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Sentencia CP-08-20 — Registro 16884

Resumen

Se declara con lugar el recurso de casación interpuesto por el Ministerio Público, contra la sentencia que absuelve al acusado por el delito de Facilitación de los Medios de Transporte para el Tráfico Ilícito de Drogas

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"...El recurso es de recibo. Según la denuncia de la recurrente, el Tribunal de instancia excluyó indebidamente los medios de prueba periciales siguientes: el Acta de Registro Personal, realizada por el policía penitenciario Arnol Vásquez y el Acta de Decomiso, realizada por el policía penitenciario del Centro Penal de Comayagua Santos Ramiro Sánchez Sánchez al acusado Carlos Humberto Nuñez Maldonado. La Sala de lo Penal, tras leer con detenimiento y analizar el discurso judicial contenido en la sentencia que se impugna vía casación, logra identificar la existencia del vicio que ha motivado a la Recurrente acudir a la única instancia; el a quo, haciendo mano de un criterio desatinado, procedió a excluir indebidamente un conjunto de medios de prueba por considerar que se realizó una actuación policial ilícita, cuando en realidad tal actuación se realizó dentro del canon de la ley. Debemos recalcar, como se ha señalado en el apartado anterior, que existe una obligación del Estado de brindar seguridad a toda persona nacional o extranjera que se encuentre dentro del territorio nacional; razón por la cual el legislador ha concedido la potestad a la autoridad policial a ejecutar actos, que si bien pueden significar restricciones a derechos fundamentales, se encuentran enteramente justificados en aras de cumplir con aquella obligación general, siempre que dichas actuaciones se realicen en estricto apego a lo reglado en la ley. Así entonces un agente de la policía incurriría en violación de sus deberes cuando omitiese cumplir con su función de prevenir actuaciones reñidas con la ley que aseguren la seguridad personal de los habitantes, tal y como se lo mandaba la otrora vigente Ley Orgánica de la Policía Nacional (Decreto 067-2008) en su artículo 22 y que ahora dispone la Ley Orgánica de la Secretaría de Estado en los Despachos de Seguridad Pública y de la Policía Nacional de Honduras (Decreto 018-2017), en su artículo 30. En el caso de mérito el Tribunal de Sentencia declaró como probado que, como a eso de las cinco de la mañana, del día miércoles veintiuno de junio del año dos mil diecisiete, personal penitenciario en compañía del Director del Centro Penal de la ciudad de Comayagua, Departamento de Comayagua, procedieron a realizar operativo de rutina al interior del recinto penitenciario y especialmente en la clasificación del hogar número uno, el agente penitenciario Santos Ramiro Sánchez, encontró un tenis color blanco con negro, marca Nike, el cual contenía en su interior quince envoltorios de papel bond hierba seca marihuana; posteriormente se practicó a Carlos Humberto Nuñez Maldonado registro y decomiso inobservando las formalidades legales para la realización del mismo. El Sentenciador plasmó y fundamentó su decisión de absolución, haciendo una relación del Código Procesal Penal, Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, Convención Americana Sobre Derechos Humanos y de la Constitución de la República. De conformidad al numeral 7 del artículo 166 del Código Procesal Penal, se trata de violación de los derechos y libertades fundamentales de la persona humana consagradas por la Constitución de la República y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos; Al existir esas violaciones a derecho fundamentales en ningún caso el acto que la produce es subsanable, pues de forma concluyente el artículo 200 del CPP, establece que carece de eficacia probatoria los actos o hechos que vulneren garantías procesales regulados en la Constitución de la República y los Convenios Internacionales relativo a Derechos Humanos y los que se deriven de estos actos. Los medios de prueba enumerados que debieron ser objeto de valoración (positiva o negativa) a la luz de la sana crítica a efecto de dar respuesta de fondo a las pretensiones que formularon las partes en la audiencia de debate fueron: 1. El Acta de Registro Personal practicada al señor Carlos Humberto Nuñez Maldonado; 2. El Acta de Decomiso practicada al señor Carlos Humberto Nuñez Maldonado; 3. Constancia emitida por el Alcaide del Centro Penitenciario de Comayagua. 4. Dictamen toxicológico número 2017-0801-0501-4898 ratificado por el perito forense Carmen Maria canales Chavarría. Evidencia Física. Declaración testifical de: Santos Ramiro Sánchez Sánchez y Jorge Armando Martinez Mendoza. La exclusión indebida de los medios de prueba provocó una falta de tutela judicial efectiva a las partes, pues la decisión de fondo contenida en la sentencia que ahora se conoce en casación, no se basa en todo el acervo probatorio ofertado y admitido. El artículo 84 de la Constitución de la República autoriza para que cualquier persona pueda detener al delincuente en flagrancia, a efecto de ponerlo de manera inmediata a la orden de la autoridad competente; entendiéndose que tal facultad legal es cuando nos encontramos ante los supuestos contenidos en los numerales 1 y 2 del artículo 175, tal y como lo dispone el artículo en mención, al hacer una diferencia en el proceder respecto a los dos primeros numerales en relación con los tres restantes (numerales 3, 4 y 5), en cuyos casos las detenciones solo podrán realizarlas agentes de policía y/o de investigación, es así que los señores Jueces de Sentencia en sus razonamientos solo tuvieron presentes los derechos exclusivamente del acusado Carlos Humberto Nuñez Maldonado. Por lo tanto, es procedente declarar ha lugar el recurso de casación por quebrantamiento de forma. ."