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Sentencia CP-11-20 — Registro 16888

Resumen

En primer instancia se condena al imputado por el delito de homicidio simple, se declara sin lugar el recurso de casación interpuesto por su defensa. No procede la aplicación retroactiva de la ley penal

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"... El único motivo no es de recibo. De inicio, la recurrente ha cuestionado los medios probatorios y no la valoración que de ellos realizó el juzgador, por ello, esta Sala de lo Penal, previo a referirse concretamente al caso que nos ocupa, recuerda que el artículo 202 del Código Procesal Penal establece que el sistema de valoración de la prueba, es el de la sana crítica, por el que la sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el tribunal, señalar lo resuelto en los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva. En este apartado el juzgador debe explicar por qué un medio probatorio le merece fe y otro no y además, por qué un elemento de prueba u otro le lleva a una conclusión determinada. Cuando se interpone un recurso de casación por quebrantamiento de forma cuyo motivo es la infracción a las reglas de la sana crítica (como es el caso que nos ocupa), el censor delimita su análisis a la fundamentación probatoria y la trascendencia que pueda tener ésta en la fundamentación fáctica y el posterior fallo; debe, como labor primera, identificar qué regla de la sana crítica es la infringida. (Ver sentencias de la Sala de lo Penal de fecha 17 de enero de 2013, recaída en el expediente SP 131-2011; y de fecha 27 de junio de 2013, recaída en el expediente SP 132-2011); posteriormente, el recurrente deberá identificar el silogismo judicial que considera transgrede la regla previamente identificada, segregar su premisa mayor, su premisa menor y su posterior conclusión, para después explicar y comprobar porqué la conclusión inferida de aquellas premisas, no tiene la cualidad de respetuosa de nuestro sistema de valoración probatorio, siendo este precisamente el proceso de identificación, explicación y comprobación del vicio que exige una buena técnica recursiva. Sucede, en el caso actual, que la recurrente no interpone un recurso que identifique con claridad en primer término, el postulado intelectivo que considera infringe la regla de la lógica como cita en su recurso, pues se limita a hacer alegatos propios de instancia tales como haber cuestionado haberse dado por acreditado que su representado le disparo a la víctima, al necesitarse según la recurrente aspectos técnicos y no basta un testimonio para ello, asimismo, el no estar clara la defensa privada de como quedo acreditado que su representado sacó y disparo un arma de fuego en varias ocasiones contra la humanidad del occiso, si no se acredito que el arma le pertenece al acusado, o que tenga arma alguna registrada a su nombre, entre otros aspectos. Estos alegatos no son potenciales para que esta Sala de lo Penal determine si la valoración probatoria es respetuosa o no de las reglas de la sana crítica. Resta aún más eficacia al recurso, el que el censor realice una valoración probatoria alternativa de la prueba, pues esa función valorativa compete única y exclusivamente al Tribunal de Sentencia (Artículo 336 del Código Procesal Penal), quien realiza los principios de contradicción, inmediación, publicidad, oralidad y defensa que rigen la actividad de la prueba. El censor no puede pretender, con éxito, que su recurso prospere determinando desde su particular visión cuál es el alcance conviccional que tiene un medio de prueba, pues esa labor compete al sentenciador, quien alcanza un estado intelectivo -negativo o positivo- en relación a la prueba, y justifica motivadamente las razones por las cuales llegó a esa conclusión. El censor del fallo, en apego a sus alegatos, no logran en manera alguna identificar, explicar y comprobar la lesión a las reglas citadas como infringidas, pues son simples alegatos que cuestionan la prueba evacuada en el debate y no así el razonamiento judicial. Al haber sido estas las cuestiones objeto de impugnación, la Sala de lo Penal deviene obligada a desestimar el motivo.."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

De la procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal decreto 130-2017. A. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir de cinco a diez años de prisión una pena). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrara en vigencia y cuando es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento de juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. b. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas de manera completa por la persona, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el Código Penal Decreto 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigor del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo Código sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibido la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando en la sentencia impugnada por un recurso devolutivo se aprecie una pena no concursada, se procederá a la comparación de la pena concreta impuesta conforme CP-144-83 con la pena abstracta conforme CP-130-2017, bajo las siguientes reglas: Si existe coincidencia en la naturaleza de las penas contempladas como sanción en ambas legislaciones: i.