Sentencia CP-65-19 — Registro 17355
Resumen
En primera instancia se Absolvió al imputado , como autor, del delito de Tráfico de Drogas agravado y Tráfico no autorizado de Material de Guerra, en perjuicio de La salud humana y de la Seguridad Interior del Estado de Honduras, resolviendo en segunda instancia Ha Lugar el recurso de casación.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"...esta Sala de Casación ha señalado de manera jurisprudencial, pues la falta de la cadena de custodia no implica ilicitud o ilegalidad del medio de prueba, sino que es referente a la confidencialidad que el Juzgador le otorgue en su valoración. Por todas estas razones considera esta Sala de lo Penal que el Sentenciador en efecto ha incurrido en exclusión de medios probatorios por ilicitud cuando no ha logrado fundamentar esa ilicitud sino que ha dado meros razonamientos de valoración probatorio, por lo que, al excluir los medios de prueba no es acorde a nuestra ley procesal, pues la ha fundamentado el Sentenciador en una prueba ilícita cuando no ha dado las razones de hecho y derecho para catalogarla como tal; por lo que, éste motivo de casación debe ser declarado ha lugar, ordenar la nulidad de la sentencia y el debate señalado y mandar celebrar otro..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362, N.2 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia recaída en el expediente del Recurso de Casación SP-65-2019 que literalmente dice: “Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veintinueve días del mes de septiembre de dos mil veintidós, el pleno de la Sala de lo Penal integrado por los Magistrados: José Olivio Rodríguez Vásquez en su calidad de coordinador, Rafael Bustillo Romero y Alma Consuelo Guzmán García, pronuncian En nombre del Estado de Honduras La siguiente sentencia en el Recurso de Casación SP 65-2019 por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha dieciocho de octubre de dos mil dieciocho, dictada por el Tribunal de Sentencia de La Ceiba, departamento de Atlántida, mediante la cual falló: Primero: Absolvió al señor Santos Roberto Ortiz Sanchez, como autor, del delito de Tráfico de Drogas agravado y Tráfico no autorizado de Material de Guerra, en perjuicio de La salud humana y de la Seguridad Interior del Estado de Honduras. Segundo: No procedió condenar en costas al Ministerio Publico. Tercero: No procedió dictar decomiso o destrucción alguna. Interpuso el recurso de casación por quebrantamiento de forma, la Abogada Liana Lourdes Soto Martínez en su condición de fiscal del Ministerio Público. Son Partes En La Única Instancia: La Abogada Mercedes Dubón, en su condición de fiscal del Ministerio Público, como recurrente, y los Abogados Alba Regina Paniagua Pacheco y Arnaldo Alcides García, en su condición de defensores públicos como parte recurrida. Hechos Probados “Único: En fecha once de marzo de 2008, el barco pesquero Capitán Coolly, de bandera hondureña y el cual tenía como capitán a Samir Luna Munguía, se encontraba fondeado en la bahía de San Andrés Isla, de la República de Colombia y que, contaba con permiso de salida del puerto para ese mismo día a 22h00m con destino a Roatán, Islas de la Bahía, Honduras, sin embargo, después de esta hora dicho barco fue inmovilizado por la Armada Nacional de Colombia.” Recurso de Casación. Motivos y Argumentos Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma “EXPOSICIÓN DEL RECURSO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA MOTIVO ÚNICO: "Haber Excluido el Sentenciador Pruebas de Valor Decisivo" PRECEPTO AUTORIZANTE: Artículo 362, numeral 2) del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO Al analizar la sentencia que hoy se impugna por esta vía recursiva, se advierte que la valoración de los medios probatorios que ha realizado el Tribunal, no ha sido completa ni integral, pues ha omitido apreciar, ciertos elementos de prueba documental y testifical de carácter incriminatorio y valor decisivo; que, de haber sido considerados, le hubieran conducido a una decisión distinta a la que arribó. En tal sentido; resulta de transcendencia explicar en qué consiste el vicio supra referido, al respecto, la Sala de lo Penal a través de fallo de fecha 4 de Febrero del año 2013 (SP 90-2011), en relación a la exclusión de prueba de valor decisivo ha expresado lo siguiente:“...El motivo invocado resulta en concreto de dos hipótesis, el primero (exclusión de prueba) supone un rechazo expreso sin esperar las razones de esa decisión o bien se le considere ilícita sin serlo…” posición que se encuentra respaldada por el fallo de fecha 27 de enero del año 2011, recaído en el recurso de Casación Penal S. P No 322-2009. (Lo resaltado es nuestro) En el caso en estudio, fueron admitidos y legalmente incorporados a la Audiencia de Debate, como medio de prueba testifical, la deposición de Gustavo Adolfo García Ruíz, quien en la fecha de ocurrencia de los hechos, fungía como guardacostas en el Puerto de San Andrés Islas, de la República de Colombia, y en lo esencial de su declaración expresó: Que realizó y gestionó, las diligencias investigativas "Actos Urgentes" en la embarcación pesquera Capitán Cooly con bandera Hondureña, que se encontraba atracada en el muelle de los Almendros, San Andrés Islas, participando en el hallazgo de 1375 capsulas con un peso bruto de 17736.2 gramos de heroína y 61 granadas de fragmentación de 40x46mm, bajo la cobertura de mallas, dentro de canecas ubicadas en la cubierta de la mencionada motonave, justo en la parte posterior de la cabina del capitán. Medios de prueba Documentales: 1.- Acta de Incautación elaborada por el policía judicial del DAS-SAI Gustavo Adolfo García Ruiz, sobre 61 granadas de 40mm y doce paquetes conteniendo en su interior, sustancias químicas que arrojan positivo para alcaloide, encontradas en la cubierta superior, al interior de unas canecas de color azul plásticas dentro de la motonave Capitán Cooly. 2.- Respuesta a la solicitud de Pericia de Material de Guerra, se encuentra firma legible SVCIM Giraldo Rodríguez Rubén; estableciendo que las armas de guerra que le fueron remitidas para examen, corresponden a 61 granadas 40 x 46mm de fabricación americana, de las cuales 25 explotan y hacen daño por onda y 36 de las armas supra referidas, destruyen por fragmentación o esquirlas. 3.- Informe de investigador de Campo FPJ-11; objetivo de la diligencia: pesaje, identificación preliminar y toma de muestras de sustancias controladas, las que se encuentran al interior de doce paquetes que estaban cubiertos en bolsa plástica transparente que decía YAKO y NIKE, embaladas con seis envolturas, para un total de 1375, cápsulas, con un peso bruto de 17736.2 gramos, pruebas colorimétricas preliminares(PIPH) de ácido nítrico( coloración violeta claro), positivo para heroína, Química Ruth María Mosqueta Naranjo, quien compareció a la audiencia de Juicio a ratificarlo. 4- Informe Investigador de laboratorio FPJ13- Firma Rubiela Rodríguez Paternina, especialista que ratifica y explica su pericia ante el Juzgador.- Objetivo de la Diligencia: Plena identificación de la sustancia.- comprende la descripción clara y precisa de los elementos probatorios peritados, enviados junto a cadena de custodia.- concluyendo que las muestras enviadas corresponden a Heroína; medios probatorios que no fueron considerados expresamente por el Tribunal, EXCLUYÉNDOLES del acervo probatorio, al estimar que corresponden a prueba prohibida, por haber sido realizadas al margen de las reglas procedimentales señaladas en la Ley Penal Adjetiva y en vulneración al Debido Proceso. El fundamento planteado por el Juzgador en el fallo que ahora se impacta para excluir estos medios probatorios, en lo esencial expresa: "en el hallazgo y recolección de indicios o evidencias, se apreciaron contradicciones: A.- según el Acta de Visita e Inspección Física 112305R EGSAl a la embarcación Cooly, realizado a 22h40m 11-3-2008, no hace referencia alguna a los hallazgos de los objetos ilícitos, en cambio en el Documento de Actuación del Primer Respondiente FPJ-4, si fue registrado el hallazgo.