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia recaída en el expediente del Recurso de Casación SP-08-2020, que literalmente dice: “Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticinco días del mes de septiembre del año dos mil veintitrés, el Pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Walter Raúl Miranda Sabio, en su calidad de Coordinador, Nelson Danilo Mairena Franco y Mario Rolando Díaz Flores, pronuncian En nombre del Estado de Honduras La siguiente sentencia en el Recurso de Casación SP-08-2020 por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha veintiuno de junio del año dos mil diecinueve, dictada por el Tribunal de Sentencia de Comayagua, Departamento de Comayagua, mediante la cual falló: Primero: Absolvió al señor Carlos Humberto Nuñez Maldonado, del delito de Facilitación de los Medios de Transporte para el Tráfico Ilícito de Drogas, en perjuicio de La Salud de la Población del Estado de Honduras. Segundo: Ordenó la revocación de la medida cautelar de prisión preventiva y se extiendan las cartas de libertad correspondientes. Tercero: No Procedió la condena en costas procesales, personales, ni por los gastos ocasionados por el juicio al señor Carlos Humberto Nuñez Maldonado; asimismo, no procedió declararle civilmente. SON PARTES: La Abogada Iris Beatriz Fonseca Matamoros, en su condición de fiscal del Ministerio Público, como parte recurrente; y los Abogados Luis Fernando Maradiaga y Waleska Grissel Castillo en su condición de defensores privados del señor Carlos Humberto Nuñez Maldonado, como parte recurrida. HECHOS PROBADOS: “Único: Como a eso de las cinco de la mañana (5:00 a.m.), del día miércoles veintiuno (21) de junio del año dos mil diecisiete (2017), personal penitenciario en compañía del Director del Centro Penal de la ciudad de Comayagua, Departamento de Comayagua, procedieron a realizar operativo de rutina al interior del recinto penitenciario y especialmente en la clasificación del hogar número I el agente penitenciario Santos Ramiro Sánchez, encontró un tenis color blanco con negro, mara Nike, el cual contenía en su interior quince (15) envoltorios de papel bond hierba seca marihuana; posteriormente se practicó a Carlos Humberto Nuñez Maldonado registro y decomiso inobservando las formalidades legales para la realización del mismo.“ RECURSO DE CASACION, MOTIVOS Y ARGUMENTOS La recurrente Abogada Ana Lizeth Vásquez Álvarez, en su condición de fiscal del Ministerio Público, procedió a formalizar su Recurso de Casación de la manera siguiente: “Exposición del Motivo de Casación. Primer Motivo: “Haber Excluido el Juzgador, Prueba de Valor Decisivo. Precepto Autorizante: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 362 numeral 2, del Código Procesal Penal. Explicación Del Motivo El Principio de Libertad Probatoria se basa precisamente, en que para demostrar los hechos y circunstancias relacionados con el delito, las partes intervinientes podrán utilizar cualquier medio probatorio. Previo a desarrollar el presente motivo, resulta de transcendencia explicar en qué consiste el vicio supra referido, en este sentido, la Sala de lo Penal a través de fallo de fecha 4 de Febrero del año 2013 (SP 90-2011), en relación a la exclusión de prueba de valor decisivo ha expresado lo siguiente: “ ... El motivo invocado resulta en concreto de dos hipótesis, el primero (exclusión de prueba) supone un rechazo expreso sin esperar las razones de esa decisión o bien se le considere ilícita sin serIo ...” posición que se encuentra respaldada por el fallo de fecha 27 de Enero del año 2011, recaído en el recurso de Casación Penal S. P No 322-2009. (Lo resaltado es nuestro). El artículo 202 del Código Procesal Penal establece que: “las pruebas serán valoradas con arreglo a la Sana Critica. El Órgano Jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida”. (Lo resaltado es agregado), aspecto que se reafirma con la obligación de fundamentación contenida en la regla cuarta, numeral 2 de articulo 338, simple de la norma supra referida, por el cual los jueces deben expresar las pruebas valoradas para dar por acreditado los hechos, en consecuencia, no les es permitido omitir o excluir arbitrariamente la valoración de la prueba decisiva en la resolución del caso. Al examinar la sentencia censurada, se concluye claramente que el Tribunal de Sentencia recurrido excluyó prueba de valor decisivo, consistente en Acta de Registro Personal realizada por el policía Penitenciario Arnol Vasquez y el Acta de Decomiso realizada por el policía penitenciario del Centro Penal de Comayagua Santos Ramiro Sanchez Sanchez al encausado Carlos Humberto Nuñez Maldonado; pues consideró que: “Las actas de Registro Personal y Decomiso practicadas al imputado adolecen de las formalidades exigidas por la norma adjetiva, puesto que las personas que la practican son policías penitenciarios según rezan las declaraciones de cargo... siendo así que solo la Policía Preventiva es la legitimada o facultada para la práctica de dicha diligencia, por lo que dicha práctica es totalmente contradictoria a lo que dispone la norma pues estos (policías penitenciario) no son los entes encargados para la práctica de la misma”. Razonamiento que produjo como consecuencia, el fallo absolutorio a favor del acusado. De allí que el Tribunal Sentenciador aI excluir de valor probatorio a las actas de Decomiso y Registro antes descritas ha efectuado una apreciación arbitraria e inconsistente pues las diligencias realizadas y contenidas en dichas actas son lícita por estar dentro de las facultades otorgadas por la Ley del Sistema Penitenciario y su Reglamento, por haber realizado el procedimiento establecido en el Reglamento del Sistema Penitenciario, y en base a ello, el policía Santos Ramiro Sanchez Sanchez y Arnol Vasquez estaba facultado por la ley para realizar tales actuaciones; mismas que pone en conocimiento del Director del Centro Penal de Comayagua, quien elaboró el informe correspondiente y remitió la evidencia al Director Policial de Investigación (DPI), a efecto de que se realizaran las investigaciones respectivas y remitió el informe de investigación al Ministerio Público. Sobre esta apreciación del