglas de la sana crítica; ergo el motivo de casación debe concentrarse única y exclusivamente en demostrar que el criterio (valoración intelectiva) del juzgador fue erigido con inobservancia de esas reglas y principios que componen el recto entendimiento humano y no tratar de superponer otra valoración que se considera más propia. La Sala de lo Penal ha señalado que en casación, como única instancia, solo puede hacer un análisis, y en su caso, censura del proceso intelectivo de la sentencia cuando ésta contenga razonamientos que riñan con las reglas de la sana critica; debe entenderse entonces que el foco de estudio no es la prueba, no es lo que dejó de acreditar o acreditaron los medios probatorios (valoraciones de instancia), sino el razonamiento plasmado por los jueces y los cuales les llevaron a construir los hechos declarados probados. Como consecuencia de lo anterior la exactitud en la confección del recurso de casación por quebrantamiento de forma, tratándose de violaciones a las reglas de la sana crítica debe ser alta: se requiere: i. Identificación del razonamiento judicial vicioso; ii. La identificación de la regla de la sana crítica que se considere violentada; iii. Exposición del porqué el razonamiento judicial (no la prueba) contiene un vicio de inobservancia o de mala aplicación de la regla de la sana crítica, llegando a su demostración y finalmente; iv. la explicación del porqué dicha violación tiene una repercusión negativa en la decisión adoptada por el tribunal. Es un trabajo técnico, bastante preciso, pues a cada razonamiento judicial señalado como vicioso debe hacerse el examen sobre su propiedad y además se debe explicar por qué la conclusión judicial malograda es relevante para la decisión final y por ello dicha decisión fue indebidamente adoptada. La recurrente al establecer meros argumentos de instancia, ha pretendido revalorizar la prueba y darle el valor probatorio que ella considera, por ejemplo, utilizó expresiones tales como: • “…sin embargo al no existir una solicitud para que esto se justifique o Justificación de parte del transportista, o el representante de la aduana, nuestro representado al momento que declaro él dijo las razones por las que pudo haberse dicho que había sobrante o faltante, sin embargo como son dos contenedores del mismo importador, es posible que los cargadores al momento de cargarlo, lo hayan metido en otro, en todo caso si faltaran caja, no tiene problemas, ya que los impuestos fueron cancelados por adelantado, incluso el manual dice si hay sobrantes se puede declarar en abandono, si fue así donde está la declaración de abandono que la aduana haya hecho, tal vez por los analistas financieras y no lo demostraron...” • “…porque dicen que hay formatos pero que, si existen pero que no los firmo la testigo Keydi Navarro, pero los firmo el jefe de Aforo, y no lo pudo probar el Ministerio Publico porque no existen en el procedimiento, el manual de procedimiento que esta como medio probatorio” • “… sin embargo el Ministerio Público ha querido confundir al Tribunal, cuando había dicho que su representado no entiende lo que es el método de mercancía idénticas o similares y el idioma castellano dice cuando es la diferencia entre uno o y una.” • “… sin embargo las testigos no dijeron de donde sacaron el precio para llegar a la cantidad de 4 millones de defraudación al fisco, dejando la duda cual es el precio real para establecer esa cantidad de defraudación y en la pregunta si era mayorista o minorista, porque hay diferencia.” • “Entendemos que el Ministerio Publico trato de confundir al Tribunal porque dicen que mercancías similares o idénticas no son lo mismo, el manual lo tiene como si fuera lo mismo, la declaración de nuestro defendido fue amplia donde dijo que el ajuste era de 50 centavos, según medio de 'prueba 3 constancia emitida por Keydi Navarro, donde ratifica el informe para acreditar que el canal de selectividad esta cancelado” • “…por lo tanto hemos probado que nuestro defendido no ha evadido impuestos, que no hay complicidad que el Ministerio Publico haya podido comprobar entre nuestro representado y el importador para defraudar al fisco.” • “Ahora bien Honorables Magistrados nos sorprende el hecho que el Tribunal Sentenciador para emitir un fallo condenatorio haya tomado como sustento valorativo las declaraciones de los testigos mencionados.” • “Considera la defensa que todo este conjunto de circunstancias que se dieron en el debate no nos permite tener una certeza jurídicamente válida sobre la participación dolosa de mis representado, ni los cuerpos investigativos realizaron una investigación profunda, por lo que a la prueba testifical y documental la consideramos como no concluyente para tener una certeza que hubiera permitido emitir una sentencia objetiva como debió haber sido y que la prueba de cargo hubiera sido una prueba contundente como para condenar a mi representado” El recurso contiene análisis probatorio y no análisis de los razonamientos judiciales; la impugnación se apoya en su mayoría en argumentos construidos en torno a lo que considera la recurrente no se logró probar con la prueba, lo que solo podría constatarse mediante una revalorización de la carga probatoria a realizarse mediante la lectura del contenido de la prueba, pero además se tendría que censurar la valoración hecha por el a-quo y reemplazarla por la valoración de la Sala de Casación; en otras palabras, la Sala de lo Penal tendría que convertirse en tribunal de segunda instancia. Esto nos lleva a afirmar que el recurrente acude a esta única instancia con el objeto de conseguir un reexamen o revalorización (revisio de facto) de la actividad probatoria, como medio de atacar el juicio valorativo hecho por el tribunal, pretendiendo que los jueces de casación, sin contar con inmediación (entre otros principios faltantes), valoren un medio de prueba determinado, extraigan conclusiones probatorias y las impongan en la sentencia. El defecto de interposición de recurso es insalvable, por lo que debe de ser desestimado. Decisión Se declara no ha lugar el recurso de casación por quebrantamiento de forma en su único motivo interpuesto por la Defensa Pública. De La Aplicación Retroactiva Del Código Penal Decreto 130-2017 Principio de Legalidad El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra declarado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y regulado en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal 130-2017 en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento del juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución Política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Reglas Generales de Ponderación de la norma más favorable que define el NCP 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigor del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo código sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP).- Por tanto, la ponderación tendrá una variante a depender de la instancia en que se haga: 1. En la primera instancia, al momento del juzgamiento por el tribunal de primera instancia, la ponderación de los cuerpos normativos parte de la comparación de las penas abstractas, pero sin dejar de tener en consideración la total de los cuerpos normativos como un todo; o 2. En la segunda o única instancia, al resolverse un recurso devolutivo interpuesto en contra de sentencia definitiva la ponderación se realizará entre la pena concreta impuesta y la pena abstracta que corresponda para el mismo hecho e igualmente reparando respecto a la totalidad de los cuerpos normativos. En ambos casos el proceso de ponderación se realiza siguiendo las reglas que se señalan en este apartado. Es importante insistir que la ponderación de la norma más favorable deberá de realizarse al momento del juzgamiento en primera instancia, en segunda instancia o en única instancia; por ello no es procedente aplicación retroactiva en estadios previos del proceso, como ser la audiencia de declaración de imputado, la audiencia inicial, la audiencia preliminar o en la etapa de saneamiento de la etapa de juicio. El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibida la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017; a tal consideración se le suma las siguientes: 1. Penas Conjuntas: No procede la ponderación parcial de penas principales; la ponderación deberá de realizarse tomando en consideración todas las penas conjuntas impuestas por los mismos hechos (Art. 617 NCP); 2. Penas privativas de Libertad: No se realizará aplicación retroactiva del NCP cuando la pena privativa de la libertad (reclusión) con todas sus circunstancias, impuesta de conformidad con el VCP 144-83, fuese también imponible con arreglo al NCP 130-2017 (Art. 616).- Ello ocurre cuando la pena concreta impuesta se encuentre dentro marco abstracto de la pena que para el mismo hecho se deba de imponer de conformidad con el NCP 130-2017 (Art. 621); 3. Pena de Multa: No se realizara aplicación retroactiva del NCP cuando la pena impuesta de conformidad con el VCP 144-83, sea la de multa y la que corresponda imponer conforme al NCP 130-2017, igualmente sea una pena de multa.- La aplicación retroactiva se realizara excepcionalmente cuando: a.- No se hubiese hecho abono alguno de la pena de multa impuesta de conformidad al VCP 144-83; y b.- la concreta cuantía impuesta conforme al VCP 144-83 no fuese posible imponer de acuerdo con el NCP 130-2017 desde una perspectiva abstracta (Art. 619); 4. Penas privativas de Derechos: Las penas principales de inhabilitación absoluta y especial se compararán atendiendo a la duración de la pena concreta impuesta en la sentencia y la máxima que pueda imponerse de conformidad con el NCP 130-2017 (Art. 620); 5. Medidas de Seguridad: Respecto a las medidas de ejecución impuestas de acuerdo con el VCP 144-83 que estén pendientes de ejecución o que estén siendo ejecutadas, deberán de ser objeto de revisión y adecuación de conformidad con las normas que regulan las mismas en el NCP 130-2017; (Art. 625). Reglas de Particulares de Ponderación por Concurso de Delitos y Por ausencia de Éste A nivel de punibilidad se regulan los concursos de delitos; ante la colisión temporal de normas sustantivas el juzgador llamado a resolver la acción penal interpuesta en base al rigor del VCP 144-83, deberá de establecer si existe o no concurso de delitos, identificar cual es el que concurre y luego hacer el cálculo de pena abstracta de conformidad a dicho concurso; seguidamente el juzgador deberá de hacer la ponderación de la pena más beneficiosa determinando si conforme a lo probado igualmente se aprecia un concurso según las normas del NCP130-2017, y de ser así deberá de proceder a calcular la pena abstracta, siendo el tercer y último paso la comparación de penas que deban de ser impuestas según cada código penal, reflejándose así cuál de ellos es el que debe de ser aplicado por ser más beneficioso para el procesado o reo. Lo descrito es un proceso general que tiene sus matices a depender cada uno de los concursos, lo que obliga hacer un estudio individualizado: A.