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Sentencia CP-59-18 — Registro 17593

Resumen

En primer instancia se condena al imputado por el delito de abuso de autoridad, se declara sin lugar el recurso de casación interpuesto por su defensa. Procede la aplicación retroactiva de la ley penal

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

...". El recurso no es de recibo. Debe tenerse presente que la sentencia se construye a partir de múltiples silogismos encadenados que constituyen el razonamiento judicial y que cada silogismo debe tener la cualidad de ser categórico, compuestos por premisas de las que se deriva una conclusión, teniendo precisamente a aquellas premisas como la razón suficiente para derivar la conclusión; por ende, el recurrente que alega la violación del principio de derivación como motivo, asume un alto compromiso que implica la tarea de identificar el silogismo que considera indebidamente construido, determinar la fuente de la premisa mayor, de la premisa menor, y luego, lo más importante, demostrar que la inferencia realizada es incorrecta y que por ello la conclusión que se dice necesaria en realidad no lo es; tarea que no termina allí, pues además debe explicar porque tal conclusión malograda es relevante para la decisión final y por ello dicha decisión fue indebidamente adoptada. Hoy por hoy el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma planteando como motivo la violación del principio lógico de derivación ocupa un gran de porcentaje de los recursos que resuelve esta Sala de lo Penal; desafortunadamente, no en pocos casos, el recurrente acude a tal alegato como una forma de disfrazar la verdadera pretensión de reexamen o revalorización (revisio de facto) de la actividad probatoria como medio de atacar el juicio valorativo hecho por el tribunal de sentencia, pretendiendo así que los jueces de casación, sin contar con inmediación (entre otros principios faltantes), valoren un medio de prueba determinado, extraigan conclusiones probatorias y luego las compare con aquellas a las que arribó el a quo, decidiendo finalmente si lo hecho por los jueces de la instancia está bien o mal a depender si coincide con la valoración de la prueba hecha en única instancia, todo ello impropio en sede casacional. No existe una previa determinación de pruebas, por lo que éste debe ser asignado por el juzgador de la instancia haciendo mano de las reglas de la sana critica, evaluándolas y determinando el grado de convencimiento que le genera cada una de ellas y en su conjunto en relación a la imputación, lo que constituye un proceso directo de los jueces de instancia y ajeno a los jueces de casación. Por ello, el recurso de casación no provoca un nuevo examen probatorio de los medios que fundan la decisión judicial impugnada; la casación no es una segunda instancia, sino una única instancia encargada de revisar la mera legalidad de la decisión judicial, quedando fuera de tal esfera de competencia la revaloración de la prueba; las partes en la interposición del recurso no pueden pretender que esta Sala de lo Penal declare el acierto o desacierto del Tribunal de Sentencia sobre sus criterios valorativos, pues ello sería rebasar las potestades legales conferidas por la ley a los jueces de casación. En el caso actual y concreto, el recurrente acude a varios tipos de recursos y varios tipos de motivos para sustentar la explicación del vicio, para el caso, alega que, en la sentencia recurrida, la conclusión a que arriban los jueces, de que Bernardino Rodríguez Mejía es responsable del delito de abuso de autoridad, en perjuicio de la Administración Pública, es producto de la inobservancia a las reglas de la sana crítica, ya que, al momento de valorar la prueba evacuada no la pudieron apreciar ni valorar en su conjunto. No tiene duda la Sala de lo Penal que el recurrente presenta queja sobre la valoración, no porque identifique un defecto de construcción en un silogismo judicial, análisis de premisas y demostración de una mala inferencia que termine en una indebida conclusión derivada, sino porque la prueba fue valorada de forma diferente a como pretendía el Ministerio Público, todo ello impropio de sede casacional. Asimismo, arguye que, partiendo de la narración de los hechos probados, se observa la inadecuada y desacertada calificación de los mismos en el delito de abuso de autoridad, relaciona la fundamentación jurídica del fallo y aduce que el acusado no podía salirse del marco jurídico, no podía dictar lo que ordenaba la Corte de Apelaciones Seccional de Santa Bárbara porque era contrario a lo establecido en la Constitución de la República, además no existe dolo, no se acredita el tipo subjetivo, no hay antijuricidad, no se produce lesión al bien jurídico. Lo anterior implica un grave desbordamiento en la técnica casacional, porque para sustentar para la explicación de su recurso de casación por quebrantamiento de forma, el recurrente hace de mano de argumentaciones propias de otro tipo de recurso y otro tipo de motivo, en este caso, recurso de casación por infracción de ley cuyo motivo es la aplicación indebida de precepto penal sustantivo. Al aducir que los hechos probados de la sentencia no se ajustan al precepto sustantivo que contiene el delito de abuso de autoridad, que en los hechos probados de la sentencia no se reúnen los elementos del tipo subjetivo porque no se desprende el dolo y, que no se visualiza la antijuricidad de la conducta, todos estos son alegatos que el recurrente pudo y debió desarrollarlos desde otro recurso. No es a través de un recurso de casación por quebrantamiento de forma que corresponde evaluar la suficiencia semántica de los hechos probados para satisfacer los elementos objetivos, subjetivos y normativos del tipo penal reprochado al acusado. Sobre otro aspecto, el recurrente también considera que los hechos probados de la sentencia no son precisos ni terminantes, lo que consecuentemente se traduce en un grave vicio de forma que afecta la sentencia impugnada, así como que al ver con detenimiento las disposiciones valorativas, el tribunal ahorra tiempo para hacer un estudio de la prueba y verificar la existencia del hecho supuestamente controvertido, el tribunal dicta una sentencia con ausencia total de la sana crítica, no existe motivación, y la que existe, es insuficiente en virtud que lo que el tribunal expresa en su sentencia, es contrario a la prueba. Estas argumentaciones sustentan otros motivos casacionales, siempre por quebrantamiento de forma, ya que, si los hechos probados no son claros o si los hechos probados no son terminantes, son vicios casacionales que debieron ser identificados, explicados y comprobados desde diferentes motivos de casación. Otro tanto igual ocurre con la falta de motivación fáctica, la falta de motivación jurídica, la insuficiencia de motivación fáctica o la insuficiencia de motivación jurídica, vicios casacionales que ameritan un abordaje casacional individual y que han sido denunciados en abstracto por el recurrente sin apegarse a la debida técnica recursiva. La Sala de lo Penal ha determinado cuándo es posible derivar la existencia de insuficiencia de motivación fáctica o jurídica y cuando tales motivaciones son totalmente carentes: así, ha explicado que, la carencia de motivación fáctica o jurídica acontece cuando la sentencia no posee ninguna motivación fáctica o ninguna motivación jurídica, es decir, es la total omisión de fundamento probatorio o jurídico y con ello se produce el desconocimiento de las partes y del público en general, del por qué los juzgadores tomaron la decisión final, convirtiendo el pronunciamiento en arbitrario. La motivación fáctica o jurídica insuficiente se presenta en los casos en que los juzgadores hacen un esfuerzo limitado en razonar su decisión y por ende no sea posible con la lectura de la sentencia, retomar los pasos seguidos por los juzgadores, develar sus razonamientos y análisis, que desembocaron en los pronunciamientos del fallo. Son ejemplos de éste vicio, cuando se hace una descripción de los medios de prueba, mas no se consigna el proceso de valoración intelectivo, cuando dicha valoración se limita a manifestar que tal o cual prueba merece crédito o no merece crédito, sin expresar las razones de dicha conclusión o cuando en la fundamentación jurídica solo se hace la cita de las normas legales o se transcriben las mismas, sin ninguna explicación del por qué éstas están vinculadas al caso concreto y del por qué, en su caso, las normas invocadas por las partes no son aplicables. La insuficiencia de motivación también se presenta cuando los juzgadores, en la individualización de la pena concreta, no justifican la necesidad de la aplicación de la pena a imponer y su extensión. A partir de lo expuesto, se analiza que la parte recurrente denuncia la carencia de motivación fáctica, pero se contradice a sí mismo en el escrito de su recurso cuando alega la violación a las reglas de la sana crítica en la valoración de la prueba de la cual denuncia su carencia de motivación. Es decir, denuncia la violación de las reglas de la sana crítica en una motivación que arguye inexistente, vicios que no pueden coexistir simultáneamente por resultar contrapuestos. La Sala de lo Penal ha sostenido que en casación, como única instancia, solo puede hacer un análisis y en su caso censura, del proceso intelectivo de la sentencia cuando ésta contenga razonamientos que riñan con las reglas de la sana critica; debe entenderse entonces que el foco de estudio no es la prueba, no es lo que dejó de acreditar o acreditaron los medios probatorios (valoraciones de instancia), sino ese razonamiento plasmado por los jueces y los cuales les llevaron a construir los hechos declarados probados. La exactitud en la confección del recurso de casación por quebrantamiento de forma, tratándose de violaciones a las reglas de la sana crítica debe ser alta: se requiere de la identificación del razonamiento judicial, la identificación de la regla de la sana crítica que se considere violentada, la explicación del porqué el razonamiento judicial contiene un vicio de inobservancia o de mala aplicación de la regla de la sana crítica, y, finalmente, la explicación del porqué dicha violación tiene una repercusión negativa en la decisión adoptada por el tribunal; es un trabajo técnico, bastante preciso, pues a cada razonamiento judicial debe hacerse el examen sobre su propiedad. Es de tener presente que conforme la naturaleza del recurso de casación resulta irrelevante el criterio que pueda generar la prueba al Ministerio Público, al acusador privado, a la defensa, etc., e inclusive al propio Tribunal de Casación; lo que consideren las partes o la Sala de lo Penal que debió haber sido la valoración de la prueba no es vinculante, sino que lo determinante es el criterio probatorio del Tribunal de Sentencia y si éste fue construido en respeto a las reglas de la sana crítica; ergo el motivo de casación debe concentrarse única y exclusivamente en demostrar que el criterio (valoración intelectiva) del juzgador fue erigido con inobservancia de esas reglas y principios que componen el recto entendimiento humano y no tratar de superponer otra valoración que se considera más propia. Como se ha dicho, en el caso actual y concreto, el recurrente lo que hace es denunciar la violación a las reglas de la sana crítica en la valoración de la prueba, pero no porque plantee la mala construcción de un razonamiento judicial o por identificar una mala construcción silogística, sino porque no está de acuerdo con ella al ser disonante con sus pretensiones, todo ello impropio en única instancia. No existe en el escrito de impugnación la identificación un silogismo valorativo, de su premisa mayor, su premisa menor y su posterior conclusión que se considere indebidamente construido, sino que, lo que pretende el recurrente, es que la Sala de lo Penal declare el desacierto de la valoración probatoria realizada por el Tribunal de Sentencia, quien realizó los principios de inmediación, contradicción, concentración, oralidad y publicidad, que rigen la actividad de la prueba, y la sustituya por la particular y subjetiva elaborada por él, todo lo cual obedece a una mala técnica recursiva. Finalmente, esta Sala de lo Penal ha venido reiterando que el principio de debida técnica requiere observarse en los siguientes sentidos: a) Elegir con puntualidad la causal; b) No salirse ni desbordarse con sus alegaciones, de los extremos y contenidos conceptuales o valorativos, o ámbitos propios de la causal elegida; c) Elaborar planteamientos con claridad y precisión (en ese mismo sentido sentencia 24 de agosto de 2010 SP 273-08; sentencia 28 de octubre de 2010 SP 199-09; sentencia 18 de enero 2011 SP 351-09). Nada de lo anterior fue observado por el recurrente en la confección de su recurso, siendo lo procedente dar razón a la parte recurrida y desestimar el recurso interpuesto por haber sido interpuesto en abierta discordancia con la debida técnica casacional.

