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Sentencia CP-11-18 — Registro 17541

Resumen

En primera instancia se condenó a los imputados por el delito de Asesinato, resolviendo en segunda instancia Ha Lugar el recurso de casación.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"...DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO. EL RECURSO ES DE RECIBO. Esta Sala de lo Penal observa que el recurrente basa su motivo único de casación por quebrantamiento de forma, en que la sentencia recurrida no resuelve todas las cuestiones debatidas. Alega el recurrente que la defensa del señor Francisco Benjamín Breve, desde el momento de la contestación de cargos, hasta las conclusiones, estableció que éste actuó amparado en la causa de justificación contenida en el artículo 24 numeral 1 del Código Penal, como ser la Legítima Defensa. Estima que la sentencia recurrida guarda silencio respecto a declarar o no la configuración de la causa de justificación alegada. Esta Sala de Casación luego de una lectura del acta de debate, establece que no consta que en la contestación de cargos, la defensa privada como teoría del caso, o estrategia defensiva haya alegado una causa de justificación o de exclusión de la responsabilidad criminal como lo es de legítima defensa personal, fundada en lo dispuesto en el artículo 24.1 del Código Penal, sino en términos generales sus alegatos van dirigidos a establecer: el rechazo a los términos de la acusación, el estado de inocencia del señor Francisco Benjamín Breve, que al Ministerio Público le corresponde probar su culpabilidad, y en que durante el juicio probará que los hechos se produjeron en forma distinta. Sin embrago, consta que en la etapa de conclusiones la defensa privada si manifiesta que el señor Francisco Benjamín Breve sufrió un ataque de tres personas, hace un disparo con su arma de fuego con el que repele el ataque y logra salvar su vida, hecho en que resulta herido en una pierna, todo ello producto de una agresión ilegítima (folio 499 vuelto). Esta Sala considera que no obstante haberse puesto de manifiesto un cambio de estrategia por parte de la defensa, el tribunal de juicio en la sentencia impugnada en que condena a los acusados señores Francisco Benjamín Breve y Juan Carlos Brevé Gallegos por el delito de Asesinato en perjuicio de Héctor Orlando Sevilla, al haber sido incorporado el alegato de una causa de justificación de legítima defensa, debió haber pronunciamiento en la motivación de la sentencia en forma expresa respecto a los razonamientos por los que apreciaba o no la existencia de dicha causa de justificación de legítima defensa personal alegada a favor del señor Francisco Benjamín Breve en sus conclusiones finales. Al haber omitido en forma absoluta la sentencia este aspecto debatido sobre el que ha recaído prueba durante el juicio, esta Sala considera que dicha omisión sobre un aspecto esencial produce un grave defecto procesal que da lugar a la nulidad del fallo recurrido y del juicio celebrado. Por lo que esta Sala concluye que el juzgador incurre en el vicio de quebrantamiento de forma alegado por el recurrente; por lo que es procedente declara ha lugar el presente motivo de casación ..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia recaída en el expediente del Recurso de Casación SP-11-2018, que literalmente dice: “Sentencia Tegucigalpa, Municipio Del Distrito Central, a los veintiocho días del mes de marzo del año dos mil veintitrés. El Pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Walter Raúl Miranda Sabio, Nelson Danilo Mairena Franco y Mario Rolando Diaz Flores, ha pronunciado En nombre del Estado de Honduras La siguiente sentencia en el Recurso de Casación SP 11-2018 por Quebrantamiento de Forma, Infracción de Ley e Infracción de Precepto Constitucional, interpuesto contra la sentencia de fecha tres de agosto del año dos mil diecisiete, dictada por el Tribunal de Sentencia del Departamento de Olancho con sede en la ciudad de Juticalpa, mediante la cual falló; Primero: Condenó al señor Francisco Benjamín Brevé, como autor del delito de Asesinato, en perjuicio del señor Héctor Orlando Sevilla, a la pena de veinte años de reclusión, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo que dure la condena principal. Segundo: Condenó al señor Juan Carlos Brevé Gallegos, como autor del delito de Asesinato, en perjuicio del señor Héctor Orlando Sevilla, a la pena de veinte años de reclusión, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo que dure la condena principal. Tercero: Absolvió a los señores Francisco Benjamín Brevé y Juan Carlos Brevé Gallegos, de los delitos de Robo Agravado y Amenazas, en perjuicio de los señores Porfirio Sevilla Breve y Carlos Tulio Breve. Cuarto: Se declaró la responsabilidad civil de los señores Francisco Benjamín Brevé y Juan Carlos Brevé Gallegos, de importe de la reparación de los daños causados, de los gastos ocasionados y de la compensación e indemnización de los perjuicios ocasionados por el delito. Quinto: No procedió condenar a los señores Francisco Benjamín Brevé y Juan Carlos Brevé Gallegos en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio. Son Partes en la única instancia: Los Abogados Iván Adán Martínez Ordóñez y Rosa Helena Bonilla Galindo, en su condición de defensores privados de los señores Francisco Benjamín Brevé y Juan Carlos Brevé Gallegos, como parte recurrente; y, la Abogada Ela Paredes Bromfield, en su condición de fiscal del Ministerio Público, como parte recurrida. Hechos Probados: “Primero: En horas de la mañana del día dos (02) de septiembre del año dos mil trece (2013) los señores Héctor Orlando Sevilla Martinez, Porfirio Sevilla y Carlos Tulio Breve, se encontraban en su propiedad ubicada en el sector conocido como Los Coyoles, El Naranjal, municipio de Concordia, departamento de Olancho, realizando labores propias del campo, cuando venían de regreso para su casa de habitación fueron interceptados por los señores Francisco Benjamín Breve y Juan Carlos Breve Gallegos, quienes con arma de fuego tipo escopeta les dispararon de manera repentina logrando impactarle varios disparos al señor Héctor Orlando Sevilla, ocasionándole las siguientes heridas 1.- Dos heridas por proyectil de arma de fuego dispuestas de la siguiente manera: 1.a.- Orificio de entrada: en el tercio superior izquierdo de la espalda de 0.5 cm de diámetro, a 15 cm de la línea media posterior del cuerpo y a 144 cm de altura de talón, b.- Trayecto: de arriba hacia abajo, de atrás hacia adelante, de izquierda a derecha, que produjo: laceración de los músculos de la espalda penetra cavidad torácica provocó laceración pulmonar c.- Orificio de salida: en el tercio medio del lado derecho de la espalda de 0.8x0.5 cm, a 17 cm de la línea media posterior del cuerpo y a 138 cm de altura de talón. 2.a.- Orificio de entrada: En el tercio inferior izquierdo de la espalda de 0.6x0.5 cm, a 2 cm de la línea media posterior del cuerpo y a 116 cm de altura de talón. b) Trayecto de abajo hacia arriba, de atrás hacia adelante, de izquierda a derecha, que produjo laceración de tejido celular subcutáneo, de los músculos de la espalda, y pulmonar, c) Orificio de salida: En el tercio medio de la espalda al lado derecho de 0.8x0.7 cm, a 19 cm de la línea media posterior del cuerpo y a 136 cm de altura de talón, lo que le provocó la muerte de manera instantánea. Segundo: Posteriormente los señores Francisco Benjamín Breve y Juan Carlos Breve Gallegos, fueron detenidos por autoridades policiales y puestos a la orden de la autoridad judicial competente para su enjuiciamiento.” Recurso de Casación. Motivos y Argumentos Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional “EXPOSICION DE MOTIVOS DE CASACION. CASACION POR INFRACCION DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL. UNICO MOTIVO: PRECEPTO ONSTITUCIONAL. El Tribunal de Sentencia de Juticalpa, Departamento de Olancho, en la Sentencia Condenatoria dictada contra los imputados FRANCISCO BENJAMIN BREVE Y JUAN CARLOS BREVE GALLEGOS, cometió Infracción del precepto constitucional comprendido en el artículo 82, que literalmente establece: “EL DERECHO A LA DEFENSA ES INVIOLABLE.” Vicio que lo hizo violentar lineamientos de la ley constitucional vigente y relacionada con los artículos 14 y 323 del Código Procesal Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE En el artículo 361 del Código Procesal Penal se instituye el vicio en la Sentencia Definitiva cuando se comete infracción del precepto constitucional, veamos: EXPLICACION DEL MOTIVO: El motivo por infracción de precepto constitucional, que proclamamos es el contentivo a EL DERECHO A LA DEFENSA, el cual lo relacionamos con el artículo 14 y 323 del Código Procesal Penal y 82 del propio Texto constitucional, se ha formulado una condena basada en la privación y limitación substancial del derecho de defensa, misma que tiene carácter material, real, efectiva y actual, mediante la cual se privó a la defensa de la capacidad de probar para contradecir los hechos de la imputación, reduciendo a la nada las posibilidades de defensa, siendo imputable esta infracción al precepto constitucional del derecho a la defensa exclusivamente al Tribunal de Sentencia que dictó el fallo recurrido; de tal manera que de la propia motivación fáctica, probatoria y jurídica se observa en la sentencia recurrida al realizar una exclusión valorativa del factum de la sentencia de la prueba de descargo reduciendo a la nada la prueba de carácter decisorio, negándole así a los imputados la posibilidad de realizar una defensa material a su favor creando una desventaja a sabiendas que era decisoria. El proceso penal es el único instrumento para someter al ciudadano, ya que frente a la acusación, el ordenamiento jurídico inevitablemente le reconoce el derecho a defenderse, a esto se le conoce también como derecho a la tutela judicial efectiva, por medio de la cual, toda persona imputada tiene el derecho y la oportunidad de: obtener dentro del proceso penal una adecuada defensa, es decir, el derecho a repeler, la acusación o requerimiento fiscal que pone en precario sus bienes jurídicos más importantes, entre ellos, su libertad, el derecho de defensa etc., este último, es reconocido como el derecho fundamental que exige dos presupuestos básicos: a) ser escuchado bajo igualdad de armas, lo cual hace surgir a la vida jurídica el principio acusatorio de la contradicción procesal, requisito imprescindible que le permite poder demostrar su inocencia y b) derecho a aportar prueba, en igualdad de condiciones, lo que implica a que no se le restringa indebidamente su derecho a rebatir la imputación que se hace en su contra. Previamente debemos recordar, que cuando se invoca un motivo de casación por infracción de un precepto constitucional, como lo es el artículo 82 de la Constitución de la República de Honduras (en cuanto se refiere al derecho de defensa), es posible que la Sala de lo Penal controle tanto; a) Comprobar si las partes han tenido igualdad de oportunidades procesales para aportar medios de prueba, formular alegaciones e impugnar resoluciones que le son adversas; b) Con respecto a la prueba de reproche determinar si esta ha sido legalmente obtenida e incorporada al juicio; y, c) Verificar la racionalidad de la motivación de los juicios e inferencias lógicas alcanzadas por el juzgador. Por ello a través de un motivo de casación basado en la infracción del derecho a la Defensa, se puede cuestionar la racionalidad de la motivación e inferencias alcanzadas por el Tribunal, y determinar si dentro del proceso el Tribunal cumplió con la obligación de respetar el derecho de defensa. El derecho de defensa comprende, no solo el hecho de contar con un profesional del Derecho que le represente en el proceso penal y le asesore técnicamente, sino también a que el acusado pueda defenderse materialmente de manera directa a través de su propia participación en el proceso y que se materializa, entre otros, con el derecho a declarar sobre los hechos (cuando no se ejerza el derecho a abstenerse de declarar), garantizado así por los artículos 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, 14.1 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos y 94 de la Constitución de la República.- El Derecho a declarar en el proceso penal (o de abstenerse de hacerlo, Art. 88 Constitucional), le es informado al acusado desde el momento mismo de su aprehensión o desde el momento en que éste se presenta por primera vez ante el Ministerio Público o ante el Órgano Jurisdiccional, derecho que se mantiene durante todo el proceso conforme al artículo 4 segundo párrafo y 101 numera 5 del Código Procesal Penal, así pues, el acusado tiene el derecho de declarar en cualquier etapa del proceso, en cualquier audiencia y deberá de ser oído por el Juzgado o Tribunal y considerar dicha declaración según sea el acto procesal en el que se realice, de este modo en la audiencia preliminar la declaración del acusado se evaluará junto con los méritos que existan para decidir si se debe o no dictar el auto de apertura a juicio, si la declaración es rendida en la audiencia de proposición de pruebas, el Tribunal de Sentencia la tendrá en cuenta para efectos de admitir o denegar la misma, etc., se trata de un derecho que no puede ser omitido en ningún caso y que tiene su equivalencia como el caso de llevarse un proceso penal en contra del acusado sin defensa técnica es un derecho que no puede ser omitido en ningún caso; ahora bien si el imputado decide libremente rendir su declaración esta debe ser valorada por el órgano jurisdiccional, en caso de no hacerlo esto se equipara a omitir la posibilidad de ejercer su defensa material, está es omisión del Tribunal de Sentencia de no realizar ninguna reflexión en su sentencia sobre declaración del imputado, implica violación al ejercicio material de la defensa y al debido proceso, violación que es de la misma índole y gravedad que cuando se omite darle al acusado(a) la oportunidad de realizar dicha declaración. En el caso de autos, los señores FRANCISCO BENJAMIN BREVE y JUAN CARLOS BREVE GALLEGOS, en el momento procesal oportuno en el Juicio Oral y Público, decidieron libremente declarar, narrando información sobre la dinámica de los hechos, la participación en legítima defensa de uno de ellos y ¡a no participación del otro; luego al leer la valoración conjunta que se realizó de la prueba evacuada en la sentencia recurrida se puede patentizar que en relación a la declaración rendida por los imputado el Tribunal de Sentencia no hace ni ningún pronunciamiento de valoración positivo o negativa y se limita e enunciarla en numeral primero de la valoración de la prueba de la sentencia de la siguiente manera: “PRIMERO: Los imputados FRANCISCO BENJAMIN BREVE Y JUAN CARLOS BREVE GALLEGOS, hicieron uso de su derecho de rendir su declaración una vez evacuada la prueba, declarándose inocentes de los hechos imputados.” El deber de los Tribunales de oír al acusado implica el tener en cuenta sus manifestaciones al momento de decidir sobre algún aspecto del proceso, en el caso específico de la audiencia de debate es el deber del Tribunal de Sentencia de analizar lo dicho por los acusados conforme a las reglas de la sana crítica y determinar su credibilidad para efectos de emitir el fallo. Así lo ha expresado ya la sala Penal, en sentencia de casación: Recurso de Casación No.S.P.32=2010 “El derecho de defensa comprende, no solo el hecho de contar con un profesional del Derecho que le represente en el proceso penal y le asesore técnicamente, sino también a que el acusado(a) pueda defenderse materialmente de manera directa a través de su propia participación en el proceso y que se materializa, entre otros, con el derecho a declarar sobre los hechos (cuando no se ejerza el derecho a abstenerse de declarar), garantizado así por los artículos 8.1 de la convención americana Sobre Derechos Humanos, 14.1 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos y 94 de la Constitución de la República.— El Derecho a declarar en el proceso penal (o de abstenerse de hacerlo, Art. 88 Constitucional), le es informado al acusado desde el momento mismo de su aprehensión o desde el momento en que éste se presenta por primera vez ante el Ministerio Público o ante el Órgano Jurisdiccional, derecho que se mantiene durante todo el proceso conforme al artículo 4 segundo párrafo del Código Procesal Penal, así pues, el acusado tiene el derecho de declarar en cualquier etapa del proceso, en cualquier audiencia y deberá de ser oído por el Juzgado o Tribunal y considerar dicha declaración según sea el acto procesal en el que se realice, de este modo en la audiencia preliminar la declaración del acusado se evaluará junto con los méritos que existan para decidir si se debe o no dictar el auto de apertura a juicio, si la declaración es rendida en la audiencia de proposición de pruebas, el Tribunal de Sentencia la tendrá en cuenta para erectos de admitir o denegar la misma, etc., se trata de un derecho que no puede ser omitido en ningún caso y que tiene su equivalencia como el caso de llevarse un proceso penal en contra del acusado sin defensa técnica.— Ahora bien, y sin perjuicio de lo anterior, el proceso penal destine momentos específicos donde el órgano jurisdiccional debe consultar al acusado si desea rendir declaración o abstenerse de hacerlo,… al inicio de la audiencia de debate (Art. 323 CPP) ... momentos en donde el acusado(a), debidamente asesorado por el Letrado, decidirá la conveniencia o no de expresarse, éste derecho a declarar genera la inversa obligación al Tribunal de sentencia de oir dichas declaraciones y manifestaciones, ya que de lo contrario éste no se traduciría en un verdadero derecho, sino en un mero acto formal sin incidencia material, sería no menos que una burla al acusado (a) a quien se le ha repetido a lo largo del proceso que tiene derecho a declarar pero al final lo que diga, sin importar su trascendencia, no tiene valor alguno. El deber de los Tribunales de oír al acusado(a) implica el tener en cuenta sus manifestaciones al momento de decidir sobre algún aspecto del proceso, en el caso especifico de la audiencia de debate es el deber del Tribunal de Sentencia de analizar lo dicho por el acusado(a) conforme a las reglas de la sana crítica y determinar su credibilidad para efectos de emitir el fallo,..,, olvidando que se trata de un acto material de defensa hecho por el protagonista del proceso penal y que amerita ser valorado por quienes decidirán sobre la procedencia de la acusación…, la omisión del Tribunal de Sentencia de no realizar ninguna reflexión en su deliberación y en su sentencia sobre la última manifestación del acusado implica violación al ejercicio material de la defensa y al debido proceso, violación que es de la misma índole y gravedad que cuando se omite darle al acusado (a) la oportunidad de realizar dicha manifestación.— En el caso de examine, ... manifestación que fue restada del análisis realizado por el árgano jurisdiccional en la sentencia y que por ende representa un vicio in procedendo al no haberle otorgado valoración alguna (positiva o negativa), por lo que en cuanto a éste aspecto es procedente declarar con lugar...” Al observar la demostración idónea del vicio en la sentencia impugnada i en el acta de debate relacionada, resulta evidente, la violación del derecho de defensa, al haberse dictado una sentencia condenatoria sin valoración de la declaraciones de los Imputados violación de gravedad equiparada con no haberse proporcionado la posibilidad de su defensa material. Por otro lado, de igual forma el Tribunal de Sentencias de Juticalpa, Olancho, violento el derecho de defensa, al reducir a nada la prueba propuesta por la defensa, nótese que el numeral quinto de la valoración de pruebas de la sentencia, menciona en una lista de cinco documentos, que corresponde la prueba de la defensa, pero el Tribunal no expone la valoración alguna sobre la misma, es decir no verifica la racionalidad, con la debida motivación de la inferencias lógicas que se alcanzó con la prueba. El resultado, de tal omisión es la exclusión total de la prueba de defensa, con la consecuencia de emitir un fallo condenatorio, en una sentencia en la que únicamente los alegatos del ente acusador sirvieron como base, y en la que se redujo a nada la defensa, tal omisión es imputable al Tribunal de Sentencias, y se patentizo en la redacción de la sentencia, cuando se ha equiparado a establecer que no se presentó prueba, lo que se traduce en la violación del artículo 82 de la Constitución de la República. RECLAMACIONES HECHAS PARA SUBSANAR EL VICIO PROCESAL. El Vicio Procesal que da fundamento a la Infracción de Precepto Constitucional expuesto en el presente Recurso, fue cometido en el acto mismo de la Sentencia, siendo imposible intentar reclamo para su subsanación. ALCANCE DE LA PETICION DEL RECURRENTE: A la Honorable Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, respetuosamente pido, declarar HA LUGAR el UNICO motivo de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, y que se ANULE EL FALLO a favor de nuestros representados.” Recurso de Casación por Infracción de Ley “MOTIVOS DE CASACION POR INFRACCION DE LEY. PRIMER MOTIVO: Por aplicación indebida del artículo 117 del Código Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE. El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 360 del Código Procesal Penal.