Sentencia CP-75-19 — Registro 17356
Resumen
En primer instancia se condena al imputado como autor, de los delitos de Violación Especial y Actos de Lujuria Agravados
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."El Motivo no es de Recibo. Esta Sala de lo Penal ha realizado una revisión exhaustiva al escrito de impugnación presentado por la recurrente y encuentra que ha incurrido en una ineficiente técnica recursiva en el momento de argumentar y desarrollar su recurso, pues si bien establece en general las violación a las reglas de la sana crítica no fue específica en señalar cual regla considera inobservada, además de establecer de manera puntual cuáles son los razonamientos del A-quo que considera errónea, pues no fue capaz de señalar y desarrollar porqué esos razonamientos son contrarios a las reglas del correcto pensamiento humano, es decir cuál sería el silogismo judicial correcto señalando la premisa mayor, la premisa menor y la conclusión correcta conforme a las reglas ya señaladas, sino que erróneamente enlistó los medios de prueba que se evacuaron en el juicio y procedió a valorarlos de manera subjetiva y expuso el valor probatorio que según su intelecto se le debió otorgar a la prueba evacuada. Es de tener presente que conforme a la naturaleza del recurso de casación resulta irrelevante el criterio que pueda generar la prueba al Ministerio Público, al acusador privado, a la defensa, etc. e inclusive al propio tribunal de casación; lo que consideren las partes o la Sala de lo Penal que debió haber sido la valoración de la prueba no es vinculante, sino que lo determinante es el criterio probatorio del Tribunal de Sentencia y si éste fue construido en respeto a las reglas de la sana crítica; ergo el motivo de casación debe concentrarse única y exclusivamente en demostrar que el criterio (valoración intelectiva) del juzgador fue erigido con inobservancia de esas reglas y principios que componen el recto entendimiento humano y no tratar de superponer otra valoración que se considera más propia. La Sala de lo Penal ha señalado que en casación, como única instancia, solo puede hacer un análisis, y en su caso, censura del proceso intelectivo de la sentencia cuando ésta contenga razonamientos que riñan con las reglas de la sana crítica; debe entenderse entonces que el foco de estudio no es la prueba, no es lo que dejó de acreditar o acreditaron los medios probatorios (valoraciones de instancia), sino ese razonamiento plasmado por los jueces y los cuales les llevaron a construir los hechos declarados probados. Como consecuencia de lo anterior la exactitud en la confección del recurso de casación por quebrantamiento de forma, tratándose de violaciones a las reglas de la sana crítica debe ser alta: se requiere de la identificación del razonamiento judicial, la identificación de la regla de la sana crítica que se considere violentada, la explicación del porqué el razonamiento judicial contiene un vicio de inobservancia o de mala aplicación de la regla de la sana crítica y finalmente, la explicación del porqué dicha violación tiene una repercusión negativa en la decisión adoptada por el tribunal, estos tres últimos requerimientos no fueron plasmas así por el censor; es un trabajo técnico, bastante preciso, pues a cada razonamiento judicial debe hacerse el examen sobre su propiedad y además se debe explicar por qué la conclusión judicial malograda es relevante para la decisión final y por ello dicha decisión fue indebidamente adoptada. Desafortunadamente la recurrente se aleja de lo anterior y procede a señalar lo que considera fueron violaciones a las reglas de la sana crítica (Máximas de la experiencia y lógica) apreciadas en el contenido de la prueba, agregando sus propias consideraciones y las conclusiones, a saber: “…siendo contradictoria e inverosímil la versión de la supuesta víctima, lo que se relaciona con la inestabilidad emocional a que se refiere la perito psicóloga en su análisis…” “S. D. T. H. ya tiene casi 20 años y no se presentó al juicio por lo que no hubo persistencia en la incriminación” “…el audio el video realizado en la cámara de Gesell se incorpora al debate de forma irregular;” “La evaluación realizada por la psicóloga , fue clara en determinar que S. D. T. presentainestabilidad emocional que le generan incertidumbre; esto se entiende que repercute en la inseguridad de lo narrado” “Refiere la perito que utilizaba la fantasía como mecanismo de defensa ante una situación que puede generar estrés y busca otras personas donde refugiarse y que su diagnóstico es que no existía estrés postraumático; por lo que no existe trauma, lo que es consecuencia de este tipo de delitos según las máximas de la experiencia y la lógica, los delitos nunca sucedieron” etc. Como se puede colegir, el recurso contiene análisis probatorio y no análisis de los razonamientos judiciales; la impugnación se apoya en su mayoría en argumentos construidos en torno a lo que considera la recurrente como no acreditado con la prueba evacuada, lo que solo podría constatarse mediante una revalorización de la carga probatoria a realizarse mediante la lectura del contenido de la prueba, pero además se tendría que censurar la valoración hecha por el a-quo y reemplazarla por la valoración de la Sala de Casación; en otras palabras, la Sala de lo Penal tendría que convertirse en tribunal de segunda instancia. Esto nos lleva a afirmar que la recurrente acude a esta única instancia con el objeto de conseguir un reexamen o revalorización (revisio de facto) de la actividad probatoria, como medio de atacar el juicio valorativo hecho por el tribunal, pretendiendo que los jueces de casación, sin contar con inmediación (entre otros principios faltantes), valoren unos medios de prueba determinados, extraigan conclusiones probatorias y las impongan en la sentencia. La recurrente en su escrito de interposición del recurso, se aparta de la debida técnica ya que procede a refutar la valoración judicial, comparándola con una valoración privada, como forma de protesta de que es esta última la que debió haber aparecido en la sentencia y que por ello la resolución debe ser casada. Por tanto, no es procedente hacer un reexamen de la prueba como se ha solicitado, el recurso debió señalar las razones que tuvo el tribunal y porqué éstas no son compatibles con lo preceptuado con los principios de la sana crítica y el recto razonamiento humano. Como se ha señalado, la recurrente presenta queja sobre la valoración no porque plantee una mala construcción del razonamiento judicial, sino porque no está de acuerdo con ella al ser disonante con su pretensión, alegato que no es propio para un recurso de casación, por lo que este primer motivo debe ser desestimado.
.."
Jerarquía: Reiterativa
.."El Motivo no es de Recibo. Esta Sala de lo Penal observa que, nuevamente la censora ha faltado al utilizar la técnica recursiva adecuada para argumentar y desarrollar su recurso, pues si bien señaló como normas constitucionales el derecho de defensa y el debido proceso, no fue capaz de señalar de manera puntual por qué consideró violentados esos derechos, pues no pueden ser meras alegaciones, deben ser errores judiciales que representen un menoscabo en el derecho de defensa del imputado y que además impliquen una violación al debido proceso. Los argumentos que expone la censora no implican violación al derecho de defensa o debido proceso, pues las actuaciones que considera no se tomaron en cuenta por parte del Ministerio Público como la investigación de la denuncia por amenazas de parte de la madre de la ofendida, así como la no presentación del supuesto estudio de trabajo social, son actuaciones que impliquen roles tendientes a su cargo, es decir que forman parte de su estrategia del caso, por ejemplo los supuestos medios de prueba que no se evacuaron y que responsabiliza al ente acusador de no presentarlos, considera esta Sala que esa era un función que correspondía a la defensa y al no solicitarlas en tiempo y forma, además de hacer el reclamo oportuno, no puede ahora alegarlo, pues ha consentido el acto que reclama. Si a la defensa le interesaba la presentación de esas pruebas, por qué no fueron solicitadas en tiempo y forma, si en realidad eran indispensables para determinar la no responsabilidad del acusado en los hechos investigados. Así las cosas, esta Sala de Casación ha realizado un análisis de las incidencias celebradas en el juicio oral y puede concluir que se respetaron en todo momento los derechos y garantías que posee el acusado en su calidad de imputado, razones suficientes para desestimar el presente recurso de casación..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 361 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
.."De La Aplicación Retroactiva Del Código Penal Decreto 130-2017 Principio de Legalidad El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra declarado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y regulado en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal 130-2017 en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos de retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir una pena de cinco a diez años de prisión). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado, disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrará en vigor y cuándo es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo con la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento del juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución Política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por unaley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme y mientras se esté ejecutando, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas en su totalidad, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. Reglas Generales de Ponderación de la norma más favorable que define el NCP decreto 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigor del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo código sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). Por tanto, la ponderación tendrá una variante a depender de la instancia en que se haga: 1. En la primera instancia, al momento del juzgamiento por el tribunal, la ponderación de los cuerpos normativos parte de la comparación de las penas abstractas, pero sin dejar de tener en consideración la total de los cuerpos normativos como un todo; o 2. En la segunda o única instancia, al resolverse un recurso devolutivo interpuesto en contra de sentencia definitiva la ponderación se realizará entre la pena concreta impuesta y la pena abstracta que corresponda para el mismo hecho e igualmente reparando respecto a la totalidad de los cuerpos normativos. En ambos casos el proceso de ponderación se realiza siguiendo las reglas que se señalan en este apartado. Es importante insistir que la ponderación de la norma más favorable deberá de realizarse al momento del juzgamiento en primera instancia, en segunda instancia o en única instancia; por ello no es procedente aplicación retroactiva en estadios previos del proceso, como ser la audiencia de declaración de imputado, la audiencia inicial, la audiencia preliminar o en la etapa de saneamiento de la etapa de juicio. El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibida la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017; a tal consideración se le suma las siguientes: 1. Penas Conjuntas: No procede la ponderación parcial de penas principales; la ponderación deberá de realizarse tomando en consideración todas las penas conjuntas impuestas por los mismos hechos (Art. 617 NCP). 2. Penas privativas de Libertad: No se realizará aplicación retroactiva del NCP cuando la pena privativa de la libertad (reclusión) con todas sus circunstancias, impuesta de conformidad con el VCP 144-83, fuese también imponible con arreglo al NCP 130-2017 (Art. 616). Ello ocurre cuando la pena concreta impuesta se encuentre dentro marco abstracto de la pena que para el mismo hecho se deba de imponer de conformidad con el NCP 130-2017 (Art. 621). 3. Pena de Multa: No se realizara aplicación retroactiva del NCP cuando la pena impuesta de conformidad con el VCP 144-83, sea la de multa y la que corresponda imponer conforme al NCP 130-2017, igualmente sea una pena de multa.- La aplicación retroactiva se realizara excepcionalmente cuando: a.- No se hubiese hecho abono alguno de la pena de multa impuesta de conformidad al VCP 144-83; y b.- la concreta cuantía impuesta conforme al VCP 144-83 no fuese posible imponer de acuerdo con el NCP 130-2017 desde una perspectiva abstracta (Art. 619). 4. Penas privativas de Derechos: Las penas principales de inhabilitación absoluta y especial se compararán atendiendo a la duración de la pena concreta impuesta en la sentencia y la máxima que pueda imponerse de conformidad con el NCP 130-2017 (Art. 620). 5. Medidas de Seguridad: Respecto a las medidas de ejecución impuestas de acuerdo con el VCP 144-83 que estén pendientes de ejecución o que estén siendo ejecutadas, deberán de ser objeto de revisión y adecuación de conformidad con las normas que regulan las mismas en el NCP 130-2017; (Art. 625). Reglas de Particulares de Ponderación por Concurso de Delitos y Por ausencia de Éste A nivel de punibilidad se regulan los concursos de delitos; ante la colisión temporal de normas sustantivas el juzgador llamado a resolver la acción penal interpuesta en base al rigor del VCP 144-83, deberá de establecer si existe o no concurso de delitos, identificar cual es el que concurre y luego hacer el cálculo de pena abstracta de conformidad a dicho concurso; seguidamente el juzgador deberá de hacer la ponderación de la pena más beneficiosa determinando si conforme a lo probado igualmente se aprecia un concurso según las normas del NCP130-2017, y de ser así deberá de proceder a calcular la pena abstracta, siendo el tercer y último paso la comparación de penas que deban de ser impuestas según cada código penal, reflejándose así cuál de ellos es el que debe de ser aplicado por ser más beneficioso para el procesado o reo. Lo descrito es un proceso general que tiene sus matices a depender cada uno de los concursos, lo que obliga hacer un estudio individualizado: A. Concurso Ideal Cuando conforme a los hechos imputados se deba de aplicar un Concurso Ideal (Art. 67 en relación con el párrafo 6 del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: 1. Ponderación de la norma más favorable se realizará de manera global: comparación de la pena impuesta conforme al concurso ideal según las reglas del VCP144-83 con la pena que correspondería conforme las reglas del concurso ideal del NCP130-2017.