Sentencia CP-103-21 — Registro 16886
Resumen
En primer instancia se condena al imputado por el delito de Portación Ilegal de Arma de Fuego Comercial, se declara sin lugar el recurso de casación interpuesto por su defensa. No es procedente la aplicación retroactiva de la ley penal
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
El Recurso no Es de RECIBO. - Para esta Sala, resulta oportuno indicar la interpretación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos sobre; la vida (Art.3), la dignidad humana (Art. 1) y la libertad (Art.3), constituyen los derechos primarios por excelencia, de los que derivan las cuatro generaciones de derechos humanos reconocidos posteriormente. - La Libertad también constituye un derecho de primera categoría para la Constitución de la República, (arts. 69, 70 y 81), para la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 7.1 y 7.2) y para el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Art. 9.1), que en resumen reconocen un la libertad como un derecho inherente de la persona humana, entendida como un “… atributo de la capacidad que tiene una persona para decidir lo que quiere o no quiere hacer y para trasladarse de un lugar a otro o situarse por sí mismo en el espacio, sin que su decisión se vea constreñida o mediatizada por otras personas.”; La libertad atañe a todos los ámbitos de actuación de la persona humana así por ejemplo, tenemos la libertad de pensamiento, de expresión, de reunión, de asociación, de religión, libertad sexual, libertad ambulatoria, entre otras, cada una de ellas, como lo indica el artículo 70 Constitucional, solo están limitadas por el ejercicio de ese mismo derecho por otras personas, permitiendo así la convivencia social.- Particularmente la libertad ambulatoria implica la potestad poder desplazarse libremente de un lugar a otro o el de poder permanecer en un lugar a la libre voluntad, siempre que, como ya se dijo, que no implique la trasgresión del derecho de otros. Atendiendo del motivo invocado por la censora, esta Sala de lo Penal, ha procedido a realizar una revisión exhaustiva de la sentencia recurrida, de los razonamientos externados por el sentenciador y de las pruebas aportadas durante el juicio, pues se denuncia la violación al artículo 69 y 90 de La Constitución de la Republica. Debemos recalcar, como se ha señalado en el apartado anterior, que existe una obligación del Estado de brindar seguridad a toda persona nacional o extranjera que se encuentre dentro del territorio nacional; razón por la cual el legislador ha concedido la potestad a la autoridad policial a ejecutar actos, que si bien pueden significar restricciones a derechos fundamentales, se encuentran enteramente justificados en aras de cumplir con aquella obligación general, siempre que dichas actuaciones se realicen en estricto apego a lo reglado en la ley. Así entonces un agente de la policía incurriría en violación de sus deberes cuando omitiese cumplir con su función de prevenir actuaciones reñidas con la ley que aseguren la seguridad personal de los habitantes, tal y como se lo mandaba la otrora vigente Ley Orgánica de la Policía Nacional (Decreto 067-2008) en su artículo 22 y que ahora dispone la Ley Orgánica de la Secretaría de Estado en los Despachos de Seguridad Pública y de la Policía Nacional de Honduras (Decreto 018-2017), en su artículo 30. En el caso de mérito el Tribunal de Sentencia declaró como probado que “ El 8 de enero del 2015 a la 12:20 horas, en la colonia Zelaya de la ciudad de La Ceiba, departamento de Atlántida, fue requerido Christopher Dillon Sanders Woods, por agentes de la policía asignados a la Fuerza Nacional Antiextorsión, que realizaban un patrullaje al recibir denuncias que en ese sector operaban miembros de pandillas; Sanders Woods les resultó sospechoso a los agentes de la policía por lo que proceden a su cacheo, encontrándole en su cintura un arma de fabricación casera capaz de efectuar disparos utilizando proyectiles calibre 12 Gauge.- Acto seguido Christopher Dillon Sanders Wood fue detenido y remitido para su juzgamiento junto al arma antes descrita. ”; para la Defensa Pública , tal registro y posterior aprehensión fue ilegítimo, pues consideran que en ese momento los policías preventivos Marco Tulio Barahona Suazo y Jaime Adalid Núñez Sánchez, no estaban autorizados por la ley para registrar al acusado en la vía pública, por estar prohibido por La Constitución de la Republica y las Convenciones en Materia de Derechos humanos, considero que tal acción contraviene el derecho a la libertad y la garantía al debido proceso legal, los cuales solo pueden ser restringidos o suspendidos por las causas establecidas en la ley, al no haber una investigación previa que involucrara al acusado con un hecho delictivo o que tuviese evidencia relacionado con un delito. La Sala de lo Penal, considera que efectivamente todos los ciudadanos tenemos derechos que deben ser respetados, sin embargo, estos derechos no son absolutos y que pueden ser limitados en aras de la salvaguarda de los derechos de otras personas o de la colectividad, como ser la seguridad pública. Es correcto señalar que el registro que se practica a una persona puede comprometer la libertad y hasta la intimidad, pero tal compromiso es tan fugaz cuando se trata de un registro personal (cacheo), que la ley lo admite cuando se busca con él mantener la seguridad de la población mediante actos de prevención del delito que particularmente deben realizar los agentes de policía según dispone el artículo 5.2 de la Ley de Policía y Convivencia Social. Los Agentes de Policía en el caso concreto, tenían la obligación de realizar actos preventivos de carácter general, al ser alertados vía denuncias, de la presencia de personas armadas, en la calle principal de la Colonia Las Delicias, de la ciudad de la Ceiba, exactamente en un puesto de verduras, pues así se los mandaba el artículo 24.22 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional; Por ello al desplazarse a la zona señalada y ver a varias personas en el lugar indicado, proceden a realizar los registros correspondientes, pues estaban autorizados por la ley para requerirlo y solicitarle un registro. El acto de registro personal es lícito, esto por haber sido practicado cumpliendo los requisitos legales pertinentes: 1. El registro fue realizado por Agentes de Policía, en el cumplimiento de sus funciones preventivas del delito; 2. El registro fue motivado por las denuncia recibidas y la alta incidencia delictiva que existe en dicha colonia; y que son de constante denuncias por los ciudadanos, ambas circunstancias constituyeron el fundamento razonable para su práctica; 3. El Señor Cristopher Dillon Sanders Wood, fue informado por los agentes de Policía de la práctica del registro personal; 4. El registro personal fue realizado por agentes de Policía del mismo sexo y no comprometió zonas anatómicas que afectasen el pudor del Cristopher Dillon Sanders Wood; 5. Tras el registro personal y al habérsele encontrado al señor Cristopher Dillon Sanders Wood, posesión de un arma de fuego de fabricación casera, los agentes de Policía procedieron a la aprehensión del acusado, informando de tal hecho al Ministerio Público, quien posteriormente presentó requerimiento fiscal poniendo a la orden de autoridad judicial al detenido; y 