- Concurso Ideal Cuando conforme a los hechos imputados se deba de aplicar un Concurso Ideal (Art. 67 en relación con el párrafo 6 del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: 1. Ponderación de la norma más favorable se realizará de manera global: comparación de la pena impuesta conforme al concurso ideal según las reglas del VCP144-83 con la pena que correspondería conforme las reglas del concurso ideal del NCP130-2017.- Es contra legem hacer una comparación individual de las penas que conforman el concurso ideal; 2. Cuando una de las penas concursadas corresponda a un delito despenalizado, primero se deberá hacer el nuevo cálculo de la pena agravada del VCP144-83 y luego hacer la comparación global con el NCP130-2017; comparación que debe de hacerse según se explicó en el numeral anterior; o 3. Si con el delito despenalizado desapareciere el concurso ideal, la comparación se deberá de realizar conforme las reglas de las penas no concursadas, que se explican más adelante. Es aplicable en la ponderación de penas impuestas al delito continuado la observancia de los límites de cumplimiento de pena conforme las reglas del concurso real: i.- Limite Subjetivo, ii.- Limite Objetivo Ordinario y iii.- Limite Objetivo Extraordinario, explicado igualmente líneas adelante. b.- Delito Continuado En el caso de que la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un delito continuado la ponderación debe hacerse en relación a la pena agravada y no respecto a las penas por cada delito; (Art. 617 NCP).- Al apreciarse un concurso continuado (Art. 68 en relación con el párrafo 6 del artículo 616 NCP) se procederá conforme a las mismas reglas señaladas previamente para el delito continuado. En los supuestos en donde conforme el VCP 144-83, corresponda aplicar un concurso real pero conforme el NCP 130-2017 se deba de aplicar un delito continuado, el juzgador deberá de proceder de la siguiente manera: En primera Instancia: i.- Primero se procederá a realizar el cálculo abstracto de las penas conforme el VCP144-83, las que serán tomadas globalmente, para luego comparar el mismo con el marco abstracto de la pena que corresponda en aplicación del delito continuado según el NCP130-2017, develándose así que código es el más beneficioso en su conjunto.- Recuérdese que la comparativa es global (suma de todas las penas abstractas) y no individual por cada pena; ii.- En caso de que lo anterior no defina cual es la pena más favorable, el juzgador deberá de proceder a la individualización de la pena concreta de conformidad con el VCP-144-83 y paralelamente a la individualización de la pena concreta de conformidad con el BCP130-2017, de cuya comparación se decidirá que codificación es la más beneficiosa; o 1. En Segunda Instancia y Única Instancia: La comparativa parte de la confrontación de las penas que en concurso real hayan sido impuestas en la sentencia impugnada en aplicación del VCP144-83, con el marco abstracto de la única pena que de conformidad al NCP-130-2017 deba de imponerse como consecuencia de la aplicación del delito continuado; así entonces: i.- Si las penas individualizadas en concurso real tomadas globalmente (la sumatoria de todas las penas), se encuentra dentro del marco abstracto de la pena del delito continuado, no se aplicará retroactivamente el NCP130-2017; ii.- Si las penas individualizadas en concurso real están fuera de la escala de la pena abstracta que deba de imponerse en delito continuado según el NCP130-2017, se aplicara la pena que le sea más favorable al procesado. c.- Concurso Real Los supuestos en donde la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un Concurso Real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: 1. La ponderación deberá de realizarse conforme al límite único de cumplimiento de pena que establece el artículo 35 del VCP 144-83 versus los limites objetivo ordinario o limite objetivo extraordinario, según corresponda, y luego de ello conforme al límite subjetivo que prevé el artículo 66 NCP 130-2017, debiendo excluir las penas de delitos que hayan sido despenalizados en la nueva normativa.- Es importante tener presente que ningún límite es preferente a otro y por tanto se aplicará el límite que marque menor pena; así entonces: a. Cuando entre en acción el Límite Objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá de realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al VCP144-83 y los límites del concurso real que regula el NCP130-2017, siguiendo los siguientes pasos: i.- Si ambas legislaciones determinan un mismo límite de cumplimiento, se aplicara el principio de identidad, es decir el VCP 144-83; y ii.- Si las legislaciones definen límites de cumplimiento distinto, se aplicara aquel que le sea más beneficioso al acusado o reo (ello sin perjuicio de lo que se señala en el siguiente literal); y/o b. Para hacer efectivo el Limite Subjetivo, que regula el NCP 130-2017 se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, develando así el límite máximo que puede cumplir el condenado: i.- Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años: la pena se adecuara a dicho límite de conformidad con lo señalado en el literal anterior; ii.- Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años; implica que el resultado matemático será el límite máximo de cumplimiento, el que deberá de ser objeto de comparación con el limite objetivo de cumplimiento del VCP144-83. 2. Cuando las penas consideradas globalmente no superasen ninguno de los límites a los que se refiere el numeral anterior, el juzgador procederá a realizar la comparación de las penas que corresponda en una y otra legislación: a. En primera instancia la comparación se realizará entre las penas abstractas definidas en cada cuerpo sustantivo; el tribunal sumara todas las penas abstractas que correspondan imponer en concurso real de conformidad con el VCP 144-83 y todas las penas abstractas que prevea el NCP130-2017, las cuales comparara.- Si de la comparación no es posible determinar cuál es más beneficiosa para el procesado, el tribunal deberá de proceder a realizar la individualización de las penas de cada delito primero conforme el VCP144-83 y después conforme el NCP130-2017, luego la suma global de dichas penas por cada código serán comparadas entre sí, determinando cual es el cuerpo normativo más beneficioso (siempre teniendo presente además el resto de las regulaciones normativas).- Finalmente, si aun con las penas individualizadas no existe claridad cuál en su conjunto es más beneficiosa para el acusado, el tribunal le consultara para que éste señale cual le favorece más. b. En segunda y única instancia la comparación se realizará entre la suma de todas las penas concretas impuestas en concurso real en la sentencia impugnada bajo el VCP 144-83 y la suma de todas las penas abstractas que define el NCP 130-2017.- De dicho resultado el tribunal resolverá: i.- Si las penas concretas en concurso real VCP 144-83 están dentro de la suma del margen abstracto de las penas del NCP 130-2017, no procederá la aplicación retroactiva de éste último; ii.- Si la suma de las penas concretas VCP 144-83 no se encuentra dentro del marco abstracto de la suma de penas en concurso real del NCP 130-2017, se aplicará el cuerpo normativo que fije comparativamente las penas más leves, sin dejar de tener en consideración el resto de disposiciones de cada codificación para efectos comparativos; iii.- Si el concurso real está compuesto por Penas Conjuntas, en donde algunas de ellas sean más beneficiosas y otras más gravosas respecto a la comparación hecha con el otro cuerpo legal; el órgano jurisdiccional deberá de tomar como pena definitoria de aplicación la pena de privación de libertad, a menos que el propio acusado señale que a su conveniencia deba de tomarse las otras penas como definitorias.- Ejemplo de esto último sería un concurso real con pena global de reclusión por 25 años y multa por L. 700,000.00 conforme el VCP 144-83 y por otro lado una pena de prisión de 17 a 20 años y multa de L. 1,000,000.00 a L. 5,000,000.00 conforme el NCP 130-2017, caso en donde la pena privativa de libertad deberá de definir el código penal a aplicar, siempre que además los beneficios penitenciarios que regule ese mismo código fuesen igualmente más favorables. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i.- Limite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii.- Limite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii.- Limite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años.- Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos limites no se observaran cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. d.- Concurso Medial El concurso medial constituyó una institución penal por muchos años, reglada por el artículo 36 del VCP 143-83, misma que desaparece en el NCP 130-2017.- Por tanto, cuando conforme los hechos imputados en base al VCP144-83 deba de aplicarse un Concurso Medial (Art. 66 en relación con el párrafo séptimo del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: 1. Se realizará la comparación global de la pena que corresponda en concurso medial según el VCP144-83 con las penas que correspondería aplicar en concurso real conforme al NCP130-2017, en consideración a los limites subjetivo, objetivo ordinario y objetivo extraordinario, del que hemos hablado en el apartado anterior; 2. Es improcedente hacer comparación individual de las penas que conforman el concurso medial del VCP144-83 y las penas en concurso real del NCP130-2017; 3. Cuando una de las penas corresponda a un delito despenalizado, haciendo desaparecer el concurso Medial, la comparación se deberá de realizar conforme las reglas de las penas no concursadas, lo que se aborda en el apartado siguiente. e.- Penas Conjuntas No Concursadas Finalmente, cuando corresponda imponer a una persona una Pena No Concursada, se procederá a la comparación de la pena concreta o de las penas conjuntas (en su caso) impuesta conforme VCP144-83 con la pena abstracta (o penas conjuntas) que correspondan según el NCP130-2017, bajo las siguientes reglas: • Si existe coincidencia en la naturaleza de las penas contempladas como sanción en ambas legislaciones: i.- no procederá la aplicación retroactiva cuando la nueva legislación prevea una pena más grave que la anterior legislación; ii.- no procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada impuesta conforme el VCP144-83 se encuentre dentro del margen abstracto del NCP130-2017; iii.- procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada sea más grave en comparación con el margen abstracto previsto en la nueva legislación; • Si el hecho definido como delito tiene previstas Penas Conjuntas (varias penas principales, siendo una de ellas la privativa de libertad) donde una de ellas es más beneficiosa y la otra es más gravosa en comparación con el otro cuerpo legal, el órgano jurisdiccional deberá de tomar como pena definitoria de aplicación la de privación de libertad, a menos que el propio acusado señale que a su conveniencia deba de tomarse las otras penas como definitorias.- Ejemplo de esto último sería pena de reclusión por 9 años y multa del 10% de lo defraudado equivalente a L. 50,000.00 conforme el VCP 144-83 en comparación con una pena de prisión de 2 a 3 años y multa 400 días multa equivalente de hasta L. 2,000.000.00 por defraudación a las telecomunicaciones, caso en donde la pena privativa de libertad deberá de definir el código penal a aplicar, siempre que además los beneficios penitenciarios que regule ese mismo código fuesen igualmente más favorables; o 1. Si la sanción impuesta conforme el VCP144-83 es de distinta naturaleza a la prevista en el NCP130-2017, se procederá a hacer una ponderación en atención al caso concreto, incluyendo la situación personal del condenado/a, para determinar cuál de ellas le es más beneficiosa y con esto si procede o no la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal.- En caso de requerirse estudios para determinar cuál de las sanciones es más beneficiosa, éstos deberán de ser ordenados por el Tribunal previo a la decisión. Finalmente, si aun con los estudios realizados no existe claridad cuál de las penas es más beneficiosa para el acusado, el tribunal le consultara a éste para que señale la que más le favorece. Escrito Suplementario Señala el artículo 624 del del Código Penal 130-2017 que, en el trámite de un recurso contra una resolución definitiva, las partes podrán presentar un escrito suplementario a efecto de que el tribunal ad-quem lo tome en consideración al momento que corresponda hacer la ponderación de la norma penal más favorable entre el Código Penal vigente al momento del hecho (CP 144-83) y el Código Penal vigente al momento del juzgamiento (CP 130-2017). En el presente caso ninguna de las partes se ha pronunciado al respecto, por lo que de oficio esta Sala de lo Penal procede a realizar el estudio. D. Ponderación en el caso concreto El Tribunal de Sentencia, basado en el Código Penal decreto 144-83, declaró responsable al acusado Dionicio Gutierrez Perdomo, de los delitos de Defraudación Fiscal y Violación de los Deberes de los Funcionarios vistos en concurso ideal y le impuso una pena de Nueve años, tres meses de reclusión y además le impuso una multa de 1,176,847.36 Lempiras; impuso también las penas de inhabilitación absoluta, la interdicción civil; de igual forma se hizo la declaratoria de responsabilidad civil derivada del delito. El decreto legislativo 130-2017, en su artículo 499 numeral 2 regula el delito de Violación de los Deberes de los funcionarios con una pena de 3 a 6 años de inhabilitación para empleo o cargo público; y el artículo 431 establece el delito de Defraudación Fiscal, el cual tiene regulada una pena de 6 a 10 años de prisión, ya que el valor de lo defraudado excede los 250,000.00 lempiras y con una pena principal de multa del 140% del valor de lo defraudado. En virtud que el Tribunal de Sentencia lo consideró como un concurso ideal, éste se encuentra regulado en el artículo 67 del nuevo código penal, que supone la imposición de la pena correspondiente al delito o falta que tenga señalada la pena más grave aumentada en 1/3; en el presente caso correspondería a la pena del delito de Defraudación Fiscal; por lo que las acciones cometidas por el acusado Dionicio Gutierrez Perdomo visto en concurso ideal, tendría una pena abstracta que quedaría en 10 años a 13 años 4 meses de prisión y la pena de multa que se aumenta en un 140% correspondería a 3,295,171.74 lempiras. Al hacer el comparativo de penas es posible detectar que el nuevo código penal no le favorece al ahora encartado pues tiene señalada una pena mayor que la establecida en el decreto legislativo 144-83, por lo que, lejos de beneficiarlo le perjudica. Por Tanto La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 82, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 202, 338, 359, 362, 363 y 369 del Código Procesal Penal; 66 y 616 del Código Penal decreto 130-2017. Falla: Primero: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo interpuesto por la Abogada Orbelina Ferrera, en su condición de defensora pública del señor Dionicio Gutierrez Perdomo, como responsable a título de autor, de los delitos de Defraudación Fiscal y Violación de los Deberes de los Funcionarios (vistos en concurso ideal), en perjuicio de la Administración Pública y El Fisco. Segundo: Declara la no procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal decreto130-2017. Tercero: Declara Firme y Ejecutable la sentencia de fecha veintiséis de julio de dos mil dieciocho, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, departamento de Cortes. Y manda: Que la Secretaría del despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. Redactó Magistrado Miranda Sabio. Notifíquese. Firmas y Sello. Walter Raul Miranda Sabio. Magistrado Coordinador. Nelson Danilo Mairena Franco. Magistrado. Mario Rolando Diaz Flores. Magistrado. Firma y Sello. Rina Koritza Sandoval Navas. – Receptora Adscrita Sala de lo Penal.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a veintiocho días del mes de septiembre de dos mil veintitrés. Certificación de la Sentencia dictada a los dos días del mes de agosto del año dos mil veintitrés, recaída en el expediente de casación con número de ingreso SP-121-2019.

Wily Alexander Medina Perez

RECEPTOR ADSCRITO SALA DE LO PENAL

“ CERTIFICACIÓN El Infrascrito Receptor de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia recaída en el expediente del Recurso de Casación SP-121-2019, que literalmente dice: “Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a dos días del mes de agosto del año dos mil veintitrés, el pleno de la Sala de lo Penal integrado por los Magistrados: Walter Raúl Miranda Sabio en su calidad de coordinador, Nelson Danilo Mairena Franco y Mario Rolando Diaz Flores, pronuncian En nombre del Estado de Honduras La siguiente sentencia en el Recurso de Casación SP 121-2019 por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha veintiséis de julio de dos mil dieciocho, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, departamento de Cortes, mediante la cual falló; Primero: Condenó a Dionicio Gutierrez Perdomo, como responsable a título de autor, de los delitos de Defraudación Fiscal y Violación de los Deberes de los Funcionarios, en perjuicio de la Administración Pública y El Fisco, a la pena de nueve años y tres meses de reclusión. Así también le condeno a la pena de multa por un millón, ciento setenta y seis mil, ochocientos cuarenta y siete lempiras con treinta y seis centavos, más la pena accesoria de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil, por el tiempo que dura la pena principal. Segundo: Se declaró a Dionicio Gutierrez Perdomo civilmente responsable del importe de la reparación de gastos ocasionados y la compensación de los perjuicios causados. Tercero: No procedió a condenar en costas al condenado. Son Partes En La Única Instancia: Los Abogados Arnaldo Alcides Garcia y Alba Regina Paniagua, en su condición de Defensores Públicos de Dionicio Gutierrez Perdomo, como parte recurrente, y la Abogada Ligia Cristina Roque Gómez, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, como parte recurrida. Hechos Probados “En fecha treinta y uno de enero de dos mil catorce se registró en el Sistema Automatizado de rentas Automatizadas de Honduras, las declaraciones de Tránsito Internacional GT1400000018475 y GT14000000184176 a las cuales se les dio inicio en la misma fecha en aduana Aguacaliente con identificación de tránsito interno número 140000DTII016699N y 1400000CTI1016705B referentes a dos contenedores Identificados así: contenedor ESIU 9080283 y contenedor GESU 48717661 ambos provenientes de Guatemala, los cuales Ingresaron por la Aduana de Aguacaliente del municipio de Santa Fe, Ocotepeque hacia la Aduana La Mesa, trayendo el contenedor ESIU9080283 según manifiesto de carga generado número 140011MATI004421T, mercancía descrita como calzado sintético, con un valor FOB de 18.024.00 dólares americanos cancelados con la Declaración Única Aduanera (en adelante DUA) 140011007723E correspondiente al régimen 4000 de importación definitiva y consignada al importador OSCAR ALBERTO CRUZ CORDOBA, y el contenedor GESU4871761 con manifiesto de carga número 140011MATI0044178 con mercancía descrita como calzado sintético, con un valor FOB de 18.320.00 cancelado con la DUA número 140011007724F correspondiente al régimen 4000 de importación definitiva y consignada al importador OSCAR ALBERTO CRUZ CORDOBA, tramitadas por el señor NELSON DAVID MOLINA empleado de la agencia aduanera import export SOSA. Dichas DUA fueron registradas por el señor NELSON DAVID MOLINA en fecha 2 de febrero de dos mil catorce, quien tiene el código de declarante número 14694 y a las cuales se le aplico el canal de selectividad del Sistema Automatizado de Rentas Aduaneras de Honduras (SARAH) color ROJO, lo cual implica una revisión total de la mercancía tanto física como documentalmente, asignándosele al oficial de aforo y despacho DIONICIO GUTIERREZ PERDOMO en ambas declaraciones; acompañándose en la DUA 140011007723E la factura comercial 4012 12 2013 de fecha 20 de diciembre de 2013, en la cual se describe 9.012 pares de zapatillas deportivas sintéticas de origen chino a un precio unitario de dos dólares americanos cada par, haciendo un total de 18.024.00 dólares americanos y la DUA 140011007724F acompañada de factura comercial 3255 12 2013 de fecha 13 de diciembre de 2013 que describe 9160 pares de zapatillas deportivas sintético de origen chino a un precio unitario de dos dólares americanos por par, haciendo un total de 18.320.00 dólares americanos. SEGUNDO: El señor DIONICIO GUTIERREZ PERDOMO tenía la obligación de revisar el inventario completo de la mercancía antes descrita, sin embargo, consignó las mismas mercancías de acuerdo a las facturas de cada contenedor. Además omitió la descripción de cada producto para los efectos de pagos de impuestos al Estado de Honduras, Las mercancías fueron valoradas finalmente a un precio unitario de dos dólares con cincuenta centavos (valor derivado de un ajuste definido por el señor DIONICIO GUTIERREZ PERDOMO), muy inferior al rango de trece a treinta y un dólares americanos que les correspondería objetivamente, de acuerdo al estudio y análisis realizado por el departamento de Valoración de Mercancías, departamento técnico adscrito al FISCO hondureño. Finalmente se estableció que de acuerdo a la individualización de cada mercancía para cada DUA el estado de Honduras dejó de percibir de consuno un monto total de DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS Y SETENTA Y UN CENTAVOS. El