Sentencia CP-70-19 — Registro 18430
Resumen
El tribunal de sentencia condenó al imputado, como autor del delito de facilitación de los medios de transporte para el trafico de drogas, en perjuicio de la salud de la población del Estado de Honduras, resolviendo la Sala de lo Penal no ha lugar el recurso de casación y la no procedencia de la retroactividad de la ley penal.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"...De la procedencia del Recurso. EL RECURSO NO ES DE RECIBO. En reiteradas sentencias la Sala de lo Penal ha delimitado los motivos que pueden plantearse cuando se interpone el recurso de casación por infracción de precepto constitucional, siendo éstos: a) Licitud de la Prueba. Si las pruebas fueron obtenidas y reproducidas con el respeto a los derechos fundamentales y a los derechos humanos; b) Debido Proceso Probatorio: Si las pruebas fueron practicadas en el juicio con sujeción a los principios de oralidad, inmediación, contradicción, concentración y publicidad; Incluye también verificar que las pruebas practicadas excepcionalmente en la etapa preparatoria fueron introducidas al debate por el cauce previsto por el artículo 311 del Código Procesal Penal; c) Debida Motivación: Si las conclusiones probatorias del tribunal sentenciador han sido debidamente motivadas descartando la arbitrariedad (Art. 141 CPP); d) Debido Razonamiento Probatorio: Si el razonamiento de la convicción obedece a criterios lógicos, razonables y vinculantes a la prueba practicada, sin involucrar los aspectos que exigen inmediación, de la cual carece el tribunal de casación; y e)Suficiente Carga Probatoria: Si durante el debate se reprodujeron los suficientes medios de prueba que hayan abarcado los elementos. Corresponde entonces al recurrente la tarea de plantear un recurso elaborado a partir de una correcta técnica recursiva, señalando no solo que se ha vulnerado el estado de inocencia, sino que explicando el porqué y el cómo, y además las repercusiones que ello tuvo en la decisión judicial contenida en la sentencia impugnada. En el presente caso la recurrente identifica el recurso (infracción de precepto constitucional) y además la norma que considera infringida (Art. 89 de la Constitución, que reconoce el estado material de inocencia), pero no cumple con completar correctamente el planteamiento, dado que no señala con exactitud cuál es el vicio, sino que ocupa espacio del libelo para exponer cuales son los aspectos que puede resolver la Sala de lo Penal frente a un recurso por infracción de precepto constitucional; el recurrente se limita a señalar que en el caso concreto el derecho al estado material de inocencia se ha vulnerado como consecuencia de que la prueba no tiene la aptitud para destruir dicha condición que le es propia al acusado. Es consecuencia de lo señalado que la Sala de lo Penal no pueda dar una respuesta de fundo al recurso planteado; es importante señalar que no constituye esto una aprobación a la sentencia, sino una imposibilidad de resolver la impugnación, pues la sentencia no llegó ser auditada a falta de un recurso planteado debidamente conforme a una correcta técnica recursiva..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 361 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
"...Ponderación en el caso concreto En la tramitación del recurso de casación ninguna de las partes presentó escrito complementario dando a conocer su criterio respecto a la procedencia o no de la aplicación retroactiva del NCP 130-2017, por lo que en base al artículo 624.3 de ese cuerpo legal corresponderá en el presente caso a la Sala de lo Penal realizar la ponderación de oficio. En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se condenó al señor Bryan Alexander Sánchez Castillo, por el delito de Facilitación de los Medios de Transporte para el Tráfico Ilícito de Drogas, en perjuicio de la Salud de la Población del Estado de Honduras. De acuerdo a la Ley Sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas (art. 22), a la persona responsable del delito de facilitación de medios de transporte para el tráfico o consumo ilícito de sustancias estupefacientes, se le impondrá sanción de seis (6) a nueve (9) años de reclusión más multa de cincuenta (50) a cien (100) mil lempiras. La conducta reprochada al acusado está prevista en el Código Penal 130-2017, como delito de tráfico de droga por facilitación de local para el tráfico o consumo de drogas (Art. 311), cuya pena es: a.De 04 a 07 años de prisión y multa de 100 a 500 días, si se trata de drogas que no causan grave daño a la salud, los cuales son: los derivados del cáñamo índico o americano y los derivados del cannabis sativa índica o americana; o b. De 07 a 10 años de prisiòn y multa de 100 a 500 días, si se trata de drogas que causen grave daño a la salud. siendo éstas las enumeradas en las llistas de Estupefacientes o preparados: I, II y IV (Lista de Estupefacientes sometidos afiscalizacióninternacionallista,amarilla:https://www.incb.org/documents/NarcoticDrugs/YellowList/58th_Edition/YellowListSA.pdf) de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes; Nueva York, 31 de marzo de 1961 y su Protocolo de modificación; y en las listas de sustancias Psicotrópicas: I, II, III y IV (Lista de Sustancias Psicotrópicas sometidas afiscalizacióninternacionaloListaVerde:\utps://www.incb.org/documents/Psychotropics/forms/greenlist/Green _hst _SPA 08676. pdf) del Convenio de Naciones Unidas sobre sustancias psicotrópicas del 21 de febrero de 1971. Las penas por imponer serán de 10 a 15 años de prisión y multa de 300 a 500 días, cuando a cantidad de droga sea de especial importancia (Art. 312.5 NCP), entendiéndose como tal: i- Diez mil (10.000) gramos de marihuana; ii.- Mil (1000) gramos de hachís; iii.- Dos mil (2000) gramos de cocaína; iv.- Dos mil (2000) gramo de alcaloide derivado de la cocaína; u- Sesenta (60) gramos de opio o de sus derivados; vi.Doscientos (200) gramos de droga sintética; o vii .- Cuatrocientos (400) mililitros cuando la droga sintética se encuentre en solución. Retornando al caso concreto, el acusado, conforme los hechos probados, se encontraba en posesión de 180,36 gramos de marihuana, considerada una droga que no provoca grave daño a la salud; cantidad no compatible para el consumo personal inmediato; conducta que castiga el NCP con la pena de 04 a 07 años de prisión y multa de 100 a 500 días. A partir de lo anterior, es posible determinar que la pena a imponer al acusado, conforme el CP-144-83 al ser de seis (6) años más multa de cincuenta (50) mil lempiras, se encuentra comprendida dentro de la pena abstracta que le hubiese podido corresponder en el caso de ser juzgados conforme las normas del CP-130-20179 que prevé una pena para la misma conducta delictiva de de 04 a 07 años de prisión y multa de 100 a 500 días. Por tanto, no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del nuevo Código Penal. .."
