Sentencia CP-101-21 — Registro 16043
Resumen
Se declara con lugar el recurso de casación interpuesto por la defensa del imputado, contra la sentencia de primer instancia que lo condena por el delito de Apropiacion Indebida Continuada
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."El Recurso es de Recibo. La Sala de lo Penal ha establecido que habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o de doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido una norma penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada para la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo. El recurso interpuesto obliga a respetar el relato de hechos probados en la sentencia recurrida, pues en estos casos se discuten problemas de aplicación de la norma jurídica y tales problemas han de plantearse y resolverse sobre unos hechos predeterminados, que han de ser fijados al efecto por el tribunal de instancia. El recurso de casación por infracción de ley se articula a partir de las precisiones fácticas que haya establecido el Tribunal de instancia, por no constituir una apelación ni una revisión de prueba. Se trata, en todo caso, de un recurso de carácter sustantivo penal cuyo objeto exclusivo es el enfoque jurídico que, a unos hechos dados, ya inalterables, se pretende aplicar, en discordancia con el sentenciador. La técnica de la casación penal exige que en los recursos de esta naturaleza, se guarde el más absoluto respeto a los hechos que se declaren probados en la sentencia recurrida, ya que el ámbito propio de este recurso queda limitado al control de juricidad, o sea, que lo único que en él se puede discutir es si la subsunción que de los hechos hubiese hecho el Tribunal de instancia en el precepto penal de derecho sustantivo aplicado es o no correcta jurídicamente, de modo que la tesis del recurrente no puede salirse del contenido del hecho probado. De acuerdo a lo previsto en el artículo 338 del Código Procesal Penal, la sentencia se construye como un silogismo, en que la premisa menor, está integrada por el relato de hechos probados, la mayor por los fundamentos de derecho, y la conclusión, por el fallo. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar, se invocan normas que no deben aplicarse, o se invocan las norma que deba aplicarse al caso concreto pero el juzgador hace una incorrecta interpretación de la misma. En el caso actual y concreto, el recurrente arguye que de los hechos probados de la sentencia, no se aprecia que el señor Erick Reichmann Baca, haya ejercido alguna acción encaminada de administrar, menos facultades para la gestión de bienes de los ofendidos, o que se haya descrito como verdad, un perjuicio alguno para ser considerados como víctimas; le asiste la razón al recurrente, pues, lo que acredita el fáctum de la sentencia impugnada, que el acusado Erick Reichmann Baca, obtuvo beneficios personales, no de las víctimas Ligia Baca Saravia y Robert Rowlett, sino de la sociedad denominada BRR inversiones S.A. de la cual el imputado Erick Reichmann Baca, era socio. De la simple lectura del extenso hecho declarado como probado por los juzgadores, es posible determinar como verdad incuestionable, que efectivamente la señora Ligia Baca Saravia emitió una serie de cheques a favor del acusado Erick Reichmann Baca y no de la sociedad mercantil; asimismo, en el apartado “sexto” del hecho probado, se señala que a finales de agosto del año 2003, la señora Ligia Baca Saravía, fue asesorada sobre la constitución de una sociedad mercantil que denominaria BRR Inversiones S.A. en la cual debía figurar como dueña y el acusado como administrador, sin embargo, la constitución de la sociedad si sucedió con la diferencia que los socios sería tanto el acusado Erick Reichmann Baca y su madre la señora Silvia Baca Saravia. Reitera la Sala de lo Penal, que del cuadro fáctico se puede deducir que la señora Ligia Baca Saravía emitió una serie de cheques en dolares americanos que en total ascienden a ciento cuatro mil ochocientos treinta y dos dólares américanos con seseita y seis centavos ($104,832.66) a favor del acusado Erick Reichmann Baca, quien efectuó pagos a la empresa GEO Comercial, sin determinar el hecho probado, si dicho pago fue realizado con un fin distinto al que originalmente se había dispuesto o que originalmente estaba proyectado; en igual condición, cuando el hecho probado “vigesimo” señala que el imputado Erick Reichmann Baca, obtuvo beneficios personales de la empresa BRR Inversiones S.A., en concepto de préstamos, compra de ganado a su nombre, compra de aportaciones en la empresa GAINSA, retiros bancarios; sin embargo, los juzgadores no fueron capaces de determinar como verdad inalterable, que esos beneficios fueron productos de la distracción ilegítima. Es así que la Sala de lo Penal tiene bien definido, que la calificación jurídica de los hechos para la selección y perfecto encaje del tipo penal aplicable, debe determinar de manera completa todos sus elementos objetivos y subjetivos, la fundabilidad del delito imputado, el grado de participación atribuido y las circunstancias modificativas estimadas como concurrentes. En el presente caso, el hecho probado de la sentencia redactado por la juzgadora de instancia, deja un vacío respecto a los elementos objetivos del tipo penal de apropiación indebida en concurso continuado imputado al señor Erick Reichmann Baca, porque no describe el fáctum, si los pagos a la empresa GEO Comercial, los beneficios personales adquridos, en concepto de préstamos, compra de ganado a su nombre, compra de aportaciones en la empresa GAINSA, retiros bancarios, fueron producto de una distracción ilegítima. El fáctum debe ineludiblemente establecer todas las circunstancias al conformar los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal y no puede ni debe suponerse o asumirse su concurrencia en perjuicio del acusado. En definitiva, la Sala de lo Penal concluye que el hecho probado de la sentencia, acreditado así por la juzgadora de instancia, es insuficiente para calificar la conducta como delito de apropiación indebida, y menos aún, en un concurso continuado, por lo que es atendible el reclamo interpuesto por el recurrente en su único motivo. Al haber prosperado el recurso de casación por infracción de ley en su único motivo; y, por los efectos jurídicos que conlleva su estimatoria, se exime el pronunciamiento respecto al recurso de casación por quebrantamiento de forma en cada uno de sus motivos. DECISIÓN. Ha Lugar al Recurso de Casación por Infracción de Ley en su único motivo...."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 360 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La infrascrita Receptora Adscrita de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia recaída en el expediente del Recurso de Casación SP-101-2021 que literalmente dice: “Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los seis días del mes de febrero del año dos mil veintitrés, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados, José Olivio Rodríguez Vásquez en su calidad de coordinador, Rafael Bustillo Romero y Miguel Alberto Pineda Valle, por ausencia justificada de la Magistrada Alma Consuelo Guzmán García, pronuncian En nombre del Estado de Honduras La siguiente sentencia en el expediente SP 101-2021, conociendo del Recurso de Casación por Infracción de Ley y por quebrantamiento de forma, interpuesto contra la sentencia de fecha treinta y uno de julio de dos mil dieciocho, dictada por el Tribunal de Sentencia de La Choluteca, departamento de Choluteca, mediante la cual falló: PRIMERO: Condenó al señor Erick Reichmann Baca, a título de autor por el delito Apropiacion Indebida Continuada, en perjuicio de la señora Ligia Baca Saravia y Robert Rowlett, a la pena de doce años de reclusion y una multa de diez por ciento (10%), por el valor de lo apropiado de manera indebida equivalente por un lado, a la suma diez mil, cuatrocientos ochenta y tres dolares americanos con veintiséis centavos ($ 10, 483.26), y por otra parte a cuatro mil lempiras exactos (L.4,000.00), que deberá enterar en la Tesorería General de la República. SEGUNDO: En virtud que el imputado Erick Reichmann Baca, se encuentra en condición de prófugo de la justicia, librense nuevamente cuantas órdenes de capturas sean necesarias y una vez aprehendido, que sea puesto a la orden del juzgado de ejecución competente y se ejecute la sentencia. TERCERO: Condenó al señor Erick Reichmann Baca, a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil, por el tiempo que dure la condena. CUARTO: Declaró la responsabilidad civil, del señor Erick Reichmann Baca, la cual deberá ser deducida ante el órgano jurisdiccional competente QUINTO: Exoneró al señor Erick Reichmann Baca, del pago de las costas procésales, personales, así como los gastos ocasionados por el juicio. SEXTO: Poner en conocimiento a las autoridades del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados de Honduras, a fin de que se investigue el comportamiento ético del profesional del derecho Mauricio Villeda Bermudez, para con su cliente Ligia Baca Saravia, quien requirió sus servicios para confeccionar un instrumento público, de constitución de sociedad ante los oficios del Notario Público Laureano Gutierres Falla, inscribiendo el testimonio, sin haber puesto a su disposición el borrador del mismo, donde Ligia Baca y Robert Rowlett fueron excluidos como socios de la sociedad mercantil denominada BRR INVERSIONES S.A. SEPTIMO: No procedió el Comiso, en virtud que no se pusieron evidencias o efectos del delito, a la orden de este tribunal, de igual forma, el Ministerio Público como los acusadores privados en su momento procesal oportuno, no solicitaron comiso alguno de evidencia, bienes o dinero alguno, vinculado con el presente caso. Interpuso el Recurso de Casación por Infracción de Ley y por Quebrantamiento de Forma, el Abogado Tito Hernández Salgado, actuando en su condición de defensor privado del encausado Erick Reichmann Baca. Son partes en única instancia: El Abogado Tito Hernández Salgado, Defensor Privado, en su condición de recurrente; el Abogado Salvador Cuestas Arévalo, agente fiscal del Ministerio Público, en su condición de recurrido. HECHOS PROBADOS DE LA INSTANCIA “PRIMERO: En el mes de junio, año 2003, los señores Ligia Baca Saravia y su esposo Robert Bowlett, ambos de nacionalidad norteamericana, visitaron la ciudad de Choluteca, hospedándose en casa de su hermana Silvia Baca. SEGUNDO: Durante su estancia en Choluteca, el señor Erick Reichmann, sobrino de Ligia e hijo de Silvia, comento a su Tía Ligia de la compra que habia hecho de un tanque para refrigeración de leche y que era socio de la empresa GAINSA, pues guardaba la esperanza de volver a montar su negocio de ganadería, el que había perdido durante el huracan Mitch. TERCERO: El señor Erick Reichmann aprovechó la estadía de su tía Ligia, para invitarle a ver una finca, proponiéndole que entraran ambos en el negocio de ganadería para producción de leche y sus derivados, para lo cual debían de comenzar con un hato de ciento veinte vacas lecheras de buena calidad. CUARTO: La señora Ligia Baca Saravia, aceptó en principio la propuesta para la formación de una sociedad de hecho, con su sobrino Erick Reichmann, emitiendo de su cuenta mancomunada con su esposo Robert Rowlett, antes de regresar a Norteamérica, el cheque número 7506, de fecha 28 de junio del año 2003, contra el Bank of América a favor de Erick, por la cantidad de U.S.$ 1,000.00, haciendo la anotación siguiente: "milk bussines" con lo cual el señor Reichmann, iniciaría la compra del ganado lechero. QUINTO: Ligia Baca, encontrándose en Norteamérica, emitió de su cuenta mancomunada dos cheques a favor de Erick Reichmann, el primero número 7510, de fecha 9 de julio del año 2003, por $ 3,000.00, el segundo, número 7568, de fecha 25 de agosto año 2003, por $ 5,000.00, haciendo la anotación siguiente en cada cheque: For: "milk bus" "dairy bus" SEXTO: A finales del mes de agosto, año 2003, Ligia Baca Saravia, regresó a Honduras, para asesorarse sobre la constitución de una empresa ganadera, consultando con el Bufete Gutiérrez Falla, siendo atendida por el abogado Mauricio Villeda, quien recibió instrucciones de la señora Baca, para la confección de una sociedad mercantil denominada BRR Inversiones S. A. en la que debía figurar ella, como dueña y Erick Reichmann, como administrador de la sociedad. SEPTIMO: En la tramitación de los requisitos exigidos por la legislación hondureña, la señora Ligia Baca y su sobrino Erick Reichmann, se hicieron presentes en fecha 27 de agosto, año 2003, en Banco El País, sucursal Choluteca, para realizar un depósito a la vista no en cuenta, por la cantidad de cuarenta mil lempiras, a favor de la sociedad mercantil BRR Inversiones S A., para efectos de constituir el capital social de dicha empresa, habiendo firmado la señora Ligia Baca Saravia, el contrato de apertura comercial. OCTAVO: El uno de septiembre, año 2003, la señora Ligia Baca Saravia, realizó contrato de arrendamiento con la señora Elida Osorio Gutiérrez, sobre ciento ocho manzanas de tierra cultivadas de pasto, en los predios de la hacienda "La Argentina", ubicadas en la aldea El Carrizo, jurisdicción del municipio de Choluteca, por el término de diez años. NOVENO: La señora Ligia Baca Saravia, de regreso a Norteamérica, emitio de su cuenta mancomunada con fecha 6 de septiembre, año 2003, el cheque número 7569, a favor de Erick Reichmann, por $ 3,000.00, haciendo la siguiente anotación: "Dairy bus. DECIMO: Con fecha 13 de septiembre, año 2003, el notario Laureano Gutiérrez Falla, autorizó en el instrumento número 99, la constitución de una sociedad anónima denominada BRR Inversiones S.A., con un capital social de L.40,000.00, siendo socios la senores Erick Reichmann Baca y Silvia Baca Saravia, en la que se designó como Administrador único, el señor Erick Reichmann Baca, figurando en el cargo de Secretaria y de Comisario de la compania, los señores Ligia