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Sentencia CP-67-19 — Registro 15193

Resumen

En primera instancia se condenó al imputado como autor, del delito de Homicidio, resolviendo en segunda instancia Ha Lugar el recurso de casación.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"...De la procedencia del Recurso de Casación Por Quebrantamiento de Forma. - Segundo Motivo. EL MOTIVO ES DE RECIBO. Denunció la recurrente que la Sentencia que se impugna, adolece de la firma de uno de los jueces lo cual provoca su anulabilidad, consignando como precepto autorizante el artículo 362 numeral 7 del Código Procesal Penal. Expresó la censora que es evidente que en la sentencia solo aparecen las firmas de dos jueces de sentencia, faltando la del juez integrante Rigoberto Arias Espinal. En fecha cinco (05), diecinueve (19) y veintiuno (21) de junio del año dos mil diecisiete (2017) se realizó juicio oral y público (F184 a F195); en fecha catorce (14) de noviembre de dos mil diecisiete (2017); en fecha catorce (14) de noviembre de dos mil diecisiete (2017) se desarrolló individualización de la pena (F217) y en fecha veintiuno (21) de mayo de dos mil dieciocho (20189 se emitió sentencia por parte del Tribunal de Sentencia de Trujillo, Departamento de Colón. El artículo 145 del Código Procesal Penal establece que, en estos casos, puede ser subsanada por un acta complementaria en la que el Juez acepte haber participado del acto y asuma su contenido, pero en el caso subjudice dicha acta completaría no aparece, lo que sí se encuentra es un oficio emitido por la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia de fecha 26 de abril de 2018, en el que se establece la cancelación del acuerdo de nombramiento N° 136 de fecha 15 de enero de 2016, el Abogado Rigoberto Arias Espinal, del cargo de Juez del Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial de Trujillo, departamento de Colón, quien abandonó el cargo, surtiendo el presente acuerdo sus efectos a partir del 11 de abril de 2018 (Sin folio). Siendo que la sección sexta del artículo 338 del Código Procesal Penal manda la consignación de la firma de los miembros del Tribunal de Sentencia, el vicio se constituirá cuando alguna de las firmas no aparezcan en el documento de la sentencia, salvo, como lo indica el motivo, en los casos citados en el artículo 145 del mismo código y que se refiere a la subsanación de la falta de firma de alguno de los jueces mediante acta de complementaria en la que dicho funcionario indique que participó en la deliberación, votación y asume el contenido de la sentencia. Debe de considerarse al respecto lo señalado en el párrafo tercero de este último artículo[1]. (Es decir en el caso que se deba a fallecimiento o una incapacidad surgida después de la deliberación y votación). Resulta totalmente claro para esta Sala de lo Penal el vicio denunciado por la recurrente, así como la postura de la parte recurrida, pues definitivamente estos casos no ocurrirían si se constase en todos los Tribunales de Sentencia de la República, con un cuarto Juez que pueda salvaguardar con su presencia todas las actuaciones que realicen los jueces integrantes, pero que, lastimosamente situaciones presupuestarias impiden poder realizar el nombramiento de dichos togados. Es evidente el error denunciado, pues al revisar el fallo recurrido se puede determinar que en efecto no aparece la firma de uno de los jueces integrantes abogado Rigoberto Arias Espinal, quien participó tanto en el debate o juicio oral, en la deliberación y votación e incluso en la audiencia de individualización de la pena según acta que aparece agregada a folio 217 de la primera pieza del expediente judicial. La firma en todo escrito, es un signo único y personal, que estampado es signo de autoría del contenido del documento, de asunción del mensaje y que en las resoluciones judiciales además representa el ejercicio del poder público que ha sido confiado a una persona natural, con el mismo efecto legal que el pronunciamiento de las resoluciones a viva voz en las audiencias judiciales. El primer párrafo del artículo 145 del Código Procesal Penal ordena, que toda resolución judicial que deba de ser emitida por escrito finalizará con la calza de las firmas de los Jueces de Sentencia que intervinieron en su adopción, advirtiendo que, de no ser así, la resolución carecerá de validez. Ahora bien la propia ley no desconoce que existe la posibilidad material de que aun cuando un Juez o Jueza de Sentencia haya acordado, votado y emitido una resolución por escrito, pueda acontecer alguna causa que impida que firme la misma, en tales casos es procedente acatar lo señalado en el segundo párrafo del artículo 145 ya referido y subsidiariamente lo señalado en el párrafo tercero del mismo artículo, el que tiene relación directa con artículos 191.2 y 191.3 del Código Procesal Civil, a saber: a) Todas las resoluciones por escrito deberán de ser firmadas una vez que hayan sido acordadas, votadas y redactadas, agregándolas al expediente de manera inmediata, sin que posteriormente exista la posibilidad de poder ser cambiadas. En teoría ninguna resolución debería de ser agregada y dada a conocer al público sino hasta que haya sido firmada por todos los que la suscribieron, sin embargo ello puede ocurrir, es decir, puede darse la situación en donde una resolución haya sido agregada al expediente y ser expuesta al público sin que haya sido firmada aún por alguno de los jueces y/o Juezas de sentencia, la consecuencia jurídica es que dicha resolución no tiene validez alguna, es decir no puede ser notificada, mucho menos ejecutada. El legislador previendo que sería redundante obligar a los jueces emitir una nueva e idéntica resolución, determinó que es un mejor proceder que los jueces y juezas que no hayan firmado, suscriban un acta complementaria en donde manifiesten haber intervenido en la decisión y que adoptan la misma como propia o, en su caso, de haber intervenido en votación, que la reconocen como válida pero que no concuerdan con lo resuelto por la mayoría, puntualizando las razones, la resolución entonces adquiriría validez, pudiendo ser notificada y ejecutada a partir de ese momento; b) El último párrafo del artículo 145 del CPP, señala que no se procederá a agregar acta complementaria en caso de que la razón de la falta de firma sea porque el juez o la jueza ha fallecido o porque le ha sobrevenido una incapacidad después de haber deliberado y votado la resolución. En esos casos lo procedente es acatar lo ordenado en los artículos 191.2 y 191.3 del Código Procesal Civil, de modo que el Juez o Jueza de Sentencia que haya presidido la audiencia firmará por el Juez o Jueza Ausente, expresando el nombre del juez o jueza por quien firma, haciendo constar que el Juez o Jueza ausente votó y explicando por qué no pudo firmar. En los casos donde el Juez o Jueza ausente sea precisamente el que haya presidido la audiencia, firmará por el Juez o Jueza que le siga conforme el orden de prelación de la audiencia. En el caso subjudice, la situación se plantea conforme el numeral (a) que hemos explicado, pues no nos encontramos ante el fallecimiento o incapacidad de un Juez, sino que, a la imposibilidad de poder localizar al togado, pues ya no labora más para el Poder Judicial, en tal sentido, si bien los dos jueces restantes firmaron la sentencia, la misma no tiene ninguna validez pues el Tribunal de Sentencia es un órgano colegiado y sus resoluciones deben ser dictadas en ese mismo sentido, por lo tanto, lo procedente es declarar ha lugar el presente recurso de casación, se ordena anular el debate celebrado y la sentencia dictada, así como la celebración de un nuevo juicio con jueces diferentes a los que participaron en el juicio anulado. Para esta Sala de lo Penal es necesario que dichos errores no sigan ocurriendo, pues se hace evidente que el profesional del derecho Abogado Rigoberto Arias Espinal, puedo haber incurrido en alguna falta o infracción a sus deberes cuando ostentaba como Juez de Sentencia, el cual devenía en la obligación de dejar concluidos todos aquellos expedientes, juicios o resoluciones que conoció durante se encontraba en funciones; por lo que se instruye a la autoridad correspondiente, realizar las investigaciones del caso para deducir la posible responsabilidad administrativa, civil o penal que el caso amerite. Esta Sala de lo Penal no se pronuncia a cerca del del primer y tercer motivo del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma y por un motivo por infracción de ley, toda vez que ha prosperado el segundo motivo del recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

La Infrascrita Secretaria Actuante de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia recaída en el expediente del Recurso de Casación SP-67-2019 que literalmente dice: “SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiocho (28) días del mes de junio del año dos mil veintidós (2022), el Pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados José Olivio Rodríguez Vásquez, en su calidad de Coordinador, Rafael Bustillo Romero y Alma Consuelo Guzmán García, pronuncian EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente sentencia en el Recurso de Casación SP 67-2019 por Quebrantamiento de Forma e Infracción de Ley, interpuesto contra la sentencia de fecha veintiuno de mayo de dos mil dieciocho, dictada por el Tribunal de Sentencia de Trujillo, Departamento de Colon, mediante la cual falló: Primero: Condenó al señor FRANCIS BUESO, como autor, del delito de Homicidio, en perjuicio del señor Ángel Rafael Martínez Hernández a la a pena principal de Dieciocho años seis meses de Reclusión. Segundo: Condenó al señor FRANCIS BUESO CUEVAS, a las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil, por el tiempo que dure la condena principal, así como también a trabajar por el tiempo de aquella en obras públicas o en labores dentro del establecimiento penal de conformidad con la ley que regula el sistema penitenciario. Tercero: Se declaro la responsabilidad civil del condenado FRANCIS BUESO CUEVA, la cual será objeto de tasación en la fase de ejecución de la sentencia. Cuarto: No procede la condena en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio para el condenado FRANCIS BUESO CUEVAS. SON PARTES: La Abogada LESLY MARIELA OCHOA MOLINA, en su condición de defensora