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Sentencia CP-582-19 — Registro 15551

Resumen

En primer instancia se condena a los imputados como autores de un delito de Asesinato, se declara sin lugar el recurso de casación interpuesto por su defensa

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Como ha bien lo manifiesta el recurrente, que habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o de doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido una norma penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada para la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo, sin embargo, su desarrollo recursivo se desborda de lo anterior. Debe saber el censor, que el recurso interpuesto obliga a respetar el relato de hechos probados en la sentencia recurrida, pues en estos casos se discuten problemas de aplicación de la norma jurídica y tales problemas han de plantearse y resolverse sobre unos hechos predeterminados, que han de ser fijados al efecto por el tribunal de instancia. El recurso de casación por infracción de ley se articula a partir de las precisiones fácticas que haya establecido el tribunal de instancia, por no constituir una apelación ni una revisión de prueba. Se trata, en todo caso, de un recurso de carácter sustantivo penal cuyo objeto exclusivo es el enfoque jurídico que, a unos hechos dados, ya inalterables, se pretende aplicar, en discordancia con el sentenciador. La técnica de la casación penal exige que en los recursos de esta naturaleza, se guarde el más absoluto respeto a los hechos que se declaren probados en la sentencia recurrida, ya que el ámbito propio de este recurso queda limitado al control de juricidad, o sea, que lo único que en él se puede discutir, es si la subsunción que de los hechos hubiese hecho el tribunal de instancia en el precepto penal de derecho sustantivo aplicado, es o no correcta jurídicamente, de modo que la tesis del recurrente no puede salirse del contenido del hecho probado. De acuerdo a lo previsto en el artículo 338 del Código Procesal Penal, la sentencia se construye como un silogismo, en que la premisa menor, está integrada por el relato de hechos probados, la mayor por los fundamentos de derecho, y la conclusión, por el fallo. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar, se invocan normas que no deben aplicarse, o se invocan las norma que deba aplicarse al caso concreto pero el juzgador hace una incorrecta interpretación de la misma. Mediante este recurso el recurrente no puede intentar que dichos hechos probados sean modificados a partir de una revalorización de los medios de prueba, tal como ocurre en el presente caso. Por tal razón es procedente declarar sin lugar el presente Recurso de Casación por Infracción de Ley...."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

..."En el presente caso, el recurrente presenta un recurso vació de contenido, sin realizar una exposición científica del porqué considera que la norma constitucional enumerada ha sido violentada, sino que solamente se limita a no dar mayor explicación, sin determinar con claridad la infracción provocada por los juzgadores. En conclusión, la Sala de lo Penal se encuentra imposibilitada de hacer un pronunciamiento de fondo para resolver el objeto de impugnación, dado que éste no fue debidamente definido por el recurrente..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

..."El recurso no es de recibo. La Sala de lo Penal ha señalado que en casación, como única instancia, solo puede hacer un análisis y en su caso censura, del proceso intelectivo de la sentencia cuando ésta contenga razonamientos que riñan con las reglas de la sana crítica; debe entenderse entonces que el foco de estudio no es la prueba, no es lo que dejó de acreditar o acreditaron los medios probatorios (valoraciones de instancia), sino ese razonamiento plasmado por los jueces y los cuales les llevaron a construir los hechos declarados probados. La exactitud en la confección del recurso de casación por quebrantamiento de forma, tratándose de violaciones a las reglas de la sana crítica debe ser alta: se requiere de la identificación del razonamiento judicial, la identificación de la regla de la sana crítica que se considere violentada, la explicación del porqué el razonamiento judicial contiene un vicio de inobservancia o de mala aplicación de la regla de la sana crítica y finalmente, la explicación del porqué dicha violación tiene una repercusión negativa en la decisión adoptada por el tribunal; es un trabajo técnico, bastante preciso, pues a cada razonamiento judicial debe hacerse el examen sobre su propiedad.- La exigencia técnica del presente recurso es señalar que regla de la sana critica es la que se encuentra violentada, no es suficiente, solo señalar “inobservancia del principio de razón suficiente” “violación a reglas del recto entendimientos humano” y por último “violación a las reglas de la lógica y las máximas de experiencia”. No ha sido clara ni precisa la recurrente en cual regla se acoge como agraviada, pues de ello depende la resolución de esta Sala de lo Penal, aun y cuando, se asuma que la regla de la sana crítica que se alega como inobservada es la de derivación por falta de razón suficiente, la recurrente, debió darse a la tarea de identificar el silogismo judicial que considera indebidamente construido e identificar en éste la premisa mayor, la premisa menor y luego, lo más importante, demostrar que la inferencia realizada (deductiva, inductiva, analógica a pari o analógica a fortiori) es incorrecta (por una de las razones señaladas ut supra) y que por ello la conclusión que se dice necesaria en realidad no lo es; tarea que no termina allí pues además debió explicar por qué tal conclusión malograda es relevante para la decisión final y que por ello dicha decisión fue indebidamente adoptada, nada de eso desarrolla la recurrente. Ahora si asumimos que la regla señalada como agraviada es la regla de las experiencia común o máximas de la experiencia, debió desarrollarse como agravio que el hecho va en contra de la experiencia común, debiendo razonar porque lo considera así, sin embargo, en cuando a ello guarda silencio la recurrente. Así las cosas, cuando se cuestiona la violación a las reglas de la sana critica, es incorrecto lo expuesto por la recurrente, dado que su señalamiento recursivo, no es, en el razonamiento judicial (que es el que se controla en casación), sino que lo hace a los medios de prueba, lo que no puede ser objeto de revisión por la Sala de lo Penal, pues ello implicaría valoración de prueba. Expone la recurrente, una reflexión que parte de una valoración privada y personal de los medios de prueba, olvidando que el tribunal de casación no hace valoración de prueba, mucho menos una ponderación conjunta de la carga probatoria para determinar acreditación de delitos y de responsables; como se ha indicado ut supra, la potestad legal de la Sala de lo Penal se limita exclusivamente a determinar si el razonamiento judicial se encuentra dentro del canon de las normas que pautan el recto entendimiento, determinación que se hace partiendo exclusivamente de lo que define la censora como aspectos sujetos a impugnación, que en el presente caso resultaron no demostrativos de vicio e impropios de una correcta técnica recursiva casacional. Como consecuencia, al ser falto de la debida técnica recursiva el recurso planteado, ninguno de los argumentos tiene la propiedad para poder darles una respuesta de fondo.."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

..."El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos de retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir una pena de cinco a diez años de prisión). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado, disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrará en vigencia y cuándo es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento del juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución Política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: A. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; B. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y C. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas en su totalidad, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el CP Decreto 130-2017. Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigor del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo Código sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibido la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017.  Cuando en la sentencia impugnada por un recurso devolutivo se aprecie una pena no concursada, se procederá a la comparación de la pena concreta impuesta conforme CP-144-83 con la pena abstracta conforme CP-130-2017, bajo las siguientes reglas: Si existe coincidencia en la naturaleza de las penas contempladas como sanción en ambas legislaciones: i.- no procederá la aplicación retroactiva cuando la nueva legislación prevea una pena más grave que la anterior legislación; ii.- no procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada impuesta conforme el CP-144-83 se encuentre dentro del margen abstracto del CP-130-2017; iii.- procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada sea más grave en comparación con el margen abstracto previsto en la nueva legislación; o Si la sanción impuesta conforme el CP-144-83 es de distinta naturaleza a la prevista en el CP 130-2017, se procederá a hacer una ponderación en atención al caso concreto, incluyendo la situación personal del condenado/a, para determinar cuál de ellas le es más beneficiosa y con ello si procede o no la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal. En caso de requerirse estudios para determinar cuál de las sanciones es más beneficiosa, éstos deberán de ser ordenados por el Tribunal previo a la decisión. C. Escrito Complementario. No fue presentado ante la única instancia escrito por parte de las Defensas Privadas de los acusados Richard Eduardo Varela Palacios e Irvin Alcides Álvarez Álvarez, que expusiera cuál es su criterio en cuanto a la aplicación retroactiva del nuevo cuerpo normativo penal, tal y como lo señala el artículo 624 del Código Penal 130-2017; Tampoco el Ministerio Público hizo pronunciamiento sobre el respecto, por lo que la Sala de lo Penal se ve obligada a realizar el análisis de oficio tal y como prevé el numeral 3 de la misma norma citada, en relación al acusado señalado. D. Ponderación en el caso concreto. En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso a los señores Richard Eduardo Varela Palacios e Irvin Alcides Álvarez Álvarez, la pena principal de veinte (20) años de reclusión, como coautor responsable penalmente de un delito de asesinato, en perjuicio de la vida de Jimmy Ariel Sánchez Cerrato, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil, por el tiempo de la pena privativa de libertad, y las consecuencias penales trabajo penitenciario y responsabilidad civil derivada del delito. La conducta reprochada al acusado está prevista en el Título III, Capítulo I, del Libro II del Código Penal 130-2017, tipificado como delito de asesinato (Art. 193), cuya pena es de veinte (20) a veinticinco (25) años de prisión, marco abstracto dentro del cual se encuentra la pena privativa de libertad impuesta a los acusados. Por tanto, no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del nuevo Código Penal..