- B.- en el Acta de Inspección a lugares FPJ-9, hora 00h50m, no se describieron detalladamente los hallazgos encontrados en la escena, en cambio en el Informe de Investigador de Campo FPJ-11, 05h45m se describen las características del empaque. C. Según el testimonio de Gustavo Adolfo García, la evidencia fue encontrada en una caneca ubicada en la cubierta de la embarcación Cooly, y sin embargo, en el documento FPJ-4 Inspección realizada por Personal de Guardacostas, los hallazgos se encontraron en la cubierta superior de la motonave Cooly, en 3 canecas, por lo que no se pudo determinar el lugar exacto dentro de la motonave Cooly, en la cual fue encontrada la evidencia... mediante lo que, erróneamente deriva: "que no se fijó debidamente el escenario del delito y los indicios o evidencias encontradas, lo que las convierte en pruebas prohibidas, al desarrollarse en vulneración al Debido Proceso.1» Estimó además el Tribunal para excluir de valoración estos medios probatorios …..que ante la ausencia de Peritación Legal realizada por experto en las Leyes que rigen en la República de Colombia, no pueden determinar la legalidad de cada uno de los actos ejecutados por las autoridades Colombianas, para 2n investigar y documentar el presente caso .Resulta evidente, que las razones expuestas por el Juzgador para negar valor probatorio al testimonio de Gustavo García Ruíz, y al acervo probatorio de cargo documental: Acta de Incautación elaborada por el policía judicial del DAS-SAI Gustavo Adolfo García, Respuesta a la solicitud de Peritaje Material de Guerra, Informe investigador de Campo FPJ-11, objetivo de la diligencia pesaje, identificación preliminar y toma de muestras de sustancias controladas e Informe Investigador de laboratorio FPJ13, careen de soporte jurídico, pues no están amparados en circunstancias legalmente válidas que autoricen su descalificación a partir de que, el razonamiento deductivo del Tribunal al estimar que no se encuentra ajustada a la Constitución y a la ley, la recolección y hallazgo de 1375 cápsulas con un peso bruto de 17736.2 gramos de heroína, y 61 granadas de fragmentación de 40x46mm en la embarcación Cooly que realizaron autoridades Colombianas, no encuentra razones suficientes, al no desprenderse del caso in examine; en vista que, opuestamente al criterio jurisdiccional, se evidencia a través de la probanza documental y testifical incorporada al debate, que las autoridades colombianas una vez fue notificados de la existencia de objetos extraños en la mencionada motonave, realizaron las acciones lógicas de proteger, acordonar y asegurar el lugar de los hechos que correspondía a la embarcación Coolie", garantizando de esa forma, que los elementos materiales probatorios, y evidencia física se mantuvieran intactos; de obtener el permiso de consentimiento del encargado de la embarcación, así como también, de gestionar orden de allanamiento para el registro de aquellas áreas de la embarcación que comprenden las funciones de domicilio; haciendo además el registro del lugar de los hechos, de todo lo cual dejaron constancia, allegada al Juzgador a través del aporte de probanza documental y testifical, debidamente autenticada mediante Asistencia Judicial. En ese mismo orden de ideas, el detective de la Policía Judicial de Colombia Gustavo Adolfo García Ruíz, en su dependencia ante el Tribunal expuso: "Como gerente del caso, se le comunicó al Ministerio Publico, para garantizar que el procedimiento sea transparente. Después de recibir el primer respondiente, una vez recibido el lugar, se constata la información, tenemos la autoridad para resguardar el lugar, eso es inicialmente lo que se hace, acordonada la zona se hace una búsqueda especial, se hace una inspección meticulosa, solicitamos la colaboración del técnico antiexplosivos, teniendo la persona encargada para que estuviera presente en las diligencias, se explicaba paso a paso para que éstas personas comprendieran..” manifestaciones que encuentran respaldo en la prueba documental de cargo acercada ante el Tribunal. El Tribunal Sentenciador yerra, al estimar como causales de rechazo de ésta probanza, la existencia de contradicciones entre el Acta de Visita e Inspección Física 112305R EGSAl a la embarcación Cooly y el Documento de Actuación del Primer Respondiente FPJ-4, ante la eventualidad de que en el primer documento, no se consigna el hallazgo de la droga- heroína y las armas de guerra; y en el mismo sentido, concluye que hay divergencias entre el Acta de Inspección a lugares FPJ-9 y el Informe de Investigador de Campo FPJ-11 con hora 00h50m, en tanto, sólo en el último de éstos documentos se describen las características del empaque de la evidencia; sin valorar, que la información incorporada en cada documento, realmente vienen a representar complemento entre sí mismos, pues cada uno pose su propio fin, en orden temporal a cada acontecimiento ahí consignado, a partir de que, fueron realizados en diferentes momentos, de forma cronológica, salvando cada acto investigativo realizado, consignando lo visto y encontrado, en la media que iba ocurriendo; consecuentemente, no concurren las disparidades que invoca el sentenciador. En consonancia con lo anterior, más allá del número de canecas dentro de las cuales se realizó el hallazgo de la droga y de las armas de guerra, lo innegable es que, el documento FPJ-4 que contiene la Inspección realizada por Personal de Guardacostas y el testimonio del Detective Gustavo García convergen en lo esencial, al establecer categóricamente ante el Tribunal, que es en la cubierta de la embarcación Capitán Cooly, que fueron encontrados 17736.2 gramos de heroína y 61 granadas de fragmentación. En esa misma linea de pensamiento, el ente jurisdiccional resta valor incriminatorio para estimar la culpabilidad de Santos Roberto Ortiz Sánchez, a los medios probatorios supra indicados, bajo el argumento de violación al Debido Proceso, catalogando la misma como prueba inconstitucional, sin dejar ver en su razonamiento de forma clara y circunstanciada, cual es la violación concreta al debido proceso, en las formalidades y exigencias del mismo, que lo conduce a considerar la existencia de prueba prohibida y además, qué derecho individual del acusado se ha lesionado desde una perspectiva sustancial"; en virtud, que en su motivación descarta la Valia de la probanza en comento y que es de naturaleza decisiva para vincular al acusado con los hechos delictivos que se le atribuyen, partiendo de meras apreciaciones, ya que, no ha logrado exteriorizar porque existe vulneración en el decomiso de la probanza y las pruebas científicas realizadas a la misma, entonces, no tiene motivos jurídicos para excluir de valoración la prueba, que es evidente, ha cumplido todos los parámetros de autenticidad. Apreciación de elevada importancia, a partir de que, no toda irregularidad procesal que involucre la obtención, recaudo y valoración de una prueba implica la violación del debido proceso. En tal sentido, los defectos procesales relativos a la prueba pueden ser de diversa índole y distinta intensidad y es claro que no todos tienen la potencialidad de dañar el debido proceso. Al respecto, mediante Doctrina, se ha establecido la diferencia entre una prueba que vulnera lo procesal, frente a la prueba que transgrede lo sustancial: disponiendo una distinción entre la prueba ilegal, entendida como aquella que afecta el Debido Proceso desde el punto de vista procesal formal (incompatibilidad con las formas propias de cada juicio), y la prueba inconstitucional, que es aquella que transgrede igualmente el debido proceso, pero desde una perspectiva relevante, en tanto es obtenida vulnerando derechos fundamentales. Debemos señalar, además, que estimamos no razonable la exigencia del Tribunal, en lo atinente a " También El Ministerio Público de Honduras, omitió presentar y evacuar en juicio, la copia certificada y apostillada de la hoja(s) de la cadena de custodia de toda la evidencia supuestamente levantada, embalada