- Es contra legem hacer una comparación individual de las penas que conforman el concurso ideal; 2. Cuando una de las penas concursadas corresponda a un delito despenalizado, primero se deberá hacer el nuevo cálculo de la pena agravada del VCP144-83 y luego hacer la comparación global con el NCP130-2017; comparación que debe de hacerse según se explicó en el numeral anterior; o 3. Si con el delito despenalizado desapareciere el concurso ideal, la comparación se deberá de realizar conforme las reglas de las penas no concursadas, que se explican más adelante. Es aplicable en la ponderación de penas impuestas al delito continuado la observancia de los límites de cumplimiento de pena conforme las reglas del concurso real: i.- Limite Subjetivo, ii.- Limite Objetivo Ordinario y iii.- Limite Objetivo Extraordinario, explicado igualmente líneas adelante. b. Delito Continuado En el caso de que la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un delito continuado la ponderación debe hacerse en relación a la pena agravada y no respecto a las penas por cada delito; (Art. 617 NCP). Al apreciarse un concurso continuado (Art. 68 en relación con el párrafo 6 del artículo 616 NCP) se procederá conforme a las mismas reglas señaladas previamente para el delito continuado. En los supuestos en donde conforme el VCP 144-83, corresponda aplicar un concurso real pero conforme el NCP 130-2017 se deba de aplicar un delito continuado, el juzgador deberá de proceder de la siguiente manera: 1. En primera instancia: i. Primero se procederá a realizar el cálculo abstracto de las penas conforme el VCP144-83, las que serán tomadas globalmente, para luego comparar el mismo con el marco abstracto de la pena que corresponda en aplicación del delito continuado según el NCP130-2017, develándose así que código es el más beneficioso en su conjunto. Recuérdese que la comparativa es global (suma de todas las penas abstractas) y no individual por cada pena; ii. En caso de que lo anterior no defina cual es la pena más favorable, el juzgador deberá de proceder a la individualización de la pena concreta de conformidad con el VCP-144-83 y paralelamente a la individualización de la pena concreta de conformidad con el BCP130-2017, de cuya comparación se decidirá que codificación es la más beneficiosa; o 2. En segunda instancia y única instancia: la comparativa parte de la confrontación de las penas que en concurso real hayan sido impuestas en la sentencia impugnada en aplicación del VCP144-83, con el marco abstracto de la única pena que de conformidad al NCP-130-2017 deba de imponerse como consecuencia de la aplicación del delito continuado; así entonces: i. Si las penas individualizadas en concurso real tomadas globalmente (la sumatoria de todas las penas), se encuentra dentro del marco abstracto de la pena del delito continuado, no se aplicará retroactivamente el NCP130-2017; ii. Si las penas individualizadas en concurso real están fuera de la escala de la pena abstracta que deba de imponerse en delito continuado según el NCP130-2017, se aplicara la pena que le sea más favorable al procesado. c. Concurso Real Los supuestos en donde la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un Concurso Real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: 1. La ponderación deberá de realizarse conforme al límite único de cumplimiento de pena que establece el artículo 35 del VCP 144-83 versus los limites objetivo ordinario o limite objetivo extraordinario, según corresponda, y luego de ello conforme al límite subjetivo que prevé el artículo 66 NCP 130-2017, debiendo excluir las penas de delitos que hayan sido despenalizados en la nueva normativa.- Es importante tener presente que ningún límite es preferente a otro y por tanto se aplicará el límite que marque menor pena; así entonces: a. Cuando entre en acción el Límite Objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá de realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al VCP144-83 y los límites del concurso real que regula el NCP130-2017, siguiendo los siguientes pasos: i. Si ambas legislaciones determinan un mismo límite de cumplimiento, se aplicará el principio de identidad, es decir el VCP 144-83; y ii. Si las legislaciones definen límites de cumplimiento distinto, se aplicara aquel que le sea más beneficioso al acusado o reo (ello sin perjuicio de lo que se señala en el siguiente literal); y/o b. Para hacer efectivo el Limite Subjetivo, que regula el NCP 130-2017 se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, develando así el límite máximo que puede cumplir el condenado: i.- Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años: la pena se adecuara a dicho límite de conformidad con lo señalado en el literal anterior; ii.- Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años; implica que el resultado matemático será el límite máximo de cumplimiento, el que deberá de ser objeto de comparación con el limite objetivo de cumplimiento del VCP144-83. 2. Cuando las penas consideradas globalmente no superasen ninguno de los límites a los que se refiere el numeral anterior, el juzgador procederá a realizar la comparación de las penas que corresponda en una y otra legislación: a. En primera instancia la comparación se realizará entre las penas abstractas definidas en cada cuerpo sustantivo; el tribunal sumará todas las penas abstractas que correspondan imponer en concurso real de conformidad con el VCP 144-83 y todas las penas abstractas que prevea el NCP130-2017, las cuales comparará. Si de la comparación no es posible determinar cuál es más beneficiosa para el procesado, el tribunal deberá de proceder a realizar la individualización de las penas de cada delito primero conforme el VCP144-83 y después conforme el NCP130-2017, luego la suma global de dichas penas por cada código serán comparadas entre sí, determinando cual es el cuerpo normativo más beneficioso (siempre teniendo presente además el resto de las regulaciones normativas). Finalmente, si aun con las penas individualizadas no existe claridad cuál en su conjunto es más beneficiosa para el acusado, el tribunal le consultara para que éste señale cual le favorece más. b. En segunda y única instancia la comparación se realizará entre la suma de todas las penas concretas impuestas en concurso real en la sentencia impugnada bajo el VCP 144-83 y la suma de todas las penas abstractas que define el NCP 130-2017. De dicho resultado el tribunal resolverá: i. Si las penas concretas en concurso real VCP 144-83 están dentro de la suma del margen abstracto de las penas del NCP 130-2017, no procederá la aplicación retroactiva de este último; ii. Si la suma de las penas concretas VCP 144-83 no se encuentra dentro del marco abstracto de la suma de penas en concurso real del NCP 130-2017, se aplicará el cuerpo normativo que fije comparativamente las penas más leves, sin dejar de tener en consideración el resto de disposiciones de cada codificación para efectos comparativos; iii. Si el concurso real está compuesto por Penas Conjuntas, en donde algunas de ellas sean más beneficiosas y otras más gravosas respecto a la comparación hecha con el otro cuerpo legal; el órgano jurisdiccional deberá de tomar como pena definitoria de aplicación la pena de privación de libertad, a menos que el propio acusado señale que a su conveniencia deba de tomarse las otras penas como definitorias. Ejemplo de esto último sería un concurso real con pena global de reclusión por 25 años y multa por L. 700,000.00 conforme el VCP 144-83 y por otro lado una pena de prisión de 17 a 20 años y multa de L. 1,000,000.00 a L. 5,000,000.00 conforme el NCP 130-2017, caso en donde la pena privativa de libertad deberá de definir el código penal a aplicar, siempre que además los beneficios penitenciarios que regule ese mismo código fuesen igualmente más favorables. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Limite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Limite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Limite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos limites no se observaran cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. d. Concurso Medial El concurso medial constituyó una institución penal por muchos años, reglada por el artículo 36 del VCP 143-83, misma que desaparece en el NCP 130-2017. Por tanto, cuando conforme los hechos imputados en base al VCP144-83 deba de aplicarse un Concurso Medial (Art. 66 en relación con el párrafo séptimo del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: 1. Se realizará la comparación global de la pena que corresponda en concurso medial según el VCP144-83 con las penas que correspondería aplicar en concurso real conforme al NCP130-2017, en consideración a los limites subjetivo, objetivo ordinario y objetivo extraordinario, del que hemos hablado en el apartado anterior; 2. Es improcedente hacer comparación individual de las penas que conforman el concurso medial del VCP144-83 y las penas en concurso real del NCP130-2017; 3. Cuando una de las penas corresponda a un delito despenalizado, haciendo desaparecer el concurso Medial, la comparación se deberá de realizar conforme las reglas de las penas no concursadas, lo que se aborda en el apartado siguiente. e. Penas Conjuntas No Concursadas Finalmente, cuando corresponda imponer a una persona una Pena No Concursada, se procederá a la comparación de la pena concreta o de las penas conjuntas (en su caso) impuesta conforme VCP144-83 con la pena abstracta (o penas conjuntas) que correspondan según el NCP130-2017, bajo las siguientes reglas: 1. Si existe coincidencia en la naturaleza de las penas contempladas como sanción en ambas legislaciones: i. No procederá la aplicación retroactiva cuando la nueva legislación prevea una pena más grave que la anterior legislación; ii. No procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada impuesta conforme el VCP144-83 se encuentre dentro del margen abstracto del NCP130-2017; iii. Procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada sea más grave en comparación con el margen abstracto previsto en la nueva legislación; 2. Si el hecho definido como delito tiene previstas Penas Conjuntas (varias penas principales, siendo una de ellas la privativa de libertad) donde una de ellas es más beneficiosa y la otra es más gravosa en comparación con el otro cuerpo legal, el órgano jurisdiccional deberá de tomar como pena definitoria de aplicación la de privación de libertad, a menos que el propio acusado señale que a su conveniencia deba de tomarse las otras penas como definitorias. Ejemplo de esto último sería pena de reclusión por 9 años y multa del 10% de lo defraudado equivalente a L. 50,000.00 conforme el VCP 144-83 en comparación con una pena de prisión de 2 a 3 años y multa 400 días multa equivalente de hasta L. 2,000.000.00 por defraudación a las telecomunicaciones, caso en donde la pena privativa de libertad deberá de definir el código penal a aplicar, siempre que además los beneficios penitenciarios que regule ese mismo código fuesen igualmente más favorables; o 3. Si la sanción impuesta conforme el VCP144-83 es de distinta naturaleza a la prevista en el NCP130-2017, se procederá a hacer una ponderación en atención al caso concreto, incluyendo la situación personal del condenado/a, para determinar cuál de ellas le es más beneficiosa y con esto si procede o no la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal.- En caso de requerirse estudios para determinar cuál de las sanciones es más beneficiosa, éstos deberán de ser ordenados por el Tribunal previo a la decisión. Finalmente, si aun con los estudios realizados no existe claridad cuál de las penas es más beneficiosa para el acusado, el tribunal le consultara a éste para que señale la que más le favorece. Escrito Suplementario Señala el artículo 624 del Código Penal 130-2017 que, en el trámite de un recurso contra una resolución definitiva, las partes podrán presentar un escrito suplementario a efecto de que el tribunal ad-quem lo tome en consideración al momento que corresponda hacer la ponderación de la norma penal más favorable entre el Código Penal vigente al momento del hecho (CP 144-83) y el Código Penal vigente al momento del juzgamiento (CP 130-2017). En el presente caso no se presentó por parte de la defensa privada escrito complementario en el que estableciera su parecer sobre la aplicación retroactiva de la nueva normativa penal; tampoco el Ministerio Público hizo pronunciamiento al respecto, por lo que la Sala de lo Penal se ve obligada a realizar el análisis de oficio tal y como prevé el numeral 3 de la misma norma citada, en relación al acusado señalado. Ponderación en el caso concreto El Tribunal de Sentencia, basado en el Código Penal 144-83, declaró responsable al acusado H. H. L., de un delito de Violación Especial y le impuso una pena de 16 años de reclusión y fue condenado además por un delito de actos de lujuria con una pena de 8 años 6 meses de reclusión; como penas accesorias se impuso al acusado la inhabilitación absoluta, la interdicción civil; además se hizo la declaratoria de responsabilidad civil derivada del delito y como consecuencia penal de obligación de realizar trabajo penitenciario. Al sumar las penas nos dan un total de 24 años 6 meses de reclusión. Conforme a la nueva legislación decreto 130-2017, el delito de violación se encuentra regulado en el artículo 249, señalando una pena de 9 a 13 años y estableciendo que se aumentará dicha pena si se acredita que existió violencia o intimidación y además que la víctima sea menor de 14 años; conforme a los hechos probados el imputado le manifestó a la menor ofendida que si llegaba a contar lo sucedido procedería a darle muerte a su madre, por tanto, se cumplen los dos requisitos para aumentar la pena, quedando ésta en 13 años a 17 años 4 meses de prisión. En cuanto al delito de actos de lujuria se regulan en el artículo 250 del nuevo Código Penal y se denomina como “otras agresiones sexuales” con una pena de 5 a 8 años pero que igualmente se debe incrementar cuando se haya utilizado violencia o intimidación y la víctima sea menor de 14 años, tal como ocurre en el presente caso, por lo que la pena ya aumentada quedaría de 8 a 10 años 8 meses de prisión. Al sumar ambas penas nos dan un total de una pena mínima de 21 años y una pena máxima de 28 años. Al realizar los cálculos respectivos vemos que la pena que actualmente posee el acusado conforme al código penal y que corresponde a 24 años 6 meses se encuentra dentro del margen de penas que establece la nueva legislación penal; pero además con el nuevo código penal se debería imponer las penas principales de prohibición de residencia y aproximación a la víctima por el doble de tiempo de la pena de prisión; así como las accesorias de penas privativas de derechos que establece el artículo 267 del Código Penal, entre ellas ser incluido en el registro de agresores sexuales. En tal sentido no procede la aplicación del decreto 130-2017 pues lejos de beneficiar al imputado, le perjudica.."