6. Los Agentes de Policía documentaron lo actuado mediante acta escrita, mismas que fueron propuestas y admitida como medios probatorios documentales del proceso. Con el desarrollo de estas pruebas y mediante la inmediación, misma que se carece en esta etapa casacional, los juzgadores mediante un razonamiento lógico y coherente, determinaron que las pruebas presentadas por el ente acusador acreditaban sin lugar a dudas que el registro y la detención del acusado se habían dado bajo los parámetros de la legalidad, pues era a la representación del estado a quien le correspondía determinar la legalidad de sus actuaciones; por su parte, El Sentenciador observo la prueba de la defensa y luego de una valoración conjunta y armónica determinaron que la misma no era suficiente para siquiera poner en duda las actuaciones de legalidad de los entes de investigación, pues les restan credibilidad con argumentos coherentes y derivados del legajo probatorio a la declaración del testigo de la defensa, por lo que La Sala de lo Penal, no encuentra elementos probatorios mínimos para dudar de la legalidad de las actuaciones de la policía al momento de realizar el registro y detención del señor Cristopher Dillon Sanders Wood; todo lo contrario el sentenciador se dio a la tarea de razonar adecuadamente la prueba conforme a las reglas de la sana crítica y esta Sala de lo Penal, no encuentra ningún vicio judicial que merezca reproche casacional, ni mucho menos encuentra los elementos necesarios para determinar el quebranto a una garantía constitucional, como el Debido Proceso y la Liberta Personal, por lo que el recurso de casación por infracción de precepto constitucional debe ser declarado sin lugar
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 361 (Jerarquía Ordinaria)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 69 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
De la procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal Decreto 130-2017. A. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir de cinco a diez años de prisión una pena). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrara en vigencia y cuando es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento de juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente: b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condicione: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas de manera completa por la persona, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el Código Penal Decreto 130-2017Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo Código, sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibido la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un concurso real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse, primero conforme al límite objetivo ordinario o limite objetivo extraordinario, según corresponda, y luego de ello conforme al límite subjetivo. Empero uno no es preferente sobre el otro, se aplicará el límite que sea menor; b.- La ponderación deberá realizarse, primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el CP-130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a.- Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b.- Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no los 30 años (limite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (limite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años, la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años, se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y aun así en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Limite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Limite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Limite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. C. Ponderación en el caso concreto En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso al acusado Cristopher Dillon Sanders Wood, como autor responsable de un delito de Portación Ilegal de Arma de Fuego Comercial, en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras, la pena principal de tres (3) años de reclusión, más las penas accesorias de inhabilitación especial e interdicción civil por el tiempo de la pena privativa de libertad y las consecuencias penales de trabajo penitenciario y responsabilidad civil derivada del delito. La conducta reprochada al acusado está prevista en el Código Penal decreto 130-2017, como delito de Porte Ilegal de Arma de Fuego de Uso Permitido, (Art.580); La tenencia de armas de fuego o municiones careciendo de las licencias o permisos necesarios debe ser castigada con las penas siguientes: Penas Principales: De uno (1) a cuatro (4) años y localización permanente de hasta dos (2) años, si se trata de armas o municiones permitidas; y, De cuatro (4) a seis (6) años y localización permanente de hasta tres (3) años, si se trata de armas o municiones prohibidas. Con las mismas penas previstas en el numeral 1) se castiga la tenencia de armas artesanales. Se aumenta la pena de prisión en un tercio (1/3) a quien porte las anteriores armas de fuego o municiones sin autorización. Penas Accesorias: La suspensión de la ciudadanía según el artículo 42 del NCP: la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio activo y pasivo, para optar a cargos públicos durante el tiempo de la condena. Con duración de cinco (5) a veinte (20) años. Responsabilidad civil. (Art. 118 y 119 NCP) En la presente caso al tratarse de un Porte de Arma de Fuego de Uso permitido, debe aumentarse en un tercio (1/3) la pena correspondiente: quedando una nueva pena de cuatro (4) años a cinco (5) años, cuatro (4) meses de prisión; Conforme al hecho probado la conducta realizada por el señor Cristopher Dillon Sanders Wood, se efectúo en lugar público, lo que constituye una agravantes especifica del tipo penal, según lo establecido en numeral 6 del artículo 584 del NCP; debiendo incrementarse la pena en un tercio (1/3), resultando una pena abstracta de cinco (5) años cuatro (4) meses a siete (7) años , un (1 mes) diez (10) días. No se aprecian atenuantes específicas del tipo penal (Art. 585): No se aprecian ni agravantes genéricas (Art. 32 NCP) de igual manera no se aprecian circunstancias atenuantes. A partir de lo anterior, es posible determinar que no es procedente aplicar retroactivamente el NCP-130-2017 al caso conocido en contra del señor Cristopher Dillon Sanders Wood, esto porque la pena principal impuesta en la sentencia que se impugna, individualizada es de 3 años de reclusión, más las penas accesorias, le son más beneficiosas, que las penas establecidas en el NCP: Donde se establecen para dicho delito dos penas principales, más las penas accesorias de Responsabilidad Civil y la suspensión de ciudadanía que supone la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio activo y pasivo, para optar a cargos públicos durante el tiempo de la condena. Con duración de cinco (5) a veinte (20) años. Por tanto, se reitera que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del nuevo Código Penal
Legislación citada