Baca Saravia y Robert Rowler, respectivamente; inscribiendose la sociedad en el registro respectivo el 5 de diciembre, año 2003. DECIMO PRIMERO: Con fechas 6 de octubre y 6 de noviembre, año 2003, la señora Ligia Baca Saravia, emitió de su cuenta mancomunada los cheques número 7570 y 7571, cada uno por la cantidad de $ 4,000.00, a favor de Erick Reichmann, haciendo en el primero la anotación "dairy bus' mientras en el segundo la anotación: "Dairy" . DECIMO SEGUNDO: Con fecha 14 de noviembre, año 2003, el señor Erick Reichmann, procedió a retirar del Banco El País, el depósito a la vista no en cuenta, número 29530, a favor de BRR Inversiones S.A., por la cantidad de L.40,000.00, suma que fue ingresada a su cuenta bancaria en el mismo banco, bajo el número 6037678. DECIMO TERCERO: Con fecha 29 de noviembre, año 2003, la señora Ligia Baca Saravia, emitió de su cuenta mancomunada el cheque número 7613, a favor de Erick Reichmann, por la cantidad de $ 26,000.00, haciendo en el documento la siguiente anotación: "Buy cows." DECIMO CUARTO: Con fecha 6 de diciembre, año 2003, la señora Ligia Baca Saravia, emitió de su cuenta mancomunada el cheque número 7572, por la cantidad de $ 4,000.00, a favor de Erick Reichmann, haciendo la anotación: "Dairy" DECIMO QUINTO: Con fecha 19 de julio, año 2004, la señora Ligia Baca Saravia, emitió de su cuenta mancomunada el cheque número 7754, por la cantidad de $ 16,000.00, a favor de la empresa "ALCON" haciendo la anotación: " To BRR loan simple 9% interés" DECIMO SEXTO: Con fecha 10 de septiembre, año 2004, Ligia Baca Saravia, emitió de su cuenta mancomunada el cheque número 7765, por la cantidad de $ 13,320.78, a favor de la empresa "ALCON" haciendo la anotación: "To BRR, for 55 animals, 4,500 lemp each" DECIMO SEPTIMO: Con fecha 29 de septiembre, año 2004, Ligia Baca Saravia, emitió de su cuenta mancomunada el cheque número 7772, por la cantidad de $ 7,000.00, a favor de la empresa "ALCON" haciendo la anotación: "Loan to GEO, 9% debe de pagar en diciembre E-mail" DECIMO OCTAVO: En fecha 29 de septiembre, año 2004, Ligia Baca Saravia, se enteró del contenido de la escritura pública número 99, de constitución de la sociedad BRR Inversiones S.A., donde figuraba como, secretaria y su esposo como comisario, situación que le hizo reclamar por una parte, al Bufete Gutiérrez Falla, como a su sobrino Erick Reichmann, exigiéndole un reporte sobre los gastos de inversión en la empresa BRR, y devolución de las cantidades de dinero recibidas, negándose a emitir más cheques a su favor. DECIMO NOVENO: El informe de auditoría practicado por la Unidad de Análisis y Seguimiento de Casos, perteneciente a la Fiscalía Especial contra la Corrupción, en sus investigaciones sobre documentación aportada tanto por la señora Ligia Baca Saravia, como por el señor Erick Reichmann, relacionadas con la sociedad BRR Inversiones S.A, así como con la empresa ALCON y GEO COMERCIAL, estableció que durante el período comprendido del año 2003 al año 2005, el señor Erick Reichmann, recibió en su cuenta número 6037678, de Banco El País, varios cheques en dólares norteamericanos emitidos por la señora Ligia Baca Saravia, cantidades que ascienden a un valor de $ CIENTO CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PUNTOS SESENTA Y SEIS DOLARES; lo cual al hacer la conversión a lempiras arrojan un total muy superior a los cien mil lempiras. VIGESIMO: El señor Erick Reichmann, de los dineros recibidos por parte de la señora Ligia Baca Saravia, según informe de auditoria, efectuó pagos a la empresa GEO COMERCIAL, por la cantidad de U.S. $ 36,320.78, con los que ésta empresa pagó obligaciones ante su proveedor ALCON. Estableciéndose además que Erick Reichmann Baca, obtuvo beneficios personales de la empresa BRR Inversiones S.A., en concepto de préstamos, compra de ganado a su nombre; compra de aportaciones en la empresa GAINSA, retiro de Banco El País, del depósito a la vista no en cuenta número 29530, a favor de BRR Inversiones S.A., por la cantidad de L.40,000.00, que fue ingresada a su cuenta bancaria en el mismo banco bajo el número 6037678; según la auditoria, estos, aspectos contribuyeron a la descapitalización de BRR Inversiones S.A., con reporte de pérdidas en el ejercicio establecido, en la declaración jurada de impuestos sobre la renta, en activos netos de la Dirección Ejecutiva de Ingresos.” RECURSO DE CASACIÓN. MOTIVOS Y ARGUMENTOS El recurrente Abogado Tito Hernández Salgado, actuando en su condición de defensor privado del encausado Erick Reichmann Baca, procedió a formalizar su Recurso de Casación de la manera siguiente: “DEL RECURSO POR INFRACCION DE LEY MOTIVO ÚNICO: Por haber incurrido el sentenciador en Infracción de Precepto Penal por Aplicación Indebida. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de Casación se encuentra Comprendido en el artículo 360 del Código Procesal Penal en relación con el artículo 342 numeral 8, del Código Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO Establece el artículo 360 del Código Procesal Penal que: "Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba de ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo”. Permitiéndose así para una correcta aplicación de la ley que se alcancen a revisar los errores de subsunción que puedan ser cometidos por el juzgador cuando se condena indebidamente en un proceso penal en el cual no se constata la responsabilidad imputada y la misma no se establece en los hechos probados que constituyen el pilar fundamental de la sentencia penal. Como reiteradamente ha señalado la jurisprudencia de la sala de lo Penal, el recurso de casación por infracción de ley tiene como finalidad la revisión por parte de esta Sala de la interpretación que de la ley hagan los tribunales de sentencia definiendo o valorando jurídicamente los hechos establecidos en la sentencia y poniéndolos en relación con la norma de derecho que rige el caso dentro del campo de la consideración puramente jurídica[1]; partiendo de los hechos probados, los cuales resultan intangibles para efectos de la casación al recoger el marco histórico que sirve de base al fallo recurrido, resulta evidente, como lo podrá apreciar la Sala de lo Penal que en los mismos no se establecen los elementos de la configuración objetiva del tipo penal por el cual indebidamente se condenó a nuestro representado, incurriendo el tribunal en un error in iudicando in iure, que debe ser corregido para garantizar el principio de seguridad jurídica que informa todo el ordenamiento jurídico en un sistema democrático. Para un mejor desarrollo de nuestro alegato traemos los hechos que el tribunal declaro probados, estableciendo lo siguiente: HECHOS PROBADOS “Este Tribunal, una vez analizada en su conjunto las pruebas prácticas en juicio, declara por unanimidad de votos, concreta y terminantemente probados los hechos siguientes: PRIMERO: En el mes de junio, año 2003, los señores Ligia Baca Saravia y su esposo Robert Rowlet, ambos de nacionalidad norteamericana, visitaron la ciudad de Choluteca hospedándose en casa de su hermana Silvia Baca. SEGUNDO: Durante su estancia en Choluteca, el señor Erick Reichmann, sobrino de Ligia e hijo de Silvia, comentó a su tía de la compra que había hecho de un tanque para refrigeración de leche y que era socio de la empresa GAINSA, pues guardaba la esperanza de volver a montar su negocio de ganadería, el que había perdido durante el huracán Mitch. TERCERO: El señor Erick Reichmann aprovechó la estadía de su tía Ligia, para invitarle a ver una finca, proponiéndole que entraran ambos en el negocio de ganadería para producción de leche y sus derivados, para lo cual debían de comenzar con un hato de ciento veinte lecheras de buena calidad. CUARTO: La señora Ligia Baca Saravia, aceptó en principio la propuesta para la formación de una sociedad de hecho, con su sobrino Erick Reichmann, emitiendo de su cuenta mancomunada con su esposo Robert Rowlet. antes de regresar a Norteamérica, el cheque número 7506, de fecha 28 de junio del año 2003, contra el Bank of América a favor de Erick, por la cantidad de U.S.$. 1,000.00, haciendo la anotación siguiente: "milk bussines" con lo cual el señor Reichmann, iniciaría la compra del ganado lechero. QUINTO: Ligia Baca, encontrándose en Norteamérica, emitió de su cuenta mancomunada dos cheques a favor de Erick Reichmann, el primero número 7510, de fecha 9 de junio del año 2003, por $ 3,000.00, el segundo, número 7568, de fecha 25 de agosto de 2003, por $ 5,000.00, haciendo la anotación siguiente en cada cheque: For: "milk bus" "diary bus". SEXTO: A finales del mes de agosto, año 2003, Ligia Baca Saravia, regreso a Honduras, para asesorarse sobre la constitución de una empresa ganadera, consultando con el Bufete Gutiérrez Falla, siendo atendida por el abogado Mauricio Villeda, quien recibió instrucciones de la señora Baca, para la confección de una sociedad mercantil denominada BRR Inversiones, S.A. en la que debía figurar ella, como dueña y Erick Reichmann, como administrador de la sociedad. SEPTIMO: En la tramitación de los requisitos exigidos por la legislación hondureña, la señora Ligia Baca y su sobrino Erick Reichmann, se hicieron presentes en fecha 27 de agosto, año 2003, en Banco El País, sucursal Choluteca, para realizar un depósito a la vista no en cuenta, por la cantidad de cuarenta mil lempiras, a favor de la sociedad mercantil BRR Inversiones, S.A., para efectos de constituir el capital social de dicha empresa, habiendo firmando la señora Ligia Baca Saravia, el contrato de apertura comercial. OCTAVO: El uno de septiembre, año 2003, la señora Ligia Baca Saravia, realizó contrato de arrendamiento con la señora Elida Osorio Gutiérrez, sobre ciento ocho manzanas de tierra cultivadas de pasto, en los predios de la hacienda "La Argentina", ubicadas en la aldea El Carrizo, jurisdicción del municipio de Choluteca, por el término de diez años. NOVENO: La señora Ligia Baca Saravia, de regreso a Norteamérica, emitió de su cuenta mancomunada con fecha 6 de septiembre, año 2003, el cheque número 7569, a favor de Erick Reichmann, por $ 3,000.00, haciendo la siguiente anotación: "Dairy bus." DECIMO: Con fecha 13 de septiembre, año 2003, el notario Laureano Gutiérrez Falla, autorizó en el instrumento número 99, la constitución de una sociedad anónima denominada BRR Inversiones, S.A., con un capital social de L.40,000.00, siendo socios los señores Erick Reichmann Baca y Silvia Baca Saravia, en la que se designó como administrador único, el señor Erick Reichmann Baca, figurando en el cargo de Secretaria y de Comisario de la compañía, los señores Ligia Baca Saravia y Robert Rowlett, respectivamente; inscribiéndose la sociedad en el registro respectivo el 5 de diciembre, año 2003. DECIMO PRIMERO: Con fechas 6 de octubre y 6 de noviembre, año 2003, la señora Ligia Baca Saravia, emitió de su cuenta mancomunada los cheques número 7570 y 7571, cada uno por la cantidad de $ 4,000.00, a favor de Erick Reichmann, haciendo en el primero la anotación "dairy bus' mientras en el segundo la anotación: "Dairy". DECIMO SEGUNDO: Con fecha 14 de noviembre, año 2003, el señor Erick Reichmann, procedió a retirar del Banco El País, el depósito a la vista no en cuenta, número 29530, a favor de BRR Inversiones, S.A., por la cantidad de L. 40,000.00, suma que fue ingresada a su cuenta bancaria en el mismo banco, bajo el número 6037678. DECIMO TERCERO: Con fecha 29 de noviembre, año 2003, la señora Ligia Baca Saravia, emitió de su cuenta mancomunada el cheque número 7613, a favor de Erick Reichmann, por la cantidad de $ 26,000.00, haciendo en el documento la siguiente anotación: "Buy cows." DECIMO CUARTO: Con fecha 6 de diciembre, año 2003, la señora Ligia Baca Saravia, emitió de su cuenta mancomunada el cheque número 7572, por la cantidad de $ 4,000.00, a favor de Erick Reichmann, haciendo la anotación "Dairy". DECIMO QUINTO: Con fecha 19 de julio, año 2004, la señora Ligia Baca Saravia, emitió de su cuenta mancomunada el cheque número 7754, por la cantidad de $ 16,000.00, a favor de la empresa "ALCON" haciendo la anotación "To BRR loan simple 9% interés" DECIMO SEXTO: Con fecha 10 de septiembre, año 2004, Ligia Baca Saravia, emitió de su cuenta mancomunada el cheque número 7765, por la cantidad de $ 13,320.78, a favor de la empresa "ALCON" haciendo la anotación: "To BRR, por 55 animals, 4,500 lempeach" DECIMO SEPTIMO: Con fecha 29 de septiembre, año 2004, Ligia Baca Saravia, emitió de su cuenta mancomunada el cheque número 7772, por la cantidad de $ 7,000.00, a favor de la empresa "ALCON" haciendo la anotación: "Loan to GEO, 9% debe de pagar en diciembre E-mail." DECIMO OCTAVO: En fecha 29 de septiembre, año 2004, Ligia Baca Saravia, se enteró del contenido de la escritura pública número 99, de constitución de la sociedad BRR Inversiones, S.A., donde figuraba como secretaria y su esposo como comisario, situación que le hizo reclamar por una parte, al Bufete Gutiérrez Falla, como a su sobrino Erick Reichmann, exigiéndole un reporte sobre los gastos de inversión en la empresa BRR, y devolución de las cantidades de dinero recibidas, negándose a emitir más cheques a su favor. DECIMO NOVENO: El informe de auditoría practicado por la Unidad de Análisis y Seguimiento de Casos, perteneciente a la Fiscalía Especial contra la Corrupción, en sus investigaciones sobre documentación aportada tanto por la señora Ligia Baca Saravia, como por el señor Erick Reichmann, relacionados con la sociedad BRR Inversiones, S.A., así como la empresa ALCON y GEO COMERCIAL, estableció que durante el período comprendido del año 2003 al año 2005, el señor Erick Reichmann, recibió en su cuenta número 6037678, de Banco El País, varios cheques en dólares norteamericanos emitidos por la señora Ligia Baca Saravia, cantidades que ascienden a un valor de $ CIENTO CUATRO MIL OCHOCINETOS TREINTA Y DOS PUNTOS SESENTA Y SEIS DOLARES; lo cual al hacer la conversión a lempiras arrojan un total muy superior a los cien mil lempiras. VIGESIMO: El señor Erick Reichmann, de los dineros recibidos por parte de la señora Ligia Baca Saravia, según informe de auditoría, efectuó pagos a la empresa GEO COMERCIAL, por la cantidad de U.S.