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario Actuante de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia recaída en el expediente del Recurso de Casación SP-582-2019 que literalmente dice: “En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veinticuatro días del mes de febrero del año dos mil veintidós, el pleno de la Sala de lo Penal integrado por los Magistrados: José Olivio Rodríguez Vásquez, en su calidad de coordinador, Rafael Bustillo Romero y Alma Consuelo Guzmán García, pronuncian. En nombre del Estado de Honduras. La siguiente sentencia en el expediente SP 582-2019, conociendo del Recurso de Casación por Infracción de Ley y por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha diez de septiembre del año dos mil diecinueve, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, mediante la cual falló: PRIMERO: Condenó a los señores Richard Eduardo Varela Palacios e Irvin Alcides Álvarez Álvarez, como autores de un delito de Asesinato en perjuicio de Jimmy Ariel Sánchez Cerrato, a una pena de veinte años de reclusión, la que deberán cumplir en el centro penitenciario según lo ordene el juez de ejecución respectivo debiendo abonarse a su favor el tiempo que haya estado en efectiva prisión. SEGUNDO: Condenó a los señores Richard Eduardo Varela Palacios e Irvin Alcides Álvarez Álvarez, a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil durante el tiempo de duración de la pena principal, así como también a trabajar por el tiempo de sus condenas en obras públicas o en labores dentro del establecimiento de conformidad con la ley que regula el sistema penitenciario. TERCERO: Declaró la responsabilidad civil de los señores Richard Eduardo Varela Palacios e Irvin Alcides Álvarez Álvarez, la que será determinada por el Juez de Ejecución Competente. CUARTO: No procedió condenar en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio a los señores Richard Eduardo Varela Palacios e Irvin Alcides Álvarez Álvarez. QUINTO: No procedió decretar el comiso por no haber sido puesta a disposición de ese Tribunal ninguna pieza de convicción o ejecución. Interpuso el Recurso de Casación por Infracción de Ley y por Quebrantamiento de Forma, la Abogada Dexa Estela Antúnez Flores, en su condición de defensora privada del acusado Richard Eduardo Varela Palacios; y, el Abogado Manuel de Jesús Arévalo, en su condición de defensor privado del imputado Irvin Alcides Álvarez Álvarez. Son partes en única instancia: La Abogada Dexa Estela Antúnez Flores y el Abogado Manuel de Jesús Arévalo, defensores privados, en sus condiciones de recurrentes; y el Abogado Salvador Cuestas Arévalo, agente fiscal del Ministerio Público, en su condición de recurrido. Hechos Probados de la Instancia“PRIMERO: Que en fecha 27 de abril del 2016, entre las 2:30 y 3:00 de la tarde en la colonia Mery de Flores de la Ciudad de Comayagüela joven Jimmy Ariel Sánchez Cerrato caminaba por un sector de esa Colonia, observando que en una esquina de la misma se encontraban los señores Richard Eduardo Varela Palacios e Irvin Alcides Álvarez, en compañía de otra persona, por lo que aligeró el paso y corrió al estar frente a ellos, los señores antes mencionados al ver al joven Cerrato lo siguieron, lo alcanzaron y al estar cerca y a poca distancia del mismo, el joven Irvin Alcides Alvarez Alvarez, le disparó en varias ocasiones en contra de su humanidad, con un arma de fuego que sacó de un maletín que cargaba, por lo que en el acto el joven Jimmy Ariel falleció.” Recurso de Casación. Motivos y Argumentos. La recurrente Abogada Dexa Estela Antúnez Flores, defensora privada, procedió a formalizar su Recurso de Casación de la manera siguiente:“EXPOSICIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY MOTIVO ÚNICO: Infracción de Ley por Aplicación Indebida del Artículo 117 numeral 1 del Código Penal vigente. PRECEPTO AUTORIZANTE: Artículo 360 del Código Procesal Penal. EXPOSICION DEL MOTIVO: El precepto penal y legal citado como infringido por Aplicación Indebida textualmente dice: Artículo 117: Es reo de asesinato, quien dé muerte a una persona ejecutándola con la concurrencia de cualquiera de las circunstancias siguientes: 1) Alevosia; El A-quo en el fallo en estudio, declaró terminantemente como hechos probados las siguientes verdades intangibles: "PRIMERO: Que en fecha 27 de abril de 2016, entre 2:30 y 3:00 de la tarde en la colonia Mery de Flores de la Ciudad de Comayagüela el joven Jimmy Ariel Sánchez Cerrato caminaba por un sector de esa Colonia, observando que en una esquina de la misma se encontraban los señores Richard Eduardo Varela Palacios e Irvin Alcides Álvarez, en compañía de otra persona, por lo que aligeró el paso y corrió al estar frente a ellos, los señores antes mencionados al ver al joven Cerrato lo siguieron, lo alcanzaron y al estar cerca y a poca distancia del mismo, (ojo dictamen dice larga distancia) el joven Irvin Alcides Álvarez Álvarez, le disparó en varias ocasiones en contra de su humanidad, con un arma de fuego que sacó de un maletín que cargaba, por lo que en el acto el joven Jimmy Ariel falleció." (Lo resaltado es nuestro). Con solo dar una mirada al factum, se nota que concurre la aplicación indebida del articulo 117 numeral 1 del Código Penal, ya que en relación a Richard Eduardo Varela Palacios, no se describe una conducta constitutiva de un delito de Asesinato alevoso. Aunque el recurso de casación por Infracción de Ley debe apegarse de manera absoluta al relato fáctico se debe hacer alusión al apartado de fundamentación jurídica donde el juzgador refiere que el ciudadano RICHARD EDUARDO VARELA PALACIOS es autor directo de la muerte a Jimmy Ariel Sánchez Cerrato, dado que es notoria la errónea aplicación de la norma sustantiva invocada. Porque de los hechos acreditados en el juicio se desprende que mi representado no tuvo participación a título de autor o cómplice en el crimen, dado que el sentenciador solo apreció que este siguió y alcanzó al ahora occiso, siendo Irvin Alcides Álvarez Álvarez, quien le disparó en varias ocasiones. Así que no se está de acuerdo con la calificación en que el Tribunal sustenta su sentencia, pues este sostiene en la conducta de mi cliente se ha configurado el delito de Asesinato únicamente por encontrarse en el lugar de los hechos, cerca de la persona que disparó, una situación que no se subsume en los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal en cuestión y por lo tanto insuficiente para declarar la responsabilidad penal del mencionado justiciable. El A-quo debió considerar que el tipo penal de Asesinato, al igual que el de Homicidio, determina la responsabilidad penal de quien dé muerte a otra persona, circunstancia que no se encuentra descrita en los hechos declarados probados, es decir, que en éstos no se señala que RICHARD EDUARDO VARELA PALACIOS haya realizado alguna acción u omisión que tuviese como consecuencia la pérdida de la vida del ofendido en la causa in examine, pues en ningún punto del factum se indica que este ejerció directa o indirectamente violencia en contra de Jimmy Ariel Sánchez Cerrato con la intención de acabar su existencia. En aras de obtener verdadera justicia es necesario destacar las limitaciones técnicas del organismo sentenciador, ya que establece que mi patrocinado tuvo una participación a título de autor del Asesinato, aunque en los hechos probados no define su rol en la actividad. delictiva. El coautor lo será si ha ejercido una función esencial en la realización del delito. Será una aportación esencial y el sujeto dispondrá del dominio del hecho cuando, además de poder interrumpirlo, su función sea de tal entidad que constituya un presupuesto para el éxito del plan (que sin ese aporte fracasaría). El participe, ya sea necesario o no, colabora co su aportación a la ejecución del hecho, bien con una aportación necesaria en la ejecución y con la finalidad de coadyuvar a su realización, supuesto de la cooperación necesaria equiparada a la autoría, bien como ayuda a la ejecución del delito que otro realiza, supuesto de la complicidad, mientras el coautor dirige su acción a la realización del tipo, con dominio. de la acción, que será funcional si existe división de funciones entre los intervinientes pero todas con ese dominio de la acción característico de la autoría. El participe auxilia al autor para la comisión del hecho ilícito, aunque no tiene nunca el dominio del hecho, perteneciendo éste al ámbito de influencia del autor. Se puede decir que la participación delictiva es una forma de codelincuencia, como lo es la coautoría. De lo anteriormente expuesto se colige que RICHARD EDUARDO VARELA PALACIOS RICHARD EDUARDO VARELA PALACIOS no es autor ni partícipe del delito de Asesinato que el Ministerio Público le imputa, porque este no efectuó los movimientos corpóreos necesarios para producir el resultado de la muerte del sujeto pasivo ni dejó de hacer lo que de él se esperaba como tutor de una vida, y debido a ello se produjo como resultado la muerte del ofendido. Es decir, RICHARD EDUARDO PALACIOS, VARELA según el relato del propio Tribunal de Sentencias, no cometió Asesinato. El criterio que debe imperar es simple: mi cliente no puede responder por las acciones de otro. En resumen, si otro perpetró un exceso delante de él es improcedente que también se le pretenda culpabilizar. En virtud de lo anteriormente expresado, resulta que el fallo emitido por el Juzgador de instancia indudablemente merece ser corregido por la Honorable Sala de lo Penal en la sentencia que resuelva el presente recurso, por haber sido dictado con infracción del artículo 117 numeral 1 del Cód Penal, por Aplicación Indebida. EXPOSICIÓN DEL MOTIVO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA MOTIVO ÚNICO: "No haber observado el sentenciador, en la valoración de la prueba, las reglas de la Sana Crítica". PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 362 numeral (3, del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: La sentencia que hoy se cuestiona por esta vía impugnativa, contiene un vicio grave al observarse que la conclusión a la que arribó el sentenciador no corresponde a una valoración de la prueba realizada conforme a las reglas de la sana crítica, prescritas en el artículo 202 del Código Procesal Penal. En el presente proceso, con la finalidad de acreditar los hechos objeto de juzgamiento, se evacuó durante la Audiencia de Juicio oral y público, entre otras, la prueba de cargo que se describe a continuación: TESTIFICAL: 1. Testigo Protegido A (incorporada mediante lectura autorizada): establece que el día del fallecimiento del ofendido lo vio momentos antes del hecho cuando tres personas identificadas como el Mope, Cristian e Irvin lo siguieron y le alcanzaron, por lo que ella se escondió y después escuchó tres o cuatro disparos, y haciendo hincapié en no haber observado el acto de muerte. A preguntas de las partes contestó que no sabía el nombre de Richard, pero sí lo identificaba como uno de los criminales. 