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Sentencia CP-580-18 — Registro 15550

Resumen

En primer instancia se condena al imputado por el delito de extorsión simple, se declara sin lugar el recurso de casación interpuesto por su defensa

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Los Motivos primero y segundo no son de Recibo. El Recurso adolece de una debida técnica recursiva; de inicio, en el planteamiento lo que se anuncia como concepto de la infracción son un conjunto de motivos distintos: Se Denuncia Infracción de Precepto Constitucional y Quebrantamiento de Forma sin identificar claramente los vicios; por precepto constitucional violado señala el artículo 84 de la Constitución de la República, ya que fue detenido sin mediar un mandato escrito de autoridad competente y como motivo de quebrantamiento de forma es la mala valorización de las pruebas. - De seguido el Censor desarrolla los motivos desarrollando argumentos poco claros:  El recurrente en sus motivos cuestiona que: la prueba fue incorporada ilícitamente, hubo una investigación cercenada, no fue ni técnica, científica ni profesional, no se hizo y así se alegó oportunamente en la que ni el Fiscal ni la Defensa estuvo presente, no hay una prueba directa que vincule al indiciado directamente únicamente el testimonio del testigo Protegido COM 0030; que el Tribunal de Sentencia se centra para condenar a la procesada en una sola prueba la declaración de dos testigos y un vaciado a un celular 32124807 del que no se pudo extraer nada, no hay una prueba concluyente que vincule a Ángel Gabriel Flores Trejo en su culpabilidad, repito, no hay prueba irrefutable de culpabilidad-La Hipótesis del crimen plateado no coincide en forma precisa con la los hechos reales.-No hay una descripción completa de la escena del crimen y quienes estaban. De forma tal que el Representante del Ministerio Público no ejecuto todo el mecanismo para probar la teoría del caso como ser: A).-Materia1.- humano especializado.-B).-Procedimientos legales y C).-Material.- D).- No se observaron las reglas de la sana critica intelecto del cual el Estado lo ha dotado para realizar su función con objetividad, sobre todo cuando a obtenido una primera verdad real del hecho que se investiga a través de la declaración del procesado que es su defensa.  Lejos de lo esperado por este Ad-Quem, el Recurrente ocupa el libelo para compartir cuál es su valoración particular de los medios de prueba, asumiendo que la Sala de lo Penal es una segunda instancia que puede hacer una revaloración de la prueba presentada en debate. Esta Sala de lo Penal establece que el recurrente ha presentado una impugnación sin atender una debida técnica recursiva al desarrollar dos recursos distintos bajo un mismo título, sin indicar que motivos considera infringidos, haciendo confusión de alegatos entre uno y otro, pero además al no desarrollar cada uno de tales motivos con propiedad, explicando el alcance del derecho fundamental que se cita como violentado y como esta violación se materializo con la actuación del Tribunal de Sentencia, por lo que es procedente es declarar sin lugar el recurso de casación de Infracción de Precepto Constitucional y por quebrantamiento de forma invocado por el recurrente...."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

..."El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos de retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir una pena de cinco a diez años de prisión). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado, disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrará en vigencia y cuándo es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento del juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución Política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas en su totalidad, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el CP Decreto 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo código, sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibida la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando en la decisión judicial de la sentencia que se impugna, se aprecie un concurso real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme a las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse, primero conforme al límite objetivo ordinario o límite objetivo extraordinario, según corresponda, y después conforme al límite subjetivo. Sin embargo, uno no es preferente sobre el otro, por lo que se aplicará el límite que sea menor; b. La ponderación deberá realizarse, primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el CP-130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a. Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b. Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no, los 30 años (límite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (límite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años, la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años, se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas, en suma, sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y, aun así, en suma, sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja, de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Límite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Límite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Límite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán, cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. C. Escrito Complementario No fue presentado ante la única instancia escrito por parte de la defensa privada del acusado Ángel Gabriel Flores Trejo, que expusiera cuál es su criterio en cuanto a la aplicación retroactiva del nuevo cuerpo normativo penal, tal y como lo señala el artículo 624 del Código Penal 130-2017; tampoco el Ministerio Público hizo pronunciamiento al respecto, por lo que la Sala de lo Penal se ve obligada a realizar el análisis de oficio tal y como prevé el numeral 3 de la misma norma citada, en relación al acusado señalado. D. Ponderación en el caso concreto En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso al señor Ángel Gabriel Flores Trejo, la pena de 15 años de reclusión por un delito de Extorsión en perjuicio de Testigo Protegido AB-26 y una pena de multa de 50 salarios mínimos, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil. Conforme las disposiciones del Código Penal decreto 130-2017, el delito de Extorsión, se penaliza así, de quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto (Art. 373); más las penas accesorias y demás consecuencias penales. Para efectos de la individualización de las penas, manda el artículo 70 NCP tener en consideración la existencia o ausencia de las circunstancias modificativas de la responsabilidad penal y, en su defecto, las circunstancias personales del condenado. - En el caso sometido a juzgamiento se establece que al señor Ángel Gabriel Flores Trejo, se le impuso una pena de 15 años, misma que se encuentra dentro del rango establecido para ese delito en la nueva legislación penal, por lo que no le procede su aplicación retroactiva del decreto 130-2017, pues la pena impuesta en la sentencia se encuentra contenida en el rango de penas establecido en el nuevo Código Penal ..."