privada del señor Francis Bueso, como recurrente y la Abogada DIANA ELIZABETH RODRIGUEZ COREA, en su condición de agente fiscal del Ministerio Público, como parte recurrida. HECHOS PROBADOS “Habiendo valorado las pruebas practicadas en el juicio oral, conforme a las reglas de la sana critica, el Tribunal declara, expresa y terminantemente, probado el hecho siguiente: Único. - El día domingo ocho de julio de dos mil doce, entre las nueve a diez de la mañana, el señor Ángel Rafael Martínez Hernández se encontraba en. Aldea Ceibita, Tocoa, Colon, donde celebraban un torneo de futbol con las comunidades aledañas, motivo por el cual estaba reunido y ubicado con un grupo de personas a orilla del campo de futbol, próximo a la caseta de billar de Marcio Argueta, cuando de manera sorpresiva llegó el señor Francis Bueso alias el, paisa" quien portando Lo arma de fuego, se acercó al señor Ángel Rafael Martínez Hernández y sin mediar palabra realizó disparos contra la humanidad de éste, provocándole seis heridas de gravedad localizadas: dos en brazo izquierdo cara lateral exterior, dos en brazo derecho cara anterior, una en tórax derecho, una en mentón y una herida contusa en región parietal izquierda; por las cuales el señor Ángel Rafael Martínez Hernández cayó al suelo, siendo en ese momento auxiliado por sus familiares quienes de manera inmediata lo trasladaron al Hospital San Isidro de Tocoa, Colon, sin embargo el señor Ángel Rafael Martínez Hernández falleció como a eso de las doce horas meridiano del mismo día domingo ocho de julio de dos mil doce, a consecuencias de las heridas de gravedad que le fueron producidas por los impactos de los proyectiles disparados por el arma de fuego que portaba al señor Francis Bueso. Por lo que se inició investigación hasta detener a Francis Bueso e iniciar el procedimiento de ley.” RECURSO DE CASACION, MOTIVOS Y ARGUMENTOS La recurrente Abogada Lesly Mariela Ochoa Molina, procedió a formalizar su Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma y por Infracción de Ley, de la manera siguiente: PRIMER MOTIVO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA: "Inobservancia de las reglas de la sana critica en la sentencia recurrida" PRECEPTO AUTORIZANTE; Este Motivo de Casación invocado como infringido por quebrantamiento de Forma está comprendido en el artículo 362 en su numeral 3 del Código Procesal Penal que dice establece "si en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana critica". EXPLICACION DEL MOTIVO: PRIMERO: Considerando la prueba desarrollada en juicio es criterio de la suscrita recurrente que se infringieron normas procedimentales de vital importancia ceñidas a las reglas de la sana critica racional al momento de valorar la prueba en su conjunto una vez que fue evacuada en juicio y que derivo en dar como probado en la sentencia que mi representado FRANCIS BUESO fue responsable penalmente del delito de HOMICIDIO en perjuicio de ANGEL RAFAEL MARTINEZ HERNANDEZ, siendo tangible que el a-quo infringió lo preceptuado en el artículo 202 del Código Procesal Penal generando un Error In Procedendo infringiendo la regla 4 numeral 2 del artículo 338 de la citada norma legal, habida cuenta que Las reglas de la Sana Critica están integradas por principios fundamentales del intelecto humano pilares de todo conocimiento racional e instrumento de certeza que busca el camino hacia la verdad lógica y ontológica y por otra parte es importante expresar que también son utilizable reglas empíricas denominadas máxima de experiencias, el sistema de valoración de la prueba le permite al Juzgador cierta libertad sobre la estimación de ella con irrestricto respeto a las reglas de la lógica, sicología y experiencia común, la sentencia que se impugna pose vicio que causan agravio ya que atropella las antedichas reglas que comprenden la Sana Critica, mismas que se encuadran a los elementos que gobiernan el entendimiento human para determinar cuáles juicios son verdaderos o falsos por consiguiente la motivación lógica debe poseer las características de Coherencia (no ser contradictoria o equivoca), razón suficiente (sustentarse en inferencias razonables y sucesión de conclusiones que se vayan originando) y observar las normas de la sicología y máximas de la experiencia común, consecuentemente de ocupa la correcta aplicación del "Principio de Razón Suficiente" como las reglas de la experiencia de un hombre común, en concordancia a los elementos que la comprenden; Considerando el fallo que se recurre el a-quo estaba en la ineludible obligación de utilizar inferencias razonables cimentando su sentencia bajo los elementos expuestos anteriormente, no obstante basa su decisión para Condenar al señor FRANCIS BUESO únicamente en la declaración testifical inverosímil del Testigo Protegido 26-A estribando su sentencia condenatoria única y exclusivamente en este testimonio del que se realiza una peyorativa valoración desprendiéndose de los principios evocados líneas atrás, otorgándole inmaculado valor a criterio de la suscrita recurrente al inconsistente testimonio de la Testigo Protegido 26-A quien sin producir esa certeza inculpatoria que necesita el tribunal sentenciador como insumo para proferir su fallo condenatorio no determino con plena convicción que mi representado FRANCIS BUESO intencionalmente haya dado muerte a ANGEL RAFAEL MARTINEZ HERNANDEZ, no hubo prueba corroborativa para que el a-quo concluyera que estaba provisto del material probatorio suficiente para enervar ese estado de inocencia que determinara incuestionablemente que en fecha 08 de julio del 2012 en la localidad de la Ceibita, jurisdicción del municipio de Tocoa, departamento de Colon, el inculpado FRANCIS BUESO sin mediar palabra procedió a darle muerte al ofendido con arma de fuego infiriéndole seis impactos de bala. SEGUNDO: Considerando que en la evacuación del juicio se pudieron establecer por la suscrita recurrente las inconsistencias en el testimonio del testigo protegido 26-A quien en su relato visible del folio 188 al 190 manifestó para iniciar los tropiezos de su incrédula declaración que los "hechos sucedieron 12 de junio del 2012" cuando fue probado mediante las actas de levantamiento de cadáver, acta de defunción y testimonios de los testigos de descargo que los hechos acontecieron un día 08 de julio del 2012, continuando con su relato Testigo Protegido 26-A expreso que se encontraba en la comunidad de Ceibita, Tocoa, observado una cuadrangular de futbol que había entre varias comunidades del departamento cuando a eso entre las 9 a 10 AM llego FRANCIS BUESO quien sin mediar palabra saco su arma de fuego y le impacto varios disparos quedando mortalmente herido afirmando irracionalmente que mientras era agredido con arma de fuego el señor ANGEL MARTINEZ HERNANDEZ "alguien" no identificado por testigo protegido 26-A le dio al ofendido quien era conocido como "'Lito Minerales" quien para ese momento tenía seis impactos de bala un "arma de fuego diciéndole DEFIENDASE con la cual logro herir de bala también a su "agresor FRANCIS BUESO" quien huyo herido por proyectil disparado con arma de fuego hacia un sector del campo de futbol donde esta aledaña la casa de Miguel Pacheco quien es presidente de una asociación campesina de colon quien conforme expuso el testigo protegido 26-A le prestó colaboración al imputado subiéndolo en un vehículo marca Toyota, modelo Hilux, 3.0, color azul en que trasladaron a FRANCIS BUESO a un centro hospitalario según respondió a preguntas del Ministerio Publico visible en región 28 del folio 188 reverso, antedicha afirmación fue desvirtuada totalmente con la declaración del señor JOSE MIGUEL PACHECO CARBAJAL visible a folio 192 o ambos lados aunado la prueba documental admitida en tapa incidental como es la constancia extendida por la Asociación Nacional de Campesinos de Honduras (ANACH) con que se comprobó que el referido ciudadano en la fecha que ocurrieron los hechos 08 de julio del 2012 no se encontraba en esa comunidad sino en la aldea de Agua Blanca sur, jurisdicción del municipio de Yoro, departamento de Yoro y quien inicialmente como contestó al interrogatorio de la suscrita recurrente "al inicio del proceso instruido contra FRANCIS BUESO también se incluyó como imputado en el mismo libelo acusatorio por el delito de ENCUBRIMIENTO producto del falso perceptiblemente testimonio del testigo protegido 26-A siendo sobreseído por los juzgados de letras competentes, posteriormente continuando con su interrogatorio al Ministerio Publico respondió el Testigo Protegido 26-A que este se encontraba a una distancia de 10 a 15 metros del sitio donde ocurrieron los hechos visible a renglón 1 y 2 en reverso del folio 188, contestando algo muy relevante al preguntarle la Fiscalía visible al mismo folio en renglón 6 ¿que era el occiso de usted? Era un amigo y compañero de trabajo, esta circunstancia muy relevante no fue observada por el a-quo en su inicua valoración de la prueba ya que quedó al descubierto que este Testigo Protegido 26-A tenía interés manifestó en declarar contra FRANCIS BUESO no siendo advertido por el a-quo en su menesterosa valoración intelectiva de la prueba y que más adelante se revelara, en antedicho interrogatorio al preguntarle el Ministerio Publico cantos disparos escucho respondió que fueron varios, que primero disparo Francis Bueso y reitera su inadmisible manifestación que "le pasaron un arma de fuego al ofendido" intercambiándose disparos visibles a renglones 17, 18, 19 y 20 del folio 188 reverso, esta afirmación no es creíble en vista que en una situación de esas una reacción instintiva del ser humano es buscar protección y no quedarse viendo el "espectáculo" y peor aún pasarle un arma de fuego a un sujeto para quo so defienda cuando hay otro individuo que está disparando (inconsecuente) siendo contrapuesto a las reglas de la experiencia común y lógica, afirmando el testigo protegido 26-A que mi representado iba herido visible su respuesta a renglón 22 y 23 del folio 188 reverso, respondiendo también que el señor Ángel Martínez Hernández solicito auxilio siendo un vecino que lo traslado al centro hospitalario visible a renglón 27 del reverso del folio 188, posteriormente a interrogatorio de la suscrita recurrente se le pregunto ¿qué tipo de evento se celebraba ese día? a lo que respondió "una cuadrangular de futbol", preguntándosele en vista de su