$. 36,320.78, con los que esta empresa pagó obligaciones ante su proveedor ALCON. Estableciéndose además que Erick Reichmann Baca, obtuvo beneficios personales de la empresa BRR Inversiones, S.A., en concepto de préstamos, compra de ganado su nombre; compra de aportaciones en la empresa GAINSA, retiro de Banco EL País, del depósito a la vista no en cuenta número 29530, a favor de BRR inversiones, S.A., por la cantidad de L.40,000.00, que fue ingresada a su cuenta bancario en el mismo banco bajo el número 6037678; según la auditoría, estos, aspectos contribuyeron a la descapitalización de BRR Inversiones, S.A., con reporte de pérdidas en el ejercicio establecido, en la declaración jurada de impuestos sobre la renta, en activos netos de la Dirección Ejecutiva de Ingresos" Fácilmente puede observarse que, del extenso relato cronológico de hechos probados establecido por el tribunal, antes transcrito, no se puede colegir que dentro de los mismos se establezcan los elementos objetivos que son necesarios para determinar la conducta típica que se pretende señalar y que erróneamente se aplica sin corresponderse con el relato fáctico que se deja constancia. La norma penal aplicada artículo 242.8 del Código Penal, dice: "Quien en perjuicio de otro se apropiare o distrajere dinero, efectos o cualquier otra cosa mueble que hubiere recibido en depósito, comisión o administración, o por otro título que conlleve obligación de entregarle o devolverla, o negare haberla recibido" De los hechos probados solo se desprende una serie de actos - conductas no desvaloradas jurídicamente- que dieron lugar a la relación que ERICK REICHMANN BACA, mantuvo con su tía LIGIA BACA, en la cual después de que ERICK le comentara de sus actividades y proyectos ella libremente decidió materializarle su ayuda prestándole dinero para que una vez constituido en sociedad invirtiera en el negocio de ganado de leche y después le devolviera lo prestado más el pago de un interés por el capital prestado; el tipo penal se refiere expresamente al depósito, comisión y administración, como medio de recepción de dinero, efectos o cosas, u otra forma que lleve la obligación de entregarla o devolverla: no concurre en los casos de compra venta, dación en pago, donación y en el préstamo en los cuales se trasmite la propiedad con la obligación de devolver otro tanto de la misma especie y calidad; como bien ha señalado la doctrina[2] "el objeto material del delito ha de ser una cosa mueble, la cosa ha de tenerse por un título traslaticio de posesión. Respecto a las cosas cuya posesión se trasmite se comprenden también los contratos de arrendamiento y aparcería. Por las razones ya dichas no pueden asimilarse a estos títulos el contrato de préstamo o mutuo, porque trasmite la propiedad". Nótese que, en los hechos probados, no se corresponde relación alguna de administración entre señor ERICK REICHMANN con LIGIA BACA; ni mucho menos documento otorgándole facultades para la gestión de los bienes de esta; la relación fáctica existente entre ellos refiere la constitución de una sociedad en la que la señora LIGIA BACA no es Socia, sino solo su sobrino ERICK con su señora madres[3]. Sociedad que tenía la finalidad de capitalizarse para invertir en el negocio de ganado de leche tal como ambos habían acordado participar de esa forma en dicho negocio (lo cual se desprende del hecho probado tercero) hecho que no guarda correlación con el Cuarto, pues nunca existió una sociedad de hecho o irregular como equivocadamente lo esgrime el tribunal, en alusión errónea a la sociedad irregular contenida en el artículo 17 del Código de Comercio; pues el control de hecho del funcionamiento de una sociedad que regula el artículo 20 de dicho Código, alude a una situación distinta, donde sin ser socio se controla como si lo fuera, una sociedad legalmente establecida. Aspecto que no aparece probado de ninguna forma. Los cheques recibidos por el señor Reichmann de parte de la señora Baca Saravia, efectivamente siempre fueron emitidos a nombre de ERICK REICHMANN o de ALCÓN (transfiriendo la titularidad del valor en ellos consignado conforme a lo dispuesto en los artículos 597 y 598 del Código de Comercio), poniendo en evidencia que la relación directa de Liga Baca ni siquiera era con la Sociedad BRR, sino con su sobrino Erick a título personal, a quien pretendía ayudar por la vía de préstamo de capital para la inversión en un negocio del cual al final ambos obtendrían beneficios, pues ella recibiría el pago del dinero prestado (capital) más el pago de un interés, pues si la intención de ella como conocedora de la materia contable, según sus propios dichos en juicio, era invertir en una sociedad con su sobrino, hubiese emitido todos y cada uno de los cheques a nombre de la sociedad de la cual se ha reputado socia, sin serlo ni haberlo acreditado en juicio, exigiendo las correspondientes acciones o títulos de inversión en la misma, como mínimo en calidad de provisionales. El tipo penal de apropiación indebida requiere que el sujeto activo se apropie, de las cosas recibidas y disponga de ellas como si fueran propias, de acuerdo a lo dicho por la Sala de lo Penal la apropiación es: "Pasar por propio el bien mueble disponiendo de él tal como lo haría el verdadero dueño o facilitar para que un tercero lo haga"[4] o cuando se negare haberlas recibido; el dinero recibido por ERIK fue en cheques de los cuales él podía disponer, pues al recibirlos a título personal se transferían a su dominio y titularidad para su inversión o gasto a su conveniencia; en ningún momento concurre tampoco la circunstancia que haya negado haberlos recibido, no dándose la adecuación del tipo penal erróneamente calificado en los hechos probados. La impropia subsunción del tipo penal de apropiación indebida que se hace en los hechos probados se pone también en evidencia en el (hecho probado vigésimo), en el cual se describe que ERICK REICHMANN BACA "obtuvo beneficios personales de la empresa BRR Inversiones, S.A., en concepto de préstamos, compra de ganado a su nombre; compra de aportaciones en la empresa GAINSA.,". Estableciéndose, que estos aspectos contribuyeron a la descapitalización de la sociedad BRR Inversiones, S.A., Nótese entonces, que no existió perjuicio alguno para LIGIA BACA (no se describe en los hechos probados), para poderla considerar víctima de un ilícito, ni se describe al señor ROBERT ROWLET; Pues el hecho probado referido, establece que, "ERICK REICHMANN BACA, obtUVO beneficios personales de la empresa BRR Inversiones S.A."; sin establecer además que los mismos fueron ilícitos por ende causantes de un perjuicio, pues en ellos solo se describe que recibió unos cheques y en que los gastó al tener disponibilidad licita de dichos valores. En lo absoluto aparece el perjuicio para los referidos señores; por ende, siendo este elemento de necesaria configuración en este tipo de delitos, como bien lo ha señalado la Sala de lo Penal[5], en base al Principio de Lesividad contenido en el artículo 2.-D del Código Penal, a falta de este no se puede calificar el delito como erróneamente lo hace el tribunal. Resultando claro, que los hechos probados no describen que LIGIA BACA fuera Socia en BRR, ya que no lo era ni nunca lo fue, de tal manera que para que la señora BACA pudiere ejercitar una acción penal por el delito acusado debió haber acreditado que reclamó en algún momento los títulos accionarios, al menos provisionales por los cuales había efectuado la supuesta inversión, sin embargo dicho reclamo no existe ni existirá jamás, pues jamás fue su intención ser socia de dicha sociedad por lo cual no reclamó títulos accionarios, sino que se trataba de un préstamo a su sobrino Erick, tampoco se describen en los extensos hechos probados la correlación de los elementos objetivos del tipo como se hizo referencia antes, siendo notorio que en el relato fáctico de los mismos no se puede adecuar el tipo penal que el tribunal indebidamente ha calificado, pues el supuesto perjuicio no aparece señalado en detrimento de la supuesta ofendida, sino de una sociedad BRR, S.A., en la cual no es parte. Así, es evidente que, en el presente caso el relato histórico (hechos probados), que constituyen la base de la sentencia, no se corresponde con la norma aplicada, al no ser armónicos ineludiblemente cabe hablar de la concurrencia de un error de selección del tipo penal y de su aplicación indebida[6]. De igual manera al no concurrir el tipo objetivo, no puede concurrir el tipo subjetivo (dolo), que exige la intención de apropiarse de la cosa o de disponer de ella sin facultades para ello, lo que debe producir un perjuicio al sujeto pasivo (no descrito en los hechos probados), ni se puede deducir de dichos hechos, pues ERICK REICHMANN, no recibió el dinero en concepto de un depósito o de administración que le obligara a devolverlo como tal o a una rendición de cuentas sobre cómo lo administraba; el uso y el destino fue el acordado al recibir el dinero él como persona natural invertir en relación a la sociedad BRR, S.A. de la cual LIGIA BACA, no es socia, de lo obtenido por la inversión le correspondería pagar las cantidades recibidas de parte de LIGIA BACA más un interés sobre dichos montos. De lo antes expuesto, resulta procedente sea declarado con lugar el motivo por infracción de ley presentado, dictándose un fallo absolutorio a favor de nuestro representado ERICK REICHMANN BACA, quien fue condenado arbitrariamente por un delito de apropiación indebida de manera continuada, figura delictiva, que no puede darse en esa modalidad cuando el tipo penal aplicado no concurre, siendo improcedente la calificación jurídica aplicada en el presente caso del artículo 242. 8 en relación con el artículo 37 del Código Penal, correspondiendo que esa errada calificación sustantiva sea corregida por la Sala de lo Penal en su carácter de contralor de la aplicación de la ley sustantiva que hacen los distintos tribunales de sentencia. DEL RECURSO POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA PRIMER MOTIVO: NO HABERSE OBSERVADO EN LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA LAS REGLAS DE LA SANA CRÍTICA. - Precepto autorizante: Artículo 362 numeral 3), en relación con el artículo 202 y artículo 338 regla cuarta numeral 2 del Código Procesal Penal. Exposición del motivo invocado Es una exigencia imperativa en el Sistema Acusatorio que las conclusiones de los juzgadores sean fruto razonado y derivado de las pruebas que se evacuan en el proceso penal, por ello, nuestro sistema probatorio garantiza (vía casación) poder controlar el procedimiento lógico y racional seguido por el Juez, al momento de valorar la prueba. Tal exigencia está contenida claramente en el artículo 202 del Código Procesal Penal al decir: "Valoración de las pruebas. La sana crítica. Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica. El órgano jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida"; en el mismo sentido el artículo 338 regla cuarta numeral 2 de la valoración de la prueba. En el presente caso el vicio denunciado ocurre cuando los juzgadores en el fallo recurrido en Casación no ajustaron sus razonamientos al momento de valorar la prueba, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, vulnerando la lógica y la experiencia común, específicamente y como se expondrá a continuación el Tribunal quebranta en la valoración de la prueba las leyes fundamentales de la coherencia y derivación, y los principios de razón suficiente y contradicción. El fallo recurrido evidencia una clara vulneración a la ley de Derivación en su principio de Razón Suficiente, la cual exige, que el razonamiento debe estar constituido por inferencias razonables deducidas de las pruebas. Al respecto, al analizar la valoración "conjunta" que el tribunal hace de la declaración del abogado MAURICIO VILLEDA BERMUDEZ, aduce que: "SU testimonio ha dejado sendas dudas sobre su credibilidad" (pág. 42 último párrafo sentencia); pero, sin explicar cuáles son las razones lógicas de esa aseveración, es decir, sin una razón suficiente por la cual su testimonio no es creíble, partiendo únicamente su razonamiento en que la declaración de la señora LIGIA BACA informa tal extremo (excluyendo la declaración clara y objetiva de un profesional del derecho que, brindo asesoría puntual sobre el caso a la denunciante, razón por la cual dicho testigo adquiere de manera directa la información que sobre el hecho conoce y expone). Nótese, que no se determina ningún interés de dicho abogado en engañar a la señora BACA, pues incluso expreso "no hubo pago de honorarios profesionales" pues no cobro los mismos[7] al tomar en cuenta la amistad entre su familia y la de dicha señora, así, los extremos de que fue ella quien contactó los servicios de dicho abogado (pero la escritura en casos similares debió ser cobrada a la sociedad), y que de su patrimonio se originó el dinero de la sociedad, no excluyen la verdad expresada por dicho testigo al manifestar: "Que la señora Ligia le explicó que no iba a participar como accionista de la sociedad sino que su hermana y sobrino" (ver pág. 25 párrafo séptimo sentencia); ello es análogo con lo declarado por el testigo abogado JULIO CESAR PINEDA ESTRADA quien expuso: "Ligia le comento que era la tía de Erick a quien quería muchísimo y que quería ayudarlo a agenciarse unos fondos, pero quería garantizar como se los iba a devolver" (ver pág. 24 párrafo primero sentencia). Ante lo cual dicho testigo le recomendó constituir una sociedad como garantía de devolución o suscribir un contrato de préstamo pero que ella debía declararse prestamista no bancario, manifestando también que, Ligia le dijo que "no tenía interés de invertir en honduras, que ella tenía su dinero en Estados Unidos y solo quería ayudarle a su sobrino, ya que pagaba sus