- Código Penal No. 130-17, art. 615 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia recaída en el expediente del Recurso de Casación SP 103-2021 que literalmente dice: “Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciséis días del mes de octubre del año dos mil veintitrés, el pleno de la Sala de lo Penal integrado por los Magistrados Walter Raúl Miranda Sabio, en su calidad de coordinador, Nelson Danilo Mairena Franco, y Mario Rolando Díaz Flores pronuncian En nombre del Estado de Honduras La siguiente sentencia en el Recurso de Casación SP-103-2021 por Infracción de Precepto Constitucional interpuesto contra la sentencia de fecha treinta de enero del año dos mil veinte, dictada por el Tribunal de Sentencia de La Ceiba, Departamento de Atlántida, mediante la cual Primero: Condeno al señor Cristopher Dilon Sanders Woods, del delito de Portación Ilegal de Arma de Fuego Comercial, en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras. Segundo: Se condenó al señor Cristopher Dilon Sanders Woods a las penas accesoria de Inhabilitación Especial e Interdicción Civil por el tiempo que dure la misma, así como también a trabajar en obras públicas o labores dentro del establecimiento, de conformidad con la ley que regula el sistema penitenciario. Tercero: No se condenó en costas procesales. Cuartó: Se ordeno el comiso y destrucción del arma de fuego de fabricación casera, constituida por dos piezas de tubo, capaz de percutir municiones de 12 GA, presentada como evidencia: Se nombro como depositario provisional al Ministerio Público mientras se ejecuta la sentencia. SON PARTES: La abogada Kerlly Yareth Yánez Woods, en su condición de Defensora Pública del señor Cristopher Dilon Sanders Woods, como parte recurrente y el Abogado Umel Fernando Moreno Flores, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, como parte recurrida. Hechos probados de la instancia. “Único: El 8 de enero del 2015 a la 12:20 horas, en la colonia Zelaya de la ciudad de La Ceiba, departamento de Atlántida, fue requerido Christopher Dillon Sanders Woods, por agentes de la policía asignados a la Fuerza Nacional Antiextorsión, que realizaban un patrullaje al recibir denuncias que en ese sector operaban miembros de pandillas; Sanders Woods les resultó sospechoso a los agentes de la policía por lo que proceden a su cacheo, encontrándole en su cintura un arma de fabricación casera capaz de efectuar disparos utilizando proyectiles calibre 12 Gauge.- Acto seguido Christopher Dillon Sanders Wood fue detenido y remitido para su juzgamiento junto al arma antes descrita. Recurso de Casación. Motivos y Argumentos Recurso De Casación Por Infracción de Precepto Constitucional La recurrente Abogada Lourdes Kerly Yareth Yánez Woods, en su condición de Defensora Publica del señor Cristopher Dilon Sanders Woods, procedió a formalizar su Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional de la manera siguiente: “EXPRESION DEL MOTIVO DE CASACIÓN MOTIVO ÚNICO: “Infracción de los Preceptos Constitucionales contenidos en los artículo 69, 90 en relación con los artículos 207, 207, del Código Procesal Penal; Artículos 7 y 11.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 361 del Código Procesal Penal. EXPOSICIÓN DEL MOTIVO: PRIMERO: Las normas que ha violentado gravemente el Juzgador, son los artículos 69 y 90 de la Constitución de la República que dicen: Artículo 69. "La Libertad personal es inviolable y solo con arreglo a las leyes podrá ser restringida o suspendida temporalmente". Artículo 90: Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece. Se reconoce Estas normas constitucionales en relación a lo que establecen los artículos 206 y 207 del Código Procesal Penal que dice: Artículo 206: "Cuando existan motivos que hagan presumir que dentro de sus ropas o partencias, una persona oculta, esconde o lleva adheridos a su cuerpo, objetos, señales o vestigios relacionados con un delito, se le practicaran registros incautándoseles las cosas encontradas........ Lo dispuesto en el párrafo anterior se hará de ser posible, en presencia de dos testigos hábiles, si pudieran ser habidos sin demora, quienes preferiblemente deberán ser vecinos del sitio en que tuvieron lugar los hechos Investigados, dejando constancia en el acta de lo actuado....Artículo 207: Los Registros a que se refiere el artículo anterior, se practicaran Individualmente y con respeto absoluto para la dignidad, el pudor, la integridad corporal y la salud de las personas. El registro de personas será efectuado por agentes del mismo sexo y de no haberlas por dos personas también del mismo sexo, designadas para el efecto. En ningún caso se empleara violencia para practicar el examen corporal y si este afectare las zonas corporales intimas, deberá ser hecho por un médico y de no haberlo por personal sanitario. La persona examinada tendrá derecho a requerir que durante el examen, este presente una persona de su confianza, siempre que pueda localizarse sin tardanza que implique riesgo de frustración de la finalidad perseguida por la medida. Los resultados del registro se harán constar en acta, que firmaran los agentes de investigación que lo hayan practicado y además, la persona registrada. Si esta no quiere o no puede firmar, se dejara constancia de este hecho en dicha acta". Artículo 7: Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal, 2- Nadie puede ser privado de su libertad fisica, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados partes o por las leyes dictadas conforme a ellas. 3-Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios, 4.5....6...7...Articulo 11. 2: Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación. SEGUNDO: El Juzgador al dictar sentencia condenatoria en contra el señor CRISTHOHER DILLON SANDERS WOODS, por el delito de POSESION ILEGAL DE ARMA DE FUEGO, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, infringe gravemente los fundamentales derechos referidos en el numeral anterior, afectando con ello la el debido proceso y el derecho a la libertad, que le asisten al imputado por mandato constitucional. TERCERO: En el presente caso, la probanza utilizada para declarar el cuadro factico de la sentencia se extrajo de la prueba de cargo, como ser los elementos de la Fuerza Nacional de Antiextorsión, adujeron tener motivos para una saturación, sin importarles los derechos de la personas que transitan por el lugar, dijeron que era una colonia conflictiva, pero no cuentan con estadísticas de los indices delictivos, nuestro representado fue objeto de detención y el testigo no observo que le hayan decomisado la denominada chimba,, esta defensa considera que el imputado no tenía ningún Objeto constitutivo de delito, al cuestionar porque procedieron a violentarle la libre circulación y la dignidad a nuestro representado consignado en los artículos 69 y 90 de la Constituciones de la República, por lo cual los juzgadores por unanimidad confirieron eficacia probatoria a las declaraciones de los testigos antes mencionados en lo relativo a estos puntos. Esta prueba de cargo traída a juicio, resulta no certera para inculpar a mi representado de la acusación que se le imputa, por lo que dicho registro no tenía motivos consignados en la ley y en el artículo 206 del Código Procesal Penal, debe existir motivos para coartarle la libre circulación y la intimidad, es decir para registrar al acusado Cristhopher, el motivo que dieron de la inseguridad no es un motivo para coartarle de su derecho, Honduras ya fue condenado por esas prácticas arbitrarias, los agentes no sabían el contenido del artículo 206 del Código Procesal Penal, como