2. Testigo Protegido B (incorporada mediante lectura autorizada): asegura que el 27 de Abril, el día que mataron a Jimmy Sánchez escuchó que este venía pasando por un velorio y enseguida los acusados lo golpearon y salieron para abajo, después supo que lo mataron porque decían que era "bandera", sin embargo admitió que no estuvo presente durante la realización del crimen. 3. Elmer Noel Uclés Vindel: refiere sobre las pesquisas que realizó en su condición de agente encargado del caso. DOCUMENTAL: 1. Acta de Levantamiento de cadáver y recolección de indicios 685 2016 de fecha 27 de Abril de 2016. En este documento se establece el desplazamiento de la autoridad policial y fiscal al sitio. 2. Álbum Fotográfico y Croquis que corre agregado de folio 8-32. Se aprecia la vestimenta que llevaba la víctima. 3. Croquis agregado a folio 57 que recoge las calles donde se localizó el levantamiento de cadáver. PERICIAL: 1. Dictamen de Autopsia realizado por la Doctora María Gradiz Cárcamo, con número AT-2016-0778, practicado al cuerpo sin vida de Jimmy Ariel Sánchez. El perito ratificó el dictamen e hizo constar que el occiso presentaba seis heridas por proyectil de arma de fuego, dos en la cabeza, con trayecto de atrás hacia adelante, una en el cuello y cinco en la mano, heridas que produjeron un trauma craneoencefálico y laceración cerebral.- a preguntas del Ministerio público aclaro que las heridas fueron producidas de larga distancia, de atrás hacia adelante. PRUEBA DE LA DEFENSA: 1. DULCE JAZMÍN MARADIAGA. En el apartado de valoración de la prueba testifical del Ministerio Público, el sentenciador expresa de forma literal lo siguiente: "... los testigos A y B, ciertamente son vecinos de la zona, por tanto conocen a las personas imputadas y los pudieron observar en la colonia Mary de Flores, parados en una esquina, luego los vieron perseguir al joven Jimmy Ariel Sánchez Cerrato y posteriormente escucharon los disparos y vieron su cuerpo inerte una vez que la víctima había recibido los disparos, por parte de Irvin Alcides, quien fue la persona que directamente utilizó el arma de fuego para dispararle al ahora fallecido, y quien fuera observado en la persecución del menor junto a Richard Eduardo en el momento en que sacó su arma de fuego y le disparó a Jimmy Ariel..." El anterior razonamiento es, cuanto menos, desatinado, porque se extrae de testimonios huérfanos de comprobación, en vista de que la pericia de autopsia DIFIERE de lo argumentado por el Testigo Protegido A. Y el Testigo Protegido B va aún más lejos, endo en audiencia que se dejó llevar por lo que la gente decía (testigo de oídas). Haciendo un escrutinio en toda la prueba del Ministerio Público se detectan varias incoherencias en la valoración probatoria, motivo por el que se denuncia aquí la inobservancia del principio de razón suficiente en el fallo en cuanto tiene a los acusados como autores del hecho calificado como Asesinato. Además, en el fallo del juzgador falta logicidad, ya que ha considerado las deposiciones de los testigos protegidos A y B sin hacer la debida conexión con la prueba científica que fue allegada al debate, en virtud de que este da por válida la tesis que hace el testigo A, que fueron de los 3 o 4 disparos y que fueron a corta distancia, ya que según la testigo el menor fue alcanzado por los imputados, habiendo sido 6, según la autopsia y que estos fueron realizados de larga distancia de atrás hacia adelante. La Sala de Lo Penal prescribe en su jurisprudencia que la motivación de la sentencia debe ser derivada, es decir, respetuosa del principio de razón suficiente. Ello importa que la prueba en la que se basan las conclusiones a que se arriba en la sentencia, sólo pueda dar fundamento a esas conclusiones y no a otras; y el juzgador en el caso de autos no concatena el material probatorio del que dispone. Se comprueba que la versión incriminatoria del policía de investigación fue confusa y contradictoria y que las declaraciones de los testigos de cargo -prestadas bajo juramento y previo conocer las penalidades del delito de falso testimonio-, a su vez, no encontraron correlato en lo que surge del dictamen de autopsia relativo a las distintas heridas infligidas a la víctima. Por ello resulta sorprendente que el Tribunal sostenga que el trabajo de Elmer Noel Uclés Vindel corroboró el contenido de las deposiciones cuando este no recabó información científica que sirviese de refuerzo a las declaraciones de los testigos. El rompecabezas de la investigación de este caso quedó inconcluso, con un gran espacio sin rellenar, puesto que se desconoce qué ocurrió después de que el ofendido fue seguido por los justiciables, por lo que el fallo se ha limitado a citar determinadas probanzas, y en él no se ha efectuado una correcta ponderación de las mismas. A lo anterior se suman los documentos, que tampoco abonan a la pretensión acusatoria. Entonces es más que factible decir que los argumentos del Sentenciador son violatorios a las reglas del recto entendimiento humano, pues no provienen del resultado probatorio, sino de su mente, de una retorcida convicción intima. Si un testigo único es quien presenció los hechos y tuvo oportunidad de percatarse directa e inmediatamente por sus sentidos de la conducta desplegada por los coautores del delito, es legal que la autoridad responsable pondere, conforme a las reglas de la lógica y las máximas de experiencia, si dicho testigo se condujo de manera libre y espontánea; además de existir diversas fuentes de información confiables, en la medida en que arrojan datos y circunstancias que corresponden con el relato incriminatorio del testigo. Los razonamientos que dan credibilidad al testigo único, deben realizarse de acuerdo con un examen que abarca dos pasos: si existen condiciones de confiabilidad subjetivas del testigo y que sus declaraciones sean confirmadas por las circunstancias y particularidades aportadas por diversos medios de prueba, que, aunque no con el mismo rango de valor de la declaración del testigo único, la confirman y por la pluralidad de éstas le dan un alto grado de credibilidad objetiva. Es lamentable que un "solitario" testimonio haya sido suficiente para dar pie a una condena de VEINTE ANOS de reclusión y que el juzgador lo haya pasado por alto, porque repito, la autopsia no solo NO confirma dicha versión, sino que la refuta, pues si el número de heridas es seis, se infiere que también hubo seis detonaciones. Abundantes antecedentes jurisprudenciales respaldan los argumentos aqui vertidos, basta ver las sentencias 241-2010, 63-2009, 157-2009 y otras de la Sala de Lo Penal de La Corte Suprema de Justicia posicionan que un elemento, por contundente que parezca, tiene que ser obligatoriamente confrontado con el resto del probatorio. Por haberse producido el vicio in procedendo denunciado en el presente motivo, en el acto mismo de sentenciar, no ha podido efectuarse exigencia alguna para la subsanación del mismo. Lo anteriormente expresado determina que el Tribunal de instancia indudablemente debe ser corregido por la Honorable Sala de lo Penal en la sentencia que resuelva el presente recurso, asimismo tendrá que ordenarse el reenvío del expediente y el nuevo debate en un Tribunal con distintos jueces.” El recurrente Abogado Manuel de Jesús Arévalo, defensor privado, procedió a formalizar su Recurso de Casación de la manera siguiente:“POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL Exposición del Motivo: Por violación del debido proceso. Precepto Autorizante: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el articulo 361 Y 362 del Codigo Procesal penal PRECEPTOS LEGALES INFRINGIDOS: El articulo 90 de la Constitución de la Republica que refiere nadie puede ser Juzgado si no por Juez o Tribunal competente con las formalidades de derechos y garantías que la ley establece. POR INFRACCIÓN DE LEY Exposición del Motivo El presente Motivo de Casación se encuentra comprendido en el Articulo 360 del Código Procesal Penal. EXPOSICIÓN DEL MOTIVO DE CASACIÓN PRIMERO Y ÚNICO MOTIVO: Infracción por la aplicación indebida del artículo 117 del Código Penal vigente. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 360 del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO; El precepto penal adjetivo que se invoca como infringido por falta de aplicación es el articulo 360 del Código Procesal Penal. Casación Por Infracción de Ley o de Doctrina Legal habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o de doctrina legal, cuando todos los hechos que se declaren probados de la sentencia se hayan infringido un precepto penal u otra norma juridica de carácter sustantivo, que deba ser observada para la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo. Se entenderá por doctrina legal la reconocida como tal por la corte suprema de justica por medio de tres sentencias sobre un mismo asunto. Los errores cometidos en las sitas de las disposiciones legales que le sirven de fundamento a la sentencia recurrida que no hayan influido en su parte dispositiva, no darán lugar a la casación. CONCEPTUALIZACIÓN DE LA INFRACCIÓN. Considero Honorables magistrados la necesidad de contraernos al espíritu de la ley para su debida aplicación en el presente caso debemos preguntarnos cuál es la intención del legislador cuando formula caso de asesinato que el Tribunal de Sentencio que conoce de dicha causa no valoró los medios de prueba propuestos por las defensas privadas ya que en el Juicio Oral y Público el Juez o los Jueces del Tribunal de Sentencia Admitieron como medio de prueba un álbum fotográfico de un reconocimiento de personas y el articulo 253 señala que los reconocimientos de personas en rueda para identificar a una persona o para establecer que quien la menciona efectivamente la conoce o la ha visto deberá practicarse su reconocimiento, el cual se hará de la manera siguiente y ya nos menciona el numeral 1, 2, 3 y 4 y en ningún momento nuestro Codigo Procesal Penal dice que los reconocimientos por medio de Retratos estos solo podrá hacerse en base a investigaciones administrativas y de ninguna manera el mismo Código indica que los referidos reconocimientos se deban hacer por medio de personas que se parezcan idénticamente. Revisando el Codigo Procesal Penal no se establece que deba hacerse el reconocimiento por medio de un álbum fotográfico ya que nos encontramos en un juicio oral y público y no en una audiencia preparatoria y como dejo establecido que el Tribunal que conoció dicha causa en ningún momento debió admitir el medio de prueba de Reconocimiento por no encontrarse apegado a derecho de la misma manera se han violentado las garantías constitucionales y las normas del debido proceso. Es por tales razones que se invoca este motivo porque los jueces al dictar esta sentencia condenatoria no valoró las pruebas en su conjunto tal como lo establece el articulo 202 de nuestro Codigo Procesal Penal que dice "Valoracion de las Pruebas" las Pruebas serán valoradas con arreglo a la San Critica el Órgano Jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida en este caso que nos ocupa especialmente los jueces al dictar una sentencia condenatoria en ningún momento se pronuncio a los medios de prueba propuestos por la defensa privada si bien es cierto que los Testigos Protegidos tomados como medio de prueba anticipada la defensa no se opuso a que se leyeran por lectura autorizada en