intereses en Estados Unidos y no quería pagar doble impuesto" (ver pág. 24 párrafo segundo sentencia); resultando derivado de dicha declaración que Ligia, no estaba interesada en invertir en el país y tampoco en obtener el permiso correspondiente para legalmente poder prestar dinero como persona natural, optando por dar la ayuda económica que le quería prestar a su sobrino en calidad de préstamo de manera directa a través de los cheques que este recibió. De igual forma se vulnera la ley Lógica de Coherencia, en su Principio de No Contradicción, el cual manda que el tribunal no puede por un lado asegurar algo y por otro desvirtuarlo, ello porque por una parte razonan que: "lo sustentado por MAURICIO VILLEDA, para estos juzgadores no resulto suficiente para eximir de responsabilidad en los hechos acusados al señor ERICK REICHMAN" (ver pág. 44 párrafo cuarto sentencia), sin embargo, antes han expresado que: "su testimonio ha dejado sendas dudas sobre su credibilidad" (ver pág. 42 párrafo último sentencia). De lo cual derivan dos proposiciones que se contradicen, pues los sentenciadores por un lado dan a su testimonio estatuto de creíble pero insuficiente, pero por otro le dan estatuto de no ser creíble, consecuentemente inservible para generar siquiera insuficiencia, siendo imposible determinar cuál juicio es verdadero y cual falso. Nótese, que su asesoría fue clara, la señora LIGIA BACA le manifestó expresamente su voluntad de no figurar como socia, extremo que conforme a la recta razón no presenta dudas, pues el testigo VILLEDA BERMUDEZ es contundente y preciso en su aseveración; además resulta evidente que, ella no podría considerarse a sí misma socia; pues su experiencia como Gerente de un banco y Contadora en EE.UU (ver su declaración testifical pág. octavo párrafo cuarto sentencia), aunado al hecho de no haber firmado nunca un documento societario, fácilmente le permitían arribar a esa conclusión, consecuentemente no puede resultar creíble (como erróneamente asume el tribunal) la declaración rendida en ese sentido de que ella se creía socia y había pedido serlo, no se puede de los medios de prueba referidos, ni obietivamente ni subjetivamente, deducir dicho extremo, todo lo contrario como se vuelve a subrayar la declaración del testigo VILLEDA BERMUDEZ deja en evidencia la errónea interpretación del tribunal y sin soporte de corroboración la declaración de la supuesta víctima, que es la que tiene que corroborarse con otros elementos de prueba en el proceso, siendo fundamental la declaración testifical en comento y de la cual se puede concluir razonablemente, que Ligia Baca no busco ni se constituyó como socia como lo pone en manifiesto y acredita de manera irrefutable el mismo instrumento público número 99, que fuera autorizado por unos de los notarios de más prestigio profesional en nuestro país Laureano Gutiérrez Falla, otra prueba congruente con la tesis de defensa en la inexistencia de participación de LIGIA BACA en la sociedad es la solicitud de apertura de cuenta en BANAIS, de fecha 26 de agosto de 2004, de la cuenta de BRR, en donde se detalla quienes son los socios, no figurando LIGIA BACA en ningún momento como socia de BRR INVERSIONES, sin embargo si figura como firma A autorizada por ERICK REICHMANN, lo anterior es ratificado con la declaración en juicio del testigo WILFIEL BONILLA (ver página 20, línea 42 del acta de debate) en donde el testigo como funcionario de Banpaís, refiere quienes son los socios de BRR INVERSIONES, y que no se firmó en el banco ningún documento en blanco. Otro aspecto donde se refleja aún más la arbitrariedad de la sentencia recurrida es que el tribunal en clara lesión a la lógica, en su ley fundamental de Derivación específicamente en su principio de razón suficiente del cual se desprende la obligatoriedad de que los razonamientos deben ser verdaderos en derivación de la prueba evacuada, deduce arbitrariamente utilizando información que no es actuada en juicio, es decir, que el testigo nunca refirió, no obstante el tribunal vulnerando las reglas probatorias, se atreve a afirmar, que LIGIA BACA le manifestó al testigo JULIO CESAR PINEDA su interés de invertir en Honduras (página 51 párrafo cuarto de la sentencia); lo cual no es verdadero, al contrario, el testigo refiere con claridad: "Ligia le dijo que no tenía interés de invertir en Honduras"[8]. Esto resulta relevante, pues de ahí surge su errada conclusión de que no se trató de un préstamo para invertir garantizado a través de una sociedad, porque para avalarla en un contrato de préstamo requería el requisito de inscribirse como prestamista no bancario; además, resulta claro que al participar en un negocio se corre el riesgo de perder o tener que recuperar el dinero a largo plazo, razón por la cual la testigo SILVIA BACA SARAVIA, recordó que sU esposo (WALTER REICHMANN) le manifestó a su hermana LIGIA: "que no le prestara dinero a Erick para la ganadería porque eso era a largo plazo" (ver pág. 20 párrafo cuarto de la sentencia), pero ella decidió libremente prestar el capital para que el imputado generara ingresos y con ellos pudieran pagarle su dinero, pues quería ayudar a su sobrino de esa forma. Las máximas de la experiencia obligan al sentenciador a valorar lo común que se da respecto un hecho en particular (se refieren a juicios o valoraciones que el hombre común adquiere en su entorno social)[9], en ese orden de ideas corresponde arribar a una conclusión partiendo del conocimiento personal del juzgador respecto a lo que comúnmente ocurre en una determinada situación. Así las cosas, a pesar de que la señora LIGIA BACA expuso que en el cheque N 7754 por la cantidad de dieciséis mil dólares yacía la expresión 9% por ciento de interés, esto refería a que su esposo ROBERT ROWLETT le presto tal cantidad dineraria y que ellos se prestan con interés (ver página 26 parte final y 27 al initio, acta); sorprendentemente, el tribunal afirma la conclusión de que es coherente y conforme a la regla de la experiencia común que los esposos se presten dinero con interés. Afirmación que denota su afán, por justificar su errado fallo, pues los jueces cometen el grave error de juzgar bajo la experiencia común un hecho que sucede en otra realidad y cultura social, la cual les es desconocida en sus conocimientos personales; ya que en nuestra realidad social tal práctica entre esposos no es común. En adición a ello, y como resultado de su error, quebrantan también la lógica, en su ley fundamental de Coherencia en su Principio de No contradicción, al exponer seguidamente una proposición que se contradice con lo antes señalado, al apuntar "el cual debía devengar un nueve por ciento de interés a favor de BRR INVERSIONES" (pág. 53 segundo párrafo, sentencia); entonces se trata de una anotación de LIGIA BACA para pagar dicho interés de 9 por ciento a su esposo, o esa anotación era para que se devengara tal interés a favor de la supra mencionada empresa; siendo imposible determinar cuál proposición es verdadera y cual falsa, pero si queda clara su contradicción. En concusión, resulta evidente que, el tribunal debió tener en cuenta dicho indicio en abono a que se trató de un préstamo, tesis de la defensa. En suma, de lo anterior, de manera subjetiva el tribunal al valorar conjuntamente el cheque 7754 con respecto al medio de prueba documental consistente en un recibo por la cantidad de 295,392.00 Lempiras, los sentenciadores arriban a la conclusión de que dicha cantidad "no se trata de un simple préstamo" (pág. 56 tercer párrafo, sentencia). Tal aseveración vulnera la Lógica, en su ley fundamental de Derivación, vulnerando su Principio de Razón suficiente para contradecir lo informado por la prueba, donde se lee: "valor que corresponde al préstamo para BRR al 9% de interés simple pagado cada tres meses" (ver pág. 31 párrafo cuarto, sentencia): sobre lo cual, no existe explicación razonable que contrarié el contenido claro de dicho documento, informando que esos dieciséis mil dólares a la tasa de cambio dieron esa cantidad de dinero en Lempiras, cuya recepción mediante dicho recibo no deja dudas de tratarse de un préstamo. Es más los jueces imponen al imputado la obligación de descargar lo aseverado por la acusación, librando en abierta vulneración del principio acusatorio a la parte acusadora de probar su tesis de cargo, cuando manifiestan: "Declarando insuficiente el recibo como prueba de descargo" (pág. 56 tercer párrafo, sentencia); en ese sentido el recibo prueba la existencia de un préstamo, sin que el señor ERICK REICHMAN esté obligado a probar su inocencia, pues las serias dudas del presente caso lo favorecen, consecuente con lo establecido en el artículo 339 del CCP sobre la valoración de la prueba en relación al artículo 202. Otra sorprendente vulneración del tribunal a la Recta Razón ocurre al valorar los correos electrónicos suscritos entre Erick Reichmann, Silvia Baca y Ligia Baca, donde el tribunal deriva que en las frases: "que el dinero que se presto fue para la compra de vacas pero Erick lo ocupo para ...", al igual, según Ligia en dicho correo expreso: "que debió establecer bien las normas bajo las cuales prestaba las cantidades de dinero"(pág. 56 último párrafo, sentencia), el significado de la palabra "préstamo" vertida en diferentes ocasiones durante el juicio y en la prueba evacuada, expresada siempre por la supuesta ofendida, eran para recuperar el dinero en forma expedita, derivación que es contraria a la más elemental recta razón y a la lógica coherente que debe orientar los razonamientos de valoración; pues por un lado, la comunicación mantenida vía electrónica además de ser clara es aceptada y usual como medio de expresión entre las personas cuando no están en el mismo lugar; por otro lado, es irrefutable que el contenido gramatical de la comunicación vía correo cuando se habla del vocablo "préstamo" se está aludiendo indefectiblemente a recibir una cantidad de dinero con la obligación de devolverla en un tiempo determinado. Es más, su significado legal palabras más palabras menos iría en igual sentido. Así, Ligia Baca reconoce que el dinero entregado a su sobrino para que invierta en su sociedad es un préstamo y lo cobra; siendo insólito asumir como lo hace el tribunal que, al reclamar la deuda como préstamo es para que sea pagada más rápido, cuando bien es sabido (máximas de la experiencia común) que el cobro de un préstamo, más bien si no es pagado de manera inmediata conlleva entablar acciones legales, pero nunca en la jurisdicción penal. También se vulnera la lógica, en su ley de Coherencia en su Principio de Contradicción cuando en este mismo apartado, el tribunal esgrime que: "el contenido de estos documentos por sí solos no hacen inferir que las acciones acusadas deben dirimirse a través de la vía civil o mercantil" (pág. 56 antepenúltimo párrafo, sentencia), cuando antes ha indicado como explicamos líneas arriba que los correos no informan de ningún préstamo entre el señor Erick Reichmann y Ligia Baca; sin embargo luego exponen que su contenido aisladamente no sirve para acreditar la existencia de un simple préstamo, con su consecuente extracción del caso sub examine de la esfera penal. En ese sentido, si no se acreditó la existencia de un préstamo, o en su defecto si se acreditó, pero es insuficiente para extraer del ámbito penal la ratio decidendi, tales inconsistencias valorativas demuestran la falta de Coherencia en los razonamientos del tribunal en este aspecto, por contener dos proposiciones del juzgador que se contradicen entre sí. Resultando evidente que los medios de prueba documentales de los correos (los cuales fueron reconocidos por las partes en su contenido), no fueron valorados adecuadamente y de manera armónica en el contexto del caso, pues ante la contundencia de estos y el reconocimiento expreso de la misma LIGIA BACA, no queda forma de exponer conclusión alguna que pueda ser coherentemente distinta al reconocimiento del reclamo de una deuda por parte de ella misma. Anteriormente expusimos que el juzgador al adjetivar bajo la Recta Razón puede incorporar conocimientos personales comunes en la sociedad que juzga, siendo vedada la posibilidad de incorporar conocimientos profesionales fuera de la rama del derecho[10]. Es ese contexto, resulta contrario a la Recta Razón que los juzgadores a pesar de que los cheques contienen palabras en el idioma inglés hagan traducciones libres en el ACAPITE ELEMENTO VOLITIVO (pág. 65), incorporando conocimientos personales que no han sido objeto de control bajo el contradictorio de las partes en el desarrollo del juicio. Es importante desatacar que en el análisis y valoración de los medios de pruebas consistentes en 11 cheques (pág. 51 de la sentencia) los jueces aluden a anotaciones contenidas en algunos de ellos en el idioma inglés, las cuales no fueron traducidas a pesar de que podrían ser determinantes para eximir de responsabilidad al imputado, el tribunal no puede hacer derivación de lenguaje extraniero sin ser introducida a través de una traducción oficial[11]. Al valorar la declaración de la testigo de cargo MARGARITA BACA SARAVIA (pág. 51). El tribunal vulnera nuevamente la Ley de Derivación en su principio de Razón suficiente, que exige como característica que la misma debe ser verdadera, pues afirma, que dicha testigo lo único que aporto fue el hecho de haber procurado una intermediación entre las partes; sin embargo ello es erróneo, pues ella refiere que Erick le dijo que iba pagar... manifestándole Ligia que firmara cuando le iba pagar, asimismo refirió que Erick quería pagar porque no caminaban bien las cosas[12], es decir, se infiere fácilmente de sus dichos que ella nunca escuchó que Erick se había o quería apropiarse del dinero, sino más bien, se colige también de la declaración de esta testigo de manera armónica con el resto de prueba evacuada que, se trataba de un préstamo que debía ser pagado; lo cual es coherente con los argumentos de la defensa en el presente caso. El tribunal también