respuestas que si ¿recordaba que comunidades jugaban? empezándole a fallar la memoria "obviamente" a lo que respondió "aldea de Ceibita" pero que las otras cuatro (4) "no las recordaba" visible a renglón 32 y 33 del reverso del folio 188, al preguntársele ¿Dónde ocurrieron los hechos? respondió a renglones 36, 37 y 38 del folio 188 reverso que los hechos sucedieron atrás del billar, pero a los renglones 45 y 46 del mismo folio cuando se le pregunta ¿en qué sitio del campo acontecen los hechos? respondió "No lo recuerdo", a los renglones 48 y 49 considerando la distancia que dijo el testigo protegido 26-A se encontraba cuando fue preguntado por la suscrita recurrente que tipo de arma y calibre observo portaba el señor Francis Bueso respondió "corta, calibre no sabe y color no se fijó" constituyéndose en una respuesta equivoca ya que hay dos cosas conforme a las reglas de la sana critica que no se pueden olvidar al observar un arma de fuego y es 1) tamaño y 2) color, se le interrogo a renglones 1 del folio 189 ¿cuántos disparos escucho? respondiendo "varios" consecuentemente frente a esta respuesta valorando que testigo protegido 26-A había declarado anteriormente con formalidades de "Prueba Anticipada" solicitamos por encontrar contradicción que se incorporara mediante lectura autorizada su declaración respecto a esta misma interrogante visible a los renglones 20, 21, 22 del folio 189 admitiéndose por el a-quo quien procedió a dar lectura de los renglones 16, 17, 18 y 19 del acta de prueba anticipada en folio 10 reverso done testigo protegido 26-A donde se le interrogo exactamente los mismo ¿Usted manifiesta que la persona Bueso le disparo a Ángel, cuantos disparos escucho? A lo que respondió "la primera vez hubieron como 6 a 7 disparos, los cuales no, le infirieron todos en su cuerpo, la siguiente vez le disparo como 5 veces constituyéndose una será inconsistencia quien contesto al increpársele que había pasado mucho tiempo, no obstante era perceptible su evasión a la respuesta que en otras interrogantes la memoria no le traiciono, al continuar interrogándosele en los renglones 25, 26 y 27 sobre ¿Qué hizo el testigo protegido 26-A al ocurrir los hechos? éste respondió "los que éramos amigos de Lito nos quedamos allí", ¿Cuántos amigos se quedaron? respondiendo "Varios" encontrando nuevamente contradicciones en su testimonio razón por la cual se solicitó la lectura autorizada de los renglones 21 y 22 del folio 10 reverso del acta de prueba anticipada quien respondió en ese momento "lo que todo mundo hace tratar de apartarse y buscar su casa" sin embargo habiendo el a-quo leído íntegramente la contradicción desvaloro una circunstancia importante que evidenciaba nuevamente que el testigo protegido 26-A estaba alterando inicuamente su testimonio para perjudicar al imputado, en otra interrogante visible en renglones 47, 48 y 49 del folio 189 al consultársele sobre ¿Quién le paso el arma a Lito Minerales y cómo era? respondió "que no podía decir quién paso el arma porque habían varias personas, que solo sabe que le pasaron el arma y que era corta" constituyendo una respuesta inadmisible en vista que ese tipo de hechos son difíciles de olvidar dejando al descubierto la falta de veracidad en la declaración de esta persona, al reverso del folio 189 en renglón 4 se le pregunta ¿Qué hizo Lito Minerales al recibir los impactos de bala? Respondiendo "se tocó la cintura para ver si andaba armado, entonces el señor paisa se dio la vuelta y le pasaron un arma" infiriéndose de esta respuesta que efectivamente el supuesto ofendido era una persona que portaba arma de fuego ya que si se la busco es porque la portaba, constituyendo un ardid del testigo protegido 26-A para encubrir que el señor Ángel Martínez Hernández andaba armado en ese momento que acontecieron los hechos y de quien según los testimonios de la suscrita defensa se comprobó que este individuo se dedicaba al "'sicariato" en ese sector del departamento de Colon, al preguntarle a renglón 6 y 7 del folio 189 reverso ¿que hizo Lito Minerales después de ser herido? respondió "busco auxilio en una casa de un pariente" contrariándose a lo que anteriormente respondió al Interrogatorio del Ministerio Publico donde indicio que "fue auxiliado por un vecino visible a folio 188 reverso renglón 27, y folio 189 renglón 26 y 27, posteriormente respondió en renglones 8, 9, 10, 11 y 12 que Francis Bueso busco auxilio dirigiéndose hacia la casa del señor Miguel Pacheco consiguientemente al evidenciar otra contradicción se solicitó al a-quo la lectura autorizada de los renglones 22 al 28 del folio 10 que contiene el acta de prueba anticipada del testigo protegido 26-A donde respondió a esta pregunta "usted dice que mirto al PAISA salir corriendo hacía que lado salió, responde "con rumbo a la quebrada donde tiene su casa de habitación en ese entonces el presidente del asentamiento de campesinos el señor Pacheco", preguntado ¿usted conoce al señor Pacheco, responde "Si", preguntado ¿Cuál fue la reacción de este señor Pacheco si usted dice que vio cuando el Paisa se fue por la quebrada a buscar a este señor, responde " no le sabría decir cuál fue la reacción, pero S/ EL LO APOYO para que so fuera dándole transporte que el carro de los campesinos", preguntado sobre la distancia de la casa del señor Pacheco de done se encontraba el testigo protegido 26-A no supo responder arguyendo que hay larga distancia y que no observo a las personas, pero en otras interrogantes si logro hacerlo, al interrogarlo sobre en que transportaron al señor Francis Bueso respondió "en el 3.0 azul de los campesinos", a renglón 48 y 49 del folio 189 reverso se le pregunta ¿tiene conocimiento si el señor Ángel Martínez Hernández portaba arma de fuego? Respondiendo "propias de él no de vez en cuando le prestaban algunos amigos" argumento que tampoco responde a la lógica ya que las armas de fuego no son objeto de préstamo aunado tácitamente admite que el supuesto ofendido acostumbraba a portar armas de fuego refutándose así la tesis acusatoria que lamentablemente válida el a-quo equívocamente, a renglón 12 y 13 del folio 190 a interrogante de la suscrita recurrente responde el testigo protegido 26-A que el motivo por el cual llevaron a Francis Bueso al hospital es porque Lito minerales (ANGEL MARTINEZ HERENANDEZ) le disparo constituyendo esta respuesta la más perceptible falsedad del Testigo Protegido 26-A por lo que solicitamos lectura autorizada de su contradicción siempre bajo amparo del artículo 311 # 6 del código procesal penal a lo que el A-quo accedió visible en los renglones 33, 34 y 35 procediendo a leer los renglones 5, 6, 7 y 8 del folio 11 del acta de prueba anticipada donde respondió este testigo protegido 26-A lo siguiente "este señor (Francis Bueso) recibió algún disparo de parte de la víctima, Responde "NO PUDO RECIBIR NINGUN DISPARO PORQUE EL SEÑOR MINERALS (Ángel Martínez) NO ANDABA ARMADO, quedando finalmente al descubierto que antedicho Testigo Protegido 26-A compareció al juicio oral y público modificando su testimonio lo que se comprobó con la incorporación de las lecturas autorizadas pero que fueron inobservadas por el a-quo apartándose de razonamiento lógicos propios de las reglas de la sana crítica y done se coligió las inconsistencias del único testigo de cargo del cual se desprende la sentencia condenatoria a quien el a-quo le otorgo inmaculada credibilidad han frente a todas estas incongruencias que se comprobaron en juicio, testimonio al cual el a-quo afirma otorgarle total credibilidad en adición al del agente de investigación Joel Mendoza Castillo aun cuando es indiscutible los desatinos que se perciben entre ambos, infiere el a-quo que versan sobre la sustancia de los hechos resultando coherentes entre sí, sin embargo, con lo expuesto se comprueba que esa coherencia no existió. TERCERO: Valorando que sumado al cuestionado testimonio del testigo protegido 26-A también declaro en juicio el policía de investigación JOEL MENDOZA CASTILLO quien de relevancia solo expreso que se le asigno la investigación en el año 2014, que efectu6 varias diligencias como ubicar a la familia del ofendido la que 98 importante destacar nuca compareció al proceso, y que los hechos habían sucedido en un campo de futbol de la aldea la Ceibita, no recordaba el nombre de la víctima, pero incomprensiblemente menciona el nombre del imputado Francis Bueso, que realizo acta de inspección del sitio (2 años después) a interrogantes del Ministerio Público respondió "efectuó localización de tumba, y que importa resaltar según lo consignado en este documento que ratifico en juicio establece que unos familiares de quienes no consigno sus datos lo guiaron por un sitio en un cementerio que no había lapida u otro objeto que identificara la tumba del señor Ángel Martínez pero que allí le habían dicho que estaban los restos" prueba que no demostraba absolutamente nada pero el a- quo otorga valor probatorio según el apartado denominado VALORACION DE LA PRUEBA, respondió a preguntas de la suscrita recurrente que no sabe que arma estuvo involucrada, no tuvo a la vista el dictamen médico forense, que tuvo conocimiento que falleció el ofendido por heridas producidas por arma de fuego según "acta de levantamiento de cadáver, visible a folios 5 y 6 del cual es importante destacar que en sus observaciones quien elaboro este documento consigno que se realizó inspección al sitio donde ocurrieron los hechos, sin recolección de evidencias o indicios intimados al hechos investigado a partir de ese momento" y que dicha inspección no coincide cronológicamente con la ratificada en juicio por el agente de investigación Joel Mendoza Castillo, no recolecto indicios del crimen, todo lo anterior visible a folio 187 reverso del acta de debate, posteriormente ratifico los predichos documentos como ser 1) acta de inspección ocular al campo de futbol de la comunidad de la Ceibita, Tocoa, departamento de Colon, documento efectuado dos (2) años posteriores al hecho indicando como posible lugar donde acontecieron los hechos bajo un árbol siendo improbable esta circunstancia por factores como el transcurso del tempo y falta de medios corroborativos, 2) Álbum fotográfico Forense sin relevancia alguna más que las observaciones que efectuamos sobre su firma ya que solo una hija estaba firmada evadiendo con respuestas como "quizás fue un olvido", 3) Acta de inspección ocular con álbum fotográfico de fecha 15 de abril del 2015 en un cementerio del cual no se logra establecer nada respecto a la responsabilidad penal del señor Francis Bueso en la muerte del señor Ángel Martínez Hernández siendo totalmente inútil este elemento de prueba que en idénticas condiciones el a-quo le otorga valor probatorio pero sin establecer los razonamiento lógicos amparados en las reglas de la sana critica que concatenados con los otros elementos de prueba evacuados enervaran el estado de inocencia del imputado, consiguientemente estos medios de prueba no fueron concluyentes para dictar una sentencia condenatoria por todas las inconsistencias antes descritas, no son cuestionables para la suscrita recurrente los documentos como 1) Acta de levantamiento de cadáver, 2) acta de certificación de nacimiento de Ángel Rafael Martínez Hernández, 3) Acta de Defunción del señor Ángel Rafael Martínez Hernández en vista que nunca hemos refutado que esta persona haya fallecido en las condiciones que describen estas pruebas documentales, pero si es cuestionable que origina la interposición del presente recurso extraordinario la insuficiencia probatoria con la que se condena a mi representado otorgándole valor a prueba irresoluta aunado a la evacuación bajo transgresión de todas las normas procedimentales, conculcación al derecho de defensa y garantía del debido proceso (art.