y sellada. Este documento es importante para determinar la autenticidad, originalidad, custodia y manejo y traslado de los indicios o evidencias supuestamente ocupados en el barco Capitán Coolly.” Requerimiento que se torna innecesario, por canto se desprende del desarrollo del juicio, que la documentación incorporada, ha cumplido la finalidad de la cadena de custodia, que es precisamente, establecer la ubicación de las evidencias, su manejo y estado de preservación; es decir, existe certeza de que la evidencia confiscada es la misma que fue sometida a"' reconocimiento pericial. Aunado a lo anterior, no fue motivo de debate por las partes procesales, la puesta en duda de la autenticidad de esta probanza, pues de los medios probatorios incorporados, no se desprende ningún elemento del cual pueda inferirse razonablemente, que haya existido alguna irregularidad en la obtención y recorrido de la misma. De esa forma, el Juzgador no tiene un juicio de certeza, sobre la existencia de circunstancias que ameritaran el rechazo de esta probanza, ni que a partir de su obtención o manejo se hayan viciado de ilicitud, ya que incluso concurren las fases básicas de la cadena de custodia y se ha cumplido el objetivo de la garantía de autenticidad, que este Tribunal cita en su acápite de valoración probatoria. No obstante lo anterior, el Tribunal Sentenciador resuelve quitar valor al hallazgo de la evidencia, de naturaleza decisiva para vincular al imputado con los delitos que se les atribuyen, bajo el sustento de un criterio totalmente desacertado y meramente formalista y es bajo el razonamiento transcrito anteriormente que excluye de valoración el resto de medios probatorios que se derivan del mismo, probanza igualmente decisiva denominada testifical: testimonio de Gustavo Adolfo García Ortiz, Documental: Acta de Incautación elaborada por el policía judicial del DAS-SAl Gustavo Adolfo García Ruiz, Respuesta a la solicitud de Peritazgo Material de Guerra, Informe investigador de Campo FPJ-11, Informe Investigador de laboratorio; que de haber sido incluida por el juzgador en su valoración, lo hubieran conducido a una decisión distinta, por ser de carácter decisivo. Tocante a lo expresado, la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, ha señalado en el Recurso de Casación 151-10 que "debeterminar en concreto si I dicha omisión probatoria es o no decisiva para la litis, es decir capaz de alterar o modificar el resultado del juicio. Sobre el tema del "Defecto Decisivo", el Jurista argentino F. de la Rúa, sostiene que: "Que la prueba omitida, hemos señalado, debe ser decisiva; si carece de eficacia, la omisión no puede afectar la motivación". Más adelante el mismo autor agrega: "Para determinar la decisividad de la prueba eliminada, el Tribunal de Casación debe acudir al método de supresión hipotética: una prueba será decisiva, y su invalidez afectará de manera fundamental a la motivación, cuando -si mentalmente se la suprimiera- las conclusiones hubieran sido necesariamente distintas. "Cuando se trae de un vacío inverso, es decir, de omisión de prueba invertirse, esencial, aquella operación critica deberá Y consistirá, en tal caso, en la inclusión mental hipotética de la prueba no producida. puede ser parcial. 3". En el caso subjudice, si efectuamos la inclusión mental de este acervo probatorio, indefectiblemente el resultado hubiese sido una condena, ya que dichas probanzas incriminan directamente al encausado. Así las cosas, resulta evidente el grave error en que incurrió el Tribunal sentenciador al excluir en toda su dimensión esta probanza, la cual como ya se indicó, reúne los requisitos de legalidad, licitud y es de carácter decisivo. Es importante mencionar, que la Sala de lo Penal en sentencia SP-48-2013 de fecha 29 de Marzo de 2017, ha resuelto recurso de Casación relacionado a esta causa, donde igualmente se ha cuestionado la legalidad de la prueba remitida por las autoridades colombianas y que constituyen el fundamento del juicio, habiendo establecido lo siguiente: "A este Tribunal de casación no le cabe ninguna duda sobre la legalidad y licitud de la prueba remitida por las autoridades colombianas, a la Fiscalía de la República de Honduras, misma que ha sido presentada, evacuada en juicio y que constituye la base probatoria del proceso…. "Esta Sala de lo Penal no considera que la prueba producida en la República de Colombia, y remitida a la Fiscalía de Honduras, en el marco de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, y como producto de la cooperación jurídica en materia penal que esta regula, constituya en manera alguna prueba espuria o ilícita. Tampoco que el proceso penal seguido contra el acusado por actos realizados en el exterior vulnere las normas del Debido Proceso o el Derecho de Defensa, pues ha sido sometido a juicio en respeto irrestricto de sus derechos, formalidades y garantías....Finalmente, instamos ante Vosotros Honorables Magistrados de la Sala de lo Penal nuestro reproche casacional a efecto que una vez estudiado el caso, decidan con la sapiencia que los caracteriza y casen el fallo que ahora genera inconformidad a este ente acusador; igualmente enfatizamos que no habíamos reclamado previamente este vicio, pues se produce en el acto mismo de sentenciar.” Fundamentación. Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma El Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio (Art. 90 de la Constitución de la República). Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso (Art. 9 CPP). Si no se cumple con los requisitos establecidos en la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos y, por el contrario, se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando: a. No se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), b. Se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o c. Se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; La inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción (vicio in procedendo) y que debe ser objeto de saneamiento cuando proceda (Art. 171 CPP), de subsanación cuando concurran sus presupuestos (Art. 170 CPP) o, en su caso y como remedio último de nulidad 165 CPP). El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la denuncia -hecha por algunas de las partes- de una actividad procesal defectuosa que compromete la decisión final, dada en los actos procesales de la etapa de juicio o en la propia sentencia que le contiene y que tiene como sanción prevista por la ley su nulidad ante la imposibilidad de saneamiento o de subsanación, ergo no basta entonces con la presencia de un vicio, sino que se requerirá además: i.- Que el recurrente haya presentado protesta contra el vicio, en el momento procesal oportuno, procurando sanearlo sin éxito (Art. 363 párrafo tercero de CPP); ii.- Que el vicio tampoco sea posible tenerlo por subsanado; iii.- Que el vicio sea de aquellos que tenga como sanción legal la nulidad de la actividad que lo contiene (Art. 362 CPP), planteados como motivos para recurrir.