señor DIONICIO GUTIERREZ PERDOMO omitió el deber de su cargo de aforar la mercancía derivada de las DUA antes referida, porque de acuerdo al sistema de control automatizado, debía realizar un inventario exhaustivo y calcular objetivamente los impuestos de importación a pagar por el contribuyente más las multas que correspondieran en su caso. No obstante, decidió omitir este deber jurídico a sabiendas que esto implicaría una afectación fiscal al Estado de Honduras.” Recurso De Casación. Motivos y Argumentos Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma “EXPRESION DEL MOTIVO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA. MOTIVO UNICO: No haber observado el Sentenciador en la valora-ración de la prueba las reglas de la Sana Critica. NORMA ADJETIVA INFRINGIDA: Se Invoca como norma adjetiva Inobservada la contenida en el artículo 202 en relación con el artículo 336 y 338 regla 4 No.2 del Código Procesal Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra Comprendido en el artículo 362 numeral 3 EXPLICACION DEL MOTIVO La norma procesal que se invoca como infringida es el artículo 202 del Código Procesal Penal, que expresa: "Las Pruebas serán valoradas con arreglo a la sana critica. El órgano jurisdiccional formara su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida". PRIMERO: En la sentencia recurrida, el Tribunal valora prueba de cargo no concluyente que para la investigación de la verdad debieron haber practicado todas las diligencias pertinentes y útiles, para haber determinado la acción de los Imputados y poder determinar la existencia del hecho punible tomando en cuenta las circunstancias que, de acuerdo con la ley penal, sean importantes para establecer el grado de responsabilidad y además al hacer el sentenciador el juicio de valor sobre dicha prueba, incurre en claras omisiones, que hace dicha fundamentación dudosa e imprecisa, dando como resultado la violación a las reglas de la lógica en su postulado de la derivación.- En el presente caso precisa referimos a las reglas de la lógica por ser esta la más inobservada por el Tribunal de Sentencia y sobre la cual ésta orientada el ataque al fallo, en vista que la regia de la lógica estando constituida por la ley de la coherencia y de la derivación, esta ultima ha resultado ignorada por el tribunal de sentencia debido que para la observancia de esta ley se exige al juzgador que la sentencia resulte provista de razonamiento proveniente de elementos Congruentes, verdaderos y suficientes. Resulta que la sentencia recurrida no ha estado provista de un razonamiento intelectiva capaz de dejar conforme a la defensa del imputado, porque la conclusión a que arribo el tribunal de sentencia para condenar a DIONISIO GUTIERREZ PERDOMO, no proviene de elementos suficientes como tampoco resultan aptos como para producir razonablemente un conocimiento cierto de su participación dolosa en el suceso que se juzga, por el contrario la acción imputada ha resultado efectivamente imprecisa como para deducir la culpabilidad como autor por el delito de "DEFRAUDACION FISCAL Y VIOLACION DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS" por parte de mi defendido, pues del análisis de la sentencia de mérito hemos concluido que los hechos estimados y declarados probados no se derivan de la prueba aportada. SEGUNDO: Honorables Magistrados si observamos la prueba de cargo evacuada en juicio oral y público, se evacuaron las declaraciones de Emilia Henríquez y Keydi Navarro en los folios 26 al 38 ratificando constancias, manifestando que existía una alerta y que existía un canal de selectividad rojo y que fue lo que dio como consecuencia, porque es en base a sistema automizado de aduana, no se puede confundir el canal rojo como la alerta sobre la mercancía, de acuerdo al manual de procedimientos aduaneros, que se encuentra a folio 258, prueba documental 7, refiere una certificación como las copias de los documentos memorándum DEI822-2011 memo que adjunta manual de procedimientos aduaneros, folios 287, refiere el canal de selectividad rojo que es lo que revisa el oficial de aforo y despacho, que procede a verificar tanto física como documental, para el fiel cumplimiento de la obligación tributaria aduanera entre otros, la concordancia como congruencia entre dichos documentos a revisar, como la factura del valor comercial que otorga, valor del flete, valor del seguro, cantidad de bultos, descripción de las mercancías, en la factura con la documentación detallada en la declaración, al final si todo está conforme se procede a la revisión física de dicha mercancía, en relación con el articulo 336 del recauca, que se debe realizar inspección física y documental y dice podrá ser de manera total o parcial, no es cierto que obliga al oficial de aforo a realizar una inspección al 100%, dice deberá realizarse en términos de 24 horas la revisión documental y física. Después se procede a entregar los originales al departamento de archivo y con lo único que se queda es con fotocopias, por lo que realizar la revisión parcial lo que establece a folio 27 al 37, donde está el manual de procedimientos y lo que se debe hacer, menciona si existen faltantes y sobrantes, y es facultativo del oficial de aforo para causantes de perjuicio al fisco y no es cierto debido a que el manual de procedimientos, establece que el transportista o representante legal autorizado de alguna manera deben justificar si hay faltantes a sobrantes al momento de la revisión física, sin embargo al no existir una solicitud para que esto se justifique o justificación de parte del transportista, o el representante de la aduana, nuestro representado al momento que declaro el dijo las razones por las que pudo haberse dicho que había sobrante o faltante, sin embargo como son dos contenedores del mismo importador, es posible que los cargadores al momento de cargarlo, lo hayan metido en otro, en todo caso si faltaran caja, no tiene problemas, ya que los Impuestos fueron cancelados por adelantado, incluso el manual dice si hay sobrantes se puede declarar en abandono, 5) fue así donde está la declaración de abandono que la aduana haya hecho, tal vez por los analistas financieras y no lo demostraron. TERCERO En relación a la alerta, lo refieren en primer término que existía a nivel de instrucción, alerta del departamento de la tienda Niké, donde se advertía la posible importación de productos, no especificaban qué, pero unos posibles contenedores de mercancía deportiva, la testigo Keydi Navarro está faltando a la verdad debido a que la prueba 7 es una circular dirigida a los administradores por una posible alerta a la violación a la propiedad Nike Internacional de fecha 6 de junio del 2013, alerta que se encuentra a folio 250 del expediente, donde de manera urgente se pone en conocimiento dicha alerta o sea que la alerta esta para un especifico contenedor y se les instruya estar pendiente del contendor y no tiene nada que ver con los contenedores que el oficial Dionisio tenia, debido a que hablan pasado 6 meses, de haber existido una alerta se hubiera concretado por escrito como esa que menciona de la Nike y quedo a nivel de instrucción, se acredito por nuestra parte que con el medio de prueba que corre a folio 180 al 183, que previo que los contenedores llegaran a la aduana, ya habían pasado por dos oficiales de aforo y estos generaron el manifiesto para cada contendor donde al final llega donde Dionisio o sea nuestro representado, con esto se confirma que dicha alerta no estaba concretizada, en relación a la circular 020-2012, refiere formatos de requerimiento de información, donde se recuerda la utilización de formatos, que es obligatoria, conforme al decreto 177-94 del 27 de diciembre de 1994, del acuerdo relativo a la aplicación del acuerdo general sobre aranceles aduaneros de 1994, norma internacional que de acuerdo a lo declarado por su defendido, donde aplico la norma internacional sobre la nacional, porque dicen que hay formatos pero que si existen pero que no los firmo la testigo Keydi Navarro, pero los firmo el jefe de Aforo, y no lo pudo probar el Ministerio Publico porque no existen en el procedimiento, el manual de procedimiento que esta como medio probatorio: en su artículo 1 establece las normas de valoración en aduana y lo explicaron son los métodos en orden sucesivo y excluyente, sin embargo el Ministerio Publico ha querido confundir al Tribunal, cuando había dicho que su representado no entiende lo que es el método de mercancía idénticas o similares y el idioma castellano dice cuando es la diferencia entre uno o y una, donde el aplico el método de mercancía similar o sinónimos, el artículo 1 del manual de procedimientos el articulo 2 son claros, los testigos han hablado de momentos aproximados, no pudiendo manifestar un valor, en contra lo que dijo su representado que el inventario que levanta y los valores que da es aplicar una referencia y después de la revisión documental y física, con precios de referencia encontrados de 1.80 a 2.25, aplicando el similar más cercano que había ingresado, por eso aplico los precios de referencias, sin embargo las testigos no dijeron de donde sacaron el precio para llegar a la cantidad de 4 millones de defraudación al fisco, dejando la duda cual es el precio real para establecer esa cantidad de defraudación y en la pregunta si era mayorista o minorista, porque hay diferencia. CUARTO: Entendemos que el Ministerio Publico trato de confundir al Tribunal porque dicen que mercancías similares o idénticas no son lo mismo, el manual lo tiene como si fuera lo mismo, la declaración de nuestro defendido fue amplia donde dijo que el ajuste era de 50 centavos, según medio de 'prueba 3 constancia emitida por Keydi Navarro, donde ratifica el informe para acreditar que el canal de selectividad esta cancelado, donde al haber ratificado los folios del 39 al 56 esta aceptando que la dua 7659 en relación con las de Dionisio están canceladas y esta quien dio el despacho fue ella, las otras dos estaban canceladas, registradas en primero de febrero 2014, por Jose Eduardo Figueroa, o sea son del mismo importador Oscar Cruz Córdova, con la diferencia de 24 horas, lo demás es Idéntico, tramitadas por la Agencia aduanera Import Export Sosa, producto del mismo, por lo que se demuestra que las tres tienen canal de selectividad rojo. Además dice buscaron el sistema Sara, no encontrando ningún alerta en el sistema y si existiera no hubiera encontrado, en cuando la forma de pago de fecha 25 de noviembre 2014, a folio 402 del expediente, su representado estableció que le extendió a Oscar Cruz, factura al crédito 3555-12-2013 por venta de 9,170 pares de zapatos y valor unitario de $2, con un total de 18,320 dólares, la segunda factura según la orden o forma de pago 4012-12-2013, con un total de 9012 pares de zapatos, haciendo un total de 18,024 dólares, extendidas por el proveedor de la República Popular de China y es importante