- 82 y 90 constitucional) el a-quo procedió a evacuar un reconocimiento en rueda visible a folio 185 reverso y 186 al renglón 26 celebrado en etapa de juicio oral y público cuando es de lato conocimiento que este tipo de actividades comprendidas en el artículo 253 del código procesal penal se efectúan en la tapa preparatoria o intermedia del proceso, pero no en plena evacuación de juicio cuando es obvio que cualquier persona que declare contra el imputado la habría tenido a su vista, no obstante, desde la proposición de medio de prueba fue admitido debiendo respetar los mecanismos establecidos en la ley penal adjetiva para su evacuación, y que no sucedió en este juicio cuando quedo en evidencia que testigo protegido 26-A estaba al iniciar el juicio en fecha 05 de junio del 2017 al interior del vehículo del Ministerio Publico teniendo a su vista y paciencia al imputado a quien pasaban frente al exterior del tribunal justamente done se localizaba este vehículo done tenían en su interior se encontraba el testigo protegido 26-A como admite el propio fiscal del Ministerio Publico visible a folio 185 reverso a renglones 35 al 49 del acta de debate cáusticamente siendo ilógico que no lo fuera a señalar o identificar al ponérsele a la vista como así ocurrió y que es valorado pese a los cuestionamientos que oportunamente efectuamos sobre esta actividad probatoria en el momento de juicio oral y público y que no fueron considerados en la sentencia que se recurre vía casación. CUARTO: Considerando que fue evacuada prueba de la defensa como ser los testimonios de los señores MILTON LARA ESCOBAR, JOSE MIGUEL PACHECO CARBAJAL y HIPOLITO ROSA PINEDA visibles a folios a folio 190 reverso, 192, 193 del expediente judicial quienes en sus testimonios fueron contestes en sus dichos quienes se ubicaron en tiempo y espacio correlacionado al sitio donde acontecieron los hechos indicando que sucedieron en la comunidad de Ceibita, jurisdicción del municipio de Tocoa, departamento de Colon, justamente en fecha 08 de julio del 2012 cuando se disponían a jugar una cuadrangular de futbol 4 equipos alrededor de las 8 AM cuando en eso escucharon decir al supuesto ofendido ANGEL RAFAEL MARTINEZ HERNANDEZ alias "lito minerales" que expreso "aja allí anda ese hijo de puta, hoy si lo mato" refiriéndose al señor FRANCIS BUESO según declaración del señor MILTON LARA ESCOBAR y que en eso alguien le dijo " ey paisa te matan" momento justo cuando mi representado se da vuelta hacia donde escucho el grito teniendo de frente al supuesto ofendido quien con arma de fuego en mano disparo en 5 ocasiones contra la humanidad del señor FRANCIS BUESO, este testigo Lara Escobar al interrogarlo ¿Por qué el señor Lito Minerales dijo que iba a llenar de plomo a Francis Bueso? Respondiendo '"Porque tenían problemas personales" y al indagar sobre el conocimiento de esos problemas contesto que no sabía con exactitud "pero que en la comunidad se sabía que tenían problemas personales y que ANGEL MARTINEZ HERNANDEZ había jurado que iba a matar al señor FRANCIS BUESO en vista que públicamente lo había expresado, respondiendo sobre a que se dedicaba la supuesta víctima respondieron que se dedicaba AL SICARIATO en el entendido que asesinaba a sueldo, respondiendo que observo el arma cuando la saco Ángel Martínez Hernández para atentar contra la vida del señor Francis Bueso y que era una pistola calibre 25 mm, plateada, tipo escuadra y que Francis Bueso lo que hizo fue sacar su arma para defenderse al momento en que el supuesto ofendido Ángel Martínez Hernández se le enconcho la pistola (se trabo el arma, esta circunstancia ocurre cuando son tipo pistola o escuadra) describiendo detalladamente cómo ocurrieron los hechos destacando que al momento en que el supuesto ofendido se dirige a darle muerte al señor Francis Bueso este se encontraba de espalda y que repelió el ataque con un arma calibre 38 color negro visible de los renglones de 28 al 49 del reverso del folio 190 del renglón 1 al 36 y donde el Ministerio Publico quiso poner en duda su testimonio al interrogatorio pero este testigo fue conteste sin dejar dudas sobre el conocimiento que poseía sobre los hechos acontecidos en fecha 08 de julio del 2012" o obstante el a-quo distanciándose de la objetividad y de las reglas de la sana critica haciendo una desvalorización de este medio de prueba visible a folio 222 reverso del cual establece " extremos dichos por el testigo precedente no es corroborado con otro medio de prueba" en su postulado VALORACION DE LA PRUEBA que corre a partir del folio 218 reverso, posteriormente se evacuo la declaración del señor JOSE MIGUEL PACHECO CARBAJAL quien declaro visible de folio 192 renglón 38 al 49 y del 1 al 22 del reverso del mismo folio "el día que sucedieron los hechos 8 de julio del 2012 este se encontraba en la comunidad de "agua blanca sur' jurisdicción del departamento de Yoro, en una reunión de la asociación nacional de campesinos de Honduras (ANACH), testimonio corroborado con las constancia que fue evacuada documentalmente visible a folio 33, y que por referencias de personas de la comunidad "valorando que es un dirigente de ese sector de campesinos" tuvo conocimiento que el señor Ángel Martínez Hernández tenía problemas personales con el señor Francis Bueso y que el día que ocurrieron los hechos Ángel Martínez quiso matar al señor Francis Bueso, agregando al interrogatorio que a el TESTIGO PROTEGIDO 26-A lo quiso involucrar en los hechos argumentando que el testigo JOSE MIGUEL PACHECO CARBAJAL se encontraba el día de los hechos en ese sitio de la Ceibita y que auxilio al señor Francis Bueso al llevarlo en un carro que pertenece a la asociación de campesinos al hospital san Isidro de la ciudad de Tocoa, producto de esa acusación estuvo detenido en la jefatura policial de la ciudad de Tocoa, departamento de colon y sometido a proceso judicial posteriormente por el delito de ENCUBRIMIENTO de la muerte del señor ANGEL RAFAEL MARTINEZ HERNANDEZ, siendo sobreseído posteriormente por los juzgados de letras al comprobar que no era cierto lo expresado por el mentiroso testigo protegido 26-A y que se demostró en los apartados anteriores donde se demostró por medio del interrogatorio aunado a las lecturas autorizadas por las contradicciones que este célebre testigo protegido 26-A falseó su testimonio pretendiendo perjudicar al imputado, en idénticas condiciones declaro el testigo HIPOLITO ROSA PINEDA quien manifestó tiempo, lugar y espacio done acontecieron los hechos, que propósito tenía el supuesto ofendido que "era dar muerte al señor Francis Bueso, a quien se le trabo el arma y fue cuando ya herido el señor Francis Bueso hizo uso de un arma de fuego que portaba para DEFENDERSE visible del renglón 22 al 49 del folio 192 y del renglón 1 al 17 del folio 193 agregando que todos los testigos coincidieron que el supuesto ofendido era una persona que se dedicaba a actividades ilícitas como es el "sicariato", y que en la valoración que efectuó el a-quo visible a folio 222 y 223 de la sentencia no realizo ningún tipo de operación intelectiva para no dar crédito a sus testimonios arguyendo indigentemente el a-quo en su inicua sentencia "no aportan prueba de descargo por tanto enerva el estado de inocencia del imputado" constituyendo un fenómeno esta afirmación y antagónica a las reglas de la sana critica, también como parte de la prueba de descargo se evacuo la documental consistente en la 1) constancia de la ANACH visible a folio 33 y 34, 2) dictamen pericial número 2016-1807-0700-0008 visible a folios 164 y 167 efectuado por la perito forense del Ministerio Publico LESVIA CRUZ HERNANDEZ done se comprueba que el imputado Francis Bueso ingreso al hospital Vicente Dantony herido por proyectiles de arma de fuego en fecha 08 de julio del 2012 procedente del Hospital del Aguan localizado en el departamento de Colon, 3) Copia autenticada del expediente médico número 0305868 del Hospital público Atlántida donde se hace referencia a que el imputado llego trasladado del Hospital Vicente Dantony producto de heridas causadas por proyectil disparado por arma de fuego y quien fue intervenido quirúrgicamente, 4) Constancia del Hospital público Atlántida done se comprueba las mismas circunstancia de tiempo, espacio y lugar a done fue trasladado el señor Francis Bueso para su atención medica producto de heridas provocadas por arma de fuego en fecha 08 de julio del 2012 coincidentemente en la misma que se le sindica equívocamente el a- quo le dio muerte al supuesto ofendido ANGEL RAFAEL MARTINEZ HERNANDEZ y 5) Acta de registro personal y decomiso visibles a folios 51 y 52 del expediente judicial done se comprueba que a mi representado no se le requiso indicio o evidencia intimada al delito de Homicidio, esta prueba fue valorada inconsecuentemente por el a-quo a folios 221 y 222 del expediente judicial que contiene la sentencia, antedicha prueba demostró que efectivamente el día en que se le inculpo haber dado muerte al ofendido el señor Francis Bueso fue atendido en estos hospitales y las razones de su ingreso que tiene su génesis en la agresión ilegitima de la cual fue víctima por parte del supuesto ofendido Ángel Rafael Martínez Hernández, no obstante al efectuar los razonamiento que deriven en una conclusión lógica el a-quo los abandono para realizar conjeturaciones desmeritando totalmente la prueba de descargo la que fue concluyente para establecer que el señor Francis Bueso solo respondió en su legítima defensa frente a una agresión ilegitima del señor Ángel Martínez Hernández quien pretendía quitarle la vida, sobre el apartado de Valoración de la Prueba que efectuó el a-quo es importante manifestar que contraviene totalmente las reglas de la sana critica, apreciamos como recurrente que dicha valoración probatoria como testificales y documentales reflejan serias contradicciones aunado el quebrantamiento de las reglas de la sana critica convirtiendo dicha sentencia en una serie de contravenciones como: 1. La sentencia no obedece a las reglas de la lógica. 