hicieron un procedimiento si ignoran la ley, los ciudadanos están vulnerables al tener policías que ignoran la ley, mediante las sentencias se ha condenado al Estado por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Servellon García y otros en fecha 21 de septiembre del 2006, y en el caso Lopez Alvarez de fecha 1 de febrero del 2006, el poder del Estado no es ilimitado, debe perseguir las garantías consignadas no solo en la Constitución sino también el derecho interno, las practicas en este caso violentan esos derecho y garantías. En consecuencia el resultado de un procedimiento que no es fundamento valido para limitar el derecho de la libre circulación del acusado y someterlo a un registro que no fue realizado de conformidad con la normativa procesal, por lo cual solicito conforme al artículo 339 del código Procesal Penal, que se absuelva a mi representado. CUARTO: La controversia en el caso sometido a examen es si los policías previo a proceder al registro tenían motivos legales para retener y registrar al acusado, y si el registro como tal se realizo según el protocolo que manda la norma procesal penal o se trata de un registro personal arbitrario o ilegal. De no cumplirse con la normativa constitucional y procesal, se generaria arbitrariedad y abuso policial, pues la policía quedaría indirectamente facultada para decidir qué y quien es sospechoso, lo que podría producir un efecto negativo, todo lo cual se evitaría si se cumple con la normativa constitucional y procesal, y solo se detiene a aquel sobre quien exista un indicio de haber cometido un delito determinado. Lo anterior significa que la autoridad policial debe ponderar si existen motivos racionales para la práctica de un registro saber cual delito se investiga, quien es el sospechoso y cual o cuales objetos se pretenden encontrar durante la diligencia. En el presente caso los policías desconocían de que delito podía ser sospechoso el imputado y también que objeto debían buscar durante la requisa al imputado en consecuencia no tenían base suficiente para proceder como lo hicieron, la requisa del imputado constituyo un acto ilegal ineficaz, de conformidad con los artículos 206 y 207 del Código Procesal Penal y violentando los derechos constitucionales plasmados en los artículos 69 y 90 y Artículos 7 y 11.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. QUINTO: Continuando con el análisis se advierte una contradicción relevante entre las versiones de los policías sobre los hechos de la denuncia supuesta, que en ese sector de la Colonia Zelaya de la Ciudad de La Ceiba, departamento de Atlántida operaban miembros de pandillas y que Sanders Woods les resulto sospechoso por lo que procedieron a su cacheo, si se observa en la denuncia no se estableció las características físicas de las personas sospechosas que identificaron al acusado por las características físicas proporcionadas en la denuncia, porque como se dijo no se presento como medio de prueba el reporte o denuncia del 911, ni se procuro la versión de los vecinos del sector. Además no se acredito en juicio conducta sospechosa relacionada con algún ilícito por parte de mi representado, previo a la Intervención policiaca, porque no era visible que el acusado portaba algún objeto ilícito, ex ante al registro personal, no acredito denuncia previa por acciones ilícita realizadas por este, ni fue sorprendido en comisión flagrante de delito o falta. Conforme a lo anterior, concluyo que en el presente caso no hay prueba de cargo que establezca la existencia del delito por el que se le acuso al imputado, y de acuerdo al artículo 339 del Código Procesal Penal, procede dictar sentencia absolutoría cuando no hay fundamentos probatorios para condenar al acusado. Por lo que solicitamos se case la sentencia y en su lugar se profiera otra apegada a la normativa penal citada. FUNDAMENTOS DE DERECHO. Sirven de fundamento al presente recurso de casación los artículos 7 y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: 69 y 90 de la Constitución Política de Honduras: 1, 2 y 202, 339, 361, 363, 364, del Código Procesal Penal. PETICION Ala Honorable Corte Suprema de Justicia, reiterándole mi respeto pido: Tener pos interpuesto el presente Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en tiempo y forma, junto con la copia simple que se acompaña, darla el trámite de ley y conceder vista a la parte contraria para que pueda pronunciarse sobre el contenido del recurso, emplazar a las partes para que se personen a l Corte Suprema de Justicia con remisión de las actuaciones para que el Tribunal Supremo dicte lo procedente conforme a derecho. Fundamentación Jurídica Del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional. El Artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentar la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del Legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el Artículo 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior. En general toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia. En una buena técnica, el peticionario debe de hacer mano de este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional de amplio espectro (Recurso Ordinario), en contraposición con los recursos de Infracción de Ley, Infracción de Doctrina Penal y Quebrantamiento de Formas Procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores (Recursos Extraordinarios). La esencia del Recurso de Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del Principio de Primacía de la Constitución de la República, frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. Único Motivo Norma Autorizante: Artículo 361 del Código Procesal Penal. Norma Procesal que se denuncia Infringida: No determinada por el recurrente. Concepto de la Infracción: Haber violentado el Juzgador los artículos 69 y 90 de la Constitución de la República. Reclamación Ex Ante: No hubo reclamación previa. Pretensión: Se case la Sentencia y en su lugar se profiera otra apegada otra apegada a la normativa penal citada. La recurrente alega, que el Juzgador al dictar sentencia condenatoria en contra de su representado, infringió gravemente los derechos fundamentales establecidos en los articulo 69 y 90 de la constitución de la Republica, como lo es el derecho al Debido Proceso y el Derecho a La Libertad, y estima que, al analizar la prueba de cargo evacuada en la audiencia de juicio oral público, se puede concluir que; La probanza utilizada para declarar el cuadro factico de la sentencia, se extrajo de la prueba de cargo, como ser los elementos de la Fuerza Nacional de Antiextorsión, quienes adujeron tener motivos para una saturación, en la colonia Zelaya de la ciudad de la Ceiba, al ser una colonia conflictiva, sin embargo, no cuenta con estadísticas de los índices delictivos. Al momento de la detención de su representado; no fue sorprendido en flagrancia de delito o falta: no tenía ningún objeto constitutivo de delito, tampoco se acredito en juicio oral y público alguna conducta sospechosa de parte de este, ni denuncia alguna relacionada con algún ilícito. La prueba de cargo traída a juicio, resulta no certera para inculpar a su representado. La controversia en el caso sometido a examen es si los policías previos a proceder, al registro personal tenían motivos legales para retener y registrar al acusado