Legislación citada
- Código Penal No. 130-17, art. 615 y 616 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia recaída en el expediente del Recurso de Casación SP 70-2019 que literalmente dice: “Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los treinta y un días del mes de marzo del año dos mil veintidós, el pleno de la Sala de lo Penal integrado por los Magistrados: José Olivio Rodríguez Vásquez, en su calidad de coordinador, Rafael Bustillo Romero y Alma Consuelo Guzmán García, pronuncian En nombre del Estado de Honduras La siguiente sentencia en los Recursos de Casación SP-70-2019 por Infracción de Precepto Constitucional, interpuesto contra la sentencia de fecha veinticinco de octubre de dos mil dieciocho, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, mediante la cual falló: Primero: Condenó al señor Brayan Alexander Sánchez Castillo, como autor del delito de Facilitación de los Medios de Transporte para el Trafico de Drogas, en perjuicio de La Salud de la Población del Estado de Honduras, a la pena de seis años de reclusión, más una multa por cincuenta mil lempiras.- Segundo: Condenó al señor Brayan Alexander Sánchez Castillo a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil.- Tercero: Se le declaró la responsabilidad civil del señor Brayan Alexander Sánchez Castillo.- Cuarto: No procedió condenar en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio al señor Brayan Alexander Sánchez Castillo.- Quinto: Se declaró el comiso de doscientos ochenta y cinco bolsas de marihuana, con un peso total de 180,36 g misma que se encuentra en los almacenes del Ministerio Público y ordena la destrucción de la misma. SON PARTES EN ÚNICA INSTANCIA: Las Abogadas Dinabel López Durón y Giovinezza Dubois, en su condición de defensoras públicas del señor Brayan Alexander Sánchez Castillo, como parte recurrente; la Abogada Ligia Cristina Roque Gómez, en su condición de fiscal del Ministerio Público y el Abogado Leonel Omar Quiróz Gonzáles, en su condición de procurador judicial del Estado de Honduras, como partes recurridas. HECHOS PROBADOS DE LA INSTANCIA “Ùnico: Que en fecha 10 de agosto del año 2016, a las diez de la mañana miembros de la policía preventiva realizaban un patrullaje en una motorizada, en la colonia Flor del Campo, en la calle principal del sector de la cantera, cuando observaron a una persona quien posteriormente fue identificado Brayan Alexander Sánchez Castillo, llevando consigo una bolsa negra, hacia un lugar no determinado, quien al percatarse de la presencia policial, tiro la misma, por lo que los agentes lo requirieron y levantaron la bolsa negra encontrando en su interior 258 envoltorios plásticos que contenía marihuana con un peso neto 180,36 gramos, el cual no es compatible para consumo personal inmediato. Por lo que se le dio detención. RECURSO DE CASACIÓN. - MOTIVOS Y ARGUMENTOS La recurrente Abogada Tesla Sibrián, procedió a formalizar su Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional de la manera siguiente: Exposición del Motivo de Casación. Único Motivo: Valoración del artículo 89 de la Constitución de la Republica. Precepto Autorizante: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 361 del Código Procesal Penal. Explicación Del Motivo: La norma Constitucional que se invoca como infringida es el artículo 89 que reza: “Toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente.” En tal virtud para que dicha autoridad llegue al convencimiento sobre la responsabilidad penal de un ciudadano debe contar con la prueba suficiente que no le deje duda sobre la vulneración el Estado de inocencia que asiste a un imputado. Primero: De lo anterior se desprende que es una obligación de los jueces hacer una valoración de la prueba, sin escatimar ningún esfuerzo en la búsqueda de la verdad, para garantizarte a quien lo enfrenta, un Juicio Justo y apegado a derecho. En el caso de marras utilizar una declaración incorporada por lectura autorizada la que no fue rendida con las formalidades de prueba anticipada como único sustento para condenar, sin que dicha declaración sea corroborada por ningún otro medio de prueba, es una flagrante violación al derecho de inocencia, resultando inútil el ejercicio del Ministerio Publico en actuar con absoluta objetividad, no pudiendo incorporar a la investigación dichos o medios de prueba que sindiquen participación de mi poderdante, obvia el Ministerio incorporar aquellas circunstancias o investigaciones que pudiesen eximir la responsabilidad de mi imputado. dicho yerro solo puede ser subsanado a través del presente recurso de casación.” “Segundo: Resulta Honorable Corte, que el Tribunal al emitir el fallo condenatorio en contra de mi patrocinado, lo ha hecho apoyándose: 1.- en el acta de levantamiento de indicios practicada por Ramon Eduardo Espinoza Sierra que dicho sea no le fue practicada a mi representado y la dicha diligencia no fue ratifrcada en el juicio oral y público: asimismo toman como sustento probatorio la declaración del testigo Oscar Eteodoro Pérez García, la que fue incorporada por lectura autorizada sin contar con las garantías y formalidades de la prueba anticipada, sin embargo este testigo es claro en decir que no vio a mi representado porque iba de copiloto en la moto por lo cual no tenía visibilidad y lo vio al imputado hasta que se bajó de la moto, ni lo vio tirar nada.