2. Sus razonamientos no obedecen a las reglas de la deducción lógica formal. 3. Que con las premisas propuestas es imposible llegar a la conclusión y consecutiva convicción de culpabilidad de los imputados. 4. Que el tribunal forma hechos preconstituidos para apoyar su teoría 5. Que las conclusiones de la sentencia obedecen al pensamiento natural e inductivo y no lógico deductivo. 6. Sus enunciados son de orden especulativo QUINTO: Por lo anterior se puede determinar que al análisis de dicha prueba desarrollada en juicio no fueron tomados en cuenta muchos aspectos que a nuestro juicio era de suma importancia a la hora de deliberar por parte del a-quo, mismo que estaba en la obligación de observar irrestrictamente dichas reglas, su postulado "Valoración de la Prueba" no es preciso ni tiene el más mínimo concepto de "certeza" necesaria para justificar la afirmación de culpabilidad de FRANCIS BUESO como referencia elemental a la clasificación de las pruebas de acuerdo al fin a que están destinadas, estos señalamientos anteriores originan un error en la estructuración del fallo pues en la motivación se decretan irrazonables conclusiones o razonamiento inválidos que no provienen de premisas verdearas como apuntamos anteriormente, el tribunal sentenciador estaba en la ineludible obligación de elaborar su fallo conforme a las disposiciones del artículo 338 del CPP al valorar los actos del debate conforme a las reglas de la sana critica racional, el razonamiento utilizado para obtener sus conclusiones, sustentando la sentencia mediante el estudio minucioso deductivo de la prueba haciendo uso de las leyes de la lógica, sicología y máximas de la experiencia común, tal y como lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal que establece que las reglas de la sana critica deben observarse en la sentencia con relación a los elementos de prueba de valor decisivo de los cuales ninguno poseyó esa característica ya que los testimonios no fue concluyentes destacándose sobre todo las inconsistencias en sus dos intervenciones tanto como prueba anticipada y evacuada en juicio, anterior motivo que demandamos significa que ser objeto de recurso extraordinario cuando estas reglas que rigen lo concerniente a la interpretación y valoración para que el a-quo forme su convicción acerca del acontecimiento sometido a su discernimiento que va impactando en la conciencia generando distintos estados de conocimiento cuya proyección en el proceso tendrá distintos alcances; En relación a las reglas de la Lógica podemos establecer que la misma es la ciencia que estudia el razonamiento humano y uno de los primeros requisitos que se exige es que la lógica le impone al lenguaje en el sentido que este sea claro y que evite la ambigüedad, además la noción de demostración debe de hacer precisa la idea de "validez deductiva" sea que el argumento es deductivamente correcto si y solo si hay una demostración, siendo esta una secuencia finita de pasos en donde el ultimo es el teorema, aunado a que cuando se pretende demostrar la participación de una persona en la comisión de un delito es imperativo el uso de la lógica formal debido a que un sencillo error puede desencadenar una sentencia errónea como la que nos ocupa.- Para la lógica formal las conclusiones están cimentadas sobre premisas o presupuestos que se dividen a su vez en premisas o presupuestos válidos y premisas o presupuestos verdaderos; Valido es lo preferido, una premisa valida es aquélla que obedece a la voluntad del que la construye concluyendo en un razonamiento sin restricción y construido a la media del autor; VERDADERO es lo infalible, lo auténtico, lo indiscutible por lo que una premisa verdadera exige ser comprobada y científica, excluye valoraciones fingidas, por tanto la construcción de una conclusión, juicio a dictamen basado en premisas validas pero no en premisas verdaderas se denomina inferencia o derivación, así es que la verdad, se busca a través del uso de la lógica deductiva, acorde a lo anteriormente expuesto con respecto a la definición sobre las premisas que debe de aplicar el a-quo en su ponderación previo a dictar un fallo, es en este caso la inadecuada valoración que se le dio a la prueba de cargo desarrollada en juicio done se consideró subjetivamente los elementos probatorios pronunciando que mi representado es responsable de la comisión del delito HOMICIDIO nunca hubo cuestionamiento sobre la muerte del señor Ángel Rafael Martínez Hernández ya que se probó con el acta de levantamiento de cadáver que incluso el a-quo al valorar este medio probatorio hace la siguiente manifestación visible a folio 221 reverso y 222 "la ubicación de la siete heridas de arma de fuego (solo se localizaron 6 heridas según acta visible a folios 05 y 06 donde se consignó que no había sospechoso) incluso en la valoración del Testigo Protegido 26-A en apartado 1.2 el tribunal sentenciador efectuó la siguiente afirmación "y también el señor Francis Bueso quedo herido, siendo llevado en un auto pick up, 3.0 color azul, propiedad de los campesinos hacia un centro hospitalario auxiliado por el presidente del patronato el señor Miguel Pacheco, antes Ángel había estado internado porque un hijo del señor Francis Bueso, le hizo varios disparos", sin embargo esta afirmación que el a-quo considera irrefutable nunca fue afirmada de la manera en que se plasma en la sentencia y que fue contrariada con la prueba de descargo y quien no fue infalible ofertando datos inexactos que se contradice con su testimonio rendido y prueba anticipada, no existe relación de causalidad (necesidad de concurrencia de dos variables implicando además que guarden una correlación positiva) al examen de la improcedente valoración probatoria realizada sobre el delito inculpado los medios de prueba de cargo no evidenciaron a mi representado de forma directa y reciproca con otros medios haya intencionalmente dado muerte al señor Ángel Rafael Martínez Hernández discrepando con lo argüido por el a-quo en relación a la incorrecta apreciación que le otorga a la prueba sin consonancia alguna con las reglas de la sana critica desechando las observaciones oportunas con respecto a los medios de prueba antepuestos ya que no tenían correspondencia de forma incuestionable demostrándose ausencia de prueba indiciaria, sentencia que valoramos inicua por las inferencias de juicios negativos que buscaban adecuar sus equivocadas valoraciones en la sentencia que hoy se recurre que derivó en un análisis menesteroso buscando la forma de acomodar juicios inciertos y poco probables a la sentencia condenatoria. SEXTO; Contradicciones como las expuestas son las que se pueden apreciar en la valoración de la prueba que son totalmente incongruentes como se ha explicado ampliamente y que deben concurrir los elementos del tipo penal y determinar el grado de participación, los cuales no se constituyeron en ningún momento, por tanto es contrario a derecho estimar una conducta que no está debidamente probada y no es tarea del Tribunal por el contrario la hace inversa a sus funciones, rebasa la lógica y la acción punitiva del estado, reflexionando que los testimonios son manipulables a conveniencia de quien lo efectúa como es el caso del Testigo Protegido 26-Aquien quedo al descubierto, el a-quo en la sentencia impugnada busca dale sentido extrayendo apartados que realmente no reflejan el análisis exhaustivo de elenco probatorio evacuado en juicio y siendo ausente en la valoración descriptiva e intelectiva de la prueba sin quedar demostrado efectivamente "sin lugar a dudas" la verdad histórica de los hechos mediante la reconstrucción de los mismos por medio de la prueba examinada bajo las reglas de la sana critica (verdad formal, conforme la cual la conclusión de un razonamiento será verdad en tanto sea verdad el contenido de las premisas) entiéndase que el nexo causal o lógico que liga el hecho mediato del inmediato ha de ser fruto de un proceso inductivo racional "no de una simple suposición" de tal modo que nadie puede ser condenado sobre la base de un proceso de inferencia que solo ofrezca simples conjeturas "es necesaria la certeza" ya que si esta falta o es "dudosa" la estructura procedimental es inútil, no responder a las reglas del recto entendimiento humano (lógica, experiencia y sicología) incluyendo dentro de las reglas de la lógica las leyes fundamentales de la derivación que constituye que las conclusiones deben ser concordante y principio de razón suficiente, que no es más que "el razonamiento debe estar constituido por inferencias razonables deducidas de las pruebas y de la sucesión de conclusiones que en virtud de ellas se vayan determinando", la motivación debe ser "concordante", a cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder convenientemente un elemento de convicción del cual se pueda inferir aquella, de tal suerte, y como lo sostiene la Ley de la Razón Suficiente, cada elemento probatorio debe de estar sustentado por otros elementos de pruebas, permitiendo que cada probanza sirva de soporte a otras pruebas, consiguientemente se transgrede el principio Lógico de Razón Suficiente, que en la doctrina se explica adecuadamente diciendo como: "Todo debe tener un fundamento, una razón, es decir no puede tenerse algún hecho por cierto como un artículo