- EXPLICACIÓN DEL MOTIVO DE CASACIÓN. Los artículos del Código Penal cuya aplicación es indebida establecen: “ARTICULO 117. Es reo de asesinato, quien dé muerte a una persona ejecutándola con la concurrencia de cualquiera de las circunstancias siguientes: 1) Alevosía; 2) Con premeditación conocida; 3) Por medio de inundación, incendio, envenenamiento, explosión, descarrilamiento, volcamiento, varamiento o avería de buque u otro artificio que pueda ocasionar grandes estragos, siempre que haya dolo e intencionalidad; y, 4) Con ensañamiento, aumentando deliberada e inhumanamente el dolor del ofendido. La declaración de hechos probados constituye el cimiento de la sentencia penal, en ellos el juzgador plasma su criterio concluyente, declarando expresamente qué hechos estima acreditados conforme a los elementos de prueba aportados, de ella se deriven, entre éstas, la adecuación o no de ese cuadro factico al presupuesto normativo penal que se supone infringido. Para efectos del motivo alegado se trascribe el hecho probado en la sentencia que conforme se ha establecido es intangible: “PRIMERO: En horas de la mañana del día (02) de septiembre del año dos mil trece (2013) los señores HECTOR ORLANDO SEVILLA MARTINEZ, PORFIRIO SEVILLA Y CARLOS TULIO BREVE, se encontraban en su propiedad ubicada en el sector conocido como los coyotes, El naranjal; Municipio de Concordia, Departamento de Olancho, realizando labores propias del campo, cuando venían de regreso para su casa de habitación fueron interceptados por los señores FRANCISCO BENJAMIN BREVE Y JUAN CARLOS BREVE GALLEGOS, quienes con arma de fuego tipo escopeta les dispararon de manera repentina logrando impactarle varios disparos al señor HECTOR ORLANDO SEVILLA, ocasionándole las siguientes heridas: 1.- Dos Heridas por proyectil de arma de fuego dispuestas de la siguiente manera: 1. A. Orificio de entrada en el tercio superior izquierdo de la espalda de 0.5 cm de diámetro, a 15 cm de la línea media posterior del cuerpo y a 144 cm de altura de talón, 8.- Trayectoria de arriba hacia abajo, de atrás hacia delante de izquierda a derecha, que produjo laceración de los músculos de la espalda penetra cavidad torácica provoca laceración pulmonar.m C.- Orificio de salida, en el tercio medio del lado derecho de la espalda de 0.8 X 0.5 cm., a 17cm de la línea media posterior del cuerpo y a 138 cm de altura de talón. 2.a.- Orificio de entrada: en el tercio inferior izquierdo de la espalda de 0.6 X 0.5 cm a 2 cm de la línea media posterior del cuerpo y a 116 cm de altura de talón. b) trayecto de abajo hacia arriba de atrás hacia adelante, de izquierda a derecha, que produjo laceración de tejido celular subcutáneo, de los músculos de la espalda y pulmonar, c) Orificio de salida: En el tercio medio de al espalda al lado derecho de 0.8X0. 7cm, a 19 cm de la línea media posterior del cuerpo y a 136 cm de altura de talón, lo que le provoco la muerte de manera instantánea.- SEGUNDO: Posteriormente los señores FRANCISCO BENJAMIN BREVE Y JUAN CARLOS BREVE GALLEGOS, fueron detenidos por autoridades policiales y puestos a la orden de la autoridad judicial competente para su enjuiciamiento. Luego de citar los hechos declarados como probado, en la sentencia, se analiza detenidamente los mismos, y se puede llegar a la conclusión que el sentenciador aplico incorrectamente la disposición penal contentiva el delito de ASESINATO, en el hecho transcrito no existe la descripción de participación sobre quien fue la persona que produjo la muerte de HECTOR ORLANDO SEVILLA MARTINEZ, requisito indispensable para dictar condena por el delito de ASESINATO. Para atribuirle responsabilidad penal a una persona habrá que constar en el hecho probado las acciones u omisiones ejecutadas que puedan subsumirse en un concreto tipo penal; en el presente caso el hecho probado describe que los señores FRANCISCO BENJAMIN BREVE Y JUAN CARLOS BREVE GALLEGOS, con un arma de fuego TIPO ESCOPETA, dispararon; pero la muerte de HECTOR ORLANDO SEVILLA, no se produjo por los disparos de ESCOPETA, sino que por heridas producidas por un proyectil solido de arma de fuego, que no son disparadas por las Escopetas, ya que las escopetas disparan cartuchos con perdigones y no proyectiles. Es decir, el hecho probado establece que HECTOR ORLANDO SEVILLA, muere por dos disparos sólidos de arma de fuego, pero no se establece quien disparo o portaba el arma que ocasiono su muerte, por lo que el actuar de nuestros defendidos descrito en que “con arma de fuego escopeta disparar”, no constituye delito, conducta que por sí sola no puede ser subsumida en ningún tipo penal, y el juzgador al calificarla como constitutiva del delito de ASESINATO, lo hace aplicando incorrectamente lo dispuesto en los Artículos 117 del Código Penal. Por otra parte, para configura el delito de ASESINATO, que es un Homicidio agravado, a parte de la descripción de la muerte de la persona, es necesario configurar una o varias de las agravantes que establece el propio tipo penal, que son: 1) Alevosía; 2) Con premeditación conocida; 3) Por medio de inundación, incendio, envenenamiento, explosión, descarrilamiento, volcamiento, varamiento o avería de buque u otro artificio que pueda ocasionar grandes estragos, siempre que haya dolo e intencionalidad; y, 4) Con ensañamiento, aumentando deliberada e inhumanamente el dolor del ofendido. De la lectura del hecho probado, no se desprende descripción de que se produjera alguna de estas agravantes, obligatorias para condenar por el delito de asesinato, es más de la lectura íntegra de la sentencia, en todos sus apartados se desconoce cuál o cuáles son las agravantes que el Juzgador considerado para calificar el delito de ASESINATO, esta situación entonces resulta que no solo en los hechos probados se omite tal requisito indispensable sino en toda la sentencia, y hoy se ignora cuál es la agravante que se consideró. Dicho en otras palabras, la sentencia guarda total silencio en determinar que agravante del artículo 117 del Código Penal, es la que se consideró para la calificación, sin esa determinación precisa, existe una indebida aplicación del articulo 117 del Código Penal, ya que no puede existir el delito de ASESINATO, sin la concurrencia de alguna de estas circunstancias. No concurriendo autoría en sentido estricto, ni en sentido amplio, pues resulta obvio que la muerte de HECTOR ORLANDO SEVILLA, no se produjo por el arma tipo escopeta, descrita en el hecho probado, y no se determina la concurrencia de ninguna de las circunstancias agravantes del tipo penal; por lo tanto, se aduce que la norma aplicada no es la que corresponde la situación jurídica sustancial que fue materia de juzgamiento, por lo que debe acudirse a la aplicación indebida pues la realidad que se ha plasmado en el hecho probado no corresponde con la norma legal escogida. RECLAMACIONES HECHAS PARA SUBSANAR EL VICIO PROCESAL. El Vicio Procesal que da fundamento a la Infracción de ley expuesto en el presente Recurso, fue cometido en el acto mismo de la Sentencia, siendo imposible intentar reclamo para su subsanación. INTERPRETACION PRETENDIDA.-Al no plasmarse, en los hechos declarados probados por el sentenciador, acción alguna cometida por nuestros representados señores FRANCISCO BENJAMIN BREVE Y JUAN CARLOS BREVE GALLEGOS, que pueda enmarcarse en un tipo penal específico, lo conducente es que, con estos mismos hechos probados, La Honorable Corte Suprema de Justicia dicte una SENTENCIA ABSOLUTORIA.” Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma “INFRACCION DE QUEBRANTAMIENTO DE FORMA. MOTIVO PRIMERO: La declaración de hechos probados contenida en la sentencia de que se recurre no es clara ni es terminante, situación que implica inobservancia del artículo 338 regla cuarta, numeral primero del Código Procesal Penal, que a la letra y en la parte conducente dispone: “Las sentencias se redactarán por escrito con sujeción a las reglas siguientes: ... CUARTA: Se consignará la fundamentación del fallo en la forma siguiente: 1) En párrafos separados y numerados, se hará declaración expresa y terminante de los hechos que se consideran probados, descritos con claridad, precisión y coherencia,…” PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo se estima comprendido en el artículo 362, numeral uno, del Código Procesal Penal, que en la parte conducente establece: “Recurso de casación por quebrantamiento de forma: El recurso de casación por quebrantamiento de forma podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de alguno de los vicios siguientes: 1) Que la declaración de hechos probados... no sea clara y terminante o que sea contradictoria. Relacionado con el artículo 338 numeral cuarto inciso 1 que a la letra dice: 1) Declaración de hechos probados. En párrafos separados y numerados, se hará declaración expresa y terminante de Los hechos que se consideran probados, descritos con claridad, precisión y coherencia, sin emplear conceptos que, por su exclusivo carácter jurídico, predeterminen el fallo que haya de dictarse. EXPLICACION DEL MOTIVO En el apartado correspondiente al hecho probado del fallo impugnado es totalmente contradictorio, oscuro e impreciso, por lo que para efectos de claridad del recurso se trascribe a continuación: “PRIMERO: En horas de la mañana del día (02) de septiembre del año dos mil trece (2013) los señores HECTOR ORLANDO SEVILLA MARTINEZ, PORFIRIO SEVILLA Y CARLOS TULIO BREVE, se encontraban en su propiedad ubicada en el sector conocido como los coyotes. El naranjal; Municipio de Concordia, Departamento de Olancho, realizando labores propias del campo, cuando venían de regreso para su casa de habitación fueron interceptados por los señores FRANCISCO BENJAMIN BREVE Y JUAN CARLOS BREVE GALLEGOS, quienes con arma de fuego tipo escopeta les dispararon de manera repentina logrando impactarle varios disparos al señor HECTOR ORLANDO SEVILLA, ocasionándole las siguientes heridas: 1.- Dos Heridas por proyectil de arma de fuego dispuestas de la siguiente manera: 1. A. Orificio de entrada en el tercio superior izquierdo de la espalda de 0.5 cm de diámetro, a 15 cm de la línea media posterior del cuerpo y a 144 cm de altura de talán, B.- Trayectoria de arriba hacia abajo, de atrás hacia delante de izquierda a derecha, que produjo laceración de los músculos de la espalda penetra cavidad torácica provoca laceración pulmonar.m C.- Orificio de salida, en el tercio medio del lado derecho de la espalda de 0.8X0.5 cm., a 17cm dela línea media posterior del cuerpo y a 138 cm de altura de talon. 2.a.- Orificio de entrada: en el tercio inferior izquierdo de la espalda de 0.6 X 0.5 cm a 2 cm de la línea media posterior del cuerpo y a 116 cm de altura de talon. b) trayecto de abajo hacia arriba de atrás hacia adelante, de izquierda a derecha, que produjo laceración de tejido celular subcutáneo, de los músculos de la espalda y pulmonar, c) Orificio de salida: En el tercio medio de al espalda al lado derecho de 0.8X0.7cm, a 19 cm de la línea media posterior del cuerpo y a 136 cm de altura de talan, lo que le provoco la muerte de manera instantánea.- SEGUNDO: Posteriormente los señores FRANCISCO BENJAMIN BREVE Y JUAN CARLOS BREVE GALLEGOS, fueron detenidos por autoridades policiales y puestos a la orden de la autoridad judicial competente para su enjuiciamiento. Este hecho probado tal y como se lee, resulta impreciso, con falta de claridad y certeza, sobre quien fue la persona que disparo un arma de fuego, en contra de la humanidad del occiso HECTOR ORLANDO SEVILLA, es de tal trascendencia éste pequeño detalle, que al haberlo omitido la claridad sobre dicho aspecto impide que se puede determinar quien fue la persona que disparo y le produjo la muerte al occiso. Tal y como se establecerá en la presente sentencia, y que se fundamentara en otro motivo de casación, los testigos únicamente mencionan que el señor JUAN CARLOS BREVE GALLEGOS, portaba una escopeta, y el otro imputado FRANCISCO BENJAMIN BREVE, una pistola; pero lo más importante es que Medicina Forense a través del dictamen de la médico forense, estableció que el arma que le produjo la muerte al señor HECTOR ORLANDO SEVILLA, NO FUE UN ARMA TIPO ESCOPETA.- Estas apreciaciones serán desarrolladas en este recurso, por el Motivo de casación por inadecuada valoración de la prueba por el principio derivación, que únicamente se menciona en este motivo para establecer, que la certeza y claridad que deben tener los hechos probados no se patentiza en esta sentencia. Nótese, que sin bien el hecho probado contiene varios párrafos, el mismo no es una narración histórica de los hechos, sino que es una trascripción literal del dictamen pericial emitido por la médica forense ETELINA LOPEZ CASTELLANOS. No existe, narración histórica de los hechos, el relato es ambiguo, sin certeza de quien portaba el arma, sin claridad quien disparo los DOS (2) disparos que le produjeron la muerte al señor HECTOR ORLANDO SEVILLA, no se explica la dinámica de participación de las cinco personas nominadas en el hecho probado, realmente resulta tan impreciso el hecho probado que basta con leerlo para que surjan más preguntas que respuestas sobre el hecho histórico acaecido, como se ha dicho se menciona el nombre de CINCO PERSONAS pero no se establece que acciones realizaron cada uno de ellos, se menciona UN ARMA DE FUEGO TIPO ESCOPETA, pero no se establece quien la portaba, o quien la disparo, y sobre todo que relación tiene con las heridas descritas, ESTO DA COMO RESULTADO UN HECHO PROBADO DUBITATIVO, IMPRECISO Y CON FALTA DE CLARIDAD. Ahora bien como se ha establecido el hecho probado contiene una copia textual del dictamen pericial por la médico forense, que comienza con la frase: DOS HERIDAS POR PROYECTIL DE ARMA DE FUEGO, esto resulta contradictoria con lo establecido en el mismo hechos probado, donde se establece que el ARMA DE FUEGO TIPO ESCOPETA ....le IMPACTARON VARIOS DISPAROS, cuando las heridas posteriormente descritas son de un arma de fuego con proyectil sólido, que no son los proyectiles disparados por las escopetas, ya que las escopetas disparan proyectil múltiple o de perdigones. La contradicción evidente, en el hecho probado es de vital trascendencia que ambas afirmaciones no pueden existir en la misma frase, las heridas son producidas por PROYECTIL y no por PERDIGONES, por lo que no es posible y resulta contradictoria establecer que las lesiones descritas (que son copia literal del dictamen) fueren producidas por PERDIGONES, es decir por un disparo de ESCOPETA. Encontrados en el hecho declarado probado contradicciones que no permiten la meridiana claridad exigida por la norma, siendo dubitativos e imprecisos, se ha obviado la exigencia de claridad, precisión y coherencia a que hemos aludido, afirmando primero un hecho y luego afirmando otro distinto, omitiendo datos importantes, suprimiendo descripciones necesarias, sin coherencia ni cronológica, que limita su precisión, tal y como lo reitera la sentencia de esta sala en CASACION CP 218-2010 que dice: “Esta Sala de lo Penal considera pertinente destacar, que el vicio procesal denunciado por el recurrente se origina exclusivamente cuando la redacción de los hechos probados aparece confusa, dubitativa o imprecisa, de modo que por su insuficiencia o oscuridad, o por no expresar en forma conclusiva, imperativa, terminante o categórica, sino vacilante o dubitativa, puede conducir a subsunciones alternativas, en definitiva, a consecuencia de la ambigüedad del relato. La falta de claridad puede venir determinada por haber empleado expresiones ininteligibles u oscuras que hacen difícil la comprensión del relato o cuando incurre en omisiones que alteran su significación y dejan prácticamente sin contenido específico la narración de los hechos; se produce, pues, cuando lo narrado es incomprensible por su deficiente redacción, oscuridad, ambigüedad o imprecisión, también cuando por omisión de elementos o circunstancias importantes, se impide conocer la verdadera realidad de lo ocurrido con la lógica consecuencia de que falta base fáctica para determinar si los hechos son o no constitutivos de la infracción penal, o cual ha sido la participación concreta de los acusados en la ejecución del delito. Por consiguiente, no basta para apreciar el defecto procesal que la narración se ofrezca oscura o ininteligible en alguna de las partes, o en términos de ambigüedad o imprecisión que haga difícil su comprensión, sino que es necesario que tales defectuosidades se hallen en conexión con los condicionamientos determinantes de la calificación penal asignada a los hechos probados, provocando una laguna o vacío en la descripción histórica de los mismos, que determina una falta de premisa fáctica para formular la calificación jurídica, de forma que no pueda orientar, dentro del silogismo en que la sentencia queda estructurada, el pronunciamiento condenatorio o absolutorio, es decir, que resulta inadecuada para servir de argumentación lógica al fallo, y ello porque la “quaestio facti” debe servir de apoyo y sustento a la calificación jurídica o “quaestio iuris”. Si bien es una jurisprudencia reiterada de la SALA PENAL el establecer que los hechos probados son inalterable e intangibles, es importante establecer que en el caso de autos existe UN VOTO PARTICULAR DISIDENTE, que contiene UN HECHO PROBADO, que si desarrolla una dinámica histórica de cómo sucedieron los hechos, ya que el hecho probado que contiene la sentencia impide conocer la verdadera realidad de lo ocurrido, con la lógica consecuencia de que falta base fáctica para determinar si los hechos son o no constitutivos de la infracción penal.-Este Hecho Probado contenido en el voto disidente literalmente dice: “El día dos de septiembre del año dos mil trece, en un sector conocido como coyotes, el naranjal, de municipio de concordia Olancho, los señores PORFIRIO SEVILLA BREVE, y sus dos hijos CARLOS TULIO SEVILLA y HECTOR ORLANDO SEVILLA MARTINEZ, estos das últimos armados, portando el occiso HECTOR ORLANDO SEVILLA una escopeta calibre 22 milímetros, cuando llego el señor FRANCISCO BENJAMIN BREVE, quien portaba un arma de fuego, y fue atacado por el hoy occiso HECTOR ORLANDO SEVILLA, hiriéndolo en la pierna, ya que entre ellos existía un problema de tierras, hiriéndolo en la pierna, ya que entre ellos existía un problema de tierra, esta actuación donde se puso en peligro su vida, el señor FRANCISCO BENJAMIN BREVE, disparo su arma de fuego, impactando en la humanidad de HECTOR ORLANDO SEVILLA MARTINEZ, cayendo en el lugar muerto.- Al escuchar los disparos el señor JUAN CARLOS BREVE GALLAGOS, quien se encontraba en la proximidades del lugar, llego rápidamente en su motocicleta, auxiliando a su padre llevándolo a pronta atención medica.” Como se observa, este hecho probado si contiene un relato histórico dinámico, en el que se permite establecer la verdad de como ocurrieron los hechos, colocando las distintas situaciones probadas de vital importancia, que fueron OMITIDAS, por el hecho probado dictado en la Sentencia, como el hecho de que los señores PORFIRIO SEVILLA BREVE, y sus dos hijos CARLOS TULIO SEVILLA y HECTOR ORLANDO SEVILLA MARTINEZ, estaban armados y que el señor HECTOR ORLANDO SEVILLA, portaba una escopeta calibre 22 milímetros, arma que los imputados fueron acusados en este mismo proceso de haberla ROBADO, y que fueron absueltos por ese delito; además se OMITIO, establecer el conflicto de tierras existente entre el señor FRANCISCO BENJAMIN BREVE Y PORFIRIO SEVILLA BREVE, que los tenia enfrentados desde tiempo atrás de que ocurrieran los hechos, de igual manera se OMITIO en el hecho probado que producto del enfrentamiento el señor FRANCISCO BENJAMIN BREVE, resulto herido. Es necesario entonces de conformidad al precepto autorizante contemplar varios supuestos, cada uno constitutivo de un vicio diferente, en principio vale afirmar que los hechos probados se erigen como el cimiento, el punto de partida de la sentencia penal; de ahí que el Tribunal de sentencia tiene la obligación de dejar establecido cuales son los acontecimientos históricos del hecho juzgado que estima ha arribado a partir de las pruebas evacuadas durante el debate, la omisión de tales hechos es el primer vicio que contempla el precepto (Que falte la declaración de hechos), en el caso de autos como se observa en el párrafo anterior las omisión no es total , sino parcial. El segundo caso (cuando los hechos no son claros o terminantes) supone la confusión, redacción dubitativa e imprecisión de tal forma que por su insuficiencia u oscuridad, no conduzcan al lector a una conclusión precisa del hecho, tal es el caso descrito en este motivo, que no representen la certeza que el hecho histórico probado requiere y el tercer supuesto implica un relato fáctico inconciliable o contradictorio entre si, de modo que la afirmación de un hecho implique la negación de otro.