- No compartimos la valoración de la prueba en perjuicio de mi poderdante y por ende tampoco los hechos estimados probados en ese sentido es que considera que debe absolverse al acusado. Es así que observamos que esta declaración no es discriminativa para vulnerar el estado de inocencia de Brayan Alexander Sánchez Castillo. Establecer un cuadro factico fidedigno que no deje lugar a dudas sobre la vulneración del estado de inocencia de mi patrocinado, llegar al fondo de los hechos, a pesar que se ha contado con prueba testifical, científica toxicológica en este caso no es posible dictar una sentencia condenatoria debido a la insuficiencia probatorio que estas han aportado a la investigación por parte de los que están obligados a traer al juicio oral y público todo lo permitente para que los Juzgadores puedan impartir justicia.” “Tercero: La conocida jurista española Maria Félix Tena Aragón, en su Obra Manual de Derecho Constitucional pagina 34 inciso 7 establece: “Este Derecho, en su vertiente de regla de juicio que es la que vamos tratar en este tema. más allá de su contenido material, que será objeto de exposición en tema 5, se configura como el derecho a no ser condenado sin pruebas de cargo valida”.- Tal como ocurre en el caso de mi representado no existe prueba que acredite la el cruce de llamadas o que respalde el cuadro factico al que han arriba los Juzgadores, esto no puede ser corroborado o dado por válido por ningún otro medio de prueba; Sigue Diciendo la jurista Tena Aragón “Por tanto, solo cabra constatar la vulneración de inocencia cuando haya pruebas de cargo vatidas, es decir, cuando los órganos judiciales hayan valorado una actividad probatoria lesiva de otros derechos fundamentales o carentes de garantías, o cuando no se motivó el resultado de dicha valoración o fInalmente cuando por ilógico o insufIciente no sea razonable el iter discursivo que conduce de la prueba al hecho probado". Para concluir con lo dicho por la Jurista Aragón " A falta de prueba directa, la prueba de cargo puede ser indiciaria, siempre que se cumplan con los siguiente requisitos, que permiten distinguirta de las simples sospechas: que parta de hechos plenamente probados y que los hechos constitutivos de delito se deduzcan de esos indicios a través de un proceso mental razonado y acorde con las reglas del criterio humano, explicado en la sentencia condenatoria".- En el caso de nos ocupa el Tribunal Juzgador no ha corroborado los dichos con ninguna prueba periférica que imponga a mi representado la propiedad sobre esa bolsa que contenía la marihuana encontrada tirada en el piso, lo cual es un clara violación al correcto entendimiento humano, es por ello que el dicho constitucional de presunción de inocencia se ve violentado at condenar a mi representado con ima escasa actividad probatoria, el sentenciador no contaba con la sufIciente prueba para tener la certeza de culpabilidad. Cuarto: Si sacamos mentalmente del legajo probatorio, la escaza declaración del testigo Oscar Eteodoro Pérez García, nos encontramos que el resto de prueba no tiene ningún sustento ya que la prueba principal de la acusación lo constituye este dicho, misma que si la tomamos como prueba fundamental para condenar, se hace en violación al principio de inocencia, y la única forma de poder enmendar dicha vejación es mediante la interposición del presente recurso casación. En ese sentido y siendo que dicho yerro lo constituye una ViolaciÓn grave a Ima norma Constitucional como ser el Principio de Inocencia, le solicitamos a la Honorable Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, se dicte una Sentencia Absolutoria como en Derecho corresponde.”FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA DEL SISTEMA DE IMPUGNACIÓN PENAL Recurso es la actuación procesal mediante la cual, la parte a la que una resolución judicial impugnable causa agravios, provoca que el mismo u otro tribunal previamente asignado, revise lo actuado, a fin de enmendar o confirmar lo recurrido, pudiendo quedar en suspenso o no, lo ordenado mientras esto ocurre. El artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que toda “persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior , conforme a lo prescrito por la ley” Se concluye a partir de lo anterior, que los recursos son interpuestos en contra de la parte dispositiva o resolutiva y no contra la fundamentación jurídica, ya que solo la parte dispositiva causa un agravio efectivo, lo que no impide atacar la motivación o fundamentación jurídica como medio de controlar la parte dispositiva, todo ello a instancia de parte. Los recursos abren un paréntesis dentro del curso procedimental; paréntesis ciertamente regido por reglas particulares, sin perjuicio de que en ciertos casos ese procedimiento pueda continuar, a reserva de los efectos que pueda producir sobre la decisión de la impugnación recursiva. En la legislación hondureña, el derecho a que una resolución judicial sea examinada por dos órganos jurisdiccionales distintos y jerárquicamente dispuestos en el organigrama judicial es recogido por el articulo 8.2 de la Convenciòn Americana Sobre Derechos Humanos, esto en relaciòn con el articulo 310 de la Constitución Política, referente a la garantía de doble instancia. En particular, el Código Procesal Penal (CPP) realiza un tratamiento unitario y sistemático del sistema de recursos, dedicando el Libro Tercero para ello, bajo el epígrafe “De los Recursos”, clasificándolos en: 1) Recurso de reposición; 2) Recurso de apelación; 3) Recurso de Casación; 4)- Recurso de hecho o de queja. Son características de los recursos: Recurso abierto, cuando la ley procesal no establece un abanico de resoluciones impugnables y cerrado cuando así lo hace. En el sistema penal hondureño, los recursos de apelación y casación son cerrados, dado que la ley procesal señala taxativamente las resoluciones susceptibles a estos recursos, siendo el recurso de reposición el único de carácter abierto o libre, pudiendo ser interpuesto en contra de cualquier resolución judicial, salvo las sentencias definitivas. Recursos ordinarios y extraordinarios: Los primeros, cuando pueden fundamentarse en cualquier motivo de impugnación y los segundos, cuando la ley fija supuestos de impugnación. El