vulnera la Lógica, en su ley fundamental de Coherencia, en su Principio de Contradicción, en la página 48 de la sentencia último párrafo, en relación con el dicho de Erick Reichmann que el junto a su madre aportaron la cantidad de L.40,000.00 para el Depósito en cuenta de BRR Inversiones, S.A., donde expusieron: "no cuenta con un soporte probatorio que sustente sus dichos, más que un depósito no en cuenta de BRR INVERSIONES, S.A., cuyo origen de los fondos es discutible que sean de su procedencia" (se resaltó por el suscrito). No obstante, en la página 49 tercer párrafo de la sentencia concluye: "cuando se logró tener por acreditado que fue LIGIA BACA SARAVIA, quien aportó la cantidad de L.40,000.00". Con lo cual se contradicen notoriamente, pues hablan de que es discutible que dicho dinero es del imputado y luego que tienen certeza positiva que fue aportado por LIGIA BACA. Sin soslayar, que es contrario a la Recta Razón arribar a una conclusión de certeza de tal documento, pues no existe una firma en tal depósito (ver pág. 29 tercer párrafo, sentencia acápite CATORCE). Sobre el mismo punto, puede verse que el tribunal al hacer la valoración conjunta de la declaración de SILVIA BACA hermana de LIGIA BACA y madre de ERIK REICHMANN, aduce que la versión de ella manifestando que le prestó a su hijo L.20,000.00 para completar los L.40,000.00 para el pago del capital de la sociedad, no se le da veracidad, por no haber acreditado durante el debate quien se los prestó, razonamiento que resulta arbitrario e ilógico, pues impone carga de la prueba al testigo, además en ningún momento se le pregunto a la testigo quien le había prestado el dinero, siendo ella clara y consistente en su declaración en que había tenido que prestarlo, así puede verse en el acta del debate (pág. 41), que al momento de evacuarse el medio de prueba careo, ella manifiesta, que se los presto una amiga y ninguna de las partes acusadoras (ni el mismo tribunal) le pregunta quién era la amiga, por ende, no puede ser descartado bajo ese argumento, pues vulnera las reglas del principio contradictorio, que el tribunal venga a suponer y tergiversar el relato del testigo diciendo que debía haber acreditado quien le prestó el dinero; careciendo de coherencia lógica dicho razonamiento. De igual forma se vulnera la lógica, en su ley fundamental de Derivación Principio de Razón suficiente, con la afirmación del tribunal, que LIGIA BACA fue quien otorgó el nombre de la sociedad mercantil a MAURICIO VILLEDA cuyas siglas son BRR que significarían los apellidos BACA, ROWLETT, REICHMANN, cuando ello, no se puede derivar de la declaración consistente del referido profesional del derecho, quien como se señaló supra refirió:" Que la señora Ligia le explico que no iba a participar como accionista de la sociedad sino que su hermana y sobrino"; por otra parte el tribunal omite referirse a lo manifestado por nuestro representado en su propia declaración quien al rendir testimonio y ser interrogado explico "que fue su persona quien autorizó que su tía registrara la firma en el banco al momento de abrir la cuenta de la empresa BRR, S.A., es preciso aclarar que otra inconsistencia es el significado que el tribunal atribuye a la denominación social BRR, que significa BACA, REICHMANN, REICHMANN” [13], siendo lógico asumir que dichas iniciales van en consonancia con el apellido Baca de su madre quien es la otra socia y las dos letras "R" por el apellido de sus dos hijos varones REICHMANN, REICHMANN. En conclusión, es manifiesto que la sentencia recurrida quebranta las reglas de la sana crítica, la Lógica, en su ley de coherencia en su principio de no contradicción, además la ley de Derivación en su principio de Razón suficiente; al igual las Máximas de la experiencia, pues es claro que de los elementos de prueba presentados no pueden derivarse razonable y de manera coherente las conclusiones de los juzgadores, por las razones que se han expuesto, siendo procedente se decrete la nulidad del fallo recurrido para ser conocido por otro Tribunal de Sentencia. Es más, de haberse efectuado una correcta apreciación en su conjunto debieron derivar en una duda razonable a favor del imputado; pues de la prueba evacuada no se puede alcanzar la convicción de certeza para condenar. Por haberse producido el vicio en el propio acto de redacción de la sentencia no ha sido posible reclamar su subsanación hasta este momento. SEGUNDO MOTIVO: MOTIVACIÓN FÁCTICA Y JURIDICA INSUFICIENTE. - Precepto autorizante: Artículo 362 numeral 3), en relación al 338 regla cuarta numeral 2 de la valoración de la prueba, numeral 3 de la fundamentación jurídica y 141 del Código Procesal Penal. La sentencia objeto de recurso incurre en un vicio latente pues no contiene una fundamentación fáctica suficiente o completa, plasmada adecuadamente en una fundamentación probatoria descriptiva e intelectiva. En ese sentido, en la misma los juzgadores solo se ocupan de describir la prueba sin realizar un eiercicio intelectivo sobre cada una de ellas, por ende, la explicación de las conclusiones que individualmente extraen de cada una de ellas es defectuosa e insuficiente. Al respecto se ha señalado acertadamente y con claridad meridiana por la Sala de lo Penal que: "...La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal describir su contenido. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva." [14], Este vicio fácilmente se puede apreciar en el acápite VALORACION DE LA PRUEBA que inicia en la página 11 de la sentencia, donde solo se relaciona el contenido de cada prueba sin un examen de esta. En adición a lo anterior, necesariamente la sentencia debe contener una valoración conjunta de la misma, extremo que si contiene dicha sentencia; sin embargo, como puede valorar conjuntamente la prueba sin antes apreciarla en su valor individual, causando un perjuicio a la defensa al desconocer con precisión y claridad la valoración individual que le debe dar a cada medio probatorio para poder apreciar la coherencia de sus conclusiones y de la posterior valoración conjunta. Sobre esto último la Sala de lo Penal en el Recurso de Casación registrado en el número CP-314-09 10 del dieciséis de agosto del año dos mil doce, en su página 10 ha dicho: "... los medios de prueba deben de ser valorados uno a uno, pero también deben de ser considerados de manera conjunta, a efecto de tener un contexto de lo ocurrido y poder tomar una decisión". Sobre la Valoración individual, Pablo Talavera Elguera[15] precisa que dicho examen se dirige a descubrir y valorar el significado de cada una de las pruebas practicadas en la causa. Tal examen está integrado: "por un conjunto de actividades racionales tales como: juicio de fiabilidad, interpretación, juicio de verosimilitud, comparación de los hechos alegados con los resultados probatorios, las que deben ser explicitadas en la sentencia". Por su parte, en cuanto a la Valoración conjunta de las pruebas, sostiene que: "el examen global -es decir la confrontación entre todos los resultados probatorios- es sometido al principio de completitud de la valoración de la prueba". Este es un principio de orden racional incluso antes que jurídico- que exige que la acreditación de los hechos objeto del proceso se consiga sobre la base de todas las pruebas que hayan sido incorporadas a la causa y que se hayan revelado esenciales y útiles para establecer los hechos de la causa. En cuanto a la insuficiente motivación jurídica, en la sentencia recurrida, resulta claro de la lectura de esta en su apartado de fundamentación jurídica, que la misma no es suficiente, pues los juzgadores no desarrollaron con claridad porque la conducta desplegada por el acusado alcanzaba las categorías analíticas del delito (acción, tipicidad, antijuricidad y culpabilidad). El tribunal se limita a describir el tipo penal imputado, haciendo consideraciones de cuando concurre dicho delito y su distinción con la estafa, señalando que existen pruebas de cargo directa e indirecta; pero no existe una relación de cómo se dan cada uno de los elementos del tipo penal en los hechos, siendo evidente que su interpretación es totalmente desajustada, así de manera equivoca y temeraria entienden que de la declaración del abogado JULIO PINEDA se desprende uno de los requisitos exigidos en la apropiación indebida como ser el hecho que el sujeto activo se obligue en su momento oportuno a entregar o devolver lo que fue puesto a su disposición; por otra parte no es clara la motivación en cuanto reconoce no existe un documento por escrito que determine la condición de administrador del acusado de las cantidades de dinero recibidas aduciendo que los indicios que no son explicados, sino solo los señalados como actuaciones referidas al caso, entre ellos, emisión de cheques, hacen inferir que ERICK se apropió de manera indebida de las cantidades señaladas. Aduciendo con respecto al tipo penal de apropiación indebida, que se acreditó durante el debate que el señor ERICK REICHMANN no tiene la más mínima intención de devolver las cantidades de dinero otorgadas por los ahora ofendidos, todo sin explicar con precisión la concurrencia de cada uno de los elementos del tipo penal; llegando el tribunal a evidenciar su desafortunada motivación cuando en la fundamentación jurídica del fallo que tiene como base la descripción del hecho que se juzga, hace un análisis impropio, según ellos de la conducta del testigo MAURICIO VILLEDA, considerando que su conducta debe ser objeto de investigación por parte del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados, desconociendo sus propias atribuciones y las del referido tribunal que solo puede conocer denuncias a instancia de parte pues se requiere que se inste el procedimiento y sea sostenido el mismo en las respectivas audiencias de descargo, tan desafortunado como su errónea valoración sobre este punto ya expuesto en el motivo anterior, pues si LIGIA BACA, hubiera pedido ser socia y que se le iba mostrar el borrador cómo se puede explicar que paso tanto tiempo sin darse cuenta que no lo era, o mucho más ilógico aún que iba a aportar cantidades de dinero sin solicitar al menos un recibo o los títulos de acciones provisionales como lo manda el Código de Comercio en las sociedades anónimas, ello dada la naturaleza y características particulares de la persona que supuestamente es víctima. La insuficiente motivación jurídica, en la sentencia recurrida, también resulta claro de la lectura de esta en su apartado de fundamentación jurídica acápite TERCERO, pues los juzgadores por una parte no acotan cual es el indicio acreditado haciendo en cada ítem un largo extracto de un hecho especifico, la idea del indicio está relacionada a hechos puntuales. En adición a lo anterior, no desarrollaron de donde extraen cada uno de los indicios que dan por acreditados; es decir, no consignan cada uno de los medios de prueba de los cuales se origina cada indicio; situación básica para determinar si estamos partiendo de indicios unívocos y debidamente probados. Como bien lo expone De Diego Diez Luis Alfredo en el Código Procesal Penal Comentado Honduras[16], "A) Los indicios han de estar plenamente probados, no cabe construir certezas sobre la base de simples probabilidades". Es por tanto exigible, cuando se trata de prueba indiciaria, la constatación clara de los indicios. b) Pluralidad de indicios, la virtualidad de los indicios reside precisamente en su acumulación, su variedad permitirá controlar en mayor medida la seguridad de la relación efecto-causa. c) El nexo causal ha de ser racional y lógico, la prueba indiciaria requiere, por consiguiente, un proceso de inferencia (inductivo) que aúne el indicio (hecho base con el hecho presunto. d) Motivación en la sentencia, cuando se trata de una condena basada en hechos indiciarios, la motivación expresa sobre las pruebas practicadas y los criterios racionales que han guiado su valoración es una exigencia básica para poder determinar si existió verdadera prueba indiciaria o si lo único que se produjo fue una actividad que tan solo logró arrojar sospechas o sugerir conjetura sobre la culpabilidad del acusado" Al respecto, es oportuno recordar que en el proceso penal está vedada la condena por sospechas; cuando se trata de indicios el tribunal debe ser mucho más cuidadoso en la valoración, pues estos no ofrecen la misma seguridad de la prueba directa; siendo claro que en el caso que se recurre que no existe una motivación adecuada y suficiente para sustentar el fallo en prueba indiciaria. El tribunal es tan escueto en su motivación que limita conocer y consecuentemente poder plantear con suficiente claridad el alegato recursivo. Nótese, que en el referido numeral TERCERO se circunscribe a citar definiciones de la doctrina sobre el indicio, pero sin ejemplificar en su fundamentación la relación entre el hecho indiciario y el hecho indicado de cada uno de ellos; de igual manera, sorprendentemente cita doctrina extranjera sin decir cuál y a qué tribunal se refiere, para concluir finalmente señalando un listado descriptivo de hechos que considera indicios de los cuales a su lectura fácilmente se desprende no vinculan indicios del tipo penal que se acusó, como lo podrá valorar y determinar la Sala de lo Penal, que ya ha sido contundente pronunciándose en su jurisprudencia[17] sobre las exigencias que deben concurrir para sustentar una condena con indicios, al decir que para determinar si los indicios están acreditados se debe establecer los medios de prueba en que se sustentan, de manera plural y con nexo causal; jurisprudencia que el tribunal recurrido parece desconocer. En el hecho SEXTO, el tribunal trata de justificar la supuesta apropiación indebida, como delito continuado, señalando que se trata de acciones comprendidas entre el 28 de junio del año 2003, al mes de septiembre del año 2004; "mediante un conjunto de acciones que van desde el hecho de proponer a LIGIA BACA que invirtiera en el negocio de la ganadería y producción de