juzgador traeremos a colación la Ley del Sistema Penitenciario, la que establece las atribuciones del Instituto Penitenciario; para ello el artículo 8 numeral 20, publicado en el Diario Oficial la Gaceta en fecha 3 de diciembre del 2012, establece entre otras atribuciones:“Comunicar a las autoridades correspondientes, por medio de sus funcionarios, la comisión de delitos que ocurran en las instituciones penitenciarias”; el artículo 65 de la referida ley establece: “que se prohíbe el consumo, trasiego, distribución y venta de bebidas alcohólicas, drogas, sustancias estupefacientes o psicotrópicas . . . ” Por otra parte el Reglamento de la Ley del Sistema Penitenciario, publicado en el Diario Oficial la Gaceta en fecha 12 de Marzo del 2015 específicamente en el artículo 29: establece entre otras funciones de los establecimientos Penitenciarios: 1) La Administración, Custodia y registro de las personas internas sean procesadas o sentenciadas, garantizándoles el respeto a los derechos humanos 2)...; el artículo 36 numeral cuatro establece entre otras atribuciones del Jefe de la Sección de Seguridad: Coordinar la ejecución de los registros y requisas que se realicen a las personas que ingresen al establecimiento, a la personas internas y a las instalaciones físicas de uso común. El artículo 59 establece que la seguridad penitenciaria en el régimen de máxima seguridad es responsabilidad del Director del Establecimiento, de los miembros de la seguridad penitenciaria, de personal técnico y administrativo. El artículo 60 en su numeral nueve establece que una de las normas de seguridad es que: En forma periódica y no programada debe realizarse requisas y revisiones minuciosas en cada celda y su patio, lugares de visita y cualquier otro espacio donde asistan las personas internas; el artículo 210 establece que la requisa puede consistir en la revisión visual o por palpamientos, que se realizan sobre la vestimenta, aflojamientos de ropa, desprendimiento de prendas exteriores, que se hace del visitante, personas internas y personal penitenciario; y finalmente el artículo 215 establece el procedimiento inicial para la requisa, el cual establece que: “... se le solicitará al visitante o persona interna o al personal penitenciario, declarar si tiene consigo o en su cuerpo, objetos ilícitos, prohibidos y, en el caso de portarlos, se le instará a entregarlos al empleado o funcionario correspondiente. En caso de que se porten objetos ilícitos y sean entregados o detectados, el empleado o funcionario deberá decomisarlos, formular el informe correspondiente y poner de inmediato el asunto en conocimiento del Superior de la Seguridad Penitenciaria del Establecimiento, quien junto al empleado o funcionario mencionado elaborara el acta de decomiso con las formalidades que para la denuncia exige el Código Procesal Penal y trasladara el asunto al Director (a) del Establecimiento, informando al Jefe (a) del Departamento de Seguridad y Orden y al Director (a) Nacional. El Director del Establecimiento en su caso, comunicará de inmediato a la Dirección Nacional de Investigación Criminal y al Ministerio Público, poniendo a la orden, al portador junto con el acta de decomiso y el informe... ”. Por lo antes expuesto también de acuerdo a lo establecido en la Norma procesal el testigo de cargo Santos Ramiro Sanchez Sanchez como miembro del Centro Penal de Comayagua y como policía Penitenciario estaba facultado para llevar a cabo tales actuaciones preliminares como registros personales y decomiso, razón por lo cual, se evidencia el vicio en la sentencia al considerar el juzqador como prueba prohibida o ilícita las actuaciones del señor Santos Ramiro Sanchez Sanchez Y Arnol Vasquez ya que, tal como lo referirnos anteriormente la Ley del Sistema Penitenciario y su Reglamento faculta a dichos funcionarios a realizar dichas acciones, reforzando su actuar en el sentido de que una vez, que realizó las primeras diligencias investigativas remitió el caso al Director del Centro Penal y éste a su vez, lo remitió a la Dirección Policial de Investigación, para que realizaran las investigaciones correspondientes al caso. Es en base a la facultad que le da la ley a los policías penitenciarios, Consideramos que la conclusión a que llegó el juzgador es errada ya que las dos actas que han sido excluidas no son ilícitas o prohibidas, puesto que dichos documentos en primer lugar fueron levantados por una persona que en el momento que sucedieron los hechos era policía Penitenciario de la Penitenciaria de Comayagua, quien de acuerdo a la Ley del Sistema Penitenciario y a su Reglamento estaba facultado para realizar las acciones antes referidas. Es importante señalar, como antes lo referimos que entre otras funciones de los establecimientos Penitenciarios: está el registros y requisas minuciosas que se realicen a las a la personas internas de manera periódica y no programada en su patio, En caso de que se porten obietos ilícitos el empleado o funcionario deberá decomisarlos, formular el informe correspondiente y poner de inmediato el asunto en conocimiento del Superior de la Seguridad Penitenciaria del Establecimiento, quien junto al empleado o funcionario mencionado elaborara el acta de decomiso con las formalidades que para la denuncia exige el Código Procesal Penal y trasladara el asunto al Director (a) del Establecimiento, informando al Jefe (a) del Departamento de Seguridad y Orden y al Director (a) Nacional. El Director del Establecimiento en su caso, comunicará de inmediato a la Dirección Nacional de Investigación Criminal y al Ministerio Público, poniendo a la orden, al portador junto con el acta de decomiso y el informe, es por ello, que en el caso in examine el señor Arnol Vasquez estaba facultado a realizar el registro a la persona privada de la libertad y, Santos Ramiro Sanchez Sanchez el decomiso de la evidencia u objetos ilícitos que en este caso, se trataba de droga en una cantidad no compatible para consumo, por ende los agentes de policías