CPP establece como recurso ordinario el de reposición, apelación y casación por infracción de precepto constitucional, siendo el recurso extraordinario el de casación por infracción de ley, infracción de doctrina legal y quebrantamiento de la forma procesal. Devolutivos y No Devolutivos: Atendiendo a si el conocimiento del recurso corresponde al mismo órgano que dictó o no la resolución impugnada, se distingue los recursos devolutivos , cuando el recurso ha de ser conocido por un órgano distinto al que emitió la resolución atacada por el recurso y los no devolutivos cuando el recurso es conocido por el mismo órgano judicial que profirió la resolución. En el CPP regla como recurso no devolutivo el de reposición y recursos devolutivos el de apelación y casación. Los recursos, por el efecto pueden ser devolutivos, suspensivos, extensivo y restrictivo. - Por efectos de la apelación debe entenderse los resultados que se producen en cuanto a la competencia del juez que dictó la resolución impugnada: i.- Devolutivo , como ya se dijo, responde a que el recurso interpuesto debe ser conocido y resuelto por otro tribunal previamente establecido; ii.- Suspensivo, determina la imposibilidad de ejecutar la resolución judicial recurrida mientras se sustancie el recurso, suspendiendo la competencia del tribunal sobre lo resuelto, mientras no haya un pronunciamiento sobre la impugnación, siendo este efecto -la excepción- en el sistema de impugnación hondureño, pues la regla general es el efecto no suspensivo, es decir que el recurso no paraliza la ejecución de la resolución impugnada. Es una de esas excepciones: los recursos interpuestos en contra de una resolución definitiva; iii.- Extensivo, ocasiona que la resolución favorable de un recurso interpuesto por uno de los procesados favorece a los demás, aun cuando aquellos no hayan promovido la impugnación, siempre que se encuentren en iguales circunstancias; se justifica por laprincipio de Igualdad. (Art. 349 CPP); iv.- Restrictivo, el cual establece que la resolución desfavorable en un recurso interpuesto por el ente acusador en contra de uno de los procesados, no se extiende a los demás, aun cuando se encuentren en iguales circunstancias. En el sistema procesal hondureño, se regula expresamente el efecto suspensivo y extensivo, debiendo derivarse -por efecto negativo- lo referente al efecto devolutivo y restrictivo. En conclusión, los recursos se interponen en contra de una resolución que aún no goza de inmutabilidad (firme y con efecto de cosa juzgada), de manera que el proceso continúa en un estadio diferente, bajo la mismas reglas de acción que motivaron su inicio; su esencia responde en definitiva a tres pilares: que se trate de una resolución no firme, cuya protesta (impugnación) pueda ser presentada por una o todas las partes procesales y la revisión de la resolución recurrida con la oportunidad de proceder a su anulación o modificación. DE LA DEBIDA TÉCNICA RECURSIVA DE CASACIÓN El Código Procesal Penal prevé que en contra de las resoluciones definitivas dictadas por los Tribunales de Sentencia procede interponer recurso de casación, cuyo objeto por una parte es velar por el respeto del Principio de Legalidad, con la correcta aplicación de normas constitucionales, normas penales sustantivas y normas procesales y, por otra parte, la unificación de los criterios legales en el sistema jurisdiccional del Estado mediante la definición de la Doctrina Legal. Importante es recordar que conforme a las normas del Código Procesal Penal se ha eliminadolo que antes era la fase de admisión del recurso, que consistía en un examen preliminar que se hacía de éste a efecto de resolver si era admitido o no para su estudio de fondo; tal cambio obedece al cumplimiento del artículo 25.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, que establece que: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales...”. Para lo cual los Estados parte se han comprometido: “a) A garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) A desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y c) A garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.” . Ahora bien, tal disposición convencional no exime al recurrente de cumplir con requisitos legales establecidos, en aras de que el Tribunal de Casación pueda dar una respuesta pertinente, propia y útil al conflicto jurídico que se plantea, siendo éstos: a. Legitimidad Objetiva: Existencia de un derecho impugnatorio, para lo cual se requerirà que la ley procesal determine que la resoluciòn puede ser impugnada via recurso de casaciòn. b. Legitimidad Subjetiva: Que el recurrente esté legitimado a impugnar la resolución por causarle agravio lo resuelto por el revés (total o parcial) al interés jurídico en conflicto como consecuencia de una infracción a la ley; y c. Satisfacción de Requisitos de Interposición. El recurrente debe observar los requisitos de lugar, tiempo, modo y forma de interponer el recurso, pues éste sigue siendo un acto procesal sujeto a la observancia del debido proceso y respeto a los derechos fundamentales de todas las partes contendoras. De la Rúa (Fernando de la Rúa, en La Casación Penal, Editorial Depalma, Buenos Aires, Argentina, 1994, pág. 217), explica que el recurso de casación es un acto procesal complejo, integrado por dos elementos esenciales: i) La expresión de la voluntad de impugnar; y ii) La fundamentación de la impugnación; añade el autor que ambos elementos deben confluir al mismo acto y en el mismo momento, el cual es en la presentación del escrito de interposición. Una vez presentado el Recurso de Casación, corresponde al Tribunal de Sentencia hacer estudio sobre la existencia de la legitimidad objetiva y subjetiva, además de la observancia de las condiciones de lugar, tiempo y modo, restando solo