base al articulo 311 ya que dichos testigos y la defensa estaba seguros que ellos mismos entraron en contradicción además los Testigos Protegido al Rendir su Declaraciones en audiencia inicial en ningún momento mencionaron los nombres completos tanto de mi representado como del otro coimputado. Si bien es cierto que el único medio de prueba que si fue probado fue porque existe un Dictamen de Autopsia de Medicina Legal si no que por medio de Apodos. La defensa esta segura que si se violentaron todas las garantías antes mencionadas. Ya que en el Juicio oral y público quedo plenamente establecido en el relato de la Sentencia en el numeral cuarto donde la Testigo Dulce Jazmin Maradiaga declaró que a quienes ahora se juzga por el delito de Asesinato no cometieron tal ilícito si no que ella tiene conocimiento que fue el Hermano (Yelsin Maradiaga) de ella por venganza la defensa se pregunta porque el Tribunal DE Sentencia no valoó dicha declaración e Testigo ya que fue una declaración contundente y que no entró en ninguna contradiccion Para que exista el delito se tiene que prescindir de elementos de tal manera que uno sea necesario por parte del otro y se constituya así un tipo penal es decir estamos hablando del elemento objetivo y subjetivo en el presente caso falta el elemento subjetivo para que se complemente el tipo penal. Esta defensa tiene la seguridad que al mas alto nivel del poder judicial se dará el análisis necesario en cuanto a derecho del presente caso y se declarara HA LUGAR el presente recurso enmendando asi los errores cometidos por los Tribunales de Sentencia que dictan las sentencias sin hacer un análisis profundo de todo lo evacuado en el juicio oral y publico. Honorables Magistrados hay que destacar que actualmente en nuestro sistema penal la mayoría de los Jueces están emitiendo sentencia únicamente con declaraciones testificales y de todos es sabido que no es con el indicio de una declaración que se debe sustentar una sentencia por lo que es preciso que el autor o coautor del elemento de participación del encausado este relacionado con otro tipo de pruebas que sustente cual ha sido su participación con el hecho imputado, en este caso que nos ocupa, no reúne los requisitos de objetivos y subjetivos para establecer o mejor dicho no le podría dar la credibilidad suficiente a los testigos que declararon ya que es de presumir que en el lugar donde se dieron los hechos es una zona de alto riesgo social. QUEBRANTAMIENTO DE FORMA EXPOSICIÓN DE LOS MOTIVOS: 1) Las motivaciones fácticas y jurídicas son suficientes y contradictorias en las que el Tribunal que dicto dicha sentencia son insuficientes y contradictorias y en la valoración de las pruebas el Tribunal no observó las reglas de la sana critica. PRECEPTOS AUTORIZANTES: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el articulo 362 NUMERAL 2 y 3 DEL Codigo Procesal Penal. PRECEPTOS INFRINGIDOS: El articulo 202 del Código procesal Penal habla de la Valoración de las pruebas de la Sana Critica, las pruebas serán valoradas con arreglo a la Sana Critica el Organo Jurisdiccional formará su propia convicción valorando en forma conjunta y armónica todas las pruebas producidas en el debate acción que nos ocupa en el presente juicio pues el Tribunal no valoró las pruebas otorgados por la defensa ya que con la declaración testifical si se demostró que el dia en que sucedieron los hechos mi representado no se encontraba en su lugar de los hechos ya que los mismos Testigos Protegidos tomado como prueba anticipada entraron en muchas contradicciones ya que dichos Testimonios dados por ello fueron aceptados mediante lectura autorizada en base al articulo 311 del Codigo Procesal Penal El articulo 200 del Codigo Procesal penal nos habla de las Pruebas Prohibidas o ilícitas por lo tanto carecerán de eficacia probatoria todos los actos o hechos que vulnere las garantías procesales establecidas en la Constitución de la República y los convenios internacionales relativos a los derechos Humanos de los que Honduras forme Parte. PARECER DE LA DEFENSA: Esta defensa es del parece que la ley da la Facultad de REPRESENTAR, DEFENDER Y PROTEGER, los intereses generales de la sociedad al Ministerio Publico, pero nos preguntamos donde queda la objetividad establecida en el articulo 93 del Código Procesal Penal, que establece que el Ministerio Publico debe practicar pruebas de Cargo como de Descargo que puedan favorecer a una persona que se cree puede haber tenido alguna participación en alguna conducta impropia que se pueda tipificar como delito. Así mismo se establece las contradicciones del testigo protegido, ya que estas últimas han querido introducir al debate y que influyo mucho para el veredicto del Honorable Tribunal un móvil como ser una supuesta venganza, por lo cual vemos que hay un interés de perjudicar a mi representado, es por esta razón que en ningún momento se logró probar este extremo ya que no existen denuncias anteriores al hecho ni mucho menos investigaciones concerniente a dichas acciones por lo cual se puede deducir que todo es planificado y que dicha planificación logro sorprender tanto Ministerio Publico como al tribunal juzgador. Por lo que el razonamiento del juzgador al momento de valorar dichas probanzas en su conjunto vulnera la regla lógica de derivación en su postulado de razón suficiente, en virtud que al considerar la prueba en su conjunto no se puede arribar a otra conclusión que no sea que mi representado es inocente del delito por el cual se le condenó y que lo procedente era una sentencia absolutoria. Nos sorprende sobre manera la valoración intelectiva que el Juzgador realiza de la declaración del testigo protegido, y de acuerdo a las Reglas de la Sana Critica, valorar de esa manera dicha declaración, sin embargo a los de la fiscalía les da credibilidad con semejantes contradicciones. La versión del testigo carece de credibilidad, el sentenciador debe antes asegurarse que en juicio se ha puesto de manifiesto, prueba suficiente para tener por acreditada una causa de animosidad en el testigo presencial, capaz de producir en ellos el deseo de distorsionar los hechos y faltar a la verdad; extremo que se acreditó en el presente caso, por lo cual el A quo en la valoración de la prueba ha infringido la regla de la sana critica de la lógica, concretamente del Postulado de Derivación. PARECER DE LA DEFENSA: Esta defensa es del parece que la ley da la Facultad de REPRESENTAR, DEFENDER Y PROTEGER, los intereses generales de la sociedad al Ministerio Publico, pero nos preguntamos donde queda la objetividad establecida en el artículo 93 del Código Procesal Penal, que establece que el Ministerio Publico debe practicar pruebas de Cargo como de Descargo que puedan favorecer a una persona que se cree puede haber tenido alguna participación en alguna conducta impropia que se pueda tipificar como delito. Así mismo se establece las contradicciones del testigo protegido, ya que estas últimas han querido introducir al debate y que influyo mucho para el veredicto del Honorable Tribunal un móvil como ser una supuesta venganza, por lo cual vemos que hay un interés de perjudicar a mi representado, es por esta razón que en ningún momento se logró probar este extremo ya que no existen denuncias anteriores al hecho ni mucho menos investigaciones concerniente a dichas acciones por lo cual se puede deducir que todo es planificado y que dicha planificación logro sorprender tanto al Ministerio Publico como al tribunal juzgador. Por lo que el razonamiento del juzgador al momento de valorar dichas probanzas en su conjunto vulnera la regla lógica de derivación en su postulado de razón suficiente, en virtud que al considerar la prueba en su conjunto no se puede arribar a otra conclusión que no sea que mi representado es inocente del delito por el cual se le condenó y que lo procedente era una sentencia absolutoria. Nos sorprende sobre manera la valoración intelectiva que el Juzgador realiza de la declaración del testigo protegido, y de acuerdo a las Reglas de la Sana Critica, valorar de esa manera dicha declaración, sin embargo a los de la fiscalía les da credibilidad con semejantes contradicciones. La versión del testigo carece de credibilidad, el sentenciador debe antes asegurarse que en juicio se ha puesto de manifiesto, prueba suficiente para tener por acreditada una causa de animosidad en el testigo presencial, capaz de producir en ellos el deseo de distorsionar los hechos y faltar a la verdad; extremo que se acreditó en el presente caso, por lo cual el A quo en la valoración de la prueba ha infringido la regla de la sana critica de la lógica, concretamente del Postulado de Derivación. Es por todos los razonamientos expuestos que estimamos tomada por el Tribunal de Sentencia resulta equivoca como resultado del vicio in procedendo proveniente de que la decisión una mala valoración de la prueba evacuada en el debate, pues como antes indicamos de ese proceso intelectivo se infiere la inocencia de mi representado; por ende como recurrente, soy del firme criterio que se violentó en todos sus alcances las reglas de la Sana Crítica que debe observar el juzgador al momento de valorar la prueba, infringiendo en tal sentido lo dispuesto en el artículo 202 del Código Procesal Penal, ya que dicho Tribunal no la valoró de una manera armónica y concatenada, lo cual ha provocado la creación de un vicio procesal que debe ser enmendado mediante la sentencia que resuelva con lugar el presente recurso de casación. Cabe señalar, que no se hace previamente el reclamo de este vicio, pues se produce en el acto mismo de sentenciar.” FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA. Del Recurso de Casación por Infracción de Ley. Establece el artículo 360 del Código Procesal Penal que “Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba de ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo…” (Lo resaltado es nuestro). De esta norma se puede determinar la configuración del recurso de casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal: 1. Respeto irrestricto a los Hechos Probados: Los hechos probados son el relato cronológico de un acontecimiento histórico anterior al proceso penal y que es objeto de debate, fijados por el Tribunal de Sentencia con base en lo que se ha probado en juicio, derivado de la valoración de los medios de prueba cuya reproducción el juzgador pudo apreciar de manera directa, colocándolo en una posición exclusiva de valoración. Por ello el artículo 369 del Código de Rito, en su tercer párrafo prohíbe al Tribunal de Casación la modificación de los hechos probados, conocido como Principio de Intangibilidad de los Hechos Probados; 2. Falta de correspondencia entre los hechos probados y el fallo por infracción de precepto sustantivo o de principio fijado por la Doctrina Legal, a consecuencia de: a. Inobservancia de la norma sustantiva o Doctrina Legal que corresponde al caso; b. Errónea aplicación de una norma sustantiva o de Doctrina Legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis; c. Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del Principio fijado en la Doctrina Legal; d. Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal; y e. Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal. En conclusión, a través del recurso de casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia; de allí que a la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva hecha por el Tribunal de Sentencia o de la Doctrina Legal que sobre el tema jurídico se haya sentado; su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia; en este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados). Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. El Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. Si no se cumple con los requisitos establecidos por la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo. El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley. Recurso de Casación por Infracción de Ley. Interpuesto por la Defensa Privada de Richard Eduardo Varela Palacios. Único motivo. Norma Autorizante: 360 del Código Procesal Penal; Normas que se denuncian Infringidas: Artículo 117 numeral 1 del Código Penal. Concepto de la Infracción: Aplicación Indebida del artículo que contienen el tipo penal de Asesinato por alevosía; Pretensión: Corregir el fallo. La recurrente en su desarrollo casacional, describe que del hecho probado no es posible deducir una conducta constitutiva del delito de asesinato alevoso; al desprenderse que su representado no tuvo participación a título de autor o cómplice en el crimen, al apreciar los sentenciadores que Richard Eduardo siguió y alcanzó al ahora occiso, siendo el otro acusado Irvin Alcides quien le disparó en varias ocasiones. Reprocha la recurrente, que el Tribunal sustenta su sentencia, por encontrarse su representado en el lugar de los hechos, cerca de la persona que disparó, situación que no se subsume en los elementos objetivos y subjetivos de tipo penal de asesinato; al no señalar en el cuadro fáctico que Richard Eduardo haya realizado alguna acción u omisión que tuviese como consecuencia la pérdida de la vida del ofendido en la causa in examine. Del delito de Asesinato. Interpretando la Declaración Universal de los Derechos Humanos, este Tribunal de Sentencia afirma que la vida (Art. 3) y la dignidad humana (Art. 1), junto con los derechos asociados de integridad corporal (Art. 3) y la libertad (Art.3), respectivamente, constituyen los derechos primarios por excelencia, de los que derivan las tres generaciones de derechos humanos reconocidos posteriormente. La vida también constituye un derecho de primera categoría para la Constitución de la República, (art 65), para la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 4.1) y para el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Art. 6.1), que en resumen la declaran como derecho inherente a la persona humana de carácter inviolable. Con el afán de proteger este derecho el legislador nacional ha previsto en el Título I del Libro Segundo del Código Penal, un conjunto de delitos que protegen la vida y la integridad corporal, entre éstos, en el Capítulo I, el delito de Asesinato. El delito de Asesinato, protege la vida independiente como bien jurídico protegido y está tipificado en el artículo 117 que indica que “es reo de asesinato quien de muerte a una persona”, ejecutando el hecho mediante alevosía, premeditación conocida, causando grandes estragos o con ensañamiento. De este modo se identifican como elementos objetivos del tipo penal los siguientes: 1. Sujeto Activo: Puede ser cualquier persona; 2. Sujeto Pasivo podrá ser cualquier persona diferente a: a. Los ascendientes o descendientes del sujeto activo, ya que de lo contrario podría configurarse otro tipo de delito (Parricidio o Infanticidio); b. Los Jefes de Estado o Jefes de Gobierno Extranjeros que se encuentren en Honduras en visita oficial, porque ello podría constituir un delito contra el Derecho de Gentes; y c. Diferente al presidente de un Poder del Estado de Honduras, porque daría paso al delito de Magnicidio; 3. Objeto material del delito, es la vida de la persona como bien jurídico protegido, por cuanto el sujeto pasivo debe ser un ser humano ya nacido y que además, aunque parezca obvio, que se encuentre vivo al momento de sufrir el delito; 4. Conducta Criminosa centrada en el verbo rector, que en este caso es matar, que dicho de otra manera implica privar de la vida; 5. Modalidad Criminosa, entendida como la forma de llevar a cabo el verbo rector y que en este caso el tipo penal determina que debe llevarse a cabo mediante una de las cuatro formas descritas en el tipo penal, siendo éstas: Alevosía, Premeditación Conocida, mediante la producción de grandes estragos o con ensañamiento. Como elemento subjetivo el tipo penal de Asesinato requiere el dolo específico de matar (Animus Necandi), de carácter directo o eventual, conformado por el conocimiento del sujeto activo de que la conducta desplegada puede producir o producirá la muerte de otra persona y de la voluntad de querer realizar la acción y conseguir el resultado como propósito perseguido o aceptar el resultado como consecuencia aceptada; adicionalmente el delito requiere que el sujeto activo tenga conocimiento de la modalidad criminosa (alevosía, premeditación, mediante ensañamiento o grandes estragos) y que quiera procurarla y/o aprovecharse de ésta. Partiendo de lo anterior, se identifican como características del tipo penal de Asesinato, las siguientes: 1. Según su Estructura: a. Tipo Penal Especial: Por ser un tipo penal que parte de los elementos básicos de otro delito (homicidio), al que se agregan otros elementos para constituirse en un tipo penal distinto; b. Tipo Penal Simple: Ya que describe un solo modelo de comportamiento: dar muerte; 2. Según su Contenido; a. Tipo Penal de resultado: que exige el cambio en el mundo físico traducido en la muerte de una persona; b. Tipo de Conducta Instantánea: al contener un supuesto de hecho cuya realización del comportamiento descrito se agota en un solo momento; c. Tipo Penal de Acción: porque describe un modelo de comportamiento comisivo; d. Tipo Penal cerrado: porque el supuesto de hecho determina con precisión la circunstancia típica, de tal manera que la conducta prohibida de matar se desprende con claridad; 3. Según el Sujeto Activo: a. Unisubjetivo: al describir una conducta que puede ser realizada con la concurrencia de un solo sujeto activo; b. Tipo Penal Común: ya que no exige que el sujeto activo tenga una condición especial o cualidad personal; 4. Según el Bien Jurídico Tutelado: a. Tipo Penal Mono-ofensivo: al proteger un único bien jurídico, el cual es la vida independiente; b. Tipo Penal de lesión: al significar un menoscabo del bien jurídico tutelado al traducirse la conducta humana en la muerte de una persona. De la Alevosía. La alevosía, conforme lo conceptualiza el artículo 27.2 del Código Penal, es cuando el sujeto activo realiza un delito en contra de la vida y la integridad corporal, empleando medios, modos o formas en la ejecución que tiendan directa y especialmente a asegurarla, sin riesgo para el agresor de la defensa que pudiese ofrecer la persona ofendida.- Es importante resaltar dos puntos: Primero: que para la existencia de la alevosía no se requiere que el delito sea de carácter consumado, basta que el sujeto activo haya pretendido realizar la acción alevosa para que la circunstancia pueda ser considerada existente; Segundo: Para la existencia de la alevosía no es suficiente con la concurrencia objetiva de una situación de indefensión, sino que es preciso, además, el ánimo por parte del sujeto activo de buscar y aprovecharse de esa situación.- Del concepto se derivan tres clases de alevosía: 1. La Alevosía Proditoria, conocida también como aleve o traicionera, existe en los casos en donde la agresión del sujeto activo precede de una trampa, emboscada, celada o apostamiento, actuando el autor “sobre seguro” y “a traición”, por tanto, adicionalmente requiere un ámbito previo de premeditación; ocurre cuando el sujeto activo se esconde entre la maleza, sale y le dice:” venga que le tengo una escuadra”. 2. Alevosía Sorpresiva, conocida también como súbita o inopinada, se presenta cuando la agresión del sujeto activo es de forma sorpresiva, repentina e inesperadamente, de forma fulgurante e imprevista por el sujeto pasivo (ex improvissu), no permitiendo al sujeto pasivo reaccionar mucho menos evitar la agresión; Típicamente la alevosía sorpresiva se presenta cuando el sujeto pasivo se encuentra de espaldas a su agresor, pero también puede presentarse cuando éste se encuentre de frente, a la vista, procurando el sujeto activo no revelar sus intenciones hasta cuando proceda a la ejecución del ataque procurando la suerte que el acto improvisto le de la ventaja; y 3. Alevosía de Prevalimiento, llamada con los nombres de desvalimiento o indefensión, que se presenta cuando el sujeto activo aprovecha una situación especial de indefensión o desamparo del sujeto pasivo que le impide defenderse, así por ejemplo los casos en donde la víctima se encuentre dormida, embriagada, esposada, retenida en una celda, etc.- En este tipo de alevosía, el estado de indefensión no es provocado por el sujeto activo, quien al visualizarlo lo aprovecha para ejecutar su ataque. De la procedencia del recurso. El único motivo no es de recibo. La Sala de lo Penal, después de contraponer los hechos declarados probados de la sentencia que hoy se conoce en casación, con los elementos del tipo penal de Asesinato ejecutado mediante alevosía, concluye que los mismo, se ajustan al ámbito situacional previsto del delito, por lo que la falta de aplicación de la norma penal sustantiva, contenidas en el artículo 117 numeral 1 del Código Penal 144-83 es incorrecta. La tarea primaria de la Sala de lo Penal, ha sido determinar si el factum constituye una conducta penalmente relevante que pueda ser reprochada al acusado Richard Eduardo Varela Palacios.Los hechos probados de la sentencia (F.415), señalan que, entre las 2:30 y 3:00 de la tarde del 27 de abril del año 2016, en la colonia Mery de Flores de la Ciudad de Comayagüela, la víctima Jimmy Ariel Sánchez Cerrato, observo que en una esquina de la colonia se encontraba Richard Eduardo Varela Palacios e Irvin Alcides Álvarez, en compañía de otras personas, al cruzar cerca de ellos, salió en veloz carrera, siendo seguido por Richard Eduardo Varela Palacios e Irvin Alcides Álvarez, quienes alcanzaron a la víctima Jimmy Ariel Sánchez Cerrato, al estar cerca y a poca distancia del mismo, el joven Irvin Alcides Álvarez Álvarez, le disparó en varias ocasiones en contra de su humanidad, con un arma de fuego que sacó de un maletín que cargaba, por lo que en el acto el joven Jimmy Ariel falleció. Hecho probado que merece las siguientes observaciones: 1. El relato es exacto en cuanto a señalar quien era la persona o personas que siguieron a la víctima Jimmy Ariel Sánchez Cerrato. El hecho probado hace una afirmación de que los acusados Richard Eduardo Varela Palacios e Irvin Alcides Álvarez Álvarez fueron quienes le dieron persecución a la víctima; quien se vio superado en número, que imposibilitó ejercer algún acto en su defensa, más que correr para salvaguardar su vida, que no logró, al ser alcanzado por sus atacantes. 