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

...". La aplicación retroactiva es procedente en el presente caso. A. Principio de legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo “nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa"; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Artículo 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Esta norma constitucional se encuentra también desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser "scripta", "stricta", "certa", "praevia" y "válida", de lo contrario transgredirían el principio de legalidad. Particularmente, la exigencia de “Lex Praevia”, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, esto se le llama el principio de identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello. Los tipos de retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pág. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir de cinco a diez años de prisión una pena). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir, solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrará en vigencia y cuando es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento del juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (principio de identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento del juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (retroactividad de la ley penal más favorable).En el texto del Artículo 96 de la Constitución Política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: I. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. II. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar -de cada una de las leyes en conflicto temporal- los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. III. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo, no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los en que las penas impuestas hayan sido cumplidas de manera completa por la persona, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de ponderación de la norma más favorable en el CP Decreto 130-2017. Tal y como manda el principio de identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo Código, sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (artículo 615, primer párrafo del nuevo Código Penal). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva, resolver la aplicación retroactiva o no del nuevo Código Penal (artículo 615, segundo párrafo del nuevo Código Penal), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (artículo 624.3 del nuevo Código Penal). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibido la fragmentación de normas (artículo 616 1er párrafo del nuevo Código Penal), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un concurso real (artículo 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 del nuevo Código Penal) se procederá conforme las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse primero conforme al límite objetivo ordinario o limite objetivo extraordinario, según corresponda, y luego de ello conforme al límite subjetivo. Empero uno no es preferente sobre el otro; se aplicará el límite que sea menor; b. La ponderación deberá realizarse primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos, se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el CP-130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a) Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y, b) Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no los 30 años (limite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (limite objetivo extraordinario): a) Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años: la pena se adecuará a dicho límite; b) Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años: se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y aun así en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Limite subjetivo: el máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Limite objetivo ordinario: el total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Limite objetivo extraordinario: el total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos limites no se observarán cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. C. Ponderación en el caso concreto En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso al acusado Bernardino Rodríguez Mejía, la pena principal de tres (03) años de reclusión por ser autor responsable penalmente de un delito de Abuso de Autoridad, en perjuicio de la Administración Pública, la inhabilitación especial por el doble del tiempo de la pena de reclusión (6 años) y la pena accesoria de interdicción civil por el tiempo de la pena privativa de libertad, así como las consecuencias de trabajo penitenciario y responsabilidad civil derivada del delito. La conducta reprochada al acusado, está prevista en el Código Penal 130-2017, como delito de abuso de autoridad (artículo 499), cuya pena es de inhabilitación especial para empleo o cargo público de tres (03) a seis (06) años. Ergo, resulta beneficiosa para el acusado la aplicación retroactiva de la nueva ley penal, por implicar un beneficio respecto a la pena, ya que no contempla pena limitativa de la libertad como la anterior norma, así como también la inhabilitación especial en la actual normativa es más benévola en comparación al Código Penal 144-1983, pues comprende un margen abstracto de 3 a 6 años, entretanto el anterior oscila entre 6 hasta 12 años. Para la imposición de la pena concreta, esta Sala de lo Penal debe tomar en consideración si existen agravantes o atenuantes (Artículo 31 y 32 del nuevo Código Penal), en el caso sometido a análisis no se observan circunstancias que puedan agravar el quantum de la pena, tampoco circunstancias atenuantes que obren a favor del acusado; también tomando en cuenta el contenido del artículo 70 numeral 1) literal a), en relación a las circunstancias personales del condenado y a la mayor o menor gravedad del hecho, se desprende del acumulado judicial que el acusado es Abogado de profesión, soltero, cuenta con cincuenta y seis (56) años de edad, vive en el municipio de Santa Bárbara, departamento de Santa Bárbara, por lo que no se deduce a partir de sus circunstancias personales algunas circunstancias que puedan agravar la pena, en igual término procede en atención a la gravedad del hecho, por lo que corresponde la imposición de la pena en su límite mínimo (3 años)..."

Legislación citada

Sentencia

Certificación

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA la sentencia, que literalmente dice: “Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecisiete días del mes de mayo del año dos mil veintidós (2022), el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los magistrados José Olivio Rodríguez Vásquez, en su calidad de coordinador, Rafael Bustillo Romero y Alma Consuelo Guzmán García, pronuncian En nombre del Estado de Honduras La siguiente sentencia en el expediente SP 59-2018, conociendo del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha veintiséis (26) de julio del año dos mil diecisiete (2017), dictada por el Tribunal de Sentencia de Santa Bárbara, departamento de Santa Bárbara, mediante la cual falló: Primero: Condenó al acusado Bernardino Rodríguez Mejía, por el delito de abuso de autoridad en perjuicio de la Administración Pública, a la pena principal de tres (03) años de reclusión, la que deberá cumplir en el Centro Penitenciario que corresponda conforme a ley, quedando sujeto a trabajar en obras públicas o en labores dentro del establecimiento de conformidad con la ley que regula el sistema penitenciario nacional, decantándose el tiempo que se ha encontrado privado de libertad por esta causa. Segundo: Condenó al acusado Bernardino Rodríguez Mejía, como consecuencia de la pena de reclusión, a las penas accesorias de inhabilitación especial por el doble del tiempo de la reclusión, e interdicción civil durante el tiempo de duración de la pena principal. Tercero: Declaró la responsabilidad civil del condenado Bernardino Rodríguez Mejía, derivada del delito por el que se le condena. Cuarto: No condenó en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio. Quinto: No decretó comiso. Interpuso el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, el Abogado Noel Antonio Mendoza, defensor privado del acusado Bernardino Rodríguez Mejía. Son partes en única instancia: el Abogado Noel Antonio Mendoza, defensor privado del acusado Bernardino Rodríguez Mejía, como parte recurrente; el Abogado David Edgardo Sabillón, procurador judicial de la Procuraduría General de la República, como recurrida; y, la Abogada Ilse Adela Fuentes, fiscal del Ministerio Público, como parte personada en el proceso. HECHOS PROBADOS DE LA INSTANCIA “Valorando las pruebas practicadas en juicio, este Tribunal declara expresa y terminantemente probado los hechos siguientes: PRIMERO. En fecha nueve del mes, de marzo del año dos mil once se celebró la audiencia preliminar en el proceso que se le seguía los señores Osman Antonio Meza y Roger Alfonso Castro por suponerlos responsables de la comisión del delito de Lavado de Activos en perjuicio de La Economía del Estado de Honduras, en la cual el Ministerio Público formalizo acusación por dicho delito y además presentó ampliación por los delitos de Fabricación y Tráfico y Material de Guerra y Armas y Municiones; Fabricación y Tráfico de Armas de Fuego y Municiones Comerciales de Defensa Personal o Deportivas y Explosivos Comerciales, en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras; y por el delito de Uso Indebido de Nombre contra Osman Antonio Meza en perjuicio de La Fe Pública, en la cual la defensa privada propuso prueba documental en abundancia, oponiéndose oportunamente el Ministerio Público a la admisión de la misma argumentando la desnaturalización de la audiencia preliminar, pero aun así la prueba fue admitida y valorada en dicha audiencia. SEGUNDO. Mediante auto motivado de fecha catorce del mes de marzo del mismo año, Bernardino Rodríguez Mejía en su condición de Juez Titular de Letras del Juzgado Tercero de Letras Departamental de esta sección Judicial, como consecuencia de la valoración de la prueba aportada por la defensa en la audiencia preliminar, emite sobreseimiento provisional a favor de dichos imputados por el delito de Lavado de Activos, revocando la medida cautelar de prisión preventiva y ordenó su excarcelación, sin tomar en cuenta la ampliación de la acusación por otros delitos que en esa audiencia presentó el Ministerio Público. TERCERO. Como consecuencia de la resolución antes descrita los entes acusadores interpusieron recursos de apelación en fecha dieciocho del mes de marzo del año dos mil once, siendo resuelto el mismo por la Corte de Apelaciones de esta sección judicial el diez del mes de mayo del mismo año, en la cual declararon con lugar los recursos contra la resolución dictada por el Juzgado Tercero de Letras Departamental de Santa Bárbara en fecha catorce del mes de marzo del año dos mil once, además revocó la resolución apelada y ordenó al Juez Bernardino Rodríguez Mejía, emitiera una resolución de conformidad a los parámetros establecidos en dicha resolución; pero en fecha dieciocho del mes de mayo del año dos mil once ignorando o haciendo caso omiso a la resolución del Tribunal de alzada, dictó auto de apertura a juicio únicamente por el delito de Lavado de Activos.” RECURSO DE CASACIÓN. MOTIVOS Y ARGUMENTOS. El recurrente, Abogado Noel Antonio Mendoza, defensor privado del acusado Bernardino Rodríguez Mejía, como parte recurrente, procedió a formalizar su Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, de la siguiente manera: “PRIMER MOTIVO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA El Tribunal de Sentencia de Santa bárbara, Departamento de Santa Bárbara, en la Sentencia Condenatoria dictada contra el imputado BERNARDINO RODRIGUEZ MEJIA, cometió QUEBRANTAMIENTO DE FORMA a la Sentencia Definitiva, al NO OBSERVAR LA REGLA DE LA SANA CRITICA EN VISTA QUE LAS MOTIVACIONES FACTICAS Y JURIDICAS RESULTAN INSUFICIENTES. Vicio que lo hizo violentar lineamientos de la ley vigente. PRECEPTO AUTORIZANTE En el ARTÍCULO 362 NUMERAL 3) DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL se instituye el vicio en la Sentencia Definitiva cuando ha incurrido el sentenciador en falta de observación de las reglas de la sana crítica en la valoración de la prueba, veamos: “Que carezca de motivaciones fácticas o jurídicas, que dichas motivaciones sean insuficientes o contradictorias o si EN LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA NO SE OBSERVARON LAS REGLAS DE LA SANA CRITICA.” PRECEPTO INFRINGIDO Los preceptos penales adjetivos que se invocan como infringidos por falta de aplicación, prescriben: ARTÍCULO 202 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL. Las pruebas serán valoradas con ARREGLO A LA SANA CRITICA. El órgano jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida” (lo resaltado es nuestro). Por su parte el párrafo primero del ARTÍCULO 336 de la misma ley señala: “El Tribunal, para resolver, sólo tendrá en cuenta las pruebas que se hayan ejecutado durante el debate, las que serán apreciadas en su conjunto y de acuerdo con las reglas de la sana crítica”.