- Los dos primeros requisitos no serán necesarios cuando el defecto se produzca en la sentencia, pues la única forma de protesta sería el mismo recurso de casación. Además de los requisitos señalados, el recurrente debe tener presente que la instancia impugnativa en casación está munida de importantes recaudos formales determinados por la ley que deben cumplirse en su interposición (Art. 363 párrafo tercero CPP) y que pueden ser de diferente naturaleza en atención al defecto procesal denunciado (Art. 362 CPP); ello se debe a que se trata de un recurso extraordinario, que tiene como fin auditar la legalidad de la sentencia y por ende de una gran exigencia técnica. Es de esta forma que con la individualización del motivo se dan las siguientes consecuencias: a. La competencia de la Sala de lo Penal queda circunscrita a los aspectos objetos de impugnación (Art. 350 CPP); b. Es inaplicable el principio Iura Novit Curia, al no poderse suplir las omisiones del recurrente; y Es posible la concesión parcial del recurso, cuando la razón solo aparezca en parte de lo alegado en el motivo. Único Motivo Norma autorizante: artículo 362 numeral 2 del Código Procesal Penal. Norma procesal que se denuncia infringida: sin determinar por el censor. Concepto de la infracción: exclusión de medio de prueba de valor decisivo Reclamación ex-ante: no hubo reclamo previo pues el vicio se produce en el acto mismo de sentenciar. Pretensión: que se case la sentencia. Explicó la recurrente que el Juzgador excluyó indebidamente de valoración los siguientes medios de prueba: 1) Informe de investigación de campo -FPJ-11; 2) Informe Investigador de Laboratorio FPJ3 N° 1212; 3) El documento N° MD-CG-CARMA-CIMAR-CBRIMI-CBPNMI-G/P-BPNMI. Asunto: Inspección técnica material de guerra; 4) Oficio N° 125-DAS.SSAI.GOPE.APJ-5425; considerando el Sentenciador que se traba de prueba prohibida, por haber sido realizado al margen de las reglas procedimentales señaladas en la ley penal adjetiva y en vulneración del Debido Proceso. Para la censora las razones expuestas por el Juzgador para negar valor probatorio a esta prueba, carecen de soporte jurídico, pues no están amparados en circunstancias legalmente válidas que autoricen su descalificación; pues si bien cataloga la prueba como inconstitucional, no deja ver en su razonamiento de forma clara y circunstanciada, cual es la violación concreta al debido proceso, en las formalidades y exigencias del mismo. De la Prueba Ilícita. Señala el artículo 1 de la Constitución de la República que Honduras es un Estado de Derecho, ello es ciertamente la base de todo el sistema estatal, por cuanto los Poderes del Estado, instituciones centralizadas, descentralizadas y desconcentradas y con ello: todo funcionario y empleado público debesarrollar sus funciones, asir su comportamiento, bajo lo preceptuado en las normas legales válidas y vigentes, a efecto de que éstas sean positivas y eficaces. El Estado de Honduras, no puede basarse en actuaciones realizadas al margen de la ley o contrarias a la ley, por cuanto sería un contrasentido que queriendo hacer prevalecer el imperio de la ley, se valga de actos ejecutados al margen de ésta. Particularmente en el proceso penal, el respecto al derecho, a la ley, constituye su fundamento existencial, es a través del proceso penal que el Estado de Honduras imputa a una persona un acto contrario a la ley, debiendo celebrar dicho proceso con estricto ajuste a las normas para que la consecuencia del juicio sea válida. Concretamente interesa que en el proceso penal la prueba que se reproduzca sea de carácter lícita y de carácter legal. La prueba es de carácter licita cuando ha sido obtenida mediante un acto o procedimiento estipulado o permitido por la ley, ergo, la prueba es de carácter ilícita cuando para su obtención se ha contrariado la ley, causando la violación o la disminución ilegítima de derechos fundamentales establecidos en la Constitución de la República o violación o disminución ilegítima de los derechos humanos establecidos en los tratados y convenios que formen parte del derecho interno hondureño y que compongan el bloque constitucional. De lo anterior se concluye que para la existencia de prueba ilícita se requiere los siguientes presupuestos: a) Que se haya obtenido una prueba o una fuente de prueba; b) Que dicha obtención haya sido contraria a la ley, es decir no amparada por la ley; Incluye aquí el prevalecimiento de la supremacía de la Constitución de la República o de las normas que integran el bloque constitucional, por cuanto aun cuando un reglamento o una ley autorice la obtención de la fuente de prueba, ésta se considerara ilícita si se contradice con normas fundamentales o de derechos humanos; c) Que la obtención de la fuente de prueba haya significado la violación o disminución ilegítima de garantías fundamentales o de derechos humanos, reconocidos en la Constitución de la República o en los tratados y convenios que formen parte del derecho interno del Estado, respectivamente; d) Que la violación o disminución ilegítima de ese derecho fundamental o de ese derecho humano, sea en perjuicio de una persona o un grupo de personas determinadas, ya sea que estas personas participen como actores del proceso o que sean terceros desligados a éste; e) Que sin la inobservancia o disminución ilegítima del derecho fundamental o del derecho humano, no hubiese sido posible la obtención de la prueba; y, f) Que la inobservancia o disminución ilegítima del derecho fundamental o del derecho humano sea anterior o simultánea a la obtención de la prueba. El legislador hondureño, ha previsto que cuando se reproduzca un medio de prueba ilícito en el proceso, la sanción procesal será el desconocimiento de cualquier valor probatorio de ésta (árbol envenenado); pero además el legislador hondureño ha establecido que también carecerán de eficacia probatoria todo medio de prueba que se derive directamente de aquella que ha sido obtenida mediante la violación o disminución ilegitima de garantías fundamentales o derechos humanos (frutos del árbol envenenado ). Un medio de prueba se deriva de otro ilícito, cuando suprimiendo hipotéticamente el segundo, automáticamente el primero se vería igualmente suprimido, debido a su dependencia existencialista; a partir de esta idea última la prueba ilícita no puede ser apreciada valorativamente en ningún caso ni en ningún tiempo, más si es posible apreciar la prueba que se le derive (El fruto de ese árbol envenenado), siempre que concurra cualquiera de las siguientes circunstancias: A. Hallazgo inevitable o escubrimiento inevitable: cuando la prueba derivada, con o sin la prueba ilícita, estaba destinada a ser encontrada; dependerá aquí hacer una relación suficientemente razonada del porque la prueba derivada hubiese sido inevitablemente encontrada, aun cuando no hubiese existido la prueba ilícita; y, B. Fuente independiente: cuando la prueba derivada se desprenda al mismo tiempo e inevitablemente de otro medio de prueba lícito e independiente al de carácter ilícito; entre la fuente independiente y la prueba ilícita no debe haber dependencia existencial, relación o subordinación. El estudio a desarrollar por los juzgadores es la relación causal entre la prueba ilícita y la fuente independiente y al determinarse que no existe ninguna, la ilicitud de la prueba no alcanza la prueba derivada, por cuanto ésta última se desprende igualmente de una fuente independiente lícita. El control procesal de la prueba ilícita puede ser de previo o a posteriori; de previo inadmitiendo el medio de prueba en la audiencia de proposición de ésta a consecuencia de su ilicitud (artículo 317 del CPP) o denunciando su ilícito en la etapa de incidentes del debate por hechos nuevos o hechos antes no conocidos hasta entonces (artículo 320 CPP); o a posteriori cuando el Tribunal de Sentencia, en su valoración, niegue crédito a la prueba y a toda aquella que se derive de ésta (artículo 220 CPP). Ahora bien, la prueba ilícita no debe ser confundida con la prueba ilegal, puesto que, si bien la existencia de ambas es una ofensa al derecho a un debido proceso, la primera implica la transgresión directa a un derecho fundamental o un derecho humano de carácter insubsanable, en cambio la segunda implica una transgresión a una norma procesal, que puede ser subsanada o saneada a depender de la naturaleza de la infracción. La prueba ilegal es aquella que es calificada así, no como consecuencia de su origen o proceso de obtención, sino como consecuencia de la inobservancia de la ley procesal al momento de su reproducción en el proceso penal y que puede ser o no subsanable o saneada. Una actividad probatoria irregular se produce cuando el medio de prueba (medio por el cual se introduce la prueba al proceso), se aparta de la forma prescrita en la ley procesal (tratándose de un medio probatorio típico) o en su caso cuando no adopta la forma que los principios generales del proceso mandan para la actividad probatoria (tratándose de un medio de prueba atípico); tal desviación puede producir varias consecuencias: A. Un acto