Sentencia CP-110-17 — Registro 17712
Resumen
En primer instancia se condena a los imputados por el delito de Robo de Vehículo Agravado, se condena a uno de los imputados por el delito de atentado y se absuelve a otro. Procede la aplicación retroactiva de la ley penal.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."El recurso no es de recibo. Esta Sala observa que el recurrente basa su primer motivo de casación por quebrantamiento de forma en que la resolución se fundamenta en medios o elementos probados no incorporados legalmente al juicio. Alega concretamente que el Tribunal de Sentencia fundamentó la identificación de los imputados, debido a un medio de prueba no evacuado en el juicio de reconocimiento realizado en las instalaciones de la policía, que se practicó sin las formalidades legales y en ausencia de juez de garantía y defensor. Refiere que el reconocimiento realizado en las oficinas de la Policía no fue un medio de prueba evacuado o incorporado en el juicio oral y público, pero el Tribunal de Sentencia lo ha valorado, para dictar sentencia en contra de los imputados Darwin Osmani Discua Rosales y Manuel Antonio Aguilar por los delitos de Robo de Vehículo y Robo del Café. Esta Sala considera que, en el presente caso, no ha sido admitida, evacuada ni valorada prueba ilegalmente obtenida para que el tribunal de juicio dictara sentencia. La identificación y no un reconocimiento de los acusados Darwin Osmani Discua Rosales y Manuel Antonio Aguilar por parte de los Testigos Protegidos XV14 y XV15, se ha dado en forma casual y espontánea y posterior a los hechos en sede policial, dada la denuncia, inmediata investigación, captura y recuperación de los objetos sustraídos a los ofendidos llevada a cabo por la autoridad policial, captura practicada con base en la descripción física de los partícipes del hecho ilícito, características de los vehículos y objetos sustraídos a los ofendidos, horas más tarde, siendo capturado Darwin Osmani Discua Rosales en el mismo lugar donde se encuentra la carga de café sustraída, recuperando el vehículo sustraído en una casa de habitación de un lugar aledaño, y Manuel Antonio Aguilar en posesión del aparato celular propiedad de uno de los ofendidos. Es decir, que la detención de los acusados Darwin Osmani Discua Rosales y Manuel Antonio Aguilar se da en situación de flagrancia, el primero en el lugar donde ocultaban la carga de café sustraída; y el segundo de los acusados, quien al ser requerido por la autoridad opone resistencia y dispara un arma de fuego causando una herida en la espalda al agente Policial Fabián Andrés Andrés siendo encontrado en posesión material del aparato celular propiedad del ofendido. Esta Sala considera que el juzgador deduce la participación de los acusados Darwin Osmani Discua Rosales y Manuel Antonio Aguilar en los hechos de que se les acusa, en virtud de haber sido detenidos, en posesión de los objetos sustraídos a los ofendidos, por haber observado que la descripción física dada por Testigos Protegidos XV14 y XV15, se ajusta perfectamente a las características físicas de los acusados, y debido a la identificación espontánea de los acusados en sede policial. Si bien, en este caso, no se práctica un medio de prueba idóneo para identificar a un acusado, como lo es un reconocimiento en rueda de detenidos, esta Sala considera que la identidad de los acusados Darwin Osmani Discua Rosales y Manuel Antonio Aguilar y su participación en los hechos ilícitos no se ha puesto en duda durante el juicio, por haber sido detenidos por la autoridad policial en situación de flagrancia. Esta Sala concluye por las razones expuestas que, la identificación espontánea de los acusados Darwin Osmani Discua Rosales y Manuel Antonio Aguilar por parte de los Testigos Protegidos XV14 y XV15 en sede policial no vicia el procedimiento, ni constituye un medio de prueba ilegalmente incorporado a juicio, por lo que el alegato del recurrente es desestimado..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
.."El recurso no es de recibo. El recurrente funda su motivo único de casación por quebrantamiento de forma en la violación de las reglas de la sana crítica, en lo atinente al principio lógico de derivación, en la valoración de la prueba de cargo, por considerar que con los testimonios de cargo y medios de prueba documentales, como ser acta de reconocimiento de objeto, acta de registro personal, acta de decomiso, acta de entrega de vehículo, acta de inspección y álbum fotográfico, no se demuestra la participación de los imputados en dicho evento, debido a que no se realizó decomiso a los imputados del vehículo que fue objeto del robo, y uno de los imputados es capturado casi diez horas después de haber ocurrido el robo, por lo que no cabe deducir que se encontraban en el lugar y el momento del despojo violento del vehículo y de los dieciséis sacos de café. Esta Sala observa que, con la prueba de cargo consistente en la declaración de los Testigos Protegidos XV14 y XV15, declaración de los policías que participaron en el proceso de investigación, captura y recuperación de los objetos provenientes del delito de Robo de vehículo y de su carga consistente en dieciséis sacos de café, además de la prueba documental consistente en acta de reconocimiento de objeto, acta de registro personal, acta de decomiso, acta de entrega de vehículo, acta de inspección y álbum fotográfico, entre otros es prueba de cargo útil y suficiente para de ella concluir acerca de la participación de los acusados Darwin Osmani Discua Rosales y Manuel Antonio Aguilar en los hechos de que se les acusa, en virtud de que la policía encuentra al acusado Darwin Osmani Discua Rosales sentado sobre los sacos de café sustraídos quien al percatarse de la presencia policial logra escapar por el techo de la vivienda: y el señor Manuel Aguilar quien al ser requerido por la policía ejecuta varios disparos uno de los cuales impacta en el agente de policía Fabián Andrés Andrés, el que es trasladado a un centro de asistencia médica para ser atendido, siendo capturado a esa hora como a las diez de la mañana únicamente el señor Darwin Discua; y, en horas de la tarde como a eso de las tres, de ese mismo día en La Aldea de Jarin, el señor Manuel Antonio Aguilar, quien al practicársele un registro personal se le encuentra el teléfono celular que portaba el testigo protegido XV15. Por lo anterior, esta Sala considera que el juzgador ha llevado a cabo un análisis armonioso, racional y completo de la prueba de cargo agregada al juicio, por lo que no ha infringido en manera alguna las reglas de la sana crítica, al principio lógico de derivación, siendo procedente desestimar el segundo motivo de casación de quebrantamiento de forma invocado por el recurrente.."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362, Numeral 3 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."El recurso no es de recibo. Observa esta Sala de lo Penal que el recurrente no ha utilizado la técnica recursiva adecuada para hacer valer su impugnación; establece en su motivo casacional que se violentó una garantía constitucional contenida en el artículo 61 de la Constitución de la República, referente al derecho de igualdad ante la ley. El Censor centra su argumento estableciendo en el presente caso de que a los imputados no se les dio trato igual ante la ley, ya que sus testigos fueron desvalorados en la que el Tribunal Sentenciador establece en su valoración: “Es comprensible que traten de justificar al encausado…ya que se trata de una amiga, de su compañera de hogar y abuela.” En relación con la prueba testifical del Ministerio Público, ya que el Tribunal de Sentencia apoya la sentencia en esa prueba de cargo, violentando de esa manera el derecho de igualdad ante la ley, que ampara a los acusados Darwin Osmani Discua Rosales y Manuel Antonio Aguilar dado que los criterios de credibilidad y verosimilitud de los testigos no vienen dados en razón al material documental que sirva de sustento, sino por la armonía y coherencia externa e interna del testimonio. Esta Sala de Casación considera que, si la intención era denunciar la violación de una garantía constitucional como es el derecho de igualdad, el recurrente no ha utilizado la vía recursiva adecuada, pues el recurso de casación idóneo para la revisión de la infracción de garantías que dejó de aplicar el Juzgador, debe ser impugnada a través del recurso de casación por infracción de precepto constitucional y no por el recurso por quebrantamiento de forma. Así las cosas, considera esta Sala de lo Penal que debe desestimarse este motivo de casación..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 361 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
.."El recurso no es de recibo. Esta Sala observa que el recurrente radica su cuarto motivo de casación por quebrantamiento de forma en que la sentencia recurrida carece de motivación suficiente. Centra su reproche recursivo en que el sentenciador condena a los acusados con un medio de prueba ilegal no evacuado en el debate y no hay medio de prueba que incrimine a los imputados en el hecho. La prueba documental de acta de reconocimiento de objeto, acta de registro personal, acta de decomiso, acta de entrega de vehículo, acta de inspección y álbum fotográfico, demuestra únicamente la existencia de un robo. El vehículo y el café fueron encontrados en lugares diferentes. Uno de los imputados fue detenido a más de ocho horas de ocurrido el hecho. Los testigos protegidos en ningún momento realizaron un reconocimiento de los imputados bajo la tutelo judicial, por lo que no hay motivación fáctica para sustentar la sentencia condenatoria recurrida, salvo por la identificación realizada por los testigos protegidos, cuya supresión hipotética se solicita. Esta Sala reitera que debe distinguirse entre la falta de motivación de la simple insuficiencia de motivación, que no deja a la resolución privada de fundamentos eficaces, por lo que el pronunciamiento es fulminado con la nulidad únicamente por el defecto de falta la motivación, y no cuando ésta sea solo imperfecta o defectuosa. Uno de los defectos más comunes que dejan el fallo sin motivación es cuando por motivación fáctica o jurídica contradictoria, vicio que se produce cuando el juzgador afirme primeroque algo es verdadero y más adelante concluya que eso mismo es falso, o cuando emita juicios de valor que introduzcan la duda o mediante consideraciones que oscurezcan el razonamiento. En la motivación del fallo que se impugna el juzgador no incurre en el vicio de falta de motivación fáctica, pues al valorar la prueba de cargo, consistente en la declaración de los Testigos Protegidos XV14 y XV15, declaración de los policías que participaron en el proceso de investigación, captura y recuperación de los objetos provenientes del delito, y la prueba documental agregada al juicio consistente en acta de reconocimiento de objeto, acta de registro personal, acta de decomiso, acta de entrega de vehículo, acta de inspección y álbum fotográfico, el juzgador la considera suficiente para derivar con certeza la participación de los acusados Darwin Osmani Discua Rosales y Manuel Antonio Aguilar en los hechos de que se les acusa. Por lo que el motivo de casación de quebrantamiento de forma, fundado en la insuficiencia de motivación fáctica, es desestimado"
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia recaída en el expediente del Recurso de Casación SP-110-2017, que literalmente dice: “Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiocho días del mes marzo del año dos mil veintitrés, el Pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Walter Raúl Miranda Sabio, en su calidad de Coordinador, Nelson Danilo Mairena Franco y Mario Rolando Díaz Flores, pronuncian En nombre del Estado de Honduras La siguiente sentencia en el Recurso de Casación SP 110-2017 por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha siete de diciembre del dos mil dieciséis, dictada por el Tribunal de Sentencia de Comayagua, Departamento de Comayagua, mediante la cual: Primero: Absolvió al señor Darwin Osmani Discua, del delito de Atentado, en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras; Segundo: Condenó a los señores Darwin Osmani Discua Rosales y Manuel Antonio Aguilar, por el delito de Robo de Vehículo Agravado, en perjuicio del señor José Andrés Doblado Flores, a la pena de diecisiete años de reclusión y por el delito de Robo Agravado, en perjuicio de José Andrés Flores Doblado a la pena de diez años de reclusión más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil, por el tiempo que dure la condena principal; Tercero: Condenó al señor Manuel Antonio Aguilar, por el delito de Atentado, en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras, a la pena de tres años de reclusión, más las penas accesorias de inhabilitación especial e interdicción civil por el tiempo que dure la condena principal; Cuarto: Declaró la responsabilidad civil de los condenados Darwin Osmani Discua Rosales y Manuel Antonio Aguilar; Quinto: No procede condenar en costas procesales, personales ni gastos ocasionados por el juicio; Sexto: No se decreta comiso de objeto alguno. SON PARTES: El Abogado Luis Fernando Maradiaga, en su condición de defensor privado de los señores Darwin Osmani Discua Rosales y Manuel Antonio Aguilar, como parte recurrente y la Abogada Marina Audely Varela, en su