Legislación citada
- Código Penal No. 130-17, art. 615 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia recaída en el expediente del Recurso de Casación SP-75-2019 que literalmente dice: “Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veintinueve (29) días del mes de septiembre del año dos mil veintidós (2022), el pleno de la Sala de lo Penal integrado por los Magistrados: José Olivio Rodríguez Vásquez en su calidad de coordinador, Rafael Bustillo Romero y Alma Consuelo Guzmán García, pronuncian EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente sentencia en el Recurso de Casación SP 75-2019 por Quebrantamiento de Forma e Infracción de Percepto Constitucional, interpuesto contra la sentencia de fecha veintiocho de mayo de dos mil dieciocho, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, mediante la cual falló; Primero: Condenó al señor H. H. L., como autor, del delito de Violación Especial, en perjuicio de la menor S. D. T. H., a la a pena de dieciséis (16) años de reclusión más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil. Segundo: Condenó al acusado H. H. L., como autor, del delito de Actos de Lujuria Agravados, en perjuicio de la menor S. D. T. H. a la a pena de Ocho (8) años de reclusión más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil. Tercero: Declaro civilmente responsable al señor H. H. L. de indemnización de perjuicios y reparación de daños morales y psicológicos ocasionados a la niña S. D. T. H., ocasionados mediante los delitos por los cuales es condenado. Cuarto: No procedió la condena en costas del imputado H. H. L.. Interpuso el recurso de casación por quebrantamiento de forma e infracción de precepto constitucional, la Abogada Mercedes Sosa Vasquez en su condición de defensora privada del imputado H. H. L.. Son Partes En La Única Instancia: La Abogada Mercedes Sosa Vasquez, en su condición de defensora privada del señor H. H. L., como recurrente y la Abogada Marina Audely Varela Figueroa, en su condición de agente fiscal del Ministerio Público, como parte recurrida. Hechos Probados “PRIMERO: En el año dos mil seis, en la casa de la niña S. D. T. H. ubicada en la colonia Azcona de la ciudad de Comayagüela, municipio del Distrito Central, departamento de Francisco Morazán, aprovechando el momento en que la abuela de la niña S. D. T. H. había salido fuera de la casa de habitación, el señor H. H. L. procedió subir a la cama a la niña S. D. T. H. -de siete años de edad al momento de estos hechos-, procediendo a quitarle el blúmer e introducirle su lengua en la vulva de dicha niña, manifestándole el señor H. H. L. que si llegaba contar lo sucedido procedería a darle muerte a su madre y a su abuela. SEGUNDO: En el año dos mil doce, en el mismo lugar y aprovechándose de que la abuela de la niña S. D. T. H. había salido de su casa de habitación, el señor H. H. L. H. introdujo su órgano viril masculino en erección en la cavidad vaginal de la niña S. D. T. H. la cual tenía trece años al momento de estos últimos hechos.” Recurso De Casación. Motivos y Argumentos Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma “ANTEDENTES PROCESALES. Este juicio comienza porque la señora R. A. H. L. fue denunciada por su hermana E. H. L. en el Jugado de Paz Penal de Tegucigalpa, el dos de marzo del año 2015, según expediente 422-2015, por lo que se do un conflicto familiar, posteriormente en junio del mismo año 2015(tres meses después) la señora R. A. le encontró a su hija la señorita S. D. T. H., (en ese momento de 17 años), una prueba de embarazo, por lo que según declaración de la madre señora R. A. H. L. en audiencia inicial, iba a castigarla, existiendo como precedente una rencilla entre la familia al preguntarle S. D. le dijo que no sabía si estaba embarazada del tío, pero la supuesta víctima tenía un novio al que llaman J. C., según la propia versión de la madre, corroborados por testigos presentados por esta defensa en juicio. Por los dichos de la señorita S. D. T. y los problemas familiares la señora R. A. H. L. denuncia al hoy imputado H. H. L. por el delito de Violación, esto trae como consecuencia n requerimiento fiscal procesándose al señor H. H. L.. - En audiencia inicial como resultado de la declaración de la menor S. D. T. H. en cámara de Gesell y la señora R. A. H. L. se le decreta al acusado auto de formal procesamiento por los delitos de Actos de Lujuria Agravado y Violación especial. - Para demostrar lo injusto de la acusación, fundamentada en el artículo 101 numeral 11 del Código Procesal penal, se solicitó al Ministerio Público la Ampliación de la investigación Criminal, ofreciéndose la declaración de C. M. H., B. A. H. Y V. I. R. H. (declarando esta última a favor de su tío en audiencia Inicial), contradiciendo a la supuesta víctima quien dijo que también estas personas fueron abusadas por el tío a quien más bien defendían. Además, se pidió al Ministerio Público se averiguará la relación de noviazgo entre la señorita S. D. y el joven J. C., investigación del entorno familiar y otras diligencias como elementos de pruebo, pero esta petición se declara sin lugar, se interpone Recurso de Apelación ante el superior jerárquico del Fiscal encargado de la causa, pero se deniega nuevamente, por lo que se solicitó al Juzgado de Letras Penal donde se ordena el nombramiento de una Trabajadora Social y de una Psiquiatra para los efectos de la investigación Psico-social, el Juzgado de Letras las cita en varias ocasiones pero solo la Psiquiatra llegó a que se le juramentara, la Trabajadora Social nunca llegó. – Se eleva la causa a juicio en el cual el Ministerio Público no presentó a los peritos y prácticamente improvisó la prueba, el Tribunal permite una grabación inverosímil y no hicieron llegar al juicio a la supuesta víctima de más de 19 años y a su madre R. A. H. L., lo que era necesario para interrogarlas y confrontarlas con su declaración rendida en audiencia inicial, -Todo esto se expondrá en los motivos de casación y otras actuaciones parcializadas que culminan en una sentencia condenatoria de Dieciséis años de Reclusión por el delito de Violación y Ocho años seis meses por el Delito de Actos de Lujuria Agravado dictada por el Tribunal Sentenciador, sin aplicar las reglas de la sana critica, desequilibrando la calificación y análisis de lo acontecido en juicio, ya que todo lo antes expuesto consta en los antecedentes del expediente y se expuso en el debate, pero no todo se consigna en el acta. HECHOS QUE EL TRIBUNAL DE SENTENCIA DECLARA PROBADOS PRIMERO: En el año Dos Mil Seis, en la casa de la niña S. D. T. H., ubicada en la Colonia Azcona de la Ciudad de Comayagüela, Municipio del Distrito Departamento de Francisco Morazán, aprovechando el momento en que la abuela de la niña S. D. T. H., había salido fuera de la casa de habitación, el señor H. H. L.procedió a subir a la cama a la niña S. D. T. H. de siete años de edad al momento de estos hechos. – Procediendo a quitarle el blúmer e introduciré su lengua en la vulva de dicha niña, manifestándole el señor H. H. L.que si llegaba a contar lo sucedido procedería a darle muerte a la madre y a su abuela. SEGUNDO: En el año dos mil doce y en el mismo lugar y aprovechándose de que la abuela de la niña S. D. T. H. había salido de su casa de habitación, el señor H. H. L.H., introdujo su órgano viril masculino en erección en la cavidad vaginal de la niña S. D. T. H., la cual tenía trece años al momento de estos últimos hechos (copia taxativa de la sentencia). FALLO QUE SE IMPUGNA PARTE RESOLUTIVA Por todo ello este Tribunal por unanimidad y siendo el abogado Raúl Iván Chávez Baca ponente resuelve: PRIMERO: Condenar al acusado H. H. L., cuyos datos generales de identidad fueron antes mencionados, como autor responsable del delito de VIOLACION ESPECIAL en Perjuicio de S. D. T. H. a la pena de DIECISEIS AÑOS DE RECLUSION, la que cumplirá en el Centro Penitenciario que designe el juez Ejecutor de esta sentencia, junto con las accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil durante el tiempo de duración de la pena principal, por lo que durante dicho tiempo condenado no podrá ejercer todos los cargos, oficios y profesiones que ostente el imputado así como el ejercicio de sus derechos políticos. SEGUNDO: Condenar al acusado H. H. L., cuyos datos generales de identidad fueron antes mencionados, con autor responsable de (1) delito de ACTOS DE LUJURIA AGRAVADOS en perjuicio de S. D. T. H. a la pena de OCHO AÑOS SEIS MÈSES DE RECLUSIÓN la que cumplirá en el Centro Penitenciario que designe el Juez Ejecutor de esta sentencia, junto con las accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil durante el tiempo de duración de la pena principal, por lo que durante dicho tempo el condenado no podrá ejercer todos los cargos, oficios y profesiones que ostente el imputado, así como el ejercicio de sus derechos políticos. TERCERO: Se declara civilmente responsable al señor H. H. L. de indemnización de perjuicios y reparación de daños morales y psicológicos ocasionados a la niña S. D. T. H. ocasionados mediante los delitos por los cuales se le ha condenado. CUARTO: No procede la condena en costas del imputado H. H. L.. EXPOSICIÓN DEL MOTIVO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA. Este motivo se fundamenta en el artículo 362 numeral 3 del Código procesal penal, en virtud de que las motivaciones de hechos de la sentencia son contradictorias en su relación con los medios de prueba y en su valoración no se observaron las reglas de la sana crítica. PRECEPTOS AUTORIZANTES El fallo recurrido infringe lo dispuesto en los artículos 202, 336 párrafo primero, en relación con el 338 regla cuarta numeral 2 del Código Procesal Penal, referentes a la declaración de hechos probados, a la forma de valorar la prueba y la aplicación de las realas de la sana critica. EXPLICACION DEL MOTIVO el Tribunal de sentencia hace una relación sobre la declaración de hechos probados incongruentes con la misma prueba que presentó el Ministerio público; en cuanto a los requisitos de la sentencia la motivación de la misma es injustificada, y de manera erróneo se no realizado una valoración de la prueba arbitraria y parcializada. Las contradicciones del tallo, se exponen: 1.- En la declaración de hechos probados de la sentencia done se expresa que los acontecimientos acusados sucedieron en la Colonia arcona de la Ciudad de Comayagüela. 2.- En la valoración de la prueba: a) Porque se expresa que S. D. dice vivir en La Colonia Azcona, pero allí mismo se dice que la abuela a quien se menciona en los hechos declarados probados vive en la colonia Suazo Córdoba; b) Luego se expone como lugar de residencia de la que se considera víctima, La Colonia Villa Delmy; siendo contradictoria e inverosímil la versión de la supuesta víctima o que se relaciona con la inestabilidad emocional a que se refiere la perite Psicóloga, en su análisis. Los delitos contra la libertad sexual por su generalizada falta de medio de prueba testifical, comúnmente el debate se centra en la declaración de la persona que se cree víctima, prueba que debe considerarse por los juzgadores de manera conjunta con los demás medios de prueba que se aporten ya sea directa o indirecta (indiciaria),.la que puede referirse sobre aspectos anteriores, relativos o posteriores al hecho, debiendo considerarse el desarrollo intelectual y social de las personas involucradas en la investigación, en especial la autodeterminación incriminatoria de la persona que se considera víctima, condiciones de su núcleo familiar. los aspectos relacionados de la INMEDIACIÓN, (lo que no se dio en juicio), debiendo aplicarse las reglas de la psicología, I lenguaje corporal, tono de voz y otros aspectos necesarios para determinar el resultado de conciencia y subconsciencia de la persona que se considera víctima). En este aspecto, aunque S. D. T. H. ya tiene casi (20) años, esta no se presentó a juicio por lo que no hubo persistencia en la incriminación y el audio video en CD realizado en cámara de Gesell se incorpora al debate de forma irregular, pues es el mismo Tribunal que aconseja que se presente, aunque sea una copia de dicha grabación, sin embargo, en el penúltimo párrafo de la sentencia antes de la fundamentación jurídica se puede leer... "Que la víctima ha mantenido detalladamente su versión de los hechos, no se aprecia que se haya modificado a través del tiempo su versión de cómo sucedieron los acontecimientos a la largo del proceso, siempre ha señalado al imputado bajo las mismas circunstancias referidas en su declaración ante el Tribunal" PERO ELLA NO ESTUVO EN EL JUICIO POR LO QUE EN ESTO EL TRIBUNAL DESNATURALIZA LO ACONTECIDO EN EL DEBATE; además; el CD como prueba es inútil no se escucha claramente y no se entiende lo que está narrando S. D. T. H., lo que el mismo Juez de Letras encargado de la dirección de la tapa preparatoria expresa en la grabación presentada a juicio como prueba anticipada y según lo expuesto en el acta S. D. T. H. es contradictoria en su narración. - Por todo esto es de suma importancia la evaluación realizada por la psicóloga Licenciada GLADYS MARIELA SANCHEZ NUÑEZ, perito propuesta por el Ministerio Público, quien entre otros aspectos fue clara al determinar que S. D. T., presenta inestabilidad emocional que le genera incertidumbre. - Esto se entiende que repercute en la inseguridad de lo narrado por ella como testigo. - También refiere la Perito que utilizaba la fantasía como mecanismo de defensa ante una situación que puede generarle estrés y busca otra persona