2. El hecho probado además atribuye la acción ejecutada a Irvin Alcides Álvarez Álvarez, quien disparó en varias ocasiones en contra de su humanidad, con un arma de fuego que sacó de un maletín que cargaba; provocando la muerte inmediata de la víctima Jimmy Ariel Sánchez Cerrato. Tengamos presente que el hecho probado describe cual fue la conducta típica realizada por cada una de las personas acusadas, para que exista legitimación de dictar una sentencia condenatoria en contra de cada uno de los procesados; y 3. Se especifica en el hecho probado una conducta criminosa, entendida como la forma de llevar a cabo el verbo rector (matar) y que en este caso el tipo penal determina que debe llevarse a cabo mediante una de las cuatro formas descritas en el tipo penal, siendo ésta la alevosía. Los acusados emplearon medios, modos y formas en la ejecución que tiendan directa y especialmente a asegurarla, sin riesgo para el agresor de la defensa que pudiese ofrecer la persona ofendida, describe el hecho probado que los dos imputados Richard Eduardo Varela Palacios e Irvin Alcides Álvarez Álvarez, junto con otra persona, se encontraban en una esquina, de la colonia Mary de Flores, quienes al ver al ofendido, le dieron persecución superándolo en número, situación que fue aprovechada por Irvin Alcides Álvarez Álvarez, para sacar de un maletín que cargaba un arma de fuego para disparar en varias ocasiones en contra de la humanidad del joven Jimmy Ariel, quien falleció en el acto. En conclusión, el declarado hecho probado, como una verdad incuestionable y base para la aplicación de la ley sustantiva, si reproduce los supuestos situacionales que describe el Código Penal en el artículo 117 numeral 1, dado que en primer término describe una conducta humana atribuible a los acusados, que sea típica y antijurídica, en la que aquellos hubiesen actuado con culpabilidad y que por ello sean merecedores de una pena; en segundo término, el acusado Richard Eduardo Varela Palacios, aportó un elemento importante para la producción del delito, fue darle persecución junto con otras personas y con ello superar en número a la víctima, además de tener dominio del hecho, es decir tuvo el poder de decidir el cuándo, dónde y cómo del hecho, siendo parte de las persona que desencadena el curso causal del delito y que lo pudo detener en cualquier momento, sin embargo, no lo hizo; recordemos que tendrán la calidad de autores quienes compartan ese poder o potestad, aun cuando no lo sea en la misma medida, para el caso subjudice, Richard Eduardo Varela Palacios le da persecución a la víctima y Irvin Alcides Álvarez Álvarez dispara el arma de fuego, eso se le llama un dominio funcional del hecho, siendo entonces lo consecuente declarar sin lugar el presente motivo. Recurso de Casación por Infracción de Ley. Interpuesto por la Defensa Privada de Irvin Alcides Álvarez Álvarez. Primer y único motivo. Norma Autorizante: 360 del Código Procesal Penal; Normas que se denuncian Infringidas: Artículo 117 del Código Penal. Concepto de la Infracción: Aplicación Indebida del artículo que contienen el tipo penal de Asesinato; Pretensión: Se declare ha lugar.Denuncia el censor que el Tribunal de Sentencia no valoro los medios de prueba propuestos por las defensas privadas ya que, en el juicio oral, admitieron como prueba un álbum fotográfico de un reconocimiento de personas y que el artículo 253 señala el procedimiento, prueba de reconocimiento no encontrarse apegado a derecho, violentando las garantías constitucionales y las normas del debido proceso. Aqueja la falta de pronunciamiento de los juzgadores con la prueba en descargo. De la procedencia del recurso. El único motivo no es de recibo. Como ha bien lo manifiesta el recurrente, que habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o de doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido una norma penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada para la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo, sin embargo, su desarrollo recursivo se desborda de lo anterior. Debe saber el censor, que el recurso interpuesto obliga a respetar el relato de hechos probados en la sentencia recurrida, pues en estos casos se discuten problemas de aplicación de la norma jurídica y tales problemas han de plantearse y resolverse sobre unos hechos predeterminados, que han de ser fijados al efecto por el tribunal de instancia. El recurso de casación por infracción de ley se articula a partir de las precisiones fácticas que haya establecido el tribunal de instancia, por no constituir una apelación ni una revisión de prueba. Se trata, en todo caso, de un recurso de carácter sustantivo penal cuyo objeto exclusivo es el enfoque jurídico que, a unos hechos dados, ya inalterables, se pretende aplicar, en discordancia con el sentenciador. La técnica de la casación penal exige que en los recursos de esta naturaleza, se guarde el más absoluto respeto a los hechos que se declaren probados en la sentencia recurrida, ya que el ámbito propio de este recurso queda limitado al control de juricidad, o sea, que lo único que en él se puede discutir, es si la subsunción que de los hechos hubiese hecho el tribunal de instancia en el precepto penal de derecho sustantivo aplicado, es o no correcta jurídicamente, de modo que la tesis del recurrente no puede salirse del contenido del hecho probado. De acuerdo a lo previsto en el artículo 338 del Código Procesal Penal, la sentencia se construye como un silogismo, en que la premisa menor, está integrada por el relato de hechos probados, la mayor por los fundamentos de derecho, y la conclusión, por el fallo. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar, se invocan normas que no deben aplicarse, o se invocan las norma que deba aplicarse al caso concreto pero el juzgador hace una incorrecta interpretación de la misma. Mediante este recurso el recurrente no puede intentar que dichos hechos probados sean modificados a partir de una revalorización de los medios de prueba, tal como ocurre en el presente caso. Por tal razón es procedente declarar sin lugar el presente Recurso de Casación por Infracción de Ley. Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional. Interpuesto por la Defensa Privada de Irvin Alcides Álvarez Álvarez. Único motivo. Precepto autorizante: artículo 361 y 362 del Código Procesal Penal. Normas constitucionales que se denuncian infringidas: artículos 90 de la Constitución de la República. Concepto de la infracción: violación al debido proceso. Pretensión: Sin determinar por el recurrente. El censor del fallo, únicamente hace en preámbulo del recurso sin desarrollar y señalar en que consistió la violación al debido proceso. De la procedencia del recurso. El único motivo no es de recibo. En el presente caso, el recurrente presenta un recurso vació de contenido, sin realizar una exposición científica del porqué considera que la norma constitucional enumerada ha sido violentada, sino que solamente se limita a no dar mayor explicación, sin determinar con claridad la infracción provocada por los juzgadores. En conclusión, la Sala de lo Penal se encuentra imposibilitada de hacer un pronunciamiento de fondo para resolver el objeto de impugnación, dado que éste no fue debidamente definido por el recurrente. Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Interpuesto por la Defensa Privada de Richard Eduardo Varela Palacios. Único motivo. Normas autorizantes citadas: Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. Normas procesales que se denuncian infringidas citadas: Artículos 202 del Código Procesal Penal; Concepto de la infracción expuesto: No haber observado el sentenciador en la valoración de la prueba, las reglas de la sana crítica; Acciones de saneamiento o subsanación del vicio denunciado: imposibilidad de reclamo previo, porque el vicio se produce en el acto mismo de sentenciar; Pretensión: Ha lugar y ordenar el reenvío. Denuncia la recurrente, que la sentencia impugnada contiene un vicio grave al observarse que la conclusión a la que arribaron los sentenciadores no corresponde a una valoración de la prueba conforme las reglas de la sana crítica; luego procede a describir la prueba de cargo, testifical, documental, pericial, asimismo en descargo, posteriormente refiere a una fracción de la valoración que hiciera el tribunal, para concluir, que dicho razonamiento es desatinado, al extraerse de testimonios huérfanos de comprobación, al deferir la pericia de la autopsia de los argumentos del testigo protegido A, que el testigo protegido B se dejó llevar por lo que la gente decía, que un escrutinio de toda la prueba del Ministerio Público, detecta el recurrente, varias incoherencias en la valoración probatoria, por lo cual denuncia la inobservancia del principio de razón suficiente. Continuó en su desarrollo recursivo que en el fallo del juzgador falta logicidad, a razón de haber considerado las deposiciones de los testigos protegidos sin hacer la debida conexión con la prueba científica, al dar por valido la tesis que hace el Testigo Protegido A, que fueron de 3 o 4 disparos y de corta distancia, cuando fueron 6 según la autopsia de larga distancia de atrás hacia adelante; que la versión incriminadora del policía de investigación fue confusa y contradictoria para que el tribunal sostenga que dicha declaración corroboro a la de los testigos protegidos. Ha referido la censora, que los argumentos del sentenciador son violatorios a las reglas del recto entendimientos humano, pues no proviene del resultado probatorio, sino de su mente. De las Reglas de la Sana Crítica. El Código Procesal Penal da exclusiva competencia a los jueces de sentencia para la estimación valorativa de las pruebas y las conclusiones fácticas que de ellas extraigan, siendo ello inatacable por la vía recursiva casacional, siendo solamente controlable el proceso seguido por los jueces para la construcción de tales conclusiones. El artículo 362 No. 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes… 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica.”