y si este se realizó según el protocolo que manda la norma Procesal Penal: pues a criterio de la recurrente debe ponderar si existen motivos racionales para la práctica de un registro, saber que delito se investiga, quien es el sospecho y cual y cuales objetos se pretenden encontrar durante la diligencia: Lo que no ocurrió en el presente caso, donde la policía desconocía de que delito podía ser sospechoso su representado, que objetos debían buscar durante la requisa, evidenciando que la policía no tenía motivos de los enumerados en el artículo 206 del Código Procesal Penal, para coartarle la libre circulación y la intimidad al señor Christopher Dillon Sanders Woods. Concluyendo la Censora, que en la denuncia no se estableció características físicas de su representado, debido a que no se presentó como medio de prueba el reporte o denuncia realizado al 911 ni se tuvo versión de los vecinos del sector del derecho al debido proceso. La garantía del Debido Proceso se encuentra regulada por el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 90 de la Constitución de la República, conocida como el debido proceso legal, el cual refiere a los parámetros normativos bajo los cuales deben dispensarse todas las garantías necesarias en el proceso (Con independencia de su naturaleza). El Principio del Debido Proceso Legal más que garantizar el respecto a la ritualidad en la dinámica de juzgamiento, es uno de los pilares del derecho procesal penal dirigido a que la persona sometida a la jurisdicción sea juzgada por un juez o jueza natural, competente, imparcial e independiente, pero adicionalmente es un mandato para que éste juez o jueza además de respetar las formas procesales, reproduzca en cada una de ellas los derechos y garantías consagrados en la Constitución de la República y en los Tratados y Convenciones de los que Honduras forme parte, así pues los llamados y que constituyen reglas mínimas de juzgamiento, como ser: i. Prohibición de ser procesado mediante la aplicación de leyes retroactivas peyorativas; ii. Derecho a ser informado de los cargos criminales en su contra; iii. A un juez/a predeterminado por la ley; iv. A la imparcialidad e independencia del juez/a; v. Derecho a la defensa material y técnica y a utilizar los medios de prueba pertinentes; vi. A la igualdad de armas procesales; vii. A un proceso público sin dilaciones indebidas; viii. Respeto al principio de presunción de inocencia; ix. Posibilidad de recurrir ante un tribunal para obtener una revisión de la legalidad de la orden de privación de la libertad provisional; x. Derecho a ser oído en un plazo razonable; xi. Deber de los tribunales de emitir fallos razonados, motivados y con información sustancial; xii. El derecho a impugnar las resoluciones judiciales definitivas para que sean revisadas por un tribunal superior; xiii. A una justicia gratuita; en fin, el derecho a un debido Proceso exige la materialización del Principio de Legalidad. El Debido Proceso legal se ve materializado cuando se observan estrictamente las normas contenidas en el Código Procesal Penal, el que señala en el Título IV de su Libro Tercero como debe de substanciarse la etapa de Juicio y en particular el debate, pues la transgresión a cualquiera de esas normas legales constituiría vicio in procedendo siempre que por su carácter esencial socave la validez de la sentencia y esto es cuando transgrede o disminuye los principios mencionados. Con conclusión la resolución definitiva debe ser el resultado de la celebración de un proceso penal en el cual se respeten el conjunto de reglas esenciales que le sustentan en una base de legalidad, de lo contrario, cuando el mismo se realiza a espaldas de una de esas reglas, la resolución definitiva se convierte en un fruto viciado. De los Registros Personal/Corporales El registro personal/corporal es un acto de investigación, con o sin control jurisdiccional consistente en auscultar a una persona para verificar si lleva en su cuerpo, en sus ropas o pertenencias algún objeto de tenencia ilícita o relacionado con un delito en particular. Sin duda al registro corporal/personal constituye una limitación a principios constitucionales básicos como el de la libertad y la intimidad, justificable en casos específicos en pro de la seguridad colectiva, empero también puede significar la violación del derecho básico a la dignidad humana cuando es realizado con abuso por parte de la autoridad actuante, por ello se encuentran tanto en la Ley de Policía y Convivencia Social como en el Código Procesal Penal regulaciones específicas y estrictas para su práctica.- Existen dos clases de registro: 1) El registro personal o cacheo; 2) Registro Corporal. 1) El Registro Personal Procedimiento mediante el cual se palpa por encima de las ropas a una persona, sin comprometer zonas púdicas, en busca de objetos prohibidos o relacionados con el delito. Este registro personal se practica sin control fiscal ni jurisdiccional, con o sin consentimiento de la persona: a. Existe consentimiento cuando la persona expresamente manifiesta su aquiescencia para que se le haga dicho registro, o tácitamente cuando consciente y voluntariamente se coloca en una situación en donde será objeto de registro, como por ejemplo al ingresar a un centro deportivo o a un concierto; b. El Registro se realizará sin el consentimiento cuando la autoridad pública, basado en un fundamento razonable que descanse en la licitud, requiere a una persona para la realización del registro. Sin duda alguna en esta clase de registros personales, hecho en contra de la voluntad de la persona, la libertad ambulatoria puede resultar momentáneamente restringida pues el individuo debe someterse a las indicaciones policiales respecto al registro, justificables en pro de la seguridad pública, lo que obliga a toda persona a someterse al derecho de policía ejercido por los agentes; Entiéndase que tal sometimiento no constituye privación de la libertad, sino un mero constreñimiento provisional durante el tiempo indispensable para que la autoridad realice el control de seguridad. Recordemos que mediante artículo 61 de la Constitución de la República el Estado de Honduras se compromete a garantizar la seguridad personal de los nacionales y extranjeros que se encuentren dentro del territorio nacional; Tal seguridad en parte se logra garantizar mediante el derecho policial y el derecho penal, siendo parte del primero la ejecución de medidas preventivas que si bien pueden causar molestia y hasta restricciones momentáneas a ciertos derechos, ello es admisible constitucionalmente en aras de la salvaguarda de la exigencia de seguridad pública; Sobre esto Chávez (Chávez, Orlan Arturo, en Derechos Fundamentales y la Investigación Criminal, Editorial O.I.M., Honduras, 2011), explica que “… como todo derecho es necesario que tenga limitaciones para salvaguardar otros derechos de la misma naturaleza y hallar el equilibrio o la tensión entre el bien protegido y el que aparece como limitado.”