donde refugiarse, y que su diagnóstico es que NO EXISTIA UN ESTRES POSTRAUMATICO, POR LO QUE NO EXISTE UN TRAUMA LO QUE ES UNA CONSECUENCIA EN ESTE TIPO DE DELITOS SEGÚN LAS MÁXIMAS DE LA EXPERIENCIA Y POR DEDUCCIÓN LÓGICA, LOS DELITOS IMPUTADOS NUNCA SUCEDIERON. En cuanto a la inadecuación en el área sexual, manifiesta la Psicóloga que en S. D. tiene que haber una inconformidad de como ella se está expresando en esa área; entendiéndose, que la perito se refiere al momento en que está realizando la evaluación, ya que no hace ninguna otra referencia, deduciéndose que S. D. T. lo que refleja es una inadecuación en su actitud cuando está narrando los hechos porque estos no son ciertos y de alguna manera no está conforme con lo que está expresando en ese momento, quien es una adolescente de más de diecisiete años al tiempo de la evaluación. – También enfatiza en que la inteligencia de la evaluada es de 87%, lo que corresponde a su edad a una inteligencia normal baja, señalando que existe una variación en SU estado emocional, que hay una relación con la ADOLECENCIA I no lo relaciona con la niñez), por lo que en la sentencia debe existir una coherencia entre la lógica del relato de la joven en relación con el análisis realizado por la Psicóloga (quien en ningún momento relacionó taxativamente su diagnóstico con abusos sexuales) y las máximas de la experiencia para poder comparar con otros modelos típicos o representativos y determinar del conjunto de la prueba si el hecho que se acusa es cierto o falso producto de una fantasía, por lo establecido en el único análisis psicológico,( porque no hubo otra sesión) siendo la única vez que la joven declara. Es importante señalar que, en el interrogatorio realizado por la representante del Ministerio Público a la Psicóloga, en cuanto a que si era congruente la narración de los hechos de la evaluada con respecto a los resultados que se obtuvo con la pericia, la Perito legista respondió: "SE PODRÍA DETERMINAR QUE HAY CIERTA RELACIÓN", sin especificar por qué. - lo que implica una incertidumbre que genera más que la duda razonable."-PODRIA" ES SINONIMO DE DUDA. – Con respecto a los hallazgos, también dijo que en todo caso se realiza una investigación por trabajo social, si así lo ameritan las autoridades, en lo que a esto se refiere se solicitó la ampliación de investigación criminal y come consecuencia el juzgado de "Tetris ordeno se nombrará una Trabajadora Social para el referido estudio., si Como el nombramiento de una psiquiatría, pero estas pruebas no fueron presentados en juicio, incumpliendo el Ministerio Público con la carga de la prueba por lo que no logro enervar la inocencia de mi representado, sin embargo el tribunal de Sentencia al dictar su fallo violenta las reglas de la sana critica al no utilizar como reglas la lógica, la psicología y máximas de la experiencia. En cuanto al dictamen físico forense es contradictorio en su análisis porque dice que lo realizó el 26 de junio del año 2015, que el himen de la joven esta integro, que permite el paso de dos dedos del examinador, sin lesiones en el área genital, para genital y extra genital, complaciente pero no es elástico, que la dilatación del himen puede ser producto también de solo masturbación, también dice que en el relato S. D. dijo que en marzo del 2016, le puso por última vez el pene en la vulva ESTO ES IMPOSIBLE PORQUE EL DICTAMEN FUE EN 2015.- Siendo ilógico que los hechos sucedieran posteriores al dictamen, dejando al descubierto la falta de veracidad de lo expresado por la supuesta víctima; sin embargo injustamente es valorado como prueba de cargo por el Tribunal sentenciador sin determinar que lógicamente, todo indica más que la duda razonable, siendo la misma prueba del Ministerio favorable al imputado. En el fallo recurrido las conclusiones derivadas no responden a las reglas del correcto entendimiento humano, (lógica, experiencia y psicología) faltando en la motivación de la sentencia, la expresión clara y completa al no tomar en consideración las normas legales aplicables de valoración al caso concreto. - Dentro de las reglas de la lógica encontramos las Leyes fundamentales de la derivación, que no es más que las conclusiones que deben ir concordando, o sea a cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder a un elemento de prueba que lleven a la convicción del cual se pueda inferir aquella (la conclusión), para ello la motivación de hechos debe ser verdadera o auténtica. En el presente caso el razonamiento utilizado para obtener conclusiones por presunción a partir de indicios para los hechos declarados probados, estos no responden a la conclusión de la sentencia recurrida, porque todo depende de la declaración inicial de S. D. T. quien cuando narra los supuestos abusos tiene más de 17 años, el tribunal declara probado lo que ella manifestó, aunque es inverosímil en su narración que es escuchada en juicio mediante una grabación defectuosa, sin estar avalada por ningún otro medio de prueba. - Si las conclusiones o derivaciones extraídas para el fallo no se basan en elementos probatorios útiles se viola las reglas de la sana crítica (lógica, psicología y máximas de la experiencia), la falta de certeza implica una sentencia absolutoria; al principio de derivación al mandato legal de una descripción clara, precisa y circunstanciada de los hechos establecidos como verdaderos, se instituye no sólo en canto a la correlación entre acusación y sentencia, sino también en canto a su relación y necesaria coherencia con el análisis de fondo de los elementos probatorios. De esta manera la sentencia adolece de vicios que vuelven nulo el fallo recurrido. APLICACIÓN O INTERPRETACIÓN QUE PRETENDE 1) Que la Sala Penal de la Corte suprema de Justicia case la sentencia del fallo recurrido declarando con lugar el motivo de casación Quebrantamiento de Forma y no haber observado el Tribunal sentenciador en la valoración de la prueba las reglas de la sana critica; 2) Se anule la sentencia y los actos realizados de modo irregular; 3) Se devuelvan los antecedentes al Tribunal de Sentencia para su respectivo tramite. Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional. Este motivo se fundamenta en el artículo 361 del Código procesal penal, por infracción de preceptos constitucionales. PRECEPTO AUTORIZANTE El fallo recurrido infringe los preceptos establecidos en la Constitución de la República consignados en los artículos 84 que dice: "El derecho de defensa es inviolable", articulo 90 "Nadie puede ser Juzgado sino por Juez o autoridad competente con las formalidades derechos y garantías que la ley establece", Artículo 94" A nadie se impondrá pena alguna sin haber sido oído y vencido en juicio. EXPLICACION DEL MOTIVO En las actuaciones realización en el debate, el Tribunal de sentencia, no considero preceptos constitucionales principios reconocidos internacionalmente de ejercer todos los derechos que la Constitución de la República y los tratados o convenios internacionales reforzados en el Código Procesal Penal, fue le reconocen a la persona imputada desde el primer acto del procedimiento nota su finalización, come el derecho de defensa, legal debido y proceso el de ser escuchado y derecho a la contradicción de los medios de prueba: siendo la finalidad de la prueba el esclarecimiento de la verdad de los hechos que acusa el Ministerio Público mediante el estricto cumplimiento de la ley, teniendo el imputado H. H. L., el derecho de controvertir lo que se le acusa en la formalización de la acusación, constando en las actuaciones que se involucra hechos que son comedidos o reservados a enemistades de la señora R. A. | madre de S. D. T. H.), con toda la familia, lo que se puede deducir de los antecedentes que preceden al juicio tales la denuncia de la señora E. H. L. contra la madre de la supuesta víctima que se registró en el expediente 422-2015, en el Jugado de Paz Penal de Tegucigalpa, hecho anterior a la denuncia por la cual se procesó a H. H. L. y aunque el imputado pidió se le investigará al Ministerio Público, de conformidad a lo que establece el artículo 101 numeral 11 del Código Procesal penal, mediante la ampliación de la Investigación Criminal y luego al Juzgado, procurándose por todos los medios que se realizará un estudio de campo y psicosocial, ordenando el Juzgado de Letras el nombramiento de una Psiquiatra y una profesional del Trabajo Social para el estudio del entorno de S. D. T., esto no fue posible por falta de diligencia del Ministerio Público a quien le corresponde investigar y ejercitarían así que en materia propia de corresponder también las circunstancias, una eximan de responsabilidad al imputado. En el juicio el Tribunal sentenciador violente el derecho de defensa del imputado porque, no tomo en cuenta la incomparecencia: de la Perito Psiquiatra y de la Trabajadora social, el derecho re ca contradicción para lograr la verdad emitir un fallo justo y aunque la misma Licenciada en Psicología perito que compareció a juicio, afirmo que era necesario y que siempre se realiza en este tipo de delitos una evaluación por trabajo social, entendiéndose que era ineludible para el esclarecimiento de los hechos, esto fue ignorado por el Tribunal. Además de conformidad al artículo 311 numeral 2, del Código Procesal Penal podrán ser incorporados excepcionalmente por lectura los testimonios o pericias practicadas durante la tapa preparatoria, cuando sea Imposible o extraordinariamente difícil su reproducción en el acto del juicio oral; y no habiendo presentado a juicio la testigo R. A. H. L.ni a la supuesta víctima, quien al momento del juicio tiene casi 20 años; testigo propuesta por la representante del Ministerio Público quien alegó que le había sido imposible localizarla, por lo que esta defensa pidió que se incorporará por lectura para que en la sentencia se analizará las contradicciones e inconsistencias de la declaración de la madre de S. D. en audiencia inicial a lo que el Tribunal no accedió, siendo importante ya que entre otras cosas esta testigo manifestó que todo comenzó porque le encontró una prueba de embarazó a su hija, que ella cree lo que su hija le dice porque es su hija, que S. se trasportaba de regreso del Colegio en una Moto taxi y que había reclamado al joven J. C. | Quien trabaja en una moto taxi) porque pretendía a su hija, lo que tiene relación con lo expresado por los testigos que depusieron en juicio propuestos por esta defensa, especialmente el testigo BENIGNO SALGADO SANCHEZ, quien expresó que otro muchacho que estaba trabajando con él, también un día le fue a encerrar la moto taxi porque la misma señora ( refiriéndose a la madre de S. D.), lo fue a buscar con un cuchillo al punto donde él trabajaba y lo amenazó de muerte y él (el joven), llegó asustado y nervioso, refriéndose a J. C. (lo que se puede leer al final de la intervención de este testigo), y de quien se dijo en juicio mantenía una relación con S. D. T. H., siendo importante esta testigo para encontrar la verdad; sin embargo, el Tribunal sentenciador desecho estos medios de prueba(testifical y pericial) y utilizó la prueba de la defensa pero para sustentar la sentencia condenatoria, lo que implica una clara arbitrariedad a la defensa del imputado y quebrantamiento de sus derechos | derecho de ser escuchado, defensa, legal y debido proceso y libertad]. APLICACIÓN O INTERPRETACIÓN QUE PRETENDE 1) Que la Sala Penal de la Corte Suprema de justicia case la sentencia del tallo recurrido declarando con lugar el motivo de casación por infracción de preceptos constitucionales. 2) Se anule la sentencia y los actos del juicio por violentar derechos y garantías constitucionales. 3) Se devuelvan los antecedentes al Tribunal de Sentencia para su respectivo trámite. Fundamentación Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma El Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio (Art. 90 de la Constitución de la República). Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso (Art. 9 CPP). Si no se cumple con los requisitos establecidos en la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos y, por el contrario, se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando: a. No se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), b. Se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o c. Se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; La inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción (vicio in procedendo) y que debe ser objeto de saneamiento cuando proceda (Art. 171 CPP), de subsanación cuando concurran sus presupuestos (Art. 170 CPP) o, en su caso y como remedio último de nulidad 165 CPP). El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la denuncia -hecha por algunas de las partes- de una actividad procesal defectuosa que compromete la decisión final, dada en los actos procesales de la etapa de juicio o en la propia sentencia que le contiene y que tiene como sanción prevista por la ley su nulidad ante la imposibilidad de saneamiento o de subsanación, ergo no basta entonces con la presencia de un vicio, sino que se requerirá además: i.- Que el recurrente haya presentado protesta contra el vicio, en el momento procesal oportuno, procurando sanearlo sin éxito (Art. 363 párrafo tercero de CPP); ii.- Que el vicio tampoco sea posible tenerlo por subsanado; iii.- Que el vicio sea de aquellos que tenga como sanción legal la nulidad de la actividad que lo contiene (Art. 362 CPP), planteados como motivos para recurrir.