condición de fiscal del Ministerio Público, como parte recurrida. HECHOS PROBADOS: “Este Tribunal de sentencia de Comayagua valorando las pruebas practicadas en el acto del juicio oral, de acuerdo a las reglas de la sana crítica, declara expresa y terminantemente probados los siguientes hechos: PRIMERO: El día Domingo catorce (14) de Septiembre del año dos mil catorce (2014) como a eso de las siete de la mañana con clave XV14 Y XVI5, empleados del señor JOSE ANDRES DOBLADO FLORES, se conducían del municipio de Las Lajas, hacia el municipio de La Libertad en un vehículo Marca: Nissan tipo Pick Up, color Blanco, Año: 2013 Modelo 02 4x4, en donde transportaban Dieciséis (16) sacos de café y a la altura del sitio conocido como Rio Quirima se les atravesó un vehículo de donde bajan seis sujetos armados entre ellos DARWIN OSMANI DISCUA ROSALES Y MANUEL ANTONIO AGUILAR, quienes les ordenan que bajen del vehículo, acto seguido los encañonan y DARWIN OSMANI, baja a golpes al testigo protegido XVI4 y MANUEL ANTONIO AGUILAR también a golpes baja del vehículo al testigo protegido XV15, llevándolos hacia el interior de una maleza en donde los atan de las manos y les cubren los ojos y en seguida tres de los agresores se llevan el vehículo cargado de café y los otros hacen varias llamadas informando que todo estaba listo y que fueran a recogerlos, minutos después estos individuos les dicen a los testigos protegidos que no se muevan y que no los volteen a ver por qué ellos van a abandonar el sitio, enseguida se estaciono un vehículo el cual abordan estas personas y se alejan de ese lugar. SEGUNDO: Una vez que se han ido los captores, los testigos protegidos logran desatarse y buscan ayuda comunicándole lo sucedido a su patrón JOSE ANDRES DOBLADO, quien enseguida se desplaza para recogerlos y se trasladan hacia la estación policial de La Ciudad de Comayagua para interponer la denuncia de estos hechos por lo que resultado de las investigaciones policiales logran indagar que el café se encuentra al interior de una vivienda situada en La Colonia Las Colinas de esta ciudad y que en la misma vivienda se encuentra sentado sobre los sacos de café el señor DARWIN DISCUA, y al percatarse de la presencia policial, varios de los habitantes de la casa logran escapar por el techo de la vivienda y MANUEL AGUILAR ejecuta varios disparos y uno de ellos impacta en el agente de policía Fabián Andrés Andrés, quien fue trasladado a un centro de asistencia médica para ser atendido, escapando en ese momento MANUEL AGUILAR, por lo que a esa hora como a las diez de la mañana solo se logra dar captura a DARWIN DISCUA y en horas de la tarde como a eso de las tres, en La Aldea de Jarin, es detenido MANUEL ANTONIO AGUILAR, a quien se le práctica un registro y se le encuentra un teléfono celular que portaba el testigo protegido XV15 que le fue despojado por el señor Aguilar al momento de que los ofendidos son despojados del vehículo cargado de café en el que se conducían con testigo XV14, del seguimiento de las investigaciones se logra recuperar los sacos de café y el vehículo antes descritos.” RECURSO DE CASACION, MOTIVOS Y ARGUMENTOS El recurrente Abogado Luis Fernando Maradiaga, procedió a formalizar su Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, de la manera siguiente: “El recurrente abogado Luis Fernando Maradiaga, procedió a formalizar su recurso de casación por Quebrantamiento de Forma, de la manera siguiente: Primer motivo de casación: Se fundamenta el fallo en medios de prueba no incorporados legalmente al juicio, contenido este motivo en el artículo 362 numeral 2 del Código Procesal Penal. Explicación del motivo: 1. Puede apreciarse en la declaración de hechos probados (intangible para este motivo de casación) que el Tribunal de Sentencia da por verdad incuestionable que DARWIN OSMANI DISCUA ROSALES Y MANUEL ANTONIO AGUILAR son las personas que, el día 14 de febrero de 2014, proceden junto a cuatro personas más a despojar de manera violenta a los testigos protegidos XV14 y XV15 de un vehículo cargado de café. 2. Al Revisa el material probatorio propuesto y evacuado por el Ministerio Publico, podemos apreciar que no se evacuó ningún medio de prueba tendiente a que los testigos XV14 y XV15 pudieran, con las formalidades legales, identificar a los responsables del hecho acaecido el día 14 de febrero de 2014. 3. Aunado a lo anterior, los testigos protegidos XV14 y XV15 declararon dentro de la cabina o “biombo” de protección, por lo que en el desarrollo del Juicio Oral y Público dichos testigos, (XV14 y XV15) tampoco realizaron identificación alguna. 4. La identificación de los imputados por parte de los testigos XV14 y XV15 era de importancia, dado que eran estos los testigos que vivieron el robo el día 14 de febrero de 2014. 5. No obstante, lo anterior, el Tribunal de Sentencia fundamento la identificación de los imputados en el hecho probado, debido a un medio de prueba no evacuado en el juicio: un reconocimiento realizado en las instalaciones de la policía, mismo que se practicó sin las formalidades legales y en ausencia de Juez de Garantía y Defensor. Este extremo queda de manifiesto en la valoración de los medios de prueba que realiza el Tribunal de Sentencia, en la “Valoración Conjunta” en donde se hace una transcripción literal de las declaraciones de los testigos XV14 y XV15 y en su parte final establecen que: se vienen a interponer la denuncia, luego de eso les llaman que habían detenido a otro muchacho el cual regresamos a reconocerlo... 6. El reconocimiento realizado en las oficinas de la Policía no fue un medio de prueba evacuado o incorporado en el Juicio Oral y Público, de allí, que el Tribunal de Sentencia lo ha valorado (no existe un medio de prueba legalmente incorporado en el que los testigos XV14 y XV15 hallan identificado a los imputados), es motivo que sea declarado con lugar el presente recurso de casación. 7. El hecho que existan declaraciones de policías que establezcan hechos posteriores al Robo de Vehículo y Robo del Café, por ejemplo, el hecho de haber encontrado al señor Darwin Osmani Discua en el lugar donde se decomisan varios sacos de café (que nunca dicho sea de paso se verifico que fuera el mismo café robado) no es prueba en sí que demuestre la participación del encartado en el hecho. 8. En este sentido, la Corte Suprema de Justicia, en la sentencia en el expediente número SP 255-2009, ...como lo apunta el Jurista Español Diego Diez, es relativamente frecuente que la primera que la primera identificación del presunto autor de un hecho delictivo se realice en dependencia policial, a partir de la exhibición a los testigos de álbumes fotográficos de delincuentes. A veces porque no existen datos para identificar al delincuente y, por tanto, no ha podido ser detenido, e imprescindible acudir a la exhibición de fotografías, procedimiento va/ido desde luego pero tan solo como medio policial de investigación que puede servir para ulteriores diligencias que sean base de verdaderas pruebas posteriores.... Es de hacer ver que, las actuaciones en sedes policiales son propias para fines de “investigación”, pero tal como refiere la sentencia citada, esto solo servirá de base para ulteriores diligencias en las que se tienen que respetar los parámetros legales, aunado al hecho que deben introducirse al proceso, contrario a lo sucedido en el caso de autos, en donde, como ya se señaló, el Tribunal de Sentencia dio valor probatorio a un reconocimiento de los imputados aun y cuando este procedimiento se dio en sede policial sin la supervisión de Juez ni presencia de Defensor. 9. Podrán apreciar los Magistrados que, la supresión hipotética de este medio de prueba ilegitimo (reconocimiento en sede judicial, en ausencia de Juez) es determinante en el fallo, por lo que debe admitirse este primer motivo. Segundo Motivo de Casación: Violación de las Reglas de la Sana Crítica, en relación a la Lógica, en su postulado de la Derivación. ¿Cómo derivar de la prueba que acredita la existencia del hecho (decomiso de vehículo, supuesto café, etc.) la participación de los imputados en el mismo? Fundamentación articulo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. 1. Existe dos tipos de prueba según el artículo 336 numeral 2, las relativas a la existencia del hecho, calificación y demás circunstancias del delito y las que están relacionadas a la participación que en el haya tenido el imputado. Es el mismo Código que realiza esa distinción en cuanto a la finalidad. 2. En el presente caso, no se realizó decomiso o ninguno de los imputados del vehículo que fue objeto del robo, (ver prueba testifical, en donde se afirma que el vehículo fue encontrado en una propiedad privada, en donde no se detuvo a nadie) además de ello, uno de los imputados es capturado en a las tres de la tarde del mismo día de los hechos (a casi 10 horas de haber ocurrido el robo), estos aspectos es de vital importancia tenerlos presentes para entender el argumento que sostiene el presente motivo de casación. 3. En la Valoración de la prueba, justo antes que se valore la prueba de la defensa, el Tribunal de Sentencia da total valor probatorio a todos los testigos de cargo por la siguiente razón: En conclusión se desprende que estos testimonios evacuados en Juicio por parte del Ministerio Publico, tiene relación ,y están concatenados entre sí, ya que estos se encontraban presentes en el lugar y el momento preciso en que se llevó a cabo el despojo vio lento de dicho vehículo y de los dieciséis sacos de café que habían en el mismo... estos testimonios son completamente confirmados con los medios de prueba documentales, como ser Acta de Reconocimiento de objeto, acta de registro personal, acta de decomiso, acta de entrega de vehículo, acta de inspección y álbum fotográfico, por lo que para este Tribunal son creíbles.... Así las cosas, los elementos documentales citados por el Tribunal de 5entencia no se encuentran “confirmados” en cuanto a su doble finalidad, recordemos que la prueba va encaminada a la demostración de un hecho (robo) y a la participación de los imputados en tal evento, en el caso de mérito, ninguno de los medios de prueba citados como “confirmación” por parte del sentenciador, verifica la participación de los imputados en el Robo de Vehículo y Robo del Café, dado que los reconocimientos, decomisos y demás, son confirmación únicamente de la existencia de un hecho penalmente relevante, no de la participación de Manuel y Darwin en el robo. Estaríamos en un escenario diferente, si a cualquiera de los acusados se les hubiese encontrado en posesión del vehículo (entraríamos a discutir temporalidad, res furtiva, etc.), pero el hecho que a ninguno de los imputados se les haya encontrado en posesión del vehículo robado, hace evidente la falta de derivación necesaria que debe existir entre la prueba evacuada y la conclusión a la que ha llegado el Tribunal de Sentencia. La derivación se ve vulnerada en el sentido de dar por probado un hecho (robo de vehículo) con elementos de prueba que no confirman el mismo. Se solicita se analice y sea de recibo este segundo motivo de casación por quebrantamiento de forma. Tercero: Se valora con desigualdad los testigos de la Defensa que los del Ministerio Público Violación de Garantía Constitucional. ¿Son los testigos del MP creíbles porque hay prueba que acredita la existencia de un hecho? ¿Dejan de ser creíbles los testimonios de la Defensa porque no están acreditados con otros elementos, bajo la premisa que, lo que acreditan es la ausencia de los imputados del lugar donde ocurrió un ilícito? ¿Es posible acreditar ausencia con otros medios de prueba? Fundamentación artículo 61 de la Constitución de la República. 1. Tal como se dijo en los motivos anteriores, la valoración de los medios de prueba testificales del Ministerio Publico, la apoya el Tribunal de Sentencia, en el hecho que, esta prueba testifical está totalmente acreditada con la prueba documental, refiriéndose a los actos de decomiso, álbumes fotográficos, etc. 2. Ahora bien, la valoración de la prueba de la defensa se ve deteriorada porque el Tribunal de Sentencia considera que no hay prueba documental que sostenga estas declaraciones. Aceptar esto como una verdad, es aceptar que el 100% de los casos del Ministerio Publico deben terminar en una sentencia condenatoria (no tendría sentido la existencia de defensores) dado que los testigos del Ministerio Publico siempre encontraran este respaldo, dado que es una obligación, incluso al momento de presentar el requerimiento fiscal, demostrar todos los elementos de tipificación legal para el delito perseguido, es decir que, no puede presentarse una acusación de homicidio sin acreditar la muerte, la de robo sin acreditar el despojo, etc. 3. Es en ese criterio de valoración, que se violenta el derecho a la igualdad ante la ley que amparo a mis representados, dado que los criterios de credibilidad y verosimilitud de los testigos (independientemente sean del Ministerio Publico o Defensa) no están dados en el material documental que sirva de sustento para demostrar la existencia del hecho, sino más bien la armonía y coherencia tanto externa (comparación de los dichos de diferentes testigos) como la interna (que no hayan contradicciones en la misma declaración como tal) a lo largo del testimonio. 