.Entre las acciones preventivas están la potestad de la policía de exigir a toda persona mayor de edad se identifique plenamente mediante un documento oficial, pudiendo la autoridad policial conducirle a su casa o a la oficina estatal más cercana para efectos de proceder a la debida identificación (Art. 45 Ley de Policía y Convivencia Social). También la policía nacional puede “[…] establecer controles en las vías, lugares o establecimiento públicos, […], al objeto de este proceder a la identificación de las personas que transiten o se encuentren en ellos, al registro de los vehículos y al control superficial de los efectos personales con el fin de comprobar que no se portan sustancias o instrumentos prohibidos o peligrosos. […].” (Art. 55 Ley de Policía y Convivencia Ciudadana). En específico la practicar registro personal In Situ, deberá realizarse cuando concurran las siguientes circunstancias (Art. 206 CPP): *.- Existencia de un fundamento razonable que aconseje la necesidad a la autoridad policial de realizar dicho registro derivado de la sospecha que se tenga de que una persona lleva en su cuerpo, en sus ropas o pertenencias, objetos, señales o vestigios relacionados con un delito; tal fundamento razonable puede desprenderse de la forma como se conduce una persona en vía pública, del lugar específico donde se encuentre al tratarse de una zona en donde con recurrencia se den actos delictivos, de la proximidad de la persona al lugar en donde se ha cometido un delito, u otra circunstancia análoga; El Registro sea realizado bajo el procedimiento legal y con estricto respeto de la dignidad humana. La policía, primero debe informar a la persona sobre la necesidad de realizar el registro y en los casos en que se tenga sospecha preexistente de que éste porta un objeto ilícito o relacionado con el delito se le invitará para que haga entrega de él, invitación que claramente no puede realizarse cuando el registro se realice como un acto de control de seguridad espontáneo. El registro personal se practicará por encima de las ropas evitando palpar zonas corporales que afecten el pudor, por personal del mismo sexo que el sujeto a registro y en su caso por persona del mismo género que sea designada por la autoridad policial en el momento, lo que puede ocurrir cuando en el operativo policial solo se encuentren agentes del sexo masculino y exista la necesidad de realizar registro a una persona del sexo femenino, por lo que el agente policial de mayor rango podrá designar a otra persona femenina civil para que haga la palpación. Este tipo de registro podrá realizarse por la Policía Nacional Preventiva en vía pública y sin orden judicial, debiendo presenciar la diligencia dos testigos (personas no relacionadas con la agencia policial) cuando pudiesen ser habidos sin demora. De todo lo actuado se levantará acta, la que firmaran las personas que hayan intervenido. 2) El Registro Corporal Se realizará cuando se sospeche que la persona porta consigo objetos de tenencia ilícita o relacionada con el delito en partes del cuerpo que afecten el pudor. Esta diligencia se llevará a cabo en un lugar reservado, por persona del mismo sexo y con presencia de alguien de confianza del que será registrado, siempre que pueda ser habida sin demora. Cuando el registro afecte directamente zonas corporales íntimas que requieran experticia, el registro deberá ser realizado por un médico o personal sanitario capacitado. Para la práctica de este tipo de registros es necesario orden judicial, sin perjuicio de que pueda ser dispuesta por el Ministerio Público, por razones de urgencia, debiendo solicitar su convalidación judicial en forma inmediata. Solo le es permitido a la Policía Nacional Preventiva la práctica de este tipo de registros sin orden fiscal o judicial, cuando se tenga conocimiento cierto de que la persona esconde algún objeto que pueda ser utilizado en forma ofensiva contra la autoridad, contra terceras personas o contra la vida de la propia persona sospechosa; sin embargo, siempre deberá ser practicado por una persona del mismo sexo y, en la medida de lo posible, en un lugar reservado o alejado de la vista pública. Los Agentes de Policía, además, deberán solicitar la convalidación judicial en forma inmediata, por conducto del Ministerio Público.Tanto en los registros personales como, y especialmente, en los registros corporales, la autoridad estatal encargada deberá velar por el estricto respeto a la dignidad humana.- Recuérdese que “La libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana” (Preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos); la dignidad humana es el primer valor a tener en cuenta cuando se estudia a la persona, por derivar de sus más íntimos y específicos componentes de racionalidad y libertad; desde una perspectiva iusnaturalista la persona humana es un individuo físico, indiviso, único y distinto de sus pares (Principio de Individualidad), que con su inteligencia toma conciencia de sí y accede al conocimiento del ser del mundo circundante, produciéndose su apetito de mejorarse a sí mismo y de buscar condiciones tangibles e intangibles que le ayuden a alcanzar esa meta, para ello debe gozar de una autonomía para escoger los medios que le permitan la obtención de esos fines naturales, esa autonomía es punto de convergencia de derechos y deberes para con otras personas humanas que buscan el mismo objetivo y que por tanto merece un respeto mutuo. La dignidad humana es el valor de la persona humana por su carácter autónoma, individual y racional, el que debe ser reconocido y respetado recíprocamente entre los seres humanos, quienes además deben tolerar, aceptar y valorar las diferencias entre ellos; Hurtas Martín (Huertas Martin, Isabel, El sujeto pasivo del Proceso Penal como objeto de la prueba, Primera Edición, Editorial BOSCH, Barcelona-España, 1999. Pág. 374), al referirse al principio de la dignidad, dice: "…la dignidad ha de permanecer inalterada, cualquiera que sea la situación en que la persona se encuentre, constituyendo en consecuencia un mínimum invulnerable que todo estatuto jurídico debe asegurar, de modo que las limitaciones que se impongan en el disfrute de los derechos individuales no conlleven un menosprecio para la estima, que en cuanto ser humano, merece la persona". La dignidad humana se le considera como un límite al Estado, para ordenar cualquier medida que implique la restricción de un derecho fundamental; al ser la base del sistema, este principio no puede verse vulnerado por ningún acto de investigación que se lleve a cabo dentro del proceso, debe tenerse entonces como límite infranqueable. Este principio es de carácter absoluto y no admite excepciones, reconocido en el artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 11.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, 59 y 63 de la Constitución de la República. De la Procedencia del Recurso El Recurso no Es de RECIBO. - Para esta Sala, resulta oportuno indicar la interpretación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos sobre; la vida (Art.3), la dignidad humana (Art. 1) y la libertad (Art.3), constituyen los derechos primarios por excelencia, de los que derivan las cuatro generaciones de derechos humanos reconocidos posteriormente. - La Libertad también constituye un derecho de primera categoría para la Constitución de la República, (arts. 69, 70 y 81), para la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 7.1 y 7.2) y para el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Art. 9.1), que en resumen reconocen un la libertad como un derecho inherente de la persona humana, entendida como un “… atributo de la capacidad que tiene una persona para decidir lo que quiere o no quiere hacer y para trasladarse de un lugar a otro o situarse por sí mismo en el espacio, sin que su decisión se vea constreñida o mediatizada por otras personas.”; La libertad atañe a todos los ámbitos de actuación de la persona humana así por ejemplo, tenemos la libertad de pensamiento, de expresión, de reunión, de asociación, de religión, libertad sexual, libertad ambulatoria, entre otras, cada una de ellas, como lo indica el artículo 70 Constitucional, solo están limitadas por el ejercicio de ese mismo derecho por otras personas, permitiendo así la convivencia social.