- Los dos primeros requisitos no serán necesarios cuando el defecto se produzca en la sentencia, pues la única forma de protesta sería el mismo recurso de casación. Además de los requisitos señalados, el recurrente debe tener presente que la instancia impugnativa en casación está munida de importantes recaudos formales determinados por la ley que deben de cumplirse en su interposición (Art. 363 párrafo tercero CPP) y que pueden ser de diferente naturaleza en atención al defecto procesal denunciado (Art. 362 CPP); ello se debe a que se trata de un recurso extraordinario, que tiene como fin auditar la legalidad de la sentencia y por ende de una gran exigencia técnica. Es de esta forma que con la individualización del motivo se dan las siguientes consecuencias: a. La competencia de la Sala de lo Penal queda circunscrita a los aspectos objetos de impugnación (Art. 350 CPP); b. Es inaplicable el principio Iura Novit Curia, al no poderse suplir las omisiones del recurrente; y Es posible la concesión parcial del recurso, cuando la razón solo aparezca en parte de lo alegado en el motivo. Primer Motivo Norma autorizante: artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. Norma procesal que se denuncia infringida: 202, 336 del Código Procesal Penal Concepto de la infracción: motivación contradictoria e inobservancia a las reglas de la sana crítica. Reclamación ex-ante: sin determinar por la censora. Pretensión: que se case la sentencia, se declare ha lugar el recurso de casación y que se anule el fallo. Explicó la recurrente que las contradicciones del fallo se exponen en la declaración de hechos probados, en donde se expresa que los acontecimientos sucedieron en la colonia Azcona de la ciudad de Comayagüela; en la valoración de la prueba expresa S. D. que vive en la colonia Azcona, pero ahí mismo dice que la abuela a quien mencionan los hechos probados vive en la colonia Suazo Córdoba; luego se expone como lugar de residencia de la víctima la colonia Villa Delmy; considerando contradictoria e inverosímil la versión de la supuesta víctima, lo que relaciona con la inestabilidad emocional a que se refiere la psicóloga en su análisis. Del Principio de Debida Técnica en el Recurso de Casación Penal El Código Procesal Penal prevé que en contra de las resoluciones definitivas dictadas por los Tribunales de Sentencia procede interponer recurso de casación, cuyo objeto por una parte es velar por el respeto del Principio de Legalidad, con la correcta aplicación de normas constitucionales, normas penales sustantivas y normas procesales y por otra parte la unificación de los criterios legales en el sistema jurisdiccional del Estado mediante la definición de la doctrina legal. Importante es recordar que conforme a las normas del Código Procesal Penal se ha eliminado lo que antes era la fase de admisión del recurso, que consistía en un examen preliminar que se hacía de éste a efecto de resolver si era admitido o no para su estudio de fondo; tal cambio obedece al cumplimiento del artículo 25.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, que establece que: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales…”. Para lo cual los Estados parte se han comprometido: “a) A garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) A desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y c) A garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.”. Ahora bien, tal disposición convencional no exime al recurrente de cumplir con requisitos legales establecidos en aras de que el Tribunal de Casación pueda dar una respuesta pertinente, propia y útil al conflicto jurídico que se plantea, siendo éstos: a. Legitimidad Objetiva: Existencia de un derecho impugnatorio, para lo cual se requerirá que la ley procesal determine que la resolución puede ser impugnada vía recurso de casación. b. Legitimidad Subjetiva: Que la recurrente esté legitimado a impugnar la resolución por causarle agravio lo resuelto por el revés (total o parcial) al interés jurídico en conflicto como consecuencia de una infracción a la ley; y c. Satisfacción de Requisitos de Interposición: La recurrente deberá observar los requisitos de lugar, tiempo, modo y forma de interponer el recurso, pues éste sigue siendo un acto procesal sujeto a la observancia del debido proceso y respeto a los derechos fundamentales de todas las partes contendoras. De la Rúa (Fernando de la Rúa, en La Casación Penal, Editorial Depalma, Buenos Aires, Argentina, 1994, pág. 217), explica que el recurso de casación es un acto procesal complejo, integrado por dos elementos esenciales: i) La expresión de la voluntad de impugnar; y ii) La Fundamentación de la impugnación; añade el autor que ambos elementos deben confluir al mismo acto y en el mismo momento, el cual es en la presentación del escrito de interposición. Una vez presentado el Recurso de Casación, corresponde al Tribunal de Sentencia hacer estudio sobre la existencia de la legitimidad objetiva y subjetiva, además de la observancia de las condiciones de lugar, tiempo y modo, restando solo a la Sala de lo Penal revisar la satisfacción del requisito de forma de interposición, mismo que se realiza al tiempo en que se resuelve el recurso, siendo éste el aspecto que analizaremos con detenimiento en el presente caso. El recurso de casación es la manifestación expresa de una de las partes de no encontrarse conforme con lo resuelto por el Tribunal de Sentencia por contener un vicio (de fondo o de forma), que debe ser corregido, siendo ésta su pretensión; la recurrente debe necesariamente individualizar la resolución que contiene el o los vicios, su deseo de impugnarla mediante el recurso de casación y el tipo de recurso que se interpone. Además, el recurso de casación debe estar debidamente motivado con la identificación, explicación y demostración del vicio: 1. Identificación del Vicio/Motivo/Recurso: Al momento de la interposición de un recurso de casación, el recurrente deberá señalar en primer término el tipo de recurso de casación, seguidamente el motivo en que lo fundamentó en los casos de Infracción de Ley y Quebrantamiento de Forma (el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional es ordinario) y luego el vicio que denuncia. Ante una resolución definitiva emitida por el Tribunal de Sentencia, el recurrente deberá identificar si existe vicio que justifique la impugnación de aquello resuelto que le causa agravio; el vicio es el defecto de ley concreto y material que contiene la resolución y cuya corrección es la que persigue mediante el recurso; hecho esto, el recurrente deberá encuadrar el vicio en uno de los motivos previstos en la ley como aquellos autorizados para presentar impugnación. Los motivos son enunciados abstractos de posibles vicios que puede contener la resolución, previsto por la ley procesal, operando éstos bajo el sistema de Numerus Clausus, por tanto no es posible alegar vicios cuyos motivos no estén taxativamente señalados, salvo en el caso del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, en cual opera bajo el sistema de Numerus Apertus, siempre que se alegue un vicio relacionado material o formalmente con la decisión adoptada por el A-quo; la identificación del motivo de casación lleva al recurrente a derivar el tipo de recurso de casación a interponer. La ley procesal prevé tres tipos de recursos de casación: i) Recurso de Casación por Infracción de Ley, cuyo objeto es la denuncia de vicios In Iudicando; ii) Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, mediante el cual se denuncias vicios In Procedendo; y iii) Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, mediante el cual se pueden denunciar vicios In Iudicando o In Procedendo, contenidos en las normas fundamentales. El proceso de identificación se cumple cuando el recurrente señala: i) El tipo de Recurso de Casación; ii) La norma autorizante del recurso que identifica el motivo mediante el cual se denunciara el vicio; el motivo debe ser de aquellos previstos a ser planteados por el tipo de recurso elegido; iii) Norma o doctrina legal infringida, cuya indebida aplicación o inobservancia provoca la existencia del motivo; iv) Concepto de la Infracción, que es el enunciado sobre el vicio concreto observado, que debe ser consecuente con el motivo elegido; y v) Aplicación pretendida: es la aplicación o interpretación que se pretende de la norma o doctrina legal infringida o mal aplicada. 2. Explicación del Vicio: Es ineludible para el recurrente su deber de explicar en qué consiste el vicio que produce la resolución que se impugna, y como éste se subsume en uno de los motivos previstos en la ley. La explicación debe ser clara y precisa: la claridad radica en la exposición del vicio de manera individualizada y separada, descomponiendo sistemáticamente todas sus aristas hasta desentrañar sus aspectos más básicos; la precisión implica la no mutación del alegato a aspectos ajenos al vicio que se ha identificado. La ley procesal exige en el artículo 363 del Código Procesal Penal que cada motivo debe ser planteado de manera separada, ello se justifica por la necesidad de individualizar de manera concreta y precisa cada agravio, por lo que su inobservancia mella en la efectividad del recurso. Recordemos que el artículo 350 del Código Procesal Penal prohíbe al órgano jurisdiccional que resuelve un recurso, pronunciarse sobre aspectos distintos a los que se hayan planteado dentro de la impugnación y para ello entonces, se requiere que dicha impugnación sea clara en cuanto al vicio, pues la falta de claridad pone en riesgo al Tribunal de Casación de hacer pronunciamiento de algo distinto de lo que realmente se está impugnando, siendo entonces lo consecuente declarar sin lugar el motivo, cuando la falta de claridad sea absoluta. 3. Demostración del Vicio: El recurrente, aun cuando haya identificado el vicio, explicado en que consiste el mismo, no verá prosperar el recurso si no demuestra su existencia; ello solo se puede hacer cuando se hace la debida confrontación entre el aspecto contenido en la sentencia o resolución impugnada y la norma o doctrina legal que revela la contrariedad y la explicación de la aplicación que debió hacerse de dicha norma y que es la pretensión que se persigue con el recurso, es decir cómo considera la recurrente que debió haber sido aplicada la norma o por qué no debió haber sido aplicada. El vicio debe ser relevante, debe superar los aspectos meramente formales pasando a ser un aspecto material que interfiere en la legalidad de la resolución y que justifica la impugnación. Esta Sala de lo Penal ha sido del criterio que los defectos de forma que adolezca un recurso de casación deberán ser estudiados siempre teniendo en consideración el Principio de Tutela Judicial contenido en el artículo 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos y que permiten a quien pretende hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba, obtener una resolución fundada en Derecho que verse sobre las pretensiones planteadas en juicio y que sea ejecutada. Por ello a dicho Principio interesa lo referente a: a. Derecho de acceso a la justicia b. Derecho a una resolución fundada en derecho; c. Derecho de acceso a los recursos, no solo por previsión legal de los mismos, sino de obtener una respuesta ante su interposición; d. Derecho a la tutela cautelar; y e. Derecho a la ejecución. Los recursos son instrumentos para la obtención de una tutela judicial efectiva, garantía de rango Constitucional: Indica el artículo 82 de la Constitución de la República que “… los habitantes de la república tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes.”, agregando el artículo 314 superior que “… es facultad privativa de los Tribunales de Justicia, juzgar y ejecutar lo juzgado…”. Por todo lo anterior, mediante doctrina legal de esta Sala de lo Penal, se ha establecido que aun cuando en el planteamiento de un Recurso de Casación se presentasen errores de forma (Cita de precepto autorizante, norma infringida, concepto de la infracción de manera individualizada y diferenciada, aplicación pretendida) o incluso en algunos casos, errores en la exposición de conceptos jurídicos, ello no podría significar el rechazo Ad Portas del conocimiento del recurso, siempre que aun a pesar del desacierto pueda entreverse cuál es el concepto de la infracción, dando respuesta en la medida y extensión de la coherencia, claridad y precisión de los argumentos recursivos con la naturaleza del recurso planteado; el único caso en donde el Tribunal de Casación no podría dar respuesta a un recurso sería cuando éste fuese presentado en grado tan confuso que no sea posible, aun con un gran esfuerzo, deducir cual es el sentido del reclamo que realiza la recurrente, pues ello podría acarrear violación del artículo 350 del Código Procesal Penal, tal y como se ha explicado Ut Supra. (Así establecido en las sentencias de Sala de lo Penal del 29 de abril de 2014 en Exp 348-2011; del 27 de mayo 2014 en Exp 057-2012; del 04 de febrero de 2014 en el Exp 439-2011; del 23 de octubre de 2013 en Exp 172-2011; del 17 de septiembre de 2013 en Exp 228-2011, entre otras.). De la Procedencia del Recurso. El Motivo no es de Recibo. Esta Sala de lo Penal ha realizado una revisión exhaustiva al escrito de impugnación presentado por la recurrente y encuentra que ha incurrido en una ineficiente técnica recursiva en el momento de argumentar y desarrollar su recurso, pues si bien establece en general las violación a las reglas de la sana crítica no fue específica en señalar cual regla considera inobservada, además de