- El ARTÍCULO 338 DEL CÓDIGO PENAL que expresa: REQUISITOS DE LA SENTENCIA.- Las sentencias se redactarán por escrito, con sujeción a las reglas siguientes: Primera:...Segunda:...Tercera:...Cuarta: Se consignará la fundamentación del fallo de la manera siguiente: 1), 2) Valoración de la Prueba. Seguidamente, se expresarán las pruebas tenidas en cuenta para declarar probados esos hechos, justificando, según las reglas de la sana critica, el valor que se haya dado a las practicadas en juicio y en su caso, el razonamiento utilizado para obtener conclusiones, por presunción a partir de indicios, igualmente declarados probados. (Lo recalcado es mío) EXPLICACIÓN DE MOTIVO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA. En el sistema de sana crítica racional que implementa nuestro sistema procesal penal, en cuanto a la valoración de la prueba, impera la plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones a las que arriben sean el fruto razonado de las pruebas en que se las apoye.- En este sistema el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano.- En la SANA CRÍTICA RACIONAL, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia conviccional de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común. Dentro de las reglas de la lógica, al que debe sujetarse el juzgador en la valoración de las pruebas, según lo exigen los ARTÍCULOS 202 Y 336 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL y que recalca el ARTÍCULO 338, sección cuarta, numeral 2) del mismo código (“.., justificando, según las reglas de la sana crítica, el valor que se haya dado a las practicadas en juicio...”), aparece EL PRINCIPIO DE RAZÓN SUFICIENTE, según el cual, en palabras del jurista argentino FERNANDO DE LA RUA (La Casación Penal), El razonamiento debe estar constituido por inferencias razonables deducidas de las pruebas y de la sucesión de conclusiones que en virtud de ellas se vayan determinando.- El tribunal debe estructurar sus conclusiones de las pruebas que obren en juicio y en la dirección en que estas apuntan, de tal forma que no puede establecer su convicción en un sentido distinto al que todas ellas refieren cierta circunstancia de hecho.- Es decir, el Juzgador debe reconstruir conceptualmente el hecho, de la forma en que le informan las pruebas y no en otra dirección, pues de hacerlo vulneraría la característica de lógica que debe reunir la motivación fáctica (del hecho), vulnerando a su vez el sistema de sana crítica racional que informa la valoración de la prueba.- Asimismo, en la valoración de la prueba (que forma parte de la fundamentación de la sentencia), el juzgador debe basarse en las normas de la experiencia común, que son en palabras del citado autor “nociones que corresponden al concepto de cultura común, aprehensibles espontáneamente por el intelecto como verdades indiscutibles”. De tal forma, que la sentencia que razona en contra de esas máximas contiene un vicio indudable en su motivación que será controlable en casación, puesto que, al ser del dominio de cualquiera, puede juzgar con más propiedad la información que le brinda la prueba y así poder representarse el acontecimiento histórico que pretende reconstruir. (Argumentos básicos de los recursos de casación invocados ante esta sala de lo penal).- En el caso que nos ocupa, iniciamos nuestra invocación del quebranto de forma en la sentencia recurrida, ya que consideramos que la conclusión a que arriban los Jueces de Sentencia de que BERNARDINO RODRIGUEZ MEJIA, es responsable del delito de: ABUSO DE AUTORIDAD, en perjuicio de la ADMINISTRACION PUBLICA, es producto de la inobservancia a las reglas de la sana crítica por parte de los jueces de sentencia, ya que al momento de valorar la prueba documental evacuada, no la pudieron apreciar, ni mucho menos analizarla en su conjunto.- El presente motivo de casación, como en efecto lo cita el ARTICULO: 360 DEL CODIGO PROCESAL PENAL, parte de un elemento indispensable: LOS HECHOS PROBADOS DE LA SENTENCIA.- Son esos hechos probados la base para la aplicación del derecho, puesto que como su nombre lo indica, son esos los acontecimientos que estructura el juzgador partiendo del análisis de pruebas y es a esas circunstancias probadas a las que hay que asignarles una norma jurídica para determinar la consecuencia de la sentencia que es la absolución o condena del imputado.- Por ello, para estimar si la norma sustantiva ha sido correctamente aplicada, debe necesariamente hacerse una obligatoria referencia a los hechos probados de la sentencia, para así estimar si éstos mantienen correspondencia con el fallo que se emita, producto de la relación que deben tener con la norma jurídica que la resolución les asigna.- Pero, además de ello, para verificar si la sentencia emitida por el Tribunal de instancia ha acertado en la selección de la norma penal de carácter sustantivo para proferir el fallo de absolución o condena, es necesario revisar la fundamentación jurídica de la sentencia (VER DERECHO PROCESAL PENAL DE HONDURAS. MANUAL TEÓRICO-PRÁCTICO. PÁG. 587 Y RECURSO DE CASACIÓN NO.--S.P.-218-2010), puesto que es en este apartado de la sentencia penal (como al efecto lo dispone el ARTICULO: 338 DEL CODIGO PROCESAL PENAL), donde se consignan, entre otros aspectos jurídicos, los fundamentos legales de la calificación de los hechos que se hubiesen tenido como probados.- Así las cosas, si la sentencia encierra en sí misma un solo pensamiento, el cual no puede ser fraccionado, ya que los elementos que lo componen se encuentran articulados, corresponde pues, al analizar la posible infracción de ley sustantiva como motivo de casación, revisar la argumentación jurídica de los Juzgadores, para comprobar qué fundamentos utilizó para la selección de la norma sobre la que ha ejercido esa calificación y determinar de ahí su correcta aplicación del derecho sustantivo o material.- En relación a la sentencia que hoy se revisa, partiendo inicialmente de la narración de acontecimientos consignados en los hechos probados, se observa, por un lado, la inadecuada y desacertada calificación de los mismos en el delito de: ABUSO DE AUTORIDAD, consignado en el ARTICULO: 349. 2) DEL CÓDIGO PENAL. Puesto que en la narración fáctica y Fundamentación Jurídica el Tribunal de Sentencia de Santa Bárbara expone lo siguiente “...En la cual valoro prueba incorporada indebidamente en la Audiencia preliminar de la defensa emitiendo un Sobreseimiento provisional a favor de: OSMAN ANTONIO MEZA Y ROGER ANTONIO CASTRO. revocando la medida cautelar de Prisión preventiva y ordenando su excarcelación, además de omitir la ampliación de la Acusación formulada por el Ministerio Público, así como la Resolución apelada en la que el Tribunal de alzada ordena al Juez BERNARDINO RODRIGUEZ MEJIA, emitir una resolución de conformidad a los parámetros establecidos en dicha resolución.- La Constitución de la República en su artículo 321 establece que: Los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la Ley.- Todo acto que ejecuten fuera de la Ley es nulo e implica responsabilidad, de lo que se infiere que ir más allá de lo preceptuado por la Ley, implica resolver al margen de la misma, lo que tiene como consecuencia que tal conducta sea subsumible en uno de los tipos penales de la legislación sustantiva”.- Si observamos el ARTÍCULO 302 DEL CODIGO PROCESAL PENAL, este señala entre otras cosas lo siguiente:…..” SI CON BASE EN LA FORMALIZACIÓN DE LA ACUSACIÓN POR EL FISCAL Y EL ACUSADOR PRIVADO Y EN LA CONTESTACIÓN DE CARGOS, EL JUEZ CONSIDERA QUE NO HAY FUNDAMENTOS RAZONABLES PARA EL DESARROLLO DEL JUICIO, PODRÁ DICTAR RESOLUCIÓN, QUE SERÁ APELABLE EN AMBOS EFECTOS, EN EL SENTIDO DE QUE NO PROCEDE LA APERTURA DEL MISMO Y SEGÚN EL CASO, PRONUNCIARÁ SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL O DEFINITIVO.- Las mayúsculas y las negritas son nuestras, así las cosas, mi Representado no podía en ningún momento salirse de ese marco jurídico, es decir, no podía en ningún caso dictar lo que ordenaba la Corte de Apelaciones Seccional de Santa Bárbara, en el sentido de ampliar el Requerimiento Fiscal por otros delitos, ya que estaría VULNERANDO EL DEBIDO PROCESO, DERECHO A LA DEFENSA DE LOS IMPUTADOS y en caso de hacerlo mi Representado, como quedaría la declaración DE IMPUTADO Y LA AUDIENCIA INICIAL de los mismos, además se probó en juicio, que a los imputados se les había presentado PREVIAMENTE A ESTA AUDIENCIA (PRELIMINAR) DOS REQUERIMIENTOS FISCALES, POR LOS MISMO DELITOS DEL CUAL ESTABAN SOLICITANDO LA AMPLIACIÓN, por lo cual no era necesario ampliar el mismo.- Nótese pues, que los miembros de la Corte de Apelaciones de ese momento, se extralimitaron en sus funciones al ordenarle al Juez, un acto ilícito y fuerza de ley, cometiendo ellos delito y violando además el PRINCIPIO DE INDEPENDENCIA DE UN JUEZ, al ordenarle al Juez que realice un acto Judicial que no está enmarcada en la Ley primaria y demás leyes, específicamente en el artículo líneas arriba mencionado y conociendo que una de las características esenciales de: LA INDEPENDENCIA DEL JUEZ no es más, pero tampoco menos, que la libertad para el enjuiciamiento, teniendo como único referente el sometimiento a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico.- Sabiendo además, que La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la Ley”. De lo anterior se desprende que este delito, puede configurarse por acción o por omisión.- O sea, pues, que debe darse un comportamiento en el que claramente aparezca alguna de las hipótesis, antes expuestas, es decir, que el sujeto activo dicte o ejecute cualquiera de las acciones señaladas, que sean contrarias a la constitución o a las leyes o se abstenga de cumplir lo dispuesto en cualquiera de los dos ordenamientos, estando obligado a ello..