- Particularmente la libertad ambulatoria implica la potestad poder desplazarse libremente de un lugar a otro o el de poder permanecer en un lugar a la libre voluntad, siempre que, como ya se dijo, que no implique la trasgresión del derecho de otros. Atendiendo del motivo invocado por la censora, esta Sala de lo Penal, ha procedido a realizar una revisión exhaustiva de la sentencia recurrida, de los razonamientos externados por el sentenciador y de las pruebas aportadas durante el juicio, pues se denuncia la violación al artículo 69 y 90 de La Constitución de la Republica. Debemos recalcar, como se ha señalado en el apartado anterior, que existe una obligación del Estado de brindar seguridad a toda persona nacional o extranjera que se encuentre dentro del territorio nacional; razón por la cual el legislador ha concedido la potestad a la autoridad policial a ejecutar actos, que si bien pueden significar restricciones a derechos fundamentales, se encuentran enteramente justificados en aras de cumplir con aquella obligación general, siempre que dichas actuaciones se realicen en estricto apego a lo reglado en la ley. Así entonces un agente de la policía incurriría en violación de sus deberes cuando omitiese cumplir con su función de prevenir actuaciones reñidas con la ley que aseguren la seguridad personal de los habitantes, tal y como se lo mandaba la otrora vigente Ley Orgánica de la Policía Nacional (Decreto 067-2008) en su artículo 22 y que ahora dispone la Ley Orgánica de la Secretaría de Estado en los Despachos de Seguridad Pública y de la Policía Nacional de Honduras (Decreto 018-2017), en su artículo 30. En el caso de mérito el Tribunal de Sentencia declaró como probado que “ El 8 de enero del 2015 a la 12:20 horas, en la colonia Zelaya de la ciudad de La Ceiba, departamento de Atlántida, fue requerido Christopher Dillon Sanders Woods, por agentes de la policía asignados a la Fuerza Nacional Antiextorsión, que realizaban un patrullaje al recibir denuncias que en ese sector operaban miembros de pandillas; Sanders Woods les resultó sospechoso a los agentes de la policía por lo que proceden a su cacheo, encontrándole en su cintura un arma de fabricación casera capaz de efectuar disparos utilizando proyectiles calibre 12 Gauge.- Acto seguido Christopher Dillon Sanders Wood fue detenido y remitido para su juzgamiento junto al arma antes descrita. ”; para la Defensa Pública , tal registro y posterior aprehensión fue ilegítimo, pues consideran que en ese momento los policías preventivos Marco Tulio Barahona Suazo y Jaime Adalid Núñez Sánchez, no estaban autorizados por la ley para registrar al acusado en la vía pública, por estar prohibido por La Constitución de la Republica y las Convenciones en Materia de Derechos humanos, considero que tal acción contraviene el derecho a la libertad y la garantía al debido proceso legal, los cuales solo pueden ser restringidos o suspendidos por las causas establecidas en la ley, al no haber una investigación previa que involucrara al acusado con un hecho delictivo o que tuviese evidencia relacionado con un delito. La Sala de lo Penal, considera que efectivamente todos los ciudadanos tenemos derechos que deben ser respetados, sin embargo, estos derechos no son absolutos y que pueden ser limitados en aras de la salvaguarda de los derechos de otras personas o de la colectividad, como ser la seguridad pública. Es correcto señalar que el registro que se practica a una persona puede comprometer la libertad y hasta la intimidad, pero tal compromiso es tan fugaz cuando se trata de un registro personal (cacheo), que la ley lo admite cuando se busca con él mantener la seguridad de la población mediante actos de prevención del delito que particularmente deben realizar los agentes de policía según dispone el artículo 5.2 de la Ley de Policía y Convivencia Social. Los Agentes de Policía en el caso concreto, tenían la obligación de realizar actos preventivos de carácter general, al ser alertados vía denuncias, de la presencia de personas armadas, en la calle principal de la Colonia Las Delicias, de la ciudad de la Ceiba, exactamente en un puesto de verduras, pues así se los mandaba el artículo 24.22 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional; Por ello al desplazarse a la zona señalada y ver a varias personas en el lugar indicado, proceden a realizar los registros correspondientes, pues estaban autorizados por la ley para requerirlo y solicitarle un registro. El acto de registro personal es lícito, esto por haber sido practicado cumpliendo los requisitos legales pertinentes: 1. El registro fue realizado por Agentes de Policía, en el cumplimiento de sus funciones preventivas del delito; 2. El registro fue motivado por las denuncia recibidas y la alta incidencia delictiva que existe en dicha colonia; y que son de constante denuncias por los ciudadanos, ambas circunstancias constituyeron el fundamento razonable para su práctica; 3. El Señor Cristopher Dillon Sanders Wood, fue informado por los agentes de Policía de la práctica del registro personal; 4. El registro personal fue realizado por agentes de Policía del mismo sexo y no comprometió zonas anatómicas que afectasen el pudor del Cristopher Dillon Sanders Wood; 5. Tras el registro personal y al habérsele encontrado al señor Cristopher Dillon Sanders Wood, posesión de un arma de fuego de fabricación casera, los agentes de Policía procedieron a la aprehensión del acusado, informando de tal hecho al Ministerio Público, quien posteriormente presentó requerimiento fiscal poniendo a la orden de autoridad judicial al detenido; y 6. Los Agentes de Policía documentaron lo actuado mediante acta escrita, mismas que fueron propuestas y admitida como medios probatorios documentales del proceso. Con el desarrollo de estas pruebas y mediante la inmediación, misma que se carece en esta etapa casacional, los juzgadores mediante un razonamiento lógico y coherente, determinaron que las pruebas presentadas por el ente acusador acreditaban sin lugar a dudas que el registro y la detención del acusado se habían dado bajo los parámetros de la legalidad, pues era a la representación del estado a quien le correspondía determinar la legalidad de sus actuaciones; por su parte, El Sentenciador observo la prueba de la defensa y luego de una valoración conjunta y armónica determinaron que la misma no era suficiente para siquiera poner en duda las actuaciones de legalidad de los entes de investigación, pues les restan credibilidad con argumentos coherentes y derivados del legajo probatorio a la declaración del testigo de la defensa, por lo que La Sala de lo Penal, no encuentra elementos probatorios mínimos para dudar de la legalidad de las actuaciones de la policía al momento de realizar el registro y detención del señor Cristopher Dillon Sanders Wood; todo lo contrario el sentenciador se dio a la tarea de razonar adecuadamente la prueba conforme a las reglas de la sana crítica y esta Sala de lo Penal, no encuentra ningún vicio judicial que merezca reproche casacional, ni mucho menos encuentra los elementos necesarios para determinar el quebranto a una garantía constitucional, como el Debido Proceso y la Liberta Personal, por lo que el recurso de casación por infracción de precepto constitucional debe ser declarado sin lugar. Decisión No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, en su motivo único. De la procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal Decreto 130-2017. A. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir de cinco a diez años de prisión una pena). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrara en vigencia y cuando es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento de juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente: b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condicione: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas de manera completa por la persona, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el Código Penal Decreto 130-2017Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo Código, sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibido la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un concurso real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse, primero conforme al límite objetivo ordinario o limite objetivo extraordinario, según corresponda, y luego de ello conforme al límite subjetivo. Empero uno no es preferente sobre el otro, se aplicará el límite que sea menor; b.- La ponderación deberá realizarse, primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el CP-130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a.- Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b.- Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no los 30 años (limite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (limite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años, la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años, se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y aun así en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Limite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Limite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Limite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. C. Ponderación en el caso concreto En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso al acusado Cristopher Dillon Sanders Wood, como autor responsable de un delito de Portación Ilegal de Arma de Fuego Comercial, en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras, la pena principal de tres (3) años de reclusión, más las penas accesorias de inhabilitación especial e interdicción civil por el tiempo de la pena privativa de libertad y las consecuencias penales de trabajo penitenciario y responsabilidad civil derivada del delito. La conducta reprochada al acusado está prevista en el Código Penal decreto 130-2017, como delito de Porte Ilegal de Arma de Fuego de Uso Permitido, (Art.580); La tenencia de armas de fuego o municiones careciendo de las licencias o permisos necesarios debe ser castigada con las penas siguientes: Penas Principales: De uno (1) a cuatro (4) años y localización permanente de hasta dos (2) años, si se trata de armas o municiones permitidas; y, De cuatro (4) a seis (6) años y localización permanente de hasta tres (3) años, si se trata de armas o municiones prohibidas. Con las mismas penas previstas en el numeral 1) se castiga la tenencia de armas artesanales. Se aumenta la pena de prisión en un tercio (1/3) a quien porte las anteriores armas de fuego o municiones sin autorización. Penas Accesorias: La suspensión de la ciudadanía según el artículo 42 del NCP: la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio activo y pasivo, para optar a cargos públicos durante el tiempo de la condena. Con duración de cinco (5) a veinte (20) años. Responsabilidad civil. (Art. 118 y 119 NCP) En la presente caso al tratarse de un Porte de Arma de Fuego de Uso permitido, debe aumentarse en un tercio (1/3) la pena correspondiente: quedando una nueva pena de cuatro (4) años a cinco (5) años, cuatro (4) meses de prisión; Conforme al hecho probado la conducta realizada por el señor Cristopher Dillon Sanders Wood, se efectúo en lugar público, lo que constituye una agravantes especifica del tipo penal, según lo establecido en numeral 6 del artículo 584 del NCP; debiendo incrementarse la pena en un tercio (1/3), resultando una pena abstracta de cinco (5) años cuatro (4) meses a siete (7) años , un (1 mes) diez (10) días. No se aprecian atenuantes específicas del tipo penal (Art. 585): No se aprecian ni agravantes genéricas (Art. 32 NCP) de igual manera no se aprecian circunstancias atenuantes. A partir de lo anterior, es posible determinar que no es procedente aplicar retroactivamente el NCP-130-2017 al caso conocido en contra del señor Cristopher Dillon Sanders Wood, esto porque la pena principal impuesta en la sentencia que se impugna, individualizada es de 3 años de reclusión, más las penas accesorias, le son más beneficiosas, que las penas establecidas en el NCP: Donde se establecen para dicho delito dos penas principales, más las penas accesorias de Responsabilidad Civil y la suspensión de ciudadanía que supone la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio activo y pasivo, para optar a cargos públicos durante el tiempo de la condena. Con duración de cinco (5) a veinte (20) años. Por tanto, se reitera que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del nuevo Código Penal. Por Tanto 1. La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 82, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 338, 359, 361, 363 y 369 del Código Procesal Penal. Falla: Primero: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo, interpuesto por la Abogada Kerlly Yareth Yánez Woods, en su condición de defensor pública del señor Cristopher Dillon Sanders Wood a quien se le condenó por el delito de Portación Ilegal de Armas de Fuego de Uso Comercial en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras. Segundo: Declara la no procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal decreto130-2017. Tercero: Declara Firme y Ejecutable la sentencia de fecha treinta de enero de dos mil veinte, dictada por el Tribunal de Sentencia de La Ceiba, Departamento de Atlántida. Y manda: Que la Secretaría del despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. Redacto Magistrado Miranda Sabio. Notifíquese. Firmas y Sello. Walter Raúl Miranda Sabio. Magistrado Coordinador. Nelson Danilo Mairena Franco. Magistrado. Mario Rolando Diaz Flores. Magistrado. Firma y Sello. Rina Koritza Sandoval Navas.-. Receptora ADSCRITA SALA de lo Penal.”Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los un días del mes de diciembre de dos mil veintitrés. Certificación de la Sentencia dictada a los dieciséis días del mes de octubre del año dos mil veintitrés, recaída en el expediente de casación con número de ingreso SP 103-2021.RINA KORITZA SANDOVAL NAVASRECEPTORA ADSCRITA SALA DE LO PENAL