válido y eficaz: aquellos que, adoleciendo de un vicio como consecuencia de su práctica de manera distinta a la prevista en la ley procesal, sean objeto de saneamiento posteriormente a su producción, volviéndose válidos y eficaces. Tal saneamiento puede ser por petición de parte o de oficio por el órgano jurisdiccional mediante, (Art. 171 del CPP): a. Renovación del acto con o sin efectos retroactivos; b. Rectificando el error en que se haya incurrido; o c. Cumpliendo con el acto omitido. Condiciona la norma procesal que el saneamiento será procedente siempre que no implique retrotraer el proceso a etapas o fases ya precluidas. B. Un acto invalido, pero eficaz: el medio probatorio tendrá eficacia, aun cuando mantenga su invalidez (por contrariar la ley procesal), cuando sea subsanación por: a. Preclusión para denunciar el vicio: Cuando ninguna de las partes, conociendo el vicio, no haya reclamado oportunamente la nulidad (Art. 170.1 del CPP); b. Consentimiento: Cuando las partes hayan aceptado los efectos del acto viciado, ya sea expresamente mediante una manifestación en ese sentido, o tácitamente cuando se aprovechen del acto probatorio (Art. 170.2 del CPP); c. Finalidad cumplida: Cuando el acto probatorio, a pesar de su vicio, haya alcanzado la finalidad perseguida con el mismo (Art. 170.3 del CPP). C. Un acto inválido e ineficaz: nos referimos a los medios de prueba que no son susceptibles de subsanación, al ser sancionados por la ley procesal con la nulidad, siendo éstos los que se subsuman en los presupuestos del artículo 166 del Código Procesal Penal; Asimismo serán inválidos e ineficaces aquellos que adoleciendo de vicios distintos a los contemplados en el artículo 166 del Código Procesal Penal, sean anulables por no haber sido objeto de oportuno saneamiento. En conclusión, constituye prueba ilegal los actos probatorios que sean inválidos e ineficaces, careciendo por tanto de valor probatorio. En el proceso penal, el control de la prueba ilegal se realiza en la audiencia de proposición de medios de prueba y en la audiencia de debate, cuando la parte interesada abra el espacio de incidentes; también el Tribunal de Sentencia podrá, conforme a la prueba reproducida, declarar un medio de prueba determinado como ilegal en la sentencia, después de haber concluido así luego de la valoración de éste. De la Cadena de Custodia. La cadena de custodia, es un tema relacionado, no con la licitud o legalidad del medio de prueba, sino respecto a su valoración a partir de su confiabilidad, determinado así por las reglas de la Sana Critica. Las actas en el proceso penal tiene como objeto documentar los actos que realizan las personas vinculadas a éste, con el fin de que a posteriori dichas actuaciones puedan ser reproducidas con mayor fidelidad o verificadas; la cadena de custodia es un tipo de acta que documenta los actos a los cuales fue sometida una evidencia, desde el momento de su identificación como tal, generalmente en el escenario del crimen, hasta el momento en que se almacena o se destruye, a efecto de poder verificar su manejo, los lugares en donde ha estado, las personas que han tenido acceso a ella y los cambios que ha sufrido por efecto de su estudio o deterioro natural, es decir la cadena de custodia responde sobre la autenticidad e inalterabilidad de la evidencia, es un instrumento de confiabilidad de la evidencia que más tarde se convertirá en un medio de prueba. Se le denomina “cadena” debido a que cada persona que tiene contacto con la evidencia es considerada un eslabón, teniendo la obligación de someterla al protocolo que corresponde al objeto de su custodia, así pues el investigador debe observar un protocolo determinado en la fijación, recolección, embalaje/rotulación, traslado, conservación, entrega/destrucción de la evidencia; el perito debe observar un protocolo determinado en el análisis de la evidencia, etc.; en fin un manejo adecuado de la evidencia por cada uno de los eslabones, en cada una de las fases de la cadena de custodia. Entonces cabe preguntarse: ¿La falta de la cadena de custodia descarta de manera per se la validez de los medios de prueba?: La ausencia o quebrantamiento de una cadena de custodia no es causa per se para desvalorar el resto de medios de prueba relacionado con la evidencia, puesto que no se trata de prueba ilícita al no existir violación o restricción indebida de derechos fundamentales o de derechos humanos, ni tampoco se trata de prueba ilegal insubsanable al no tratarse de un medio de prueba que haya sido reproducido en juicio con violación a las normas esenciales del proceso. La Cadena de Custodia o su ausencia debe valorarse de manera conjunta con el material probatorio bajo las reglas de la sana crítica, como lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal, explicado ya por la Sala de lo Penal anteriormente (Sentencia del Exp 701-2004 de fecha 13 de diciembre del 2004 y Exp 318-2005 de fecha 26 de abril del 2006). El hecho de que la cadena de custodia se fracture como consecuencia de un hecho delictivo, no transforma a la evidencia, que en el futuro será prueba, en ilícita o ilegal, siendo pues su consecuencia la afectación en la valoración de la misma a depender de la magnitud de la “fractura”, valorado conforme a las reglas de la sana critica. Conforme a los artículos 136, 203, 209, 217, 219, 220, 251 y 283 del Código Procesal Penal; 57.31, 64 numerales 3, 5 y 7 y artículo 123.11 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional Preventiva y el Reglamento Sobre el Manejo de Indicios y Evidencias Físicas o Biológicas Obtenidas como Consecuencia de la comisión de un hecho constitutivo de delito, son las fases de la Cadena de Custodia: 1. Hallazgo y Custodia. Es el proceso mediante el cual se identifica a un objeto, elemento o sustancia como relevante para la investigación criminal, por lo que el mismo debe ser custodiado, de modo que permanezca inalterable hasta tanto no sea fijado y levantado de manera adecuada para su debida conservación; En esta Fase se deben seguir de manera estricta las técnicas de la criminalística para el manejo de la evidencia, en especial aquellos que son localizados en el escenario del crimen, ya que éste proceso es único e irrepetible, definiendo aquí la suerte de la investigación y posterior proceso penal; 2. Fijación de la Evidencia. Permite determinar con exactitud la ubicación y estado en que fue encontrada la evidencia; la fijación se realiza enumerando la evidencia que es encontrada y el registro de su ubicación mediante la combinación de video, fotografía, planos y actas policiales, esta fase es de suma importancia a efectos de no confundir la evidencia, para poder determinar donde fue encontrada, el estado en que fue encontrada y además porque podría permitir la reconstrucción de los hechos de manera posterior. 3. Recolección. La mayor parte de las alteraciones que sufren las evidencias se da en el momento de la recolección, por lo que exige que este proceso se realice de manera adecuada, ergo el tipo de evidencia determinara la técnica a utilizar y la calificación del personal que lo realice. 