- Es importante señalar que si hasta ahí se llegara en el análisis para determinar si se ha cometido delito en mención estarían cometiendo ilícitos penales con suma frecuencia. Ejemplos: El Juez que no dicte auto de prisión o sobreseimiento inmediatamente después de la audiencia inicial; el Fiscal que no solicita el sobreseimiento el día y hora para la celebración de la Audiencia Preliminar, Los Magistrados de segunda instancia que confirman un auto de prisión y después la Corte Suprema de Justicia, lo considera violatorio del precepto constitucional y otorga amparo; Los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia que retengan un expediente arrastrado Ad-efectum videndi por más de setenta y dos horas; el policía que no le haga saber a un detenido sus derechos; en fin, los ejemplos serían incontables y las cárceles serían insuficiente para colocar a tanto funcionario o empleado “Abusivo”.- Ahora bien, eso no podría suceder porque el tipo no se ha completado, puesto que la tipicidad no se agota con la presencia de los elementos señalados, es decir, que no basta que se produzcan hechos que se puedan subsumir en la previsión legal. ¿Qué es lo que falta? El tipo subjetivo, es decir que se establezca que sé actuó CON DOLO o sea, hablando del ABUSO DE AUTORIDAD con conocimiento del ámbito de correcto desempeño de las funciones y voluntad de no someterse al mismo.- DE CULPA, no cabe hablar porque no existe la figura culposa de este delito.- Puede un funcionario Judicial dictar una resolución que pudiera considerarse contraria a la Constitución, pero si no aparece que haya actuado CON DOLO, no cometería delito, por muy contraria que sea una resolución a la constitución o las leyes, si no HAY DOLO, estaríamos frente a una conducta atípica y por lo tanto, no es punible.- Pero, además, vale la pena aclarar cuando una acción es contraria a la Constitución o las Leyes, desde el punto de vista material para que haya ANTIJURIDICIDAD es necesario que se produzca lesión del bien jurídico protegido.- Con relación al delito de ABUSO DE AUTORIDAD, ¿Cuál es ese bien jurídico? Muy sencillo, la administración Judicial pública, vale decir el correcto funcionamiento de la administración. Pero es necesario aclarar que con el delito que nos ocupa no se trata de proteger el correcto funcionamiento de la administración por sí sola, dado que esta no es un fin en sí mismo, sino que un medio para lograr eficientemente el objetivo fundamental de la administración: La prestación de servicios Judiciales, dicho de otra forma tener acceso y peticionar ante los órganos Jurisdiccionales de la República y tener tutela efectiva judicial de sus derechos e intereses legítimos.- Es así que hablando de antijuridicidad material no basta con la lesión del bien jurídico “buen funcionamiento de la Administración Judicial (VER RECURSO DE CASACION PENAL S.P. No.-276-2008), sino que como consecuencia de ello, para que haya delito, debe haber lesión materialmente determinable a otro bien jurídico; por ejemplo, con una conducta muy evidentemente abusiva se lesiona la propiedad de un ciudadano.- Es interesante hacer un argumento semántico: si hablamos de ABUSO DE AUTORIDAD, hay que entender, es lo lógico, que ese abuso se da de parte de la autoridad con relación a los ciudadanos; no se puede aceptar un abuso de autoridad en abstracto, sin sujeto pasivo; suena absurdo oír, por ejemplo: tal autoridad abusó, hasta ahí, sin decir en perjuicio de quien y no puede ser en perjuicio de la administración pública como se acostumbraba a decir, pues esta es el bien jurídico y no puede ser el sujeto pasivo.- La lesión (desvalor de resultado) debe responder o poseer identidad o conexión con la acción ejecutada (desvalor de acción). La relación debe ser tal, que nos permita afirmar que ese desvalor de resultado es consecuencia del desvalor de (a acción (doctrina dualista del injusto), ya que en caso de considerar el desvalor de acción aisladamente, nos reconduce a la aplicación de un derecho penal de autor, no concordante con los sistemas penales denominados democráticos...”.- El análisis del maestro Palacios Mejía, nos permite recordar la necesidad de acreditar EL DOLO Y LA LESIÓN MATERIAL DE OTRO BIEN JURÍDICO CONCRETO Y DISTINTO A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, para afirmar el delito de ABUSO DE AUTORIDAD, lo que no es posible, con relación AL DOLO por el conjunto de razonamientos ya expuestos en el presente Recurso y respecto a la lesión de un bien jurídico concreto, tampoco se puede apreciar, en tanto que el Sobreseimiento Provisional dictado por mi Representado a favor de dos Imputados, no redundó en perjuicio, al contrario salió en beneficio para poder evitar una futura demanda en contra del Estado de Honduras, porque al quedar libres los imputados de ese entonces, uno fue sobreseído por el Tribunal de Sentencia de Santa Bárbara y el otro por la Corte Suprema de Justicia, después de estar por más de dos años encarcelados y privados de sus bienes entre otras cosas, le causo perjuicio tanto en el aspecto personal, emocional y económicamente, lo que nunca fue objeto de cuestionamiento, pero injustamente hablando en abstracto, es decir, en términos generales, se hace ver un supuesto perjuicio a la Administración Pública, que no fue, ni puede ser determinado conforme a las exigencias de la ciencia jurídico penal para efectos de afirmar la antijuridicidad material del tipo de abuso de autoridad, en los términos que lo exige el ARTÍCULO 2.C) DEL CÓDIGO PENAL, que regula el principio de Lesividad (Nulla necesitas sine injuria), mismo que implica que si una conducta no produce la lesión de un bien jurídico o lo pone en peligro efectivo, si no perjudica a un tercero, no cubre la exigencia del principio de necesidad y por ende la conducta no es punible, en el caso examinado no hay prueba específica alguna que en forma concreta acredite el supuesto perjuicio a la Administración Pública, que en forma abstracta el Tribunal sentenciador entiende que se produjo.- Por consiguiente, ante la ausencia DEL DOLO Y LESIVIDAD, no cabe más que absolver, en los términos que se ha dejado demostrado.- (VER RECURSO DE CASACION PENAL S.P. No.-276-2008) El Código Procesal Penal en su cuarta parte numeral uno dispone: “DECLARACION DE HECHOS PROBADOS.- En párrafos enumerados y separados, se hará declaración expresa y terminante de los hechos que se consideran probados, descritos con claridad, precisión y coherencia, sin emplear conceptos que, por su exclusivo carácter jurídico, predeterminen el fallo que haya de dictarse”.- Por su parte el HECHO PROBADO SEGUNDO de la sentencia impugnada textualmente dice: “Mediante auto motivado de fecha catorce del Mes de Marzo del mismo año, BERNARDINO RODRIGUEZ MEJIA, en su condición de Juez Titular de Letras del Juzgado Tercero de Letras Departamental de esta sección Judicial, como consecuencia de la valoración de la prueba aportada por la defensa en la Audiencia Preliminar, emite sobreseimiento provisional a favor de dichos imputados por el delito de Lavado de activos, revocando la medida cautelar de Prisión preventiva y ordeno su excarcelación, sin tomar en cuenta la ampliación de la acusación por otros delitos que en esta audiencia presento el Ministerio Publico.- Como se puede apreciar el Tribunal declara probado que:”... Revocando la medida cautelar de Prisión preventiva y ordeno su excarcelación, sin tomar en cuenta la ampliación de la acusación por otros delitos que en esta audiencia presento el Ministerio Publico”, lo cual implica utilización de términos que no son precisos ni terminantes en la manera que lo exige el ARTICULO: 338 DEL C.P.P. y lo que consecuentemente se traduce, en un grave vicio de forma que afecta el contenido de la sentencia ahora objetada, precisamente porque los hecho probados son la columna vertebral de la sentencia penal., de su adecuada concepción depende la correcta aplicación del derecho sustantivo al caso concreto, pues una incorrecta determinación del cuadro fáctico repercute en una incorrecta aplicación del derecho objetivo (VER RECURSO DE CASACION PENAL S.P. No.-276-2008), en virtud de que es una mera especulación muy distante de ser terminante y precisa y así lo ha reconocido de este alto Tribunal de Justicia, en sentencia de casación 192-94, al afirmar: “Que la declaración de hechos probados es la piedra angular de la sentencia en materia penal y debe ser clara y terminante, de manera tal que el juzgador pueda, después, subsumir esos hechos en determinadas normas; y así el fallo sea un solo todo en el que aspectos fácticos y fundamentos jurídicos se conjuguen para constituir la base sustanciación de la parte resolutiva...”.- El vicio denunciado le ocasiona agravio a mi defendido, en tanto que la forma y contenido de la sentencia son una garantía para determinar las razones por las que se le condena al delito imputado, en ese contexto, al no ser la misma en el hecho probado relacionado, precisa y terminante, distorsiona la base de la fundamentación de la sentencia y ello repercute indefectiblemente en la aplicación del derecho penal sustantivo que se invocó para la condena.- Así las cosas, es procedente que el alto Tribunal restablezca el orden jurídico procesal quebrantado, otorgado el presente motivo, a efecto de que se corrija con arreglo a derecho el vicio denunciado por el Tribunal de instancia. Además, Si observamos EL ARTÍCULO CUATRO (4) DEL CÓDIGO PROCESAL señala que es un Principio de Contradicción. Salvo que el presente Código señale otro procedimiento, el juicio será oral y público y en él regirá el principio de contradicción. Tanto el imputado como su Defensor, TENDRÁN DERECHO A PRESENTAR LOS ELEMENTOS PROBATORIOS DE QUE DISPONGAN EN CUALQUIER ETAPA DEL PROCESO, INCLUSO DURANTE LA INVESTIGACIÓN PRELIMINAR. Las negritas y las Mayúsculas son nuestras, en este último caso lo harán ante el Fiscal a cuyo cargo se encuentre la investigación.- Es importante aclarar que en esta Audiencia Preliminar solo caben tres cosas que el Juez puede dictar y son: AUTO DE APERTURA A JUICIO ORAL Y PUBLICO, DICTAR SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL O DEFINITIVO, del cual nuestro Representando acertadamente dicto en el caso del cual se le acusa un SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL, a favor de los imputados, de los cuales los dos se encuentra en libertad, al dictarse al mismo que no se le encontraban méritos suficientes para continuar con su proceso y fue ese mismo Tribunal de Sentencia y el ente acusador quienes estuvieron de acuerdo con dicha resolución. Por lo tanto, se le atribuye a este momento una sola connotación jurídica: el delito de: ABUSO DE AUTORIDAD, dejando de observar que con la decisión definitiva adoptada por el imputado al resolver en forma apropiada dictar un SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL a favor de los imputados, para que el ente acusador, tuviera más tiempo de poder investigar el caso y que los procesados no quedaran impune de los delitos de los cuales eran acusados, tal y como así sucedió y en ningún momento atentó mi Patrocinado contra la sana administración de justicia, al contrario aplico correctamente la Ley al emitir el fallo antes señalado.- De la propia narración de los hechos probados, se aprecia que no existió comisión del delito de ABUSO DE AUTORIDAD, bajo ninguna hipótesis jurídica apreciada por la sentencia, por lo tanto, resultaba imposible jurídicamente esa admisión a dicho delito mencionado y posterior tramitación de la misma. (Recurso de Casación No.S.P.218-2010).