Penitenciarios, como consecuencia actuó amparado el artículo 215 del Reglamento de la Ley del Sistema Penitenciario Nacional, sin lesionar garantías constitucionales, pues reiteramos, que el entonces Policía Penitenciario dispuso realizar el registro en la bartolina donde estaba asignado y donde fue encontrado hierba seca marihuana en un tenis color blanco y negro marca Niké propiedad del acusado, pues este lo reclamo como suyo, procediendo al decomiso de la hierba de la marihuana consistente en quince (15) envoltorios de papel conteniendo hierba seca, en una cantidad de 9,4 gr. procediendo a ponerlo a la orden de la DPI Y Ministerio Publico para su enjuiciamiento. Apreciándose de esta manera que los policía Penitenciarios, sí estaba facultado para realizar el Registro Personal y el Decomiso de piezas de convicción para continuar posteriormente con el procedimiento que la ley establece tal y como se realizó. De todo lo anterior se colige que toda su actuación y como consecuencia las actas, son lícitas y no prohibidas, ya que la documentación considerada por el juzgador como prueba prohibida, contiene los requerimientos mínimos para considerarla válida y concederle valor probatorio, como ser la fecha en que se efectuó la misma, el lugar, día en que se realizó, la persona a quien se le practicó y la persona que participó en la misma. Por lo que de acuerdo al artículo 132 CPP, el Acta de Registro Personal y el Acta de Decomiso cuentan con los requisitos mínimos para su validez ya que en ella encontramos el nombre de la persona que realizó el registro y el decomiso, la fecha, el lugar, la hora, el nombre de la persona a quien se le decomisa y la descripción de lo decomisado; tomemos en cuenta que dicha acta es evidente que son formatos preestablecidos que las instituciones encargadas de la investigación entregan a sus agentes y éstos lo que hacen es llenar el formato con los requerimiento ahí señalados.La práctica de la mencionada diligencia de detención, constituye parte de una actuación de los policía Penitenciarios tendiente a constatar la comisión de un delito, en tanto que la ley procesal permite a las autoridades de Policía Nacional, el Ministerio Público u otra autoridad competente llevar a cabo tales actuaciones preliminares como inspecciones, registro de automóviles, registros personales, y demás para asegurar en su caso, la custodia de lugares de comisión de delitos, buscar señales, huellas, rastros, o efectos materiales que tengan relación directa o indirecta con la comisión del delito, orientadas a recoger y conservar los elementos probatorios útiles para el esclarecimiento de la verdad, dejando constancia de todo lo actuado en las actas que se levanten al efecto, así lo ha dejado establecido la Sala de lo Penal, al haberse pronunciado de la manera siguiente:” Esta Sala de lo Penal, observa que en el presente caso, las Actas de: Inspección ocular de la Policía Nacional (folio No. 24), Acta de Decomiso de los monitores plasma, folio No. 26-, y el Acta de Decomiso de la Pistola de Impacto –folio No. 27- constituyen lo que la legislación procesal penal nacional denomina “Actuaciones de ejecución inmediata para la constatación del delito”, es decir diligencias de investigación a cargo de la Policía Nacional a efecto de documentar sus actuaciones en los primeros momentos de la investigación de un hecho criminoso... Esta Sala estima que con la práctica de las mencionadas diligencias preliminares de investigación policial, para constatar la comisión del delito, no se ha infringido el derecho de defensa de la encausada B. L. P., en tanto que la ley procesal permite a las autoridades de Policía y de del Ministerio Público llevar a cabo tales actuaciones preliminares como inspecciones, registro de automóviles, registros personales, y demás para asegurar en su caso, la custodia de lugares de comisión de delitos, buscar señales, huellas, rastros, o efectos materiales que tengan relación directa o indirecta con la comisión del delito, orientadas a recoger y conservar los elementos probatorios útiles para el esclarecimiento de la verdad, dejando constancia de todo lo actuado en las actas que se levanten al efecto ...” En virtud de lo anteriormente expuesto, considera este ente fiscal, que la diligencia de práctica de Registro de personal y Decomiso al acusado se encuentra apegada a la ley, por ende, el A quo tuvo que otorgarle valor probatorio a las mismas y no excluirlas del acervo fáctico, como de manera arbitraria lo hizo, en vista que con valoraciones intelectivas como las ya relacionadas, se quebranta el ordenamiento jurídico citado, y que de aceptar lo estipulado por el Tribunal de Sentencia sobre los registros practicados, se estaría abriendo una brecha enorme que contribuiría a la Impunidad e iría en detrimento absoluto de lo que preceptúa con absoluta claridad a las funciones de señor Santos Ramiro Sanchez Sanchez policías Penitenciarios del Centro Penal de Comayagua, éste amparado en la Leyes del Sistema Penitenciario y su reglamento y que debió conducir a conclusiones distintas de las que extrajo el Tribunal, como ser una sentencia Condenatoria por el delito de Facilitación De Local para El Tráfico Ilícito De Drogas. Por haberse producido el vicio in procedendo denunciado en el presente motivo, en el mismo acto de sentenciar, no ha podido efectuarse reclamación alguna para la subsanación del vicio.” FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Establece el artículo 362 del Código Procesal Penal que el recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de algunos de los vicios siguientes: 1. Que falte la declaración de los hechos que el tribunal estime aprobados, que tal declaración no sea clara y terminante o que sea contradictoria. 2. Que se base en medios o elementos probatorios no incorporados legalmente al juicio o incorporados por su lectura en violación de las normas contenidas en el Título IV del Libro Segundo de este Código o excluya o deje de considerar alguna prueba de valor decisivo. 