lácteos", señalando una serie de actuaciones que evidentemente no pueden ser constitutivas de delito continuado, pues son previas al inicio de la relación mercantil que surge entre ambos, para la concurrencia del delito continuado tiene previo que establecerse la concurrencia de todos los elementos del tipo penal de apropiación indebida, lo cual no puede hacer el tribunal en el caso de marras y también deja en evidencia con los enunciados expuestos en la sentencia, la falencia para motivar la concurrencia jurídica del delito continuado. Así las cosas, al contrastar la sentencia con lo antes expuesto indefectiblemente se arriba a la conclusión, de que efectivamente existe el vicio denunciado. Por haberse producido el vicio en el propio acto de redacción de la sentencia no ha sido posible reclamar su subsanación hasta este momento procesal. TERCER MOTIVO: MOTIVACION CONTRADICTORIA. - Precepto autorizante: Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. Exposición del motivo invocado El vicio denunciado ocurre cuando los razonamientos del juzgador no mantienen una relación y concordancia vinculado con la coherencia de los razonamientos que deben fundamentar la sentencia, pues como bien lo ha explicado la Sala de lo Penal: "todo problema de violación a las normas del correcto entendimiento humano es un problema de fundamentación, de forma tal que el primero es la especie y el segundo es el género". Los juzgadores en la sentencia recurrida de manera sistemática se alejan de la obligación de expresar de forma clara, completa, legitima y sin contradicciones su motivación, incurriendo en otro claro vicio in procedendo, que da lugar a la nulidad de la sentencia al existir contradicción en la valoración probatoria, viciando la sentencia al contener argumentos excluyentes, que no permiten tener certeza ni seguridad en la resolución judicial que emitieron. El tribunal en su motivación fáctica al valorar la prueba razona que: "Lo sustentado por MAURICIO VILLEDA, para estos juzgadores no resultó suficiente para eximir de responsabilidad en los hechos acusados al señor ERICK REICHMAN" (ver pág. 44 párrafo cuarto sentencia), sin embargo, antes han expresado que: "su testimonio ha dejado sendas dudas sobre su credibilidad" (ver pág. 42 último párrafo de la sentencia). Fácilmente podemos apreciar dos aspectos de la motivación que se contradicen, pues los juzgadores exponen que el testimonio de VILLEDA BERMUDEZ es creíble pero insuficiente, pues si fuera inverosímil no sería insuficiente; sin embargo, antes han expuesto que dicho testimonio deja serias dudas de credibilidad, consecuentemente inservible para generar siquiera insuficiencia. Así las cosas, ambas motivaciones contradictorias impiden determinar cuál es el razonamiento valido entre una u otra, viciando gravemente las conclusiones de los jueces mediante los cuales se concluye indebidamente un fallo de condena en perjuicio grave del derecho de defensa y las reglas del debido proceso. Otro aspecto del cual se deriva una motivación contradictoria, es que la señora LIGIA BACA expuso en su deposición que en el cheque No. 7754 por la cantidad de dieciséis mil dólares yacía la expresión 9% por ciento de interés, esto refería a que su esposo ROBERT ROWLETT le prestó tal cantidad dineraria y que ellos se prestan con interés, de lo cual los juzgadores razonan: "son coherentes sus dichos con las máximas de la experiencia, tomando en consideración los antecedentes personales de los ofendidos" (pág. 53 primer párrafo sentencia), pues LIGIA BACA, aclaró que con ROBERT ROWLETT, como esposos tienen como costumbre que cuando se hacen préstamos de dinero entre ambos, se pagan interés entre sí, por tal razón aparece la anotación en esos términos. Sin embargo, continúan en su motivación sobre este aspecto, con una idea contradictoria a la señalada cuando apuntan: "el cual debía devengar un nueve por ciento de interés a favor de BRR INVERSIONES" (pág. 53 segundo párrafo sentencia). De tales motivaciones surge la duda sobre qué motivación de la misma prueba es la que el tribunal quiso esgrimir, siendo latente las contradictorias derivaciones en la valoración de la prueba. En adición a lo anterior, el tribunal al valorar los correos electrónicos suscritos entre ERICK RICHMANN Y LIGIA BACA, deriva que "es evidente que la señora BACA SARAVIA, al expresar conceptos como la palabra "préstamo" lo que pretendía era recuperar las cantidades de dinero otorgadas a Erick, de manera expedita, y sin confrontación alguna" (pág. 56 antepenúltimo párrafo, sentencia). No obstante, ello, renglones más adelante motivan contradictoriamente a esa idea, al señalar: "por lo que el contenido de estos documentos por sí solos no hacen inferir que las acciones acusadas deban dirimirse a través de la vía civil o mercantil". En ese sentido, el hecho de motivar la No existencia de un préstamo entre ambas partes, frente a una argumentación distinta donde se justifica su existencia, pero su insuficiencia para extraer del ámbito penal la ratio decidendi, constituyen dos motivaciones contradictorias. Otro aspecto de motivación contradictorias es que el tribunal al expresar en la página 48 de la sentencia último párrafo, en relación con el dicho de ERICK REICHMANN que el junto a su madre aportaron la cantidad de L. 40,000.00 para el Depósito no en cuenta de BRR Inversiones, expusieron: "no cuenta con un soporte probatorio que sustente sus dichos, más que un depósito no en cuenta de BRR INVERSIONES, cuyo origen de los fondos es discutible que sean de su procedencia". No obstante, en la página 49 tercer párrafo concluye: "cuando se logró tener por acreditado que fue LIGIA BACA SARAVIA, quien aporto la cantidad de L.40,000.00". Con lo cual se contradicen notoriamente, pues hablan de que es discutible que dicho dinero es del imputado y luego que tienen certeza que es de LIGIA BACA. Por haberse producido el vicio en el propio acto de redacción de la sentencia no ha sido posible reclamar su subsanación antes de este momento procesal. CUARTO MOTIVO: HABER EXCLUIDO Y DEJADO DE CONSIDERAR EL SENTENCIADOR PRUEBA DE VALOR DECISIVO EN LA LITIS. Precepto Autorizante: Artículo 362.2 del CCP. Explicación Del Motivo Es necesario precisar de antemano, que en este motivo concurre en dos casos, una exclusión probatoria y una falta de consideración de otra (omitir su valoración), presentados en un solo motivo por la vinculada relación entre ambos con el motivo invocado. Para demostrar el vicio denunciado es importante primero determinar si ha existido una exclusión probatoria expresa del tribunal, sea porque la misma presenta impedimentos de legalidad (prueba ilícita) o en su defecto otros problemas de admisibilidad (utilidad, pertinencia, etc.), incluidos los problemas de nueva prueba. Asimismo, en defecto de lo anterior si la misma fue admitida y evacuada en juicio, pero dejada de valorar positiva o negativamente por el sentenciador, para luego determinar si dicha omisión se trata o no de una "prueba de valor decisivo" que, de haberse valorado hubiese llevado a conclusiones diferentes al juzgador. Primer caso, durante el inicio del juicio el tribunal apertura el turno para interponer incidentes, nulidades y excepciones, procedió la defensa a interponer dos incidentes de nulidad, los cuales fueron declarados sin lugar generando réplicas de las partes y recursos de Reposición. Posteriormente, la defensa interpuso un incidente de nuevos medios probatorios de los cuales le fueron admitidos unos y rechazados otros por impertinentes (ver acta pág. 9 último párrafo). No obstante, interesa para fines del vicio denunciado la propuesta de declaración de la señora ILIANA MARGARITA BERMUDEZ VALLADARES, con la pretensión probatoria de acreditar una conversación directa entre ella y la señora LIGIA BACA, en relación con un préstamo entre LIGIA BACA Y ERICK REICHMANN. Como podrá apreciar la Sala en la parte final del primer párrafo de la página 10 del acta, el tribunal en su resolución dice: "en cuanto a los testigos se propuestos por la Defensa se considera excesiva, en tal sentido se admite... (.) ... el resto de los testigos se rechaza", quedando expulsado el testimonio de ILIANA BERMUDEZ, ante lo cual al reanudar la audiencia la defensa interpone Recurso de Reposición. Al resolver el mismo, el tribunal expone que: "los turnos que abrió fueron para que las partes hicieran uso de él" ... (...) ... "su admisión no suspende el debate", pero considera que el momento procesal ha precluido debido a que tuvieron la oportunidad de hacerlo. Así las cosas, conviene tener claro la norma procesal que regula el caso objeto de debate. En ese contexto, el artículo 321 tercer párrafo del CPP reza: Artículo 320. Incidentes. A instancia de cualquiera de las partes el presidente del tribunal abrirá un turno de intervenciones, para que aquellas puedan exponer lo que estimen oportuno acerca de la competencia del órgano judicial, recusación de alguno de sus miembros, excepciones, causas de nulidad o exclusión de medios de prueba por causa de su ilicitud, siempre que estas alegaciones se funden en hechos nuevos o desconocidos hasta entonces, y acerca de cualquier otra cuestión incidental. Podrán también las partes proponer nuevos medios de prueba, siempre que puedan practicarse sin necesidad de suspender las sesiones del juicio. El tribunal resolverá en el mismo acto lo procedente, sobre las cuestiones planteadas, o se reservarán para resolver todas o alguna de ellas en su sentencia. (El resaltado es agregado). Claro está que, para ese momento procesal, la norma permite la admisión a propuesta de parte de nuevos medios de prueba, sin que exista impedimento alguno más que su práctica no interrumpa el desarrollo del juicio. Así las cosas, el tribunal no tenía impedimento legal alguno para su admisión, por lo cual solo existe la errada apreciación de preclusión como fundamento. Honorables Magistrados sobre este punto el argumento del tribunal es contradictorio, pues al ofertar la defensa los nuevos medios de prueba se le admitieron unos correos electrónicos y la declaración del abogado JULIO CESAR PINEDA, asimismo se le rechazaron otros por impertinentes, y otros testigos por excesivos. Ciertamente, los medios de prueba pueden ser rechazados conforme al artículo 317 último párrafo del CPP, que dice: "Solamente podrán ser rechazados los medios de prueba manifiestamente impertinentes, inútiles o desproporcionados"; no obstante, la testigo propuesta al ser ofrecida para declarar sobre el hecho principal y por haber tenido conocimiento directo de parte de la misma señora LIGIA BACA, es evidente se trataba de un medio de prueba que no era impertinente, inútil o desproporcionado, más bien era determinante para esclarecer los hechos que se debatían referido a una relación de la cual lo que subsiste es de un préstamo entre LIGIA BACA y nuestro representado. Ahora bien, el argumento de preclusión con que se resuelve el Recurso de Reposición es un argumento distinto al señalado en la resolución recurrida. Sin soslayar, que el acta no consigna porque después de interponer las nulidades esta esta defensa se le dio la palabra a la acusación, por parte del tribunal para contestar las mismas. Además, cuando se me cede la palabra para continuar es cuando interpongo el incidente de nuevos medios de prueba, lo cual no fue objetado NUNCA ni por las partes ni por el tribunal, pues es el modelo esquemático que sigue el CPP en el artículo 321 y la practica en dicho tribunal, extremos que no pudieron ser alegados pues se esgrimieron por los sentenciadores al resolver el recurso de Reposición; con lo cual se demuestra que es falaz el argumento de que ya había transcurrido mi oportunidad procesal para interponer dicho incidente de nuevos medios de pruebas, es más como apunte de dicha propuesta en ese momento se me admitieron varios medios de prueba, entre ellos uno testifical con distinta finalidad probatoria. Demostrada la exclusión arbitraria del medio de prueba, me propongo demostrarles el valor decisivo de dicha prueba. En este aspecto, es importante resaltar el conocimiento directo que la testigo propuesta tenía sobre el préstamo concedido al imputado de parte de su tía LIGIA BACA, conocimiento que adquirió de una plática directa con ella, pudiendo aportar más elementos determinantes sobre dicho tema al tribunal; incidiendo consecuentemente de manera directa en un fallo a favor de la tesis de la defensa. Es importante señalar honorables Magistrados, que ante la trascendental utilidad que la testigo representaba para la defensa se ofreció incluso renunciar a otro testigo ya admitido a cambio de la admisión de la declaración de la referida testigo, lo cual tampoco fue tomado en consideración por el tribunal. Segundo caso, sumado a lo anterior, el tribunal en el Acápite TREINTA Y OCHO en la pág. 32 de la sentencia, describe (sin mayor contenido) el medio de prueba documental consistente en la Declaración de Impuestos sobre la Renta (folios 1216-1218), prueba admitida y evacuada en juicio; sin embargo, no realiza ninguna valoración ni positiva, ni negativa sobre la misma, a pesar de estar obligado a valorar en forma conjunta y armónica toda la prueba (artículo 202 del CPP), del cual se desprende la obligación del tribunal, que una vez que admite un medio de prueba debe darle una valoración, ya sea positiva o negativa, pero no puede excluirla sin incurrir en un vicio. La prueba referida en su base conducente dice: "APORTACION TEMPORAL PERSONA JURIDICA, Razón o Denominación Social: BRR INVERSIONES S.A..., Pasivo a Largo plazo/ 34 / 1,540,933.88; extremo que también está contenido en el anexo de esta declaración el Balance General de BRR Inversiones, en su acápite PASIVO Y CAPITAL, CIRCULANTE, Prestamos por Pagar (resaltado y subrayado es nuestro). Con dicho medio de prueba se acredita que el imputado siempre tuvo la conciencia del préstamo que tenía con las supuestas víctimas, pues así lo reportó en las declaraciones de impuestos y en la contabilidad