- no procederá la aplicación retroactiva cuando la nueva legislación prevea una pena más grave que la anterior legislación; ii.- no procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada impuesta conforme el CP-144-83 se encuentre dentro del margen abstracto del CP-130-2017; iii.- procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada sea más grave en comparación con el margen abstracto previsto en la nueva legislación; o Si la sanción impuesta conforme el CP-144-83 es de distinta naturaleza a la prevista en el CP 130-2017, se procederá a hacer una ponderación en atención al caso concreto, incluyendo la situación personal del condenado/a, para determinar cuál de ellas le es más beneficiosa y con ello si procede o no la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal. En caso de requerirse estudios para determinar cuál de las sanciones es más beneficiosa, éstos deberán de ser ordenados por el Tribunal previo a la decisión. Las penas a las que se refiere los numerales anteriores deben de fijarse en consideración a las reglas generales de ambos códigos. C. Escrito Complementario No fue presentado ante la única instancia escrito por parte de la defensa privada del acusado Trinidad Mejía Morales, que expusiera cuál es su criterio en cuanto a la aplicación retroactiva del nuevo cuerpo normativo penal en relación al delito de Homicidio, tal y como lo señala el artículo 624 del Código Penal 130-2017; Tampoco el Ministerio Público hizo pronunciamiento sobre el respecto; por lo que la Sala de lo Penal se ve obligada de oficio a realizar el análisis tal y como prevé el numeral 2 de la misma norma citada, en relación a los acusados señalados. D. Ponderación en el caso concreto En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso al señor Trinidad Mejía Morales, la pena principal de quince (15) años de reclusión, como autor responsable penalmente de un delito de Homicidio en perjuicio de la vida del señor Jerónimo Matute Velásquez, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil, por el tiempo de la pena privativa de libertad, y las consecuencias penales trabajo penitenciario y responsabilidad civil derivada del delito. La conducta reprochada al acusado está prevista en el Título III, Capítulo I, del Libro II del Código Penal 130-2017, tipificado como delito de homicidio (Art. 192), cuya pena es de quince (15) a veinte (20) años de prisión, marco abstracto dentro del cual se encuentra la pena privativa de libertad impuesta al acusado. Por tanto, no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del nuevo Código Penal.

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia recaída en el expediente del Recurso de Casación SP 11-2020 que literalmente dice: “Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a un día del mes de noviembre del año dos mil veintitrés, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados, Walter Raúl Mirada Sabio en calidad de coordinador, Nelson Danilo Mairena Franco y Mario Rolando Díaz Flores, pronuncian, En nombre del Estado de Honduras La siguiente sentencia conociendo del Recurso de Casación SP 11-2020, por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha ocho de mayo del año dos mil diecinueve, dictada por el Tribunal de Sentencia de Comayagua, Departamento de Comayagua, mediante la cual falló: Primero: Condenó al señor Trinidad Mejía Morales, como autor responsable de un delito de Homicidio en perjuicio de Jerónimo Matute Velásquez, a la pena de quince años de reclusión. Segundo: Condenó al señor Trinidad Mejía Morales, como consecuencia de la pena de reclusión a las penas accesorias de Inhabilitación absoluta e Interdicción Civil, por el tiempo que dura la pena principal. Tercero: Declaró la responsabilidad civil del condenado Trinidad Mejía Morales. Cuarto: No procedió la condena en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio. Recurso de Casación interpuesto por la Abogada Lili Roxana Chinchilla Calix, actuando en su condición de defensora privada del encausado. Son partes en única instancia: La Abogada Lili Roxana Chinchilla Calix, defensora privada, en su condición de recurrente; el Abogado Salvador Cuestas Arévalo, agente fiscal del Ministerio Público, en su condición de recurrido. HECHOS PROBADOS DE LA INSTANCIA “Único: En fecha 14 de enero del año 2017, aproximadamente a las diez de la mañana, el señor Jerónimo Matute Velásquez se encontraba en la casa de habitación de la señora Dora Flores, que se encuentra ubicada en La Aldea Agua Blanca del Municipio de San José del Potrero, Departamento de Comayagua, cuando llego el señor Trinidad Mejía Morales y de repente saco su arma de fuego de la cintura y le disparo en varias ocasiones al señor Jerónimo Matute provocándole la muerte” RECURSO DE CASACIÓN. MOTIVOS Y ARGUMENTOS La Abogada Lili Roxana Chinchilla Calix, actuando en su condición de defensora privada del encausado, procedió a formalizar su Recurso de Casación de la manera siguiente: “EXPOSICIÓN DEL MOTIVO DE CASACIÓN MOTIVO: No haber observado el sentenciador en la valoración de la prueba las reglas de la sana crítica. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en la parte final del numeral 3 del Artículo 362 del cpp. El precepto penal objetivo que se invoca como infringido prescribe: “Artículo 202. Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica. El órgano jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida. En relación con el párrafo primero del artículo 336 del C.P.P. Será de utilidad para la mayor comprensión del presente recurso establecer lo que se debe entender en cuanto a la valoración de la prueba en un proceso penal. obligatoriedad que también se revalida en el numeral 2 de la regla Cuarta del Artículo 338 del mismo cuerpo legal. Este sistema de valoración, le permite al sentenciador cierta libertad en su estimación de pruebas que determinen su convencimiento, siempre respetando las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común. Resulta, que la sentencia que hoy se cuestiona por esta vía impugnativa, contiene un vicio grave que atenta contra las reglas de la Sana Crítica a observarse en la valoración de la prueba, y que se convierte, en consecuencia, en la violación de los Artículos mencionados Como el motivo se orienta a demostrar la inobservancia de las regias del recto entendimiento humano en la valoración de la prueba, que a la vez es un problema de fundamentación, conviene explicar en qué consisten esas reglas: Conforme el artículo 202 del Código Procesal Penal, el sistema de valoración autorizado es el de la sana crítica y la estructura de la sentencia es definitiva en el artículo 338 del mismo cuerpo legal, en tanto esa sentencia es el juicio de valor emitido por el A quo, debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica y sobre la cual se realiza aquel ejercicio valorativo. Ese cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por la regla del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio, luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva, en este apartado el Juzgador debe explicar por qué un medio probatorio le merece fe y otro no y además, por qué un elemento de prueba u otro le lleva a una conclusión determinada. Sobre este fundamento intelectivo recae el reproche del recurso de casación por violación de las reglas de la sana crítica. Expresa el sentenciador en el apartado de valoración de la prueba: PRIMERO: Comparecieron por parte del Ministerio Público: A.- Testigo protegido con clave Z quien señalo que: fue un sábado 14 de Enero, como a las ocho de la mañana, primero llego trinidad a traer una ropa que mi mama le lavo después llego Jerónimo, Trinidad salió a comprar una leche, Jerónimo se sentó estábamos viendo un partido, comenzó hablar de las cosechas, después el testigo protegido PL le dijo que entrara para entregarle la ropa para que se fuera, Jerónimo agarro el testigo PL y entonces Trinidad se puso celoso, testigo le entrego la ropa y le dijo que no volviera, entre al cuarto pensé que Trinidad le iba hacer algo y quede en el cuarto, mire que trinidad saco el arma, escuche el disparo y salió corriendo lo seguí corriendo y el me apuntaba agarre una piedra y fue allí cuando me detuve. A interrogantes manifestó: Ministerio Publico: fue el año 2017, a Trinidad de la aldea, el Aldea agua blanca de la aldea el potrero, le hacen tres disparos, Jerónimo está sentado sobre un tambo cerca de la sala y el cuarto, cuando le hacen los disparos, el arma era color gris, 3.57, llego primero Trinidad, a la media hora llego Jerónimo, DEFENSA: habían seis personas en la casa, y una niña solo conté los grandes, a Trinidad no lo conocía casi, él es medio alto con bigote, se pintaba el pelo azul a los lados, el trinidad portaba el arma, siempre andaba el arma y a veces se le notaba que arma era, era un partido del Barcelona, estaba en la sala, en la sala estuvieron conversando como media hora, el testigo PL le entrego la ropa y agano el machete y yo entre al cuarto, observo cuando le está entregando la ropa y el testigo PL le dice que se valla, yo me quede allí EL SALIO y escuche los disparos. B.- Testigo Protegido con clave L, quien manifestó: fue el 14 en enero 2017, como a las 8, Trinidad llego primero y luego llego Gerónimo y se sentó y estaba viendo el partido9 luego Trinidad se metió al cuarto con el testigo PL y no sé qué conversaban, Gerónimo llego porque me iba a dar un dinero para una leche porque él es el abuelo de mi niña, yo le dije que me esperara para ir a sacar el dinero, luego salió Trinidad no discutieron solo le disparo a Gerónimo Matute. A interrogantes manifestó: Ministerio Publico: estaba sobre la sala, le hace tres disparos en el pecho, me encontraba hacía unos pasos de él, cuando yo lo quiere que le disparo porque tenía la niña mía en los brazos, yo Salí corriendo a gritar a mari, el salió huyendo, el testigo PL se quedó con él, Defensa: los disparos en el pecho no recuerdo, a Trinidad no lo conocía mucho, tenía poco tiempo de haberlo conocido, él estaba enamorado con testigo PL no sé si estaba enamorado o tuvieron una relación, andaba un pantalón azul y una camisa azul pálido, andaba un saco porque testigo le entrego la ropa, un día antes le llegaron a entregar un arma, y se la entregaron a testigo PL, habían como siete personas en la casa, aparte habían unos Años también, Trinidad está viendo un partido y conversado conmigo, él estaba viendo el partido, no me acuerdo que partido. C.