4. Los imputados en el presente caso no se les dio o trato igual ante la ley, ya que su dicho y los de sus testigos fueron desvalorados porque es comprensible que traten de justificar al encausado... ya que se trata de una amiga, de su compañera de hogar y abuela... En cuanto al testimonio de Gloria del Carmen Chavarría el tribunal no le da valor probatorio porque este Tribunal da por desestimado ya que no está afianzado con ningún otro medio de prueba para dar por cierto dicho testimonio... Como podrán apreciar los Magistrados, ser pariente no es en sí, razón suficiente para desvalorar el testimonio, no obstante, en cuando a la valoración del Testimonio de Gloria del Carmen, el Tribunal desvaloro por ausencia de otros medios de prueba; por lo que ha habido desigualdad ante la ley en cuanto al tratamiento de los testigos de cargo y descargo, lo que merece tutelo jurídica del más alto tribunal. Cuarto: Las motivaciones fácticas insuficientes para fundamentar el fallo, bajo la supresión hipotética de un medio de prueba ilegal no evacuado en el desarrollo del Debate. Fundamentado el presente motivo en el artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. 1. A fin de no redundar en la interposición de este motivo, podrán apreciar los Magistrados, que de los medios de prueba evacuados en Juicio Oral y Público, no hay medio de prueba alguno que incrimine a los imputados en el hecho, (Acta de Reconocimiento de objeto, acta de registro personal, acta de decomiso, acta de entrega de vehículo, acta de inspección y álbum fotográfico, todo lo anterior demuestra únicamente la existencia de un robo) tómese en consideración, como ya se dijo que el vehículo y el café fueron encontrados en lugares diferentes, que uno de los imputados fue detenido a más de ocho horas de ocurrido el hecho, que los testigos protegidos en ningún momento realizaron un reconocimiento de los imputados bajo la tutelo judicial). 2. En este orden de ideas, no hay una motivación fáctica para sostener la sentencia condenatoria que se recurre, salvo la identificación realizada por los testigos protegidos, cuya supresión hipotética se solicitó, para poder darle el alcance pretendido al recurso de casación en su último motivo. No se interpusieron recurso contra dichas violaciones, ya que las mismas se dieron en el momento de dictarse la sentencia que se recurre.” FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Establece el artículo 362 del Código Procesal Penal que el recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de algunos de los vicios siguientes: 1. Que falte la declaración de los hechos que el tribunal estime aprobados, que tal declaración no sea clara y terminante o que sea contradictoria. 2. Que se base en medios o elementos probatorios no incorporados legalmente al juicio o incorporados por su lectura en violación de las normas contenidas en el Título IV del Libro Segundo de este Código o excluya o deje de considerar alguna prueba de valor decisivo. 3. Que carezca de motivaciones fácticas o jurídicas, que dichas motivaciones sean insuficientes o contradictorias o sí en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica; 4. Que en la parte resolutiva se omitan elementos esenciales, tales como la individualización precisa del imputado, la resolución de todas las cuestiones debatidas y la determinación exacta de la pena en caso de condena; 5. La inobservancia de las reglas establecidas en el presente Código para la realización del juicio oral y público; 6. La incongruencia entre la sentencia y las pretensiones de las partes según el artículo 337; 7. Que falte la firma de alguno de los miembros del Tribunal de Sentencia salvo los casos previstos en el artículo 145. Es así como la ley procesal vigente, refleja que el proceso penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivado del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio.
Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. Si no se cumple con los requisitos establecidos por la ley procesal y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo. El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley.
Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Interpuesto por la defensa privada. Primer Motivo. Norma autorizante: Artículo 362 numeral 2 del Código Procesal Penal. Norma sustantiva que se denuncia infringida: Artículo 362 numeral 2 del Código Procesal Penal. Concepto de la infracción: La sentencia se basa en medios o elementos no incorporados legalmente al juicio. Reclamación Ex Ante: El vicio se produce en el acto de mismo de sentenciar. Pretensión: Se decrete la nulidad de la sentencia, ordenando su reenvío al Tribunal de Sentencia. Establece el recurrente que el Tribunal de Sentencia fundamentó la identificación de los imputados, debido a un medio de prueba no evacuado en el juicio como es el reconocimiento realizado en las instalaciones de la policía, la cual se practicó sin las formalidades legales y en ausencia de juez de garantía y de su defensor, de allí que el Tribunal de sentencia lo ha valorado, siendo un medio de prueba que no fue evacuado o incorporado en el juicio oral y público. De los motivos de casación que surgen del artículo 362 numeral 2 del Código Procesal Penal. Este numeral contiene diferentes vicios, que merecen ser analizados de forma separada: a) Que la sentencia se base en medios de prueba no incorporados legalmente al juicio. El Artículo 338, sección cuarta, numeral 2, del Código Procesal Penal de Honduras (CPP), indica, en el apartado "Valoración de la prueba", que el tribunal deberá consignar las pruebas tenidas en cuenta para declarar probados los hechos. El vicio ocurriría entonces, cuando el juzgador fundamente su decisión en pruebas incorporadas al juicio vulnerando las reglas legalmente establecidas, como sucedería si los elementos de convicción se hubieran practicado violentando los principios de oralidad, publicidad, inmediación y contradicción que rigen al proceso penal en la actividad probatoria (y no se tratase de las excepciones que a esos principios establece la ley). Es aplicable el vicio, en consecuencia, al caso en que la sentencia se basara en prueba prohibida o prueba ilícita, puesto que en ambos supuestos se estaría vulnerando la "garantía judicial" del principio de legalidad, según la cual el juicio penal debe desarrollarse de conformidad con el procedimiento legalmente establecido, siendo indudable que cuando se ha practicado algún medio de prueba violentando la ley o derechos fundamentales estaríamos ante una práctica ilegal de pruebas que no podrían dar validez a la sentencia, por tratarse, como se observó en el apartado de la motivación, de una fundamentación ilegítima. Asimismo, se observaría el vicio cuando el tribunal utilice como elemento de convicción algún elemento no incorporado en el acto de debate, puesto que legalmente éste es el momento en que desfilarán ante los ojos del juzgador y las partes los elementos de convicción, de tal suerte que se infringiría el artículo 336, primer párrafo, que demanda que los jueces de juicio sólo tendrán en cuenta las pruebas que se hayan ejecutado durante el debate. Ante esas situaciones. resulta incuestionable que se produciría un estado de indefensión en perjuicio de la parte afectada por el fallo basado en elementos de prueba no incorporados legalmente al juicio, lo que a su vez generaría una vulneración al principio acusatorio, puesto que ubicaría al órgano jurisdiccional en una posición de interés con dicha incorporación ilegítima de prueba. b) Que la sentencia se base en medios de prueba incorporados por lectura en violación a las normas contenidas en el Título IV del Libro Segundo del CPP. El Artículo 311 del CPP es la norma que autoriza la incorporación por lectura de la prueba, como excepción al principio de oralidad que rige los actos procesales del debate, específicamente las diligencias de prueba. De ello resulta que el vicio citado existiría cuando se introduzcan por lectura pruebas no referidas en los casos que esa disposición señala, puesto que son los únicos que el CPP autoriza, según lo consigna el párrafo final del mismo; así, como cuando tratándose de esos casos autorizados, se infrinjan las reglas establecidas para esa incorporación (como por ejemplo, que tratándose de una prueba anticipada recibida al ofendido cuya muerte se temía, éste haya sobrevivido al ataque y estaba disponible a declarar en el debate y no fue citado a ese efecto; asimismo, si la lectura de la prueba es realizada por los Abogados y no por el secretario del Tribunal de Sentencia). c) Que la sentencia excluya o deje de considerar alguna prueba de valor decisivo. Este motivo resulta de dos hipótesis: la sentencia excluye indebidamente una prueba (expresamente la rechaza sin consignar las razones de esa decisión o se le considera ilícita sin serlo), o la resolución no la considera (omite toda referencia a ella). El vicio refleja entonces la infracción de los artículos: a) 202, que impone al juzgador la obligación de formar su convicción de la valoración conjunta y armónica de toda la prueba; b) 336, que señala que el tribunal sólo tendrá en cuenta las pruebas ejecutadas en el debate, las que serán apreciadas en su conjunto; y, c) 338, sección cuarta, numeral 2, que manda al órgano jurisdiccional justificar el valor que haya dado a las pruebas practicadas durante el juicio. Es decir, el Tribunal de Sentencia tendrá la obligación de pronunciarse sobre la eficacia conviccional que le generan las pruebas rendidas, de tal suerte que, si excluye arbitrariamente alguna de ellas o simple y sencillamente deja de mencionarla y consecuentemente valorarla, estaríamos ante la presente infracción, ya que, en virtud de los principios de verdad real, de defensa y contradicción, el juez debe servirse de las pruebas recibidas en el debate para fundamentar su fallo. No se observaría la infracción en el caso en que el tribunal exponga las razones por las cuales rechaza la prueba y esa excursión es correcta, y aún si la prueba ha sido valorada, aunque lo fuera de forma desacertada, debiéndose en ambos supuestos rechazar el motivo (en el segundo caso, el ataque casacional se produciría de conformidad al motivo a referirse en el numeral 3 del Art. 362 CCP. Pero no basta con el rechazo (exclusión) u omisión de referencia (no consideración) de la prueba, es necesario que ella sea de valor decisivo. Los límites de esa determinación tendrán que establecerlos la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia al resolver sobre el planteamiento de este motivo, pero indudablemente esa consideración dependerá del caso en particular. Lo que sí se puede adelantar, es que este motivo implicará, como señala DE LA RÚA, efectuar la operación de inclusión mental hipotética, en cuyo caso, de incluirse la prueba excluida o no considerada en la valoración del juez, junto con las restantes, las conclusiones de hecho hubieren sido necesariamente distintas. Por eso se recalca que la consideración de “decisivas” dependerá de cada caso en particular. Lo cierto es que el estudio de este vicio, no nos debe conducir a las conclusiones jurisprudenciales del pasado que el vicio de error de hecho en la valoración de la prueba, que informaba el antiguo Código de Procedimientos Penales, llevó a la Corte Suprema de Justicia, cuando rechazaba prueba pericial, testifical o confrontaciones (reconocimientos), porque no constituían "documentos o actos auténticos", a pesar de contener un importante peso conviccional (por supuesto que esas conclusiones tenían como justificantes el sistema procesal escrito y la concepción del vicio de "error de hecho en la valoración de la prueba" que informaba la vieja casación, partiendo de un sistema de prueba tasada). Ahora, podrá considerarse como prueba decisiva, no sólo cierta prueba restringidamente establecida, sino cualquiera, basándose en el principio de libertad probatoria que ahora rige la materia, por lo que podrán constituirlas los dictámenes periciales, los reconocimientos, la prueba documental, etc., siempre que, recurriendo al juicio de inclusión hipotética arriba apuntado, conduzca a modificar la reconstrucción del hecho efectuada por el tribunal de instancia. Ello significa que este vicio (junto con la vulneración de las reglas de la sana crítica en la valoración de la prueba) conllevará a la revisión de los hechos probados, puesto que la mentada operación hipotética tendrá que proyectarse en el relato histórico de la sentencia cuestionada, lo que implicará un ataque indirecto al factum. De la Procedencia del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su Primer Motivo. El recurso no es de recibo. Esta Sala observa que el recurrente basa su primer motivo de casación por quebrantamiento de forma en que la resolución se fundamenta en medios o elementos probados no incorporados legalmente al juicio. Alega concretamente que el Tribunal de Sentencia fundamentó la identificación de los imputados, debido a un medio de prueba no evacuado en el juicio de reconocimiento realizado en las instalaciones de la policía, que se practicó sin las formalidades legales y en ausencia de juez de garantía y defensor. Refiere que el reconocimiento realizado en las oficinas de la Policía no fue un medio de prueba evacuado o incorporado en el juicio oral y público, pero el Tribunal de Sentencia lo ha valorado, para dictar sentencia en contra de los imputados Darwin Osmani Discua Rosales y Manuel Antonio Aguilar por los delitos de Robo de Vehículo y Robo