- En este motivo se explica que la sentencia recurrida se encuentran plasmados los tres vicios. Vistas asilas cosas el primer motivos de casación, esta configurado al faltar la sentencia al principio de claridad, ya que imposibilita determinar quien portaba el arma, quien disparo, resulta confuso determina la participación de las cinco personas, contradictorio en establecer el arma con que se produjeron las heridas y omitiendo situaciones vitales probadas y que darían luces a lo que realmente sucedió, imposibilitando que pueda subsumirse el actuar de nuestros defendido, en la acción imputable a ellos. RECLAMACIONES HECHAS PARA SUBSANAR EL VICIO PROCESAL. El Vicio Procesal que da fundamento a la Infracción quebrantamiento de forma expuesto en el presente Recurso, fue cometido al momento de pronunciar la sentencia, siendo imposible intentar reclamo para su subsanación ALCANCE DE LA PETICION DEL RECURRENTE: A la Honorable Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, respetuosamente pedimos, declarar HA LUGAR el Motivo de Casación por quebrantamiento de forma, y SE ANULE la Sentencia recurrida.” “MOTIVO SEGUNDO: En la sentencia que hoy se impugna se excluyó o dejo de considerar prueba de valor decisivo. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo se estima comprendido en el artículo 362, numeral dos, del Código Procesal Penal, que en la parte conducente establece: “Recurso de casación por quebrantamiento de forma: El recurso de casación por quebrantamiento de forma podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de alguno de los vicios siguientes: 3) … se excluya o deje de considerar alguna prueba de valor decisivo.” EXPLICACION DEL MOTIVO. El presento motivo se fundamente en que en el fallo que hoy se impugna en recuso, el Tribunal de Sentencias por mayoría dejo de considerar prueba de valor decisivo para la Litis, no considerándola, omitiendo referirse a ella siendo de valor decisivo para el fallo, Esta prueba de vital importancia tiene incidencia directa en el fallo, y al no ser considerada en la sentencia tampoco fue valorada de ninguna manera, dando lugar al vicio que se describe. Son muchas las formas que el Tribunal dejo de considerar prueba de vital importancia, algunas por no ser descritas en la sentencia y otra por ser mencionada pero no valorada, pero para efecto de claridad de este motivo se realizara la siguiente descripción: 1) PRUEBA NO DESCRITA, NI VALORADA EN LA SENTENCIA INFORME INVESTIGATIVO REALIZADO POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL, realizado por el agente de investigación WILMER SANCHEZ. Este medio de prueba documental, fue propuesto por la defensa, de conformidad a lo establecido en el artículo 320 del Código Procesal Penal, al momento de los incidentes, iniciado el Juicio Oral y Público, estableciendo que dicho documento ERA DISTINTO, al medio de prueba documental propuesto por la Fiscalía del Ministerio Publico, denominado también INFORME INVETIGATIVO, realizado por el Agente de Investigación MARCO ANTONIO CORRALES; La diferencia de estos informes investigativos radicaba no solo en que era realizado por dos agentes de investigación deferentes, sino que también se llegan conclusiones diferentes y a la determinación de diferentes posibles sospechosos. Bajo estas diferencias, es admitido el medio de prueba documental, denominado INFORME INVESTIGATIVO REALIZADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL, realizado por el agente de investigación WILMER SANCHEZ.- mismo que fue evacuado en el acto del juicio oral y que corre agregado a folio 300 del expediente de mérito, mientras que el informe investigativo realizado por el agente MARCO ANTONIO CORRALES, propuesto por el Ministerio Publico, corre a folio 5 del expediente de mérito. Para los efectos de este recurso, era necesario establecer que existen DOS DOCUMENTOS, nominados de la misma forma como INFORMES INVESTIGATIVOS realizados por la Dirección Nacional de Investigación Criminal, cuyas diferencias son: a) El propuesto por la Fiscalía del Ministerio Publico, y se encuentra nominado en el numeral CUARTO de la Valoración de la Sentencia, corre a folio 5 del expediente de mérito, fue realizado en fecha 21 de octubre del año 2013, por el Agente MARCO ANTONIO CORRALES, tiene conclusiones y tiene como sospechosos al señor FRANCISCO BENJAMIN BREVE Y JUAN CARLOS BREVE GALLEGOS. b) El propuesto por la defensa, en la etapa de Incidentes, NO VALORADO, NI NOMINADO EN LA SENTENCIA, corre a folio 300 del expediente de mérito, es realizado en fecha 6 de octubre del año 2013, por el Agente WILMER SANCHEZ, tiene conclusiones diferentes y únicamente tiene como SOSPECHOS al señor FRANCISCO BENJAMIN BREVE. Evidenciando así que existen estos dos documentos, basta leer la sentencia en sus once páginas, para darnos cuenta que el medio de prueba documental propuesto por la defensa NO FUE CONSIDERADO EN LA VALORACION DE LA PRUEBA EN LA SENTENCIA, es tal la omisión que no fue siquiera mencionado en la lista de los medios de prueba de la defensa que contiene el numeral quinto de la valoración de la prueba en la sentencia donde textualmente dice: “QUINTO: por parte de la Defensa Privada, se ejecutó el medio de prueba documental, consistente en: 1. Dictamen de evaluación medica practicado al señor Francisco Benjamín Breve (f68) 2. Certificación Medica extendida por el medio Anselmo Espinoza (f71) 3. Álbum Fotográfico (f70) 4. Escrito de Querella (f 66 y 67) 5. Acta de Levantamiento de cadáver. Se observa que el medio de prueba propuesto por esta defensa en incidentes, no fue considerado para su valoración en la sentencia, configurándose la omisión que da lugar al recurso reclamado. Ahora bien, es requisito de este motivo, no solo que se hubiera dejado de considerar el medio de prueba, sino que dicho medio de prueba fuera de valor decisivo. Veamos entonces este requisito: En los primeros momentos de la investigación el agente encargado fue el señor WILMER SANCHEZ, quien luego de su labor concluye y así lo plasma en su informe de fecha 6 de octubre del año 2013, que el sospechoso de la muerte de HECTOR ORLANDO SEVILLA, es el señor FRANCISCO BENJAMIN BREVE, excluyendo de toda responsabilidad y sospecha al señor JUAN CARLOS BREVE GALLEGOS, de igual forma narra en el hecho investigado la existencia de un conflicto de tierra entre el sospechoso y el padre del occiso, señor PORFIRIO SEVILLA BREVE, de igual forma narra las lesiones que sufriera el señor FRANCISCO BENJAMIN BREVE, como consecuencia del hecho. Si el Tribunal de Sentencias hubiera valorado este medio de prueba, en conjunto con toda la prueba aportada, hubiera llegado a la conclusión, tal y como llego el investigador WILMER SANCHEZ, que el señor JUAN CARLOS BREVE GALLAEGOS, no había participado en el hecho que dio muerte al señor HECTOR ORLANDO SEVILLA, y forzosamente el resultado de la sentencia a su favor hubiera sido un fallo absolutorio. Resulta de vital importancia este medio de prueba para establecer con claridad la no participación del señor JUAN CARLOS BREVE GALLEGOS, por lo que resulta evidenciado el vicio alegado en este motivo, para determinar la importancia del medio de prueba indebidamente excluido basta con realizar la técnica conocida como “Inclusión Hipotética”, que consiste en agregar el medio de prueba excluido a la ecuación valorativa, de modo de verificar si con la aportación de los datos de este medio de prueba el fallo se vería afectado en alguno de sus pronunciamientos, de ser así el medio de prueba es de carácter decisivo, tal como ocurre en el caso de autos.- En este aspecto es importante la valoración que realiza el voto disidente de la señora Jueza GRISSELL AMALIA ARNODO OLIVERA, de este documento donde establece de manera textual: “De igual forma resulta extraño, para esta juzgadora, el hecho que los testigos colocan al señor JUAN CARLOS BREVE GALLEGOS, en el lugar como el autor del hecho, pero el informe policial realizado por el agente WILMER ALONZO CANTILLANO, propuesto como prueba en incidentes determino en los primeros momentos de la investigación la no participación del señor JUAN CARLOS BREVE GALLEGOS” Con lo que se patentiza la importancia, de carácter decisivo de la exclusión del medio de prueba que no fue considerado en la sentencia. 2) Prueba mencionada en la sentencia, pero no se externa si la misma merece crédito o por el contrario carece de fiabilidad. Se reprodujo en la audiencia de debate conforme a las reglas procesales, prueba documental y la Declaración libre y voluntaria de los Imputados, el órgano juzgador en su sentencia, sin dar a conocer ningún razonamiento, le niega valor al medio de prueba, es decir hace mención del medio de prueba, pero no externa si el mismo merece crédito o por el contrario carece de fiabilidad, veamos: a) PRUBA DOCUMENTAL PROPUESTA POR LA DEFENSA. Como se ha mencionado en este motivo, se produjo la evacuación de prueba documental propuesta por la defensa, consistente en seis documentos, cinco de ellos fueron mencionados e una lista en la sentencia y uno omitido totalmente. Consta en la sentencia en el numeral QUINTO de la VALORACION DE la prueba, lo siguiente. “QUINTO: por parte de la Defensa Privada, se ejecutó el medio de prueba documental, consistente en: 1. Dictamen de evaluación medica practicado al señor Francisco Benjamín Breve (f68) 2. Certificación Medica extendida por el medico Anselmo Espinoza (f71) 3. Álbum Fotográfico ff70) 4. Escrito de Querella (f66 y 67) 5. Acta de Levantamiento de cadáver. Sobre estos documentos probatorios, el Tribunal de Sentencias, no externa ninguna opinión ni favorable ni desfavorable, se limita en mencionarla en la lista transcrita, por lo que dejo de considerarla, configurando el primer elemento del vicio enunciado. Ahora bien, para determinar el valor decisivo de dichos documentos, es necesario establecer, que el árgano Jurisidiccionales en la sentencia impugnada, no hace ninguna apreciación en relación a las lesiones sufridas por el señor FRANCISCO BENJAMIN BREVE, el día que corrieron los hechos, lesiones provocas por arma de fuego, que portaba el occiso HECTOR ORLANDO SEVILLA MARTINEZ, que lo colocaron en una posición de tener que defender su vida, ya que tres atacantes, con los que tenía problemas de tierras, producía una agresión injusta en su contra, para los efectos de los alegatos de la defensa en relación al señor FRANCISCO BENJAMIN BREVE, estos documentos relacionados a las lesiones sufridas, como ser los dictámenes médicos y el álbum fotográficos que evidencia las lesiones, son de vital importancia, ya que se acreditan el elemento indispensable de la legitima defensa, descrito en el artículo 24 numeral 1 inciso a del Código Penal, necesario para acreditar la AGRESION ILEGITMA, que el señor FRANCISCO BREVE sufrió. Por otra parte con el documento denominado ESCRITO DE QUERELLA, se establece de manera fehaciente la existencia de un conflicto anterior al hecho enjuiciado, y que se patentiza que el señor PORFIRIO SEVILLA BREVE, padre el occiso, usurpaba una propiedad del señor FRANCISCO BREVE, razón por la cual en varias ocasiones tuvieron problemas precedentes al hecho.- Estas circunstancias no fueron tomadas en cuenta en la sentencia que hoy impugna las cuales son de vital importancia para el fallo dictado y se patentizan de mejor manera en el voto disidente de la sentencia que en su numeral CUARTO, explicando los elementos de la Legitima defensa, en el segundo párrafo afirma: “En relación al primer elemento se entiende que el señor FRANCISCO BENJAMIN BREVE, se encuentra solo, en un lugar apartado, cuando enfrenta a tres personar armadas, con las que ya había tenido problemas anteriormente, cuando recibe un disparo, configurándose así la AGRESION ILEGITIMA,- Ante esta situación de peligro, el señor FRANCISCO BENJAMIN BREVE, para impedir y repeler el ataque saca su arma disparando en dos ocasiones contra su agresor el señor HECTOR ORLANDO SEVILLA MARTINEZ, Quien estaba en posición de disparo portando una escopeta, configurándose así la necesidad racional del medio empleado...” Vistas así las cosas, resulta que la prueba documental propuesta por la defensa, mencionada por la sentencia en una lista, pero que no fue considerara por el Órgano Jurisdiccional en la sentencia, resulta de vital importancia para acreditar elementos necesarios de la legitima defensa, alegada por la defensa del señor FRANCISCO BENJAMIN BREVE, configurándose el vicio alegado en este motivo. b) DECLARACION DE LOS IMPUTADOS FRANCISCO BENJAMIN BREVE y JUAN CARLOS BREVE GALLEGOS. La mención que tiene la sentencia sobre este medio de prueba, que se traduce en la defensa material de los imputados se encuentra en cuatro párrafos mencionados en el numeral PRIMERO de la valoración de la prueba que dice: “PRIMERO: Los imputados FRANCISCO BENJAMIN BREVE Y JUAN CARLOS BREVE GALLEGOS, hicieron uso de su derecho de rendir su declaración una vez evacuada la prueba, declarándose ¡nocentes de los hechos imputados.” Como se estableció, en el motivo de casación por infracción de precepto constitucional, el imputado tiene dos posiciones frente a la prueba, ya sea como un objeto de prueba o como sujeto de prueba; como Objeto es aquella entidad corporal que como fuente de datos puede facilitar la investigación penal, adoptando una posición pasiva frente a la actividad probatoria (Art. 107 del CPP), que tiene varios requisitos puntuales para su observancia licitud y valoración; este no es el caso de autos. Y puede actuar como Sujeto de Prueba cuando para la obtención de un elemento probatorio se requiera su participación activa, por lo que en acatamiento al artículo 88 de la Constitución de la República, ésta participación debe de ser libre y voluntaria, como ocurrió, en el Debate o Juicio Oral y Publico, en que los Imputados libremente decidieron rendir declaración, amparado en el Principio-derecho de la presunción de inocencia, contenido en el artículo 89 de la Constitución, y el Artículo 88 Constitucional establece que “No se ejercerá violencia ni coacción de ninguna clase sobre las personas para forzarlas a declarar. Nadie puede ser obligado en asunto penal…. a declarar contra si mismo...”. Esta La participación del imputado como sujeto de prueba es un acto de defensa material, pero además es una fuente de prueba que debe de ser valorada en contraste con la demás esto de conformidad a la Constitución de la República y el Artículo 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, establece el derecho de toda persona imputada de ser oída por autoridad competente, lo que conlleva obligación correlativa de esa Autoridad de escucharla y examinar no sólo su declaración sino que cualquier otro acto que realice como sujeto de prueba de conformidad a las funciones del Órgano Persecutor del Delito que la reciba y el momento procesal que se realice, examen que puede resultar en una valoración positiva o negativa para los intereses del encausado.- Esto no ocurrió en la sentencia impugnada, la declaración de los imputados resulta ser totalmente excluida, ¡a sentencia desconoce o ignora los dichos por los imputados, y al desconocer sus dichos excluye y deja de considera valor probatorio en ellos. La sentencia afirma solamente que los imputados se declararon inocentes de los hechos, cuando la información que se desprende de sus deposiciones en uso de su defensa material, produjo mucha más información que debió ser valorada. Véase el acta de debate, por su parte el señor FRANCISCO BENJAMIN BREVE, narra, el hecho de encontrarse solo en su propiedad, cuando es atacado por tres personas, uno el señor PORFIRIO SEVILLA BREVE, con quien tenía problemas de tierras, y sus hijos HECTOR ORLANDO SEVILLA Y CARLOS TULIO BREVE, en el ataque recibe un disparo del rifle que portaba HECTOR ORLANDO SEVILLA, por lo que al sentirse “baleado”, se esconde en un “ocote” y dispara con su arma de fuego, desconoce haber herido a alguien, el queda tirado en el suelo, tiempo después llega su hijo JUAN CARLOS BREVE, en una motocicleta quien lo auxilia y lo lleva a sanar. Por su parte el señor JUAN CARLOS BREVE, establece que él sabe que su padre anda solo, revisando las actividades propias del campo, cuando escucha disparos, por lo que se alarma y toma su motocicleta, dirigiéndose al lugar donde escucha las detonaciones, que cuando llega, al lugar encuentra a su padre tirado en el suelo con una herida de bala, por lo que lo auxilia. Como se observa, los imputados en sus declaraciones no solo se declaran inocentes, sino que narran una información importante que debía ser valorado por el tribunal ya sea en forma negativa o positiva, es decir dándole o restando credibilidad. Como se ha establecido en varias ocasiones en este motivo, no basta en la sentencia enunciar o mencionar un medio de prueba, es requisito establecer si dicho medio de prueba y la información producida merece fiabilidad o no, cosa que no ocurre en la sentencia recurrida, por lo que se expone el vicio enunciado. En este sentido ya se ha pronunciado la sala penal de la Corte Suprema de Justicia en sentencias de Casación penal así: Recurso de Casación No.S.P.32=2010 “….PRIMER MOTIVO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE LA FORMA PROCESAL INTERPUESTO POR EL MINISTERIO PÚBLICO: EXCLUSIÓN DE PRUEBA DE VALOR DECISIVO EN LA LITIS.- PRECEPTO AUTORIZANTE ARTÍCULO 362.2; NORMA INFRINGIDA ARTÍCULO 202, AMBOS DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL.- I.- Bajo éste título la Censora denuncia que los Juzgadores excluyeron prueba de valor decisivo pata la causa, ya que debido a ello se generó un pronunciamiento absolutorio. Sostiene que la Instancia no consideró lo declarado por la testigo A. V. S., hermana de la acusada y de profesión enfermera, quien en debate declaró haber escuchado de su hermana manifestaciones de arrepentimiento por lo hecho y que esto se debió a una debilidad. Agrega que el Tribunal dejó de considerar la declaración de la acusada cuando al cierre del debate y en el ejercicio de su derecho a la última palabra indicó que “todo lo hizo por miedo a sus padres, compañeros de colegio”.— II.— Para dar respuesta a lo planteado es preciso indicar que los artículos 202, 336 y 338 sección cuarta numeral 2 del Código Procesal Penal obligan al Órgano Juzgador a pronunciarse respecto a la fiabilidad que le merezca cada uno de los medios de prueba reproducidos en el Debate, al amparo de las reglas de la sana crítica, apreciándolos tanto individualmente como de manera conjunta y armónica; conforme al artículo 333, solo se podrán reproducir en el debate aquellos que fueron debida y previamente admitidos, de ahí que la sentencia que no sea producto de lo preceptuado adolecería de un vicio in procedendo.- Uno de esos vicios es el previsto en el artículo 362.2 del Código Procesal Penal, como motivo para el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, que se produce cuando indebidamente se excluye un medio de prueba, es decir cuando habiéndose admitido un medio de prueba y reproducido en la audiencia de debate conforme a las reglas procesales, el órgano juzgador en su sentencia, sin dar a conocer ningún razonamiento, le niega valor al medio de prueba, es decir hace mención del medio de prueba pero no externa si el mismo merece crédito o por el contrario carece de fiabilidad; Otra forma de exclusión indebida de un medio de prueba es cuando el Tribunal de Sentencia haciendo un incorrecta aplicación de la ley, tacha un medio de prueba como ilícito descartándolo del proceso de valoración, en otras palabras negándole valor alguno como consecuencia de una desatinada calificación de ilicitud.- Finalmente, para determinar si el medio de prueba indebidamente excluido posee un valor decisivo en la emisión del fallo, se debe de recurrir a la técnica conocida como “Inclusión Hipotética”, que consiste en agregar el medio de prueba excluido a la ecuación valorativa, de modo de verificar si con la aportación de los datos de ese medio de prueba el fallo se vería afectado en alguno de sus pronunciamientos, de ser así el medio de prueba es de carácter decisivo, por el contrario aun cuando su exclusión sea indebida, si su inclusión hipotética no se traduce en la modificación de algunos de los pronunciamientos del fallo, equivale a que el mismo no es de valor decisivo.— III.