- En tal sentido éste razonamiento judicial, es atentatorio contra la regla de la lógica, la sana critica, razonamiento humano, contemplada la lógica como una regla de la sana critica que se subsume como vicio de la sentencia cuando esa regla es inobservada por los Jueces de Sentencia al momento de pronunciar su fallo judicial, tal como a continuación lo demostrare: VIOLACIÓN A LA REGLA DE LA SANA CRÍTICA. Al comenzar a darle demostración a nuestra invocación del Motivo de Casación por Quebranto de forma, diré, como bien se sabe, de la Regla de la Sana critica que corresponde a la razón suficiente, que se sustenta en la fórmula UNA COSA DEBE EXISTIR POR RAZÓN SUFICIENTE DE EXISTENCIA EN SI MISMO, POR EJEMPLO…… Para QUE UNA ENTIDAD EXISTE X, SI X EXISTE. ENTONCES HAY UNA EXPLICACIÓN SUFICIENTE DE POR QUÉ “X EXISTE”; es decir una cosa o sujeto, en atención a una misma situación o relación, visto de una manera más simple para que se pueda afirmar que algo existe es porque realmente acontecía y existe otro evento que así lo afirme, refiriéndose a la misma cosa o sujeto, bajo la misma situación o la misma relación; porque al afirmarse y negarse lo mismo de la misma cosa o sujeto o ya sea la afirmación o ya sea la negación debe ser falsa.- Este principio nos lleva al entendimiento, de lógica formal, de que el juicio en contra de mi Patrocinado no se debió llevar a cabo; porque la cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, da lugar por el ejemplo cuando, en un fallo judicial los Jueces de Sentencia, por un lado, afirman algo en sus aseveraciones, sin embargo NO LO JUSTIFICAN SUFICIENTEMENTE, por lo tanto no pueden concluir que son creíbles u suficientes.- Entonces, no se puede atribuir una cualidad y negarse al mismo tiempo. En el caso que nos ocupa, de la simple, lectura de la VALORACIÓN DE LA PRUEBA que hace el Tribunal de Sentencia de Santa Bárbara, se observa sin dificultad alguna, que acontece el vicio denunciado, ya que por ejemplo, entre otras cosas LOS JUECES DE SENTENCIA REFIEREN O DAN ENTENDER, que el Señor BERNARDINO RODRIGUEZ MEJIA, debió en AUDIENCIA PRELIMINAR ampliar el Requerimiento Fiscal en contra de los imputados antes mencionado, cuando si se hubiera realizado dicho acto Judicial se le vulnerarían dos elementos: UNO: EL DEBIDO PROCESO y DOS: DERECHO A LA DEFENSA, por lo cual estos datos no resultan confiables y coherentes con los documentos aportados en el juicio, y con el orden cronológico de los hechos de acuerdo a la acusación por el delito de ABUSO DE AUTORIDAD. RESULTANDO INSUFICIENTE LA VALORACION PROBATORIA De dichos medios de prueba, que pueda transmitir cual ha sido ese enlace técnico jurídico e infectivo de parte del Tribunal de Sentencia en cuanto a las formalidades que exige las sentencias u pronunciamientos definitivos de parte del mismo. Este recurrente es del criterio, que si el legislador ha establecido el ARTÍCULO 338 DEL CÓDIGO PENAL que: “...,2) Valoración de la Prueba. Seguidamente, se expresaran las pruebas tenidas en cuenta para declarar probados esos hechos, justificando, según las reglas de la sana crítica, el valor que se haya dado a las practicadas en juicio y, en su caso, el razonamiento utilizado para obtener conclusiones por presunción a partir de indicios, igualmente declarados probados (Lo recalcado es mío); se colige que lo ha hecho para que dentro del PRINCIPIO DE LEGALIDAD Y DE TUTELA JUDICIAL EFECTIVA, los Jueces y Magistrados contengan en esa declaración, enunciado, valoración o justificación los razonamientos que han utilizado para darle valor a esas pruebas evacuadas en el juicio oral y público; pero además de esa cualidad, debe ese razonamiento poseer como atributo indispensable que esa declaración, enunciado, valoración o justificación que lo contenga, no sea contradictorio en sus términos, es decir, que no anteponga proposiciones negativas y afirmativas imposibles de conciliar en razón, como ya se dijo, de no poder ser verdaderas y falsas a un mismo tiempo, de igual manera NO SEAN INSUFICIENTES al momento de emitir su fallo- El Tribunal de Sentencia incurre en mismo yerro al momento de valorar el ACERBO PROBATORIO consistente en la prueba documental AL REFERIR LO SIGUIENTE: Estos Juzgadores estimamos que los medios de prueba documentales antes descrita acreditan…” no logran desvirtuar los cargos imputados contra BERNARDINO RODRIGUEZ MEJIA y esto es así porque se han logrado constituir unos hechos que han sido declarados probados de conformidad con la prueba de cargo, en las que se establece la responsabilidad penal del acusado BERNARDINO RODRÍGUEZ MEJÍA, por el delito por el que fue acusado. Si vemos con detenimiento esta deposiciones claramente el tribunal se ahorra el tiempo para hacer un estudio de la prueba y verificar y analizar si la prueba allegada probaba en primera instancia la existencia del hecho supuestamente controvertido.- Esta aseveración no puede considerarse una motivación jurídica ni mucho menos fáctica en vista del contenido mismo de dicho fallo.- Es una OBLIGACION plasmar LA SUFICIENCIA DE LOS HECHOS en su valoración, lo que realmente el Tribunal de Sentencias no hizo en forma, debiéndose decretar este recurso ha lugar ante tal injusto fallo.- El Tribunal de Sentencia emite una sentencia con una ausencia total del principio de la sana critica, NO EXISTE MOTIVACION y la que esta resulta insuficiente para dictar la misma en vista que el acervo probatorio establece totalmente lo contrario a lo que el tribunal expresa en su sentencia y por la cual trata de enervar el estado de inocencia de mi representado.- Sin embargo mi representado al momento de emitir su resolución de: SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL, lo hace precisamente, porque pudo advertir que no existían indicios mínimos para sustentar un Requerimiento Fiscal, es decir, lo hace responsablemente para que no se vulneren garantías constitucionales y por los motivos espurios que mantuvo la fiscalía, con los otros imputados quienes al final de juicio y tal como se acredito quedaron el libertad con la vía libre de poder demandar al Estado de Honduras, por el simple hecho de no ser OBJETIVOS en su apreciaciones, se vuelve surrealista que un fiscal. Cuando no se le dicta lo que solicita en fragante violación a la Ley, acuse a un juez, en este caso a mi representado cuando la prueba que se le hace llegar no arroje el indicio suficiente y este al no cumplir con una política de Estado deba ser acusado y lo más grave aún condenarlo por un delito que jamás existió causándole perjuicios inmensurables a sus derechos. Resolución que debe enmendarse con la premura de estilo por los derechos y garantías que mi representado tiene. De lo anterior y para acreditar la Jurisprudencia que esta Sala de lo Penal ha establecido en la vida jurídica de los hondureños, cuando acontece el vicio a la regla de la sana critica de la lógica, me permito citar en base lo establecido en el ARTÍCULO 19 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL, la siguiente sentencia de casación emitida: “... El impetrante tiene razón, ya que el juicio de culpabilidad o de inocencia que emite el juez de mérito, debe tener una estructura de pensamiento que controle a través de las leyes de la lógica, es decir la sentencia como un silogismo está compuesta de dos premisas o bases y una conclusión, la premisa mayor es el hecho, la premisa menor es el derecho que se aplica a ese hecho y una conclusión a que se llega.- como tal debe tener una estructura de pensamiento; en el (Sentencia de fecha doce de febrero de dos mil ocho, recaída en el Recurso de Casación número 04-129=07) (Lo resaltado es nuestro). “... ESTA SALA DE LO PENAL, estima que en el presente caso el Juzgador de instancia, ha vertido razones insuficientes e inconsistentes para no otorgar valor probatorio y credibilidad a la prueba documental en mención...” (Sentencia de fecha quince de abril del año dos mil ocho, recaída en el Recurso de Casación Penal registrado bajo el No. 15-07). “...3. Como lo hemos dicho en otras ocasiones, el Código Procesal Penal hondureño establece el principio de libre valoración de la prueba según lo establecen los ARTÍCULOS 202 Y 336 DE DICHO TEXTO LEGAL.- EL PRIMERO de estos preceptos señala que LAS PRUEBAS SERÁN VALORADAS CON ARREGLO A LA SANA CRÍTICA y que el órgano Jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida.- EL SEGUNDO, establece que el Tribunal, para resolver el caso, sólo tendrá en cuenta las pruebas que se hayan ejecutado durante el debate, las que serán apreciadas en su conjunto y de acuerdo con las reglas de la sana crítica.- Pues bien, EL SISTEMA DE LIBRE VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS por parte de los órganos jurisdiccionales requiere de un control efectivo a las facultades otorgadas a estos, mismo que es incorporado por la misma ley para evitar la arbitrariedad de las resoluciones judiciales.- De esta manera el ARTÍCULO 338 NUMERAL 3) DEL MISMO TEXTO, obliga a los Jueces y Tribunales a expresar de manera razonada y razonable el valor otorgado a cada una de las pruebas que han servido para declarar los hechos probados de un fallo.- El texto en cuestión señala lo siguiente: “Valoración de la prueba. Seguidamente, se expresarán las pruebas tenidas en cuenta para declarar probados esos hechos, justificando, según las reglas de la sana crítica, el valor que se haya dado a las practicadas en juicio y, en su caso, el razonamiento utilizado para obtener conclusiones por presunción a partir de indicios, igualmente declarados probados”.- Como ya hemos dicho anteriormente, los jueces y tribunales gozan de la libertad para encontrar la verdad mediante cualquier medio de prueba legalmente practicado en el juicio, haciendo una valoración razonada y razonable. Pero esta valoración no puede estar divorciada de reglas básicas. El Código Procesal Penal señala que los jueces se encuentran limitados en la valoración con la sana crítica, y ello para evitar la arbitrariedad de las resoluciones judiciales. LA LIBRE VALORACIÓN DE LA PRUEBA no significa que el órgano jurisdiccional pueda hacer una valoración arbitraria, ilógica, irracional o irrazonable, por el contrario, debe hacer su juicio histórico fundándose en la razón, las pautas normales del comportamiento humano y el manejo de las máximas de la experiencia...” (Sentencia de fecha quince de diciembre de dos mil cinco, recaída en el recurso de Casación No. 2474=2004).”. Fundamentación Jurídica. Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. El proceso penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez, debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio (artículo 90 de la Constitución de la República). Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso (artículo 9 del Código Procesal Penal). Si no se cumple con los requisitos establecidos en la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos y, por el contrario, se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando: a. No se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo); b. Se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo); o, c. Se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal. La inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción (vicio in procedendo) y que debe ser objeto de saneamiento cuando proceda (artículo 171 del Código Procesal Penal), de subsanación cuando concurran sus presupuestos (artículo 170 del Código Procesal Penal), o, en su caso y como remedio último, de nulidad (artículo 165 del Código Procesal Penal). El recurso de casación por quebrantamiento de las formas procesales tiene la tarea de comprobar la denuncia hecha por algunas de las partes de una actividad procesal defectuosa que compromete la decisión final, dada en los actos procesales de la etapa de juicio o en la propia sentencia que le contiene y que tiene como sanción prevista por la ley su nulidad ante la imposibilidad de saneamiento o de subsanación, ergo no basta entonces con la presencia de un vicio, sino que se requerirá, además: 1. Que el recurrente haya presentado protesta contra el vicio, en el momento procesal oportuno, procurando sanearlo sin éxito (artículo 363 párrafo tercero de CPP); 2. Que el vicio tampoco sea posible tenerlo por subsanado; 3. Que el vicio sea de aquellos que tenga como sanción legal la nulidad de la actividad que lo contiene (artículo 362 del CPP), planteados como motivos para recurrir. Los dos primeros requisitos no serán necesarios cuando el defecto se produzca en la sentencia, pues la única forma de protesta sería el mismo recurso de casación. Además de los requisitos señalados, el recurrente debe tener presente que la instancia impugnativa en casación está munida de importantes recaudos formales determinados por la ley que deben cumplirse en su interposición (artículo 363 párrafo tercero del CPP) y que pueden ser de diferente naturaleza en atención al defecto procesal denunciado (artículo 362 CPP); ello se debe a que se trata de un recurso extraordinario, que tiene como fin auditar la legalidad de la sentencia y por ende de una gran exigencia técnica. Es de esta forma que con la individualización del motivo se dan las siguientes consecuencias: a. La competencia de la Sala de lo Penal queda circunscrita a los aspectos objetos de impugnación (artículo 350 del CPP); b. Es inaplicable el principio Iura Novit Curia, al no poderse suplir las omisiones del recurrente; y, Es posible la concesión parcial del recurso, cuando la razón solo aparezca en parte de lo alegado en el motivo. Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma interpuesto por el Abogado Noel Antonio Mendoza, defensor privado del acusado Bernardino Rodríguez Mejía. Único motivo. Normas autorizantes citadas: artículo 362 numeral 3 del CPP. Normas procesales que se denuncian infringidas: artículos 202, 336 y 338 del CPP. Concepto de la infracción: no observar las reglas de la sana crítica en vista que las motivaciones fácticas y jurídicas resultan insuficientes. Acciones de saneamiento: no determinado por el recurrente Pretensión: casar la sentencia recurrida. El censor del fallo denuncia que, en la sentencia recurrida, la conclusión a que arriban los jueces, de que Bernardino Rodríguez Mejía es responsable del delito de abuso de autoridad, en perjuicio de la Administración Pública, es producto de la inobservancia a las reglas de la sana crítica, ya que, al momento de valorar la prueba evacuada, no la pudieron apreciar ni valorar en su conjunto. Asimismo, arguye que, partiendo de la narración de los hechos probados, se observa la inadecuada y desacertada calificación de los mismos en el delito de abuso de autoridad, relaciona la fundamentación jurídica del fallo y aduce que el acusado no podía salirse del marco jurídico, no podía dictar lo que ordenaba la Corte de Apelaciones Seccional de Santa Bárbara porque era contrario a lo establecido en la Constitución de la República; además, no existe dolo, no se acredita el tipo penal subjetivo, no hay antijuricidad, no se produce lesión al bien jurídico. También considera que los hechos probados de la sentencia no son precisos ni son terminantes, lo que consecuentemente se traduce en un grave vicio de forma que afecta la sentencia impugnada, así como que al ver con detenimiento las disposiciones valorativas, el tribunal ahorra tiempo para hacer un estudio de la prueba y verificar la existencia del hecho supuestamente controvertido, el tribunal dicta una sentencia con ausencia total de la sana crítica, no existe motivación, y la que existe, es insuficiente en virtud que lo que el tribunal expresa en su sentencia, es contrario a la prueba. De la debida técnica recursiva El Código Procesal Penal prevé que en contra de las resoluciones definitivas dictadas por los Tribunales de Sentencia procede interponer recurso de casación, cuyo objeto por una parte es velar por el respeto del principio de legalidad, con la correcta aplicación de normas constitucionales, normas penal sustantivas y normas procesales y, por otra parte, la unificación de los criterios legales en el sistema jurisdiccional del Estado mediante la definición de la doctrina legal. Importante es recordar que conforme a las normas del Código Procesal Penal se ha eliminado lo que antes era la fase de admisión del recurso, que consistía en un examen preliminar que se hacía de éste a efecto de resolver si era admitido o no para su estudio de fondo; tal cambio obedece al cumplimiento del artículo 25.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, el cual establece que: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales…”; para lo cual los Estados partes se han comprometido: “a) Garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) Desarrollar las posibilidades de recurso judicial; y c) Garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.”. Ahora bien, tal disposición convencional no exime al pretensor a cumplir con los requisitos legales establecidos en aras de que el Tribunal de Casación pueda dar una respuesta pertinente, propia y útil al conflicto jurídico que se plantea, siendo éstos los siguientes: 1. Legitimidad objetiva: existencia de un derecho impugnatorio, para lo cual se requerirá que la ley procesal determine que la resolución puede ser impugnada vía recurso de casación; 2. Legitimidad subjetiva: que el recurrente esté legitimado a impugnar la resolución por causarle agravio lo resuelto por el revés (total o parcial) al interés jurídico en conflicto como consecuencia de una infracción a la ley; y 3. Satisfacción de requisitos de interposición: El recurrente deberá observar los requisitos de lugar, tiempo, modo y forma al interponer el recurso, pues éste sigue siendo un acto procesal sujeto a la observancia del debido proceso y respeto a los derechos fundamentales de todas las partes contendoras. De la Rúa (Fernando de la Rúa, en La Casación Penal, Editorial Depalma, Buenos Aires, Argentina, 1994, pág. 217), explica que el recurso de casación es un acto procesal complejo, integrado por dos elementos esenciales: la expresión de la voluntad de impugnar; y la fundamentación de la impugnación; añade el autor que ambos elementos deben de confluir al mismo acto y en el mismo momento, el cual es en la presentación del escrito de interposición. Una vez presentado el recurso de casación, corresponde al Tribunal de Sentencia hacer estudio sobre la existencia de la legitimidad objetiva y subjetiva, además de la observancia de las condiciones de lugar, tiempo y modo, restando solo a la Sala de lo Penal revisar la satisfacción del requisito de forma de interposición, mismo que se realiza al tiempo en que se resuelve el recurso, siendo éste el aspecto que analizaremos con detenimiento. El recurso de casación es la manifestación expresa de una de las partes de no encontrarse conforme con lo resuelto por el Tribunal de Sentencia por contener un vicio (de fondo o de forma), que debe ser corregido, siendo esto su pretensión; el recurrente debe necesariamente individualizar la resolución que contiene el o los vicios, su deseo de impugnarla mediante el recurso de casación y el tipo de recurso que se interpone. Además, el recurso de casación debe estar debidamente motivado con la identificación, explicación y demostración del vicio: 1. Identificación del vicio/motivo/recurso: Al momento de la interposición de un recurso de casación, el pretensor deberá señalar en primer término el tipo de recurso de casación, seguidamente el motivo en que lo fundamentó y luego el vicio que denuncia, sin embargo, el proceso de construcción del recurso por parte del recurrente es en el sentido inverso: identificación del vicio, encuadramiento del motivo y finalmente tipo de recurso de casación. Ante una resolución definitiva emitida por el Tribunal de Sentencia, el pretensor deberá identificar si existe vicio que justifique la impugnación de aquello resuelto que le causa agravio; el vicio es el defecto de ley concreto o material que contiene la resolución y cuya corrección es la que persigue mediante el recurso; hecho esto el pretensor deberá encuadrar el vicio en uno de los motivos previstos en la ley como aquellos autorizados para presentar impugnación; los motivos son enunciados abstractos de posibles vicios que puede contener la resolución, previsto por la ley procesal, operando éstos bajo el sistema de numerus clausus, por tanto, no es posible alegar vicios cuyos motivos no estén taxativamente señalados, salvo en el caso del recurso de casación por infracción de precepto constitucional, el cual opera bajo el sistema de numerus apertus, siempre que se alegue un vicio relacionado material o formalmente con la decisión adoptada por el a quo. La identificación del motivo de casación lleva al pretensor a derivar el tipo de recurso de casación a interponer; la ley procesal prevé tres tipos de recursos de casación: recurso de casación por infracción de ley, cuyo objeto es la denuncia de vicios in iudicando; recurso de casación por quebrantamiento de forma, mediante el cual se denuncian vicios in procedendo; y, recurso de casación por infracción de precepto constitucional, mediante el cual se pueden denunciar vicios in iudicando o in procedendo, contenidos en las normas fundamentales. El proceso de identificación se cumple cuando el pretensor señala: el tipo de recurso de casación; la norma autorizante del recurso que identifica el motivo mediante el cual se denunciara el vicio; el motivo debe ser de aquellos previstos a ser planteados por el tipo de recurso elegido; norma o doctrina legal infringida, cuya indebida aplicación o inobservancia provoca la existencia del motivo; concepto de la infracción, que es el enunciado sobre el vicio concreto observado, que debe ser consecuente con el motivo elegido; y la aplicación pretendida, la cual consiste en la aplicación o interpretación que se pretende de la norma o doctrina legal infringida o mal aplicada. 2. Explicación del vicio: Es ineludible para el recurrente su deber de explicar en qué consiste el vicio que produce la resolución que se impugna, y como éste se subsume en uno de los motivos previstos en la ley. La explicación debe ser clara y precisa: la claridad radica en la exposición del vicio de manera individualizada y separada, descomponiendo sistemáticamente todas sus aristas hasta desentrañar sus aspectos más básicos; la precisión implica la no mutación del alegato a aspectos ajenos al vicio que se ha identificado. La ley procesal exige en el artículo 363 del CPP que cada motivo debe ser planteado de manera separada, ello se justifica por la necesidad de individualizar de manera concreta y precisa cada agravio, por lo que su inobservancia meya en la efectividad del recurso. Recordemos que el artículo 350 del CPP prohíbe al órgano jurisdiccional que resuelve un recurso pronunciarse sobre aspectos distintos a los que se hayan planteado dentro de la impugnación y para ello entonces se requiere que dicha impugnación sea clara en cuanto al vicio, pues la falta de claridad pone en riesgo al Tribunal de Casación hacer pronunciamiento de algo distinto de lo que realmente se está impugnando, siendo entonces lo consecuente declarar sin lugar el motivo, cuando la falta de claridad sea absoluta. 