3. Que carezca de motivaciones fácticas o jurídicas, que dichas motivaciones sean insuficientes o contradictorias o sí en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica; 4. Que en la parte resolutiva se omitan elementos esenciales, tales como la individualización precisa del imputado, la resolución de todas las cuestiones debatidas y la determinación exacta de la pena en caso de condena; 5. La inobservancia de las reglas establecidas en el presente Código para la realización del juicio oral y público; 6. La incongruencia entre la sentencia y las pretensiones de las partes según el artículo 337; 7. Que falte la firma de alguno de los miembros del Tribunal de Sentencia salvo los casos previstos en el artículo 145. Es así como la ley procesal vigente, refleja que el proceso penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivado del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. Si no se cumple con los requisitos establecidos por la ley procesal y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo. El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley. Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Interpuesto por el Ministerio Público. Único Motivo. Norma autorizante: Artículo 362 numeral 2 del Código Procesal Penal; Norma sustantiva que se denuncia infringida: Artículo 362 numeral 2 del Código Procesal Penal; Concepto de la infracción: Haber excluido el juzgador, prueba de valor decisivo; Reclamación Ex Ante: Se produce en el acto mismo de sentenciar; Pretensión: que se declare ha lugar. Establece la recurrente, que al examinar la sentencia se concluye claramente que el Tribunal de Sentencia recurrido excluyó prueba de valor decisivo, consistente en el Acta de Registro Personal, realizada por el policía penitenciario Arnol Vásquez y el Acta de Decomiso, realizada por el policía penitenciario del Centro Penal de Comayagua Santos Ramiro Sánchez Sánchez al acusado Carlos Humberto Nuñez Maldonado; pues consideró que: "Las actas de Registro Personal y Decomiso practicadas al imputado adolecen de las formalidades exigidas por la norma adjetiva, puesto que las personas que la practican son policías penitenciarios, razonamiento que produjo como consecuencia, el fallo absolutorio a favor del acusado. De la Exclusión y Falta de Consideración de Prueba con Valor Decisivo Es importante recordar que el proceso penal es una concatenación de actos interrelacionados entre sí, que tienen como objetivo propiciar un escenario donde el Tribunal de Sentencia, pueda pronunciarse sobre el fondo debatido en estricto respeto del principio de legalidad y del debido proceso. Entre esos actos está el proceso probatorio que va desde la proposición, pasando por la reproducción y finalizando con la valoración de los distintos medios de prueba; Éste proceso inicia con la celebración de la audiencia de proposición de medios de prueba (Art. 317 del CPP), donde las partes podrán proponer los medios de prueba que tengan a bien, siendo estos admitidos cuando superen los requisitos de admisibilidad establecidos en la ley (Art. 199 del CPP), seguidamente se celebra la audiencia de juicio en donde solo se deben reproducir los medios de prueba que hayan sido previamente admitidos en la audiencia de proposición de medios de prueba (primera parte del Art. 333 del CPP) y, como excepción, en la etapa de incidentes del debate (Art. 320 del CPP) o como auto para mejor proveer (segunda parte del Art. 333 del CPP) y finalmente como resultante del debate, el Tribunal dictará sentencia en donde la totalidad de la prueba reproducida debe ser motivada descriptiva e intelectivamente (Art. 202 y 338.2 del CPP), sin que se pueda considerar otra prueba distinta o dejar de considerar la que formó parte del proceso. Así las cosas, constituye actividad procesal defectuosa cuando el Tribunal de Sentencia irrespete el proceso probatorio, siendo uno de estos vicios el dispuesto por el Artículo 362.2 del Código Procesal Penal que reprocha cuando la sentencia “excluya o deje de considerar alguna prueba de valor decisivo”; La exclusión de prueba es distinta a la falta de consideración, de este modo: a. Existe indebida exclusión de prueba cuando habiéndose admitido un medio de prueba y reproducido en la audiencia de debate conforme a las reglas procesales, el órgano juzgador en su sentencia, sin dar a conocer ningún razonamiento, le niega valor alguno al medio de prueba, es decir, hace mención del medio de prueba pero no externa si el mismo merece crédito o por el contrario carece de fiabilidad; otra forma de exclusión indebida de un medio de prueba es cuando el Tribunal de Sentencia haciendo una incorrecta aplicación o interpretación de la ley, refuta a un medio de prueba como ilícito o no apreciable por falta de cadena de custodia, descartándolo del proceso de valoración, en otras palabras, negándole valor alguno como consecuencia de un desatinado criterio jurídico. b. Existe falta de consideración de prueba, cuando a pesar de haber sido admitida durante la etapa de juicio y reproducida en la audiencia de debate, el órgano juzgador no hace alusión alguna sobre ésta, es decir que no existe ninguna mención al medio de prueba en su sentencia. - No se trata pues de un vicio sobre el proceso de valoración del medio de prueba, sino sobre la expulsión del medio de prueba del acervo probatorio. La norma procesal además exige para la configuración del vicio que el medio de prueba excluido o dejado de considerar posea un valor decisivo en la emisión del fallo, cuya evaluación en Casación se efectúa conforme al método la Inclusión Hipotética, que consiste en agregar el medio de prueba excluido o no considerado a la ecuación valorativa, de modo de constatar si con la aportación de los datos de ese medio de prueba el fallo se hubiese afectado en alguno de sus pronunciamientos, de ser así el medio de prueba es de carácter decisivo, por el contrario aun cuando la exclusión o la falta de consideración sea indebida, si su inclusión hipotética no se traduce