que en la parte final de la forma de pago, se certifica que según acuerdo entre comprador y vendedor en las condiciones contractuales de la venta, el producto procede de saldo, los cuales han sido negociados a precio de liquidación o sea fuera de temporada o zapato de retorno, y el Ministerio publico ha dado precios altos como si se tratara de mercadería de temporada y originales y no fue demostrado si era original o de temporada, por el contrario la defensa demostró aplicando los ajustes correspondientes de acuerdo a la ley, por lo tanto hemos probado que nuestro defendido no ha evadido impuestos, que no hay complicidad que el Ministerio Publico haya podido comprobar entre nuestro representado y el importador para defraudar al fisco. QUINTO Ahora bien Honorables Magistrados nos sorprende el hecho que el Tribunal Sentenciador para emitir un fallo condenatorio haya tomado como sustento valorativo las declaraciones de los testigos mencionados, esto nos deja preocupados y a la vez ser este un signo demostrativo en ocasiones de la pobreza de la Institución por falta de agotamiento de las diferentes líneas de Investigación abiertos que tiene su reflejo en el acto del juicio oral en donde se presenta un escenario de parquedad probatoria Incompatible con el derecho a la presunción de inocencia, sino que el juzgador basa su fallo en unas declaraciones insuficientes, dudosas y confusas, y con la gran posibilidad que dichas declaraciones estén motivadas por móviles espurios. Considera la defensa que todo este conjunto de circunstancias que se dieron en el debate no nos permite tener una certeza jurídicamente válida sobre la participación dolosa de mis representado, ni los cuerpos investigativos realizaron una investigación profunda, por lo que a la prueba testifical y documental la consideramos como no concluyente para tener una certeza que hubiera permitido emitir una sentencia objetiva como debió haber sido y que la prueba de cargo hubiera sido una prueba contundente como para condenar a mi representado DIONICIO GUTIERREZ PERDOMO, por lo que la apreciación del Tribunal en la valoración de la prueba consideramos haber infringido el postulado de la derivación integrado por el principio de razón suficiente, el cual debe estar constituido por inferencias razonables deducidas de las pruebas aportadas y la sucesión de pruebas que en virtud de ellas se vaya determinando, principio que se vulnero al concluir que derivaba de las pruebas aportadas y que por lo tanto su actuar equivalía a una autoría, razonamiento este que se desprende de la declaración de los testigos EMILIA HENRIQUEZ URREA, KEYDI MIRELLA NAVARRO OSORIO, JACQUELINE CRUZ LANZA Y NADIA LIZETH FONSECA, los cuales como se dijo antes no fueron contundentes, siendo la prueba de cargo Insuficiente, debiendo para tal efecto anularse la sentencia condenatoria por no haberse demostrado la culpabilidad dolosa de mi representado, en el entendido que la responsabilidad penal es personal, todas estas circunstancias nos llevan a pensar que el fallo debió ser absolutorio y no condenar DIONICIO GUTIERREZ PERDOMO. RECLAMACION HECHA PARA LA SUBSANACION DEL YERRO Por haberse producido el vicio in procedendo denunciado en el presente motivo, en el acto mismo de sentenciar, no ha podido efectuarse reclamación alguna para la subsanación del mismo.” Fundamentación Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas procesales tiene la tarea de comprobar la denuncia -hecha por algunas de las partes- de una actividad procesal defectuosa que compromete la decisión final, dada en los actos procesales de la etapa de juicio o en la propia sentencia que le contiene y que tiene como sanción prevista por la ley su nulidad ante la imposibilidad de saneamiento o de subsanación, ergo no basta entonces con la presencia de un vicio, sino que se requerirá además: i.- Que el recurrente haya presentado protesta contra el vicio, en el momento procesal oportuno, procurando sanearlo sin éxito (Art. 363 párrafo tercero de CPP); ii.- Que el vicio tampoco sea posible tenerlo por subsanado; iii.- Que el vicio sea de aquellos que tenga como sanción legal la nulidad de la actividad que lo contiene (Art. 362 CPP), planteados como motivos para recurrir.- Los dos primeros requisitos no serán necesarios cuando el defecto se produzca en la sentencia, pues la única forma de protesta sería el mismo recurso de casación. Además de los requisitos señalados, el recurrente debe tener presente que la instancia impugnativa en casación está munida de importantes recaudos formales determinados por la ley que deben de cumplirse en su interposición (Art. 363 párrafo tercero CPP) y que pueden ser de diferente naturaleza en atención al defecto procesal denunciado (Art. 362 CPP); ello se debe a que se trata de un recurso extraordinario, que tiene como fin auditar la legalidad de la sentencia y por ende de una gran exigencia técnica. Es de esta forma que con la individualización del motivo se dan las siguientes consecuencias: a. La competencia de la Sala de lo Penal queda circunscrita a los aspectos objetos de impugnación (Art. 350 CPP); b. Es inaplicable el principio Iura Novit Curia, al no poderse suplir las omisiones del recurrente; y Es posible la concesión parcial del recurso, cuando la razón solo aparezca en parte de lo alegado en el motivo. Único Motivo • Norma autorizante: artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. • Norma procesal que se denuncia infringida: artículo 202 del Código Procesal Penal. • Concepto de la infracción: Inobservancia a las reglas de la sana crítica. • Reclamación ex-ante: por haberse producido el vicio en el acto mismo de sentenciar, no ha podido efectuarse reclamación alguna. • Pretensión: sin determinar por la censora Explicó el recurrente que, la prueba de cargo evacuada como ser la declaración de Emilia Henríquez y Keydi Navarro en los folios 26 al 38, manifestando que existía un canal de selectividad rojo y que fue lo que dio como consecuencia, porque es en base al sistema automatizado de aduana, no se puede confundir el canal rojo como la alerta sobre la mercancía, de acuerdo al manual de procedimientos aduanero; prueba documental 7, refiere una certificación como las copias de documentos.; por lo que la apreciación del Tribunal en la valoración de la prueba ha infringido el postulado de la derivación integrado por el principio de razón suficiente. Del Principio de Debida Técnica en el Recurso de Casación Penal El Código Procesal Penal prevé que en contra de las resoluciones definitivas dictadas por los Tribunales de Sentencia procede interponer recurso de casación, cuyo objeto por una parte es velar por el respeto del Principio de Legalidad, con la correcta aplicación de normas constitucionales, normas penales sustantivas y normas procesales y por otra parte la unificación de los criterios legales en el sistema jurisdiccional del Estado mediante la definición de la doctrina legal. Importante es recordar que conforme a las normas del Código Procesal Penal se ha eliminado lo que antes era la fase de admisión del recurso, que consistía en un examen preliminar que se hacía de éste a efecto de resolver si era admitido o no para su estudio de fondo; tal cambio obedece al cumplimiento del artículo 25.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, que establece que: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales…”. Para lo cual los Estados parte se han comprometido: “a) A garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) A desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y c) A garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.”. Ahora bien, tal disposición convencional no exime al recurrente de cumplir con requisitos legales establecidos en aras de que el Tribunal de Casación pueda dar una respuesta pertinente, propia y útil al conflicto jurídico que se plantea, siendo éstos: a. Legitimidad Objetiva: Existencia de un derecho impugnatorio, para lo cual se requerirá que la ley procesal determine que la resolución puede ser impugnada vía recurso de casación. b. Legitimidad Subjetiva: Que la recurrente esté legitimado a impugnar la resolución por causarle agravio lo resuelto por el revés (total o parcial) al interés jurídico en conflicto como consecuencia de una infracción a la ley; y Satisfacción de Requisitos de Interposición: La recurrente deberá observar los requisitos de lugar, tiempo, modo y forma de interponer el recurso, pues éste sigue siendo un acto procesal sujeto a la observancia del debido proceso y respeto a los derechos fundamentales de todas las partes contendoras. El recurso de casación es la manifestación expresa de una de las partes de no encontrarse conforme con lo resuelto por el Tribunal de Sentencia por contener un vicio (de fondo o de forma), que debe ser corregido, siendo ésta su pretensión; la recurrente debe necesariamente individualizar la resolución que contiene el o los vicios, su deseo de impugnarla mediante el recurso de casación y el tipo de recurso que se interpone. Además, el recurso de casación debe estar debidamente motivado con la identificación, explicación y demostración del vicio: 1. Identificación del Vicio/Motivo/Recurso: Al momento de la interposición de un recurso de casación, el recurrente deberá señalar en primer término el tipo de recurso de casación, seguidamente el motivo en que lo fundamentó en los casos de Infracción de Ley y Quebrantamiento de Forma (el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional es ordinario) y luego el vicio que denuncia. Ante una resolución definitiva emitida por el Tribunal de Sentencia, el recurrente deberá identificar si existe vicio que justifique la impugnación de aquello resuelto que le causa agravio; el vicio es el defecto de ley concreto y material que contiene la resolución y cuya corrección es la que persigue mediante el recurso; hecho esto, el recurrente deberá encuadrar el vicio en uno de los motivos previstos en la ley como aquellos autorizados para presentar impugnación. Los motivos son enunciados abstractos de posibles vicios que puede contener la resolución, previsto por la ley procesal, operando éstos bajo el sistema de Numerus Clausus, por tanto no es posible alegar vicios cuyos motivos no estén taxativamente señalados, salvo en el caso del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, en cual opera bajo el sistema de Numerus Apertus, siempre que se alegue un vicio relacionado material o formalmente con la decisión adoptada por el A-quo; la identificación del motivo de casación lleva al recurrente a derivar el tipo de recurso de casación a interponer. La ley procesal prevé tres tipos de recursos de casación: i) Recurso de Casación por Infracción de Ley, cuyo objeto es la denuncia de vicios In Iudicando; ii) Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, mediante el cual se denuncias vicios In Procedendo; y iii) Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, mediante