de fe, por el contrario toda afirmación debe ser demostrada o fundamentada", este principio exige que la prueba en que se cimente una sentencia, sólo permita arribar a una única conclusión y no a otra, el tribunal estaba en la obligación de establecer premisas verdaderas ya que es lo infalible, autentico, indiscutible que excluye valoraciones fingidas o acomodadas en ningún momento se desprende cual fue la o las acciones cometidas por mi representado, acondicionando funciones que no se demostraron por tanto la imprecisión, insuficiencia u oscuridad en la identificación de FRANCIS BUESO como responsable del delito de HOMICIDIO en perjuicio de ANGEL RAFAEL MARTINEZ HERNANDEZ debió traer como consecuencia lógica una sentencia de carácter absolutoria (observar casación penal 193-2009, 197-2009, 161-2010, 211-2009, 257-2008, 53-2009) APLICACION PRETENDIDA; Estimando que el A-quo ha incidido en error In Procedendo por incurrir en "En Inobservancia de la reglas de la sana critica en la Valoración de la prueba" discurridas en los apartados que preceden es nuestra pretensión que se enmiende anulando el fallo recurrido (reenvió) siendo sustanciado nuevo juicio conforme a la ley penal adjetiva con Tribunal distinto al sentenciador. SEGUNDO MOTIVO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA. "Que falte la firma de alguno de los miembros del tribunal de sentencia, salvo en los casos previstos en el artículo de 145" PRECEPTO AUTORIZANTE; Este Motivo de Casación invocado como infringido por quebrantamiento de Forma está comprendido en el artículo 362 en su numeral 7 del Código Procesal Penal en contravención con la regla SEXTA del artículo 338 del mismo cuerpo legal. EXPOSICIÓN DE MOTIVO UNICO: Considerando que la ley penal adjetiva define los protocolos, O formalidades a las que está sujeto el proceso que en etapa de juicio oral y público se consigna del articulo 319 y subsiguientes, probado es que en fecha 05 de junio del 2017 se inició juicio contra el señor FRANCIS BUESO por suponer responsable de la comisión del delito de HOMICIDIO en perjuicio de ANGEL RAFAEL MARTINEZ HERNANDEZ, mismo que fue suspendido en dos ocasiones culminándose en fecha 21 de junio del 2017 en que intervinieron como integrantes del tribunal de sentencia los jueces RIGOBERTO ARIAS ESPINAL, RICARDO GEAVANNY RODRIGUEZ BARAMONA y CAROL JAQUELINE ORTEGA RODRIGUEZ, predicho funcionarios judiciales son los que decidieron al deliberar encontrar responsable a mi representado de la comisión del delito referido según estos conforme a los resultados o inferencias lógicas producidas con la evacuación de los medios de prueba evacuado en la vista pública, sin embargo como establece el artículo 338 regla número 6 "Al final, pondrá su firma autógrafa TODOS los miembros del tribunal y el secretario, quien dará fe de la autenticidad de las firmas que constan al pie de ella", habida cuenta que el juez RIGOBERTO ARIAS ESPINAL fue uno de los miembros integrantes del presente juicio instruido contra Francis Bueso presidiendo todas las audiencias en las cuales participo consecutivamente, y quien, al integrar la sala, deliberó encontrando culpable a mi representado en la referida sentencia se puede observar que se no cuenta con su firma la cual hace inútil procesalmente la resolución al transgredir las normas procedimentales de carácter obligatorio que requiere la ley correlacionada a las solemnidades del proceso penal para su eficacia, por tanto, al vulnerar la regla SEXTA del artículo 338 que guarda relación directa con la estructuración de la sentencia, incumbe a la suscrita recurrente interponer recurso extraordinario de casación por predicho motivo para que se corrijan los yerros In Procedendo que causan perjuicio a mi representado. APLICACION PRETENDIDA: Estimando que el A-quo ha incidido en error In Procedendo por incurrir en "Que falte la firma de alguno de los miembros del tribunal de sentencia" discurridas en el apartado que precede es nuestra pretensión que se enmiende anulando el fallo recurrido (reenvió) siendo sustanciado nuevo juicio conforme a la ley penal adjetiva con Tribunal distinto al sentenciador. TERCER MOTIVO DE CASACIÓN POR INFRACCION DE LEY O DE DOCTRINA LEGAL. MOTIVO DE CASACIÓN POR INFRACCION DE LEY: Aplicación indebida del artículo 116 del código penal vigente... quien de muerte a una persona sin concurrir las circunstancias que se mencionan en los siguientes artículos del presente capitulo, comete el delito de Homicidio simple e incurrirá en una pena de quince a veinte años de reclusión. PRECEPTO AUTORIZANTE: Articulo 360 párrafo primero del código Procesal Penal, que literalmente dice Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley Error In ludicando, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada para la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo EXPOSICIÓN DE MOTIVO PRIMERO: El hecho declarado probado y que sirvió de fundamento a la condena, es precisamente la supuesta vinculación directa que según la prueba testifical del Testigo Protegido 26-A de quien en los acápites que preceden hemos explicado ampliamente sus contradicciones que solo reflejaron n interés en modificar los hechos pretendiendo responsabilizar a mi representado en la muerte del señor Ángel Martínez Hernández, intimado a la comisión del delito de HOMICIDIO lo que es totalmente contradictorio en vista que es incuestionable que la ley es taxativa conforma lo que dispone el artículo 17 del código civil de Honduras consecuentemente es inaceptable interpretaciones que no corresponden más que al legislador, al analizar la prueba en su conjunto evidenciamos que el artículo 116 del código penal literalmente establece " Comte el delito de Homicidio: Quien de muerte a una persona sin concurrir las circunstancias que se mencionan en los siguientes artículos del presente capitulo, comete el delito de Homicidio simple, e incurrirá en la pena de quince (15) a veinte (20) años de reclusión, por consiguiente, al valorar los hechos probados identificamos que hay una aplicación indebida del citado artículo en vista que la prueba no da lugar a establecer esos fundamentales aspectos del tipo penal aplicado, incumbe destacar que el tribunal en los hechos probados no fija como sucedieron los hechos desprendiéndose obviamente de la prueba evacuada en juicio y como prescribe el derecho penal sustantivo al aplicar de forma inapropiada el referido articulo 116 en otras palabras la aplicación indebida del mismo en el caso que nos concierne, al desarrollo del juicio nunca se estableció el móvil del crimen, indicios o evidencias físicas como armas, casquillos, ojivas u otros elementos comparativos que pudiesen ser objeto de análisis científico que sirvieran de cimiento para la elaboración de la sentencia, a la lectura de los hechos declarados probados por el tribunal sentenciador no precisa cal como fue la acción que ejecuto mi representado Francis Bueso, se pudo evacuar en juicio dos testimonios como ser el agente de investigación JOEL MENDOZA CASTILLO quien solo fue testigo de referencia por consiguiente no fue vinculante y Testigo Protegido 26-A del cual ampliamente nos hemos referido a sus falsedades en juicio y que a criterio del suscrito impetrante no enervan el estado de inocencia del inculpado, no se lográndose determinar que mi representado haya dado muerte dolosamente al señor Ángel Rafael Martínez Hernández en concordancia con los previsto en el artículo 116 del código penal, y al contrario, con toda la prueba de descargo aunado a las inconsistencias de la prueba del Ministerio Publico se desprende que el señor Francis Bueso respondió a una agresión ilegitima para salvaguardar su vida la cual se vio amenazada por el aparente ofendido en concordancia con lo preceptuado en el artículo 24 "se halla exento de responsabilidad penal: 1) Quien obra en defensa de su persona o derechos, o de la persona o derechos de otro, siempre que concurran las circunstancias siguientes: a) Agresión ilegitima, b) necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla y c) falta de provocación suficiente por parte de quien se defiende, no ha sido discutible de nuestra parte la muerte del supuesto ofendido sin embargo si es cuestionable e inaceptable como se emite una sentencia condenatoria con tantas contradicciones como las enunciadas en los apartados que preceden, JOEL MENDOZA CASTILLO no inculpo a mi representado únicamente manifestó en su testimonio visible a folio 187 su participación dos años después de acontecidos los hechos las menesterosas investigaciones que efectuó concernientes a la muerte del señor Ángel Martínez Hernández y no constarle personalmente como ocurrieron los hechos en fecha 08 de julio del 2012 en la comunidad de la ceibita, departamento de colon, no obstante, en los hechos probados el tribunal de sentencia antagónicamente indica circunstancias distintas al relato de los únicos dos testigos sobre todo del testigo protegido 26-A cuyo testimonio del cual se desprende prácticamente los hechos declarados probados en juicio como la consecuente sentencia condenatoria del señor Francis Bueso, y en que fueron perceptible segó y omisión de aspectos importantes que refutaban la tesis acusatoria respecto al delito de Homicidio. SEGUNDO: El tribunal sentenciador aun frente a las severas incongruencias de este testigo protegido 26-A lo dio total credibilidad quien entre lo mas connotado de su testimonio que fue contrastado con su participación en la prueba anticipada visible a folios 10 y 11 fue el hecho de expresar que no solo Francis Bueso uso arma de fuego, sino que también conforme a su inverosímil relato indico quo el ofendido "también utilizo un arma de fuego que le dio una persona desconocida e hirió en su integridad al imputado Francis Bueso" cuando anteriormente lo negó en el acta de los referidos folios, y que relevante manifestar al interrogatorio del perito forense LESVIA MARINA CRUZ respondió que el imputado recibió impactos de bala en la caja torácica donde están ubicados órganos vitales como el corazón según citó, siendo verosímil los expuesto por los testigos de la defensa MILTON LARA ESCOBAR, JOSE MIGUEL PACHECO CARBAJAL y HIPOLITO ROSA PINEDA visibles a folios a folio 190 reverso, 192, 193 del expediente judicial concatenados a la prueba documental quienes testificaron que efectivamente el señor Ángel Martínez Hernández hirió