en la modificación de algunos de los pronunciamientos del fallo, equivale a que el mismo no es de valor decisivo, no dando paso al vicio in procedendo previsto en el artículo 362.2 del Código Procesal Penal. De los Registros Personal/Corporales El registro personal/corporal es un acto de investigación, con o sin control jurisdiccional consistente en auscultar a una persona para verificar si lleva en su cuerpo, en sus ropas o pertenencias algún objeto de tenencia ilícita o relacionado con un delito en particular. Sin duda al registro corporal/personal constituye una limitación a principios constitucionales básicos como el de la libertad y la intimidad, justificable en casos específicos en pro de la seguridad colectiva, empero también puede significar la violación del derecho básico a la dignidad humana cuando es realizado con abuso por parte de la autoridad actuante, por ello se encuentran tanto en la Ley de Policía y Convivencia Social como en el Código Procesal Penal regulaciones específicas y estrictas para su práctica.- Existen dos clases de registro: 1) El registro personal o cacheo; 2) Registro Corporal. 1) El Registro Personal Procedimiento mediante el cual se palpa por encima de las ropas a una persona, sin comprometer zonas púdicas, en busca de objetos prohibidos o relacionados con el delito. Este registro personal se practica sin control fiscal ni jurisdiccional, con o sin consentimiento de la persona: a. Existe consentimiento cuando la persona expresamente manifiesta su aquiescencia para que se le haga dicho registro, o tácitamente cuando consciente y voluntariamente se coloca en una situación en donde será objeto de registro, como por ejemplo al ingresar a un centro deportivo o a un concierto; b. El Registro se realizará sin el consentimiento cuando la autoridad pública, basado en un fundamento razonable que descanse en la licitud, requiere a una persona para la realización del registro. Sin duda alguna en esta clase de registros personales, hecho en contra de la voluntad de la persona, la libertad ambulatoria puede resultar momentáneamente restringida pues el individuo debe someterse a las indicaciones policiales respecto al registro, justificables en pro de la seguridad pública, lo que obliga a toda persona a someterse al derecho de policía ejercido por los agentes; Entiéndase que tal sometimiento no constituye privación de la libertad, sino un mero constreñimiento provisional durante el tiempo indispensable para que la autoridad realice el control de seguridad. Recordemos que mediante artículo 61 de la Constitución de la República el Estado de Honduras se compromete a garantizar la seguridad personal de los nacionales y extranjeros que se encuentren dentro del territorio nacional; Tal seguridad en parte se logra garantizar mediante el derecho policial y el derecho penal, siendo parte del primero la ejecución de medidas preventivas que si bien pueden causar molestia y hasta restricciones momentáneas a ciertos derechos, ello es admisible constitucionalmente en aras de la salvaguarda de la exigencia de seguridad pública; Sobre esto Chávez (Chávez, Orlan Arturo, en Derechos Fundamentales y la Investigación Criminal, Editorial O.I.M., Honduras, 2011), explica que “… como todo derecho es necesario que tenga limitaciones para salvaguardar otros derechos de la misma naturaleza y hallar el equilibrio o la tensión entre el bien protegido y el que aparece como limitado.”. Entre las acciones preventivas están la potestad de la policía de exigir a toda persona mayor de edad se identifique plenamente mediante un documento oficial, pudiendo la autoridad policial conducirle a su casa o a la oficina estatal más cercana para efectos de proceder a la debida identificación (Art. 45 Ley de Policía y Convivencia Social). También la policía nacional puede “[…] establecer controles en las vías, lugares o establecimiento públicos, […], al objeto de este proceder a la identificación de las personas que transiten o se encuentren en ellos, al registro de los vehículos y al control superficial de los efectos personales con el fin de comprobar que no se portan sustancias o instrumentos prohibidos o peligrosos. […].” (Art. 55 Ley de Policía y Convivencia Ciudadana). En específico la practicar registro personal In Situ, deberá realizarse cuando concurran las siguientes circunstancias (Art. 206 CPP): *.- Existencia de un fundamento razonable que aconseje la necesidad a la autoridad policial de realizar dicho registro derivado de la sospecha que se tenga de que una persona lleva en su cuerpo, en sus ropas o pertenencias, objetos, señales o vestigios relacionados con un delito; tal fundamento razonable puede desprenderse de la forma como se conduce una persona en vía pública, del lugar específico donde se encuentre al tratarse de una zona en donde con recurrencia se den actos delictivos, de la proximidad de la persona al lugar en donde se ha cometido un delito, u otra circunstancia análoga; **.- El Registro sea realizado bajo el procedimiento legal y con estricto respeto de la dignidad humana. La policía, primero debe informar a la persona sobre la necesidad de realizar el registro y en los casos en que se tenga sospecha preexistente de que éste porta un objeto ilícito o relacionado con el delito se le invitará para que haga entrega de él, invitación que claramente no puede realizarse cuando el registro se realice como un acto de control de seguridad espontáneo. El registro personal se practicará por encima de las ropas evitando palpar zonas corporales que afecten el pudor, por personal del mismo sexo que el sujeto a registro y en su caso por persona del mismo género que sea designada por la autoridad policial en el momento, lo que puede ocurrir cuando en el operativo policial solo se encuentren agentes del sexo masculino y exista la necesidad de realizar registro a una persona del sexo femenino, por lo que el agente policial de mayor rango podrá designar a otra persona femenina civil para que haga la palpación. Este tipo de registro podrá realizarse por la Policía Nacional Preventiva en vía pública y sin orden judicial, debiendo presenciar la diligencia dos testigos (personas no relacionadas con la agencia policial) cuando pudiesen ser habidos sin demora. De todo lo actuado se levantará acta, la que firmaran las personas que hayan intervenido. 