3. Demostración del vicio: El recurrente, aun y cuando haya identificado el vicio, explicado en qué consiste el mismo, no verá prosperar su recurso si no demuestra su existencia; ello solo se puede hacer cuando se hace la debida confrontación entre el aspecto contenido en la sentencia o resolución impugnada y la norma sustantiva o procesal que revela la contrariedad y la explicación de la aplicación que debió hacerse de dicha norma y que es la pretensión que se persigue con el recurso, es decir, como considera el recurrente que debió haber sido aplicada la norma o por qué no debió haber sido aplicada. El vicio debe ser relevante, debe superar los aspectos meramente formales pasando a ser un aspecto material que interfiere en la legalidad de la resolución y que justifica la impugnación. Por lo anterior, el Tribunal de Casación no podría dar respuesta a un recurso cuando éste fuese presentado en grado tan confuso que no sea posible, aun con un gran esfuerzo, deducir cual es el sentido del reclamo que realiza el censor, pues ello podría acarrear violación del artículo 350 del Código Procesal Penal, tal y como se ha explicado ut supra. (Sentencias de Sala de lo Penal del 29 de abril de 2014 en el expediente SP 348-2011; del 27 de mayo 2014 en expediente 057-2012; del 04 de febrero de 2014 en el expediente 439-2011, del 23 de octubre de 2013 en expediente 172-2011; del 17 de septiembre de 2013 en el expediente SP 228-2011). DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO. El recurso no es de recibo. Debe tenerse presente que la sentencia se construye a partir de múltiples silogismos encadenados que constituyen el razonamiento judicial y que cada silogismo debe tener la cualidad de ser categórico, compuestos por premisas de las que se deriva una conclusión, teniendo precisamente a aquellas premisas como la razón suficiente para derivar la conclusión; por ende, el recurrente que alega la violación del principio de derivación como motivo, asume un alto compromiso que implica la tarea de identificar el silogismo que considera indebidamente construido, determinar la fuente de la premisa mayor, de la premisa menor, y luego, lo más importante, demostrar que la inferencia realizada es incorrecta y que por ello la conclusión que se dice necesaria en realidad no lo es; tarea que no termina allí, pues además debe explicar porque tal conclusión malograda es relevante para la decisión final y por ello dicha decisión fue indebidamente adoptada. Hoy por hoy el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma planteando como motivo la violación del principio lógico de derivación ocupa un gran de porcentaje de los recursos que resuelve esta Sala de lo Penal; desafortunadamente, no en pocos casos, el recurrente acude a tal alegato como una forma de disfrazar la verdadera pretensión de reexamen o revalorización (revisio de facto) de la actividad probatoria como medio de atacar el juicio valorativo hecho por el tribunal de sentencia, pretendiendo así que los jueces de casación, sin contar con inmediación (entre otros principios faltantes), valoren un medio de prueba determinado, extraigan conclusiones probatorias y luego las compare con aquellas a las que arribó el a quo, decidiendo finalmente si lo hecho por los jueces de la instancia está bien o mal a depender si coincide con la valoración de la prueba hecha en única instancia, todo ello impropio en sede casacional. No existe una previa determinación de pruebas, por lo que éste debe ser asignado por el juzgador de la instancia haciendo mano de las reglas de la sana critica, evaluándolas y determinando el grado de convencimiento que le genera cada una de ellas y en su conjunto en relación a la imputación, lo que constituye un proceso directo de los jueces de instancia y ajeno a los jueces de casación. Por ello, el recurso de casación no provoca un nuevo examen probatorio de los medios que fundan la decisión judicial impugnada; la casación no es una segunda instancia, sino una única instancia encargada de revisar la mera legalidad de la decisión judicial, quedando fuera de tal esfera de competencia la revaloración de la prueba; las partes en la interposición del recurso no pueden pretender que esta Sala de lo Penal declare el acierto o desacierto del Tribunal de Sentencia sobre sus criterios valorativos, pues ello sería rebasar las potestades legales conferidas por la ley a los jueces de casación. En el caso actual y concreto, el recurrente acude a varios tipos de recursos y varios tipos de motivos para sustentar la explicación del vicio, para el caso, alega que, en la sentencia recurrida, la conclusión a que arriban los jueces, de que Bernardino Rodríguez Mejía es responsable del delito de abuso de autoridad, en perjuicio de la Administración Pública, es producto de la inobservancia a las reglas de la sana crítica, ya que, al momento de valorar la prueba evacuada no la pudieron apreciar ni valorar en su conjunto. No tiene duda la Sala de lo Penal que el recurrente presenta queja sobre la valoración, no porque identifique un defecto de construcción en un silogismo judicial, análisis de premisas y demostración de una mala inferencia que termine en una indebida conclusión derivada, sino porque la prueba fue valorada de forma diferente a como pretendía el Ministerio Público, todo ello impropio de sede casacional. Asimismo, arguye que, partiendo de la narración de los hechos probados, se observa la inadecuada y desacertada calificación de los mismos en el delito de abuso de autoridad, relaciona la fundamentación jurídica del fallo y aduce que el acusado no podía salirse del marco jurídico, no podía dictar lo que ordenaba la Corte de Apelaciones Seccional de Santa Bárbara porque era contrario a lo establecido en la Constitución de la República, además no existe dolo, no se acredita el tipo subjetivo, no hay antijuricidad, no se produce lesión al bien jurídico. Lo anterior implica un grave desbordamiento en la técnica casacional, porque para sustentar para la explicación de su recurso de casación por quebrantamiento de forma, el recurrente hace de mano de argumentaciones propias de otro tipo de recurso y otro tipo de motivo, en este caso, recurso de casación por infracción de ley cuyo motivo es la aplicación indebida de precepto penal sustantivo. Al aducir que los hechos probados de la sentencia no se ajustan al precepto sustantivo que contiene el delito de abuso de autoridad, que en los hechos probados de la sentencia no se reúnen los elementos del tipo subjetivo porque no se desprende el dolo y, que no se visualiza la antijuricidad de la conducta, todos estos son alegatos que el recurrente pudo y debió desarrollarlos desde otro recurso. No es a través de un recurso de casación por quebrantamiento de forma que corresponde evaluar la suficiencia semántica de los hechos probados para satisfacer los elementos objetivos, subjetivos y normativos del tipo penal reprochado al acusado. Sobre otro aspecto, el recurrente también considera que los hechos probados de la sentencia no son precisos ni terminantes, lo que consecuentemente se traduce en un grave vicio de forma que afecta la sentencia impugnada, así como que al ver con detenimiento las disposiciones valorativas, el tribunal ahorra tiempo para hacer un estudio de la prueba y verificar la existencia del hecho supuestamente controvertido, el tribunal dicta una sentencia con ausencia total de la sana crítica, no existe motivación, y la que existe, es insuficiente en virtud que lo que el tribunal expresa en su sentencia, es contrario a la prueba. Estas argumentaciones sustentan otros motivos casacionales, siempre por quebrantamiento de forma, ya que, si los hechos probados no son claros o si los hechos probados no son terminantes, son vicios casacionales que debieron ser identificados, explicados y comprobados desde diferentes motivos de casación. Otro tanto igual ocurre con la falta de motivación fáctica, la falta de motivación jurídica, la insuficiencia de motivación fáctica o la insuficiencia de motivación jurídica, vicios casacionales que ameritan un abordaje casacional individual y que han sido denunciados en abstracto por el recurrente sin apegarse a la debida técnica recursiva. La Sala de lo Penal ha determinado cuándo es posible derivar la existencia de insuficiencia de motivación fáctica o jurídica y cuando tales motivaciones son totalmente carentes: así, ha explicado que, la carencia de motivación fáctica o jurídica acontece cuando la sentencia no posee ninguna motivación fáctica o ninguna motivación jurídica, es decir, es la total omisión de fundamento probatorio o jurídico y con ello se produce el desconocimiento de las partes y del público en general, del por qué los juzgadores tomaron la decisión final, convirtiendo el pronunciamiento en arbitrario. La motivación fáctica o jurídica insuficiente se presenta en los casos en que los juzgadores hacen un esfuerzo limitado en razonar su decisión y por ende no sea posible con la lectura de la sentencia, retomar los pasos seguidos por los juzgadores, develar sus razonamientos y análisis, que desembocaron en los pronunciamientos del fallo. Son ejemplos de éste vicio, cuando se hace una descripción de los medios de prueba, mas no se consigna el proceso de valoración intelectivo, cuando dicha valoración se limita a manifestar que tal o cual prueba merece crédito o no merece crédito, sin expresar las razones de dicha conclusión o cuando en la fundamentación jurídica solo se hace la cita de las normas legales o se transcriben las mismas, sin ninguna explicación del por qué éstas están vinculadas al caso concreto y del por qué, en su caso, las normas invocadas por las partes no son aplicables. La insuficiencia de motivación también se presenta cuando los juzgadores, en la individualización de la pena concreta, no justifican la necesidad de la aplicación de la pena a imponer y su extensión. A partir de lo expuesto, se analiza que la parte recurrente denuncia la carencia de motivación fáctica, pero se contradice a sí mismo en el escrito de su recurso cuando alega la violación a las reglas de la sana crítica en la valoración de la prueba de la cual denuncia su carencia de motivación. Es decir, denuncia la violación de las reglas de la sana crítica en una motivación que arguye inexistente, vicios que no pueden coexistir simultáneamente por resultar contrapuestos. La Sala de lo Penal ha sostenido que en casación, como única instancia, solo puede hacer un análisis y en su caso censura, del proceso intelectivo de la sentencia cuando ésta contenga razonamientos que riñan con las reglas de la sana critica; debe entenderse entonces que el foco de estudio no es la prueba, no es lo que dejó de acreditar o acreditaron los medios probatorios (valoraciones de instancia), sino ese razonamiento plasmado por los jueces y los cuales les llevaron a construir los hechos declarados probados. La exactitud en la confección del recurso de casación por quebrantamiento de forma, tratándose de violaciones a las reglas de la sana crítica debe ser alta: se requiere de la identificación del razonamiento judicial, la identificación de la regla de la sana crítica que se considere violentada, la explicación del porqué el razonamiento judicial contiene un vicio de inobservancia o de mala aplicación de