general de BRR INVERSIONES, siendo evidente, que nunca pretendió ni tuvo la resolución de cometer el delito que debido a su errónea valoración califica el tribunal. Así las cosas, es evidente, que si incluimos hipotéticamente la declaración de la testigo ILIANA MARGARITA BERMUDEZ y la prueba documental dejada de valorar consistente en la Declaración de Impuestos sobre la Renta, indefectiblemente la conclusión del tribunal seria que en el caso de marras se trató de un préstamo proporcionado por la señora LIGIA BACA a su sobrino ERICK REICHMANN BACA, la prueba documental que el tribunal omite (no queremos pensar maliciosamente), resulta tan determinante que vinculada a otros medios no existe forma de externar un razonamiento que no sea conclusivo de que la relación que sostenía ERICK REICHMANN con su tía era en razón de un préstamo que él había recibido, por ello siendo BRR su empresa, declaró que su sociedad mantenía ese préstamo por pagar. Por haberse producido el vicio en el propio acto de redacción de la sentencia no ha sido posible reclamar su subsanación hasta este momento procesal. QUINTO MOTIVO: INOBSERVANCIA DE LAS REGLAS DEL JUICIO ORAL. - Precepto autorizante: Artículo 362 numeral 5) del Código Procesal Penal. Explicación Del Motivo En principio en relación con este motivo de casación es preciso adelantar que una regla del juicio oral es que la sentencia condenatoria se dicte en el plazo máximo de cinco días hábiles, contados a partir de la celebración de la Audiencia de individualización de la pena. En ese contexto, el artículo 343 último párrafo del CPP dice: "En lo relativo a la redacción, lectura y notificación de la sentencia, se estará a lo prescrito en los arfículos 338 y 340, en lo procedente". En ese contexto, el artículo 340 dispone en su antepenúltimo párrafo: "Con todo, si por razones de tiempo o por la complejidad de los asuntos no pueda cumplirse lo anterior, la redacción y firma deberá hacerse dentro de los cinco (5) días siguientes. En tal caso, el presidente del tribunal señalará la fecha y hora en que se celebrará la audiencia de notificación". Sorprendentemente, en el presente caso tal obligación la sentencia fue dictada en fecha treinta y uno de julio del año 2018 según la fecha consignada en el documento, a pesar que la audiencia de individualización de la pena fue celebrada en fecha siete (7) de febrero de 2014, es decir más de cuatro (4) años después; el retraso ocasionado es totalmente atribuible al tribunal de sentencia, mismo que no lo justifica, ni puede existir una razón para dicha justificación, la tardanza ocurrida vulnera los principios generales del proceso penal, específicamente el Principio de inmediación, el cual además de asegurar que las pruebas deben ser recibidas por el tribunal de manera directa para que pueda decidir con la mayor claridad posible sobre el caso que se juzga, e impone plazos razonables para evitar diluir la percepción directa de la cual el tribunal se apropia en la evacuación de la prueba, garantizando así que los razonamientos puedan ser los más acertados; lo cual no puede suceder si los juzgadores como en el presente caso pronuncian su fallo no días después sino más de cuatro (4) años después de celebrado el debate, cuando además en ese transcurso de tiempo siguieron conociendo muchos otros casos distintos, lo cual evidentemente provoca que la memoria pierda con el tiempo el registro histórico de los hechos percibidos, trayendo yerros al momento de la redacción del fallo como es evidente y se pone en manifiesto en los razonamientos erróneos que expone el tribunal para sustentar su fallo, tal como se han denunciado también en relación con los otros motivos invocados, provocando en definitiva con el descomunal retraso ocurrido para dictar la sentencia un enorme perjuicio a la defensa, al arribar a conclusiones que no tienen derivación probatoria y otros que son inexistentes, que hace meritorio igual que se otorgue el presente motivo invocado. Por haberse producido el vicio en el propio acto de redacción de la sentencia no ha sido posible reclamar su subsanación hasta este momento procesal.” FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Del Recurso de Casación por Infracción de Ley. Establece el artículo 360 del Código Procesal Penal que “Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba de ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo…” (Lo resaltado es nuestro). De esta norma se puede determinar la configuración del recurso de casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal: 1. Respeto irrestricto a los Hechos Probados: Los hechos probados son el relato cronológico de un acontecimiento histórico anterior al proceso penal y que es objeto de debate, fijados por el Tribunal de Sentencia con base en lo que se ha probado en juicio, derivado de la valoración de los medios de prueba cuya reproducción el juzgador pudo apreciar de manera directa, colocándolo en una posición exclusiva de valoración. Por ello el artículo 369 del Código de Rito, en su tercer párrafo prohíbe al Tribunal de Casación la modificación de los hechos probados, conocido como Principio de Intangibilidad de los Hechos Probados; 2. Falta de correspondencia entre los hechos probados y el fallo por infracción de precepto sustantivo o de principio fijado por la Doctrina Legal, a consecuencia de: a. Inobservancia de la norma sustantiva o Doctrina Legal que corresponde al caso; b. Errónea aplicación de una norma sustantiva o de Doctrina Legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis; c. Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del Principio fijado en la Doctrina Legal; d. Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal; y e. Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal. En conclusión, a través del recurso de casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia; de allí que a la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva hecha por el Tribunal de Sentencia o de la Doctrina Legal que sobre el tema jurídico se haya sentado; su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia; en este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados). Recurso de Casación por Infracción de Ley. Interpuesto por el Abogado Tito Hernández Salgado, actuando en su condición de defensor privado del encausado Erick Reichmann Baca. Único motivo. Norma autorizante: 360 del Código Procesal Penal; Normas que se denuncian infringidas: Artículo 242 numeral 8 en relación con el 37 del Código Penal 144-83. Concepto de la infracción: Aplicación indebida del artículo que contiene el tipo penal de apropiación indebida; Pretensión: Declarar con lugar el motivo invocado, por ello, una sentencia absolutoria. Luego de la descripción del hecho probado declarado por los juzgadores, ha señalado el recurrente, que del extenso relato cronológico, no se puede colegir los elementos objetivos necesarios para determinar la conducta típica; que el tipo penal se refiere al depósito, comisión y administración, como medio de recepción de dinero, efectos o cosas, u otra forma que lleve la obligación de entregarla o devolverla; describe el recurrente, que de los hechos probados no es posible deducir relación alguna de administración, ni documentos en los cuales se le otorgue a su representado, facultades para la gestión de los bienes de los señores ofendidos Ligia Baca Saravia y Robert Bowlett; que si bien se relata la existencia de una sociedad, los ofendidos no figuran como socios, sino solo el ofendido Erick Reichmann Baca y su señora madre Silvia Baca Saravia. Continua en su desarrollo recursivo, que los cheques recibidos por su representado, fueron a titulo personal y no a la sociedad BRR, por lo cual fue transferido a dominio y titularidad del imputado para su inversión o gasto a su conveniencia, que de igual manera no existe la circunstancia que haya negado haberlos recibido; asimismo, ha descrito el recurrente, que del hecho probado no se describe la existencia de un perjuicio alguno para los ofendidos, para ser considerados como víctimas, lo que se describe es que su representado obtuvo beneficios personales de la empresa BRR inversiones S.A, sin describir si esos beneficios fueron adquiridos ilícitamente. Concluye el recurrente, que su representado no recibió el dinero en concepto de depósito o de administración. Del Fraude en General El artículo 103 de la Constitución de la República reconoce, fomenta y garantiza la existencia de la propiedad privada, agregando en el artículo 106 que “nadie puede ser privado de su propiedad sino por causa de necesidad o interés público calificados por la ley o por resolución fundada en ley”, debiendo entenderse por propiedad todos aquellos intereses que el hombre aprecia fuera de sí mismo, de su vida y de su libertad y que son susceptibles de apropiación; bajo el Título VII del Libro Segundo del Código Penal 144-83, el legislador había creado tipos Penales cuyo objeto es la defensa del bien jurídico propiedad y sus diversas relaciones jurídicas con las personas: Ius Utendi (posesión), Ius Fruendi (usufructo) e Ius Abutendi (dominio). Entre los delitos en contra de la propiedad figuraba el fraude, mismo que se define por un “modus operandi” y no por una conducta comisiva u omisiva específica. Es el empleo de medios intelectuales para poner en escena artificios en abuso de la confianza depositada, con el fin de perjudicar el patrimonio ajeno en provecho propio o de un tercero (Animus Decipiendi), entendiéndose como patrimonio el conjunto de relaciones jurídicas activas y pasivas que pertenecen a una persona y que son estimables económicamente, pudiendo ser bienes muebles o inmuebles, fungibles o no fungibles, tangibles o intangibles, etc. El otrora vigente Código Penal tipificaba el fraude en el artículo 241-A, estableciendo que: “Comete el delito de fraude quien con nombre supuesto, falsos títulos, influencia o calidad simulada cometa acciones donde se emplean sin consentimiento o conocimiento de los perjudicados mecanismos o prácticas para perjudicar, engañar, eludir, usurpar o menoscabar los derechos o patrimonio del Estado o de terceros, de cuyas acciones se sirve el que delinque para burlar la ley o los derechos que de ella se derivan o valiéndose de cualquier artificio, astucia o engaño, indujere a otro en error.”.- Ahora bien el Código Penal 144-83 en el artículo 242 tipificaba expresamente 18 supuestos de fraude, como fraudes específicos entre los cuales se encuentra la Apropiación Indebida, contemplada en el numeral 8, que prevé que será sancionado “Quien en perjuicio de otro se apropiare o distrajere dinero, efectos o cualquier otra cosa mueble que hubiere recibido en depósito, comisión o administración, o por otro título que conlleve obligación de entregarle o devolverla, o negare haberla recibido.”. Respecto a la Punibilidad, el Capítulo VI del Título VII del Libro Segundo del Código Penal 144-83 establecía que el delito de fraude contemplado en el artículo 240-A, debía ser penado conforme lo señala el artículo 243, entretanto los fraudes específicos tipificados en el artículo 242 y la estafa, como la especie de fraude, debían ser sancionados con las penas previstas en el artículo 241.- Como consecuencia la pena de estafa y de fraudes específicos (otros fraudes), dependía del quantum del daño patrimonial causado por el delito, entretanto que la pena del delito de fraude general dependía de la existencia del delito sin influencia de la extensión del daño patrimonial causado. Del Tipo Penal de Apropiación Indebida Ya hemos mencionado que entre los diversas formas de fraude el código penal 144-83 tipificaba el delito de Apropiación Indebida, definido en el artículo 242.8 con el cual se formulaba reproche a “Quien en perjuicio de otro se apropiare o distrajere dinero, efectos o cualquier cosa mueble que hubiere recibido en depósito, comisión o administración o por otro título que conlleve obligación de entregarle o devolverla, o negare haberla recibido”. La apropiación Indebida era figura penal que se encentraba en zona fronteriza con la estafa, hurto y la malversación de caudales públicos, pero con elementos muy particulares y bien diferenciados: En el delito de apropiación indebida la posesión de la cosa mueble es lícita, germinada de una relación previa entre el sujeto activo y pasivo, surgiendo después en el primero el ánimo de distraerla subrepticiamente a un fin distinto al que originalmente se había dispuesto, por ello, difiere del delito de hurto en no mediar sustracción, de la estafa por la ausencia de engaño previo a la posesión y de la malversación de caudales por la naturaleza privada del bien mueble y el hecho de que el sujeto activo no es un servidor público; en la apropiación indebida lo que existe es la distracción ilegítima de un bien mueble privado que ya se posee legítimamente, pudiendo darse la apropiación del sujeto activo o de un tercero, “…la lesión al patrimonio se fundamenta en el posterior abuso de confianza derivado de la ruptura del título por virtud del cual se poseía la cosa…” (De Diego Diez, Alfredo, Manual de Derecho Penal, Corte Suprema de Justicia de Honduras, Tegucigalpa, Honduras, 2006, Pág. 189). El sujeto activo de la apropiación indebida debe estar, por tanto, en posesión de la cosa apropiada, dándose en este tipo de delito una mutación de posesión lícita en una ilícita. Constituyen elementos objetivos del tipo penal: 1. Sujeto Activo, debe de ser aquella persona que está en posesión lícita de los bienes muebles, siempre que sea distinta a aquella que sea su titular; 2. Sujeto Pasivo, podrá ser cualquier persona que esté en el uso, goce o dominio del objeto del delito; 3. Objeto material del delito, es el “bien mueble”. El bien mueble debe de estar en posesión del sujeto activo por causa lícita, como ser: aparcería (art. 1750 del código civil), arrendamiento de bienes muebles (art. 1681 y 1683 del código civil), comodato (art. 1920 del código civil), compra-venta con reserva de dominio (art, 781 del código de comercio), depósito (art. 1939 del código civil), mandato (art. 1888 del código civil), prenda con desplazamiento, préstamo de uso (art. 1919 del código civil), transporte (art. 1780 del código civil), contrato estimatorio (art. 826 del código de comercio), administración, etc., además el título de posesión debe acarrear la obligación de devolver el bien mueble o el de destinarlo a un propósito específico; 4. Conducta criminosa, definida por dos verbos rectores: a.