4. Preservación y Embalaje. El embalaje está integrado por: el empaque, el sellado y el etiquetado. i) El empaque es un envoltorio o recipiente que se utiliza para depositar la evidencia; Existirán casos en donde la evidencia sea de tal naturaleza que no sea posible contenerla en un empaque, como los vehículos, aviones o barcos; ii) El sellado es el sistema de cierre que evita al máximo cualquier riesgo de que el empaque se abra sin dejar evidencia alguna, es decir que mediante el sellado se garantiza que el empaque deje rastro de haber sido abierto de modo de controlar la inalterabilidad de la evidencia; En los casos en donde la evidencia no sea objeto de empaque, el sellado consistirá en marcas o sellos de que la evidencia no ha sido abierta, como el “Marchamo” en contenedores, cintas adhesivas en puertas, etc.; iii) El etiquetado es la consignación de la identidad de la evidencia que contiene el empaque. La información contenida en el etiquetado individualiza la evidencia y su origen, reduciendo el riesgo de que la misma se confunda con pruebas de otros procesos o que pueda ser alterada o cambiada a posterior. El embalaje estará condicionado a la naturaleza de la evidencia que se pretende proteger y preservar; 5. Transporte y entrega de la Evidencia. La etapa de entrega comprende cada una de las transmisiones que se suscitan durante el recorrido de la evidencia. Normalmente la evidencia, previo a ser presentada en la audiencia de debate, hace un recorrido por varios lugares, estando a su vez a cargo de diversas personas, por lo que debe registrarse éste recorrido e identificarse las personas que en algún momento tuvieron a su disposición la evidencia ya embalada, todo ello consignado en el acta de la cadena de custodia, la cual obedece su nombre precisamente a que cada persona que haya tenido la custodia de la evidencia se convierte en un eslabón de ésta cadena que debe estar registrado en el acta. 6. Análisis Pericial. Es un eslabón dentro de la cadena de custodia que no corresponde a la generalidad, viéndose solo en algunos casos la necesidad de que la evidencia sea sometida a un análisis a efecto de determinar mediante el método científico sus características generales e individualizantes, su composición, su naturaleza, origen, etc. El punto de contacto entre la cadena de custodia y el dictamen pericial, es que el primero debe reflejar la práctica de la pericia, persona encargada y además documentar cualquier alteración (o destrucción) que sufra la evidencia como consecuencia de dicho análisis, entretanto la segunda debe hacer constar las condiciones en que se recibe tanto el embalaje como la evidencia misma y posteriormente documentar las condiciones como se devuelve o su destrucción en el proceso de análisis. 7. Custodia. Es el almacenamiento de la evidencia en un lugar que asegure su integridad y debida conservación, conforme a su naturaleza; además, aun cuando parezca obvio, la custodia debe facilitar la rápida localización de la evidencia para su transporte y presentación a las autoridades que así lo requieran; es en esta fase en donde la practica forense nos indica, se da la mayor parte de las perdidas de las evidencias. 8. Destino de la Evidencia. El destino final de la evidencia dependerá de su naturaleza; por lo general la evidencia debe ser conservada hasta que finalice el proceso penal donde podría: i) pasar a formar parte del patrimonio del Estado en caso de que se declare el comiso; ii) Ordenar la devolución a la persona que acredite ser su legítimo/a dueño/a o; iii) Proceder su destrucción en caso de que sea un objeto de ilícita tenencia. Sin embargo, no en pocas veces, durante el proceso y de manera anticipada, se vea la necesidad de que la evidencia deba ser destruida (algunas veces en el proceso de peritaje), devuelta provisional o definitivamente a su legítimo dueño, declarada en abandono o incluso objeto de comiso por ser de naturaleza perecedera. Cualquiera que fuese el caso, ello deberá de constar en la cadena de custodia, indicando tanto la fecha del suceso, la autoridad que emitió la orden y la persona que ejecuto la misma, para luego presentar el documento en la audiencia del debate en caso de que fuese necesario. Acontece fractura de la cadena de custodia cuando ha ocurrido un hecho que compromete la autenticidad o inalterabilidad de la evidencia, hecho que puede ser en sí mismo un acto delictivo o un acto imprudente y que corresponderá al Tribunal de Sentencia valorar conforme a las reglas de la sana critica como ello repercute en el valor que merece la evidencia o el medio de prueba que le derive, dependiendo el nivel de gravedad o incidencia de la ruptura, la etapa en que ésta se dio y la información que al respecto aporten el resto de los medios de prueba vinculados. De la Procedencia del Recurso. El Motivo es de Recibo. El motivo presentado por la recurrente es de vital importancia, pues denuncia la exclusión de unos medios de prueba al considerarlos el Juzgador como ilícitos por vulneración al debido proceso; resulta por tanto indispensable realizar un análisis exhaustivo a las razones que externó el Sentenciador para excluir de acervo probatorio cierta prueba que consideró ilegal, así encontramos en el numeral I de la Sentencia recurrida la valoración realizada por el Juzgador de la siguiente prueba: 1. Nota N°17200800168 MD-DIMAR.CP07-Jurídica-417, mediante el cual se le concede permiso de salir del puerto San Andrés Isla, Colombia a la embarcación hondureña Capitán Coolly.2. Certificación de fecha 11/12/2008 relativa a la asistencia judicial internacional radicada bajo el N°168 de la República de Colombia solicitada por la República de Honduras. 3. Acta de visita e inspección física N°112305R EDSAI realizada a la embarcación hondureña Capital Coolly, en fecha 11/03/2008 en la cual se detecto que la motonave no tiene bitácora abierta y no lleva registro alguno de sus actividades. 4. Orden de allanamiento y registro, de fecha 13/03/2008 mediante el cual se orden la inspección al barco pesquero hondureño Capital Coolly. 5. Prueba testifical, consistente en la declaración del agente de investigación Wilmer Ramon Espinal, asignado a la investigación de la embarcación hondureña que fue detenida en aguas colombianas en el puerto de San Andrés; embarcación en la que se encontró con paquetes de heroína y granadas; encontró que la embarcación pertenece a Ovidio Gutiérrez residente en Islas de la Bahía. Al momento de valorar estos medios de prueba el A-quo manifestó: “Al valorar estos elementos de prueba se consideró, en cuanto a los documentos que procedían de la Republica de Colombia y contaban con certificación de su autenticidad, la cual fue debidamente apostillada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y contaban con certificación de su autenticidad, la cual fue debidamente apostillada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia. Razón por la cual se les pudo conferir el juicio de autenticidad, por lo tanto, pudieron ser reputados a las autoridades colombianas que participaron en su elaboración. Asimismo, al relacionarlos entre sí y con la prueba testifical de Wilmer Espinal se estimó coherencia, concordancia, armonía y suficiencia probatoria, por lo tanto, gozan de verosimilitud y eficacia probatoria para acreditar el hecho único de la presente sentencia.” En el numeral II de la Valoración Probatoria, el Tribunal Sentenciador enlistó la siguiente prueba: 1. Declaración testifical de Gustavo Adolfo García Ruiz, quien es de nacionalidad colombiana, quien afirmó que en el 2008 estaba como guardacostas en San Andrés, a las 22:40 horas recibió llamada del comandante de la unidad y le indicaba que en un registro en una unidad encontraron elementos extraños y que la embarcación estaba en el muelle tenía bandera hondureña. Al llegar al lugar le dijeron que encontraron granadas y en unas canecas se encuentran bolas envueltas en cinta que sirven para transportar heroína, pidió un perito para colaborar y al hacer las pruebas dio positivo a heroína; encontraron además en unas cajas unas granadas y nos confirmaron que eran de uso militar. Este testigo además ratificó varia prueba documental pues fue elaborada por su persona; afirmó que encontró la sustancia envuelta en forma de dedos, el cual tenia un peso de 17,736.2 gramos; cuando ingresaron a la nave las canecas estaban en las cubiertas, eran de color azul y sirven para depositar cosas sólidas. 2. Reporte de iniciación FPJ-1- donde se informa que en inspección de rutina realizada a la cubierta de la embarcación de nombre Capitán Coolly, en el interior de unas canecas se encontraban unas granadas y unos paquetes. Documento ratificado por Gustavo Adolfo García Ruiz. 3. Informe ejecutivo FOJ-3- de fecha 12/03/2008 en el que se establece que el detective Gustavo Adolfo García Ruiz, en la embarcación Capitán Coolly; hizo la incautación de los elementos encontrados durante la diligencia de inspección judicial. Documento ratificado por Gustavo Adolfo García Ruiz. 4. Actuación del primer respondiente FPJ-4 de fecha 12/08/2008, inspección que se realizó a la motonave capitán Colly y se encontraron unas canecas azules plásticas, en el interior se encontró unas granadas. 