- El Motivo es de Recibo.” Por estar razones debe observarse el Motivo enunciado, tal y como se a desarrollado. RECLAMACIONES HECHAS PARA SUBSANAR EL VICIO PROCESAL. El Vicio Procesal que da fundamento a la Infracción quebrantamiento de forma expuesto en el presente Recurso, fue cometido al momento de pronunciar la sentencia, imposible intentar reclamo para su subsanación ALCANCE DE LA PETICION DEL RECURRENTE: A la Honorable Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, respetuosamente PEDIMOS, declarar HA LUGAR el Motivo de Casación por quebrantamiento de forma, y SE ANULE la Sentencia recurrida.” “MOTIVO TERCERO: En la sentencia que hoy se recurre no se observaron las reglas de la sana crítica para la valoración de la prueba. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo se estima comprendido en el artículo 362, numeral tres, del Código Procesal Penal, que en la parte conducente establece: “Recurso de casación por quebrantamiento de forma: El recurso de casación por quebrantamiento de forma podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de alguno de los vicios siguientes: 3)… en la valoración de la Prueba no se observaron las reglas de la sana critica.” EXPLICACION DEL MOTIVO. En el FALLO que hoy se recurre se han inobservado las reglas de la sana critica en la apreciación de la prueba que los llevaron a condenar a los señores FRANCISCO BENJAMIN BREVE Y JUAN CARLOS BREVE GALLEGOS, si bien la estimación valorativa de las pruebas y las condiciones fácticas de la sentencia son inatacables en casación, está en cambio sujeto a control el proceso lógico seguido por el juez en su razonamiento. Es a través de este recurso que el Tribunal de casación deberá realizar un examen de la aplicación del sistema probatorio establecido por la ley, con el fin de custodiar la aplicación de las reglas de la sana critica en la fundamentación de la sentencia, verificando si se han observado las reglas fundamentales de la lógica, la psicología y la experiencia. Conforme a lo anterior la sentencia que hoy se recurre a violentado las siguientes leyes o reglas: VIOLACION A LA DERIVACION, La ley fundamental de la derivación, no es mas que las conclusiones deben ir concordando, o sea a cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder un elemento de convicción del cual se pueda inferir aquella, para ello la motivación debe ser verdadera o autentica. El Tribunal de sentencia, en la sentencia que hoy se impugna CONDENA a nuestros representado, sin que exista prueba que corrobore los hechos veamos: En el numeral segundo del acápite que contiene la VALORACION DE LA PRUEBA, de la sentencia, los juzgadores proceden a trascribir los dichos de los testigos PORFIRIO SEVILLA BREVE Y CARLOS TULIO BREVE, quienes deponen y establecen de forma contundente que el señor JUAN CARLOS BREVE, portando una escopeta dispara contra la humanidad de HECTOR ORLANDO SEVILLA, produciéndole la muerte. Si el Tribunal, dio plena credibilidad a los dichos de estos testigos, de donde se deriva la condena de FRANCISCO BENJAMIN BREVE, si ninguno de los testigos lo coloca accionando el arma que supuestamente le dio muerte al hoy occiso. Por otra parte, el Tribunal en la Sentencia que hoy se impugna establece que los dichos por estos testigos resultan congruentes y consistentes, pero al analizarlos con la prueba aportada por el propio ministerio público, resultan alejadas de la verdad, tal es así que ambos testigos afirman que su pariente tenia disparos en cara y abdomen, pero el acta de levantamiento de cadáveres y el dictamen de exhumación, establece que estas lesiones (cara y abdomen) no se produjeron; por lo que la valoración del Tribunal de Sentencias es contraria al principio de derivación, porque establece que los testigos son congruentes, siendo más bien contradictorios con la demás prueba aportada. Al ser confrontados estos testigos de cargo, con la prueba pericial, evacuada en juicio, se patentiza aún más la indebida valoración del Tribunal.- La Perito ETELINA LOPEZ CASTELLANOS, llego al debate oral y público, ratificando su pericia de dictamen médico de exhumación, estableciendo, de manera contundente y fehaciente la trayectoria de los dos disparos que tenía el cuerpo del occiso, estos se encontraban ubicados en el tercio medio de la espalda, indicando que (como dijo la perito) la posición del occiso estaba parado de lado frente al disparador. De igual manera estableció el perito, que los proyectiles que produjeron la muerte, son de un arma de fuego que dispara proyectil SOLIDO, no de perdigones, esta conclusión la estableció de manera técnica explicando que las armas de fuego como las escopetas que disparan cartuchos con perdigones ósea munición múltiple, al ingresar al cuerpo cada perdigones hace una lesiones, que no se observa en el cuerpo de la víctima; razón por la que concluyo que LA MUERTE del señor HECTOR ORLANDO SEVILLA, se produjo con disparo SOLIDO, no producido por escopeta.- Esto analizado en forma conjunta y amónica con los testigos de cargo, resulta contradictoria, ya que los hechos por ellos narrados AFIRMANDO QUE LA MUERTE de su pariente se produjo con una escopeta es contrarios a la prueba científica. Violentando así la ley de derivación, al concluir la sentencia como veraz y legitimo estos relatos cuando existe prueba científica que los contradice. En este sentido es importante tomar en cuenta lo establecido por el voto disidente emitido por la señora Jueza GRISELL AMALIA ARNODO OLIVERA, en su numeral segundo que literalmente dice: “Es así que si se hubiera dado total credibilidad a estos testigos, como lo realizo la mayoría del Tribunal, se debió forzosamente ABSOLVER al señor FRANCISCO BENJAMIN BREVE, porque no existe prueba que establezca que el hubiere disparado, razón por la cual, resulta incomprensible para esta Juzgadora, haber condenado a los dos imputados por un hecho que solo uno pudo cometer. Ahora bien confrontando estos dichos con la demás prueba a portada en juicio, resulta que la lesiones que dicen haber visto los testigos en caray tórax por disparo de perdigones, científicamente no existió, ya que la médico forense Doctora ETELINDA LOPEZ, quien ratifico el dictamen de autopsia de exhumación Numero 32-2014, en su dictamen estableció únicamente las siguientes lesiones:.... Mismas que fueron producidas por un disparo solido no de perdigones, ya que las lesiones de perdigones según la medico forense produce lesiones múltiples cosa que no ocurrió en el caso de autos.- La Fiscalía del Ministerio Publico en interrogatorio a la perito, pregunto en relación a que la exhumación del cadáver se produjo tiempo después de los hechos y si esto podría por la descomposición del cadáver provocar la pérdida de las lesiones, a lo que la médico estableció que las lesiones persisten en el cuerpo aun en descomposición. De igual forma el acta de levantamiento de cadáver levantada por el agente WILMER SANCHEZ, propuesto como prueba documental, realizada a pocas horas después de ocurrir el hecho, no describe lesiones en cara y pecho por disparo de perdigones. Vistas así las cosas, resulta que lo manifestado por los testigos que fue un disparo de escopeta que produjo la muerte de su pariente es contrario a la prueba científica, por lo que no pueden ser creíbles sus dichos, en relación que el señor JUAN CARLOS BREVE GALLEGOS, fue quien disparo una escopeta y que hubiere causado la muerte del señor HECTOR ORLANDO SEVILLA MARTINEZ, por lo que sus versiones y datos sobre el hecho no resultan objetivamente confiables, ya que atribuyen toda la responsabilidad al señor JUAN CARLOS BREVE GALLEGOS, que supuestamente con un arma de fuego tipo escopeta disparo y produjo la muerte de la víctima y la prueba científica es contraria a sus dichos.” Como se observa esta valoración de la prueba realizada en el voto disidente, si contempla el principio de derivación y de forma armónica establece los puntos en que debió versar la sentencia, cosa que no ocurrió. En este sentido se ha pronunciado ya está honorable sala en distintas sentencias como ser: Casación CP—404-2008. II.— Para esta sala es importante aclarar que al conocer de los recursos de casación por el motivo alegado por el recurrente de “no haberse observado las reglas de la sana critica”, el control de casación se ocupa de establecer si hay valides en las pruebas, si las conclusiones obtenidas responde a las reglas del recto entendimiento humano, (lógica, experiencia y psicología), y si la motivación es expresa, clara, completa y emitida de acuerdo a las normas legales aplicables al caso concreto... II. Dentro de las reglas de la lógica encontramos las leyes fundamentales de la derivación que no es mas que la conclusiones deben ir concordando, o sea a cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder un elemento de convicción del cual se pueda inferir arpella, para ello la motivación debe ser verdadera o autentica.—.... Resultando claro para la sala que de la valoración de las pruebas evacuadas en juicio se pudieron extraer conclusiones diferentes.—” CP 337—2008. “…Para esta sala es importante mencionar que el conocer de los recursos de casación por el motivo alegado por el recurrente de “no haberse observado las reglas de la sana critica”, solo se le esta permitiendo a la sala, establecer si las probanzas son validas, si las conclusiones a que se llega responden a las reglas de la logicidad y si hay motivación suficiente y legal,… El sistema de libre convicción o sana critica racional, as el modelo que sigue nuestro ordenamiento jurídico procesal penal y en general, los ordenamientos y democráticos, bajo este sistema el juez es libre de apreciar la prueba, pero siguiendo como ya se dijo, las reglas del correcto entendimiento humano ( reglas de lógica, experiencia y psicología) , lo que se determina por la cual su ausencia o defecto hace nulo el procedimiento, como al atribuir a las pruebas recibidas un contenido inexacto o al despreciar el verdadero, o al otorgarles un valor probatorio del que razonablemente carecen o negarles el que razonablemente tienen, todo esto enmarcado dentro del “principio de valoración razonable de la prueba... son el resultado de un razonamiento defectuoso por parte del tribunal sentenciador, en consecuencia declara CONLUGAR...” Vistas así las cosas la valoración de la prueba realizada por la mayoría del Tribunal de Sentencias, resulto defectuosa, perfeccionando así el motivo de casación alegado. RECLAMACIONES HECHAS PARA SUBSANAR EL VICIO PROCESAL. El Vicio Procesal que da fundamento a la Infracción quebrantamiento de forma expuesto en el presente Recurso, fue cometido al momento de pronunciar la sentencia, imposible intentar reclamo para su subsanación. ALCANCE DE LA PETICION DEL RECURRENTE: A la Honorable Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, respetuosamente PEDIMOS, declarar HA LUGAR el Motivo de Casación por quebrantamiento de forma y, SE ANULE la Sentencia recurrida.” “MOTIVO CUARTO: En la sentencia que hoy se impugna carece de motivación fáctica y jurídica, es insuficiente y contradictoria. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo se estima comprendido en el artículo 362, numeral tres, del Código Procesal Penal, que en la parte conducente establece: “Recurso de casación por quebrantamiento de forma: El recurso de casación por quebrantamiento de forma podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de alguno de los vicios siguientes: 3) “Que carezca de motivación fáctica o jurídica, que dicha motivación sea insuficiente o contradictoria....” EXPLICACION DEL MOTIVO. En el ámbito del Derecho Procesal la motivación puede ser definida como: “la exposición de las razones de hecho y de derecho que justifican la decisión.” Esto es, la exteriorización del porqué de las conclusiones de hecho y de derecho que el Tribunal afirma para arribar a la solución del caso. El instrumento jurídico utilizado para que el poder actúe racionalmente y dentro de unos límites es la motivación, que representa el signo más importante y típico de «racionalización» de la función judicial. La motivación es Justificación, exposición de las razones que el órgano judicial ha dado para demostrar que su decisión es correcta o aceptable y constituye así una exigencia del Estado de Derecho, en cuanto modelo de Estado enemigo de la arbitrariedad del poder. Una sociedad moderna, donde los individuos no se conforman con una apelación a la autoridad, sino que exigen razones, la justificación o motivación de las decisiones tiende a verse, no ya como una exigencia técnica, sino como el fundamento mismo de la legitimidad de los jueces. Entendida como instrumento para evitar la arbitrariedad del poder, la motivación adquiere, además, una particular importancia merced a la evolución que ha conocido el Estado de Derecho en el constitucionalismo, un modelo de Estado que encuentra su legitimidad (externa) en la protección de los individuos y sus derechos, y que, al consagrar esos derechos en el nivel jurídico más alto, la Constitución, condiciona también la legitimidad (interna) de los actos del poder a la protección de esos derechos. La motivación cobra entonces una dimensión político-jurídica, de tutela de los derechos. La exigencia de la motivación de la resolución judicial, constituye una forma de rendir cuentas del ejercicio de la potestad jurisdiccional, no sólo a las partes directamente interesadas en el conflicto, sino a un auditorio más amplio, integrado por diversos círculos de la sociedad. De este modo, es un eficaz instrumento preventivo frente al riesgo de la actuación arbitraria del órgano judicial. Al conocer las razones por las que tomó su decisión, la parte perjudicada con el fallo, estará en condiciones para intentar rebatirlas al recurrirlo, haciendo uso de los remedios procesales que la ley ofrece. Una motivación lógica de la sentencia debe responder entre otras características a las que demanda la coherencia, de ahí que la motivación deberá estar constituida por un conjunto de razonamientos arménicos entre sí, y para ello deberá ser: a) Congruente: las afirmaciones, deducciones y conclusiones deben guardar relación y concordancia entre ellas, b) No Contradictoria: Que no se empleen en la motivación juicios contradictorios que se anulen entre sí, y c) Inequívoca: los elementos del raciocinio no deben dejar dudas sobre su alcance y significado y sobre las conclusiones respectivas. El vicio de una motivación contradictoria se presentará, cuando exista una contradicción entre la valoración probatoria y los hechos probados, o entre estos y la fundamentación jurídica, o sí la contradicción aparece de forma interna en la valoración de la prueba o en la motivación jurídica. Es así como resulta natural que exista el control casacional sobre la contradicción en la motivación, puesto que ello resta seguridad a la decisión que adopta el juzgador, al fundarse en argumentos o juicios excluyentes. (Sentencia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia CP 259-2008) La Sentencia que hoy se impugna, presenta el vicio de falta de motivación, en algunos momentos contradictorios, presentando en sus once páginas, todos los presupuestos del precepto autorizante, por lo que para claridad del motivo de casación, separaremos cada situación especial. 1) Carencia de motivación o motivación insuficiente. Conforme lo establece el artículo 141 ultimo parrado del Código Procesal Penal, “la simple relación de las actuaciones del proceso, la mención de los requerimientos de las partes o la cita de trascripción de preceptos legales no reemplaza la motivación. - De la motivación Jurídica: Conforme lo establece el artículo 338 regla CUARTA numeral 3 del Código Procesal Penal, en la sentencia debe existir la FUNDAMENTACION JURIDICA, del fallo, la cual debe contener entre otras, de forma clara, sucinta y precisa la indicación de los preceptos aplicables con la fundamentación legal de calificación de los hechos que se hubiese tenido para cada uno de los procesados. En el caso de autos, a nuestros defendidos se les acuso por el delito de ASESINATO, ROBO AGRAVADO Y AMENAZAS, y finalmente fueron condenados por el delito de ASESINATO y ABSULETOS por los delito de ROBO AGRAVADO Y AMENAZAS. Por el delito de ASESINATO, reza en la sentencia en los antecedentes procesales numeral primero, que el Ministerio Publico, califico los hechos como constitutivos de un delito de ASESINATO.... Tipificado y penado en el artículo 117 del Código Penal; siguiendo la lectura de la sentencia, la calificación del delito aparece de nuevo en el párrafo primero de la fundamentación jurídica, estableciendo que se ha llegado a la conclusión de que los hechos son constitutivos de un delito de ASESINATO, previsto y sancionado en el articulo 117 en relación 32 (autoría) del Código Penal; finalmente en el numeral segundo del mismo acápite de fundamentación jurídica, se realiza una copia textual del articulo 117 del código penal. Si la motivación es el remedio de la arbitrariedad, y el mecanismo que se otorga a las partes para estar en condiciones de rebatir por medio de recurso las motivaciones del Juzgador, como remedio procesal, esto no es posible en esta Sentencia, porque se ignora cuál es la circunstancia que debe concurrir para calificar el asesinato, Hoy nuestros defendidos están condenados por un delito de ASESINATO, sin saber si este supuesto asesinato se realizó, CON ALEVOSIA, CON PREMEDITACION, POR INUNDACION INCEDIO, ENVENENAMIENTO, EXPLOSION, DESCARRILAMIENTO, VOLCAMIENTO VARAMIENTO, AVERIA DE BUQUE, POR OTRO GRAVE ESTRAGO O CON ENSAÑAMIENTO. Parece imposible, o improbable que esto ocurra, pero es así y basta leer la sentencia, para darnos cuenta que se OMITIO, establecer de forma clara, sucinta y precisa, cuál era la circunstancia que concurría para calificar el ASESINATO, esto provoca el vicio de CARENCIA DE MOTIVACION, ya que si se hubiera someramente colocado el articulo penal aplicable señalando el numeral que a criterio del tribunal era el aplicable, la motivación podría ser insuficiente, pero al guardar total silencio, sin permitir siquiera un ápice de luz, la motivación deja de existir dando fundamento al vicio alegado. En iguales o peores circunstancias se encuentra las razones de la absolución por los delitos de robo y amenazas, de lo que se guarda un total silencio en la sentencia en el acápite de la Motivación Jurídica, ignorándose cuál fue el razonamiento intelectivo, que llevo a la convicción de los juzgadores para el fallo absolutorio. De la motivación probatoria: Tal y como se ha establecido es una exigencia de motivación, establecer los razonamientos utilizados por el Juzgador para obtener conclusiones, tal como lo establece el artículo 338 regla cuarta numeral 2, del Código Procesal Penal. En el caso de autos el acápite que contiene la VALORACION DE LA PRUEBA, contiene siete párrafos, los cinco primeros únicamente contienen una narración y enunciación de los medios de prueba, luego el párrafo sexto el tribunal establece que la prueba relacionada en los párrafos anteriores (los 5 que enuncian toda la pruebo incluyendo la prueba de la defensa) merece un total y absoluto crédito, el razonamiento utilizado para tal conclusión, no se plasma en la sentencia, el Tribunal no externo el proceso intelectivo apegado al sistema de sana critica para llegar a conclusiones de valoración. En este sentido va se ha pronunciado la sala penal, de la Corte Suprema de Justicia: Sentencia Penal CP 406-2008 Esta Sala de lo Penal, considera pertinente recordar en torno a la valoración individualizada de los medios de prueba, que “..el tribunal tendrá que razonar sobre cada una de las pruebas que se han practicado y sobre el grado de convencimiento que cada una le ha proporcionado y sólo después, en función de la plural incidencia de todas ellas, sobre porqué ha llegado a una determinada conclusión y no a otras. De este modo se evita la alusión de una verdadera motivación fáctica so pretexto de una mal entendida apreciación conjunta de la prueba…. Este deber de análisis y valoración individualizados parecen desprenderse del tenor literal del artículo 338, regla cuarta, 2) CPP. La referencia -contenida en el inciso segundo del Artículo 202 CPP- a la valoración con junta y armónica de la prueba ha de entenderse como introducción del canon valorativo de la contextualidad como complemento del de valorización individualizada”[1]. Asimismo, Sobre el vicio de Casación por Quebrantamiento de Forma, consistente en el motivo establecido en artículo 362. 3) del Código Procesal Penal, y muy concretamente fundado en que la sentencia impugnada adolece del vicio de motivación insuficiente, aprecia que “la insuficiencia de motivación es un concepto subjetivo que debe ser interpretado restrictivamente, de manera que solo se apreciará en aquellos casos en que no resulte posible colegir el proceso racional que llevó al tribunal A Quo a considerar probados los hechos consignados en el factum o a aplicar los preceptos penales de los que el fallo trae causa y no cuando los razonamientos sean escuetos o equivocados…” De esta manera se patentiza el motivo alegado de que en la sentencia impugnada, existe una INSUFICIENCIA DE MOTIVACIÓN, en los apartados ya descritos. 