- Distraer: destinar el bien mueble a un fin distinto al que originalmente estaba proyectado y para lo cual le fue dado al sujeto activo, siempre que el nuevo destino imposibilite la devolución de la cosa; b .-Apropiarse: pasar por propio el bien mueble, disponiendo de él tal como lo haría el verdadero dueño o facilitar para que un tercero lo haga; en realidad la apropiación es una forma de distraer el bien mueble, nada más que en este caso concurre el Animus Lucrandi; 5. Modalidad criminosa, entendida como la forma de llevar a cabo el verbo rector, puede ser realizada de cualquier forma, pero siempre con abuso de la confianza depositada por el sujeto pasivo en el sujeto activo. Por otra parte, constituye elemento subjetivo del tipo el dolo y el Animus Rem Sibi Habendi: 1.- El dolo, conformado por el conocimiento de estar en posesión de un bien mueble ajeno, de estarlo distrayendo a un fin distinto al concebido por la persona natural o jurídica que le cedió dicha posesión y la voluntad de querer hacerlo; y 2.- El Animus Rem Sibi Habendi, que significa el ánimo de disponer el bien como si fuese dueño de éste. A partir de la tipificación que hacía el código penal 144-83, eran las características del tipo penal de Apropiación Indebida: 1. Según Su Estructura: a.- Tipo Penal Básico al describir un modelo de comportamiento de manera independiente a otros tipos penales; b.- Tipo Penal Compuesto al describir dos modelos de comportamiento, cada uno de ellos capaz de conformar una conducta típica distinta (Distraer o apropiarse); 2. Según su Contenido: a.- Tipo Penal de resultado que exige el cambio en el mundo físico, éste realizado mediante la distracción o el apoderamiento del bien mueble ajeno por parte del sujeto activo; b.- Tipo de Conducta Instantánea al contener un supuesto de hecho cuya realización del comportamiento descrito se agota en un solo momento; c.- Tipo Penal de Acción: Porque describe un modelo de comportamiento comisivo; d.- Tipo Penal Cerrado ya que los supuestos de hecho están determinados con precisión, de tal forma que las conductas prohibidas se desprende con precisión del tipo penal; 3. Según el Sujeto Activo: a.- Unisubjetivo al describir una conducta que puede ser realizada con la concurrencia de un solo sujeto activo; b.- Tipo Penal Cualificado ya que exige que el sujeto activo tenga una condición especial o cualidad personal, como ser el poseedor legitimo del bien mueble; 4. Según el Bien Jurídico Tutelado: a.- Tipo Penal Mono ofensivo, al proteger un único bien jurídico, el cual es la Propiedad Privada de los bienes muebles; b.- Tipo Penal de lesión al significar un menoscabo del bien jurídico tutelado. De la Procedencia del Recurso. El Recurso es de Recibo. La Sala de lo Penal ha establecido que habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o de doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido una norma penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada para la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo. El recurso interpuesto obliga a respetar el relato de hechos probados en la sentencia recurrida, pues en estos casos se discuten problemas de aplicación de la norma jurídica y tales problemas han de plantearse y resolverse sobre unos hechos predeterminados, que han de ser fijados al efecto por el tribunal de instancia. El recurso de casación por infracción de ley se articula a partir de las precisiones fácticas que haya establecido el Tribunal de instancia, por no constituir una apelación ni una revisión de prueba. Se trata, en todo caso, de un recurso de carácter sustantivo penal cuyo objeto exclusivo es el enfoque jurídico que, a unos hechos dados, ya inalterables, se pretende aplicar, en discordancia con el sentenciador. La técnica de la casación penal exige que en los recursos de esta naturaleza, se guarde el más absoluto respeto a los hechos que se declaren probados en la sentencia recurrida, ya que el ámbito propio de este recurso queda limitado al control de juricidad, o sea, que lo único que en él se puede discutir es si la subsunción que de los hechos hubiese hecho el Tribunal de instancia en el precepto penal de derecho sustantivo aplicado es o no correcta jurídicamente, de modo que la tesis del recurrente no puede salirse del contenido del hecho probado. De acuerdo a lo previsto en el artículo 338 del Código Procesal Penal, la sentencia se construye como un silogismo, en que la premisa menor, está integrada por el relato de hechos probados, la mayor por los fundamentos de derecho, y la conclusión, por el fallo. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar, se invocan normas que no deben aplicarse, o se invocan las norma que deba aplicarse al caso concreto pero el juzgador hace una incorrecta interpretación de la misma. En el caso actual y concreto, el recurrente arguye que de los hechos probados de la sentencia, no se aprecia que el señor Erick Reichmann Baca, haya ejercido alguna acción encaminada de administrar, menos facultades para la gestión de bienes de los ofendidos, o que se haya descrito como verdad, un perjuicio alguno para ser considerados como víctimas; le asiste la razón al recurrente, pues, lo que acredita el fáctum de la sentencia impugnada, que el acusado Erick Reichmann Baca, obtuvo beneficios personales, no de las víctimas Ligia Baca Saravia y Robert Rowlett, sino de la sociedad denominada BRR inversiones S.A. de la cual el imputado Erick Reichmann Baca, era socio. De la simple lectura del extenso hecho declarado como probado por los juzgadores, es posible determinar como verdad incuestionable, que efectivamente la señora Ligia Baca Saravia emitió una serie de cheques a favor del acusado Erick Reichmann Baca y no de la sociedad mercantil; asimismo, en el apartado “sexto” del hecho probado, se señala que a finales de agosto del año 2003, la señora Ligia Baca Saravía, fue asesorada sobre la constitución de una sociedad mercantil que denominaria BRR Inversiones S.A. en la cual debía figurar como dueña y el acusado como administrador, sin embargo, la constitución de la sociedad si sucedió con la diferencia que los socios sería tanto el acusado Erick Reichmann Baca y su madre la señora Silvia Baca Saravia. Reitera la Sala de lo Penal, que del cuadro fáctico se puede deducir que la señora Ligia Baca Saravía emitió una serie de cheques en dolares americanos que en total ascienden a ciento cuatro mil ochocientos treinta y dos dólares américanos con seseita y seis centavos ($104,832.66) a favor del acusado Erick Reichmann Baca, quien efectuó pagos a la empresa GEO Comercial, sin determinar el hecho probado, si dicho pago fue realizado con un fin distinto al que originalmente se había dispuesto o que originalmente estaba proyectado; en igual condición, cuando el hecho probado “vigesimo” señala que el imputado Erick Reichmann Baca, obtuvo beneficios personales de la empresa BRR Inversiones S.A., en concepto de préstamos, compra de ganado a su nombre, compra de aportaciones en la empresa GAINSA, retiros bancarios; sin embargo, los juzgadores no fueron capaces de determinar como verdad inalterable, que esos beneficios fueron productos de la distracción ilegítima. Es así que la Sala de lo Penal tiene bien definido, que la calificación jurídica de los hechos para la selección y perfecto encaje del tipo penal aplicable, debe determinar de manera completa todos sus elementos objetivos y subjetivos, la fundabilidad del delito imputado, el grado de participación atribuido y las circunstancias modificativas estimadas como concurrentes. En el presente caso, el hecho probado de la sentencia redactado por la juzgadora de instancia, deja un vacío respecto a los elementos objetivos del tipo penal de apropiación indebida en concurso continuado imputado al señor Erick Reichmann Baca, porque no describe el fáctum, si los pagos a la empresa GEO Comercial, los beneficios personales adquridos, en concepto de préstamos, compra de ganado a su nombre, compra de aportaciones en la empresa GAINSA, retiros bancarios, fueron producto de una distracción ilegítima. El fáctum debe ineludiblemente establecer todas las circunstancias al conformar los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal y no puede ni debe suponerse o asumirse su concurrencia en perjuicio del acusado. En definitiva, la Sala de lo Penal concluye que el hecho probado de la sentencia, acreditado así por la juzgadora de instancia, es insuficiente para calificar la conducta como delito de apropiación indebida, y menos aún, en un concurso continuado, por lo que es atendible el reclamo interpuesto por el recurrente en su único motivo. Al haber prosperado el recurso de casación por infracción de ley en su único motivo; y, por los efectos jurídicos que conlleva su estimatoria, se exime el pronunciamiento respecto al recurso de casación por quebrantamiento de forma en cada uno de sus motivos. DECISIÓN. Ha Lugar al Recurso de Casación por Infracción de Ley en su único motivo. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 360 del Código Procesal Penal Falla: Primero: Declara Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su único motivo, interpuesto por el Abogado Tito Hernández Salgado, actuando en su condición de defensor privado del encausado Erick Reichmann Baca. Segundo: I.-Casa la sentencia de fecha treinta y uno de julio de dos mil dieciocho, dictada por el Tribunal de Sentencia de Choluteca, departamento de Choluteca, que contiene el pronunciamiento condenatorio en contra del señor Erick Reichmann Baca, a título de autor por el delito Apropiación Indebida Continuada, en perjuicio de los señores Ligia Baca Saravia y Robert Rowlett, revocando la misma. II.- Que Debemos Absolver y Absolvemos al señor Erick Reichmann Baca, a título de autor por el delito Apropiación Indebida Continuada, en perjuicio de los señores Ligia Baca Saravia y Robert Rowlett, revocándose como consecuencia todas las medidas cautelares impuestas en razón de dicha causa criminal, sin perjuicio de otra causas que pudiera tener pendientes. Y MANDA: A efecto de que se acate lo mandado, la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas en única instancia, deberá devolver los antecedentes del caso al tribunal de justicia de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento. NOTIFÍQUESE. - Firma y Sello. – Jose Olivio Rodriguez Vasquez. Magistrado Coordinador. Rafael Bustillo Romero. Magistrado. Miguel ALberto Pineda Valle. Magistrado - Firma y Sello. – Jose Ramon Cruz Ferrera. Secretario Sala de lo Penal.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintisiete días del mes de marzo de dos mil veintitrés. Certificación de Sentencia dictada el seis de febrero de dos mil veintitrés, recaída en el expediente de casación con número de ingreso SP-101-2021.
RINA KORITZA SANDOVAL NAVAS
RECEPTORA ADSCRITA SALA DE LO PENAL
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[1] Vid, sentencia de casación penal 174-2010, de 30 de julio de 2012.
[2] Vid. Muñoz Conde, Francisco, Derecho Penal Parte Especial, Tirant lo Blanch, Valencia, España, 2007, página. 441.
[3] Vid. Instrumento Público número 99 de Constitución de Sociedad autorizada por el notario Laureano Gutiérrez Falla
[4] La Sala de lo Penal también ha referido sobre la otra conducta criminosa contenida en el tipo penal -la distracción-que esta concurre cuando se "distrae el bien mueble a un fin distinto al que originalmente estaba proyectado y para lo cual le fue dado al sujeto pasivo siempre que el nuevo destino imposibilite la devolución de la cosa". (Lo cual tampoco concurre en el caso que nos ocupa). Vid, Sentencia de Casación S.P. 207-2011, de fecha 11 de junio de 2013.
[5] Vid. S.P. 207-2011 del 11 de junio del 2013.
[6] En ese sentido como bien se explica sobre la procedencia del recurso de casación por infracción de ley (aplicación indebida) en la sentencia de casación penal S.P. 350-2010, de fecha 19 de septiembre de 2012.
[7] Entendido en el contexto de su aclaración posterior, que no se cobró la cantidad que debía, sino que algo muy pequeño o simbólico.
[8] Vid página 24 párrafo segundo de la sentencia y pagina 39 acta del debate.
[9] Sentencias de casación penal 297-09, de 30 de noviembre de 2011; 125-2010 de 30 noviembre de 2011; 384-2009, de 17 de enero de 2013.
[10] precisamente la jurisprudencia de la Sala de lo Penal ha señalado sobre las máximas de la experiencia común, que son el antónimo de éstos los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realiza solo un grupo determinado de personas y que por tanto no tienen el carácter de común. Vid sentencia de casación penal S.P. 384-2009, de 17 de enero de 2013.
[11] Así lo establecen los artículos 122 y 332 CPP
[12] Vid página 24 de la sentencia.
[13] Vid página 12, párrafo tercero de la sentencia.
[14] Vid sentencia de casación penal S.P. 194-2009. de fecha 30 de noviembre del 2001; S.P. 297-09 de fecha 30 de noviembre del 2011, también en ese sentido la sentencia S.P. 360-09 de fecha 20 de octubre del 2011 y S.P. 385-09 de fecha 05 de abril del 2011.
[15] Talavera Elguera, Pablo, LA SENTENCIA PENAL EN EL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL Su estructura y motivación, Nevá Studio S.A.C, Cooperación Alemana al Desarrollo, Primera Edición, 2010, página. 53-60.
[16] De Diego Diez, Luis Alfredo. Código Procesal Penal Comentado Honduras, Agencia Española de Cooperación Internacional, Tegucigalpa, Honduras, Año 2000, Página. 549-555.
[17] Sentencia de casación penal S.P. 03-2011, de fecha 25 de abril de 2013.