- Testigo protegido clave PL, quien manifestó: el 14 de enero 2017, a las 7 de la mañana llego Trinidad, luego a la media hora llego Jerónimo, vino él y entro, y Trinidad estaba sentado en la puerta, ese día estaba jerónimo estaba bien hiperactivo, con aquella alegría, me abrazaba, estaba haciendo tortillas, el me abrazo me apretó, luego se levantó Trinidad y me dijo me puede prestar un traste para comprar leche, luego Gerónimo con todo y leña me sentó en las piernas, de allí se sentó a ver el partido, cuando en eso vino con la leche Trinidad y me dijo no voy a tomar leche déjeselas a las muchachas, y me dijo deme mi ropita, ya me voy, y me fui al cuarto y luego el platicando, salió con la ropa estos terminando de doblar la ropa escuche los disparos, él le había prestado la pistola a Alexi y me dijo me puede tener este encargo y me dijo que se la viniera a dejar aquí porque el lunes se va para el sur, cuando le entregue la ropa se despidiò y cuando estoy en el cuarto escuche los disparos A interrogantes manifestó: Ministerio público: Escuche tres disparos, el primero fue en el pecho y otro al lado del estómago, le arrebato la niña, logro pegarle el otro, vine y lo auxilie y el testigo Z lo siguió y le dio con una piedra y los vecinos le dijeron que se regresara solo dos le pego, una bala quedo en la pared, Defensa: esto sucedió en la sala, en la aldea Agua Blanca, de San José del Potrero, era un hombre tranquilo, él vivía en el sur, quisimos tener una relación y le dije que esto no va seguir y se fue a vivir a Sulaco solo iba a traer la ropa, el llego a las siete y a la media hora llego Jerónimo, habíamos siete adultos y los dos niños, no sé qué partido pero creo que fue el Barcelona, es trigueño, alto, colocho, se tiñe el pelo, yo estaba en el cuarto a Gerónimo Matute le lave la ropa y le di la ropa a Trinidad, a él no le miro que iba hacer algo.D.- RITA LASTENIA BONILLA MATUTE: quien manifiesta: la muerte de mi tío fue el 17 de enero 2019, yo estaba en mi casa cuando los disparos, el señor iba saliendo y pregunte que pasaba y me dijeron que le había pegado unos disparos el señor Trinidad y le fui avisar a mi mama, mire la bala en el suelo, ya lo habían llevado a Sulaco cuando llegue ya estaba muerto. A interrogantes manifestó: Ministerio Publico: escuche tres disparos, solo mire las señoras de la casa llorando y dijeron le dieron dos disparos a jerónimo y yo pepene una bala 38, hay como unas 40 o 50 varas, vivía una distancia de 50 varas, como 7 personas adultas y tres niños, eran como las 7:30 de la mañana, fue el 14 de enero del año 2017. E.- MARIS ELIZA MATUTE VELASQUEZ: quien manifiesta: fue el día 14 de enero un sábado el año 2017, me dice clave PL me dijo mataron a mi papa, salí corriendo me subí y el allí murió, las heridas eran en el pecho, permaneció convida unos 20 minutos. SEGUNDO: Como prueba Dericial se evacuaron Dictamen de levantamiento ratificado nor la doctora Kenia María Saravia con tarjeta de identidad número 0301-1966-00559, presenta las siguientes lesiones 1.- dos heridas de borde regular, con anillo de contusión, sin anillo de enjugamiento (orificio de entrada) A.- uno en el cuarto espacio intercosta! derecho de lxl centímetro a 10 centímetros a la derecha de la línea media a 133.5 centímetros de altura del talón derecho. B.-uno quinto espacio intercostal derecho circular de 1 por 1 centímetros de diámetro y a 124 centímetros de la altura del talón derecho. 2.- un orificio en el cuarto espacio intercostal derecho izquierdo de la línea media a 133 centímetros de la altura del talón izquierdo (orificio de salida). Actas que fueron ratificadas por la doctora KENIA MARIA SARAVIA quien a preguntas respondió que al hacer el levantamiento la escena estaba modificada, pero se supone que las heridas eran producidas por arma de fuego, dichas heridas estaban modificadas por estar saturadas. TERCERO: Se evacuaron como prueba documental propuesta por la Fiscalía: a.- Acta de levantamiento Cadavérico requisa y álbum fotográfico realizado el 14 de enero del 2017 b.- Acta de Inspección Ocular requisa, Álbum Fotográfico ratificado por Sandy Ernestina Carbajal con tarjeta de Identidad número 0824-1982-005858, realizada en fecha 20 de enero del año 2017, en la Aldea Agua Blanca, del Municipio de San José del Potrero, cuya vivienda está compuesta por una sala, dos dormitorios y un área de cocina. c.- Acta de decomiso y secuestro ratificada por Elan RaMo Pémzcon Tarjeta de Identidad 1212-1994-00144. De los medios de prueba expresados anteriormente el Tribunal de Sentencia refiere lo siguiente: Para el Tribunal estos testimonios son completamente creíbles, veraces y coherentes por que relatan los hechos de una forma congruente, debido que se encuentran ubicados en la habitación de su vivienda y los otros dos en la sala de la misma vivienda donde observan los hechos, ubicando al acusado en el tiempo y espacio, así como también la hora en que ocurrieron estos hechos resaltando aspectos muy importantes, la testigo protegido PL quien es la persona que le entrega el arma de fuego a trinidad que le había prestado una persona de nombre Alexis, y posteriormente en la sala de la vivienda se encuentran los demás testigos protegidos mirando televisión con don Jerónimo Matute y este saca el arma de fuego y le dispara. Para continuar con un Juicio de valor en relación a estos testimonios analizamos detenidamente el Dictamen de