2) MOTIVACION CONTRADICTORIA. La definición de contradictorio, se estableces cuando se existen, dos posiciones que se producen entre dos proposiciones que difieren en calidad y cantidad. La Sentencia Dictada por el Tribunal de Sentencias de Juticalpa Olancho, contiene esta característica de contradicción, en las proposiciones Plasmadas en la motivación jurídica, que difieren de las plasmadas en la parte resolutiva del fallo veamos: 1) En el Numeral sexto de la fundamentación jurídica, el Tribunal de sentencia establece lo siguiente: SEXTO: No concurren causas de exclusión de la responsabilidad penal, ni circunstancias que modifican la misma, el ente acusador en su pronunciamiento ante este Tribunal en la audiencia de Individualización de pena solicito se le impusiera al acusado referido las penas concretas de VEINTE (20) AÑOS DE RECLUSION POR EL DELITO DE ASESINATO, SEIS (6) AÑOS OCHO (8) POR EL DELITO DE ROBO AGRAVADO Y LA PENA DE DIEZ (10) AÑOS DE RECLUSION POR EL DELITO DE ROBO DE VEHICULOS AUTOMOTORES, y que la defensa del imputado solicito la pena mínima de cada uno de los delitos para su representado. En la parte resolutiva de la sentencia, tal y como se había producido en el debate, en el numeral PRIMERO se condena a nuestro representados por el delito de ASESINATO, y en el numeral tercero de ABSUELVE por el delito de ROBO AGRAVADO Y AMENAZAS. La contradicción está expuesta, ya que el Tribunal establece que la segunda fase de la sentencia condenatoria contenida en el artículo 343 del Código Procesal Penal, se pidieron penas concretas por los delitos de ASESINATO, ROBO AGRAVADO Y ROBO DE VEHICULOS, pero difiere en la parte resolutiva, donde no existen condenas por estos TRES DELITOS, contenidos en la fundamentación jurídica. No existe justificación para tal contradicción, y resulta tan evidente que no puede obviarse o tomarse como un mero error que pueda subsanarse conforme lo establece el artículo 370 del Código Procesal Penal, ya que no es un error de derecho, es un razonamiento jurídico que incide en una fase procesal contenida en el artículo 343 del Código Procesal Penal, relacionado con el artículo 69 del Código Penal, que es una de las funciones primordiales de los Juzgadores, como atribuciones constitucional de IMPONER LA PENA CONCRETA, al caso concreto, que no puede ni debe tomarse a la carrera o de manera mecánica. 2) La segunda Contradicción, se encuentra plasmada en el numeral octavo último párrafo de la fundamentación jurídica que dice: “No procede condenarlo civilmente ya que la vida es un derecho humano intrínseco a cada ser, y lo que nos queda a aplicar es la ley penal en represalia del bien social y en contra del derecho a la vida que como ciudadanos tenemos.” Contrario a esta afirmación que analiza la no procedencia de la condena civil en el numeral cuarto de la parte resolutiva se establece: “CUARTO: Se declara a los condenados responsables civilmente...” Al igual que la anterior contradicción, no encontramos justificación, a esta contradicción, ya que por una parte los Juzgadores fundamentan su posición de considerad la NO PROCEDENCIA DE UNA CONDENA CIVL, pero ya en la parte resolutiva se DECLARA tal condena. Vistas así las cosas, resultando evidente la insuficiencia de motivación y las contradicciones de la misma, queda plasmado el vicio alegado en este motivo. RECLAMACIONES HECHAS PARA SUBSANAR EL VICIO PROCESAL. El Vicio Procesal que da fundamento a la Infracción quebrantamiento de forma expuesto en el presente Recurso, fue cometido al momento de pronunciar la sentencia, imposible intentar reclamo para su subsanación ALCANCE DE LA PETICION DEL RECURRENTE: A la Honorable Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, respetuosamente pedimos, declarar HA LUGAR el Motivo de Casación por quebrantamiento de forma y, SE ANULE la Sentencia recurrida.” “MOTIVO QUINTO: En la sentencia que hoy se impugna no fueron resueltas todas las cuestiones debatidas. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo se estima comprendido en el artículo 362, numeral cuatro, del Código Procesal Penal, que en la parte conducente establece: “Recurso de casación por quebrantamiento de forma: El recurso de casación por quebrantamiento de forma podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de alguno de los vicios siguientes: 4) “Que en la parte resolutiva se omitan …. la resolución de todas las cuestiones debatidas...” EXPLICACION DEL MOTIVO. Para poder explicar de manera precisa este motivo, es necesario, hacer acopio del acta del debate, ya que la omisión alegada y que se desarrolla en este motivo, se encuentra en toda la sentencia misma y se patentiza en la parte resolutiva. La defensa del señor FRANCISCO BENJAMIN BREVE, desde el momento de la contestación de cargos, hasta las conclusiones, estableció que nuestro defendido, actuó amparado en la causa de justificación contenida en el artículo 24 numeral 1 del código Penal, como ser la LEGITIMA DEFENSA. El voto disidente, emitido por la señora Jueza GRISSELL AMALIA ARNODO OLIVERA, si recoge y plantea en su desarrollo esta cuestión debatida, desarrollando en el numeral cuarto de su voto, la configuración de los elementos de la causa de justificación de la legitima defensa. Como se aprecia la sentencia no resuelve esa situación debatida en el proceso, guardando silencio en la parte resolutiva (y en todo el desarrollo de la sentencia) en relación a declaran con o sin lugar la configuración de la causa de justificación alegada, configurándose de esta forma el vicio alegado. RECLAMACIONES HECHAS PARA SUBSANAR EL VICIO PROCESAL. El Vicio Procesal que da fundamento a la Infracción quebrantamiento de forma expuesto en el presente Recurso, fue cometido al momento de pronunciar la sentencia, imposible intentar reclamo para su subsanación ALCANCE DE LA PETICION DEL RECURRENTE: A la Honorable Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, respetuosamente pedimos, declarar HA LUGAR el Motivo de Casación por quebrantamiento de forma y, SE ANULE la Sentencia recurrida.” Fundamentación Del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional El Artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentar la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del Legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el Artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior. En general toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia. En una buena técnica, el peticionario debe de hacer mano de este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional de amplio espectro (Recurso Ordinario), en contraposición con los recursos de Infracción de Ley, Infracción de Doctrina Penal y Quebrantamiento de Formas Procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores (Recursos Extraordinarios). La esencia del Recurso de Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del Principio de Primacía de la Constitución de la República, frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. Único Motivo Norma autorizante: artículo 361 del Código Procesal Penal. Norma constitucional que se denuncia infringida: artículo 82 de la Constitución de la República. Concepto de la Infracción: violación al derecho de defensa. Pretensión: que se anule el fallo a favor de los imputados. Explicaron los censores que, según la sentencia recurrida, los Juzgadores omitieron realizar reflexión en el fallo sobre la declaración rendida por el imputado, lo que implica violación al ejercicio material de la defensa y al debido proceso, violación que es de la misma índole y gravedad que cuando se omite darle al acusado la oportunidad de realizar dicha declaración. Del Derecho de Defensa[2]. Uno de los requisitos constitucionales del proceso penal, lo constituye el derecho de defensa como presupuesto básico para todo pronunciamiento en materia penal, plasmado en principio, como un instrumento de reacción del individuo frente a la acción punitiva del Estado, erigiéndose como el poder de oposición a la acción y por lo tanto constituye uno de los elementos esenciales del moderno proceso penal; en ese sentido, al garantizar la carta magna que el derecho de defensa es inviolable, lleva implícito que la instancia penal deba permitir a toda persona que interviene en juicio, los medios efectivos y necesarios para la concreción de la defensa en juicio, de tal forma que la normativa procesal reguladora del debate público deba comprender la observación de tal derecho en cada una de las circunstancias o incidencias que se presenten durante el juicio, como una manifestación del denominado derecho al debido proceso que “supone un conjunto de auto limitaciones constitucionales y legales que el Estado se impone a sí mismo, para racionalizar dentro de los marcos infranqueables de la dignidad humana, el ejercicio del ius puniendi, que se logra con el establecimiento de una serie de garantías mínimas, que son el escudo protector del ciudadano frente a la arbitrariedad del funcionario o a la omnipotencia del Estado” (Véase Pavón Gómez German. De la Casación y la Revisión Penal. 2ª edición. Doctrina y Ley. 2003. Colombia. P 48 y 49). Del Debido Proceso Legal La Garantía del Debido Proceso se encuentra regulada por el artículo 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 90 de la Constitución de la República, conocida como el Debido Proceso Legal, el cual refiere a los parámetros normativos bajo los cuales deben dispensarse todas las garantías necesarias en el proceso (con independencia de su naturaleza). La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el Informe No. 1/95 de fecha 07 de febrero de 1995, del caso 11,006, referente al proceso de Alan García, Perú, indicó: “El artículo 8 de la Convención Americana en su inciso primero establece que toda persona tiene derecho a ser oído con las debidas garantías en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada en su contra. - Así mismo, el mencionado artículo en su inciso segundo prevé que durante el trámite del proceso toda persona tiene derecho a que se respeten ciertas garantías mínimas. La enumeración contenida en esta cláusula ha sido interpretada como una nómina de garantías mínimas no taxativas. De este modo, se ha considerado que existen otras garantías reconocidas en el derecho interno de los Estados que, si bien no están incluidas explícitamente en el texto de la Convención, igualmente se encuentran amparadas por el contenido amplio del inciso 1 del artículo 8 de la Convención”. El Principio del Debido Proceso Legal, más que garantizar el respecto a la ritualidad en la dinámica de juzgamiento, es uno de los pilares del derecho procesal penal dirigido a que la persona sometida a la jurisdicción sea juzgada por un juez natural, competente, imparcial e independiente, pero adicionalmente es un mandato para que este juez, además de respetar las formas procesales, reproduzca en cada una de ellas los derechos consagrados en la Constitución de la República y en los Tratados y Convenciones de los que Honduras forme parte, es así que los llamados Principios Procesales o Principios Informadores del proceso, no son más que medios conductores para materializar aquellos derechos y garantías fundamentales que son agrupados bajo la titulación del debido proceso legal, y que constituyen reglas mínimas de juzgamiento, como ser: i. A una justicia gratuita; ii. Respeto al principio de presunción de inocencia; iii. Prohibición de ser procesado mediante la aplicación de leyes retroactivas peyorativas; iv. Derecho a ser informado de los cargos criminales en su contra; v.- A un juez predeterminado por la ley; vi. A la imparcialidad del juez; vii. A la independencia del juez; viii. Derecho a la defensa material y técnica y a utilizar los medios de prueba pertinentes; ix. A la igualdad de armas procesales; x. A un proceso público sin dilaciones indebidas; xi. Derecho a ser oído en un plazo razonable; xii. Posibilidad de recurrir ante un tribunal para obtener una revisión de la legalidad de la orden de privación de la libertad provisional; xiii. Deber de los tribunales de emitir fallos razonados, motivados y con información sustancial; xiv. El derecho a impugnar las resoluciones judiciales definitivas para que sean revisadas por un tribunal superior; en fin, el derecho a un Debido Proceso exige la materialización del Principio de Legalidad. La CIDH, en su informe No. 30/97 del caso 10,087 de fecha 30 de septiembre de 1997, referente a Gustavo Carranza, Argentina, indicó: “67.- El artículo 8 de la Convención Americana impone la existencia de “debidas garantías” durante el proceso de determinación de derechos […] En efecto, el mencionado artículo no contiene un recurso judicial propiamente dicho, sino el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales. Este artículo reconoce el llamado “Debido proceso legal” que abarca las condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquellos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial.”. Por su parte la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en sentencia de 02 de febrero de 2001, en el caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá, afirmó que: “Si bien el artículo 8 de la Convención Americana se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto “sino [al] conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales” a efectos de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier tipo de acto del Estado que pueda afectarlos. Es decir, cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea administrativo, sancionatorio o jurisdiccional, deben respetar el debido proceso legal.”. El Debido Proceso Legal se ve materializado cuando se observan estrictamente las normas contenidas en el Código Procesal Penal, el que señala en el Título IV de su Libro Tercero como debe substanciarse la etapa de juicio y en particular el debate, ergo la transgresión a cualquiera de esas normas legales constituiría vicio in procedendo siempre que por su carácter esencial socave la validez de la sentencia y esto es cuando transgrede o disminuye los principios mencionados. En conclusión, la resolución definitiva debe ser el resultado de la celebración de un proceso penal en el cual se respeten el conjunto de reglas esenciales que le sustentan en una base de legalidad, de lo contrario, cuando el mismo se realiza a espaldas de una de esas reglas, la resolución definitiva se convierte en un fruto viciado. De la Procedencia del Recurso. El Motivo no es de Recibo. El recurrente alega que la sentencia que se impugna infringe el precepto constitucional que garantiza el derecho de Defensa, consignado en el artículo 82 de la Constitución de la República, en relación con los artículos 14 que enuncia el derecho de Defensa y 323 que consigna el derecho a declarar del imputado en cualquier momento del juicio si así lo desea, ambas disposiciones del Código Procesal Penal. En el presente caso, argumenta el recurrente que el vicio que se denuncia se produce, porque en el presente caso los señores e imputados Francisco Benjamín Breve y Juan Carlos Breve Gallegos, decidieron libremente declarar en juicio y narrar la dinámica de los hechos, la participación en legítima defensa de uno de ellos y la no participación del otro, pero en la valoración conjunta de la prueba evacuada en la sentencia recurrida, el Tribunal de Sentencia no hace ningún pronunciamiento positivo o negativo, acerca de la declaración de los imputados sino que solo se limita a enunciar que los imputados Francisco Benjamín Brevé y Juan Carlos Brevé Gallegos, hicieron uso de su derecho de rendir su declaración una vez evacuada la prueba, declarándose inocentes de los hechos imputados. Y que el deber de los Tribunales de oír al acusado y tener en cuenta sus manifestaciones al momento de decidir sobre algún aspecto del proceso, es analizar lo dicho por los acusados conforme a las reglas de la sana crítica y determinar su credibilidad para efectos de emitir el fallo. La omisión del Tribunal de Sentencia de no realizar ninguna reflexión en su deliberación y en su sentencia sobre la última manifestación del acusado implica, según los recurrentes, violación al ejercicio material de la defensa y al debido proceso. Ésta Sala de Casación, considera que el derecho de defensa garantiza que toda persona a quien se le sigue un proceso sea juzgada por un tribunal competente e imparcial, con observancia de sus derechos, formalidades y garantía establecidas en la ley. Del derecho de defensa derivan los sub principios de contradicción o audiencia y de igualdad de armas procesales. Por el principio de contradicción, debe entenderse el derecho de las partes procesales, por intermedio de sus apoderados, a proponer medios de pruebas, formular alegatos o interponer impugnaciones, con los requisitos exigidos por la ley, en salvaguarda de sus respectivos derechos. El derecho de igualdad de armas procesales, alude a que el juicio debe desarrollarse en un plano de igualdad, en el cual ninguna de las partes, en especial la defensa del imputado, por su condición de vulnerabilidad procesal frente al poder punitivo del Estado, sufra menoscabos indebidos en los derechos procesales. En el presente caso, el Tribunal de Sentencia no ha infringido el derecho de defensa de los acusados Francisco Benjamín Breve y Juan Carlos Breve Gallegos, dado que la declaración libre y espontánea que han rendido en juicio por éstos, no constituye medios de prueba sino solo un acto de defensa material, la que puede ser apreciada por el tribunal siempre y cuando sea congruente con los medios de prueba legalmente incorporados al juicio oral y público. Al no constituir medios de prueba carecen de valor probatorio en sí mismas, y el tribunal no deviene en la obligación de emitir pronunciamiento sobre su contenido. Lo anterior, es sin perjuicio del deber de fundamentar la decisión final y ponderar conforme a las reglas de la sana crítica racional los verdaderos medios de prueba incorporados al juicio, con el propósito de formar su convicción acerca de la comisión del delito y la participación los acusados en los hechos de que se les acusa. En este caso, los acusados Francisco Benjamín Breve y Juan Carlos Breve Gallegos, han sido llevados a juicio y juzgados en observancia estricta de los derechos, formalidades y garantías, en especial del derecho de defensa, en que se ha generado prueba de cargo suficiente para motivar la sentencia condenatoria dictada en su contra. Por lo anterior, esta Sala de lo Penal concluye que la sentencia impugnada no infringe el precepto constitucional que garantiza el derecho de derecho defensa consignado en el artículo 82 de la Constitución de la República, en relación con los artículos 14 y 323 del Código Procesal Penal; es así que este motivo debe ser declarado no ha lugar. Del Recurso de Casación por Inflación de Ley Como lo ha reiterado esta Sala de lo Penal, por tratarse de un Recurso de Casación por Infracción de Ley, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva realizada por el Tribunal de Sentencia. Su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. El recurso de casación por infracción de ley, tiene por finalidad la revisión por parte de esta Sala, de la interpretación que de la ley hagan los Tribunales de Sentencia, definiendo o valorando jurídicamente los hechos establecidos en la sentencia y poniéndolos en relación con la norma de derecho que rige el caso, dentro del campo de la consideración puramente jurídica. Esa tarea de contralor jurídico asignada al Tribunal de Casación supone el respeto a los hechos fijados en la sentencia. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (Hechos Probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar, se invocan normas que no deben aplicarse, o se invoca la norma que deba aplicarse al caso concreto pero el juzgador hace una incorrecta interpretación de la misma. Conforme lo regula el artículo 360 del Código Procesal Penal, el objeto de la Infracción en un Recurso de Casación por Infracción de Ley puede recaer en tres aspectos: a) Precepto Penal de Carácter Sustantivo, es decir normas penales en sentido estricto, como son las que determinan delitos, faltas, estados peligrosos, penas, medidas de seguridad, eximentes de responsabilidad penal, formas de intervención en el delito, grados de realización del delito, circunstancias agravantes o atenuantes, reglas relativas a la responsabilidad civil etc., es decir aquellas que conforman el derecho penal material o sustantivo. b) Norma Extrapenal, referente a aquellas que pertenecen al derecho penal sustantivo, que no se encuentran en el Código Penal o leyes penales especiales, pero que deben ser “observadas para la aplicación de la ley penal”, por ejemplo, las leyes penales en blanco, que son aquellas que, señalando la pena aplicable al delito, omiten establecer todo o parte de la conducta punible y para poder completarla se remite a otra norma, bien sea penal o no. c) Principio de Doctrina Legal, debemos entender por doctrina, de conformidad al párrafo segundo del artículo 360 del Código Procesal Penal: “La reconocida como tal por la Corte Suprema de Justicia, por medio de tres sentencias conformes sobre un mismo asunto”. Otra circunstancia a considerar al momento de plantear un recurso de casación, son las diferentes especies del Recurso de Casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal, las cuales son: a) Violación o Falta de Aplicación, consistente en la falta de aplicación de la ley o doctrinas legales que correspondan o se ajusten a los hechos probados que enuncia la sentencia. Es la omisión por parte del juzgador, en cuanto a la cita o aplicación de la norma aplicable al caso y que justifica legalmente los hechos probados de la sentencia. b) Aplicación Indebida, consiste precisamente en la invocación hecha por el juzgador, de leyes o doctrinas legales ajenas a la verdad concebida en los hechos probados de la sentencia, de tal suerte que se aprecia la incongruencia en el fáctum de la resolución y la norma que se le asigna. c) Interpretación Errónea, consistente en que citando la sentencia la ley correspondiente, se aplica otorgándole un sentido distinto al que tiene. Único Motivo Norma Autorizante: Artículo 360 del Código Procesal Penal. Concepto de la Infracción: Aplicación indebida del artículo 117 del Código Penal. Reclamación Ex Ante: el vicio que fundamenta la infracción de ley, fue cometido en el acto mismo de la Sentencia, siendo imposible su reclamación para subsanación. Pretensión: Con esos mismos hechos probados, que se dicte una sentencia absolutoria. Afirman los recurrentes que, en el hecho declarado probado no existe la descripción de la participación de la persona que produjo la muerte de Héctor Orlando Sevilla Martínez, requisito indispensable para condenar por el delito de asesinato. El hecho probado describe que los señores Francisco Benjamín Breve y Juan Carlos Breve Gallegos, con un arma de fuego tipo Escopeta, dispararon, pero la muerte de Héctor Orlando Sevilla, no se produjo por los disparos de escopeta, sino por heridas producidas por un proyectil sólido de arma de fuego, que no son disparadas por las Escopetas, ya que éstas disparan cartuchos con perdigones y no proyectiles. El hecho probado establece que Héctor Orlando Sevilla, muere por dos disparos sólidos de arma de fuego, pero no se establece quien disparó o portaba el arma que ocasionó su muerte, por lo que el actuar de los señores Francisco Benjamín Breve y Juan Carlos Breve Gallegos, descrito en que “con arma de fuego escopeta disparar”, no constituye delito, conducta que por sí sola no puede ser subsumida en ningún tipo penal. Al calificar el juzgador la acción como constitutiva del delito de Asesinato, lo hace aplicando incorrectamente lo dispuesto en los Artículos 117 del Código Penal. Del Tipo Penal de Asesinato. De acuerdo con el artículo 117 del Código Penal: “Es reo de asesinato quien dé muerte a una persona ejecutándola con la concurrencia de cualquiera de las circunstancias siguientes: 1. Alevosía; 2. Con premeditación conocida; 3. Por medio de inundación, incendio, envenenamiento, explosión, descarrilamiento, volcamiento, varamiento o avería de buque u otro artificio que pueda ocasionar grandes estragos, siempre que haya dolo e intencionalidad; y, 4. Con ensañamiento, aumentando deliberada e inhumanamente el dolor del ofendido. La pena por asesinato será de veinte (20) a treinta (30) años de reclusión, y cuando se cometiese mediante pago, recompensa o promesa remuneratoria, o se acompañase de robo o violación, la pena será de treinta (30) años a privación de por vida de la libertad”. Como se ve, el Código tipifica el asesinato como delito autónomo después del de homicidio, mediante la enumeración de una serie de circunstancias escogidas del copioso elenco de las agravantes del artículo 27. Tales circunstancias no son meras agravantes genéricas, sino elementos constitutivos del delito, bastando la concurrencia de una sola para que pueda calificarse de asesinato. Ahora bien, puede suceder que en la muerte de una persona concurran varias de las circunstancias del artículo 117. En tal caso, cualquiera de ellas puede tomarse para calificar esa muerte como asesinato y, las restantes, dejan de ser elementos constitutivos de delito para actuar como agravantes genéricas del artículo 27. Comunes al homicidio son las cuestiones en torno al bien jurídico protegido (la vida humana independiente), los sujetos activo y pasivo del tipo básico, la causalidad y las formas imperfectas. Cabe resaltar que, en cuanto al sujeto pasivo del tipo cualificado del homicidio no tiene su correspondencia en el asesinato. Así, el asesinato de una autoridad judicial con ocasión o en ejercicio de sus funciones no tiene un tratamiento específico en términos de mayor pena, a diferencia de lo que sucede en el homicidio. En fin, si se da muerte a una autoridad de las mencionadas en el artículo 116.II, concurriendo las circunstancias del artículo 117, habrá que acudir a las normas sobre concurso de leyes del artículo 2.A. Específica del asesinato es una rica problemática que pasamos a exponer a continuación, centrándonos en las circunstancias que constituyen elementos constitutivos del tipo. A) Alevosía. Su definición legal se recoge en el artículo 27.1 del Código Penal: Hay alevosía cuando el culpable comete cualquiera de los delitos contra la vida y la integridad corporal, empleando medios, modos o formas en la ejecución que tiendan directa y especialmente a asegurarla, sin riesgo para su persona que proceda de la defensa que pudiera hacer el ofendido. De acuerdo con esta definición, la alevosía se nos presenta como equivalente a cobardía, ya que la nota fundamental (aparte del aseguramiento de la ejecución), es el aprovechamiento de una situación de indefensión, y la falta por ello de riesgo para el sujeto activo al cometer su acción. Partiendo de esta idea, la jurisprudencia del Tribunal Supremo español distingue tres modalidades de alevosía. a) La llamada alevosía «proditoria», singularizada por el ataque «a traición y sobre seguro» y que incluye la asechanza, insidia, trampa, emboscada, celada, apostamiento, situaciones todas ellas en que el sujeto agresor se oculta y cae sobre la víctima en momento y lugar que aquélla no espera. b) La alevosía súbita, inesperada o inopinada, llamada también «sorpresiva», en la que el sujeto activo, aun a la vista o en presencia de la víctima, no descubre sus intenciones y aprovechando la confianza de aquélla, actúa de forma imprevista, fulgurante y repentina. La víctima es sorprendida totalmente desprevenida, ya se encuentre de espaldas o incluso de frente, gracias a lo repentino e inopinado de la agresión. En estos casos es precisamente el carácter sorpresivo de la agresión lo que suprime la posibilidad de defensa, pues quien no espera el ataque difícilmente puede prepararse contra él y reaccionar en consecuencia, al menos en la medida de lo posible. c) La alevosía de desvalimiento (que roza el abuso de superioridad), en que el sujeto agente aprovecha una situación de absoluto desamparo de la víctima, como acontece en los casos de personas desvalidas por su edad (ancianos, niños), por su invalidez física o psíquica (enfermos graves), o por estar en estado de inconsciencia (personas ebrias en fase letárgica o comatosa, drogadas, dormidas o privadas de conocimiento)”.[3] De la Procedencia del Recurso. El Recurso no es de Recibo. Los censores aprecian que el fallo aplica en forma indebida del precepto contenido en el artículo 117 del Código Penal. Reprocha que la declaración de hechos probados no se subsume en el artículo 117 del Código Penal, por el que se condena a los acusados Francisco Benjamín Breve y Juan Carlos Breve Gallegos. Alegan que los hechos probados no señalan que los señores Francisco Benjamín Breve y Juan Carlos Breve Gallegos producen la muerte de Héctor Orlando Sevilla Martínez, solo refieren que con un arma de fuego tipo Escopeta dispararon, pero la muerte de Héctor Orlando Sevilla, no se produjo por los disparos de escopeta, sino por heridas producidas por un proyectil sólido de arma de fuego. Afirman los recurrentes que el hecho probado establece que Héctor Orlando Sevilla, muere por dos disparos sólidos de arma de fuego, pero no se establece quien disparó o quien portaba el arma que ocasionó su muerte, por lo que para los impetrantes, el actuar de los señores Francisco Benjamín Breve y Juan Carlos Breve Gallegos, descrito en que “con arma de fuego escopeta dispararon”, no constituye delito, conducta que por sí sola no puede ser subsumida en ningún tipo penal. Aseguran también los reclamantes, que tampoco de la lectura del hecho probado se desprende que se produjera alguna de estas agravantes obligatorias para condenar por el delito de asesinato, por lo que al calificarse la acción como constitutiva del delito de Asesinato, el juzgador lo hace aplicando incorrectamente lo dispuesto en el artículo 117 del Código Penal. Esta Sala de lo Penal reitera que el recurso de casación por infracción de ley tiene por finalidad la revisión por parte de esta Sala de la interpretación que de la ley hagan los Tribunales de Sentencia definiendo o valorando jurídicamente los hechos establecidos en la sentencia y poniéndolos en relación con la norma de derecho que rige el caso dentro del campo de la consideración puramente jurídica. Esa tarea de contralor jurídico asignada al Tribunal de Casación supone el respeto a los hechos fijados en la sentencia. En este caso el tribunal de juicio declara terminantemente probados los hechos siguientes: “Primero: En horas de la mañana del día dos (02) de septiembre del año dos mil trece (2013) los señores Héctor Orlando Sevilla Martínez, Porfirio Sevilla y Carlos Tulio Breve, se encontraban en su propiedad ubicada en el sector conocido como Los Coyoles, El Naranjal, municipio de Concordia, departamento de Olancho, realizando labores propias del campo, cuando venían de regreso para su casa de habitación fueron interceptados por los señores Francisco Benjamín Breve y Juan Carlos Breve Gallegos, quienes con arma de fuego tipo escopeta les dispararon de manera repentina logrando impactarle varios disparos al señor Héctor Orlando Sevilla, ocasionándole las siguientes heridas 1.- Dos heridas por proyectil de arma de fuego dispuestas de la siguiente manera: 1.a.- Orificio de entrada: en el tercio superior izquierdo de la espalda de 0.5 cm de diámetro, a 15 cm de la línea media posterior del cuerpo y a 144 cm de altura de talón, b.- Trayecto: de arriba hacia abajo, de atrás hacia adelante, de izquierda a derecha, que produjo: laceración de los músculos de la espalda penetra cavidad torácica provocó laceración pulmonar c.- Orificio de salida: en el tercio medio del lado derecho de la espalda de 0.8x0.5 cm, a 17 cm de la línea media posterior del cuerpo y a 138 cm de altura de talón. 2.a. - Orificio de entrada: En el tercio inferior izquierdo de la espalda de 0.6x0.5 cm, a 2 cm de la línea media posterior del cuerpo y a 116 cm de altura de talón. b) Trayecto de abajo hacia arriba, de atrás hacia adelante, de izquierda a derecha, que produjo laceración de tejido celular subcutáneo, de los músculos de la espalda, y pulmonar, c) Orificio de salida: En el tercio medio de la espalda al lado derecho de 0.8x0.7 cm, a 19 cm de la línea media posterior del cuerpo y a 136 cm de altura de talón, lo que le provocó la muerte de manera instantánea. Segundo: Posteriormente los señores Francisco Benjamín Breve y Juan Carlos Breve Gallegos, fueron detenidos por autoridades policiales y puestos a la orden de la autoridad judicial competente para su enjuiciamiento.” La base fáctica de la sentencia impugnada preinserta, se configura perfectamente en los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal de asesinato, tipificado y sancionado en el artículo 117 numeral 1 del Código Penal. El artículo 117 del Código Penal establece: “Es reo de Asesinato, quién de muerte a una persona ejecutándola con la concurrencia de cualquiera de las circunstancias siguientes: 1) Alevosía; 2) Con premeditación, conocida; 3) por medio de inundación, incendio, envenenamiento, explosión, descarrilamiento, volcamiento o avería de buque u otro artificio que pueda ocasionar grandes estragos, siempre que haya dolo e intencionalidad; y, 4) Con ensañamiento, aumentando deliberada e inhumanamente el dolor del ofendido...” Del factum de la sentencia que se impugna resulta que la acción desplegada por los acusados Francisco Benjamín Breve y Juan Carlos Breve Gallegos, con arma de fuego tipo escopeta dispararon de manera repentina logrando impactar varios disparos al señor Héctor Orlando Sevilla, ocasionándole múltiples heridas por proyectil de arma de fuego, dispuestas en varias partes de su cuerpo las que le provocaron la muerte de manera instantánea, acción ilícita que se subsume claramente en el tipo penal de asesinato, tipificado y sancionado en el artículo 117 numeral 1 del Código Penal. En el presente caso, la acción alevosa desplegada por los acusados Francisco Benjamín Breve y Juan Carlos Breve Gallegos, reúne las condiciones exigidas por la ley penal, pues en este caso, se trata de la llamada alevosía súbita, inesperada o inopinada, llamada también «sorpresiva», en la que el sujeto activo, aun a la vista o en presencia de la víctima, no descubre sus intenciones y aprovechando la confianza de aquélla actúa de forma imprevista, fulgurante y repentina. La víctima es sorprendida totalmente desprevenida, ya se encuentre de espaldas o incluso de frente, gracias a lo repentino e inopinado de la agresión. En estos casos es precisamente el carácter sorpresivo de la agresión lo que suprime la posibilidad de defensa, pues quien no espera el ataque difícilmente puede prepararse contra él y reaccionar en consecuencia, al menos en la medida de lo posible. Por lo expuesto, esta Sala de Casación concluye que en la sentencia que se impugna. se ha aplicado de forma correcta los preceptos contenidos en el artículo 117 numeral 1 del Código Penal, por lo que este motivo debe ser desestimado. Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma El Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio (Art. 90 de la Constitución de la República). Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso (Art. 9 CPP). Si no se cumple con los requisitos establecidos en la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos y, por el contrario, se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando: a. No se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), b. Se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o c. Se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; La inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción (vicio in procedendo) y que debe ser objeto de saneamiento cuando proceda (Art. 171 CPP), de subsanación cuando concurran sus presupuestos (Art. 170 CPP) o, en su caso y como remedio último de nulidad 165 CPP). El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas procesales tiene la tarea de comprobar la denuncia -hecha por algunas de las partes- de una actividad procesal defectuosa que compromete la decisión final, dada en los actos procesales de la etapa de juicio o en la propia sentencia que le contiene y que tiene como sanción prevista por la ley su nulidad ante la imposibilidad de saneamiento o de subsanación, ergo no basta entonces con la presencia de un vicio, sino que se requerirá además: i.- Que el recurrente haya presentado protesta contra el vicio, en el momento procesal oportuno, procurando sanearlo sin éxito (Art. 363 párrafo tercero de CPP); ii.- Que el vicio tampoco sea posible tenerlo por subsanado; iii.- Que el vicio sea de aquellos que tenga como sanción legal la nulidad de la actividad que lo contiene (Art. 362 CPP), planteados como motivos para recurrir.- Los dos primeros requisitos no serán necesarios cuando el defecto se produzca en la sentencia, pues la única forma de protesta sería el mismo recurso de casación. Además de los requisitos señalados, el recurrente debe tener presente que la instancia impugnativa en casación está munida de importantes recaudos formales determinados por la ley que deben de cumplirse en su interposición (Art. 363 párrafo tercero CPP) y que pueden ser de diferente naturaleza en atención al defecto procesal denunciado (Art. 362 CPP); ello se debe a que se trata de un recurso extraordinario, que tiene como fin auditar la legalidad de la sentencia y por ende de una gran exigencia técnica. Es de esta forma que con la individualización del motivo se dan las siguientes consecuencias: a. La competencia de la Sala de lo Penal queda circunscrita a los aspectos objetos de impugnación (Art. 350 CPP); b. Es inaplicable el principio Iura Novit Curia, al no poderse suplir las omisiones del recurrente; y Es posible la concesión parcial del recurso, cuando la razón solo aparezca en parte de lo alegado en el motivo. Primer Motivo Norma Autorizante: Artículo 362 numeral 1 del Código Procesal Penal. Concepto de la Infracción: La declaración de hechos probados contenida en la sentencia que se recurre, no es clara ni es terminante. Reclamación Ex Ante: : el vicio que fundamenta la infracción por quebrantamiento de forma, fue cometido al momento de pronunciar la sentencia, siendo imposible su reclamación para subsanación. Pretensión: que se declare ha lugar el recurso y se anule la sentencia. Afirmaron los recurrentes que, la declaración de hechos probados de la sentencia recurrida no es clara ni es terminante y resulta impreciso sobre la persona que disparó un arma de fuego en contra de la humanidad del occiso Héctor Orlando Sevilla. Al haber omitido tal aspecto la falta de claridad impide que se puede determinar la persona que disparó y le produjo la muerte al occiso. De la Claridad de los hechos Probados El Jurista Español José Maria Luzón Cuesta, respecto a la falta de claridad en los hechos probados, considera que: “conforme a reiteradísima jurisprudencia, el vicio procesal se origina exclusivamente cuando la redacción de los hechos probados aparece confusa, dubitativa o imprecisa, de modo que por su insuficiencia u oscuridad, o por no expresarlos en forma conclusiva, imperativa, terminante o categórica, sino vacilante o dubitativa, puede conducir a subsunciones dubitativas alternativas, en definitiva, consecuencia de la ambigüedad del relato. Así, pues, la falta de claridad puede venir determinada por haber empleado expresiones ininteligibles u oscuras que hacen difícil la comprensión del relato o cuando incurre en omisiones que alteran su significado y dejan prácticamente sin contenido específico la narración de los hechos; se produce, pues, cuando lo narrado es incomprensible, por su mala redacción, oscuridad, ambigüedad o imprecisión, y también cuando por omisión de elementos o circunstancias importantes, se impide conocer la verdadera realidad de lo ocurrido, con lógica consecuencia de que falta base fáctica para determinar si los hechos son o no constitutivos de infracción penal, la participación concreta de los acusados, la concurrencia de circunstancias modificativas, o el contenido de los correspondientes pronunciamientos civiles. Por consiguiente no basta para apreciar el defecto procesal que la narración se ofrezca oscura o ininteligible en alguna de sus partes, o en términos de ambigüedad o imprecisión que haga difícil su comprensión, sino que es necesario que tales defectuosidades se hallen en conexión con los condicionamientos determinantes de la calificación penal asignada a los hechos probados, provocando una laguna o vacío en la descripción histórica de los mismos, que determina una falta de premisa fáctica para formular la calificación jurídica, de forma que no puede orientar, dentro del silogismo en que la sentencia queda estructurada, el pronunciamiento condenatorio o absolutorio, es decir que resulta inadecuada para servir de argumentación lógica al fallo, y ello porque la “quaestio facti” debe servir de apoyo y sustento a la calificación jurídica o quaestio iuris”[4] De la Procedencia del Recurso. El Recurso no es de Recibo. Esta Sala observa que los recurrentes basan su primer motivo de casación por quebrantamiento de forma, al considerar que la declaración de hechos probados contenida en la sentencia que se recurre no es clara ni es terminante. Argumentan que la declaración de hechos probados de la sentencia recurrida no es clara ni terminante pues resultan imprecisos respecto de la persona que disparó con arma de fuego en contra de la humanidad del occiso Héctor Orlando Sevilla. Consideran que, al haber omitido tal aspecto, la falta de claridad impide que se puede determinarse la persona que disparó y le produjo la muerte al occiso, pues aseguran que los testigos mencionan que el señor Juan Carlos Breve Gallegos, portaba una escopeta y el otro imputado Francisco Benjamín Breve una pistola, y el dictamen del médico forense establece que el arma que le produjo la