del Café. Esta Sala considera que, en el presente caso, no ha sido admitida, evacuada ni valorada prueba ilegalmente obtenida para que el tribunal de juicio dictara sentencia. La identificación y no un reconocimiento de los acusados Darwin Osmani Discua Rosales y Manuel Antonio Aguilar por parte de los Testigos Protegidos XV14 y XV15, se ha dado en forma casual y espontánea y posterior a los hechos en sede policial, dada la denuncia, inmediata investigación, captura y recuperación de los objetos sustraídos a los ofendidos llevada a cabo por la autoridad policial, captura practicada con base en la descripción física de los partícipes del hecho ilícito, características de los vehículos y objetos sustraídos a los ofendidos, horas más tarde, siendo capturado Darwin Osmani Discua Rosales en el mismo lugar donde se encuentra la carga de café sustraída, recuperando el vehículo sustraído en una casa de habitación de un lugar aledaño, y Manuel Antonio Aguilar en posesión del aparato celular propiedad de uno de los ofendidos. Es decir, que la detención de los acusados Darwin Osmani Discua Rosales y Manuel Antonio Aguilar se da en situación de flagrancia, el primero en el lugar donde ocultaban la carga de café sustraída; y el segundo de los acusados, quien al ser requerido por la autoridad opone resistencia y dispara un arma de fuego causando una herida en la espalda al agente Policial Fabián Andrés Andrés siendo encontrado en posesión material del aparato celular propiedad del ofendido. Esta Sala considera que el juzgador deduce la participación de los acusados Darwin Osmani Discua Rosales y Manuel Antonio Aguilar en los hechos de que se les acusa, en virtud de haber sido detenidos, en posesión de los objetos sustraídos a los ofendidos, por haber observado que la descripción física dada por Testigos Protegidos XV14 y XV15, se ajusta perfectamente a las características físicas de los acusados, y debido a la identificación espontánea de los acusados en sede policial. Si bien, en este caso, no se práctica un medio de prueba idóneo para identificar a un acusado, como lo es un reconocimiento en rueda de detenidos, esta Sala considera que la identidad de los acusados Darwin Osmani Discua Rosales y Manuel Antonio Aguilar y su participación en los hechos ilícitos no se ha puesto en duda durante el juicio, por haber sido detenidos por la autoridad policial en situación de flagrancia. Esta Sala concluye por las razones expuestas que, la identificación espontánea de los acusados Darwin Osmani Discua Rosales y Manuel Antonio Aguilar por parte de los Testigos Protegidos XV14 y XV15 en sede policial no vicia el procedimiento, ni constituye un medio de prueba ilegalmente incorporado a juicio, por lo que el alegato del recurrente es desestimado. Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Interpuesto por la defensa privada. Segundo Motivo. Normas autorizantes: Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. Normas Procesales que se denuncian infringidas: Artículos 202 y 338 del Código Procesal Penal. Concepto de la infracción: En la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la Sana Crítica. Reclamación Ex Ante: El vicio se produce en el acto de mismo de sentenciar. Pretensión: Se decrete la nulidad de la sentencia, ordenando su reenvío al Tribunal de Sentencia. Establece el recurrente que el Tribunal de Sentencia violento las reglas de la sana crítica, en relación a la lógica, en su postulado de la derivación, estableciendo que no se realizó decomiso a ninguno de los imputados del vehículo que fue objeto del robo, además de ello, uno de los imputados es capturado a las tres de la tarde del mismo día de los hechos, y a diez horas de haber ocurrido el robo. Además, establece el recurrente que los testimonios evacuados en juicio por parte del Ministerio Público, con los medios de prueba documentales, como ser el acta de reconocimiento de objeto, acta de registro personal, acta de decomiso, acta de entrega de vehículo, acta de inspección y álbum fotográfico, ninguno de ellos verifica la participación de los imputados en el robo de vehículo y robo del café. De las Reglas de la Sana Crítica. El Código Procesal Penal da exclusiva competencia a los Jueces de Sentencia para la estimación valorativa de las pruebas y las conclusiones fácticas que de ellas extraigan, siendo ello inatacable por la vía recursiva casacional, siendo solamente controlable el proceso seguido por los jueces para la construcción de tales conclusiones. El artículo 362 No. 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes… 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica.”. Esta Sala de lo Penal ha considerado que: “… La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva…”. (Fallos de fecha 30 de noviembre del 2001, en el Exp. 194-2009 y de fecha 30 de noviembre del 2011, en el Exp. 297-09; también en ese sentido el fallo de fecha 20 de octubre del 2011, contenido en el Exp. 360-09 y de fecha 05 de abril del 2011, del Exp. 385-09, todos de la Sala de lo Penal). Valoración de la Prueba. En el apartado de la valoración intelectiva el juzgador debe valorar la prueba, conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la Prueba: Íntima Convicción (Propio del Sistema de Juzgamiento por Jurados), Prueba Legal o Tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe de darle el Juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias) y la Sana Crítica, es este último el que debe observar el juzgador penal hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. En el sistema de la Sana Crítica en la valoración de la prueba, existe plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones guarden una necesaria relación con las premisas que le sustentan, las cuales son a su vez construidas como fruto razonado de las pruebas. En este sistema, el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia de convicción de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común; De este modo “… las reglas de la sana crítica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza…” (Fallo Sala Penal de fecha 20 de octubre del 2011, en el Exp 88-09). La sana critica como sistema de valoración de la prueba se asienta en tres pilares fundamentales: 1) Reglas de la Experiencia Común o Máximas de la Experiencia. Se refieren a juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el juzgador, relevados de demostración probatoria por adquirirse a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por este hecho son compartidas con las demás personas, aun cuando no formen parte de su mismo grupo social. Nos referimos a fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión o hechos de la cultura común, siendo el antónimo de éstos los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realiza solo un grupo determinado de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior, el conocimiento privado del juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. El juzgador deberá analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común, entre otros: • Cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca del hecho. • Cuando cite como común un hecho que no lo sea, por no ser aprehensibles de manera espontánea por el profano, sino que solo mediante experiencias extraordinarias o mediante estudios especializados; o • Cuando afirme como común un hecho que exija demostración probatoria. Las reglas de la experiencia común se basan en la probabilidad, es decir, al momento en que el juzgador valora un hecho, considerará el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos por qué lo considera así. 2) Las Reglas de la Psicología. Están referidas, no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento empírico adquirido del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquél. Las Reglas de la Psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo en relación al grupo social, se requiere que el juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la Experiencia Común, las reglas de la Psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado; y 3) Las Reglas de la Lógica. La Lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatoria para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. La lógica aplicable es la “Lógica no formal”, llamada en el ámbito como Razón del Juicio donde las conclusiones se muestran bajo el espectro que irradia la prueba. Las leyes de la Lógica se fundamentan sobre leyes universales: a) La Coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí. La coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente. De la Ley de la Coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: i. El Principio de Identidad: Que exige que toda noción empleada en el razonamiento debe tener una sola y única significación en el todo contextualizado, es decir: una proposición sólo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y”. ii. El Principio de Contradicción: Las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En valoración de prueba: un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. iii. El Principio de Tercero Excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí: una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera y ninguna tercera posibilidad es posible. b) La Derivación: Exige que cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; cada pensamiento debe provenir de otro, con el cual está relacionado, salvo que se trate de un principio, es decir de un juicio inicial. Pero, además, la conclusión debe derivar de elementos suficientes para que justifique la producción de aquella. Existirá omisión al principio lógico de derivación: Cuando la conclusión no encuentre correspondencia con el medio de prueba por una indebida inferencia. Cuando la conclusión no sea producto derivado de un medio de prueba, debiendo serlo por tratarse de la afirmación o negación de un hecho de carácter no notorio. Cuando la conclusión sea construida en base a medios de pruebas inexistentes; o Cuando la conclusión está basada en el contenido de un medio de prueba cuyo contenido este falseado. De la Derivación se extrae el Principio de Razón Suficiente, por el cual toda conclusión requiere una razón suficiente que justifique su existencia; la conclusión debe ser el final del iter lógico seguido en la valoración de las pruebas apoyándose en inferencias razonables; cada conclusión expuesta puede formar una sucesión que al final lleven a una conclusión última en donde se afirme o niegue el hecho juzgado. De la Rúa (Fernando de la Rúa, La Casación Penal, Ediciones Depalma, Buenos Aires, Argentina, pág. 156), señala que la motivación para ser lógica debe responder a las referidas leyes que presiden el correcto entendimiento humano, observando como características: a. Congruente: En donde las afirmaciones, deducciones y conclusiones guarden una adecuada correlación y concordancia entre sí. b. Concordante: Cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella. c. No Contradictoria, por estar libre de razonamientos que al oponerse se anulen entre sí al reflejar verdades incompatibles. d. Inequívoca: al no dejar margen para cuestionar el alcance y significado de los razonamientos y de las conclusiones que le deriven; y e. Suficiente: al estar constituida por un entramado de conclusiones interrelacionadas, que se deriven de múltiples cadenas de pensamientos, todos ellos aptos para producir razonablemente un convencimiento. De la Procedencia del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su Segundo Motivo. El recurso no es de recibo. El recurrente funda su motivo único de casación por quebrantamiento de forma en la violación de las reglas de la sana crítica, en lo atinente al principio lógico de derivación, en la valoración de la prueba de cargo, por considerar que con los testimonios de cargo y medios de prueba documentales, como ser acta de reconocimiento de objeto, acta de registro personal, acta de decomiso, acta de entrega de vehículo, acta de inspección y álbum fotográfico, no se demuestra la participación de los imputados en dicho evento, debido a que no se realizó decomiso a los imputados del vehículo que fue objeto del robo, y uno de los imputados es capturado casi diez horas después de haber ocurrido el robo, por lo que no cabe deducir que se encontraban en el lugar y el momento del despojo violento del vehículo y de los dieciséis sacos de café. Esta Sala observa que, con la prueba de cargo consistente en la declaración de los Testigos Protegidos XV14 y XV15, declaración de los policías que participaron en el proceso de investigación, captura y recuperación de los objetos provenientes del delito de Robo de vehículo y de su carga consistente en dieciséis sacos de café, además de la prueba documental consistente en acta de reconocimiento de objeto, acta de registro personal, acta de decomiso, acta de entrega de vehículo, acta de inspección y álbum fotográfico, entre otros es prueba de cargo útil y suficiente para de ella concluir acerca de la participación de los acusados Darwin Osmani Discua Rosales y Manuel Antonio Aguilar en los hechos de que se les acusa, en virtud de que la policía encuentra al acusado Darwin Osmani Discua Rosales sentado sobre los sacos de café sustraídos quien al percatarse de la presencia policial logra escapar por el techo de la vivienda: y el señor Manuel Aguilar quien al ser requerido por la policía ejecuta varios disparos uno de