establecer de manera puntual cuáles son los razonamientos del A-quo que considera errónea, pues no fue capaz de señalar y desarrollar porqué esos razonamientos son contrarios a las reglas del correcto pensamiento humano, es decir cuál sería el silogismo judicial correcto señalando la premisa mayor, la premisa menor y la conclusión correcta conforme a las reglas ya señaladas, sino que erróneamente enlistó los medios de prueba que se evacuaron en el juicio y procedió a valorarlos de manera subjetiva y expuso el valor probatorio que según su intelecto se le debió otorgar a la prueba evacuada. Es de tener presente que conforme a la naturaleza del recurso de casación resulta irrelevante el criterio que pueda generar la prueba al Ministerio Público, al acusador privado, a la defensa, etc. e inclusive al propio tribunal de casación; lo que consideren las partes o la Sala de lo Penal que debió haber sido la valoración de la prueba no es vinculante, sino que lo determinante es el criterio probatorio del Tribunal de Sentencia y si éste fue construido en respeto a las reglas de la sana crítica; ergo el motivo de casación debe concentrarse única y exclusivamente en demostrar que el criterio (valoración intelectiva) del juzgador fue erigido con inobservancia de esas reglas y principios que componen el recto entendimiento humano y no tratar de superponer otra valoración que se considera más propia. La Sala de lo Penal ha señalado que en casación, como única instancia, solo puede hacer un análisis, y en su caso, censura del proceso intelectivo de la sentencia cuando ésta contenga razonamientos que riñan con las reglas de la sana crítica; debe entenderse entonces que el foco de estudio no es la prueba, no es lo que dejó de acreditar o acreditaron los medios probatorios (valoraciones de instancia), sino ese razonamiento plasmado por los jueces y los cuales les llevaron a construir los hechos declarados probados. Como consecuencia de lo anterior la exactitud en la confección del recurso de casación por quebrantamiento de forma, tratándose de violaciones a las reglas de la sana crítica debe ser alta: se requiere de la identificación del razonamiento judicial, la identificación de la regla de la sana crítica que se considere violentada, la explicación del porqué el razonamiento judicial contiene un vicio de inobservancia o de mala aplicación de la regla de la sana crítica y finalmente, la explicación del porqué dicha violación tiene una repercusión negativa en la decisión adoptada por el tribunal, estos tres últimos requerimientos no fueron plasmas así por el censor; es un trabajo técnico, bastante preciso, pues a cada razonamiento judicial debe hacerse el examen sobre su propiedad y además se debe explicar por qué la conclusión judicial malograda es relevante para la decisión final y por ello dicha decisión fue indebidamente adoptada. Desafortunadamente la recurrente se aleja de lo anterior y procede a señalar lo que considera fueron violaciones a las reglas de la sana crítica (Máximas de la experiencia y lógica) apreciadas en el contenido de la prueba, agregando sus propias consideraciones y las conclusiones, a saber: “…siendo contradictoria e inverosímil la versión de la supuesta víctima, lo que se relaciona con la inestabilidad emocional a que se refiere la perito psicóloga en su análisis…” “S. D. T. H. ya tiene casi 20 años y no se presentó al juicio por lo que no hubo persistencia en la incriminación” “…el audio el video realizado en la cámara de Gesell se incorpora al debate de forma irregular;” “La evaluación realizada por la psicóloga , fue clara en determinar que S. D. T. presenta inestabilidad emocional que le generan incertidumbre; esto se entiende que repercute en la inseguridad de lo narrado” “Refiere la perito que utilizaba la fantasía como mecanismo de defensa ante una situación que puede generar estrés y busca otras personas donde refugiarse y que su diagnóstico es que no existía estrés postraumático; por lo que no existe trauma, lo que es consecuencia de este tipo de delitos según las máximas de la experiencia y la lógica, los delitos nunca sucedieron” etc. Como se puede colegir, el recurso contiene análisis probatorio y no análisis de los razonamientos judiciales; la impugnación se apoya en su mayoría en argumentos construidos en torno a lo que considera la recurrente como no acreditado con la prueba evacuada, lo que solo podría constatarse mediante una revalorización de la carga probatoria a realizarse mediante la lectura del contenido de la prueba, pero además se tendría que censurar la valoración hecha por el a-quo y reemplazarla por la valoración de la Sala de Casación; en otras palabras, la Sala de lo Penal tendría que convertirse en tribunal de segunda instancia. Esto nos lleva a afirmar que la recurrente acude a esta única instancia con el objeto de conseguir un reexamen o revalorización (revisio de facto) de la actividad probatoria, como medio de atacar el juicio valorativo hecho por el tribunal, pretendiendo que los jueces de casación, sin contar con inmediación (entre otros principios faltantes), valoren unos medios de prueba determinados, extraigan conclusiones probatorias y las impongan en la sentencia. La recurrente en su escrito de interposición del recurso, se aparta de la debida técnica ya que procede a refutar la valoración judicial, comparándola con una valoración privada, como forma de protesta de que es esta última la que debió haber aparecido en la sentencia y que por ello la resolución debe ser casada. Por tanto, no es procedente hacer un reexamen de la prueba como se ha solicitado, el recurso debió señalar las razones que tuvo el tribunal y porqué éstas no son compatibles con lo preceptuado con los principios de la sana crítica y el recto razonamiento humano. Como se ha señalado, la recurrente presenta queja sobre la valoración no porque plantee una mala construcción del razonamiento judicial, sino porque no está de acuerdo con ella al ser disonante con su pretensión, alegato que no es propio para un recurso de casación, por lo que este primer motivo debe ser desestimado. Del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior[1]. En general toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia; En una buena técnica recursiva, el peticionario debe hacer mano de este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional de amplio espectro (Recurso Ordinario), en contraposición con los recursos de Infracción de Ley, Infracción de Doctrina Penal y Quebrantamiento de Formas Procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores (Recursos Extraordinarios). En este último sentido Llorente Fernández expresa que (Llorente Fernández De La Reguera, Ángel, en Los Recursos, Cuadernos de Estudios Judiciales, RAFAEL ALVARADO MANZANO, LITICOM, Tegucigalpa, 2001, págs. 113-115), “la jurisprudencia española ha puesto de manifiesto que este cauce impugnatorio no está previsto para alegar, bajo su cobertura, la vulneración de cualquier norma constitucional, sino específicamente la infracción de aquellas que tienen una estrecha y directa relación con el objeto del proceso en que son invocados. Serán, por tanto, los derechos fundamentales ligados al proceso con carácter general los que tengan cabida en esta vía impugnativa y de un modo especial aquellos que el recurrente entienda que han sido conculcados en el caso concreto...”La esencia del recurso de Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del Principio de Convencionalidad y el Principio de Primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. Motivo Único Norma autorizante: artículo 361del Código Procesal Penal. Norma Constitucional que se denuncia infringida: 84 y 90 de la Constitución de la República Concepto de la infracción: infracción al derecho de defensa y al debido proceso Pretensión: que se case la sentencia, se declare ha lugar el recurso de casación y que se anulen la sentencia y los actos del juicio por violación a garantías constitucionales. Explicó la recurrente que el Ministerio Público tiene el deber del esclarecimiento de la verdad de los hechos, a pesar que el imputado pidió que investigara la denuncia de amenazas por parte de la mamá de la ofendida, la misma no se realizó; así mismo conforme al artículo 101 numeral 11 del Código Procesal Penal, era necesario que se realizara un estudio de campo y psicosocial a la menor ofendida para el estudio de su entorno, lo cual no fue posible por falta de diligencia del Ministerio Público. Fustigó que se violentó el derecho de defensa de su representado, porque no se tomó en cuenta la incomparecencia del perito psiquiatra y de la trabajadora social, faltando así al derecho a la contradicción. Del Derecho de Defensa[2]. Uno de los requisitos constitucionales del proceso penal, lo constituye el derecho de defensa como presupuesto básico para todo pronunciamiento en materia penal, plasmado en principio, como un instrumento de reacción del individuo frente a la acción punitiva del Estado, erigiéndose como el poder de oposición a la acción y por lo tanto constituye uno de los elementos esenciales del moderno proceso penal; en ese sentido, al garantizar la carta magna que el derecho de defensa es inviolable, lleva implícito que la instancia penal deba permitir a toda persona que interviene en juicio, los medios efectivos y necesarios para la concreción de la defensa en juicio, de tal forma que la normativa procesal reguladora del debate público deba comprender la observación de tal derecho en cada una de las circunstancias o incidencias que se presenten durante el juicio, como una manifestación del denominado derecho al debido proceso que “supone un conjunto de auto limitaciones constitucionales y legales que el Estado se impone a sí mismo, para racionalizar dentro de los marcos infranqueables de la dignidad humana, el ejercicio del ius puniendi, que se logra con el establecimiento de una serie de garantías mínimas, que son el escudo protector del ciudadano frente a la arbitrariedad del funcionario o a la omnipotencia del Estado” (Véase Pavón Gómez German. De la Casación y la Revisión Penal. 2ª edición. Doctrina y Ley. 2003. Colombia. P 48 y 49). Del Debido Proceso Legal La Garantía del Debido Proceso se encuentra regulada por el artículo 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 90 de la Constitución de la República, conocida como el Debido Proceso Legal, el cual refiere a los parámetros normativos bajo los cuales deben dispensarse todas las garantías necesarias en el proceso (con independencia de su naturaleza). La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el Informe No. 1/95 de fecha 07 de febrero de 1995, del caso 11,006, referente al proceso de Alan García, Perú, indicó: “El artículo 8 de la Convención Americana en su inciso primero establece que toda persona tiene derecho a ser oído con las debidas garantías en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada en su contra. - Así mismo, el mencionado artículo en su inciso segundo prevé que durante el trámite del proceso toda persona tiene derecho a que se respeten ciertas garantías mínimas. La enumeración contenida en esta cláusula ha sido interpretada como una nómina de garantías mínimas no taxativas. De este modo, se ha considerado que existen otras garantías reconocidas en el derecho interno de los Estados que, si bien no están incluidas explícitamente en el texto de la Convención, igualmente se encuentran amparadas por el contenido amplio del inciso 1 del artículo 8 de la Convención”. El Principio del Debido Proceso Legal, más que garantizar el respecto a la ritualidad en la dinámica de juzgamiento, es uno de los pilares del derecho procesal penal dirigido a que la persona sometida a la jurisdicción sea juzgada por un juez natural, competente, imparcial e independiente, pero adicionalmente es un mandato para que este juez, además de respetar las formas procesales, reproduzca en cada una de ellas los derechos consagrados en la Constitución de la República y en los Tratados y Convenciones de los que Honduras forme parte, es así que los llamados Principios Procesales o Principios Informadores del proceso, no son más que medios conductores para materializar aquellos derechos y garantías fundamentales que son agrupados bajo la titulación del debido proceso legal, y que constituyen reglas mínimas de juzgamiento, como ser: i. A una justicia gratuita; ii. Respeto al principio de presunción de inocencia; iii. Prohibición de ser procesado mediante la aplicación de leyes retroactivas peyorativas; iv. Derecho a ser informado de los cargos criminales en su contra; v.- A un juez predeterminado por la ley; vi. A la imparcialidad del juez; vii. A la independencia del juez; viii. Derecho a la defensa material y técnica y a utilizar los medios de prueba pertinentes; ix. A la igualdad de armas procesales; x. A un proceso público sin dilaciones indebidas; xi. Derecho a ser oído en un plazo razonable; xii. Posibilidad de recurrir ante un tribunal para obtener una revisión de la legalidad de la orden de privación de la libertad provisional; xiii. Deber de los tribunales de emitir fallos razonados, motivados y con información sustancial; xiv. El derecho a impugnar las resoluciones judiciales definitivas para que sean revisadas por un tribunal superior; en fin, el derecho a un Debido Proceso exige la materialización del Principio de Legalidad. La CIDH, en su informe No. 30/97 del caso 10,087 de fecha 30 de septiembre de 1997, referente a Gustavo Carranza, Argentina, indicó: “67.