muerte al señor Héctor Orlando Sevilla, no fue un arma tipo escopeta. Esta Sala de lo Penal reitera que, para apreciar este defecto procesal no basta que la narración se ofrezca oscura o ininteligible en alguna de sus partes, o en términos de ambigüedad o imprecisión que haga difícil su comprensión, sino que es preciso que tales defectuosidades se hallen en conexión con los condicionamientos determinantes de la calificación penal asignada a los hechos probados, provocando una laguna o vacío en la descripción histórica de los mismos, que determina una falta de premisa fáctica para formular la calificación jurídica, de forma que no puede orientar, dentro del silogismo en que la sentencia queda estructurada, el pronunciamiento condenatorio o absolutorio, o que resulta inadecuada para servir de argumentación lógica al fallo. En el presente caso el juzgador de instancia, narra el hecho probado en forma clara, precisa y terminante, en el que categóricamente afirma que los señores Francisco Benjamín Breve y Juan Carlos Breve Gallegos, con arma de fuego tipo escopeta dispararon de manera repentina logrando impactarle varios disparos al señor Héctor Orlando Sevilla, ocasionándole múltiples heridas en diversas partes de su cuerpo -descritas en forma minuciosa en el hecho declarado probado- las que le provocaron la muerte de manera instantánea. La forma en que los hechos son declarados probados no deja duda sobre los acontecimientos, y la participación en ellos de los señores Francisco Benjamín Breve y Juan Carlos Breve Gallegos, no impide la conexión de los hechos con la fundamentación jurídica y parte resolutiva del fallo, tampoco crea laguna o vacío en la descripción histórica, por lo que en la forma en que están redactados opera como primera premisa que, con la calificación jurídica como segunda premisa, encaja perfectamente en el silogismo de la sentencia que se impugna. Es así que los hechos probados ubican en tiempo, lugar y espacio a los sujetos pasivos y activos de los hechos, de igual forma puntualiza las acciones contrarias a ley ejecutadas por los ahora acusados, sin que se conformen hechos dubitativos u obscuros, sino que los mismos revisten de los elementos necesarios para conformar una adecuada fundamentación fáctica. Por lo anterior, la sentencia recurrida no adolece de los defectos o vicios de forma alegados por los recurrentes, por lo que este motivo debe ser desestimado. Segundo Motivo Norma Autorizante: Artículo 362 numeral 2 del Código Procesal Penal. Concepto de la Infracción: Exclusión de prueba de valor decisivo. Reclamación Ex Ante: el vicio que fundamenta la infracción por quebrantamiento de forma, fue cometido al momento de pronunciar la sentencia, siendo imposible su reclamación para subsanación. Pretensión: que se declare ha lugar el recurso y se anule la sentencia. Afirmaron los recurrentes que en la sentencia esta prueba no descrita, y consiste en el informe investigativo de la Dirección Nacional de Investigación Criminal, realizado por el agente de investigación Wilmer Sánchez, medio de prueba documental propuesto por la defensa, al momento de los incidentes del Juicio Oral y Público. Este medio de prueba documental evacuado en el acto del juicio oral (folio 300), no fue valorado, ni nominado en la sentencia, realizado en fecha 6 de octubre del año 2013, por el Agente Wilmer Sánchez, tiene conclusiones diferentes y únicamente tiene como sospechosos al señor Francisco Benjamín Breve. No fue siquiera mencionado en la lista de los medios de prueba de la defensa que contiene el numeral quinto de la valoración de la prueba, omisión que da lugar al recurso reclamado por ser prueba de valor decisivo. De la Exclusión y Falta de Consideración de Prueba con Valor Decisivo. Es importante recordar que el proceso penal es una concatenación de actos interrelacionados entre sí, que tienen como objetivo propiciar un escenario donde el Tribunal de Sentencia, pueda pronunciarse sobre el fondo debatido en estricto respeto del principio de legalidad y del debido proceso. Entre esos actos está el proceso probatorio cuyo camino va desde la proposición, pasando por la reproducción y finalizando con la valoración de los distintos medios de prueba; éste proceso inicia con la celebración de la audiencia de proposición de medios de prueba (Art. 317 del CPP), donde las partes podrán proponer los medios de prueba que tengan a bien, siendo estos admitidos cuando superen los requisitos de admisibilidad establecidos en la ley (Art. 199 del CPP), seguidamente se celebra la audiencia de juicio en donde solo se deben reproducir los medios de prueba que hayan sido previamente admitidos en la audiencia de proposición de medios de prueba (primera parte del Art. 333 del CPP) y, como excepción, en la etapa de incidentes del debate (Art. 320 del CPP) o como auto para mejor proveer (segunda parte del Art. 333 del CPP) y finalmente como resultante del debate, el Tribunal dictara sentencia en donde la totalidad de la prueba reproducida debe ser motivada descriptiva e intelectivamente (Art. 202 y 338.2 del CPP), sin que se pueda considerar otra prueba distinta o dejar de considerar la que formó parte del proceso. Así las cosas, constituye actividad procesal defectuosa cuando el Tribunal de Sentencia irrespete el proceso probatorio, siendo uno de estos vicios el dispuesto por el Artículo 362 numeral 2 del Código Procesal Penal que reprocha cuando la sentencia “excluya o deje de considerar alguna prueba de valor decisivo”. La exclusión de prueba es distinta a la falta de consideración, de este modo: a. Existe indebida exclusión de prueba cuando habiéndose admitido un medio de prueba y reproducido en la audiencia de debate conforme a las reglas procesales, el órgano juzgador en su sentencia, sin dar a conocer ningún razonamiento, le niega valor alguno al medio de prueba, es decir, hace mención del medio de prueba pero no externa si el mismo merece crédito o por el contrario carece de fiabilidad; otra forma de exclusión indebida de un medio de prueba es cuando el Tribunal de Sentencia haciendo una incorrecta aplicación o interpretación de la ley, refuta a un medio de prueba como ilícito o no apreciable por falta de cadena de custodia, descartándolo del proceso de valoración; en otras palabras, negándole valor alguno como consecuencia de un desatinado criterio jurídico. b. Existe falta de consideración de prueba cuando a pesar de haber sido admitidos durante la etapa de juicio y reproducidos en la audiencia de debate, el órgano juzgador no hace alusión alguna sobre éstos, es decir que no existe ninguna mención al medio de prueba en su sentencia. - No se trata pues de un vicio sobre el proceso de valoración del medio de prueba, sino sobre la expulsión del medio de prueba del acervo probatorio. La norma procesal además exige para la configuración del vicio, que el medio de prueba excluido o dejado de considerar posea un valor decisivo en la emisión del fallo, cuya evaluación en casación se efectúa conforme al método de la Inclusión Hipotética, que consiste en agregar el medio de prueba excluido o no considerado a la ecuación valorativa, de modo de constatar si con la aportación de los datos de ese medio de prueba el fallo se hubiese afectado en alguno de sus pronunciamientos, de ser así el medio de prueba es de carácter decisivo, por el contrario aun cuando la exclusión o la falta de consideración sea indebida, si su inclusión hipotética no se traduce en la modificación de algunos de los pronunciamientos del fallo, equivale a que el mismo no es de valor decisivo, no dando paso al vicio in procedendo previsto en el artículo 362.2 del Código Procesal Penal. De la Procedencia del Recurso. El Recurso no es de Recibo. Argumentan los recurrentes que la sentencia incurre en vicio de forma que da lugar a un motivo de casación por quebrantamiento de forma, por considerar que el juzgador excluyó de valorar prueba de valor decisivo para la litis, consistente en: 1) Informe investigativo de la Dirección Nacional de Investigación Criminal, realizado por el agente de investigación Wilmer Sánchez, medio de prueba documental propuesto por la defensa, al momento de los incidentes del juicio oral y público; 2) Medios de prueba de descargo consistentes en documentos relacionados a las lesiones sufridas por el acusado; considera que el Tribunal de Sentencia, no externó ninguna opinión ni favorable ni desfavorable sobre los medios de prueba de descargo y se limita a mencionarlos en una lista transcrita, por lo que dejó de considerar los documentos relacionados a las lesiones sufridas por el acusado Francisco Benjamín Breve, de dictámenes médicos y el álbum fotográficos que evidencia las lesiones, los cuales son de vital importancia ya que acreditan el elemento indispensable de la legítima defensa, descrito en el artículo 24 numeral 1 inciso “a” del Código Penal; 3) Declaración de los imputados Francisco Benjamín Breve y Juan Carlos Breve Gallegos. La sentencia afirma solamente que los imputados se declararon inocentes de los hechos, cuando la información que se desprende de sus deposiciones en uso de su defensa material, produjo mucha más información que debió ser valorada, debido a que no basta en la sentencia enunciar o mencionar un medio de prueba, es requisito establecer si dicho medio de prueba merece credibilidad o no y si la información producida merece fiabilidad. Esta Sala de lo Penal ha comprobado en el acta de debate (folio 493) que la defensa de los acusados renunció expresamente a los medios de prueba documentales, a los testigos de descargo señores Wilmer Alonso Flores, Ronny Ederict Matute Matute, Onis Enrique Matute Girón y Miriam Doralina Gallegos y a las inspecciones solicitadas en el lugar de los hechos, pendientes de evacuación hasta ese momento, entre los medios de prueba documentales a los que la defensa renuncia se encuentra el informe policial de la investigación practicada por el Agente Wilmer Alonso Flores, de fecha 6 de octubre del 2013, que le fuera admitido en la fase de incidentes de la audiencia de juicio oral y público. Petición de renuncia a dichos medios de prueba de descargo admitidas por el tribunal. En lo que se refiere al informe investigativo practicado al Agente Wilmer Sánchez, ubicado según refiere el recurrente a folio 300 del expediente, esta Sala encuentra que el único informe de Investigación incorporado como medio de prueba documental es el practicado por el Agente de Investigación Marco Antonio Corrales (folio 5) que fue valorado por el Tribunal Sentenciador. Por otra parte, esta Sala de Casación ha constatado que los medios de prueba propuestos por la defensa de los acusados Francisco Benjamín Breve y Juan Carlos Breve Gallegos, consistentes en el Dictamen de Evaluación médica practicado a Francisco Benjamín Brevé, certificación médica extendida por el Médico Anselmo Espinoza y álbum fotográfico que acreditan las lesiones sufridas por el acusado Francisco Benjamín Breve, efectivamente han sido valorados por el Tribunal de Sentencia, dado que forman parte del listado de prueba de descargo del acápite 5to. de la valoración de prueba, con las que no se logra revertir la convicción del Tribunal Aquo sobre la participación de los acusados Francisco Benjamín Breve y Juan Carlos Breve Gallegos en los hechos ilícitos sometidos a juzgamiento. Y finalmente, respecto a las declaraciones rendidas por los imputados Francisco Benjamín Breve y Juan Carlos Breve Gallegos, esta Sala considera que, no se trata de prueba testifical, documental o de ningún otro medio de prueba que deba ser valorado en la sentencia que se impugna, sino de declaraciones rendidas libre y espontáneamente por los imputados como un acto de defensa material, en las que no están sujetos a juramento de decir verdad, declaraciones que en todo, pueden ser tenidas como verdaderas o falsas solo en atención al grado de congruencia que estas tengan respecto a los medios de prueba incorporados al juicio; por lo que no resulta necesario que las mismas sean valoradas cuando sus dichos no están fundamentados en pruebas que acrediten sus versiones. Por las razones expuestas, esta Sala de lo Penal concluye que los medios de prueba de reproche, han sido considerados y valorados por el Tribunal Sentenciador, por tanto, este motivo debe ser desestimado. Tercer Motivo Norma Autorizante: Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. Concepto de la Infracción: Violación a las reglas de la sana crítica. Reclamación Ex Ante: el vicio que fundamenta la infracción por quebrantamiento de forma, fue cometido al momento de pronunciar la sentencia, siendo imposible su reclamación para subsanación. Pretensión: que se declare ha lugar el recurso y se anule la sentencia. Afirmaron los censores que en la sentencia que se recurre no se observaron en la valoración de la prueba las reglas de la sana crítica de la derivación, ya que el tribunal condena a los acusados Francisco Benjamín Breve y Juan Carlos Breve Gallegos, sin que exista prueba que corrobore los hechos. De las Reglas de la Sana Crítica El Código Procesal Penal da exclusiva competencia a los jueces de sentencia la estimación valorativa de las pruebas y las conclusiones fácticas que de ellas extraigan, siendo ello inatacable por la vía recursiva casacional, siendo solamente controlable el proceso seguido por los jueces para la construcción de tales conclusiones. El artículo 362 No. 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes… 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica.”. - Al respecto, se ha señalado que: “… La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debecidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva…”. (Fallo de fecha 30 de noviembre del 2001, en el Exp. 194-2009 y de fecha 30 de noviembre del 2011, en el Exp. 297-09, también en ese sentido el fallo de fecha 20 de octubre del 2011, contenido en el Exp. 360-09 y de fecha 05 de abril del 2011, del Exp. 385-09, todos de la Sala de lo Penal). En el apartado de la valoración intelectiva el juzgador debe valorar la prueba, conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la Prueba: Íntima Convicción (Propio del Sistema de Juzgamiento por Jurados), Prueba Legal o Tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe darle el Juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias) y la Sana Crítica; es este último el que debe observar el juzgador penal hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. En el sistema de Sana Critica, en la valoración de la prueba existe plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones guarden una necesaria relación con las premisas que le sustentan, las cuales son a su vez construidas como fruto razonado de las pruebas. En este sistema, el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia conviccional de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común (al respecto ver Fallo de fecha 30 de noviembre del 2011, del Exp 125-2010 de la Sala de lo Penal). De este modo “… las reglas de la sana crítica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza…” (Fallo Sala Penal de fecha 20 de octubre del 2011, en el Exp 88-09). Componen la Sana Crítica: 1) Reglas de la Experiencia Común o Máximas de la Experiencia: Se refieren a juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el juzgador, relevados de demostración probatoria por adquirirse a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por este hecho son compartidas con las demás personas, aun cuando no formen parte de su mismo grupo social. Nos referimos a fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión o hechos de la cultura común, siendo el antónimo de éstos los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realizan solo un grupo determinados de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior, el conocimiento privado del juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. El juzgador deberá analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común, entre otros: i. Cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca del hecho. ii. Cuando cite como común un hecho que no lo sea, por no ser aprehensibles de manera espontánea por el profano, sino que solo mediante experiencias extraordinarias o mediante estudios especializados; o iii. Cuando afirme como común un hecho que exija demostración probatoria. Las reglas de la Experiencia Común se basan en la probabilidad, es decir, al momento en que el juzgador valora un hecho, considerará el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos él porqué lo considera así. 2) Las reglas de la Psicología: Están referidas, no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento empírico adquirido del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquél. Las reglas de la Psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo con relación al grupo social, se requiere que el juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la Experiencia Común, las reglas de la Psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado; y 3) Las Reglas de la Lógica: La Lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatorio para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. La lógica aplicable es la Lógica no formal, llamada en el ámbito como Razón del juicio donde las conclusiones se muestran bajo el espectro que irradia la prueba. Las leyes de la Lógica informan sobre leyes universales, a saber: a. La Coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí. La coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente. De la Ley de la Coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: i. El Principio de Identidad: Una proposición solo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y” ii. El Principio de Contradicción: Las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En valoración de prueba: un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. iii. El Principio de Tercero Excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera y ninguna tercera posibilidad es posible. b. La Derivación: Exige que cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; cada pensamiento provenir de otro, con el cual está relacionado, salvo que se trate de un principio, es decir de un juicio inicial. Pero además la conclusión derivar de elementos suficientes para que justifique la producción de aquella. Existirá omisión al principio lógico de derivación: i. Cuando la conclusión no encuentre correspondencia con el medio de prueba por una indebida inferencia; ii. Cuando la conclusión no sea producto derivado de un medio de prueba, debiendo serlo por tratarse de la afirmación o negación de un hecho de carácter no notorio. iii. Cuando la conclusión sea construida con base en medios de pruebas inexistentes. iv. Cuando la conclusión esté basada en el contenido de un medio de prueba cuyo contenido este falseado. De la derivación se extrae el Principio de Razón Suficiente, por el cual toda conclusión requiere una razón suficiente que justifique su existencia; la conclusión debe ser el final del iter lógico seguido en la valoración de las pruebas apoyándose en inferencias razonables; cada conclusión expuesta puede formar una sucesión que al final lleven a una conclusión última en donde se afirme o niegue el hecho juzgado. De la Rúa (Fernando de la Rúa, La Casación Penal, Ediciones Depalma, Buenos Aires, Argentina, pág. 156), señala que la motivación para ser lógica debe responder a las referidas leyes que presiden el correcto entendimiento humano, observando como características: 1. Congruente: En donde las afirmaciones, deducciones y conclusiones guarden una adecuada correlación y concordancia entre sí; 2. Concordante: Cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; 3. No Contradictoria, por estar libre de razonamientos que al oponerse se anulen entre sí al reflejar verdades incompatibles; 4. Inequívoca: al no dejar margen para cuestionar el alcance y significado de los razonamientos y de las conclusiones que le deriven; y 5. Suficiente: al estar constituida por un entramado de conclusiones interrelacionadas, que se deriven de múltiples cadenas de pensamientos, todos ellos aptos para producir razonablemente un convencimiento. El autor citado (Ob. Cit, pág. 157), explica que la sentencia carecerá de motivación cuando los razonamientos son contrastados advirtiendo oposición entre ellos y/o entre ellos y la parte resolutiva, destruyéndose recíprocamente dejando vacía la fundamentación de la decisión. De la Procedencia del Recurso. el recurso no es de recibo. Los recurrentes fundan su motivo de casación por quebrantamiento de forma por la violación de las reglas de la sana crítica, concretamente de la regla lógica de la derivación integrado por el principio de razón suficiente, en la valoración de la prueba de los testigos de cargo señores Porfirio Sevilla Breve y Carlos Tulio Breve, quienes establecieron que el acusado Juan Carlos Breve, portando una escopeta disparó contra Héctor Orlando Sevilla, produciéndole