el cual se pueden denunciar vicios In Iudicando o In Procedendo, contenidos en las normas fundamentales. El proceso de identificación se cumple cuando el recurrente señala: i) El tipo de Recurso de Casación; ii) La norma autorizante del recurso que identifica el motivo mediante el cual se denunciara el vicio; el motivo debe ser de aquellos previstos a ser planteados por el tipo de recurso elegido; iii) Norma o doctrina legal infringida, cuya indebida aplicación o inobservancia provoca la existencia del motivo; iv) Concepto de la Infracción, que es el enunciado sobre el vicio concreto observado, que debe ser consecuente con el motivo elegido; y v) Aplicación pretendida: es la aplicación o interpretación que se pretende de la norma o doctrina legal infringida o mal aplicada. Explicación del Vicio: Es ineludible para el recurrente su deber de explicar en qué consiste el vicio que produce la resolución que se impugna, y como éste se subsume en uno de los motivos previstos en la ley. La explicación debe ser clara y precisa: la claridad radica en la exposición del vicio de manera individualizada y separada, descomponiendo sistemáticamente todas sus aristas hasta desentrañar sus aspectos más básicos; la precisión implica la no mutación del alegato a aspectos ajenos al vicio que se ha identificado. La ley procesal exige en el artículo 363 del Código Procesal Penal que cada motivo debe ser planteado de manera separada, ello se justifica por la necesidad de individualizar de manera concreta y precisa cada agravio, por lo que su inobservancia mella en la efectividad del recurso. Recordemos que el artículo 350 del Código Procesal Penal prohíbe al órgano jurisdiccional que resuelve un recurso, pronunciarse sobre aspectos distintos a los que se hayan planteado dentro de la impugnación y para ello entonces, se requiere que dicha impugnación sea clara en cuanto al vicio, pues la falta de claridad pone en riesgo al Tribunal de Casación de hacer pronunciamiento de algo distinto de lo que realmente se está impugnando, siendo entonces lo consecuente declarar sin lugar el motivo, cuando la falta de claridad sea absoluta. Demostración del Vicio: El recurrente, aun cuando haya identificado el vicio, explicado en que consiste el mismo, no verá prosperar el recurso si no demuestra su existencia; ello solo se puede hacer cuando se hace la debida confrontación entre el aspecto contenido en la sentencia o resolución impugnada y la norma o doctrina legal que revela la contrariedad y la explicación de la aplicación que debió hacerse de dicha norma y que es la pretensión que se persigue con el recurso, es decir cómo considera la recurrente que debió haber sido aplicada la norma o por qué no debió haber sido aplicada. El vicio debe ser relevante, debe superar los aspectos meramente formales pasando a ser un aspecto material que interfiere en la legalidad de la resolución y que justifica la impugnación. Por todo lo anterior, mediante doctrina legal de esta Sala de lo Penal, se ha establecido que aun cuando en el planteamiento de un Recurso de Casación se presentasen errores de forma (Cita de precepto autorizante, norma infringida, concepto de la infracción de manera individualizada y diferenciada, aplicación pretendida) o incluso en algunos casos, errores en la exposición de conceptos jurídicos, ello no podría significar el rechazo Ad Portas del conocimiento del recurso, siempre que aun a pesar del desacierto pueda entreverse cuál es el concepto de la infracción, dando respuesta en la medida y extensión de la coherencia, claridad y precisión de los argumentos recursivos con la naturaleza del recurso planteado; el único caso en donde el Tribunal de Casación no podría dar respuesta a un recurso sería cuando éste fuese presentado en grado tan confuso que no sea posible, aun con un gran esfuerzo, deducir cual es el sentido del reclamo que realiza la recurrente, pues ello podría acarrear violación del artículo 350 del Código Procesal Penal, tal y como se ha explicado Ut Supra. (Así establecido en las sentencias de Sala de lo Penal del 29 de abril de 2014 en Exp 348-2011; del 27 de mayo 2014 en Exp 057-2012; del 04 de febrero de 2014 en el Exp 439-2011; del 23 de octubre de 2013 en Exp 172-2011; del 17 de septiembre de 2013 en Exp 228-2011, entre otras.). De la Procedencia del Recurso. El Motivo no es de Recibo. Para que esta Sala de lo Penal ha resultado totalmente difícil dar respuesta al recurso presentado por la recurrente, pues no ha utilizado la técnica recursiva para fundamentar su impugnación. Ya esta Sala de Casación ha plasmado dentro de su doctrina legal, que los recurrentes deben cumplir con ciertos requisitos para que se proceda a resolver su impugnación, requisitos que han sido plasmados en el apartado anterior. Es de tener presente que conforme la naturaleza del recurso de casación resulta irrelevante el criterio que pueda generar la prueba al Ministerio Público, al acusador privado, a la defensa, etc. e inclusive al propio Tribunal de Casación; lo que consideren las partes o la Sala de lo Penal que debió haber sido la valoración de la prueba no es vinculante, sino que lo determinante es el criterio probatorio contenido en los razonamientos judiciales del Tribunal de Sentencia y si éstos fueron construidos en respeto a las reglas de la sana crítica; ergo el motivo de casación debe concentrarse única y exclusivamente en demostrar que el criterio (valoración intelectiva) del juzgador fue erigido con inobservancia de esas reglas y principios que componen el recto entendimiento humano y no tratar de superponer otra valoración que se considera más propia. La Sala de lo Penal ha señalado que en casación, como única instancia, solo puede hacer un análisis, y en su caso, censura del proceso intelectivo de la sentencia cuando ésta contenga razonamientos que riñan con las reglas de la sana critica; debe entenderse entonces que el foco de estudio no es la prueba, no es lo que dejó de acreditar o acreditaron los medios probatorios (valoraciones de instancia), sino el razonamiento plasmado por los jueces y los cuales les llevaron a construir los hechos declarados probados. Como consecuencia de lo anterior la exactitud en la confección del recurso de casación por quebrantamiento de forma, tratándose de violaciones a las reglas de la sana crítica debe ser alta: se requiere: i. Identificación del razonamiento judicial vicioso; ii. La identificación de la regla de la sana crítica que se considere violentada; iii. Exposición del porqué el razonamiento judicial (no la prueba) contiene un vicio de inobservancia o de mala aplicación de la regla de la sana crítica, llegando a su demostración y finalmente; iv. la explicación del porqué dicha violación tiene una repercusión negativa en la decisión adoptada por el tribunal. Es un trabajo técnico, bastante preciso, pues a cada razonamiento judicial señalado como vicioso debe hacerse el examen sobre su propiedad y además se debe explicar por qué la conclusión judicial malograda es relevante para la decisión final y por ello dicha decisión fue indebidamente adoptada. La recurrente al establecer meros argumentos de instancia, ha pretendido revalorizar la prueba y darle el valor probatorio que ella considera, por ejemplo, utilizó expresiones tales como: • “…sin embargo al no existir una solicitud para que esto se justifique o Justificación de parte del transportista, o el representante de la aduana, nuestro representado al momento que declaro él dijo las razones por las que pudo haberse dicho que había sobrante o faltante, sin embargo como son dos contenedores del mismo importador, es posible que los cargadores al momento de cargarlo, lo hayan metido en otro, en todo caso si faltaran caja, no tiene problemas, ya que los impuestos fueron cancelados por adelantado, incluso el manual dice si hay sobrantes se puede declarar en abandono, si fue así donde está la declaración de abandono que la aduana haya hecho, tal vez por los analistas financieras y no lo demostraron...” • “…porque dicen que hay formatos pero que, si existen pero que no los firmo la testigo Keydi Navarro, pero los firmo el jefe de Aforo, y no lo pudo probar el Ministerio Publico porque no existen en el procedimiento, el manual de procedimiento que esta como medio probatorio” • “… sin embargo el Ministerio Público ha querido confundir al Tribunal, cuando había dicho que su representado no entiende lo que es el método de mercancía idénticas o similares y el idioma castellano dice cuando es la diferencia entre uno o y una.” • “… sin embargo las testigos no dijeron de donde sacaron el precio para llegar a la cantidad de 4 millones de defraudación al fisco, dejando la duda cual es el precio real para establecer esa cantidad de defraudación y en la pregunta si era mayorista o minorista, porque hay diferencia.” • “Entendemos que el Ministerio Publico trato de confundir al Tribunal porque dicen que mercancías similares o idénticas no son lo mismo, el manual lo tiene como si fuera lo mismo, la declaración de nuestro defendido fue amplia donde dijo que el ajuste era de 50 centavos, según medio de 'prueba 3 constancia emitida por Keydi Navarro, donde ratifica el informe para acreditar que el canal de selectividad esta cancelado” • “…por lo tanto hemos probado que nuestro defendido no ha evadido impuestos, que no hay complicidad que el Ministerio Publico haya podido comprobar entre nuestro representado y el importador para defraudar al fisco.” • “Ahora bien Honorables Magistrados nos sorprende el hecho que el Tribunal Sentenciador para emitir un fallo condenatorio haya tomado como sustento valorativo las declaraciones de los testigos mencionados.” • “Considera la defensa que todo este conjunto de circunstancias que se dieron en el debate no nos permite tener una certeza jurídicamente válida sobre la participación dolosa de mis representado, ni los cuerpos investigativos realizaron una investigación profunda, por lo que a la prueba testifical y documental la consideramos como no concluyente para tener una certeza que hubiera permitido emitir una sentencia objetiva como debió haber sido y que la prueba de cargo hubiera sido una prueba contundente como para condenar a mi representado” El recurso contiene análisis probatorio y no análisis de los razonamientos judiciales; la impugnación se apoya en su mayoría en argumentos construidos en torno a lo que considera la recurrente no se logró probar con la prueba, lo que solo podría constatarse mediante una revalorización de la carga probatoria a realizarse mediante la lectura del contenido de la prueba, pero además se tendría que censurar la valoración hecha por el a-quo y reemplazarla por la valoración de la Sala de Casación; en otras palabras, la Sala de lo Penal tendría que convertirse en tribunal de segunda instancia. Esto nos lleva a afirmar que el recurrente acude a esta única instancia con el objeto de conseguir un reexamen o revalorización (revisio de facto) de la actividad probatoria, como medio de atacar el juicio valorativo hecho por el tribunal, pretendiendo que los jueces de casación, sin contar con inmediación (entre otros principios faltantes), valoren un medio de prueba determinado, extraigan conclusiones probatorias y las impongan en la sentencia. El defecto de interposición de recurso es insalvable, por lo que debe de ser desestimado. Decisión Se declara no ha lugar el recurso de casación por quebrantamiento de forma en su único motivo interpuesto por la Defensa Pública. De La Aplicación Retroactiva Del Código Penal Decreto 130-2017 Principio de Legalidad El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra declarado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y regulado en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal 130-2017 en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento del juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución Política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Reglas Generales de Ponderación de la norma más favorable que define el NCP 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigor del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo código sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP).- Por tanto, la ponderación tendrá una variante a depender de la instancia en que se haga: 1. En la primera instancia, al momento del juzgamiento por el tribunal de primera instancia, la ponderación de los cuerpos normativos parte de la comparación de las penas abstractas, pero sin dejar de tener en consideración la total de los cuerpos normativos como un todo; o 2. En la segunda o única instancia, al resolverse un recurso devolutivo interpuesto en contra de sentencia definitiva la ponderación se realizará entre la pena concreta impuesta y la pena abstracta que corresponda para el mismo hecho e igualmente reparando respecto a la totalidad de los cuerpos normativos. En ambos casos el proceso de ponderación se realiza siguiendo las reglas que se señalan en este apartado. Es importante insistir que la ponderación de la norma más favorable deberá de realizarse al momento del juzgamiento en primera instancia, en segunda instancia o en única instancia; por ello no es procedente aplicación retroactiva en estadios previos del proceso, como ser la audiencia de declaración de imputado, la audiencia inicial, la audiencia preliminar o en la etapa de saneamiento de la etapa de juicio. El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibida la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017; a tal consideración se le suma las siguientes: 1. Penas Conjuntas: No procede la ponderación parcial de penas principales; la ponderación deberá de realizarse tomando en consideración todas las penas conjuntas impuestas por los mismos hechos (Art. 617 NCP); 2. Penas privativas de Libertad: No se realizará aplicación retroactiva del NCP cuando la pena privativa de la libertad (reclusión) con todas sus circunstancias, impuesta de conformidad con el VCP 144-83, fuese también imponible con arreglo al NCP 130-2017 (Art. 616).- Ello ocurre cuando la pena concreta impuesta se encuentre dentro marco abstracto de la pena que para el mismo hecho se deba de imponer de conformidad con el NCP 130-2017 (Art. 621); 3. Pena de Multa: No se realizara aplicación retroactiva del NCP cuando la pena impuesta de conformidad con el VCP 144-83, sea la de multa y la que corresponda imponer conforme al NCP 130-2017, igualmente sea una pena de multa.- La aplicación retroactiva se realizara excepcionalmente cuando: a.- No se hubiese hecho abono alguno de la pena de multa impuesta de conformidad al VCP 144-83; y b.- la concreta cuantía impuesta conforme al VCP 144-83 no fuese posible imponer de acuerdo con el NCP 130-2017 desde una perspectiva abstracta (Art. 619); 4. Penas privativas de Derechos: Las penas principales de inhabilitación absoluta y especial se compararán atendiendo a la duración de la pena concreta impuesta en la sentencia y la máxima que pueda imponerse de conformidad con el NCP 130-2017 (Art. 620); 5. Medidas de Seguridad: Respecto a las medidas de ejecución impuestas de acuerdo con el VCP 144-83 que estén pendientes de ejecución o que estén siendo ejecutadas, deberán de ser objeto de revisión y adecuación de conformidad con las normas que regulan las mismas en el NCP 130-2017; (Art. 625). Reglas de Particulares de Ponderación por Concurso de Delitos y Por ausencia de Éste A nivel de punibilidad se regulan los concursos de delitos; ante la colisión temporal de normas sustantivas el juzgador llamado a resolver la acción penal interpuesta en base al rigor del VCP 144-83, deberá de establecer si existe o no concurso de delitos, identificar cual es el que concurre y luego hacer el cálculo de pena abstracta de conformidad a dicho concurso; seguidamente el juzgador deberá de hacer la ponderación de la pena más beneficiosa determinando si conforme a lo probado igualmente se aprecia un concurso según las normas del NCP130-2017, y de ser así deberá de proceder a calcular la pena abstracta, siendo el tercer y último paso la comparación de penas que deban de ser impuestas según cada código penal, reflejándose así cuál de ellos es el que debe de ser aplicado por ser más beneficioso para el procesado o reo. Lo descrito es un proceso general que tiene sus matices a depender cada uno de los concursos, lo que obliga hacer un estudio individualizado: A.- Concurso Ideal Cuando conforme a los hechos imputados se deba de aplicar un Concurso Ideal (Art. 67 en relación con el párrafo 6 del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: 1. Ponderación de la norma más favorable se realizará de manera global: comparación de la pena impuesta conforme al concurso ideal según las reglas del VCP144-83 con la pena que correspondería conforme las reglas del concurso ideal del NCP130-2017.- Es contra legem hacer una comparación individual de las penas que conforman el concurso ideal; 2. Cuando una de las penas concursadas corresponda a un delito despenalizado, primero se deberá hacer el nuevo cálculo de la pena agravada del VCP144-83 y luego hacer la comparación global con el NCP130-2017; comparación que debe de hacerse según se explicó en el numeral anterior; o 3. Si con el delito despenalizado desapareciere el concurso ideal, la comparación se deberá de realizar conforme las reglas de las penas no concursadas, que se explican más adelante. Es aplicable en la ponderación de penas impuestas al delito continuado la observancia de los límites de cumplimiento de pena conforme las reglas del concurso real: i.- Limite Subjetivo, ii.- Limite Objetivo Ordinario y iii.- Limite Objetivo Extraordinario, explicado igualmente líneas adelante. b.- Delito Continuado En el caso de que la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un delito continuado la ponderación debe hacerse en relación a la pena agravada y no respecto a las penas por cada delito; (Art. 617 NCP).- Al apreciarse un concurso continuado (Art. 68 en relación con el párrafo 6 del artículo 616 NCP) se procederá conforme a las mismas reglas señaladas previamente para el delito continuado. En los supuestos en donde conforme el VCP 144-83, corresponda aplicar un concurso real pero conforme el NCP 130-2017 se deba de aplicar un delito continuado, el juzgador deberá de proceder de la siguiente manera: En primera Instancia: i.- Primero se procederá a realizar el cálculo abstracto de las penas conforme el VCP144-83, las que serán tomadas globalmente, para luego comparar el mismo con el marco abstracto de la pena que corresponda en aplicación del delito continuado según el NCP130-2017, develándose así que código es el más beneficioso en su conjunto.- Recuérdese que la comparativa es global (suma de todas las penas abstractas) y no individual por cada pena; ii.- En caso de que lo anterior no defina cual es la pena más favorable, el juzgador deberá de proceder a la individualización de la pena concreta de conformidad con el VCP-144-83 y paralelamente a la individualización de la pena concreta de conformidad con el BCP130-2017, de cuya comparación se decidirá que codificación es la más beneficiosa; o 1. En Segunda Instancia y Única Instancia: La comparativa parte de la confrontación de las penas que en concurso real hayan sido impuestas en la sentencia impugnada en aplicación del VCP144-83, con el marco abstracto de la única pena que de conformidad al NCP-130-2017 deba de imponerse como consecuencia de la aplicación del delito continuado; así entonces: i.- Si las penas individualizadas en concurso real tomadas globalmente (la sumatoria de todas las penas), se encuentra dentro del marco abstracto de la pena del delito continuado, no se aplicará retroactivamente el NCP130-2017; ii.- Si las penas individualizadas en concurso real están fuera de la escala de la pena abstracta que deba de imponerse en delito continuado según el NCP130-2017, se aplicara la pena que le sea más favorable al procesado. c.- Concurso Real Los supuestos en donde la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un Concurso Real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: 1. La ponderación deberá de realizarse conforme al límite único de cumplimiento de pena que establece el artículo 35 del VCP 144-83 versus los limites objetivo ordinario o limite objetivo extraordinario, según corresponda, y luego de ello conforme al límite subjetivo que prevé el artículo 66 NCP 130-2017, debiendo excluir las penas de delitos que hayan sido despenalizados en la nueva normativa.- Es importante tener presente que ningún límite es preferente a otro y por tanto se aplicará el límite que marque menor pena; así entonces: a. Cuando entre en acción el Límite Objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá de realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al VCP144-83 y los límites del concurso real que regula el NCP130-2017, siguiendo los siguientes pasos: i.- Si ambas legislaciones determinan un mismo límite de cumplimiento, se aplicara el principio de identidad, es decir el VCP 144-83; y ii.- Si las legislaciones definen límites de cumplimiento distinto, se aplicara aquel que le sea más beneficioso al acusado o reo (ello sin perjuicio de lo que se señala en el siguiente literal); y/o b. Para hacer efectivo el Limite Subjetivo, que regula el NCP 130-2017 se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, develando así el límite máximo que puede cumplir el condenado: i.- Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años: la pena se adecuara a dicho límite de conformidad con lo señalado en el literal anterior; ii.- Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años; implica que el resultado matemático será el límite máximo de cumplimiento, el que deberá de ser objeto de comparación con el limite objetivo de cumplimiento del VCP144-83. 