- El artículo 8 de la Convención Americana impone la existencia de “debidas garantías” durante el proceso de determinación de derechos […] En efecto, el mencionado artículo no contiene un recurso judicial propiamente dicho, sino el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales. Este artículo reconoce el llamado “Debido proceso legal” que abarca las condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquellos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial.”. Por su parte la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en sentencia de 02 de febrero de 2001, en el caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá, afirmó que: “Si bien el artículo 8 de la Convención Americana se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto “sino [al] conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales” a efectos de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier tipo de acto del Estado que pueda afectarlos. Es decir, cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea administrativo, sancionatorio o jurisdiccional, deben respetar el debido proceso legal.”. El Debido Proceso Legal se ve materializado cuando se observan estrictamente las normas contenidas en el Código Procesal Penal, el que señala en el Título IV de su Libro Tercero como debe substanciarse la etapa de juicio y en particular el debate, ergo la transgresión a cualquiera de esas normas legales constituiría vicio in procedendo siempre que por su carácter esencial socave la validez de la sentencia y esto es cuando transgrede o disminuye los principios mencionados. En conclusión, la resolución definitiva debe ser el resultado de la celebración de un proceso penal en el cual se respeten el conjunto de reglas esenciales que le sustentan en una base de legalidad, de lo contrario, cuando el mismo se realiza a espaldas de una de esas reglas, la resolución definitiva se convierte en un fruto viciado. De la Procedencia del Recurso. El Motivo no es de Recibo. Esta Sala de lo Penal observa que, nuevamente la censora ha faltado al utilizar la técnica recursiva adecuada para argumentar y desarrollar su recurso, pues si bien señaló como normas constitucionales el derecho de defensa y el debido proceso, no fue capaz de señalar de manera puntual por qué consideró violentados esos derechos, pues no pueden ser meras alegaciones, deben ser errores judiciales que representen un menoscabo en el derecho de defensa del imputado y que además impliquen una violación al debido proceso. Los argumentos que expone la censora no implican violación al derecho de defensa o debido proceso, pues las actuaciones que considera no se tomaron en cuenta por parte del Ministerio Público como la investigación de la denuncia por amenazas de parte de la madre de la ofendida, así como la no presentación del supuesto estudio de trabajo social, son actuaciones que impliquen roles tendientes a su cargo, es decir que forman parte de su estrategia del caso, por ejemplo los supuestos medios de prueba que no se evacuaron y que responsabiliza al ente acusador de no presentarlos, considera esta Sala que esa era un función que correspondía a la defensa y al no solicitarlas en tiempo y forma, además de hacer el reclamo oportuno, no puede ahora alegarlo, pues ha consentido el acto que reclama. Si a la defensa le interesaba la presentación de esas pruebas, por qué no fueron solicitadas en tiempo y forma, si en realidad eran indispensables para determinar la no responsabilidad del acusado en los hechos investigados. Así las cosas, esta Sala de Casación ha realizado un análisis de las incidencias celebradas en el juicio oral y puede concluir que se respetaron en todo momento los derechos y garantías que posee el acusado en su calidad de imputado, razones suficientes para desestimar el presente recurso de casación. Decisión Se declara no ha lugar el recurso de casación por quebrantamiento de forma en su único motivo y el recurso de casación por infracción de precepto constitucional en su único motivo, interpuesto por la defensa privada del acusado. De La Aplicación Retroactiva Del Código Penal Decreto 130-2017 Principio de Legalidad El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra declarado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y regulado en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal 130-2017 en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos de retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir una pena de cinco a diez años de prisión). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado, disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrará en vigor y cuándo es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo con la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento del juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución Política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme y mientras se esté ejecutando, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas en su totalidad, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. Reglas Generales de Ponderación de la norma más favorable que define el NCP decreto 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigor del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo código sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). Por tanto, la ponderación tendrá una variante a depender de la instancia en que se haga: 1. En la primera instancia, al momento del juzgamiento por el tribunal, la ponderación de los cuerpos normativos parte de la comparación de las penas abstractas, pero sin dejar de tener en consideración la total de los cuerpos normativos como un todo; o 2. En la segunda o única instancia, al resolverse un recurso devolutivo interpuesto en contra de sentencia definitiva la ponderación se realizará entre la pena concreta impuesta y la pena abstracta que corresponda para el mismo hecho e igualmente reparando respecto a la totalidad de los cuerpos normativos. En ambos casos el proceso de ponderación se realiza siguiendo las reglas que se señalan en este apartado. Es importante insistir que la ponderación de la norma más favorable deberá de realizarse al momento del juzgamiento en primera instancia, en segunda instancia o en única instancia; por ello no es procedente aplicación retroactiva en estadios previos del proceso, como ser la audiencia de declaración de imputado, la audiencia inicial, la audiencia preliminar o en la etapa de saneamiento de la etapa de juicio. El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibida la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017; a tal consideración se le suma las siguientes: 1. Penas Conjuntas: No procede la ponderación parcial de penas principales; la ponderación deberá de realizarse tomando en consideración todas las penas conjuntas impuestas por los mismos hechos (Art. 617 NCP). 2. Penas privativas de Libertad: No se realizará aplicación retroactiva del NCP cuando la pena privativa de la libertad (reclusión) con todas sus circunstancias, impuesta de conformidad con el VCP 144-83, fuese también imponible con arreglo al NCP 130-2017 (Art. 616). Ello ocurre cuando la pena concreta impuesta se encuentre dentro marco abstracto de la pena que para el mismo hecho se deba de imponer de conformidad con el NCP 130-2017 (Art. 621). 3. Pena de Multa: No se realizara aplicación retroactiva del NCP cuando la pena impuesta de conformidad con el VCP 144-83, sea la de multa y la que corresponda imponer conforme al NCP 130-2017, igualmente sea una pena de multa.- La aplicación retroactiva se realizara excepcionalmente cuando: a.- No se hubiese hecho abono alguno de la pena de multa impuesta de conformidad al VCP 144-83; y b.- la concreta cuantía impuesta conforme al VCP 144-83 no fuese posible imponer de acuerdo con el NCP 130-2017 desde una perspectiva abstracta (Art. 619). 4. Penas privativas de Derechos: Las penas principales de inhabilitación absoluta y especial se compararán atendiendo a la duración de la pena concreta impuesta en la sentencia y la máxima que pueda imponerse de conformidad con el NCP 130-2017 (Art. 620). 5. Medidas de Seguridad: Respecto a las medidas de ejecución impuestas de acuerdo con el VCP 144-83 que estén pendientes de ejecución o que estén siendo ejecutadas, deberán de ser objeto de revisión y adecuación de conformidad con las normas que regulan las mismas en el NCP 130-2017; (Art. 625). Reglas de Particulares de Ponderación por Concurso de Delitos y Por ausencia de Éste A nivel de punibilidad se regulan los concursos de delitos; ante la colisión temporal de normas sustantivas el juzgador llamado a resolver la acción penal interpuesta en base al rigor del VCP 144-83, deberá de establecer si existe o no concurso de delitos, identificar cual es el que concurre y luego hacer el cálculo de pena abstracta de conformidad a dicho concurso; seguidamente el juzgador deberá de hacer la ponderación de la pena más beneficiosa determinando si conforme a lo probado igualmente se aprecia un concurso según las normas del NCP130-2017, y de ser así deberá de proceder a calcular la pena abstracta, siendo el tercer y último paso la comparación de penas que deban de ser impuestas según cada código penal, reflejándose así cuál de ellos es el que debe de ser aplicado por ser más beneficioso para el procesado o reo. Lo descrito es un proceso general que tiene sus matices a depender cada uno de los concursos, lo que obliga hacer un estudio individualizado: A. Concurso Ideal Cuando conforme a los hechos imputados se deba de aplicar un Concurso Ideal (Art. 67 en relación con el párrafo 6 del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: 1. Ponderación de la norma más favorable se realizará de manera global: comparación de la pena impuesta conforme al concurso ideal según las reglas del VCP144-83 con la pena que correspondería conforme las reglas del concurso ideal del NCP130-2017.- Es contra legem hacer una comparación individual de las penas que conforman el concurso ideal; 2. Cuando una de las penas concursadas corresponda a un delito despenalizado, primero se deberá hacer el nuevo cálculo de la pena agravada del VCP144-83 y luego hacer la comparación global con el NCP130-2017; comparación que debe de hacerse según se explicó en el numeral anterior; o 3. Si con el delito despenalizado desapareciere el concurso ideal, la comparación se deberá de realizar conforme las reglas de las penas no concursadas, que se explican más adelante. Es aplicable en la ponderación de penas impuestas al delito continuado la observancia de los límites de cumplimiento de pena conforme las reglas del concurso real: i.- Limite Subjetivo, ii.- Limite Objetivo Ordinario y iii.- Limite Objetivo Extraordinario, explicado igualmente líneas adelante. b. Delito Continuado En el caso de que la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un delito continuado la ponderación debe hacerse en relación a la pena agravada y no respecto a las penas por cada delito; (Art. 617 NCP). Al apreciarse un concurso continuado (Art. 68 en relación con el párrafo 6 del artículo 616 NCP) se procederá conforme a las mismas reglas señaladas previamente para el delito continuado. En los supuestos en donde conforme el VCP 144-83, corresponda aplicar un concurso real pero conforme el NCP 130-2017 se deba de aplicar un delito continuado, el juzgador deberá de proceder de la siguiente manera: 1. En primera instancia: i. Primero se procederá a realizar el cálculo abstracto de las penas conforme el VCP144-83, las que serán tomadas globalmente, para luego comparar el mismo con el marco abstracto de la pena que corresponda en aplicación del delito continuado según el NCP130-2017, develándose así que código es el más beneficioso en su conjunto. Recuérdese que la comparativa es global (suma de todas las penas abstractas) y no individual por cada pena; ii. En caso de que lo anterior no defina cual es la pena más favorable, el juzgador deberá de proceder a la individualización de la pena concreta de conformidad con el VCP-144-83 y paralelamente a la individualización de la pena concreta de conformidad con el BCP130-2017, de cuya comparación se decidirá que codificación es la más beneficiosa; o 2. En segunda instancia y única instancia: la comparativa parte de la confrontación de las penas que en concurso real hayan sido impuestas en la sentencia impugnada en aplicación del VCP144-83, con el marco abstracto de la única pena que de conformidad al NCP-130-2017 deba de imponerse como consecuencia de la aplicación del delito continuado; así entonces: i. Si las penas individualizadas en concurso real tomadas globalmente (la sumatoria de todas las penas), se encuentra dentro del marco abstracto de la pena del delito continuado, no se aplicará retroactivamente el NCP130-2017; ii. Si las penas individualizadas en concurso real están fuera de la escala de la pena abstracta que deba de imponerse en delito continuado según el NCP130-2017, se aplicara la pena que le sea más favorable al procesado. c. Concurso Real Los supuestos en donde la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un Concurso Real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: 1. La ponderación deberá de realizarse conforme al límite único de cumplimiento de pena que establece el artículo 35 del VCP 144-83 versus los limites objetivo ordinario o limite objetivo extraordinario, según corresponda, y luego de ello conforme al límite subjetivo que prevé el artículo 66 NCP 130-2017, debiendo excluir las penas de delitos que hayan sido despenalizados en la nueva normativa.