Levantamiento Cadavérico, realizado por la doctora KENIA MARTA SARAVIA: quien determino que presentaba dos heridas de borde regular, con anillo de contusión, sin anillo de enjugamiento (orificio de entrada) cuyo dictamen es determinante porque así lo expresan los testigos protegidos que miraron que hizo varios disparos con el arma de fuego, estos medios probatorios se encuentran íntimamente relacionados entre sí, porque coinciden con sus testimonios, continuando con el análisis también tomamos en cuenta Acta de Inspección realizada a la vivienda donde ocurrieron los hechos observándose mediante las planas fotográficas la vivienda, así como también la sala de la misma, donde se encontraba la victima mirando televisión con los testigos protegidos, demostrándose efectivamente con los dichos de los testigos protegidos. La deposición de los testigos muestra la dinámica de los hechos en los que perdiera el occiso por que se encontraba cerca; en primer lugar observa los hechos directamente por ser la personas que se encontraban en la sala de la vivienda y miran cuando llega el señor trinidad ingresa a la habitación de la vivienda y posteriormente sale y le dispara a Jerónimo Matute, es decir que no existe ni la más mínima duda porque los testigos protegidos, perciben los hechos por que se encontraban en el mismo sitio y cerrado porque ocurre en la misma sala de la vienda y completamente cerca de la víctima que incluso tenía en sus brazos una niña y en segndo lugar lo observan cuando abandonan el lugar en veloz carrera quien fue perseguido por uno de los testigos protegidos lanzándole piedras a acusado, es decir que se encuentra en el mismo espacio que dicho sea de paso era cerrado teniendo la suficiente claridad para observar los hechos para dar un juicio de valor a la declaración del testigo protegido es preciso valorar aspectos del lugar, distancia de observación de los hechos y aptitudes físicas o de percepción del observador. Hasta entonces en el juicio se observó que la percepción de los testigos no se determinó que se encontraban en condiciones anormales, o sufriera algún defecto físico que impidiera o limitase para esa fecha la percepción de los hechos por parte de este, es decir aspectos objetivos y subjetivos del deponente. Mediante el testimonio de RITA LASTENIA BONILLA quien expresa que en fecha 14 de enero año 2017, expresa que escucho los disparos, salió de su vivienda encontró una bala 38, como a unas 40 o 50 varas de la vivienda, su deposición refuerza los testimonios anteriores porque refieren que la víctima murió a causa de disparos de arma de fuego así como también la acta de decomiso de una Ojiva color gris, también con el testimonio de MARTA ELIZA MATUTE quien refiere en su relato que füe informada de la muerte de su padre y así que de inmediato buscaron auxilio para trasladado a un centro asistencial, fortaleciendo así los testimonios de los testigos protegidos porque fue extraído el cadáver de la vivienda de la testigo protegido PL. También se evacuaron los medios de prueba documentales como ser Acta de levantamiento de cadáver y acta de defunción acreditándose de esta forma la muerte real y legal del occiso. De la ojiva color gris encontrada por la señora RITA LASTENIA BONILLA a unos 50 metros de la propiedad donde falleció la víctima, confirma lo manifestado por dichos de los testigos que fueron propuestos por la acusación. Como vosotros podréis observar distinguido Tribunal de Casación, el Tribunal de Sentencia de la ciudad de Comayagua, Comayagua, establece una valoración de los medios de prueba de cargo sin razonamiento lógico que nos establezca la convicción y veracidad de los hechos declarados probados violentando así el principio de la sana critica que incurrió el senteneiador de instancia: El tribunal da como hecho probado que en fecha 14 de Enero del año 2017, aproximadamente las diez de la mañana, el señor Jerónimo Matute Velasquez se encontraba en la casa de habitación de la señora Dora Flores, que se encuentra ubicada en la aldea Agua Blanca del Municipio de San José del Potrero, Departamento de Comayagua, cuando llego el señor Trinidad Mejía Morales y de repente saco su arma de fbego de la cintura y le disparo en varias ocasiones al señor Jerónimo Matute provocándole la muerte. Asimismo, no entiende esta defensa como puede establecerse en los hechos probados que JERONIMO MATUTE VELASQUEZ falleció a causa de haber recibido varias heridas producidas por proyectil disparados con arma de fuego, si únicamente se cuenta con el acta de levantamiento cadavérico que dicho sea de paso dicho levantamiento no se practicó en la escena donde sucedió el delito, si no en otro lugar donde la escena ya estaba modificada, extremo ratificado por la doctora KENIA MARIA SARAVIA, y no existe un dictamen científico e irrefutable que establezca la existencia de heridas, el tipo de las heridas y el tipo de objeto con que fueron producidas. Al no haber una autopsia o exhumación que establezca que produjo con certeza la muerte JERONIMO MATVTE VELASQUEZ, el Tribunal de Sentencia no podía dar por acreditado que este falleció por haber recibido disparos por arma de fuego, por lo que dicha sentencia no es congruente con lo evacuado en juicio. Otro de los aspectos a tomar en cuenta es, que el Tribunal da por acreditado que