con la intención de matar a Francis Bueso quien solamente se defendió de la acometida evidenciado en las lesiones que sufrió mi representado, lugar, fecha y procedencia constituyendo elementos que fortalecen definitivamente la antítesis que Francis Bueso fue Víctima de agresión ilegitima e inminente del aparente ofendido encaminada a cegarle la vida, sin embargo, el a-quo de forma sesgada les resta credibilidad a la prueba de descargo sobre el riego inminente que represento en ese momento que el ahora agraviado y quien perdiera la vida en fecha 08 de julio del 2012 portaba un arma de fuego como han expresado los testigos significando un inminente peligro que corrió Francis Bueso quien en ese momento de la agresión ilegitima e inminente se encontraba de espaldas cuando le gritaron que "ey paisa te matan" quien al darse vuelta recibió varios impactos de bala de parte de Ángel Martínez Hernández a quien se le enconcha el arma, momento que mi representado al observarse herido y portando un revólver lo saco para defenderse hiriéndole de igual manera y evitando que su agresor que figura como ofendido actualmente continuara con su cometido de quitarle la vida como lo había expresado anteriormente previo a ejecutar la acción, consiguientemente al no converger la prueba versus la tesis acusatoria excluye directamente a mi representado como responsable a título de autor del delito de Homicidio, en la descripción de los hechos probados los cuales son intangibles debió el tribunal sentenciador describir la acción ejecutada por Ángel Rafael Martínez Hernández quien fallece a causa de disparos por arma de fuego por parte de mi representado, al examen de la sentencia esta no se encuentra cimentada en prueba concluyente que efectivamente creé certeza inculpatoria generando una sentencia perjudicial al declarar responsable penalmente a una persona a la cual no se le probo que le dio muerte al ofendido intencionalmente abandonando la objetividad que debe imperar en las decisión de los tribunales, es importante fijar sin lugar a dudas que para dictar una sentencia de esta naturaleza debe concurrir los elementos objetivos del tipo "quien de muerte" en concordancia con el contenido del artículo 116 del código penal, los hechos probados deben ser determinantes incluyendo la descripción de la acción generada y como participo el sujeto activo en el delito atribuido que generará el delito, el artículo 32 del código penal es determinante sobre la participación de un sujeto en la comisión de un delito por consiguiente no hay otra forma que no pueda incluirse en una sentencia la obligatoria representación de la forma de participación del imputado; Considerando los argumentos citados anteriormente el tribunal sentenciador debió absolver por la concurrencia de una causa de justificación como es la LEGITIMA DEFENSA PERSONAL, Por ende, en el caso que se recurre, evidentemente se aplica indebidamente el artículo 116, Al no haberse demostrado en juicio con prueba de cargo suficiente que rebase todo juicio deductivo más allá de la duda razonable que mi representado fue la persona responsable de dar muerte al señor ANGEL RAFAEL MARTINEZ HERNANDEZ DOLOSAMENTE como autor responsable del tipo penal de Homicidio consecuentemente el A-quo debió absolver por este hecho al imputado TERCERO: En la sentencia recurrida, no se cumplen los requisitos esenciales de la norma aplicada al caso concreto; debiendo concurrir los elementos siguientes: a) El ELEMENTO OBJETIVO b) ELEMENTO SUBJETIVO no menos cierto es que ya las leyes prevén diversas situaciones bajo las cuales una persona comete una acción que se subsume en un determinado tipo penal (artículo 116 del código penal vigente) siempre y cuando se cumplan los elementos esenciales exigidos en la normativa jurídica como lo es el presente caso, Definiendo más allá de toda duda razonable que nunca mi representado disparo su arma sin motivo alguno provocando la muerte del ofendido concordantemente al artículo 116 del código penal, que si bien es cierto se requiere en la comisión de un delito un Sujeto Activo y Pasivo a su vez se deben cumplir con los requisitos exigidos por el derecho penal sustantivo sin circunstancias accidentales que cambien el delito entendiendo que la duda implica falta de certeza por lo tanto no tendríamos méritos legales suficientes para que se dicte una sentencia en los parámetros de la que se impugna, y que con toda la prueba desarrollada en juicio el a-quo cometió una evidente infracción de ley penal sustantiva por la incorrecta aplicación del artículo 116 del código penal Vigente logrando con ello una sentencia condenatoria sin insumos que la fortalezcan y haciendo una forzosa valoración de las pruebas en la condena soslayando el principio de imputación objetiva "un resultado es objetivamente imputable, cuando el autor ha creado un riesgo relevante, el cual se realiza en el resultado típico en su configuración concreta sin concurrir ninguna causa de justificación o eximente" Por lo que podemos expresar con propiedad que la tipicidad es simplemente la adecuación de un comportamiento a la descripción que se hace del mismo en el Código Penal o en la Ley especial que nos corresponda como el caso que nos ocupa sin embargo al no haber tipicidad e imputabilidad no hay delito. Cada tipo de conducta pasa a ser un delito, cuyo supuesto de hecho designa lo que se quiere prohibir. Mi representado queda en una completa indefensión al aplicársele de manera inadecuada la imputación objetiva del tipo de HOMICIDIO, y que según la responsabilidad criminal en derecho penal se traduce como la obligación de estar sujeto a las consecuencias jurídicas, predeterminadas por la ley formal que señala como consecuencia de la realización de un hecho comisivo u omisivo que reviste los caracteres de punible, sin embargo, para la presencia de un delito es necesario cómo se ha visto en casos anteriores, un comportamiento humano subsumible en un tipo de conducta previsto en el código penal, pero hay que analizar si tal comportamiento típico se subsuma en el tipo penal por la concurrencia de sus presupuesto; Así también la constitución fija los limites o la potestad punitiva del estado, señalándole hasta qué punto y bajo qué preceptos se puede aplicar una determinada norma penal o al contrario eximir a una persona de responsabilidad penal siempre que se den ciertos elementos, si bien los hechos probados se consideran una verdad indiscutible y que no se pretende atacar, pero si se trata de analizar los mismos, por lo que no se puede subsumir de los mismos la conducta descrita en el tipo penal aplicado por lo tanto su aplicación es indebida, ya que no se puede llegar a una deducción lógica partiendo de supuestos y contradicciones testificales y documentales que no son congruentes, estimar una conducta que no está debidamente probada no es tarea del Tribunal por el contrario la hace contraria a las funciones que le delega la ley, el a-quo estaba en la obligación de establecer premisas verdaderas ya que es lo infalible, autentico, indiscutible que excluye las valoraciones fingidas o acomodadas. – Ya que es infalible una necesidad abstracta siempre que la agresión obliga a hacer algo para impedirla por lo que no cabría hablar de autoría con la imprecisión, insuficiencia u oscuridad que posee la sentencia que se impugna debiendo erigirse lógicamente una sentencia de carácter absolutoria. APLICACIÓN PRETENDIDA: Del análisis realizado a la sentencia recurrida no puede subsumirse la conducta de mi representado en la comisión a título de autor directo y material doloso del delito de HOMICIDIO SIMPLE debiendo por la tanto casar la sentencia y que por separado se dicte un fallo Absolutorio de acuerdo a los establecido en el artículo 339 del código procesal penal en relación con el articulo 116 y 24 # 1 del código penal vigente.” FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Establece el artículo 362 del Código Procesal Penal que el recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de algunos de los vicios siguientes: 1. Que falte la declaración de los hechos que el tribunal estime aprobados, que tal declaración no sea clara y terminante o que sea contradictoria. 2. Que se base en medios o elementos probatorios no incorporados legalmente al juicio o incorporados por su lectura en violación de las normas contenidas en el Título IV del Libro Segundo de este Código o excluya o deje de considerar alguna prueba de valor decisivo. 3. Que carezca de motivaciones fácticas o jurídicas, que dichas motivaciones sean insuficientes o contradictorias o sí en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica; 4. Que en la parte resolutiva se omitan elementos esenciales, tales como la individualización precisa del imputado, la resolución de todas las cuestiones debatidas y la determinación exacta de la pena en caso de condena; 5. La inobservancia de las reglas establecidas en el presente Código para la realización del juicio oral y público; 6. La incongruencia entre la sentencia y las pretensiones de las partes según el artículo 337; 7. Que falte la firma de alguno de los miembros del Tribunal de Sentencia salvo los casos previstos en el artículo 145. Es así como la ley procesal vigente, refleja que el proceso penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivado del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. Si no se cumple con los requisitos establecidos por la ley procesal y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo. El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley. Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Interpuesto por la Defensa Privada. Segundo Motivo. Norma autorizante: Artículo 362 numeral 7 del Código Procesal Penal. Norma sustantiva que se denuncia infringida: Artículo 362 numeral 7 en contravención con el artículo 338 regla sexta del Código Procesal Penal Concepto de la infracción: Que falte la firma de alguno de los miembros del Tribunal de sentencia, salvo en los casos previstos en el artículo 145 del Código Procesal Penal. Reclamación Ex Ante: Sin determinar por el pretensor. Pretensión: Que se anule el fallo recurrido. Establece la recurrente que el A quo ha incidido en error In Procedendo por vulnerar la regla sexta del artículo 338 del Código Procesal Penal, que guarda relación directa con la estructuración de la sentencia, ya que la sentencia no cuenta con una firma la cual hace inútil procesalmente la resolución al transgredir las normas procedimentales de carácter obligatorio que requiere la ley correlacionado a las solemnidades del proceso penal para su eficacia. De la procedencia del Recurso de Casación Por Quebrantamiento de Forma. - Segundo Motivo. El Motivo es DE Recibo. Denunció la recurrente que la Sentencia que se impugna, adolece de la firma de uno de los jueces lo cual provoca su anulabilidad, consignando como precepto autorizante el artículo 362 numeral 7 del Código Procesal Penal. Expresó la censora que es evidente que en la sentencia solo aparecen las firmas de dos jueces de sentencia, faltando la del juez integrante Rigoberto Arias Espinal. En fecha cinco (05), diecinueve (19) y veintiuno (21) de junio del año dos mil diecisiete (2017) se realizó juicio oral y público (F184 a F195); en fecha catorce (14) de noviembre de dos mil diecisiete (2017); en fecha catorce (14) de noviembre de dos mil diecisiete (2017) se desarrolló individualización de la pena (F217) y en fecha veintiuno (21) de mayo de dos mil dieciocho (20189 se emitió sentencia por parte del Tribunal de Sentencia de Trujillo, Departamento de Colón. El artículo 145 del Código Procesal Penal establece que, en estos casos, puede ser subsanada por un acta complementaria en la que el Juez acepte haber participado del acto y asuma su contenido, pero en el caso subjudice dicha acta completaría no aparece, lo que sí se encuentra es un oficio emitido por la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia de fecha 26 de abril de 2018, en el que se establece la cancelación del acuerdo de nombramiento N° 136 de fecha 15 de enero de 2016, el Abogado Rigoberto Arias Espinal, del cargo de Juez del Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial de Trujillo, departamento de Colón, quien abandonó el cargo, surtiendo el presente acuerdo sus efectos a partir del 11 de abril de 2018 (Sin folio). Siendo que la sección sexta del artículo 338 del Código Procesal Penal manda la consignación de la firma de los miembros del Tribunal de Sentencia, el vicio se constituirá cuando alguna de las firmas no aparezcan en el documento de la sentencia, salvo, como lo indica el motivo, en los casos citados en el artículo 145 del mismo código y que se refiere a la subsanación de la falta de firma de alguno de los jueces mediante acta de complementaria en la que dicho funcionario indique que participó en la deliberación, votación y asume el contenido de la sentencia. Debe de considerarse al respecto lo señalado en el párrafo tercero de este último artículo[1]. (Es decir en el caso que se deba a fallecimiento o una incapacidad surgida después de la deliberación y votación). Resulta totalmente claro para esta Sala de lo Penal el vicio denunciado por la recurrente, así como la postura de la parte recurrida, pues definitivamente estos casos no ocurrirían si se constase en todos los Tribunales de Sentencia de la República, con un cuarto Juez que pueda salvaguardar con su presencia todas las actuaciones que realicen los jueces integrantes, pero que, lastimosamente situaciones presupuestarias impiden poder realizar el nombramiento de dichos togados. Es evidente el error denunciado, pues al revisar el fallo recurrido se puede determinar que en efecto no aparece la firma de uno de los jueces integrantes abogado Rigoberto Arias Espinal, quien participó tanto en el debate o juicio oral, en la deliberación y votación e incluso en la audiencia de individualización de la pena según acta que aparece agregada a folio 217 de la primera pieza del expediente judicial. La firma en todo escrito, es un signo único y personal, que estampado es signo de autoría del contenido del documento, de asunción del mensaje y que en las resoluciones judiciales además representa el ejercicio del poder público que ha sido confiado a una persona natural, con el mismo efecto legal que el pronunciamiento de las resoluciones a viva voz en las audiencias judiciales. El primer párrafo del artículo 145 del Código Procesal Penal ordena, que toda resolución judicial que deba de ser emitida por escrito finalizará con la calza de las firmas de los Jueces de Sentencia que intervinieron en su adopción, advirtiendo que, de no ser así, la resolución carecerá de validez. Ahora bien la propia ley no desconoce que existe la posibilidad material de que aun cuando un Juez o Jueza de Sentencia haya acordado, votado y emitido una resolución por escrito, pueda acontecer alguna causa que impida que firme la misma, en tales casos es procedente acatar lo señalado en el segundo párrafo del artículo 145 ya referido y subsidiariamente lo señalado en el párrafo tercero del mismo artículo, el que tiene relación directa con artículos 191.2 y 191.3 del Código Procesal Civil, a saber: a) Todas las resoluciones por escrito deberán de ser firmadas una vez que hayan sido acordadas, votadas y redactadas, agregándolas al expediente de manera inmediata, sin que posteriormente exista la posibilidad de poder ser cambiadas. En teoría ninguna resolución debería de ser agregada y dada a conocer al público sino hasta que haya sido firmada por todos los que la suscribieron, sin embargo ello puede ocurrir, es decir, puede darse la situación en donde una resolución haya sido agregada al expediente y ser expuesta al público sin que haya sido firmada aún por alguno de los jueces y/o Juezas de sentencia, la consecuencia jurídica es que dicha resolución no tiene validez alguna, es decir no puede ser notificada, mucho menos ejecutada. El legislador previendo que sería redundante obligar a los jueces emitir una nueva e idéntica resolución, determinó que es un mejor proceder que los jueces y juezas que no hayan firmado, suscriban un acta complementaria en donde manifiesten haber intervenido en la decisión y que adoptan la misma como propia o, en su caso, de haber intervenido en votación, que la reconocen como válida pero que no concuerdan con lo resuelto por la mayoría, puntualizando las razones, la resolución entonces adquiriría validez, pudiendo ser notificada y ejecutada a partir de ese momento; b) El último párrafo del artículo 145 del CPP, señala que no se procederá a agregar acta complementaria en caso de que la razón de la falta de firma sea porque el juez o la jueza ha fallecido o porque le ha sobrevenido una incapacidad después de haber deliberado y votado la resolución. En esos casos lo procedente es acatar lo ordenado en los artículos 191.2 y 191.3 del Código Procesal Civil, de modo que el Juez o Jueza de Sentencia que haya presidido la audiencia firmará por el Juez o Jueza Ausente, expresando el nombre del juez o jueza por quien firma, haciendo constar que el Juez o Jueza ausente votó y explicando por qué no pudo firmar. En los casos donde el Juez o Jueza ausente sea precisamente el que haya presidido la audiencia, firmará por el Juez o Jueza que le siga conforme el orden de prelación de la audiencia. En el caso subjudice, la situación se plantea conforme el numeral (a) que hemos explicado, pues no nos encontramos ante el fallecimiento o incapacidad de un Juez, sino que, a la imposibilidad de poder localizar al togado, pues ya no labora más para el Poder Judicial, en tal sentido, si bien los dos jueces restantes firmaron la sentencia, la misma no tiene ninguna validez pues el Tribunal de Sentencia es un órgano colegiado y sus resoluciones deben ser dictadas en ese mismo sentido, por lo tanto, lo procedente es declarar ha lugar el presente recurso de casación, se ordena anular el debate celebrado y la sentencia dictada, así como la celebración de un nuevo juicio con jueces diferentes a los que participaron en el juicio anulado. Para esta Sala de lo Penal es necesario que dichos errores no sigan ocurriendo, pues se hace evidente que el profesional del derecho Abogado Rigoberto Arias Espinal, puedo haber incurrido en alguna falta o infracción a sus deberes cuando ostentaba como Juez de Sentencia, el cual devenía en la obligación de dejar concluidos todos aquellos expedientes, juicios o resoluciones que conoció durante se encontraba en funciones; por lo que se instruye a la autoridad correspondiente, realizar las investigaciones del caso para deducir la posible responsabilidad administrativa, civil o penal que el caso amerite. Esta Sala de lo Penal no se pronuncia a cerca del del primer y tercer motivo del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma y por un motivo por infracción de ley, toda vez que ha prosperado el segundo motivo del recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. DECISIÓN. Ha lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su segundo motivo, interpuesto por la defensa privada. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales y 360 y 362 del Código Procesal Penal. FALLA: Primero: Declara Ha Lugar el motivo de casación por Quebrantamiento de forma en su segundo motivo, invocado por la Abogada Lesly Mariela Ochoa Molina, en su condición de defensora privada del contra el acusado señor Francis Bueso, a quien se le condenó del delito de homicidio, en perjuicio de Ángel Rafael Martínez Hernández; SEGUNDO: Casa la Sentencia. TERCERO: Declara la nulidad del debate y de la sentencia de fecha veintiuno de mayo de dos mil dieciocho, dictada por el Tribunal de Sentencia de Trujillo, departamento de Colón. Y MANDA: I. Que se repita el debate ante un Tribunal distinto al que conoció el juicio anulado. II. Que la Secretaría del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. Firmas y Sello. - José Olivio Rodríguez Vásquez. Magistrado Coordinador. Rafael Bustillo Romero. Magistrado. Alma Consuelo Guzmán García. Magistrada. Firma y Sello. LETY EMELDA POSADAS. Secretaria Actuante. Sala de lo Penal.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciocho días del mes de octubre del dos mil veintidós. Certificación de Sentencia dictada el veintiocho de junio del dos mil veintidós, recaída en el expediente de casación con número de ingreso SP-67-2019.

LETY EMELDA POSADAS

SECRETARIA ACTUANTE

SALA DE LO PENAL

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[1] Cuellar Cruz, Rigoberto. Fernández Entralgo, Jesús. Gomez Colomer, Juan Luis y otros. Derecho Procesal Penal de Honduras (Manual Teórico Práctico) Agencia Española de Cooperación Internacional. Tegucigalpa, Honduras. Septiembre del 2004. Página 602