. Al respecto, se ha señalado que:“… La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva…”. (Fallo de fecha 30 de noviembre del 2001, en el Exp. 194-2009 y de fecha 30 de noviembre del 2011, en el Exp. 297-09, también en ese sentido el fallo de fecha 20 de octubre del 2011, contenido en el Exp. 360-09 y de fecha 05 de abril del 2011, del Exp. 385-09, todos de la Sala de lo Penal). En el apartado de la valoración intelectiva el juzgador debe valorar la prueba, conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la Prueba: Íntima Convicción (propio del Sistema de Juzgamiento por Jurados), Prueba Legal o Tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe darle el juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias) y la Sana Crítica; es este último el que debe observar el juzgador penal hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. En el sistema de la Sana Crítica en la valoración de la prueba, existe plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones guarden una necesaria relación con las premisas que le sustentan, las cuales son a su vez construidas como fruto razonado de las pruebas. En este sistema, el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia de convicción de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común (al respecto ver fallo de fecha 30 de noviembre del 2011, del Exp 125-2010 de la Sala de lo Penal); de este modo “… las reglas de la sana crítica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza…” (fallo Sala Penal de fecha 20 de octubre del 2011, en el Exp 88-09). Componen la Sana Crítica: 1) Reglas de la Experiencia Común o Máximas de la Experiencia. Se refieren a juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el juzgador, relevados de demostración probatoria por adquirirse a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por este hecho son compartidas con las demás personas, aun cuando no formen parte de su mismo grupo social. Nos referimos a fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión o hechos de la cultura común, siendo el antónimo de éstos los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realiza solo un grupo determinado de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior, el conocimiento privado del juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. El juzgador deberá analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común, entre otros: I. Cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca del hecho. II. Cuando cite como común un hecho que no lo sea, por no ser aprehensibles de manera espontánea por el profano, sino que solo mediante experiencias extraordinarias o mediante estudios especializados; o II. Cuando afirme como común un hecho que exija demostración probatoria. Las reglas de la experiencia común se basan en la probabilidad, es decir, al momento en que el juzgador valora un hecho, considerará el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos porqué lo considera así. 2) Las reglas de la Psicología. Están referidas, no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento empírico adquirido del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquél. Las Reglas de la Psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo en relación al grupo social, se requiere que el juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la experiencia común, las reglas de la psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado; y 3) Las Reglas de la Lógica. La Lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatorio para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. La lógica aplicable es la “Lógica no formal”, llamada en el ámbito como Razón del Juicio donde las conclusiones se muestran bajo el espectro que irradia la prueba. Las leyes de la Lógica informan sobre leyes universales, a saber: a. La Coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí. La coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente. De la Ley de la Coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: I. El Principio de Identidad: Que exige que toda noción empleada en el razonamiento debe tener una sola y única significación en el todo contextualizado, es decir: una proposición sólo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y”. II. El Principio de Contradicción: Las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En valoración de prueba: un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. III. El Principio de Tercero Excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí: una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera y ninguna tercera posibilidad es posible. b. La Derivación: Exige que cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; cada pensamiento debe provenir de otro, con el cual está relacionado, salvo que se trate de un principio, es decir de un juicio inicial. Pero, además, la conclusión debe derivar de elementos suficientes para que justifique la producción de aquella. Existirá omisión al principio lógico de derivación: I. Cuando la conclusión no encuentre correspondencia con el medio de prueba por una indebida inferencia. II. Cuando la conclusión no sea producto derivado de un medio de prueba, debiendo serlo por tratarse de la afirmación o negación de un hecho de carácter no notorio. III. Cuando la conclusión sea construida en base a medios de pruebas inexistentes; o IV. Cuando la conclusión esté basada en el contenido de un medio de prueba cuyo contenido esté falseado. De la derivación se extrae el Principio de Razón Suficiente, por el cual toda conclusión requiere una razón suficiente que justifique su existencia; la conclusión debe ser el final del iter lógico seguido en la valoración de las pruebas apoyándose en inferencias razonables; cada conclusión expuesta puede formar una sucesión que al final lleven a una conclusión última en donde se afirme o niegue el hecho juzgado. De la Rúa (Fernando de la Rúa, La Casación Penal, Ediciones Depalma, Buenos Aires, Argentina, pág. 156), señala que la motivación para ser lógica debe responder a las referidas leyes que presiden el correcto entendimiento humano, observando como características: 1.Congruente: En donde las afirmaciones, deducciones y conclusiones guarden una adecuada correlación y concordancia entre sí. 2.Concordante: Cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella. 3.No contradictoria, por estar libre de razonamientos que al oponerse se anulen entre sí al reflejar verdades incompatibles. 4.Inequívoca: al no dejar margen para cuestionar el alcance y significado de los razonamientos y de las conclusiones que le deriven; y 5. Suficiente: al estar constituida por un entramado de conclusiones interrelacionadas, que se deriven de múltiples cadenas de pensamientos, todos ellos aptos para producir razonablemente un convencimiento. El autor citado (Ob. Cit, pág. 157), explica que la sentencia carecerá de motivación cuando los razonamientos son contrastados advirtiendo oposición entre ellos y/o entre ellos y la parte resolutiva, destruyéndose recíprocamente dejando vacía la fundamentación de la decisión. De la procedencia del recurso. El recurso no es de recibo. La Sala de lo Penal ha señalado que en casación, como única instancia, solo puede hacer un análisis y en su caso censura, del proceso intelectivo de la sentencia cuando ésta contenga razonamientos que riñan con las reglas de la sana crítica; debe entenderse entonces que el foco de estudio no es la prueba, no es lo que dejó de acreditar o acreditaron los medios probatorios (valoraciones de instancia), sino ese razonamiento plasmado por los jueces y los cuales les llevaron a construir los hechos declarados probados. La exactitud en la confección del recurso de casación por quebrantamiento de forma, tratándose de violaciones a las reglas de la sana crítica debe ser alta: se requiere de la identificación del razonamiento judicial, la identificación de la regla de la sana crítica que se considere violentada, la explicación del porqué el razonamiento judicial contiene un vicio de inobservancia o de mala aplicación de la regla de la sana crítica y finalmente, la explicación del porqué dicha violación tiene una repercusión negativa en la decisión adoptada por el tribunal; es un trabajo técnico, bastante preciso, pues a cada razonamiento judicial debe hacerse el examen sobre su propiedad.- La exigencia técnica del presente recurso es señalar que regla de la sana critica es la que se encuentra violentada, no es suficiente, solo señalar “inobservancia del principio de razón suficiente” “violación a reglas del recto entendimientos humano” y por último “violación a las reglas de la lógica y las máximas de experiencia”. No ha sido clara ni precisa la recurrente en cual regla se acoge como agraviada, pues de ello depende la resolución de esta Sala de lo Penal, aun y cuando, se asuma que la regla de la sana crítica que se alega como inobservada es la de derivación por falta de razón suficiente, la recurrente, debió darse a la tarea de identificar el silogismo judicial que considera indebidamente construido e identificar en éste la premisa mayor, la premisa menor y luego, lo más importante, demostrar que la inferencia realizada (deductiva, inductiva, analógica a pari o analógica a fortiori) es incorrecta (por una de las razones señaladas ut supra) y que por ello la conclusión que se dice necesaria en realidad no lo es; tarea que no termina allí pues además debió explicar por qué tal conclusión malograda es relevante para la decisión final y que por ello dicha decisión fue indebidamente adoptada, nada de eso desarrolla la recurrente. Ahora si asumimos que la regla señalada como agraviada es la regla de las experiencia común o máximas de la experiencia, debió desarrollarse como agravio que el hecho va en contra de la experiencia común, debiendo razonar porque lo considera así, sin embargo, en cuando a ello guarda silencio la recurrente. Así las cosas, cuando se cuestiona la violación a las reglas de la sana critica, es incorrecto lo expuesto por la recurrente, dado que su señalamiento recursivo, no es, en el razonamiento judicial (que es el que se controla en casación), sino que lo hace a los medios de prueba, lo que no puede ser objeto de revisión por la Sala de lo Penal, pues ello implicaría valoración de prueba. Expone la recurrente, una reflexión que parte de una valoración privada y personal de los medios de prueba, olvidando que el tribunal de casación no hace valoración de prueba, mucho menos una ponderación conjunta de la carga probatoria para determinar acreditación de delitos y de responsables; como se ha indicado ut supra, la potestad legal de la Sala de lo Penal se limita exclusivamente a determinar si el razonamiento judicial se encuentra dentro del canon de las normas que pautan el recto entendimiento, determinación que se hace partiendo exclusivamente de lo que define la censora como aspectos sujetos a impugnación, que en el presente caso resultaron no demostrativos de vicio e impropios de una correcta técnica recursiva casacional. Como consecuencia, al ser falto de la debida técnica recursiva el recurso planteado, ninguno de los argumentos tiene la propiedad para poder darles una respuesta de fondo. Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Interpuesto por la Defensa Privada de Irvin Alcides Álvarez Álvarez. Único motivo. Normas autorizantes citadas: Artículo 362 numeral 2 y 3 del Código Procesal Penal. Normas procesales que se denuncian infringidas citadas: Artículos 202 del Código Procesal Penal; Concepto de la infracción expuesto: Las motivaciones fácticas y jurídicas son suficientes y contradictorias en las que el Tribunal que dicto dicha sentencia son insuficientes y contradictorias y en la valoración de las pruebas el Tribunal no observó las reglas de la sana crítica; Acciones de saneamiento o subsanación del vicio denunciado: imposibilidad de reclamo previo, porque el vicio se produce en el acto mismo de sentenciar; Pretensión: Ha lugar y ordenar el reenvió. Aqueja el censor, que el Tribunal no valoró las pruebas otorgados por la defensa, ya que con la declaración testifical si se demostró que el día en que sucedieron los hechos su representado no se encontraba en su lugar de los hechos; que los Testigos Protegidos, tomado como prueba anticipada, entraron en muchas contradicciones. Anteriores declaraciones que influyo mucho para el veredicto del Honorable Tribunal, un móvil como ser una supuesta venganza, denotando según el recurrente, un interés de perjudicar a su representado. Concluye que los razonamientos del juzgador al momento de valorar dichas probanzas en su conjunto vulneran la regla lógica de derivación en su postulado de razón suficiente, en virtud que al considerar la prueba en su conjunto, no se puede arribar a otra conclusión que no sea que su representado es inocente del delito por el cual se le condenó y que lo procedente era una sentencia absolutoria. De la procedencia del recurso. El único motivo no es de recibo. Resulta evidente que el recurrente ha explorado el mundo casacional sin antes haberse armado del conocimiento de la técnica, principios y contenido de sus conceptos básicos, asimismo, el recurrente, inicia planteando dos motivos en uno solo, sin embargo, su desarrollo recursivo fue dirigido a la violación de las reglas de la sana crítica, siendo en este que se dará respuesta. Ante una denuncia de violación a las reglas de la Sana Crítica, corresponde a la Sala de lo Penal, auditar el razonamiento judicial, comprobando si la motivación intelectiva es acorde con ésta o por el contrario existe divorcio; para ello es preciso que el recurrente, no solo manifieste la existencia del vicio, sino que se focalice la regla del correcto entendimiento humano que considera violentada, cual es el razonamiento judicial que contiene el vicio y, a efecto de demostrar su razón, realice la debida confrontación entre uno y otro. La simple denuncia, limitándose a señalar que existe violación de las reglas de la sana crítica y aquejar la valoración de la prueba en los términos analizados, meya negativamente en la suerte del recurso. Han sido muchas las sentencias en donde la Sala de lo Penal ha señalado que en casación, como única instancia, solo puede hacer un análisis y en su caso censura, del proceso intelectivo de la sentencia cuando ésta contenga razonamientos que riñan con las reglas de la sana critica; debe entenderse entonces que el foco de estudio no es la prueba, no es lo que dejó de acreditar o acreditaron los medios probatorios (valoraciones de instancia), sino ese razonamiento plasmado por los jueces y los cuales les llevaron a construir los hechos declarados probados. Para el caso en estudio, el recurrente, fue constante en citar los dichos de los testigos protegidos y del testigo en descargo del imputado, evacuados en juicio, extrayendo lo más relevante de su contenido para luego describir lo que su criterio se probó o no se acreditó, remarcando que con la correcta valoración de la prueba en su conjunto, no se puede arribar a otra conclusión que no sea que su representado es inocente del delito por el cual se le condenó, el recurrente entonces no hace menos que presentar una queja sobre la valoración, al no estar de acuerdo con ella, lo que es un alegato que no es propio para un recurso de casación. De la lectura del recurso, nada se dice cuál de los razonamientos esgrimidos por los sentenciadores incurre en violatorio de la regla de derivación, es decir, no existe en el escrito del recurso la identificación de un silogismo judicial, análisis de premisas y demostración de una mala inferencia que termine en una indebida conclusión derivada. El defensor privado, no ha indicado de manera puntual, algún postulado intelectivo de la valoración, que considere viciado por su errónea construcción o por arribar a una inferencia equívoca y ajena a la regla lógica de derivación. En el caso subjudice, el recurrente, expone una reflexión que parte de una valoración privada y personal de los medios de prueba, olvidando que el tribunal de casación no hace valoración de prueba, mucho menos una ponderación conjunta de la carga probatoria para determinar acreditación o no de delitos y de responsables; como se ha indicado ut supra, la potestad legal de la Sala de lo Penal se limita exclusivamente a determinar si el razonamiento judicial se encuentra dentro del canon de las normas que pautan el recto entendimiento, determinación que se hace partiendo exclusivamente de lo que define el recurrente como aspectos sujetos a impugnación, que en el presente caso resultaron no demostrativos de vicio e impropios de una correcta técnica recursiva casacional. Desafortunadamente el recurrente acude a esta única instancia como una forma de disfrazar la verdadera pretensión de reexamen o revalorización (revisio de facto) de la actividad probatoria, como medio de atacar el juicio valorativo hecho por el tribunal, cuando el recurso de casación no provoca un nuevo examen probatorio de los medios que fundan la decisión judicial impugnada; la casación no es una segunda instancia, sino una única instancia encargada de revisar la mera legalidad de la decisión judicial, quedando fuera de tal esfera de competencia la revaloración de la prueba. Como consecuencia, al ser falto de la debida técnica recursiva el recurso planteado, ninguno de los argumentos tiene la propiedad para poder darles una respuesta de fondo. DECISIÓN: No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en cada uno de sus motivos. No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo. No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en cada uno de sus motivos. de la procedencia de la aplicación retroactiva del código penal decreto 130-2017. A. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos de retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir una pena de cinco a diez años de prisión). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado, disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrará en vigencia y cuándo es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento del juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución Política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: A. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; B. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y C. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas en su totalidad, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el CP Decreto 130-2017. Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigor del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo Código sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibido la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando en la sentencia impugnada por un recurso devolutivo se aprecie una pena no concursada, se procederá a la comparación de la pena concreta impuesta conforme CP-144-83 con la pena abstracta conforme CP-130-2017, bajo las siguientes reglas: Si existe coincidencia en la naturaleza de las penas contempladas como sanción en ambas legislaciones: i.- no procederá la aplicación retroactiva cuando la nueva legislación prevea una pena más grave que la anterior legislación; ii.- no procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada impuesta conforme el CP-144-83 se encuentre dentro del margen abstracto del CP-130-2017; iii.- procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada sea más grave en comparación con el margen abstracto previsto en la nueva legislación; o Si la sanción impuesta conforme el CP-144-83 es de distinta naturaleza a la prevista en el CP 130-2017, se procederá a hacer una ponderación en atención al caso concreto, incluyendo la situación personal del condenado/a, para determinar cuál de ellas le es más beneficiosa y con ello si procede o no la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal. En caso de requerirse estudios para determinar cuál de las sanciones es más beneficiosa, éstos deberán de ser ordenados por el Tribunal previo a la decisión. C. Escrito Complementario. No fue presentado ante la única instancia escrito por parte de las Defensas Privadas de los acusados Richard Eduardo Varela Palacios e Irvin Alcides Álvarez Álvarez, que expusiera cuál es su criterio en cuanto a la aplicación retroactiva del nuevo cuerpo normativo penal, tal y como lo señala el artículo 624 del Código Penal 130-2017; Tampoco el Ministerio Público hizo pronunciamiento sobre el respecto, por lo que la Sala de lo Penal se ve obligada a realizar el análisis de oficio tal y como prevé el numeral 3 de la misma norma citada, en relación al acusado señalado. D. Ponderación en el caso concreto. En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso a los señores Richard Eduardo Varela Palacios e Irvin Alcides Álvarez Álvarez, la pena principal de veinte (20) años de reclusión, como coautor responsable penalmente de un delito de asesinato, en perjuicio de la vida de Jimmy Ariel Sánchez Cerrato, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil, por el tiempo de la pena privativa de libertad, y las consecuencias penales trabajo penitenciario y responsabilidad civil derivada del delito. La conducta reprochada al acusado está prevista en el Título III, Capítulo I, del Libro II del Código Penal 130-2017, tipificado como delito de asesinato (Art. 193), cuya pena es de veinte (20) a veinticinco (25) años de prisión, marco abstracto dentro del cual se encuentra la pena privativa de libertad impuesta a los acusados. Por tanto, no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del nuevo Código Penal. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 360, 361 y 362.3 del Código Procesal Penal Falla: Primero: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su único motivo; No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo, ambos interpuesto por la Abogada Dexa Estela Antúnez Flores, en su condición de defensora privada del acusado Richard Eduardo Varela Palacios. Segundo: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo; No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo; No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo, todos los recursos interpuestos por el Abogado Manuel de Jesús Arévalo, en su condición de defensor privado del imputado Irvin Alcides Álvarez Álvarez. Tercero: Declara la no procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017, por las conductas reprochadas a los ahora condenados Richard Eduardo Varela Palacios e Irvin Alcides Álvarez Álvarez. Como consecuencia de lo anterior, los beneficios penitenciarios deberán de ser otorgados conforme las disposiciones del Código Penal 144-83. Cuarto: Declara Firme y Ejecutable la sentencia de fecha diez de septiembre del año dos mil diecinueve, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, que contiene el pronunciamiento condenatorio en contra de los señores Richard Eduardo Varela Palacios e Irvin Alcides Álvarez Álvarez por el delito de Asesinato, en perjuicio de Jimmy Ariel Sánchez Cerrato. Y MANDA: A efecto de que se acate lo mandado, la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas en única instancia, deberá devolver los antecedentes del caso al tribunal de justicia de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento. NOTIFÍQUESE. Firmas y Sello. José Olivio Rodríguez Vásquez. Magistrado Coordinador. Rafael Bustillo Romero. Magistrado. Alma Consuelo Guzmán García. Magistrada. Firma y Sello. LETY EMELDA POSADAS. Secretaria Actuante. Sala de lo Penal.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los 26 días del mes de septiembre del dos mil veintidós. Certificación de Sentencia dictada el veinticuatro de febrero del dos mil veintidos, recaída en el expediente de casación con número de ingreso SP-582-2019.

JOSE RAMON CRUZ FERRERA

SECRETARIO ACTUANTE

SALA DE LO PENAL

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