a la Sala de lo Penal revisar la satisfacción del requisito de forma de interposición, mismo que se realiza al tiempo en que se resuelve el recurso, siendo éste el aspecto que analizaremos con detenimiento en el presente caso. El recurso de casación es la manifestación expresa de una de las partes de no encontrarse conforme con lo resuelto por el Tribunal de Sentencia por contener un vicio (de fondo o de forma), que debe ser corregido, siendo ésta su pretensión; el recurrente debe necesariamente individualizar la resolución que contiene el o los vicios, su deseo de impugnarla mediante el recurso de casación y el tipo de recurso que se interpone. Además, el recurso de casación debe estar debidamente motivado con la identificación, explicación y demostración del vicio: 1. Identificación del Vicio/Motivo/Recurso: Al momento de la interposición de un recurso de Casación, el recurrente deberá señalar en primer término el tipo de recurso de casación, seguidamente el motivo en que lo fundamentó en los casos de Infracción de Ley y Quebrantamiento de Forma (el recurso por Infracción de Precepto Constitucional es ordinario) y luego el vicio que denuncia. Ante una resolución definitiva emitida por el Tribunal de Sentencia, la recurrente deberá identificar si existe vicio que justifique la impugnación de aquello resuelto que le causa agravio; el vicio es el defecto de ley concreto y material que contiene la resolución y cuya corrección es la que persigue mediante el recurso; hecho esto la recurrente deberá encuadrar el vicio en uno de los motivos previstos en la ley como aquellos autorizados para presentar impugnación. Los motivos son enunciados abstractos de posibles vicios que puede contener la resolución, previsto por la ley procesal, operando éstos bajo el sistema de Numerus Clausus , por tanto no es posible alegar vicios cuyos motivos no estén taxativamente señalados, salvo en el caso del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, en cual opera bajo el sistema de Numerus Apertus , siempre que se alegue un vicio relacionado material o formalmente con la decisión adoptada por el ,A-quo 1 la identificación del motivo de casación lleva al recurrente a derivar el tipo de recurso de casación a interponer. La ley procesal prevé tres tipos de recursos de casación: i) Recurso de Casación por Infracción de Ley, cuyo objeto es la denuncia de vicios in Iudicando', ii) Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, mediante el cual se denuncias vicios in Procedendo; y iii) Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, mediante el cual se pueden denunciar vicios in Iudicando o in Procedendo , contenidos en las normas fundamentales. El proceso de identificación se cumple cuando la recurrente señala: i) El tipo de Recurso de Casación; ii) La norma autorizante del recurso que identifica el motivo mediante el cual se denunciará el vicio; el motivo debe ser de aquellos previstos a ser planteados por el tipo de recurso elegido; iii) Norma o doctrina legal infringida, cuya indebida aplicación o inobservancia provoca la existencia del motivo; iv) Concepto de la Infracción, que es el enunciado sobre el vicio concreto observado, que debe ser consecuente con el motivo elegido; y v) Aplicación pretendida: es la aplicación o interpretación que se pretende de la norma o doctrina legal infringida o mal aplicada. 2. Explicación del Vicio: Es ineludible para la recurrente su deber de explicar en qué consiste el vicio que produce la resolución que se impugna, y como éste se subsume en uno de los motivos previstos en la ley. La explicación debe ser clara y precisa: la claridad radica en la exposición del vicio de manera individualizada y separada, descomponiendo sistemáticamente todas sus aristas hasta desentrañar sus aspectos más básicos; la precisión implica la no mutación del alegato a aspectos ajenos al vicio que se ha identificado. La ley procesal exige en el artículo 363 del Código Procesal Penal que cada motivo debe ser planteado de manera separada, ello se justifica por la necesidad de individualizar de manera concreta y precisa cada agravio, por lo que su inobservancia mella en la efectividad del recurso. Recordemos que el artículo 350 del Código Procesal Penal prohíbe al órgano jurisdiccional que resuelve un recurso, pronunciarse sobre aspectos distintos a los que se hayan planteado dentro de la impugnación y para ello entonces, se requiere que dicha impugnación sea clara en cuanto al vicio, pues la falta de claridad pone en riesgo al Tribunal de Casación de hacer pronunciamiento de algo distinto de lo que realmente se está impugnando, siendo entonces lo consecuente declarar sin lugar el motivo, cuando la falta de claridad sea absoluta 3. Demostración del vicio: La recurrente, aun cuando haya identificado el vicio, explicado en que consiste el mismo, no verá prosperar el recurso si no demuestra su existencia; ello solo se puede hacer cuando se hace la debida confrontación entre el aspecto contenido en la sentencia o resolución impugnada y la norma o doctrina legal que revela la contrariedad y la explicación de la aplicación que debió hacerse de dicha norma y que es la pretensión que se persigue con el recurso, es decir cómo considera la recurrente que debió haber sido aplicada la norma o por qué no debió haber sido aplicada. El vicio debe ser relevante, debe superar los aspectos meramente formales pasando a ser un aspecto material que interfiere en la legalidad de la resolución y que justifica la impugnación. Esta Sala de lo Penal es del criterio que los defectos de la forma que adolezca un recurso de Casación deberán ser estudiados siempre teniendo en consideración el Principio de Tutela Judicial contenido en el artículo 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos y que permiten, a quien pretende hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba, obtener una resolución fundada en Derecho que verse sobre las pretensiones planteadas en juicio y que sea ejecutada. Por ello a dicho Principio interesa lo referente a: a. Derecho de acceso a la Justicia b. Derecho a una resolución fundada en derecho; c. Derecho de acceso a los recursos, no solo por previsión legal de los mismos, sino de obtener una respuesta ante su interposición;d. Derecho a la Tutela Cautelar; y e. Derecho a la ejecución. Los Recursos son instrumentos para la obtención de una Tutela Judicial Efectiva, garantía de rango constitucional: Indica el artículo 82 de la Constitución de la República que “... los habitantes de la república tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes.” , agregando el artículo 314 Superior que “... es facultad privativa de los Tribunales de Justicia, juzgar y ejecutar lo juzgado ... Por todo lo anterior, mediante doctrina legal de esta Sala de lo Penal, se ha establecido que aun cuando en el planteamiento de un Recurso de Casación se presentasen errores de forma (cita de precepto autorizante, norma infringida, concepto de la infracción de manera individualizada y diferenciada, aplicación pretendida) o incluso en algunos casos, errores enla exposición de conceptos jurídicos, ello no podría significar el rechazo Ad Portas del conocimiento del recurso, siempre que aun a pesar del desacierto pueda entreverse cuál es el concepto de la infracción, dando respuesta en la medida y extensión de la coherencia, claridad y precisión de los argumentos recursivos con la naturaleza del recurso planteado; el único caso en donde el Tribunal de Casación no podría dar respuesta a un recurso sería cuando éste fuese presentado en grado tan confuso que no sea posible, aun con un gran esfuerzo, deducir cual es el sentido del reclamo que realiza la recurrente, pues ello podría acarrear violación del artículo 350 del Código Procesal Penal, tal y como se ha explicado Ut Supra. (Así establecido en las Sentencias de Sala de lo Penal del 29 de abril de 2014 en Exp 348-2011 ; del 27 de mayo 2014 en Exp 057-2012; del 04 de febrero de 2014 en el Exp 439-2011 ; del 23 de octubre de 2013 en Exp 172-2011 ; del 17 de septiembre de 2013 en Exp 228-2011, entre otras.) Del Recurso de Casación por Infracción Precepto Constitucional El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentado la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional; Esta Sala de lo Penal ha entendido que se trata de una tercera vía recursiva distinta a las tradicionales de fondo (infracción de ley) y forma (quebrantamiento de forma). Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior. En general, toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso deberá denunciar la infracción de un derecho fundamental, un derecho reconocido en el bloque constitucional o de doctrina legal constitucional, cuando dicha violación haya tenido una influencia decisiva en la decisión del Órgano Jurisdiccional; en este último sentido Llorente Fernández expresa que (Llorente Fernández De La Reguera, Angel, en Los Recursos, Cuadernos de Estudios Judiciales, Rafael Alvarado Manzano, Liticom, Tegucigalpa, 2001, págs. 113-115): “la jurisprudencia española ha puesto de manifiesto que este cauce impugnatorio no está previsto para alegar, bajo su cobertura, la vulneración de cualquier norma constitucional, sino específicamente la infracción de aquellas que tienen una estrecha y directa relación con el objeto del proceso en que son invocados. Serán, por tanto, los derechos fundamentales ligados al proceso con carácter general los que tengan cabida en esta vía impugnativa y de un modo especial aquellos que el recurrente entienda que han sido conculcados en el caso concreto...”.Entonces los motivos a plantear en este Recurso de Casación, presentados bajo Numerus Apertus, son: 1.Negación de un Derecho Constitucional o que integre el bloque constitucional, o de Doctrina Legal Constitucional, de carácter procesal penal o penal sustantivo; 2. Aplicación restrictiva de un Derecho Constitucional o que integre el bloque constitucional, o de Doctrina Legal Constitucional, de carácter procesal penal o penal sustantivo; 3.Interpretación errónea sobre la naturaleza y/o alcance de un derecho Constitucional del bloque Constitucional, o sobre una Doctrina Legal Constitucional, que atañe al derecho procesal penal o al derecho penal sustantivo. En una buena técnica recursiva, el recurrente debe hacer uso de este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional de amplia aplicación (Recurso Ordinario), en contraposición con los recursos de Infracción de Ley, Infracción de Doctrina Penal y Quebrantamiento de Formas Procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores (Recursos Extraordinarios). La esencia del recurso de Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del Principio de Convencionalidad y el Principio de Primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. Único Motivo: Norma Autorizante: 361 del Código Procesal Penal;Normas que se denuncian infringidas. Art. 89 de la Constitución de la República; Concepto de la infracción: Violación al derecho fundamental de inocencia; Reclamación Ex Ante-. Imposibilidad al constar el vicio en la sentencia definitiva; Pretensión: Se anule la sentencia recurrida y se dicte sentencia absolutoria. Establece el recurrente que, se ha vulnerado el derecho constitucional de inocencia, ya que el a quo no ha corroborado los dichos del testigo de cargo, que se incorporó mediante lectura autorizada con ninguna prueba periférica, que impute a su representado la propiedad sobre esa bolsa que contenía la marihuana encontrada tirada en el piso, lo cual considera que es una clara violación al correcto entendimiento humano, es por