2) El Registro Corporal Se realizará cuando se sospeche que la persona porta consigo objetos de tenencia ilícita o relacionados con el delito en partes del cuerpo que afecten el pudor. Esta diligencia se llevará a cabo en un lugar reservado, por persona del mismo sexo y con presencia de alguien de confianza del que será registrado, siempre que pueda ser habida sin demora. Cuando el registro afecte directamente zonas corporales intimas que requieran experticia, el registro deberá ser realizado por un médico o personal sanitario capacitado. Para la práctica de este tipo de registros es necesario orden judicial, sin perjuicio de que pueda ser dispuesta por el Ministerio Público, por razones de urgencia, debiendo solicitar su convalidación judicial en forma inmediata. Solo le es permitido a la Policía Nacional Preventiva la práctica de este tipo de registros sin orden fiscal o judicial, cuando se tenga conocimiento cierto de que la persona esconde algún objeto que pueda ser utilizado en forma ofensiva contra la autoridad, contra terceras personas o contra la vida de la propia persona sospechosa; sin embargo, siempre deberá ser practicado por una persona del mismo sexo y, en la medida de lo posible, en un lugar reservado o alejado de la vista pública. Los Agentes de Policía, además, deberán solicitar la convalidación judicial en forma inmediata, por conducto del Ministerio Público. Tanto en los registros personales como, y especialmente, en los registros corporales, la autoridad estatal encargada deberá velar por el estricto respeto a la dignidad humana.- Recuérdese que “La libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana” (Preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos); la dignidad humana es el primer valor a tener en cuenta cuando se estudia a la persona, por derivar de sus más íntimos y específicos componentes de racionalidad y libertad; desde una perspectiva iusnaturalista la persona humana es un individuo físico, indiviso, único y distinto de sus pares (Principio de Individualidad), que con su inteligencia toma conciencia de sí y accede al conocimiento del ser del mundo circundante, produciéndose su apetito de mejorarse a sí mismo y de buscar condiciones tangibles e intangibles que le ayuden a alcanzar esa meta, para ello debe gozar de una autonomía para escoger los medios que le permitan la obtención de esos fines naturales, esa autonomía es punto de convergencia de derechos y deberes para con otras personas humanas que buscan el mismo objetivo y que por tanto merece un respeto mutuo. La dignidad humana es el valor de la persona humana por su carácter autónoma, individual y racional, el que debe ser reconocido y respetado recíprocamente entre los seres humanos, quienes además deben tolerar, aceptar y valorar las diferencias entre ellos; Hurtas Martín (Huertas Martin, Isabel, El sujeto pasivo del Proceso Penal como objeto de la prueba, Primera Edición, Editorial BOSCH, Barcelona-España, 1999. Pág. 374), al referirse al principio de la dignidad, dice: "…la dignidad ha de permanecer inalterada, cualquiera que sea la situación en que la persona se encuentre, constituyendo en consecuencia un mínimum invulnerable que todo estatuto jurídico debe asegurar, de modo que las limitaciones que se impongan en el disfrute de los derechos individuales no conlleven un menosprecio para la estima, que en cuanto ser humano, merece la persona". La dignidad humana se le considera como un límite al Estado, para ordenar cualquier medida que implique la restricción de un derecho fundamental; al ser la base del sistema, este principio no puede verse vulnerado por ningún acto de investigación que se lleve a cabo dentro del proceso, debe tenerse entonces como límite infranqueable. Este principio es de carácter absoluto y no admite excepciones, reconocido en el artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 11.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, 59 y 63 de la Constitución de la República. De la procedencia del Recurso de Casación Por Quebrantamiento de Forma en su único motivo. El recurso es de recibo. Según la denuncia de la recurrente, el Tribunal de instancia excluyó indebidamente los medios de prueba periciales siguientes: el Acta de Registro Personal, realizada por el policía penitenciario Arnol Vásquez y el Acta de Decomiso, realizada por el policía penitenciario del Centro Penal de Comayagua Santos Ramiro Sánchez Sánchez al acusado Carlos Humberto Nuñez Maldonado. La Sala de lo Penal, tras leer con detenimiento y analizar el discurso judicial contenido en la sentencia que se impugna vía casación, logra identificar la existencia del vicio que ha motivado a la Recurrente acudir a la única instancia; el a quo, haciendo mano de un criterio desatinado, procedió a excluir indebidamente un conjunto de medios de prueba por considerar que se realizó una actuación policial ilícita, cuando en realidad tal actuación se realizó dentro del canon de la ley. Debemos recalcar, como se ha señalado en el apartado anterior, que existe una obligación del Estado de brindar seguridad a toda persona nacional o extranjera que se encuentre dentro del territorio nacional; razón por la cual el legislador ha concedido la potestad a la autoridad policial a ejecutar actos, que si bien pueden significar restricciones a derechos fundamentales, se encuentran enteramente justificados en aras de cumplir con aquella obligación general, siempre que dichas actuaciones se realicen en estricto apego a lo reglado en la ley. Así entonces un agente de la policía incurriría en violación de sus deberes cuando omitiese cumplir con su función de prevenir actuaciones reñidas con la ley que aseguren la