la muerte. Consideran los censores que las declaraciones rendidas por dichos testigos no son congruentes con el acta de levantamiento de cadáver y el dictamen de exhumación, de las que se deriva que las lesiones en cara y abdomen, no se produjeron. Afirma que, al ser confrontados estos testigos de cargo con la prueba pericial evacuada en juicio, se patentiza la indebida valoración del Tribunal, dado que la Perito Etelina López Castellanos, quien ratificó el dictamen médico de exhumación, estableció que la trayectoria de los dos disparos que tenía el cuerpo del occiso, ubicados en el tercio medio de la espalda según la posición del occiso, estaba parado de lado frente al disparador. Asimismo, que los proyectiles que produjeron la muerte son de un arma de fuego que dispara proyectiles sólidos no de perdigones por lo que concluyó que la muerte del señor Héctor Orlando Sevilla, se produjo con disparo sólido, no por escopeta. Esta Sala de Casación considera que, al valorar la prueba de cargo, el tribunal de juicio no infringe las reglas de la sana crítica de la lógica de la derivación integrado por el principio de razón suficiente, en virtud de que, el A quo no encuentra contradicciones o incongruencias de peso o sobre aspectos sustanciales derivados de la prueba. En el numeral sexto de la Sentencia recurrida, el Juez A-quo razonó las declaraciones de los referidos testigos, de quienes manifestó: “…es criterio de este Tribunal que en el caso de mérito existe prueba directa y/o perfecta suficiente para acreditar la muerte del señor Héctor Orlando Sevilla, misma que fue realizada por personas conocidas por los testigos de cargo en el presente debate, especialmente con la declaración de los propios ofendidos Porfirio Sevilla Breve y Carlos Tulio Breve rendida en estados judiciales, aunado a las declaraciones que rindieron los señores Porfirio Sevilla Breve y Carlos Tulio Breve tomada en la audiencia inicial ante el Juez de Letras, donde de manera puntual narraron cuándo y cómo sucedieron los hechos, estableciendo de manera precisa como los imputados atacaron con sus armas de fuego a los señores Héctor Orlando Sevilla Martínez, Porfirio Sevilla y Carlos Tulio breve… Esta Sala de lo Penal considera que efectivamente la información vertida por los testigos de cargo, son coherentes y suficientes, y se corroboran con el resto de medios de prueba agregados al juicio, por lo que se concluye que, el juzgador no ha violado las reglas de la sana crítica, pues ha externado juicios de valor que se desprenden del legajo probatorio y en ningún momento se ha infringido la lógica de la derivación, en su postulado de razón suficiente. Por los motivos antes expuestos es procedente declarar no ha lugar el presente motivo de casación. Cuarto Motivo Norma Autorizante: Artículo 362.3 del Código Procesal Penal. Concepto de la Infracción: adolecer la sentencia de falta de motivación fáctica y jurídica. Reclamación Ex Ante: el vicio que fundamenta la infracción por quebrantamiento de forma, fue cometido al momento de pronunciar la sentencia, siendo imposible su reclamación para subsanación. Pretensión: que se declare ha lugar el recurso y se anule la sentencia. Afirmaron los censores que la sentencia presenta falta de motivación, en algunos momentos contradictorios, presentando todos los presupuestos del precepto autorizante, de la manera siguiente: 1) Carencia de motivación o motivación insuficiente. Se ignora la circunstancia que concurre para calificar el hecho de asesinato. Los acusados están condenados por un delito de asesinato, sin saber si este supuesto asesinato se realizó, con alevosía, con premeditación, por inundación incendio, envenenamiento, explosión, descarrilamiento, volcamiento varamiento, avería de buque, por otro grave estrago o con ensañamiento. La sentencia, omitió establecer la circunstancia que concurría para calificar el asesinato, esto provoca el vicio de carencia de motivación, la motivación podría ser insuficiente, pero al guardar total silencio, sin permitir siquiera un ápice de luz, la motivación deja de existir dando fundamento al vicio alegado, por lo que la sentencia impugnada, adolece de una insuficiencia de motivación, en los apartados descritos. 2) Motivación Contradictoria. La contradicción se establece cuando existen dos posiciones que difieren en calidad y cantidad: 1) En el numeral sexto de la fundamentación jurídica, el Tribunal de Sentencia establece que no concurren causas de exclusión de la responsabilidad penal, ni circunstancias que modifican la misma, dado que el ente acusador en la audiencia de individualización de pena solicitó al tribunal que impusiera al acusado las penas concretas de veinte (20) Años de Reclusión por el delito de Asesinato, seis (6) años ocho (8) por el delito de Robo Agravado y la pena de diez (10) años de reclusión por el delito de Robo de Vehículos automotores, y la defensa del imputado solicitó la pena mínima de cada uno de los delitos a favor de sus representados. De la carencia de Motivación Fáctica o jurídica. Implica la omisión total, bien de la motivación fáctica, bien de la jurídica. Sobre la primera, conviene señalar que este vicio no se refiere a los hechos probados, puesto que al analizar el motivo del numeral 1 del artículo 362 del Código Procesal Penal, éste hace alusión precisa al hecho histórico, por lo que, al hablar de motivación fáctica, bajo el motivo en estudio, nos referimos a la valoración probatoria. Por ello, con “carencia de motivación”, se alude a la omisión total de la valoración de prueba o de las razones de derecho para condenar o absolver. La esencia del vicio lo constituye el extremo que, con la falta de motivación sobre el hecho o sobre el derecho que se aplica, se produce la más absoluta indefensión, al desconocerse las razones fácticas o jurídicas que generan el fallo, lo que limita inclusive la facultad de recurrir. A su vez, esta irregularidad procesal priva al tribunal de casación de efectuar un efectivo control sobre la sentencia por no conocer las premisas fundamentales que justifican el fallo, y por esa misma razón se priva el control ciudadano. Es decir que la falta de motivación conduce a la arbitrariedad[5]. De la procedencia del recurso. el recurso no es de recibo. Lo censores basan el presente motivo de casación, al considerar que la sentencia que se impugna carece de motivación fáctica y jurídica, es insuficiente y contradictoria. Alega que la sentencia omitió establecer la circunstancia que concurría para calificar el asesinato, lo que provoca el vicio de carencia de motivación. Asimismo, en el numeral sexto de la fundamentación jurídica, el Tribunal de Sentencia dispone que no concurren causas de exclusión de la responsabilidad penal, ni circunstancias que la modifican. En la segunda fase de la sentencia condenatoria se pidieron penas concretas por los delitos de Asesinato, Robo Agravado y Robo de Vehículos, pero en la parte resolutiva no condena a los acusados por estos tres delitos. Y en el numeral octavo último párrafo, de la fundamentación jurídica dice que no procede condenar civilmente a los acusados, pero en el numeral cuarto de la parte resolutiva de la sentencia declara a los condenados responsables civilmente. Esta Sala de lo Penal considera que de la detenida lectura de la sentencia impugnada, resulta que, no obstante los defectos de forma en la redacción de la sentencia, ésta no adolece del vicio de falta de fundamentación o fundamentación insuficiente respecto de la calificación jurídica del hecho declarado probado, por cuanto determina expresamente en el numeral segundo de la fundamentación jurídica que la acción ilícita realizada por los acusados Francisco Benjamín Breve y Juan Carlos Breve Gallegos en un delito de asesinato tipificado en el artículo 117 del Código Penal el que transcribe literalmente en todas y cada una de las modalidades delictivas, por lo que la sentencia no queda sin sustentación fáctica ni jurídica. Respecto del argumento centrado en que el numeral sexto de la fundamentación jurídica de la sentencia impugnada dispone que no concurren causas de exclusión de la responsabilidad penal, ni circunstancias que la modifican, en audiencia de individualización de pena se piden penas concretas por los delitos de Asesinato, Robo Agravado y Robo de Vehículos, pero en la parte resolutiva de la sentencia no se condena a los acusados por los tres delitos, esta Sala no encuentra que la sentencia sea contradictoria, en tanto que son las partes acusadoras las que solicitan al tribunal que imponga penas concretas por los tres delitos en tanto que el tribunal es el que condena a los acusados solo por el delito de Asesinato y los absuelve por los delitos de Robo Agravado y Robo de Vehículos. No es preciso que haya congruencia entre lo solicitado por las partes y lo resuelto por el tribunal. Y finalmente, aunque la sentencia que se impugna, en su numeral octavo de la fundamentación jurídica no condena civil, sin indicación del nombre concreto del o los acusados, debe entenderse que es una disposición en abstracto que se aplica a los acusados a quienes se les absuelve de los delitos de Robo Agravado y Robo de Vehículos de que se les acusa, no así respecto al delito de Asesinato por el que se les condena, delito por el que si se les condena en parte dispositiva a responder civilmente por la reparación de los daños causados, gastos ocasionados, compensación e indemnización de perjuicios ocasionados por el delito de asesinato en perjuicio de Héctor Orlando Sevilla por el que se les condena. Por lo anterior, la sentencia recurrida no adolece de falta de motivación fáctica y Jurídica alegada por el recurrente. Quinto Motivo Normas Autorizantes: Artículo 362.4 del Código Procesal Penal. Concepto de la Infracción: La sentencia que se impugna no resuelve todas las cuestiones debatidas. Reclamación Ex Ante: el vicio que fundamenta la infracción por quebrantamiento de forma, fue cometido al momento de pronunciar la sentencia, siendo imposible su reclamación para subsanación. Pretensión: que se declare ha lugar el recurso y se anule la sentencia. Afirmaron los reclamantes que la sentencia que se impugna no resuelve todas las cuestiones debatidas. La defensa del señor Francisco Benjamín Breve desde el momento de la contestación de cargos hasta las conclusiones, estableció que su defendido, actuó amparado en la causa de justificación contenida en el artículo 24 numeral 1 del código Penal, como ser la Legítima Defensa. La sentencia recurrida guarda silencio en la parte resolutiva en relación a declarar o no la configuración de la causa de justificación alegada, produciéndose de esta forma el vicio alegado. De la omisión en la parte resolutiva de la sentencia, de todas los elementos esenciales. El tenor literal de este precepto es el siguiente: Que en la parte resolutiva se omitan elementos esenciales. Tales como la individualización precisa del imputado, la resolución de todas las cuestiones debatidas y la determinación exacta de la pena en casos de condena. En este artículo se incorporan una serie de motivos que dan lugar a casar la sentencia recurrida, cuando se constate la existencia de determinados vicios formales cometidos por omisión en su parte resolutiva. En estos motivos de casación se ataca directamente el fallo, por lo que se presupone que la parte recurrente acepta la declaración de hechos probados, la valoración de la prueba y la fundamentación jurídica de la sentencia. Esta clase de prueba para ser considerada como de cargo, debe tener los requisitos señalados por la jurisprudencia y que son los siguientes: a) Pluralidad de los hechos –bases o indicios, b) Precisión que tales hechos –base estén acreditados por prueba de carácter directo; c) Necesidad que sean periféricos respecto al dato factico a probar; d) Interrelación; e) Racionalidad de la inferencia; f) Expresión en la motivación de cómo se llegó a la inferencia. Las omisiones han de tener cierta entidad y afectar a elementos esenciales de la parte dispositiva. La entidad de la omisión ha de comportar su imposibilidad de subsanación y que el vicio procesal, por su importancia, no pueda ser sanado de oficio por el cauce habilitado en el art. 345 CPP, pues el error material no tiene acceso a la casación al existir otros remedios procesales más simples para rectificarlo. Parece que se trata de un precepto de carecer abierto y no taxativo, pues enuncia alguno de los elementos esenciales del fallo de un modo descriptivo, al utilizar la expresión “tales como”, lo que induce a pensar que tendrá cabida en la omisión de cualesquiera de los elementos que son consustanciales a la parte resolutiva y que se detallan en la regla quinta del art. 338 CPP, incluida la falta de pronunciamiento en materia de costas. Quedan descartadas expresamente para dar pie al recurso de errores materiales en la designación o en el cómputo de las penas o medidas de seguridad, por tratase de defectos no esenciales, según indica en el art. 370 CPP. Uno de los elementos esenciales de la parte resolutiva de la sentencia es el pronunciamiento concreto por parte del tribunal respecto a las pretensiones deducidas por las partes. Si en la sentencia se omite dar repuesta alguna de las cuestiones debatidas en el juicio que hayan de ser resueltas en el fallo, la resolución incurre en lo que la doctrina denomina incongruencia omisiva o fallo corto, que es distinta a la incongruencia común regulada en el numeral 6), como luego veremos. Para amparar un motivo de esta naturaleza por incongruencia omisiva, la jurisprudencia española ha exigido que se den los requisitos siguientes: Que no se haya resuelto una cuestión jurídica o pretensión de carácter sustantivo, pues en otro caso tendrá encaje en el numeral l) del art. 362 CPP; b) Que las pretensiones omitidas en el fallo hayan sido deducidas en tiempo y forma y con las formalidades legales, y; c) Que la pretensión no se resulta de forma explícita ni implícita, entendiéndose que se produce la desestimación implícita cuando la decisión adoptada por el tribunal a quo sea incompatible con la cuestión propuesta por la parte y la excluya”.[6] De la Procedencia del Recurso. El Recurso es de Recibo. Esta Sala de lo Penal observa que el recurrente basa su motivo único de casación por quebrantamiento de forma, en que la sentencia recurrida no resuelve todas las cuestiones debatidas. Alega el recurrente que la defensa del señor Francisco Benjamín Breve, desde el momento de la contestación de cargos, hasta las conclusiones, estableció que éste actuó amparado en la causa de justificación contenida en el artículo 24 numeral 1 del Código Penal, como ser la Legítima Defensa. Estima que la sentencia recurrida guarda silencio respecto a declarar o no la configuración de la causa de justificación alegada. Esta Sala de Casación luego de una lectura del acta de debate, establece que no consta que en la contestación de cargos, la defensa privada como teoría del caso, o estrategia defensiva haya alegado una causa de justificación o de exclusión de la responsabilidad criminal como lo es de legítima defensa personal, fundada en lo dispuesto en el artículo 24.1 del Código Penal, sino en términos generales sus alegatos van dirigidos a establecer: el rechazo a los términos de la acusación, el estado de inocencia del señor Francisco Benjamín Breve, que al Ministerio Público le corresponde probar su culpabilidad, y en que durante el juicio probará que los hechos se produjeron en forma distinta. Sin embrago, consta que en la etapa de conclusiones la defensa privada si manifiesta que el señor Francisco Benjamín Breve sufrió un ataque de tres personas, hace un disparo con su arma de fuego con el que repele el ataque y logra salvar su vida, hecho en que resulta herido en una pierna, todo ello producto de una agresión ilegítima (folio 499 vuelto). Esta Sala considera que no obstante haberse puesto de manifiesto un cambio de estrategia por parte de la defensa, el tribunal de juicio en la sentencia impugnada en que condena a los acusados señores Francisco Benjamín Breve y Juan Carlos Brevé Gallegos por el delito de Asesinato en perjuicio de Héctor Orlando Sevilla, al haber sido incorporado el alegato de una causa de justificación de legítima defensa, debió haber pronunciamiento en la motivación de la sentencia en forma expresa respecto a los razonamientos por los que apreciaba o no la existencia de dicha causa de justificación de legítima defensa personal alegada a favor del señor Francisco Benjamín Breve en sus conclusiones finales. Al haber omitido en forma absoluta la sentencia este aspecto debatido sobre el que ha recaído prueba durante el juicio, esta Sala considera que dicha omisión sobre un aspecto esencial produce un grave defecto procesal que da lugar a la nulidad del fallo recurrido y del juicio celebrado. Por lo que esta Sala concluye que el juzgador incurre en el vicio de quebrantamiento de forma alegado por el recurrente; por lo que es procedente declara ha lugar el presente motivo de casación Decisión Se declara no ha lugar el recurso de casación por infracción de precepto constitucional, en su único motivo, infracción de ley en su único motivo y quebrantamiento de forma en sus cuatro motivos; se declara ha lugar el recurso de casación por quebrantamiento de forma en su quinto motivo, interpuesto por la defensa de los señores Francisco Benjamín Breve y Juan Carlos Breve Gallegos. Por Tanto: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 202, 338, 349, 359, 360, 361, 362, 363 y 369 del Código Procesal Penal; Falla: Primero: Declara No ha Lugar el Recurso Casación por Infracción de Precepto Constitucional, en su único motivo, interpuesto por los Abogados Iván Adán Martínez Ordóñez y Rosa Helena Bonilla Galindo, en su condición de defensores privados de los señores Francisco Benjamín Brevé y Juan Carlos Brevé Gallegos. Segundo: Declara No ha Lugar el Recurso Casación por Infracción de Ley, en su único motivo, interpuesto por los Abogados Iván Adán Martínez Ordóñez y Rosa Helena Bonilla Galindo, en su condición de defensores privados de los señores Francisco Benjamín Brevé y Juan Carlos Brevé Gallegos. Tercero: Declara No ha Lugar los primeros cuatro motivos de casación por Quebrantamiento de Forma, interpuestos por los Abogados Iván Adán Martínez Ordóñez y Rosa Helena Bonilla Galindo, en su condición de defensores privados de los señores Francisco Benjamín Brevé y Juan Carlos Brevé Gallegos. Cuarto: Declara ha Lugar el quinto motivo de casación por Quebrantamiento de forma, interpuesto por los Abogados Iván Adán Martínez Ordóñez y Rosa Helena Bonilla Galindo, en su condición de defensores privados de los señores Francisco Benjamín Brevé y Juan Carlos Brevé Gallegos; en consecuencia: 1) Casa la sentencia de fecha tres de agosto del año dos mil diecisiete, dictada por el Tribunal de Sentencia del Departamento de Olancho con sede en la ciudad de Juticalpa. 2) Declara la Nulidad de la audiencia de debate y de la sentencia objeto del recurso de casación en el presente caso. Y MANDA: I. Que se repita el debate ante un Tribunal de Sentencia distinto al que conoció el juicio anulado. II. Que la Secretaría del despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. Es ponente de la presente sentencia el Magistrado Diaz Flores. Notifíquese. – Firmas y Sello. -Walter Raúl Miranda Sabio. Magistrado Coordinador. Nelson Danilo Mairena Sabio. Magistrado. Mario Rolando Diaz Flores. Magistrado. – Firma y Sello. – Jose Ramon Cruz Ferrera. Secretario Sala de lo Penal.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los seis días del mes de junio de dos mil veintitrés. Certificación de la Sentencia dictada a los veintiocho días del mes de marzo de dos mil veintitrés, recaída en el expediente de casación con número de ingreso SP-11-2018.

RINA KORITZA SANDOVAL NAVAS

RECEPTORA ADSCRITA SALA DE LO PENAL

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[1]

[2] Vid Sentencia de Casación Penal Nº SP 40-2011 dictada por la Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia en fecha 10 de enero del 2013.

[3] Manual de Derecho Penal. Parte Especial. Volumen I. Alfredo de Diego Diez. Páginas 23 a 25.

[4] “El Recurso de Casación”. 2da Edición 2000. José María Luzón Cuesta. Fiscal del Tribunal Supremo. Editorial Colex. Página 140.

[5] Cuellar Cruz, Rigoberto. Fernández Entralgo, Jesús. Gomez Colomer, Juan Luis y otros. Derecho Procesal Penal de Honduras. (Manual Teórico-Práctico). Proyecto al Fortalecimiento del Poder Judicial. Agencia Española de Cooperación Internacional. Tegucigalpa, Honduras. Año 2004, Pagina598

[6] Cuadernos de Estudios Judiciales “Rafael Alvarado Manzano”. Los Recursos. Ángel Llorente Fernández de la Reguera y Rixi Moncada Godoy. Proyecto de Fortalecimiento del Poder Judicial de Honduras. Corte Suprema de Justicia de Honduras, Agencia Española de Cooperación Internacional y el Consejo General del Poder Judicial de España. Tomo 7. Páginas 123-124.