el señor TRINIDAD MEJÌA MORALES le disparo al occiso Jerónimo Matute Velásquez, no entiende esta defensa como se acredito dicho extremo si la misma circunstancia necesita aspectos tecnicos para acreditarse y no basta con un testimonio para acreditarse. Asimismo, en dicho hecho probado refiere que TRINIDAD MEJIA MORALES sacó y disparó con su arma de fuego en varias ocasiones contra la humanidad del occiso, por mucho que queramos analizar, esta defensa no está clara de qué manera se acreditó dicho extremo de que el arma le pertenece a TRINIDAD MEJLA MORALES si en primer lugar no se acredito propiedad con documento alguno o mediante exhibición a los testigos, ni mucho menos que éste tenga registrada arma a su nombre o que se le haya decomisado arma alguna por parte de autoridad. Hace referencia este tribunal que la ojiva de color gris encontrada por la señora Rita Lastenia Bonilla, a unos 50 metros de su propiedad donde falleció la victima confirma lo manifestado por dichos de los testigos que fueron propuestos por la acusación, dándole valor probatorio al acta de decomiso o secuestro de objetos que corre agregado a folio 19 de la primera pieza judicial, que ésta defensa considera violatorio dicho medio de prueba ya que es un medio de prueba ilícita, pues el ojiva decomisada como prueba está contaminada al no haberse recogido dicho indicio con las formalidades que se requiere, y tampoco se le practico pericia para determinar si ese tipo de bala le dio muerte al señor Jerónimo Matute Velásquez. En cuanto a la participación de Trinidad Mejía Morales, en los hechos se puede notar que los testigos de cargo solo se limitan a manifestar que fue Trinidad el que disparo sin identificar que dicho Trinidad sea TRINIDAD MEJIA MORALES, nótese la declaración de los testigos protegidos con clave Z, L, PL, RITA LASTENIA BONILLA MATUTE Y MARIS ELIZA MATUTE VELASQUEZ quienes refieren en sus declaraciones que quien disparo se llama Trinidad. El razonamiento esgrimido por el jugador para descalificar (excluir) las declaraciones de los testigos de descargo, es contrario a la regla logica de razon suficiente, puesto que al confrontar ambas exposiciones en el juicio oral (véase el acta del debate), resulta manifiesta la incorrecta derivación efectuada por el sentenciador de lo que en realidad acredita esta prueba pues no hace una valoración en conjunto entré la prueba de descargo y la prueba de cargo, dado que al desmeritar la prueba de descargo por decir que sus dichos no tiene credibilidad porque uno es pariente del acusado y el otro vecino, se violenta la sana critica. Como vosotros podréis observar distinguido Tribunal de Casación, donde están la incongruencias que referimos, dado que el Tribunal de Sentencia de la Ciudad de Comayagua, da por acreditado lo declarado por los testigos protegidos con clave Z, L, PL, testigos que contradicen sus dichos complemente, y RITA LASTENIA BONILLA MATUTE, MARIS ELIZA MATUTE VELASQUEZ quienes son testigos de referencia, ninguna de la prueba testifical concuerda con la prueba documental y pericial ya que no se acredito que tipo de arma le dio muerte al señor Jerónimo Matute Velasquez, ni tampoco se acredito quien es el dueño de dicha arma, no se practicó la respectiva autopsia legal o exhumación para determinar efectivamente la causa de muerte del señor Jerónrmo Matute Velásquez. Sin embargo el sentenciador lejos de estructurar sus conclusiones sobre esta dirección, razona en sentido distinto, expresando que TRINIDAD MEJIA MORALES es responsable de la muerte de JERONIMO MATUTE VELASOVEZ, lo que ultraja una vez más lo preceptuado en los artículos 202 y 336 del C.P.P., en lo referente a la obligatoriedad de valorar en forma conjunta y armónica conforme a las reglas de la sana crítica la prueba evacuada en juicio, toda vez que desnaturaliza arbitrariamente esta prueba testifical, que unida a las otras da soporte a extremos fundamentales para considerar que no se acreditada la responsabilidad penal del imputado. Sobre la base del planteamiento estructurado, se reitera que si el Tribunal sentenciador, hubiere valorado las pruebas conforme al recto entendimiento humano (sana crítica) el resultado se hubiese traducido en certeza de que el señor TRINIDAD MEJIA MORALES en ningún momento privó de la vida al señor JERONIMO MATUTE VELASQUEZ. Por haberse producido el vicio en el propio acto de sentenciar, no ha sido posible reclamar su subsanación.” FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. El Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. Si no se cumple con los requisitos establecidos por la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo. El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley. Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma interpuesto por la defensa privada. Único motivo. Normas autorizantes citadas: Artículos 362 numeral 3 del Código Procesal Penal; Normas procesales que se denuncian infringidas citadas: Artículo 202, 336 párrafo primero y 338 numeral 2 regla 4 del Código Procesal Penal; Concepto de la infracción expuesto: No haber observado el sentenciador en la valoración de la prueba las reglas de la sana crítica; Acciones de saneamiento o subsanación del vicio denunciado: Imposibilidad en virtud que el vicio está contenido en la sentencia definitiva; Pretensión: Sin determinar por la recurrente. La impugnante inicia la exposición de su reclamo, haciendo una breve explicación en que consiste el concepto de la infracción, posteriormente describe lo expresado por el sentenciador en relación a cada uno de los medios probatorios, para luego denunciar, que el Tribunal de Sentencia establece una valoración sin razonamiento lógico que le establezca la convicción y veracidad de los hechos declarados probados violentando según la recurrente las reglas de la sana crítica. Continuó en su desarrollo recursivo argumentando, el no entender como puede establecerse en los hechos probados, que la víctima falleció a causa de recibir varias heridas producidas por arma de fuego, si únicamente se cuenta con el acta de levantamiento cadavérico, que de paso se practicó en un lugar distinto a donde ocurrió el hecho violento, que ante la ausencia de una prueba científica como ser una autopsia o exhumación, los juzgadores debieron que dar por acreditado que la víctima falleció por haber recibido disparos de arma de fuego, lo que resulta una falta de congruencia. De la procedencia del recurso. El único motivo no es de recibo. De inicio, la recurrente ha cuestionado los medios probatorios y no la valoración que de ellos realizó el juzgador, por ello, esta Sala de lo Penal, previo a referirse concretamente al caso que nos ocupa, recuerda que el artículo 202 del Código Procesal Penal establece que el sistema de valoración de la prueba, es el de la sana crítica, por el que la sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el tribunal, señalar lo resuelto en los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva. En este apartado el juzgador debe explicar por qué un medio probatorio le merece fe y otro no y además, por qué un elemento de prueba u otro le lleva a una conclusión determinada. Cuando se interpone un recurso de casación por quebrantamiento de forma cuyo motivo es la infracción a las reglas de la sana crítica (como es el caso que nos ocupa), el censor delimita su análisis a la fundamentación probatoria y la trascendencia que pueda tener ésta en la fundamentación fáctica y el posterior fallo; debe, como labor primera, identificar qué regla de la sana crítica es la infringida. (Ver sentencias de la Sala de lo Penal de fecha 17 de enero de 2013, recaída en el expediente SP 131-2011; y de fecha 27 de junio de 2013, recaída en el expediente SP 132-2011); posteriormente, el recurrente deberá identificar el silogismo judicial que considera transgrede la regla previamente identificada, segregar su premisa mayor, su premisa menor y su posterior conclusión, para después explicar y comprobar porqué la conclusión inferida de aquellas premisas, no tiene la cualidad de respetuosa de nuestro sistema de valoración probatorio, siendo este precisamente el proceso de identificación, explicación y comprobación del vicio que exige una buena técnica recursiva. Sucede, en el caso actual, que la recurrente no interpone un recurso que identifique con claridad en primer término, el postulado intelectivo que considera infringe la regla de la lógica como cita en su recurso, pues se limita a hacer alegatos propios de instancia tales como haber cuestionado haberse dado por acreditado que su representado le disparo a la víctima, al necesitarse según la recurrente aspectos técnicos y no basta un testimonio para ello, asimismo, el no estar clara la defensa privada de como quedo acreditado que su representado sacó y disparo un arma de fuego en varias ocasiones contra la humanidad del occiso, si no se acredito que el arma le pertenece al acusado, o que tenga arma alguna registrada a su nombre, entre otros aspectos. Estos alegatos no son potenciales para que esta Sala de lo Penal determine si la valoración probatoria es respetuosa o no de las reglas de la sana crítica. Resta aún más eficacia al recurso, el que el censor realice una valoración probatoria alternativa de la prueba, pues esa función valorativa compete única y exclusivamente al Tribunal de Sentencia (Artículo 336 del Código Procesal Penal), quien realiza los principios de contradicción, inmediación, publicidad, oralidad y defensa que rigen la actividad de la prueba. El censor no puede pretender, con éxito, que su recurso prospere determinando desde su particular visión cuál es el alcance conviccional que tiene un medio de prueba, pues esa labor compete al sentenciador, quien alcanza un estado intelectivo -negativo o positivo- en relación a la prueba, y justifica motivadamente las razones por las cuales llegó a esa conclusión. El censor del fallo, en apego a sus alegatos, no logran en manera alguna identificar, explicar y comprobar la lesión a las reglas citadas como infringidas, pues son simples alegatos que cuestionan la prueba evacuada en el debate y no así el razonamiento judicial. Al haber sido estas las cuestiones objeto de impugnación, la Sala de lo Penal deviene obligada a desestimar el motivo. DECISIÓN. No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, en su único motivo. De la procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal decreto 130-2017. A. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir de cinco a diez años de prisión una pena). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrara en vigencia y cuando es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento de juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. b. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas de manera completa por la persona, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el Código Penal Decreto 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigor del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo Código sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibido la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando en la sentencia impugnada por un recurso devolutivo se aprecie una pena no concursada, se procederá a la comparación de la pena concreta impuesta conforme CP-144-83 con la pena abstracta conforme CP-130-2017, bajo las siguientes reglas: Si existe coincidencia en la naturaleza de las penas contempladas como sanción en ambas legislaciones: i.- no procederá la aplicación retroactiva cuando la nueva legislación prevea una pena más grave que la anterior legislación; ii.- no procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada impuesta conforme el CP-144-83 se encuentre dentro del margen abstracto del CP-130-2017; iii.- procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada sea más grave en comparación con el margen abstracto previsto en la nueva legislación; o Si la sanción impuesta conforme el CP-144-83 es de distinta naturaleza a la prevista en el CP 130-2017, se procederá a hacer una ponderación en atención al caso concreto, incluyendo la situación personal del condenado/a, para determinar cuál de ellas le es más beneficiosa y con ello si procede o no la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal. En caso de requerirse estudios para determinar cuál de las sanciones es más beneficiosa, éstos deberán de ser ordenados por el Tribunal previo a la decisión. Las penas a las que se refiere los numerales anteriores deben de fijarse en consideración a las reglas generales de ambos códigos. C. Escrito Complementario No fue presentado ante la única instancia escrito por parte de la defensa privada del acusado Trinidad Mejía Morales, que expusiera cuál es su criterio en cuanto a la aplicación retroactiva del nuevo cuerpo normativo penal en relación al delito de Homicidio, tal y como lo señala el artículo 624 del Código Penal 130-2017; Tampoco el Ministerio Público hizo pronunciamiento sobre el respecto; por lo que la Sala de lo Penal se ve obligada de oficio a realizar el análisis tal y como prevé el numeral 2 de la misma norma citada, en relación a los acusados señalados. D. Ponderación en el caso concreto En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso al señor Trinidad Mejía Morales, la pena principal de quince (15) años de reclusión, como autor responsable penalmente de un delito de Homicidio en perjuicio de la vida del señor Jerónimo Matute Velásquez, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil, por el tiempo de la pena privativa de libertad, y las consecuencias penales trabajo penitenciario y responsabilidad civil derivada del delito. La conducta reprochada al acusado está prevista en el Título III, Capítulo I, del Libro II del Código Penal 130-2017, tipificado como delito de homicidio (Art. 192), cuya pena es de quince (15) a veinte (20) años de prisión, marco abstracto dentro del cual se encuentra la pena privativa de libertad impuesta al acusado. Por tanto, no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del nuevo Código Penal. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 362 numeral 3 del Código Procesal Penal Falla: Primero: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Quebrantamiento de Forma en su único motivo; interpuesto por la Abogada Lili Roxana Chinchilla Calix, actuando en su condición de defensora privada del encausado Trinidad Mejía Morales. Segundo: Declara la no procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017, por las conductas reprochadas al ahora condenado Trinidad Mejía Morales. Como consecuencia de lo anterior, los beneficios penitenciarios deberán de ser otorgados conforme las disposiciones del Código Penal 144-83. Tercero: Declara Firme y Ejecutable la sentencia de fecha ocho de mayo del año dos mil diecinueve, dictada por el Tribunal de Sentencia de Comayagua, Departamento de Comayagua, que contiene el pronunciamiento condenatorio en contra del señor Trinidad Mejía Morales por el delito de Homicidio en perjuicio de Jerónimo Matute Velásquez. Y MANDA: A efecto de que se acate lo mandado, la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas, deberá devolver los antecedentes del caso al tribunal de justicia de origen, con certificación de esta sentencia, para los efectos legales correspondientes. Redactó el Magistrado Diaz Flores. NOTIFÍQUESE. Firmas y Sello. Walter Raúl Miranda Sabio. Magistrado Coordinador. Nelson Danilo Mairena Franco. Magistrado. Mario Rolando Diaz Flores. Magistrado. Firma y Sello. Rina Koritza Sandoval Navas.-. Receptora ADSCRITA SALA de lo Penal.”Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los un días del mes de diciembre de dos mil veintitrés. Certificación de la Sentencia dictada a los un días del mes de noviembre del año dos mil veintitrés, recaída en el expediente de casación con número de ingreso SP 11-2020.RINA KORITZA SANDOVAL NAVASRECEPTORA ADSCRITA SALA DE LO PENAL