- Es importante tener presente que ningún límite es preferente a otro y por tanto se aplicará el límite que marque menor pena; así entonces: a. Cuando entre en acción el Límite Objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá de realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al VCP144-83 y los límites del concurso real que regula el NCP130-2017, siguiendo los siguientes pasos: i. Si ambas legislaciones determinan un mismo límite de cumplimiento, se aplicará el principio de identidad, es decir el VCP 144-83; y ii. Si las legislaciones definen límites de cumplimiento distinto, se aplicara aquel que le sea más beneficioso al acusado o reo (ello sin perjuicio de lo que se señala en el siguiente literal); y/o b. Para hacer efectivo el Limite Subjetivo, que regula el NCP 130-2017 se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, develando así el límite máximo que puede cumplir el condenado: i.- Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años: la pena se adecuara a dicho límite de conformidad con lo señalado en el literal anterior; ii.- Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años; implica que el resultado matemático será el límite máximo de cumplimiento, el que deberá de ser objeto de comparación con el limite objetivo de cumplimiento del VCP144-83. 2. Cuando las penas consideradas globalmente no superasen ninguno de los límites a los que se refiere el numeral anterior, el juzgador procederá a realizar la comparación de las penas que corresponda en una y otra legislación: a. En primera instancia la comparación se realizará entre las penas abstractas definidas en cada cuerpo sustantivo; el tribunal sumará todas las penas abstractas que correspondan imponer en concurso real de conformidad con el VCP 144-83 y todas las penas abstractas que prevea el NCP130-2017, las cuales comparará. Si de la comparación no es posible determinar cuál es más beneficiosa para el procesado, el tribunal deberá de proceder a realizar la individualización de las penas de cada delito primero conforme el VCP144-83 y después conforme el NCP130-2017, luego la suma global de dichas penas por cada código serán comparadas entre sí, determinando cual es el cuerpo normativo más beneficioso (siempre teniendo presente además el resto de las regulaciones normativas). Finalmente, si aun con las penas individualizadas no existe claridad cuál en su conjunto es más beneficiosa para el acusado, el tribunal le consultara para que éste señale cual le favorece más. b. En segunda y única instancia la comparación se realizará entre la suma de todas las penas concretas impuestas en concurso real en la sentencia impugnada bajo el VCP 144-83 y la suma de todas las penas abstractas que define el NCP 130-2017. De dicho resultado el tribunal resolverá: i. Si las penas concretas en concurso real VCP 144-83 están dentro de la suma del margen abstracto de las penas del NCP 130-2017, no procederá la aplicación retroactiva de este último; ii. Si la suma de las penas concretas VCP 144-83 no se encuentra dentro del marco abstracto de la suma de penas en concurso real del NCP 130-2017, se aplicará el cuerpo normativo que fije comparativamente las penas más leves, sin dejar de tener en consideración el resto de disposiciones de cada codificación para efectos comparativos; iii. Si el concurso real está compuesto por Penas Conjuntas, en donde algunas de ellas sean más beneficiosas y otras más gravosas respecto a la comparación hecha con el otro cuerpo legal; el órgano jurisdiccional deberá de tomar como pena definitoria de aplicación la pena de privación de libertad, a menos que el propio acusado señale que a su conveniencia deba de tomarse las otras penas como definitorias. Ejemplo de esto último sería un concurso real con pena global de reclusión por 25 años y multa por L. 700,000.00 conforme el VCP 144-83 y por otro lado una pena de prisión de 17 a 20 años y multa de L. 1,000,000.00 a L. 5,000,000.00 conforme el NCP 130-2017, caso en donde la pena privativa de libertad deberá de definir el código penal a aplicar, siempre que además los beneficios penitenciarios que regule ese mismo código fuesen igualmente más favorables. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Limite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Limite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Limite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos limites no se observaran cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. d. Concurso Medial El concurso medial constituyó una institución penal por muchos años, reglada por el artículo 36 del VCP 143-83, misma que desaparece en el NCP 130-2017. Por tanto, cuando conforme los hechos imputados en base al VCP144-83 deba de aplicarse un Concurso Medial (Art. 66 en relación con el párrafo séptimo del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: 1. Se realizará la comparación global de la pena que corresponda en concurso medial según el VCP144-83 con las penas que correspondería aplicar en concurso real conforme al NCP130-2017, en consideración a los limites subjetivo, objetivo ordinario y objetivo extraordinario, del que hemos hablado en el apartado anterior; 2. Es improcedente hacer comparación individual de las penas que conforman el concurso medial del VCP144-83 y las penas en concurso real del NCP130-2017; 3. Cuando una de las penas corresponda a un delito despenalizado, haciendo desaparecer el concurso Medial, la comparación se deberá de realizar conforme las reglas de las penas no concursadas, lo que se aborda en el apartado siguiente. e. Penas Conjuntas No Concursadas Finalmente, cuando corresponda imponer a una persona una Pena No Concursada, se procederá a la comparación de la pena concreta o de las penas conjuntas (en su caso) impuesta conforme VCP144-83 con la pena abstracta (o penas conjuntas) que correspondan según el NCP130-2017, bajo las siguientes reglas: 1. Si existe coincidencia en la naturaleza de las penas contempladas como sanción en ambas legislaciones: i. No procederá la aplicación retroactiva cuando la nueva legislación prevea una pena más grave que la anterior legislación; ii. No procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada impuesta conforme el VCP144-83 se encuentre dentro del margen abstracto del NCP130-2017; iii. Procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada sea más grave en comparación con el margen abstracto previsto en la nueva legislación; 2. Si el hecho definido como delito tiene previstas Penas Conjuntas (varias penas principales, siendo una de ellas la privativa de libertad) donde una de ellas es más beneficiosa y la otra es más gravosa en comparación con el otro cuerpo legal, el órgano jurisdiccional deberá de tomar como pena definitoria de aplicación la de privación de libertad, a menos que el propio acusado señale que a su conveniencia deba de tomarse las otras penas como definitorias. Ejemplo de esto último sería pena de reclusión por 9 años y multa del 10% de lo defraudado equivalente a L. 50,000.00 conforme el VCP 144-83 en comparación con una pena de prisión de 2 a 3 años y multa 400 días multa equivalente de hasta L. 2,000.000.00 por defraudación a las telecomunicaciones, caso en donde la pena privativa de libertad deberá de definir el código penal a aplicar, siempre que además los beneficios penitenciarios que regule ese mismo código fuesen igualmente más favorables; o 3. Si la sanción impuesta conforme el VCP144-83 es de distinta naturaleza a la prevista en el NCP130-2017, se procederá a hacer una ponderación en atención al caso concreto, incluyendo la situación personal del condenado/a, para determinar cuál de ellas le es más beneficiosa y con esto si procede o no la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal.- En caso de requerirse estudios para determinar cuál de las sanciones es más beneficiosa, éstos deberán de ser ordenados por el Tribunal previo a la decisión. Finalmente, si aun con los estudios realizados no existe claridad cuál de las penas es más beneficiosa para el acusado, el tribunal le consultara a éste para que señale la que más le favorece. Escrito Suplementario Señala el artículo 624 del Código Penal 130-2017 que, en el trámite de un recurso contra una resolución definitiva, las partes podrán presentar un escrito suplementario a efecto de que el tribunal ad-quem lo tome en consideración al momento que corresponda hacer la ponderación de la norma penal más favorable entre el Código Penal vigente al momento del hecho (CP 144-83) y el Código Penal vigente al momento del juzgamiento (CP 130-2017). En el presente caso no se presentó por parte de la defensa privada escrito complementario en el que estableciera su parecer sobre la aplicación retroactiva de la nueva normativa penal; tampoco el Ministerio Público hizo pronunciamiento al respecto, por lo que la Sala de lo Penal se ve obligada a realizar el análisis de oficio tal y como prevé el numeral 3 de la misma norma citada, en relación al acusado señalado. Ponderación en el caso concreto El Tribunal de Sentencia, basado en el Código Penal 144-83, declaró responsable al acusado H. H. L., de un delito de Violación Especial y le impuso una pena de 16 años de reclusión y fue condenado además por un delito de actos de lujuria con una pena de 8 años 6 meses de reclusión; como penas accesorias se impuso al acusado la inhabilitación absoluta, la interdicción civil; además se hizo la declaratoria de responsabilidad civil derivada del delito y como consecuencia penal de obligación de realizar trabajo penitenciario. Al sumar las penas nos dan un total de 24 años 6 meses de reclusión. Conforme a la nueva legislación decreto 130-2017, el delito de violación se encuentra regulado en el artículo 249, señalando una pena de 9 a 13 años y estableciendo que se aumentará dicha pena si se acredita que existió violencia o intimidación y además que la víctima sea menor de 14 años; conforme a los hechos probados el imputado le manifestó a la menor ofendida que si llegaba a contar lo sucedido procedería a darle muerte a su madre, por tanto, se cumplen los dos requisitos para aumentar la pena, quedando ésta en 13 años a 17 años 4 meses de prisión. En cuanto al delito de actos de lujuria se regulan en el artículo 250 del nuevo Código Penal y se denomina como “otras agresiones sexuales” con una pena de 5 a 8 años pero que igualmente se debe incrementar cuando se haya utilizado violencia o intimidación y la víctima sea menor de 14 años, tal como ocurre en el presente caso, por lo que la pena ya aumentada quedaría de 8 a 10 años 8 meses de prisión. Al sumar ambas penas nos dan un total de una pena mínima de 21 años y una pena máxima de 28 años. Al realizar los cálculos respectivos vemos que la pena que actualmente posee el acusado conforme al código penal y que corresponde a 24 años 6 meses se encuentra dentro del margen de penas que establece la nueva legislación penal; pero además con el nuevo código penal se debería imponer las penas principales de prohibición de residencia y aproximación a la víctima por el doble de tiempo de la pena de prisión; así como las accesorias de penas privativas de derechos que establece el artículo 267 del Código Penal, entre ellas ser incluido en el registro de agresores sexuales. En tal sentido no procede la aplicación del decreto 130-2017 pues lejos de beneficiar al imputado, le perjudica. Por Tanto: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 82, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 338, 359, 361, 362, 363 y 369 del Código Procesal Penal; 66 y 616 del Código Penal decreto 130-2017. Falla: Primero: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo, interpuesto por la Abogada Mercedes Sosa Vasquez, en su condición de Defensora Privado del señor H. H. L., a quien se le condenó por el delito de Violación Especial y Actos de Lujuria, en perjuicio de la menor S. D. T. H.. Segundo: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucinal en su único motivo, interpuesto por la Abogada Mercedes Sosa Vasquez, en su condición de Defensora Privado del señor H. H. L., a quien se le condenó por el delito de Violación Especial y Actos de Lujuria, en perjuicio de la menor S. D. T. H.. Tercero: Declara la no procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal decreto130-2017. Cuarto: Declara Firme y Ejecutable la sentencia de fecha veintiocho de mayo de dos mil dieciocho, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán. Y manda: Que la Secretaría del despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. – Firma y Sello. – Jose Olivio Rodriguez Vasquez. Magistrado Coordinador. Rafael Bustillo Romero. Magistrado. Alma Consuelo Guzmán Garcia. Magistrada - Firma y Sello. – Jose Ramon Cruz Ferrera. Secretario Sala de lo Penal.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los tres días del mes de mayo de dos mil veintitrés. Certificación de Sentencia dictada a los veintinueve días del mes de septiembre de dos mil veintidós, recaída en el expediente de casación con número de ingreso SP-75-2019.
RINA KORITZA SANDOVAL NAVAS
RECEPTORA ADSCRITA SALA DE LO PENAL
1 | 1
[1] El artículo 8.2 literal h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que, durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, entre otras garantías mínimas, la de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.
[2] Vid Sentencia de Casación Penal Nº SP 40-2011 dictada por la Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia en fecha 10 de enero del 2013.