5. Acta de consentimiento de fecha 12/03/2008 el señor encargado de la embarcación Capitán Coolly permite el acceso a la motonave con el fin de realizar diligencia de inspección. 6. Acta de inspección -FPJ-9 de fecha 12/03/2008 realizada a la motonave Capitán Coolly que en su cubierta superior se encontraron unas canecas plásticas. 7. Acta de incautación de fecha 12/03/2008, de 61 granadas de 40mm y 12 paquetes que contienen en su interior sustancias químicas que arrojan positivo para alcaloide, los paquetes tienen un precio bruto de 17,773.2 gramos; estos elementos fueron encontrados en la cubierta superior al interior de unas canecas de color azul, al interior de la motonave Capitán Coolly. 8. Solicitud de análisis de EMP y EF-FPJ-12, el cual tiene por objeto el examen de 61 granadas de fragmentación, del cual se pide peritaje, elementos, artefacto, tipo de granada. 9. Respuesta a solicitud de peritaje por parte de la Fuerza Militar de Colombia, Armada Nacional, en el que se establece que los 61 elementos que guerra enviados por su entidad, son 61 granadas, de fabricación americana que explotan, unas hacen daño por onda y otras por fragmentación, teniendo un radio de daño de 25 metros a la redonda. 10. Informe de investigador de campo FPJ-11 realizado por la P.J. Ruth Maria Mosquera Naranjo, en el que establece que se trata de 12 paquetes encontrando varias capsulas con un peso neto de 14365.9 gramos, las mismas dan positivo para heroína. 11. Constancia de fecha 12/03/2008 en el que se establece que la sustancia estupefaciente incautada se incinera en el horno de antiguo hospital en presencia del fiscal y el procurador judicial. 12. Álbum fotográfico realizado por el PT Juan Carlos Díaz Vargas, técnico en fotografía realizadas en la embarcación Capital Coolly. 13. Acta de Inspección técnica de material de guerra de fecha 04/04/2008 en el caso No. MD-CG-CARMA-CIMAR-CBRIM1-CBPNM1-G/P-BPNM1; en el que se estable que se procede a realizar el procedimiento a las 61 granadas embaladas y rotuladas. 14. Informe de investigador de Laboratorio FPJ13 No. 1212 de fecha 10/04/2008, realizado por Rubiela Rodríguez en el que se establece la plena identificación de la sustancia, y luego de realizados los análisis físicos-químicos e instrumentales se concluye que las muestras de ensayo identificadas desde la 1 a la 37 contiene heroína. 15. Oficio No. 125 DAS.SSAI.GOPE.APJ-5425 en el que se remite el oficio procedente del batallón militar que trata de la baja de un material de guerra en custodia, 61 granadas. De estas pruebas, el sentenciador en resumen determinó: “Del estudio y examen de la prueba ejecutada en la audiencia de juzgamiento y que corresponde a la descripción en el acápite procedente, este Tribunal aprecio una contradicción externa concerniente al numero de barriles en que fueron encontrados los indicios o las evidencias supuestamente ocupada en el barco de nombre Capitán Coolly esto porque según el testigo Gustavo García, toda la evidencia encontrada en una caneca (barril de plástico) ubicada en la cubierta de la nave Capitán Coolly, en cambio según la actuación del primer respondiente en la inspección realizada por el personal de guardacostas se encontró en la cubierta superior. Así mismo respecto al hallazgo, recolección y manejo de la susodicha evidencia, esta no hizo referencia al hallazgo de evidencia o elementos físicos, este fue el primer documento levantado por los guardacostas de Colombia; en cambio el hallazgo de la supuesta evidencia encontrada en el barco Capitán Coolly fue registrada ese mismo día a las 23 horas y 43 minutos. Además, no se fijó debidamente desde un inicio la supuesta evidencia o indicios encontrados en dicho barco, pues en el acta de inspección no se describieron detalladamente los hallazgos encontrados, no obstante que el formato o plantilla de tal acta exige la descripción de lugar y de los hallazgos encontrados. En ese mismo orden de ideas, el Ministerio Público de Honduras no presentó como elementos probatorios para evacuarse en juicio los registros fotográficos y fílmicos del hallazgo y ocupación de los indicios o evidencias supuestamente encontrados en el barco Capitán Coolly, por lo cual no pudo determinarse un aspecto importante de la debida fijación del escenario de un delito y de la recolección de indicios o evidencias. En el presente caso, es aún más criticable que el Ministerio Público no presentó aquellos registros, porque según acta de inspección si se realizaron; sin embargo, sí que presentaron un registro fotográfico, pero este no correspondió a la inspección realizada el 12.3.2008 sino a la investigación realizada el 13.3.2008. También el Ministerio de Honduras omitió presentar y evacuar en juicio la copia certificada y apostillada de la hoja de cadena de custodia de toda la evidencia supuestamente levantada, embalada y sellada. Este documento es importante para determinar la autenticidad, originalidad custodia, manejo y traslado de los indicios o evidencias supuestamente ocupados por el Capitán Coolly. La confección de tal documento también es exigible por el derecho colombiano, lo cual se infiere del acta de inspección a lugares ya descrita. En el siguiente numeral de su valoración, el Tribunal Sentenciador concluye: “Tal como se señaló en el acápite precedente, en el hallazgo y recolección de los indicios o evidencias se apreciaron contradicciones y no se fijo debidamente el escenario del delito y los indicios o evidencias encontradas y tampoco se presentó el documento de garantía de autenticidad. En tal sentido, es necesario realizar el siguiente análisis jurídico para determinar la licitud de la recolección conservación, manejo, custodia y traslado de las evidencias en un proceso penal cualquiera”. El sentenciador en ese apartado relaciona los artículos 90 de la Constitución de la Republica; así como el Código Procesal Penal en sus artículos 199 y 200; también refiere al Reglamento sobre el Manejo de Indicios y Evidencias Físicas y Biológicas, haciendo hincapié en los artículos 3, 4 y 21. En el último párrafo de ese apartado el Juzgador establece: “En el caso en cuestión, respecto a aquellos indicios o evidencias el cuestionamiento versa sobre la recolección, manejo y traslado de ella, porque no se pudo determinar con certeza el lugar exacto dentro de la embarcación Capitán Coolly en que fueron encontradas, no se fijo debidamente y no se describieron detalladamente desde un inicio y no se presentó la hoja de cadena de custodia para determinar su proceso de custodia, manejo y traslado correspondiente; por lo consiguiente, no se pudo determinar la originalidad, autenticidad y recorrido de los indicios o evidencias desde su recolección hasta su presentación a la audiencia de juicio.” En el siguiente numeral denominado IV por el Sentenciador, este expresó: “Es importante mencionar que no se trató de la mera vulneración de una norma de carácter procesal, porque el debido proceso es una garantía constitucional y la formalidad que se dejó observar, se refiere a la legalidad y confiabilidad de la prueba para vulnerar el estado de inocencia y en todo cas el obligado a probar la legalidad y autenticidad de la prueba es el ente acusador, lo cual no sucedió en este caso.” En el próximo apartado, numeral V, el A-quo hizo una relación de la violación al debido proceso conforme lo establece el artículo 166 numeral 7 del Código Procesal Penal; relacionándolos con el artículo 200 del mismo cuerpo legal, finalizando con lo regulado en los artículos 59 y 64 de la Constitución de la Republica; concluyendo: “De conformidad al precitado artículo procesal, la ineficacia probatoria se extiende a las consecuencias que se derivan de los actos o hechos que vulneran derechos y garantías constitucionales, que en la doctrina se conoce como la teoría de los frutos