los cuales impacta en el agente de policía Fabián Andrés Andrés, el que es trasladado a un centro de asistencia médica para ser atendido, siendo capturado a esa hora como a las diez de la mañana únicamente el señor Darwin Discua; y, en horas de la tarde como a eso de las tres, de ese mismo día en La Aldea de Jarin, el señor Manuel Antonio Aguilar, quien al practicársele un registro personal se le encuentra el teléfono celular que portaba el testigo protegido XV15. Por lo anterior, esta Sala considera que el juzgador ha llevado a cabo un análisis armonioso, racional y completo de la prueba de cargo agregada al juicio, por lo que no ha infringido en manera alguna las reglas de la sana crítica, al principio lógico de derivación, siendo procedente desestimar el segundo motivo de casación de quebrantamiento de forma invocado por el recurrente Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Interpuesto por la defensa privada. Tercer Motivo. Normas autorizantes: Sin determinar por el pretensor. Normas Procesales que se denuncian infringidas: Artículo 61 de la Constitución de la República. Concepto de la infracción: Violación al derecho de igualdad. Reclamación Ex Ante: El vicio se produce en el acto de mismo de sentenciar. Pretensión: Se decrete la nulidad de la sentencia, ordenando su reenvío al Tribunal de Sentencia. Establece el recurrente que se violento la garantía constitucional del derecho de igualdad, ya que a los imputados no se les dio un trato igual ante la ley, con respecto a los testigos de descargo, ya que fueron desvalorados por tratarse de una amiga, de su compañera de hogar y de su abuela, o sea por ser parientes y por ausencia de otros medios de prueba, en relación con la prueba testifical del Ministerio Público, ya que el Tribunal de Sentencia apoya la sentencia en esa prueba de cargo, violentando de esa manera el derecho de igualdad ante la ley, que ampara a los acusados Darwin Osmani Discua Rosales y Manuel Antonio Aguilar dado que los criterios de credibilidad y verosimilitud de los testigos no vienen dados en razón al material documental que sirva de sustento, sino por la armonía y coherencia externa e interna del testimonio. De la Debida Técnica Recursiva Es claro para esta Sala de lo Penal que el Censor no se ocupó, previo a la confección de su recurso, de hacer el estudio de la naturaleza del Recurso Extraordinario de Casación y de la debida técnica que se requiere observar para su planteamiento, por lo que es oportuno hacer una breve relación de ello. El Código Procesal Penal prevé que en contra de las resoluciones definitivas dictadas por los Tribunales de Sentencia procede interponer recurso de casación, cuyo objeto por una parte es velar por el respeto del Principio de Legalidad, con la correcta aplicación de normas constitucionales, normas penal sustantivas y normas procesales y por otra parte la unificación de los criterios legales en el sistema jurisdiccional del Estado mediante la definición de la Doctrina Legal. Importante es recordar que conforme a las normas del Código Procesal Penal se ha eliminado lo que antes era la fase de admisión del recurso, que consistía en un examen preliminar que se hacía de éste a efecto de resolver si era admitido o no para su estudio de fondo; tal cambio obedece al cumplimiento del artículo 25.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, que establece que: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales…”. Para lo cual los Estados partes se han comprometido: “a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.”. Ahora bien, tal disposición Convencional no exime al Pretensor cumplir con requisitos legales establecidos en aras de que el Tribunal de Casación pueda dar una respuesta pertinente, propia y útil al conflicto jurídico que se plantea, siendo éstos: 1. Legitimidad Objetiva: Existencia de un derecho impugnatorio, para lo cual se requerirá que la ley procesal determine que la resolución puede ser impugnada vía recurso de casación; 2.Legitimidad Subjetiva: Que el Recurrente este legitimado a impugnar la resolución por causarle agravio lo resuelto por el revés (total o parcial) al interés jurídico en conflicto como consecuencia de una infracción a la ley; y 3. Satisfacción de Requisitos de Interposición: El Recurrente deberá de observar los requisitos de lugar, tiempo, modo y forma de interponer el recurso, pues éste sigue siendo un acto procesal sujeto a la observancia del debido proceso y respeto a los derechos fundamentales de todas las partes contendoras. De la Rúa (Fernando de la Rúa, en La Casación Penal, Editorial Depalma, Buenos Aires, Argentina, 1994, pág. 217), explica que el recurso de casación es un acto procesal complejo, integrado por dos elementos esenciales: i).- La expresión de la voluntad de impugnar; y ii).- La Fundamentación de la impugnación; Añade el autor que ambos elementos deben de confluir al mismo acto y en el mismo momento, el cual es en la presentación del escrito de interposición.- Una vez presentado el Recurso de Casación, corresponde al Tribunal de Sentencia hacer estudio sobre la existencia de la legitimidad objetiva y subjetiva, además de la observancia de las condiciones de lugar, tiempo y modo, restando solo a la Sala de lo Penal revisar la satisfacción del requisito de forma de interposición, mismo que se realiza al tiempo en que se resuelve el recurso, siendo éste el aspecto que analizaremos con detenimiento. El recurso de casación es la manifestación expresa de una de las partes de no encontrarse conforme con lo resuelto por el Tribunal de Sentencia por contener un vicio (de fondo o de forma), que debe de ser corregido, siendo esto su pretensión; El recurrente debe necesariamente individualizar la resolución que contiene el o los vicios, su deseo de impugnarla mediante el recurso de casación y el tipo de recurso que se interpone.- Además el recurso de casación debe de estar debidamente motivado con la identificación, explicación y demostración del vicio: 1. Identificación del Vicio/Motivo/Recurso: Al momento de la interposición de un recurso de Casación, el/la Censor/a deberá de señalar en primer término el tipo de recurso de casación, seguidamente el motivo en que lo fundamento y luego el vicio que denuncia. Ante una resolución definitiva emitida por el Tribunal de Sentencia, el/la Censor/a deberá de identificar si existe vicio que justifique la impugnación de aquello resuelto que le causa agravio; el vicio es el defecto de ley concreto y/o material que contiene la resolución y cuya corrección es la que persigue mediante el recurso; hecho esto el/la Censor/a deberá de encuadrar el vicio en uno de los motivos previstos en la ley como aquellos autorizados para presentar impugnación; Los motivos son enunciados abstractos de posibles vicios que puede contener la resolución, previsto por la ley procesal, operando éstos bajo el sistema de Numerus Clausus, por tanto no es posible alegar vicios cuyos motivos no estén taxativamente señalados, salvo en el caso del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, en cual opera bajo el sistema de Numerus Apertus, siempre que se alegue un vicio relacionado material o formalmente con la decisión adoptada por el A-Quo.- La identificación del motivo de casación lleva el/la Censor/a a derivar el tipo de recurso de casación a interponer; la ley procesal prevé tres tipos de recursos de casación: i).- Recurso de Casación por Infracción de Ley, cuyo objeto es la denuncia de vicios In Iudicando; ii).- Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, mediante el cual se denuncias vicios In Procedendo; y iii).- Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, mediante el cual se pueden denunciar vicios In Iudicando o In Procedendo, contenidos en las normas fundamentales. El proceso de identificación se cumple cuando el/la Censor/a señala: i).- El tipo de Recurso de Casación (Infracción de Ley, Quebrantamiento de Forma o Infracción de Precepto Constitucional); ii).- La norma autorizante que no solo identifica el recurso, sino el motivo mediante el cual se denunciara el vicio; iii).- Concepto de la Infracción, el cual debe de ser planteando no solo individualizando el motivo del recurso, el que debe de ser de aquellos previstos a ser planteados por el tipo de recurso elegido, sino que además personalizando el motivo en relación al caso concreto; iv).- Norma o doctrina legal infringida, cuya indebida aplicación o inobservancia provoca la existencia del Motivo; v).- Reclamación Ex Ante: Que implica señalar que peticiones (incluyendo recursos), fueron planteados por el Recurrente previo al recurso de casación para sanear el vicio, o en su caso, la imposibilidad legal para hacerlo; vi).- Aplicación Pretendida: Es la aplicación o interpretación que se pretende de la norma o doctrina legal infringida o mal aplicada. 2. Explicación del Vicio: Es ineludible para el/la Censor/a su deber de explicar en qué consiste el vicio que produce la resolución que se impugna, y como éste se subsume en uno de los motivos previstos en la ley. La explicación debe de ser clara y precisa: La claridad radica en la exposición del vicio de manera individualizada y separada, descomponiendo sistemáticamente todas sus aristas hasta desentrañar sus aspectos más básicos; La Precisión implica la no mutación del alegato a aspectos ajenos al vicio que se ha identificado.- La ley procesal exige en el artículo 363 del Código Procesal Penal que cada motivo debe de ser planteado de manera separada, ello se justifica por la necesidad de individualizar de manera concreta y precisa cada agravio, por lo que su inobservancia meya en la efectividad del recurso. Recordemos que el artículo 350 del Código Procesal Penal prohíbe al órgano jurisdiccional que resuelve un recurso pronunciarse sobre aspectos distintos a los que se hayan planteado dentro de la impugnación y para ello entonces se requiere que dicha impugnación sea clara en cuanto al vicio, pues la falta de claridad pone en riesgo al Tribunal de Casación hacer pronunciamiento de algo distinto de lo que realmente se está impugnando, siendo entonces lo consecuente declarar sin lugar el motivo, cuando la falta de claridad sea absoluta. 3. Demostración del Vicio: El/la Censor/a, aun cuando allá identificado el vicio, explicado en que consiste el mismo, no vera prosperar el recurso si no demuestra su existencia; ello solo se puede hacer cuando se hace la debida confrontación entre el aspecto contenido en la sentencia o resolución impugnada y la norma o doctrina legal que revela la contrariedad y la explicación de la aplicación que debió hacerse de dicha norma y que es la pretensión que se persigue con el recurso, es decir como considera el/la Censor/a que debió haber sido aplicada la norma o por qué no debió haber sido aplicada. El vicio debe de ser relevante, debe superar los aspectos meramente formales pasando a ser un aspecto material que interfiere en la legalidad de la resolución y que justifica la impugnación. Esta Sala de lo Penal ha sido del criterio que los defectos de la forma que adolezca un recurso de Casación deberán de ser estudiados siempre teniendo en consideración el Principio de Tutela Judicial contenido en el artículo 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos y que permiten a quien pretende hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba, obtener una resolución fundada en Derecho que verse sobre las pretensiones planteadas en juicio y que sea ejecutada; Por ello a dicho Principio interesa lo referente a: 1. Derecho de Acceso a la Justicia; 2. Derecho a una resolución fundada en derecho; 3. Derecho de acceso a los recursos, no solo por previsión legal de los mismos, sino de obtener una respuesta ante su interposición; 4. Derecho a la Tutela Cautelar; y 5. Derecho a la ejecución. - Los Recursos son instrumentos para la obtención de una Tutela Judicial Efectiva, garantía de Rango Constitucional: Indica el artículo 82 de la Constitución de la República que “… los habitantes de la república tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes.”, agregando el artículo 314 Superior que “… es facultad privativa de los Tribunales de Justicia, juzgar y ejecutar lo juzgado…”. Por todo lo anterior, mediante Doctrina Legal de esta Sala de lo Penal, se ha establecido que aun cuando en el planteamiento de un Recurso de Casación se presentasen errores de forma (Cita de Precepto Autorizante, Norma Infringida, concepto de la infracción de manera individualizada y diferenciada, aplicación pretendida) o incluso en algunos casos errores en la exposición de conceptos jurídicos, ello no podría significar el rechazo Ad Portas del conocimiento del Recurso, siempre que aun a pesar del desacierto pueda entreverse cuál es el concepto de la infracción, dando respuesta en la medida y extensión de la coherencia, claridad y precisión de los argumentos recursivos con la naturaleza del Recurso planteado; El único caso en donde el Tribunal de Casación no podría dar respuesta a un recurso sería cuando éste fuese presentado en grado tan confuso que no sea posible, aun con un gran esfuerzo, deducir cual es el sentido del reclamo que realiza el/la Censor/a, pues ello podría acarrear violación del artículo 350 del Código Procesal Penal, tal y como se ha explicado Ut Supra. (Así establecido en las Sentencias de Sala de lo Penal del 29 de abril de 2014 en Exp 348-2011, del 27 de mayo 2014 en Exp 057-2012, del 04 de febrero de 2014 en el Exp 439-2011, del 23 de octubre de 2013 en Exp 172-2011, del 17 de septiembre de 2013 en Exp 228-2011, entre otras.). De la Procedencia del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su Tercer Motivo. El recurso no es de recibo. Observa esta Sala de lo Penal que el recurrente no ha utilizado la técnica recursiva adecuada para hacer valer su impugnación; establece en su motivo casacional que se violentó una garantía constitucional contenida en el artículo 61 de la Constitución de la República, referente al derecho de igualdad ante la ley. El Censor centra su argumento estableciendo en el presente caso de que a los imputados no se les dio trato igual ante la ley, ya que sus testigos fueron desvalorados en la que el Tribunal Sentenciador establece en su valoración: “Es comprensible que traten de justificar al encausado…ya que se trata de una amiga, de su compañera de hogar y abuela.” En relación con la prueba testifical del Ministerio Público, ya que el Tribunal de Sentencia apoya la sentencia en esa prueba de cargo, violentando de esa manera el derecho de igualdad ante la ley, que ampara a los acusados Darwin Osmani Discua Rosales y Manuel Antonio Aguilar dado que los criterios de credibilidad y verosimilitud de los testigos no vienen dados en razón al material documental que sirva de sustento, sino por la armonía y coherencia externa e interna del testimonio. Esta Sala de Casación considera que, si la intención era denunciar la violación de una garantía constitucional como es el derecho de igualdad, el recurrente no ha utilizado la vía recursiva adecuada, pues el recurso de casación idóneo para la revisión de la infracción de garantías que dejó de aplicar el Juzgador, debe ser impugnada a través del recurso de casación por infracción de precepto constitucional y no por el recurso por quebrantamiento de forma. Así las cosas, considera esta Sala de lo Penal que debe desestimarse este motivo de casación. Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Interpuesto por la defensa privada. Cuarto Motivo. Normas autorizantes: Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. Normas Procesales que se denuncian infringidas: Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. Concepto de la infracción: Motivaciones Fácticas Insuficientes para fundamentar el fallo. Reclamación Ex Ante: El vicio se produce en el acto de mismo de sentenciar. Pretensión: Se decrete la nulidad de la sentencia, ordenando su reenvío al Tribunal de Sentencia. Quebrantamiento de forma, por motivaciones fácticas insuficientes para fundamentar el fallo. Se condena a los acusados con un medio de prueba ilegal no evacuado en el debate. No hay medio de prueba alguno incrimine a los imputados en el hecho. La prueba documental de acta de reconocimiento de objeto, acta de registro personal, acta de decomiso, acta de entrega de vehículo, acta de inspección y álbum fotográfico, demuestra únicamente la existencia de un robo. El vehículo y el café fueron encontrados en lugares diferentes. Uno de los imputados fue detenido a más de ocho horas de ocurrido el hecho. Los testigos protegidos en ningún momento realizaron un reconocimiento de los imputados bajo la tutelo judicial. Por lo anterior, no hay una motivación fáctica para sustentar la sentencia condenatoria que se recurre, salvo por la identificación realizada por los testigos protegidos, cuya supresión hipotética solicita. De la Motivación Fáctica o Jurídica insuficiente en la Sentencia[1] Este motivo también contiene varias hipótesis que se refieren a la motivación fáctica y a la motivación jurídica, entendiéndose por la primera a que se conforma por los hechos probados y la valoración de la prueba, relacionada de manera específica en los numerales 1 y 2 de la sección cuarta, del artículo 338 del Código Procesal Penal; que alude a la reconstrucción conceptual del hecho objeto del juicio. La motivación jurídica, es aquella que, partiendo de esos hechos probados, les asigna las normas penales que justifican la decisión judicial, es decir, se conforma por las razones jurídicas que explican por qué se absuelve o se condena (partiendo de los preceptos que califican el hecho, los relativos a las causas que condena (partiendo de los preceptos que califican el hecho, los relativos a las causa que eximen de responsabilidad penal, las que lo extinguen, las que la agravan o atenúen, y la relativas a la determinación legal y judicial de la pena). La motivación jurídica se ordena en el numeral 3 del artículo 338 del CPP. Partiendo que en este vicio no se refiere a una omisión absoluta de razones de hecho o de derecho que debe portar la sentencia, la motivación insuficiente se dirigirá a la consignación de argumentos de prueba o exposición de razones jurídicas que no alcancen a justificar el hecho reconocido en la resolución o las leyes que se aplican. Se presentaría la insuficiencia en los casos en que no resulte posible deducir o inferir el proceso racional que llevó al Tribunal de Sentencia a considerar como probados los hechos establecidos, o a aplicar los preceptos penales por los que se resuelve. Sobre el hecho, el vicio se observaría cuando consignándose en la valoración de la prueba cierta prueba, se omite el indicar por qué esa probanza convence al juzgador, como sucedería al decir que lo testigos generan credibilidad simple y sencillamente porque son contestes, sin exponer en qué sentido han sido concordantes. También se estimará la infracción cuando se haga referencia superficial a la prueba o la simple relación de actuaciones en el proceso. En cuanto a la motivación jurídica, éste se estimaría insuficiente cuando no se consignen las razones de derecho completas del por qué se califican los hechos en determinada norma penal; cuando se impone una pena concreta refiriendo superficialmente los factores de determinación judicial de la pena; si no se da fundamento cierto al porqué el imputado participó a título de autoría etc.; es decir, cuando se exponen con suficiencia los argumentos jurídicos sobre cuestiones fundamentales de la causa que justifican la decisión del tribunal. De la Procedencia del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su Cuarto Motivo. El recurso no es de recibo. Esta Sala observa que el recurrente radica su cuarto motivo de casación por quebrantamiento de forma en que la sentencia recurrida carece de motivación suficiente. Centra su reproche recursivo en que el sentenciador condena a los acusados con un medio de prueba ilegal no evacuado en el debate y no hay medio de prueba que incrimine a los imputados en el hecho. La prueba documental de acta de reconocimiento de objeto, acta de registro personal, acta de decomiso, acta de entrega de vehículo, acta de inspección y álbum fotográfico, demuestra únicamente la existencia de un robo. El vehículo y el café fueron encontrados en lugares diferentes. Uno de los imputados fue detenido a más de ocho horas de ocurrido el hecho. Los testigos protegidos en ningún momento realizaron un reconocimiento de los imputados bajo la tutelo judicial, por lo que no hay motivación fáctica para sustentar la sentencia condenatoria recurrida, salvo por la identificación realizada por los testigos protegidos, cuya supresión hipotética se solicita. Esta Sala reitera que debe distinguirse entre la falta de motivación de la simple insuficiencia de motivación, que no deja a la resolución privada de fundamentos eficaces, por lo que el pronunciamiento es fulminado con la nulidad únicamente por el defecto de falta la motivación, y no cuando ésta sea solo imperfecta o defectuosa. Uno de los defectos más comunes que dejan el fallo sin motivación es cuando por motivación fáctica o jurídica contradictoria, vicio que se produce cuando el juzgador afirme primero que algo es verdadero y más adelante concluya que eso mismo es falso, o cuando emita juicios de valor que introduzcan la duda o mediante consideraciones que oscurezcan el razonamiento. En la motivación del fallo que se impugna el juzgador no incurre en el vicio de falta de motivación fáctica, pues al valorar la prueba de cargo, consistente en la declaración de los Testigos Protegidos XV14 y XV15, declaración de los policías que participaron en el proceso de investigación, captura y recuperación de los objetos provenientes del delito, y la prueba documental agregada al juicio consistente en acta de reconocimiento de objeto, acta de registro personal, acta de decomiso, acta de entrega de vehículo, acta de inspección y álbum fotográfico, el juzgador la considera suficiente para derivar con certeza la participación de los acusados Darwin Osmani Discua Rosales y Manuel Antonio Aguilar en los hechos de que se les acusa. Por lo que el motivo de casación de quebrantamiento de forma, fundado en la insuficiencia de motivación fáctica, es desestimado. DECISIÓN Ha lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en sus cuatro motivos, interpuesto por la defensa privada. De La Aplicación Retroactiva Del Código Penal Decreto 130-2017 Principio de Legalidad El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra declarado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y regulado en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal 130-2017 en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos de retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir una pena de cinco a diez años de prisión). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado, disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrará en vigor y cuándo es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo con la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento del juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución Política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme y mientras se esté ejecutando, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas en su totalidad, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. Reglas Generales de Ponderación de la norma más favorable que define el NCP decreto 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigor del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo código sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). Por tanto, la ponderación tendrá una variante a depender de la instancia en que se haga: 1. En la primera instancia, al momento del juzgamiento por el tribunal, la ponderación de los cuerpos normativos parte de la comparación de las penas abstractas, pero sin dejar de tener en consideración la total de los cuerpos normativos como un todo; o 2. En la segunda o única instancia, al resolverse un recurso devolutivo interpuesto en contra de sentencia definitiva la ponderación se realizará entre la pena concreta impuesta y la pena abstracta que corresponda para el mismo hecho e igualmente reparando respecto a la totalidad de los cuerpos normativos. En ambos casos el proceso de ponderación se realiza siguiendo las reglas que se señalan en este apartado. Es importante insistir que la ponderación de la norma más favorable deberá de realizarse al momento del juzgamiento en primera instancia, en segunda instancia o en única instancia; por ello no es procedente aplicación retroactiva en estadios previos del proceso, como ser la audiencia de declaración de imputado, la audiencia inicial, la audiencia preliminar o en la etapa de saneamiento de la etapa de juicio. El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibida la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017; a tal consideración se le suma las siguientes: 1. Penas Conjuntas: No procede la ponderación parcial de penas principales; la ponderación deberá de realizarse tomando en consideración todas las penas conjuntas impuestas por los mismos hechos (Art. 617 NCP). 2. Penas privativas de Libertad: No se realizará aplicación retroactiva del NCP cuando la pena privativa de la libertad (reclusión) con todas sus circunstancias, impuesta de conformidad con el VCP 144-83, fuese también imponible con arreglo al NCP 130-2017 (Art. 616). Ello ocurre cuando la pena concreta impuesta se encuentre dentro marco abstracto de la pena que para el mismo hecho se deba de imponer de conformidad con el NCP 130-2017 (Art. 621). 3. Pena de Multa: No se realizara aplicación retroactiva del NCP cuando la pena impuesta de conformidad con el VCP 144-83, sea la de multa y la que corresponda imponer conforme al NCP 130-2017, igualmente sea una pena de multa.- La aplicación retroactiva se realizara excepcionalmente cuando: a.- No se hubiese hecho abono alguno de la pena de multa impuesta de conformidad al VCP 144-83; y b.- la concreta cuantía impuesta conforme al VCP 144-83 no fuese posible imponer de acuerdo con el NCP 130-2017 desde una perspectiva abstracta (Art. 619). 4. Penas privativas de Derechos: Las penas principales de inhabilitación absoluta y especial se compararán atendiendo a la duración de la pena concreta impuesta en la sentencia y la máxima que pueda imponerse de conformidad con el NCP 130-2017 (Art. 620). 