ello que el dicho constitucional de presunción de inocencia se ve violentado al condenar a su representado con una escasa actividad probatoria. Que en ese sentido y siendo que dicho yerro constituye una violación grave a una norma Constitucional como ser el Principio de Inocencia solicita a la Honorable Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, dicte una Sentencia Absolutoria como en Derecho corresponde. De la procedencia del Recurso. EL RECURSO NO ES DE RECIBO. En reiteradas sentencias la Sala de lo Penal ha delimitado los motivos que pueden plantearse cuando se interpone el recurso de casación por infracción de precepto constitucional, siendo éstos: a) Licitud de la Prueba. Si las pruebas fueron obtenidas y reproducidas con el respeto a los derechos fundamentales y a los derechos humanos; b) Debido Proceso Probatorio: Si las pruebas fueron practicadas en el juicio con sujeción a los principios de oralidad, inmediación, contradicción, concentración y publicidad; Incluye también verificar que las pruebas practicadas excepcionalmente en la etapa preparatoria fueron introducidas al debate por el cauce previsto por el artículo 311 del Código Procesal Penal; c) Debida Motivación: Si las conclusiones probatorias del tribunal sentenciador han sido debidamente motivadas descartando la arbitrariedad (Art. 141 CPP); d) Debido Razonamiento Probatorio: Si el razonamiento de la convicción obedece a criterios lógicos, razonables y vinculantes a la prueba practicada, sin involucrar los aspectos que exigen inmediación, de la cual carece el tribunal de casación; y e)Suficiente Carga Probatoria: Si durante el debate se reprodujeron los suficientes medios de prueba que hayan abarcado los elementos. Corresponde entonces al recurrente la tarea de plantear un recurso elaborado a partir de una correcta técnica recursiva, señalando no solo que se ha vulnerado el estado de inocencia, sino que explicando el porqué y el cómo, y además las repercusiones que ello tuvo en la decisión judicial contenida en la sentencia impugnada. En el presente caso la recurrente identifica el recurso (infracción de precepto constitucional) y además la norma que considera infringida (Art. 89 de la Constitución, que reconoce el estado material de inocencia), pero no cumple con completar correctamente el planteamiento, dado que no señala con exactitud cuál es el vicio, sino que ocupa espacio del libelo para exponer cuales son los aspectos que puede resolver la Sala de lo Penal frente a un recurso por infracción de precepto constitucional; el recurrente se limita a señalar que en el caso concreto el derecho al estado material de inocencia se ha vulnerado como consecuencia de que la prueba no tiene la aptitud para destruir dicha condición que le es propia al acusado. Es consecuencia de lo señalado que la Sala de lo Penal no pueda dar una respuesta de fundo al recurso planteado; es importante señalar que no constituye esto una aprobación a la sentencia, sino una imposibilidad de resolver la impugnación, pues la sentencia no llegó ser auditada a falta de un recurso planteado debidamente conforme a una correcta técnica recursiva. DECISIÓN: Se declara no ha lugar el recurso de casación por infracción de precepto constitucional en su único motivo. DE LA PROCEDENCIA DE LA APLICACIÓN RETROACTIVA DEL C. P. DECRETO 130-2017. A. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ambito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: “Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley”. Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3.Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir de cinco a diez años de prisión una pena). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrara en vigencia y cuando es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento de juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que “la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado” , recogiendo así los requisitos básicos: a.Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparaclón a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona Juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a .Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicaciòn parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la recreaciòn de una nueva norma penal por parte del juzgador. c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicaclón retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y 11. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas de manera completa por la persona, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el C. P. Decreto 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo Código, sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, ler párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibido la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130- 2017. Cuando la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un concurso real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse, primero conforme al límite objetivo ordinario o limite objetivo extraordinario, según corresponda, y luego de ello conforme al límite subjetivo. Empero uno no es preferente sobre el otro, se aplicará el límite que sea menor; b.- La ponderación deberá realizarse, primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el CP-130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a.- Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b.- Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no los 30 años (limite objetivo ordinario) o los 40 años Cuando corresponda (limite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicaciòn sobrepasa los 30 años o 40 años, la pena se adecuará a dicho límite; b. si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años, se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. si no existe modificación de penas y éstas en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y aun así en suma sobrepasan el límite subjetivo se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo) se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Limite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Limite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii.Limite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. C. Ponderación en el caso concreto En la tramitación del recurso de casación ninguna de las partes presentó escrito complementario dando a conocer su criterio respecto a la procedencia o no de la aplicación retroactiva del NCP 130-2017, por lo que en base al artículo 624.3 de ese cuerpo legal corresponderá en el presente caso a la Sala de lo Penal realizar la ponderación de oficio. En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se condenó al señor Bryan Alexander Sánchez Castillo, por el delito de Facilitación de los Medios de Transporte para el Tráfico Ilícito de Drogas, en perjuicio de la Salud de la Población del Estado de Honduras. De acuerdo a la Ley Sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas (art. 22), a la persona responsable del delito de facilitación de medios de transporte para el tráfico o consumo ilícito de sustancias estupefacientes, se le impondrá sanción de seis (6) a nueve (9) años de reclusión más multa de cincuenta (50) a cien (100) mil lempiras. La conducta reprochada al acusado está prevista en el Código Penal 130-2017, como delito de tráfico de droga por facilitación de local para el tráfico o consumo de drogas (Art. 311), cuya pena es: a.De 04 a 07 años de prisión y multa de 100 a 500 días, si se trata de drogas que no causan grave daño a la salud, los cuales son: los derivados del cáñamo índico o americano y los derivados del cannabis sativa índica o americana; o b. De 07 a 10 años de prisiòn y multa de 100 a 500 días, si se trata de drogas que causen grave daño a la salud. siendo éstas las enumeradas en las llistas de Estupefacientes o preparados: I, II y IV (Lista de Estupefacientes sometidos afiscalizacióninternacionallista,amarilla:https://www.incb.org/documents/NarcoticDrugs/YellowList/58th_Edition/YellowListSA.pdf) de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes; Nueva York, 31 de marzo de 1961 y su Protocolo de modificación; y en las listas de sustancias Psicotrópicas: I, II, III y IV (Lista de Sustancias Psicotrópicas sometidas afiscalizacióninternacionaloListaVerde:\utps://www.incb.org/documents/Psychotropics/forms/greenlist/Green _hst _SPA 08676. pdf) del Convenio de Naciones Unidas sobre sustancias psicotrópicas del 21 de febrero de 1971. Las penas por imponer serán de 10 a 15 años de prisión y multa de 300 a 500 días, cuando a cantidad de droga sea de especial importancia (Art. 312.5 NCP), entendiéndose como tal: i- Diez mil (10.000) gramos de marihuana; ii.- Mil (1000) gramos de hachís; iii.- Dos mil (2000) gramos de cocaína; iv.- Dos mil (2000) gramo de alcaloide derivado de la cocaína; u- Sesenta (60) gramos de opio o de sus derivados; vi.Doscientos (200) gramos de droga sintética; o vii .- Cuatrocientos (400) mililitros cuando la droga sintética se encuentre en solución. Retornando al caso concreto, el acusado, conforme los hechos probados, se encontraba en posesión de 180,36 gramos de marihuana, considerada una droga que no provoca grave daño a la salud; cantidad no compatible para el consumo personal inmediato; conducta que castiga el NCP con la pena de 04 a 07 años de prisión y multa de 100 a 500 días. A partir de lo anterior, es posible determinar que la pena a imponer al acusado, conforme el CP-144-83 al ser de seis (6) años más multa de cincuenta (50) mil lempiras, se encuentra comprendida dentro de la pena abstracta que le hubiese podido corresponder en el caso de ser juzgados conforme las normas del CP-130-20179 que prevé una pena para la misma conducta delictiva de de 04 a 07 años de prisión y multa de 100 a 500 días. Por tanto, no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del nuevo Código Penal. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 140 del Código Penal; 361 del Código Procesal Penal; FALLA: PRIMERO: Declara NO HA LUGAR el recurso de casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo, interpuesto por la Abogada Tesla Sibrián, defensora pública, en la causa instruida contra el procesado Brayan Alexander Sánchez Castillo, por el delito de Facilitación de Medios de Transporte para el Trafico Ilícito de Drogas en perjuicio de La Salud de la Población del Estado de Honduras. SEGUNDO: Declara la NO PROCEDENCIA de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017, por las conductas reprochadas al ahora condenado Brayan Alexander Sánchez Castillo. Como consecuencia de lo anterior los beneficios penitenciarios deberán de ser otorgados conforme las disposiciones del Código Penal 144-83. TERCERO: Declara FIRME Y EJECUTABLE la Sentencia de fecha veinticinco de octubre del año dos mil dieiocho, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazàn Y MANDA: Que la secretaria del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificaciòn de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÌQUESE. FIRMAS Y SELLOS. JOSÈ OLIVIO RODRÌGUEZ VÀSQUEZ. MAGISTRADO. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. MAGISTRADO. ALMA CONSUELO GUZMÀN GARCÌA. MAGISTRADA. LETY EMELDA POSADAS. SECRETARIA ACTUANTE SALA DE LO PENAL.” Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintinueve días del mes de abril de dos mil veinticuatro. Certificación de la Sentencia dictada a los treinta y un días del mes de marzo de dos mil veintidós, recaída en el expediente de casación con número de ingreso SP 70-2019.
RINA KORITZA SANDOVAL NAVAS
RECEPTORA ADSCRITA SALA DE LO PENAL