del árbol envenenado. Por lo tanto, se excluyen como pruebas, por derivar directamente de la evidencia cuestionada con vicio de infracción al debido proceso, a saber: i) Informe de investigador de campo -FPJ-11; ii) Informe investigador de laboratorio FPJ13 No. 1212; iii) El documento No. MD-CG-CARMA-CIMAR-CBRIMI-CBPNM1-G/P-BPNM1, asunto: inspección técnica de material de guerra y; iv) Oficio No. 125 DAS.SSAI.GOPE.APJ-5425.” Una vez analizadas las razones de hecho y derecho que consideró el Sentenciador para excluir de valoración algunos medios probatorios por considerarlos ilícitos al entender que se vulneró el debido proceso, esta Sala de lo Penal concluye que las razones externadas por el A-quo no contienen el peso legal para estimar en prueba ilícita, pues las justificaciones que externó son meros argumentos de valoración, al establecer por ejemplo que: existe contradicción con la prueba; que en ciertos documentos no se hace referencia a los hallazgos encontrados; que no se fijó desde un inicio la evidencia y los indicios; que el ente fiscal no presentó como elementos probatorios los registros fotográficos y fílmicos; que el Ministerio Público omitió presentar la copia certificada y apostillada de la hoja de cadena de custodia de toda la evidencia supuestamente levantada; todos estos argumentos externados por el Sentenciador son determinantes para establecer el valor probatorio que puede otorgarle a los medios de prueba, pero no es el fundamento determinante para concluir que existe violación al debido proceso y que por tanto lo evacuado en juicio sea prueba ilícita. El censor tiene razón al establecer que el Tribunal de Sentencia no manifestó de forma clara y contundente porqué se violentó el debido proceso y como consecuencia de ello lo presentado en juicio era prueba ilícita, sus razonamientos son juicios para determinar el valor probatorio de la prueba, pero en ninguno de ellos explica detalladamente la violación al debido proceso, que no constituyen meras inobservancias a procedimientos, sino que la vulneración a una garantía constitucional que, más que garantizar el respecto a la ritualidad en la dinámica de juzgamiento, es uno de los pilares del derecho procesal penal dirigido a que la persona sometida a la jurisdicción sea juzgada por un juez natural, competente, imparcial e independiente, pero adicionalmente es un mandato para que el juez además de respetar las formas procesales, reproduzca en cada una de ellas los derechos consagrados en la Constitución de la República y en los Tratados y Convenciones de los que Honduras forme parte, es así que los llamados principios procesales o principios informadores del proceso, no son más que medios conductores para materializar aquellos derechos y garantías fundamentales que son agrupados bajo la titulación del debido proceso legal, y que constituyen reglas mínimas de juzgamiento. El Juez Aquo fue incapaz de explicar en su sentencia porqué el debido proceso legal no se vio materializado en la presente causa, es decir no determinó de forma clara y precisa cuales fueron las normas contenidas en el Código Procesal Penal (Título IV del Libro Tercero del C.P.P.), que se inobservaron para la obtención de la prueba; pues sus argumentos son adecuados para darle o no valor probatorio a la prueba presentada, pero no para fundamentar una violación al debido proceso. El Tribunal Sentenciador obvió determinar en su sentencia por qué consideraba prueba ilícita y cómo lo fundamentaba fáctica y jurídicamente; es decir debió señalar porque las pruebas que excluyó de valoración fueron obtenidas de forma contraria a la ley, es decir no amparada por la ley; de igual forma omitió determinar de manera puntual y clara que esa fuente de prueba haya significado la violación o disminución ilegítima de garantías fundamentales o de derechos humanos, reconocidos en la Constitución de la República o en los tratados y convenios que formen parte del derecho interno del Estado, respectivamente; tampoco fue claro en señalar que esas pruebas se hayan traducido en la violación o disminución ilegítima de ese derecho fundamental o de ese derecho humano, en perjuicio del imputado; otro requisito para determinar prueba ilícita es razonar que, sin la inobservancia o disminución ilegítima del derecho fundamental o del derecho humano supuestamente violentado, no hubiese sido posible la obtención de la prueba; y por último que esa inobservancia o disminución ilegítima del derecho fundamental o del derecho humano sea anterior o simultánea a la obtención de la prueba; concluimos por tanto que, lastimosamente el Sentenciador nada razonó ni fundamentó al respecto, sino que con argumentos superficiales decidió excluir de valoración medios de prueba que en apariencia son totalmente legítimos. En uno de sus argumentos el A-quo manifestó que existía prueba ilícita debido a que el Ministerio Público no había acompañado la cadena de custodia de toda la evidencia supuestamente levantada, al respecto ya ha señalado este Tribunal de Casación en otras sentencias, que el tema de la Cadena de Custodia no está relacionado con la licitud o legalidad del medio de prueba, sino respecto a su valoración a partir de su confiabilidad, determinado así por las reglas de la sana crítica; por tanto este otro argumento señalado por el Sentenciador para considerar la prueba ilícita no es conforme a los lineamientos que esta Sala de Casación ha señalado de manera jurisprudencial, pues la falta de la cadena de custodia no implica ilicitud o ilegalidad del medio de prueba, sino que es referente a la confidencialidad que el Juzgador le otorgue en su valoración. Por todas estas razones considera esta Sala de lo Penal que el Sentenciador en efecto ha incurrido en exclusión de medios probatorios por ilicitud cuando no ha logrado fundamentar esa ilicitud sino que ha dado meros razonamientos de valoración probatorio, por lo que, al excluir los medios de prueba no es acorde a nuestra ley procesal, pues la ha fundamentado el Sentenciador en una prueba ilícita cuando no ha dado las razones de hecho y derecho para catalogarla como tal; por lo que, éste motivo de casación debe ser declarado ha lugar, ordenar la nulidad de la sentencia y el debate señalado y mandar celebrar otro Decisión. Se declara ha lugar el recurso de casación por quebrantamiento de forma en su único motivo, interpuesto por el Ministerio Público. Por Tanto: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 82, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 202, 338, 359, 362, 363 y 369 del Código Procesal Penal. Falla: Primero: Declara ha lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, en su único motivo interpuesto por la Abogada Liana Lourdes Soto Martínez, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, en la causa instruida contra el señor Santos Roberto Ortiz Sánchez, a quien se le absolvió del delito de Tráfico de Drogas agravado y Tráfico no autorizado de Material de Guerra, en perjuicio de La salud humana y de la Seguridad Interior del Estado de Honduras. Segundo: Casa la sentencia recurrida. Tercero: Declara la nulidad del debate y de la sentencia de fecha dieciocho de octubre de dos mil dieciocho, dictada por el Tribunal de Sentencia de La Ceiba, departamento de Atlántida. Y manda: I. Que se repita el debate ante un Tribunal de Sentencia distinto al que conoció el juicio anulado. II. Que la Secretaría del despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. - Firma y Sello. - Jose Olivio Rodriguez Vasquez. Magistrado Coordinador. Rafael Bustillo Romero. Magistrado. Alma Consuelo Guzman Garcia. Magistrada. - Firma y Sello. JOSE RAMON CRUZ FERRERA. SECRETARIO. SALA DE LO PENAL”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, el siete de marzo de dos mil veintitrés. Certificación de Sentencia dictada el veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, recaída en el expediente de casación con número de ingreso SP-65-2019.
JOSÉ RAMÓN CRUZ FERRERA
SECRETARIO
SALA DE LO PENAL
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