5. Medidas de Seguridad: Respecto a las medidas de ejecución impuestas de acuerdo con el VCP 144-83 que estén pendientes de ejecución o que estén siendo ejecutadas, deberán de ser objeto de revisión y adecuación de conformidad con las normas que regulan las mismas en el NCP 130-2017; (Art. 625). Reglas de Particulares de Ponderación por Concurso de Delitos y Por ausencia de Éste A nivel de punibilidad se regulan los concursos de delitos; ante la colisión temporal de normas sustantivas el juzgador llamado a resolver la acción penal interpuesta en base al rigor del VCP 144-83, deberá de establecer si existe o no concurso de delitos, identificar cual es el que concurre y luego hacer el cálculo de pena abstracta de conformidad a dicho concurso; seguidamente el juzgador deberá de hacer la ponderación de la pena más beneficiosa determinando si conforme a lo probado igualmente se aprecia un concurso según las normas del NCP130-2017, y de ser así deberá de proceder a calcular la pena abstracta, siendo el tercer y último paso la comparación de penas que deban de ser impuestas según cada código penal, reflejándose así cuál de ellos es el que debe de ser aplicado por ser más beneficioso para el procesado o reo. Lo descrito es un proceso general que tiene sus matices a depender cada uno de los concursos, lo que obliga hacer un estudio individualizado: A. Concurso Ideal Cuando conforme a los hechos imputados se deba de aplicar un Concurso Ideal (Art. 67 en relación con el párrafo 6 del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: 1. Ponderación de la norma más favorable se realizará de manera global: comparación de la pena impuesta conforme al concurso ideal según las reglas del VCP144-83 con la pena que correspondería conforme las reglas del concurso ideal del NCP130-2017.- Es contra legem hacer una comparación individual de las penas que conforman el concurso ideal; 2. Cuando una de las penas concursadas corresponda a un delito despenalizado, primero se deberá hacer el nuevo cálculo de la pena agravada del VCP144-83 y luego hacer la comparación global con el NCP130-2017; comparación que debe de hacerse según se explicó en el numeral anterior; o 3. Si con el delito despenalizado desapareciere el concurso ideal, la comparación se deberá de realizar conforme las reglas de las penas no concursadas, que se explican más adelante. Es aplicable en la ponderación de penas impuestas al delito continuado la observancia de los límites de cumplimiento de pena conforme las reglas del concurso real: i.- Limite Subjetivo, ii.- Limite Objetivo Ordinario y iii.- Limite Objetivo Extraordinario, explicado igualmente líneas adelante. b. Delito Continuado En el caso de que la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un delito continuado la ponderación debe hacerse en relación a la pena agravada y no respecto a las penas por cada delito; (Art. 617 NCP). Al apreciarse un concurso continuado (Art. 68 en relación con el párrafo 6 del artículo 616 NCP) se procederá conforme a las mismas reglas señaladas previamente para el delito continuado. En los supuestos en donde conforme el VCP 144-83, corresponda aplicar un concurso real pero conforme el NCP 130-2017 se deba de aplicar un delito continuado, el juzgador deberá de proceder de la siguiente manera: 1. En primera instancia: i. Primero se procederá a realizar el cálculo abstracto de las penas conforme el VCP144-83, las que serán tomadas globalmente, para luego comparar el mismo con el marco abstracto de la pena que corresponda en aplicación del delito continuado según el NCP130-2017, develándose así que código es el más beneficioso en su conjunto. Recuérdese que la comparativa es global (suma de todas las penas abstractas) y no individual por cada pena; ii. En caso de que lo anterior no defina cual es la pena más favorable, el juzgador deberá de proceder a la individualización de la pena concreta de conformidad con el VCP-144-83 y paralelamente a la individualización de la pena concreta de conformidad con el BCP130-2017, de cuya comparación se decidirá que codificación es la más beneficiosa; o 2. En segunda instancia y única instancia: la comparativa parte de la confrontación de las penas que en concurso real hayan sido impuestas en la sentencia impugnada en aplicación del VCP144-83, con el marco abstracto de la única pena que de conformidad al NCP-130-2017 deba de imponerse como consecuencia de la aplicación del delito continuado; así entonces: i. Si las penas individualizadas en concurso real tomadas globalmente (la sumatoria de todas las penas), se encuentra dentro del marco abstracto de la pena del delito continuado, no se aplicará retroactivamente el NCP130-2017; ii. Si las penas individualizadas en concurso real están fuera de la escala de la pena abstracta que deba de imponerse en delito continuado según el NCP130-2017, se aplicara la pena que le sea más favorable al procesado. c. Concurso Real Los supuestos en donde la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un Concurso Real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: 1. La ponderación deberá de realizarse conforme al límite único de cumplimiento de pena que establece el artículo 35 del VCP 144-83 versus los limites objetivo ordinario o limite objetivo extraordinario, según corresponda, y luego de ello conforme al límite subjetivo que prevé el artículo 66 NCP 130-2017, debiendo excluir las penas de delitos que hayan sido despenalizados en la nueva normativa.- Es importante tener presente que ningún límite es preferente a otro y por tanto se aplicará el límite que marque menor pena; así entonces: a. Cuando entre en acción el Límite Objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá de realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al VCP144-83 y los límites del concurso real que regula el NCP130-2017, siguiendo los siguientes pasos: i. Si ambas legislaciones determinan un mismo límite de cumplimiento, se aplicará el principio de identidad, es decir el VCP 144-83; y ii. Si las legislaciones definen límites de cumplimiento distinto, se aplicará aquel que le sea más beneficioso al acusado o reo (ello sin perjuicio de lo que se señala en el siguiente literal); y/o b. Para hacer efectivo el Limite Subjetivo, que regula el NCP 130-2017 se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, develando así el límite máximo que puede cumplir el condenado: i.- Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años: la pena se adecuara a dicho límite de conformidad con lo señalado en el literal anterior; ii.- Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años; implica que el resultado matemático será el límite máximo de cumplimiento, el que deberá de ser objeto de comparación con el limite objetivo de cumplimiento del VCP144-83. 2. Cuando las penas consideradas globalmente no superasen ninguno de los límites a los que se refiere el numeral anterior, el juzgador procederá a realizar la comparación de las penas que corresponda en una y otra legislación: a. En primera instancia la comparación se realizará entre las penas abstractas definidas en cada cuerpo sustantivo; el tribunal sumará todas las penas abstractas que correspondan imponer en concurso real de conformidad con el VCP 144-83 y todas las penas abstractas que prevea el NCP130-2017, las cuales comparará. Si de la comparación no es posible determinar cuál es más beneficiosa para el procesado, el tribunal deberá de proceder a realizar la individualización de las penas de cada delito primero conforme el VCP144-83 y después conforme el NCP130-2017, luego la suma global de dichas penas por cada código será comparada entre sí, determinando cual es el cuerpo normativo más beneficioso (siempre teniendo presente además el resto de las regulaciones normativas). Finalmente, si aun con las penas individualizadas no existe claridad cuál en su conjunto es más beneficiosa para el acusado, el tribunal le consultara para que éste señale cual le favorece más. b. En segunda y única instancia la comparación se realizará entre la suma de todas las penas concretas impuestas en concurso real en la sentencia impugnada bajo el VCP 144-83 y la suma de todas las penas abstractas que define el NCP 130-2017. De dicho resultado el tribunal resolverá: i. Si las penas concretas en concurso real VCP 144-83 están dentro de la suma del margen abstracto de las penas del NCP 130-2017, no procederá la aplicación retroactiva de este último; ii. Si la suma de las penas concretas VCP 144-83 no se encuentra dentro del marco abstracto de la suma de penas en concurso real del NCP 130-2017, se aplicará el cuerpo normativo que fije comparativamente las penas más leves, sin dejar de tener en consideración el resto de las disposiciones de cada codificación para efectos comparativos; iii. Si el concurso real está compuesto por Penas Conjuntas, en donde algunas de ellas sean más beneficiosas y otras más gravosas respecto a la comparación hecha con el otro cuerpo legal; el órgano jurisdiccional deberá de tomar como pena definitoria de aplicación la pena de privación de libertad, a menos que el propio acusado señale que a su conveniencia deba de tomarse las otras penas como definitorias. Ejemplo de esto último sería un concurso real con pena global de reclusión por 25 años y multa por L. 700,000.00 conforme el VCP 144-83 y por otro lado una pena de prisión de 17 a 20 años y multa de L. 1,000,000.00 a L. 5,000,000.00 conforme el NCP 130-2017, caso en donde la pena privativa de libertad deberá de definir el código penal a aplicar, siempre que además los beneficios penitenciarios que regule ese mismo código fuesen igualmente más favorables. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Limite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Limite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Limite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos limites no se observaran cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. d. Concurso Medial El concurso medial constituyó una institución penal por muchos años, reglada por el artículo 36 del VCP 143-83, misma que desaparece en el NCP 130-2017. Por tanto, cuando conforme los hechos imputados en base al VCP144-83 deba de aplicarse un Concurso Medial (Art. 66 en relación con el párrafo séptimo del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: 1. Se realizará la comparación global de la pena que corresponda en concurso medial según el VCP144-83 con las penas que correspondería aplicar en concurso real conforme al NCP130-2017, en consideración a los limites subjetivo, objetivo ordinario y objetivo extraordinario, del que hemos hablado en el apartado anterior; 2. Es improcedente hacer comparación individual de las penas que conforman el concurso medial del VCP144-83 y las penas en concurso real del NCP130-2017; 3. Cuando una de las penas corresponda a un delito despenalizado, haciendo desaparecer el concurso Medial, la comparación se deberá de realizar conforme las reglas de las penas no concursadas, lo que se aborda en el apartado siguiente. e. Penas Conjuntas No Concursadas Finalmente, cuando corresponda imponer a una persona una Pena No Concursada, se procederá a la comparación de la pena concreta o de las penas conjuntas (en su caso) impuesta conforme VCP144-83 con la pena abstracta (o penas conjuntas) que correspondan según el NCP130-2017, bajo las siguientes reglas: 1. Si existe coincidencia en la naturaleza de las penas contempladas como sanción en ambas legislaciones: i. No procederá la aplicación retroactiva cuando la nueva legislación prevea una pena más grave que la anterior legislación; ii. No procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada impuesta conforme el VCP144-83 se encuentre dentro del margen abstracto del NCP130-2017; iii. Procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada sea más grave en comparación con el margen abstracto previsto en la nueva legislación; 2. Si el hecho definido como delito tiene previstas Penas Conjuntas (varias penas principales, siendo una de ellas la privativa de libertad) donde una de ellas es más beneficiosa y la otra es más gravosa en comparación con el otro cuerpo legal, el órgano jurisdiccional deberá de tomar como pena definitoria de aplicación la de privación de libertad, a menos que el propio acusado señale que a su conveniencia deba de tomarse las otras penas como definitorias. Ejemplo de esto último sería pena de reclusión por 9 años y multa del 10% de lo defraudado equivalente a L. 50,000.00 conforme el VCP 144-83 en comparación con una pena de prisión de 2 a 3 años y multa 400 días multa equivalente de hasta L. 2,000.000.00 por defraudación a las telecomunicaciones, caso en donde la pena privativa de libertad deberá de definir el código penal a aplicar, siempre que además los beneficios penitenciarios que regule ese mismo código fuesen igualmente más favorables; o 3. Si la sanción impuesta conforme el VCP144-83 es de distinta naturaleza a la prevista en el NCP130-2017, se procederá a hacer una ponderación en atención al caso concreto, incluyendo la situación personal del condenado/a, para determinar cuál de ellas le es más beneficiosa y con esto si procede o no la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal.- En caso de requerirse estudios para determinar cuál de las sanciones es más beneficiosa, éstos deberán de ser ordenados por el Tribunal previo a la decisión. Finalmente, si aun con los estudios realizados no existe claridad cuál de las penas es más beneficiosa para el acusado, el tribunal le consultara a éste para que señale la que más le favorece. Escrito Suplementario Señala el artículo 624 del Código Penal 130-2017 que, en el trámite de un recurso contra una resolución definitiva, las partes podrán presentar un escrito suplementario a efecto de que el tribunal ad-quem lo tome en consideración al momento que corresponda hacer la ponderación de la norma penal más favorable entre el Código Penal vigente al momento del hecho (CP 144-83) y el Código Penal vigente al momento del juzgamiento (CP 130-2017). En el presente caso no se presentó por parte de la defensa pública escrito complementario en el que estableciera su parecer sobre la aplicación retroactiva de la nueva normativa penal; tampoco el Ministerio Público hizo pronunciamiento al respecto, por lo que la Sala de lo Penal se ve obligada a realizar el análisis de oficio tal y como prevé el numeral 3 de la misma norma citada, en relación al acusado señalado. Ponderación en el caso concreto En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso al señor Darwin Osmani Discua Rosales por el delito de Robo de Vehículo Agravado, en perjuicio del señor José Andrés Doblado Flores, la pena de diecisiete (17) años de reclusión y por el delito de Robo Agravado, en perjuicio de José Andrés Flores Doblado a la pena de diez (10) años de reclusión más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil, por el tiempo que dure la condena principal; e impuso al señor Manuel Antonio Aguilar, por el delito de Robo de Vehículo Agravado, en perjuicio del señor José Andrés Doblado Flores, a la pena de diecisiete (17) años de reclusión, por el delito de Robo Agravado, en perjuicio de José Andrés Flores Doblado a la pena de diez (10) años de reclusión, y por el delito de Atentado, en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras, la pena de tres (3) años de reclusión, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta y especial e interdicción civil por el tiempo que dure la condena principal. En cuanto al señor Darwin Osmani Discua Rosales, conforme al Código Penal (Decreto 130-2017), se encuentra consignado como delito de Robo Agravado con Violencia (vehículo) sancionado con la pena de 4 a 8 años de prisión conforme al artículo 361, en relación con el artículo 363 numeral 9, aplicando al caso la circunstancia agravante en atención al uso o empleo de armas de fuego, por lo que dicha pena debe ser aumentada en 1/3, resultando una pena de 8 años a 10 años 8 meses de prisión; y por el delito de Robo Agravado con violencia con una pena de 4 a 8 años de prisión, al igual en el caso anterior, seria agravada por la misma circunstancia del artículo 363 numeral 9 aumentada en 1/3, resultando una pena de 8 años a 10 años 8 meses de prisión. Por lo anterior, la pena abstracta en concurso real por los delitos de Robo Agravado con Violencia (vehículo) y Robo Agravado con Violencia, que se debería imponer al señor Darwin Osmani Discua Rosales sería la comprendida entre 16 años a 21 años, 4 meses de prisión. La comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que las penas de Robo Agravado con violencia (vehículo) y Robo Agravado con Violencia del Código Penal 130-2017, prevé penas menos severas en comparación con las contempladas en el Código Penal 144-83 para la misma conducta reprochada que está contenida en el delito de robo de vehículo agravado y robo agravado, por lo que es procedente la aplicación retroactiva de la nueva codificación. Para efectos de la individualización de las penas, manda el artículo 70 NCP tener en consideración la existencia o ausencia de las circunstancias modificativas de la responsabilidad penal.- En el presente el Ministerio Público alego la existencia de circunstancias agravantes y ninguna atenuante, la defensa privada, solicita se aplique las penas mínimas, resolviendo el Tribunal de Sentencia la existencia de tres (3) agravantes imponer al acusado las penas agravadas en el VCP 144-83; lo que es considerado por esta Sala de lo Penal, al apreciar la existencia de una circunstancia específica las del artículo 363 numeral 9, no existiendo ninguna circunstancias agravantes ni atenuantes de los artículos 31 y 32 del Código Penal según decreto 130-2017; En relación a las circunstancias personales, consta en el acumulado judicial que el ahora condenado Darwin Osmani Discua Rosales, tenía la edad de 23 años al momento de los hechos, en unión libre, Técnico en Mecánica, con domicilio en el barrio San Blas de la Ciudad de Comayagua.- Conforme a lo señalado corresponde imponer al reo las siguientes penas: i.- Por el delito de Robo Agravado con Violencia (vehículo): prisión por nueve (09) años y ii.- Por el delito de Robo Agravado con Violencia: prisión por nueve (09) años, mas las penas accesorias de inhabilitación absoluta y suspensión de la ciudadanía por disposición constitucional (Artículo 41.2), por el tiempo señalado para el cumplimiento de la pena de prisión. Ahora bien, respecto al señor Manuel Antonio Aguilar Donaire conforme al Código Penal (Decreto 130-2017), se encuentra consignado como delito de Robo Agravado con Violencia (vehículo) sancionado con la pena de 4 a 8 años de prisión conforme al artículo 361, en relación con el artículo 363 numeral 9, aplicando al caso la circunstancia agravante en atención al uso o empleo de armas de fuego, por lo que dicha pena debe ser aumentada en 1/3, resultando una pena de 8 años a 10 años 8 meses de prisión; y por el delito de Robo Agravado con violencia con una pena de 4 a 8 años de prisión, al igual en el caso anterior, seria agravada por la misma circunstancia del artículo 363 numeral 9 aumentada en 1/3, resultando una pena de 8 años a 10 años 8 meses de prisión; por el delito de Atentado consignado en el Art. 570 segundo párrafo, con pena abstracta de 1 a 3 años de prisión y multa de 100 a 300 aumentada en 1/3 agravado por el empleo de armas, la nueva pena abstracta por este delito sería la de 3 a 4 años de prisión, y multa de 300 a 400 días. Por lo anterior, la pena abstracta en concurso real de los delitos Robo Agravado de vehículo, Robo agravado y Atentado agravado a imponer al señor Manuel Antonio Aguilar Donaire sería la comprendida entre 19 años a 30 años, 8 meses de prisión y multa de 300 a 400 días Por lo anterior, la pena abstracta en concurso real por los delitos de Robo Agravado con Violencia (vehículo), Robo Agravado con Violencia y Atentado, que se debería imponer al señor Manuel Antonio Aguilar Donaire sería la comprendida entre 19 años a 25 años, 4 meses de prisión. La comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que las penas de Robo Agravado con violencia (vehículo), Robo Agravado con Violencia y Atentado del Código Penal 130-2017, prevé penas menos severas en comparación con las contempladas en el Código Penal 144-83 para la misma conducta reprochada que está contenida en el delito de robo de vehículo agravado y robo agravado, por lo que es procedente la aplicación retroactiva de la nueva codificación. Para efectos de la individualización de las penas, manda el artículo 70 NCP tener en consideración la existencia o ausencia de las circunstancias modificativas de la responsabilidad penal.- En el presente el Ministerio Público alego la existencia de circunstancias agravantes y ninguna atenuante, la defensa privada, solicita se aplique las penas mínimas, resolviendo el Tribunal de Sentencia la existencia de tres (3) agravantes imponer al acusado las penas agravadas en el VCP 144-83; lo que es considerado por esta Sala de lo Penal, al apreciar la existencia de una circunstancia específica las del artículo 363 numeral 9, no existiendo ninguna circunstancias agravantes ni atenuantes de los artículos 31 y 32 del Código Penal según decreto 130-2017; En relación a las circunstancias personales, consta en el acumulado judicial que el ahora condenado Manuel Antonio Aguilar Donaire, tenía la edad de 21 años al momento de los hechos, en unión libre, Jornalero, con domicilio en el barrio San Blas de la Ciudad de Comayagua.- Conforme a lo señalado corresponde imponer al reo las siguientes penas: i.- Por el delito de Robo Agravado con Violencia (vehículo): prisión por nueve (09) años; ii.- Por el delito de Robo Agravado con Violencia: prisión por nueve (09) años y iii) Por el delito de Atentado: prisión por tres (3) años, cuatro (4) meses y multa de trescientos veinticinco (325) días a razón de veinte (20) lempiras por día multa, que equivale a Seis Mil Quinientos Lempiras (L.6,500.00), mas las penas accesorias de inhabilitación absoluta y suspensión de la ciudadanía por disposición constitucional (Artículo 41.2), valor mínimo que se le impondría al acusado por carecer de un estudio socio económico, por lo que le corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por conllevar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del nuevo Código Penal. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales y 338, 362 y 369 del Código Procesal Penal; 615,616 y 624 del Código Penal. FALLA: Primero: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación Por Quebrantamiento de Forma en sus cuatro motivos, interpuesto por el Abogado Luis Fernando Maradiaga, en su condición de defensor privado de los señores Darwin Osmani Discua Rosales y Manuel Antonio Aguilar Donaire; Segundo: Declara la procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal decreto 130-2017, por la conducta reprochada a los acusados Darwin Osmani Discua Rosales y Manuel Antonio Aguilar Donaire; en consecuencia, reforma los pronunciamientos segundo y tercero de la parte resolutiva de la sentencia de fecha siete de diciembre de dos mil dieciséis, emitido por el Tribunal de Sentencia de Comayagua, departamento de Comayagua, en los siguientes términos: 1) Que debemos condenar y condenamos al acusado Darwin Osmani Discua Rosales, de generales conocidas en el acumulado judicial, como responsables penalmente de los delitos consumado de Robo con Violencia (vehículo), en perjuicio de José Andrés Doblado Flores, a cumplir la pena de prisión por nueve (9) años, y por el delito de Robo Agravado con Violencia en perjuicio de José Andrés Doblado Flores, a cumplir la pena de prisión por nueve (9) años, a la que deberá de deducirse el tiempo en que el condenado haya estado privado de su libertad cautelarmente por la misma causa criminal; pena de prisión que deberá de cumplir en el Centro Penal más próximo al último domicilio del reo, esto sin perjuicio de los traslados que disponga el Instituto Nacional Penitenciario con vista a la seguridad y el mejor desarrollo del proceso de rehabilitación del reo. Asimismo, se condena a las penas accesorias de inhabilitación absoluta y suspensión de la ciudadanía por disposición constitucional (Artículo 41.2), por el tiempo señalado para el cumplimiento de la pena de prisión. 2) Que debemos condenar y condenamos al acusado Manuel Antonio Aguilar Donaire, de generales conocidas en el acumulado judicial, como responsables penalmente de los delitos consumado de Robo con Violencia (vehículo), en perjuicio de José Andrés Doblado Flores, a cumplir la pena de prisión por nueve (9) años, y por el delito de Robo Agravado con Violencia en perjuicio de José Andrés Doblado Flores, a cumplir la pena de prisión por nueve (9) años y por el delito de Atentado en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras, a cumplir la pena de prisión tres (3) años, cuatro (4) meses y multa de trescientos veinticinco (325) días a razón de veinte (20) lempiras por día multa, que equivale a Seis Mil Quinientos Lempiras (L.6,500.00), a la que deberá de deducirse el tiempo en que el condenado haya estado privado de su libertad cautelarmente por la misma causa criminal; pena de prisión que deberá de cumplir en el Centro Penal más próximo al último domicilio del reo, esto sin perjuicio de los traslados que disponga el Instituto Nacional Penitenciario con vista a la seguridad y el mejor desarrollo del proceso de rehabilitación del reo. Asimismo, se condena a las penas accesorias de inhabilitación absoluta y suspensión de la ciudadanía por disposición constitucional (Artículo 41.2), por el tiempo señalado para el cumplimiento de la pena de prisión. Tercero: Declara firme y ejecutable la sentencia dictada por el Tribunal de Sentencia de Comayagua, departamento de Comayagua de fecha siete de diciembre del dos mil dieciséis, en sus numerales primero, cuarto, quinto, y sexto de parte dispositiva; Y manda: A efecto de que se acate lo resuelto, la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas en única instancia, deberá devolver los antecedentes del caso al tribunal de justicia de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento. Siendo ponente en la presente sentencia el Magistrado Walter Raúl Miranda Sabio. Notifíquese. Firmas y Sello. Walter Raul Miranda Sabio. Magistrado Coordinador. Nelson Danilo Mairena Franco. Magistrado. Mario Rolando Diaz Flores. Magistrado. Firma y Sello. Rina Koritza Sandoval Navas.-. Receptora Adscrita Sala de lo Penal.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los doce días del mes de junio de dos mil veintitrés. Certificación de la Sentencia dictada a los veintiocho días del mes marzo del año dos mil veintitrés, recaída en el expediente de casación con número de ingreso SP-110-2017.
RINA KORITZA SANDOVAL NAVAS
RECEPTORA ADSCRITA SALA DE LO PENAL
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[1] Cuellar Cruz, Rigoberto; Fernández Entralgo, Jesús; Gómez Colomer, Juan Luis. Derecho Procesal Penal de Honduras. Manual Teórico-Práctico. Proyecto Fortalecimiento del Poder Judicial de Honduras. Agencia Española de Cooperación Internacional. Tegucigalpa, Honduras. Año 2004. Páginas 598-599