2. Cuando las penas consideradas globalmente no superasen ninguno de los límites a los que se refiere el numeral anterior, el juzgador procederá a realizar la comparación de las penas que corresponda en una y otra legislación: a. En primera instancia la comparación se realizará entre las penas abstractas definidas en cada cuerpo sustantivo; el tribunal sumara todas las penas abstractas que correspondan imponer en concurso real de conformidad con el VCP 144-83 y todas las penas abstractas que prevea el NCP130-2017, las cuales comparara.- Si de la comparación no es posible determinar cuál es más beneficiosa para el procesado, el tribunal deberá de proceder a realizar la individualización de las penas de cada delito primero conforme el VCP144-83 y después conforme el NCP130-2017, luego la suma global de dichas penas por cada código serán comparadas entre sí, determinando cual es el cuerpo normativo más beneficioso (siempre teniendo presente además el resto de las regulaciones normativas).- Finalmente, si aun con las penas individualizadas no existe claridad cuál en su conjunto es más beneficiosa para el acusado, el tribunal le consultara para que éste señale cual le favorece más. b. En segunda y única instancia la comparación se realizará entre la suma de todas las penas concretas impuestas en concurso real en la sentencia impugnada bajo el VCP 144-83 y la suma de todas las penas abstractas que define el NCP 130-2017.- De dicho resultado el tribunal resolverá: i.- Si las penas concretas en concurso real VCP 144-83 están dentro de la suma del margen abstracto de las penas del NCP 130-2017, no procederá la aplicación retroactiva de éste último; ii.- Si la suma de las penas concretas VCP 144-83 no se encuentra dentro del marco abstracto de la suma de penas en concurso real del NCP 130-2017, se aplicará el cuerpo normativo que fije comparativamente las penas más leves, sin dejar de tener en consideración el resto de disposiciones de cada codificación para efectos comparativos; iii.- Si el concurso real está compuesto por Penas Conjuntas, en donde algunas de ellas sean más beneficiosas y otras más gravosas respecto a la comparación hecha con el otro cuerpo legal; el órgano jurisdiccional deberá de tomar como pena definitoria de aplicación la pena de privación de libertad, a menos que el propio acusado señale que a su conveniencia deba de tomarse las otras penas como definitorias.- Ejemplo de esto último sería un concurso real con pena global de reclusión por 25 años y multa por L. 700,000.00 conforme el VCP 144-83 y por otro lado una pena de prisión de 17 a 20 años y multa de L. 1,000,000.00 a L. 5,000,000.00 conforme el NCP 130-2017, caso en donde la pena privativa de libertad deberá de definir el código penal a aplicar, siempre que además los beneficios penitenciarios que regule ese mismo código fuesen igualmente más favorables. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i.- Limite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii.- Limite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii.- Limite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años.- Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos limites no se observaran cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. d.- Concurso Medial El concurso medial constituyó una institución penal por muchos años, reglada por el artículo 36 del VCP 143-83, misma que desaparece en el NCP 130-2017.- Por tanto, cuando conforme los hechos imputados en base al VCP144-83 deba de aplicarse un Concurso Medial (Art. 66 en relación con el párrafo séptimo del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: 1. Se realizará la comparación global de la pena que corresponda en concurso medial según el VCP144-83 con las penas que correspondería aplicar en concurso real conforme al NCP130-2017, en consideración a los limites subjetivo, objetivo ordinario y objetivo extraordinario, del que hemos hablado en el apartado anterior; 2. Es improcedente hacer comparación individual de las penas que conforman el concurso medial del VCP144-83 y las penas en concurso real del NCP130-2017; 3. Cuando una de las penas corresponda a un delito despenalizado, haciendo desaparecer el concurso Medial, la comparación se deberá de realizar conforme las reglas de las penas no concursadas, lo que se aborda en el apartado siguiente. e.- Penas Conjuntas No Concursadas Finalmente, cuando corresponda imponer a una persona una Pena No Concursada, se procederá a la comparación de la pena concreta o de las penas conjuntas (en su caso) impuesta conforme VCP144-83 con la pena abstracta (o penas conjuntas) que correspondan según el NCP130-2017, bajo las siguientes reglas: • Si existe coincidencia en la naturaleza de las penas contempladas como sanción en ambas legislaciones: i.- no procederá la aplicación retroactiva cuando la nueva legislación prevea una pena más grave que la anterior legislación; ii.- no procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada impuesta conforme el VCP144-83 se encuentre dentro del margen abstracto del NCP130-2017; iii.- procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada sea más grave en comparación con el margen abstracto previsto en la nueva legislación; • Si el hecho definido como delito tiene previstas Penas Conjuntas (varias penas principales, siendo una de ellas la privativa de libertad) donde una de ellas es más beneficiosa y la otra es más gravosa en comparación con el otro cuerpo legal, el órgano jurisdiccional deberá de tomar como pena definitoria de aplicación la de privación de libertad, a menos que el propio acusado señale que a su conveniencia deba de tomarse las otras penas como definitorias.- Ejemplo de esto último sería pena de reclusión por 9 años y multa del 10% de lo defraudado equivalente a L. 50,000.00 conforme el VCP 144-83 en comparación con una pena de prisión de 2 a 3 años y multa 400 días multa equivalente de hasta L. 2,000.000.00 por defraudación a las telecomunicaciones, caso en donde la pena privativa de libertad deberá de definir el código penal a aplicar, siempre que además los beneficios penitenciarios que regule ese mismo código fuesen igualmente más favorables; o 1. Si la sanción impuesta conforme el VCP144-83 es de distinta naturaleza a la prevista en el NCP130-2017, se procederá a hacer una ponderación en atención al caso concreto, incluyendo la situación personal del condenado/a, para determinar cuál de ellas le es más beneficiosa y con esto si procede o no la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal.- En caso de requerirse estudios para determinar cuál de las sanciones es más beneficiosa, éstos deberán de ser ordenados por el Tribunal previo a la decisión. Finalmente, si aun con los estudios realizados no existe claridad cuál de las penas es más beneficiosa para el acusado, el tribunal le consultara a éste para que señale la que más le favorece. Escrito Suplementario Señala el artículo 624 del del Código Penal 130-2017 que, en el trámite de un recurso contra una resolución definitiva, las partes podrán presentar un escrito suplementario a efecto de que el tribunal ad-quem lo tome en consideración al momento que corresponda hacer la ponderación de la norma penal más favorable entre el Código Penal vigente al momento del hecho (CP 144-83) y el Código Penal vigente al momento del juzgamiento (CP 130-2017). En el presente caso ninguna de las partes se ha pronunciado al respecto, por lo que de oficio esta Sala de lo Penal procede a realizar el estudio. D. Ponderación en el caso concreto El Tribunal de Sentencia, basado en el Código Penal decreto 144-83, declaró responsable al acusado Dionicio Gutierrez Perdomo, de los delitos de Defraudación Fiscal y Violación de los Deberes de los Funcionarios vistos en concurso ideal y le impuso una pena de Nueve años, tres meses de reclusión y además le impuso una multa de 1,176,847.36 Lempiras; impuso también las penas de inhabilitación absoluta, la interdicción civil; de igual forma se hizo la declaratoria de responsabilidad civil derivada del delito. El decreto legislativo 130-2017, en su artículo 499 numeral 2 regula el delito de Violación de los Deberes de los funcionarios con una pena de 3 a 6 años de inhabilitación para empleo o cargo público; y el artículo 431 establece el delito de Defraudación Fiscal, el cual tiene regulada una pena de 6 a 10 años de prisión, ya que el valor de lo defraudado excede los 250,000.00 lempiras y con una pena principal de multa del 140% del valor de lo defraudado. En virtud que el Tribunal de Sentencia lo consideró como un concurso ideal, éste se encuentra regulado en el artículo 67 del nuevo código penal, que supone la imposición de la pena correspondiente al delito o falta que tenga señalada la pena más grave aumentada en 1/3; en el presente caso correspondería a la pena del delito de Defraudación Fiscal; por lo que las acciones cometidas por el acusado Dionicio Gutierrez Perdomo visto en concurso ideal, tendría una pena abstracta que quedaría en 10 años a 13 años 4 meses de prisión y la pena de multa que se aumenta en un 140% correspondería a 3,295,171.74 lempiras. Al hacer el comparativo de penas es posible detectar que el nuevo código penal no le favorece al ahora encartado pues tiene señalada una pena mayor que la establecida en el decreto legislativo 144-83, por lo que, lejos de beneficiarlo le perjudica. Por Tanto La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 82, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 202, 338, 359, 362, 363 y 369 del Código Procesal Penal; 66 y 616 del Código Penal decreto 130-2017. Falla: Primero: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo interpuesto por la Abogada Orbelina Ferrera, en su condición de defensora pública del señor Dionicio Gutierrez Perdomo, como responsable a título de autor, de los delitos de Defraudación Fiscal y Violación de los Deberes de los Funcionarios (vistos en concurso ideal), en perjuicio de la Administración Pública y El Fisco. Segundo: Declara la no procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal decreto130-2017. Tercero: Declara Firme y Ejecutable la sentencia de fecha veintiséis de julio de dos mil dieciocho, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, departamento de Cortes. Y manda: Que la Secretaría del despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. Redactó Magistrado Miranda Sabio. Notifíquese. Firmas y Sello. Walter Raul Miranda Sabio. Magistrado Coordinador. Nelson Danilo Mairena Franco. Magistrado. Mario Rolando Diaz Flores. Magistrado. Firma y Sello. Rina Koritza Sandoval Navas. – Receptora Adscrita Sala de lo Penal.” Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a veintiocho días del mes de septiembre de dos mil veintitrés. Certificación de la Sentencia dictada a los dos días del mes de agosto del año dos mil veintitrés, recaída en el expediente de casación con número de ingreso SP-121-2019.

Wily Alexander Medina Perez

RECEPTOR ADSCRITO SALA DE LO PENAL