la regla de la sana crítica, y, finalmente, la explicación del porqué dicha violación tiene una repercusión negativa en la decisión adoptada por el tribunal; es un trabajo técnico, bastante preciso, pues a cada razonamiento judicial debe hacerse el examen sobre su propiedad. Es de tener presente que conforme la naturaleza del recurso de casación resulta irrelevante el criterio que pueda generar la prueba al Ministerio Público, al acusador privado, a la defensa, etc., e inclusive al propio Tribunal de Casación; lo que consideren las partes o la Sala de lo Penal que debió haber sido la valoración de la prueba no es vinculante, sino que lo determinante es el criterio probatorio del Tribunal de Sentencia y si éste fue construido en respeto a las reglas de la sana crítica; ergo el motivo de casación debe concentrarse única y exclusivamente en demostrar que el criterio (valoración intelectiva) del juzgador fue erigido con inobservancia de esas reglas y principios que componen el recto entendimiento humano y no tratar de superponer otra valoración que se considera más propia. Como se ha dicho, en el caso actual y concreto, el recurrente lo que hace es denunciar la violación a las reglas de la sana crítica en la valoración de la prueba, pero no porque plantee la mala construcción de un razonamiento judicial o por identificar una mala construcción silogística, sino porque no está de acuerdo con ella al ser disonante con sus pretensiones, todo ello impropio en única instancia. No existe en el escrito de impugnación la identificación un silogismo valorativo, de su premisa mayor, su premisa menor y su posterior conclusión que se considere indebidamente construido, sino que, lo que pretende el recurrente, es que la Sala de lo Penal declare el desacierto de la valoración probatoria realizada por el Tribunal de Sentencia, quien realizó los principios de inmediación, contradicción, concentración, oralidad y publicidad, que rigen la actividad de la prueba, y la sustituya por la particular y subjetiva elaborada por él, todo lo cual obedece a una mala técnica recursiva. Finalmente, esta Sala de lo Penal ha venido reiterando que el principio de debida técnica requiere observarse en los siguientes sentidos: a) Elegir con puntualidad la causal; b) No salirse ni desbordarse con sus alegaciones, de los extremos y contenidos conceptuales o valorativos, o ámbitos propios de la causal elegida; c) Elaborar planteamientos con claridad y precisión (en ese mismo sentido sentencia 24 de agosto de 2010 SP 273-08; sentencia 28 de octubre de 2010 SP 199-09; sentencia 18 de enero 2011 SP 351-09). Nada de lo anterior fue observado por el recurrente en la confección de su recurso, siendo lo procedente dar razón a la parte recurrida y desestimar el recurso interpuesto por haber sido interpuesto en abierta discordancia con la debida técnica casacional. DECISIÓN. No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, en su único motivo, interpuesto por la defensa privada. De la procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal Decreto Legislativo No. 130-2017. La aplicación retroactiva es procedente en el presente caso. A. Principio de legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo “nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa"; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Artículo 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Esta norma constitucional se encuentra también desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser "scripta", "stricta", "certa", "praevia" y "válida", de lo contrario transgredirían el principio de legalidad. Particularmente, la exigencia de “Lex Praevia”, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, esto se le llama el principio de identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello. Los tipos de retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pág. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir de cinco a diez años de prisión una pena). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir, solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrará en vigencia y cuando es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento del juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (principio de identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento del juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (retroactividad de la ley penal más favorable).En el texto del Artículo 96 de la Constitución Política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: I. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. II. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar -de cada una de las leyes en conflicto temporal- los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. III. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo, no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los en que las penas impuestas hayan sido cumplidas de manera completa por la persona, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de ponderación de la norma más favorable en el CP Decreto 130-2017. Tal y como manda el principio de identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo Código, sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (artículo 615, primer párrafo del nuevo Código Penal). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva, resolver la aplicación retroactiva o no del nuevo Código Penal (artículo 615, segundo párrafo del nuevo Código Penal), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (artículo 624.3 del nuevo Código Penal). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibido la fragmentación de normas (artículo 616 1er párrafo del nuevo Código Penal), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un concurso real (artículo 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 del nuevo Código Penal) se procederá conforme las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse primero conforme al límite objetivo ordinario o limite objetivo extraordinario, según corresponda, y luego de ello conforme al límite subjetivo. Empero uno no es preferente sobre el otro; se aplicará el límite que sea menor; b. La ponderación deberá realizarse primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos, se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el CP-130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a) Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y, b) Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no los 30 años (limite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (limite objetivo extraordinario): a) Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años: la pena se adecuará a dicho límite; b) Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años: se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y aun así en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Limite subjetivo: el máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Limite objetivo ordinario: el total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Limite objetivo extraordinario: el total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos limites no se observarán cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. C. Ponderación en el caso concreto En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso al acusado Bernardino Rodríguez Mejía, la pena principal de tres (03) años de reclusión por ser autor responsable penalmente de un delito de Abuso de Autoridad, en perjuicio de la Administración Pública, la inhabilitación especial por el doble del tiempo de la pena de reclusión (6 años) y la pena accesoria de interdicción civil por el tiempo de la pena privativa de libertad, así como las consecuencias de trabajo penitenciario y responsabilidad civil derivada del delito. La conducta reprochada al acusado, está prevista en el Código Penal 130-2017, como delito de abuso de autoridad (artículo 499), cuya pena es de inhabilitación especial para empleo o cargo público de tres (03) a seis (06) años. Ergo, resulta beneficiosa para el acusado la aplicación retroactiva de la nueva ley penal, por implicar un beneficio respecto a la pena, ya que no contempla pena limitativa de la libertad como la anterior norma, así como también la inhabilitación especial en la actual normativa es más benévola en comparación al Código Penal 144-1983, pues comprende un margen abstracto de 3 a 6 años, entretanto el anterior oscila entre 6 hasta 12 años. Para la imposición de la pena concreta, esta Sala de lo Penal debe tomar en consideración si existen agravantes o atenuantes (Artículo 31 y 32 del nuevo Código Penal), en el caso sometido a análisis no se observan circunstancias que puedan agravar el quantum de la pena, tampoco circunstancias atenuantes que obren a favor del acusado; también tomando en cuenta el contenido del artículo 70 numeral 1) literal a), en relación a las circunstancias personales del condenado y a la mayor o menor gravedad del hecho, se desprende del acumulado judicial que el acusado es Abogado de profesión, soltero, cuenta con cincuenta y seis (56) años de edad, vive en el municipio de Santa Bárbara, departamento de Santa Bárbara, por lo que no se deduce a partir de sus circunstancias personales algunas circunstancias que puedan agravar la pena, en igual término procede en atención a la gravedad del hecho, por lo que corresponde la imposición de la pena en su límite mínimo (3 años). POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 360, 362 y 363 del Código Procesal Penal. FALLA: 1) Declara NO HA LUGAR el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, en su único motivo, interpuesto por el Abogado Noel Antonio Mendoza, en su condición de apoderado defensor del señor Bernardino Rodríguez Mejía. 2) Declara la procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017, a la conducta reprochada al acusado Bernardino Rodríguez Mejía; en consecuencia, reforma los pronunciamientos primero y segundo de la parte dispositiva de la sentencia en los siguientes términos: “Primero: Que debemos condenar y condenamos al acusado Bernardino Rodríguez Mejía, como autor de un delito consumado de Abuso de Autoridad, cometido en perjuicio de la Administración pública, a la pena de tres (3) años de inhabilitación especial para ejercer el cargo de Juez de Letras o cualquier otro cargo de orden jurisdiccional que implique la administración de justicia. Segundo: Por disposición constitucional (Art. 41.2), se condena al acusado Bernardino Rodríguez Mejía, a la pena accesoria de suspensión de la ciudadanía por el tiempo señalado para el cumplimiento de la pena principal.” 3) Se mantienen incólumes los demás pronunciamientos de la sentencia no afectados por el presente. Y MANDA: A efecto de que se acate lo resuelto, la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas en única instancia, deberá devolver los antecedentes del caso al tribunal de justicia de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento. NOTIFÍQUESE. - Firmas y Sello. José Olivio Rodríguez Vásquez. Magistrado Coordinador. Rafael Bustillo Romero. Magistrado. Alma Consuelo Guzmán García. Magistrada. Firma y Sello. Lety Emelda Posadas. Secretaria Actuante. Sala de lo Penal.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en fecha uno de noviembre de dos mil veintidós. Certificación de la sentencia dictada el diecisiete de mayo de dos mil veintidós, recaída en el expediente SP 59-2018.

JOSÉ RAMÓN CRUZ FERRERA

Secretario Sala de lo Penal

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