Legislación citada

Sentencia

Certificación

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA la sentencia de fecha veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, recaída en el expediente con registro SP 580-2018, que literalmente dice: “Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veinticuatro días del mes de febrero del año dos mil veintidós, el pleno de la Sala de lo Penal integrado por los Magistrados: José Olivio Rodríguez Vásquez, en su calidad de coordinador, Rafael Bustillo Romero y Alma Consuelo Guzmán García, pronuncian En Nombre Del Estado De Honduras La siguiente sentencia en el Recurso de Casación SP-580-2018 por Infracción de Precepto Constitucional y por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha diecinueve de julio del año dos mil dieciocho, dictada por el Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en materia de Extorsión, mediante la cual falló: Primero: Condenó al señor Ángel Gabriel Flores Trejo, como autor del delito de Extorsión Simple, en perjuicio de La Propiedad del Testigo Protegido AB-26, a la pena de quince años de reclusión, más la multa de cincuenta salarios mínimos.- Segundo: Condenó señor Ángel Gabriel Flores Trejo, a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo que dure la condena principal.- Tercero: Se le declaró la responsabilidad civil del señor Ángel Gabriel Flores Trejo.- Cuarto: No procedió condenar al señor Ángel Gabriel Flores Trejo, en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio.- Quinto: No procedió el comiso. Son Partes En La Única Instancia: El Abogado Miguel Ángel Alvarado Pineda, en su condición de Defensor Privado del señor Ángel Gabriel Flores Trejo, como parte recurrente y la Abogada Diana Elizabeth Rodríguez Corea, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, como parte recurrida. Hechos Probados de la instancia “Primero: En fecha Veintinueve de Octubre de dos mil diecisiete, aproximadamente a las ocho de la mañana, el Testigo protegido con clave COM-0030 empezó a recibir varias llamadas telefónicas del número 96524344 y al contestar dicha llamada una persona del sexo masculino le exigió la cantidad de Veinticinco Mil Lempiras, y que no hacer efectiva la entrega del dinero solicitado, lo iban a matar a él ya su familia, y por temor el Testigo Protegido le dijo que lo iba a conseguir, manifestándole la persona que lo llamaba que estuviera pendiente que lo volvería a llamar para decirle donde iba a entregar el dinero, llamándolo posteriormente del número 3212-4807 manifestándole que el dinero lo fuera a entregar en Siguatepeque, exactamente en el desvió a la Esperanza. Segundo: En fecha uno de noviembre del dos mil diecisiete, el Testigo Protegido interpuso la respectiva denuncia en las oficias de la Fuerza nacional Antiextorsión en Comayagua, siendo asesorado por los agentes para que se realizara una entrega controlada, por lo que el testigo Protegido facilito dos billetes de Cien lempiras, los cuales fueron seriados y se elaboró un paquete simulando la cantidad de Veinticinco Mil Lempiras, el cual sería entregado por el Testigo Protegido en el lugar indicado por la persona quien lo llamaba, por lo que se conformaron dos equipos de la Fuerza Nacional Antiextorsión, con el propósito de montar vigilancia para la entrega controlada, movilizándose hacia Siguatepeque exactamente en el desvió a la Esperanza, llegando a dicho lugar aproximadamente a las dos de la tarde, ubicándose estratégicamente en las cercanías del lugar para no ser identificados y luego de permanecer en dicho lugar por un espacio de diez a quince minutos en vigilancia, observaron que a dicho ,lugar llego el hoy imputado, a quien el Testigo Protegido le hizo entrega de un sobre de papel color blanco, el cual contenía los dos billetes previamente seriados y varios recortes de papel periódico, por lo que fue detenido por los Agentes de la Fuerza nacional Antiextorsión, siendo identificado como Ángel Gabriel Flores Trejo y al hacerle el registro personal se le encontró en la bolsa frontal derecha del pantalón un teléfono celular marca Blue color blanco con negro y en la bolsa frontal izquierda se le encontró un sobre de papel color blanco conteniendo en su interior los dos billetes de cien lempiras con series CG6696692 y CH0908669 con varios recortes de papel periódico simulando la cantidad de Veinticinco Mil Lempiras.” Recurso De Casación. Motivos y Argumentos El Recurrente Abogado Miguel Ángel Alvarado Pineda, procedió a formalizar su Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional y Quebrantamiento de Forma de la manera siguiente: “M o t i v o s. La norma jurídica infringida es los articulo 361 y 362 Numerales 1,2,3,4,5,6, del Código Procesal Penal por falta de aplicación, adoleciendo de alguno de los vicios que expongo así Primer motivo.: A).