seguridad personal de los habitantes, tal y como se lo mandaba la otrora vigente Ley Orgánica de la Policía Nacional (Decreto 067-2008) en su artículo 22 y que ahora dispone la Ley Orgánica de la Secretaría de Estado en los Despachos de Seguridad Pública y de la Policía Nacional de Honduras (Decreto 018-2017), en su artículo 30. En el caso de mérito el Tribunal de Sentencia declaró como probado que, como a eso de las cinco de la mañana, del día miércoles veintiuno de junio del año dos mil diecisiete, personal penitenciario en compañía del Director del Centro Penal de la ciudad de Comayagua, Departamento de Comayagua, procedieron a realizar operativo de rutina al interior del recinto penitenciario y especialmente en la clasificación del hogar número uno, el agente penitenciario Santos Ramiro Sánchez, encontró un tenis color blanco con negro, marca Nike, el cual contenía en su interior quince envoltorios de papel bond hierba seca marihuana; posteriormente se practicó a Carlos Humberto Nuñez Maldonado registro y decomiso inobservando las formalidades legales para la realización del mismo. El Sentenciador plasmó y fundamentó su decisión de absolución, haciendo una relación del Código Procesal Penal, Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, Convención Americana Sobre Derechos Humanos y de la Constitución de la República. De conformidad al numeral 7 del artículo 166 del Código Procesal Penal, se trata de violación de los derechos y libertades fundamentales de la persona humana consagradas por la Constitución de la República y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos; Al existir esas violaciones a derecho fundamentales en ningún caso el acto que la produce es subsanable, pues de forma concluyente el artículo 200 del CPP, establece que carece de eficacia probatoria los actos o hechos que vulneren garantías procesales regulados en la Constitución de la República y los Convenios Internacionales relativo a Derechos Humanos y los que se deriven de estos actos. Los medios de prueba enumerados que debieron ser objeto de valoración (positiva o negativa) a la luz de la sana crítica a efecto de dar respuesta de fondo a las pretensiones que formularon las partes en la audiencia de debate fueron: 1. El Acta de Registro Personal practicada al señor Carlos Humberto Nuñez Maldonado; 2. El Acta de Decomiso practicada al señor Carlos Humberto Nuñez Maldonado; 3. Constancia emitida por el Alcaide del Centro Penitenciario de Comayagua. 4. Dictamen toxicológico número 2017-0801-0501-4898 ratificado por el perito forense Carmen Maria canales Chavarría. Evidencia Física. Declaración testifical de: Santos Ramiro Sánchez Sánchez y Jorge Armando Martinez Mendoza. La exclusión indebida de los medios de prueba provocó una falta de tutela judicial efectiva a las partes, pues la decisión de fondo contenida en la sentencia que ahora se conoce en casación, no se basa en todo el acervo probatorio ofertado y admitido. El artículo 84 de la Constitución de la República autoriza para que cualquier persona pueda detener al delincuente en flagrancia, a efecto de ponerlo de manera inmediata a la orden de la autoridad competente; entendiéndose que tal facultad legal es cuando nos encontramos ante los supuestos contenidos en los numerales 1 y 2 del artículo 175, tal y como lo dispone el artículo en mención, al hacer una diferencia en el proceder respecto a los dos primeros numerales en relación con los tres restantes (numerales 3, 4 y 5), en cuyos casos las detenciones solo podrán realizarlas agentes de policía y/o de investigación, es así que los señores Jueces de Sentencia en sus razonamientos solo tuvieron presentes los derechos exclusivamente del acusado Carlos Humberto Nuñez Maldonado. Por lo tanto, es procedente declarar ha lugar el recurso de casación por quebrantamiento de forma. DECISION Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo, interpuesto por el Ministerio Público. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 362 numeral 3 del Código Procesal Penal Falla: Primero: Declara Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, en su único motivo, interpuesto por el Ministerio Público.- Segundo: Casa la sentencia de fecha veintiuno de junio de dos mil diecinueve (f. 84), dictada por el Tribunal de Sentencia de la ciudad de Comayagua, Departamento de Comayagua. (f.74), en consecuencia se decreta su nulidad absoluta, así como también de la audiencia de debate que le origina, celebrada en fecha nueve de abril del mismo año (f.74).- Y Manda: Primero: Observando los plazos legales previstos en el Código Procesal Penal, que el Tribunal de Sentencia de la ciudad de Comayagua, proceda a celebrar nueva audiencia de debate y emitir nueva sentencia en la cual se resuelva la acción penal interpuesta contra el Señor Carlos Humberto Nuñez Maldonado, por suponerlo responsable a título de autor del delito de Facilitación de los Medios de Transporte para el Tráfico Ilícito de Drogas, en perjuicio de La Salud de la Población del Estado de Honduras; audiencia de debate y sentencia en las que deberán participar jueces distintos a aquellos que emitieron la sentencia de fecha veintiuno de junio de dos mil diecinueve (2019).- Segundo: Que la Secretaría del despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal colegiado de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. Redactado por el Magistrado Walter Raúl Miranda Sabio. Notifíquese. - Firmas y Sello. – Walter Raúl Miranda Sabio Magistrado Coordinador. Nelson Danilo Mairena Franco. Magistrado. Mario Rolando Diaz Flores. Magistrado. - Firma y Sello. Rina Koritza Sandoval Navas. Receptora Adscrita. Sala de lo Penal.”Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los trece días del mes de noviembre de dos mil veintitrés. Certificación de la Sentencia dictada a los veinticinco días del mes de septiembre de dos mil veintitrés, recaída en el expediente de casación con número de ingreso SP-08-2020.RINA KORITZA SANDOVAL NAVASRECEPTORA ADSCRITA SALA DE LO PENAL