- Que el precepto constitucional violado es el articulo 84 ya que fue detenida si mediar un mandato escrito de autoridad competente expedido con las formalidades legales y por motivos previamente establecidos en la ley, y no se le mostro la misma, en la lectura de derechos no establece la fecha completa de la lectura de la misma.- Los hechos no sucedieron como fueron expuesto por el Tribunal de Sentencia señalado.- Segundo motivo: B).-Que existe una mala valorización de las pruebas, ya que en los hechos probados el Tribunal de Sentencia debió hacer la separación y no fijo el hecho o los hechos del delito por los cuales se considera culpable. Por lo que estoy en desacuerdo con la apreciación de la prueba, ya que la prueba fue incorporada ilícitamente, hubo una investigación cercenada, no fue ni técnica, científica ni profesional, no se hizo y así se alegó oportunamente en la que ni el Fiscal ni la Defensa estuvo presente, no hay una prueba directa que vincule al indiciado directamente únicamente el testimonio del testigo Protegido COM 0030, que en toda la secuela del juicio no aparece ni siquiera en el debate a sabiendas la Fiscalía, argumentamos que tales aseveraciones, ignoraban un concepto fundamental que es: sin admitir la comisión de ningún tipo de acto ilícito, La Fiscalía no conto con suficiente información para respaldar sus afirmaciones, prácticamente no existe evidencia contundente a tal grado que: A).-Que el vaciado del Teléfono para extraer la información por el Perito Danilo Jonathan Vargas se hizo a un Celular N° 32124807 y el Testigo protegido dice que lo llamaron de un celular N° 9652-4344 del que dice recibió la Extorsión y así 10c establecen en el requerimiento Fiscal, así se consigna también en el informe final al que no se le hizo ningún vaciado, que el análisis del vaciado observaciones.-No se pudo extraer información del número extorsionador que señalan es el 32124807 y no el 96524344 que es el que señala el testigo protegido es contradictorio este dictamen porque no determina llamadas entrantes, salientes, borradores, correos de voz, imágenes, videos contactos y agenda y b).- declaraciones testificales De los Agentes: Wilmer Corea y Luis Ordoñez sus testimonios son contradictorios ya que en sus deposiciones primero dicen que estaban a 30 metros del lugar de la extorsión y que el imputado andaba de camisa y en el debate cuando declaran dicen que estaban a 7 Metros y que el imputado andaba de camiseta.-Se puede decir que se calificó mal y erróneamente dicha acción en términos científicos y facticos, se utilizó una investigación un medio tradicional no actualizado.-Prácticamente que el testigo Protegido en el lugar de los hechos fue la única que estuvo en el lugar del suceso criminoso, esta no declaro, y al no hacerlo al ser un testigo clave no hubo una investigación exhaustiva, en el debate el Tribunal cuando objetamos la lectura autorizada de la declaración del testigo protegido se declaró admisible nuestro petitorio y después permiten su ejecución y evacuación como medio de prueba, lo que enerva el procedimiento ya establecido.-la fiscalía entonces logra persuadir al tribunal de sentencia para inculpar al indiciado sin una falta de certezas.-la fiscalía logro alterar la visión que el tribunal de sentencia tenía sobre el caso existiendo una duda razonable de la participación en los hechos investigados, existe el ilícito pero no es menos cierto saber quién fue el actor a pesar de no contar con ningún tipo de evidencia Científicas que lo respaldara (prueba vaciado al teléfono celular que menciono el testigo protegido 96524344), hay falencias del ente acusador al pretender probar la participación del imputado en el hecho punible, no podemos desconocer que una vez que se genera un tipo de participación de nuestro representado en el hecho investigado pero lo que no estamos de acuerdo es en la calificación jurídica que de estos hechos hacen al imputado el ministerio público a nuestro defendido, según la relación de hechos que el fiscal plantea pareciera que hubiera varios momentos y lugares donde mi representado estuvo presente en el hecho, si fue un solo por lo tanto es inconcebible pretender un auto de prisión por un delito de extorsión en la audiencia inicial en el inicio del acta dicen en perjuicio de testigo protegido “aba438, y después dicen que es el testigo protegido com-0030 porque la acción es la misma y en un mismo momento, también si no es menos ciertos que de acuerdo con la secretaria en la presencia de las partes de conformidad a lo relación jurídico penal, esta o se representa el objeto del delito personas o cosa por el cual recae la acción delictiva estos dos últimos presupuestos no se dan aquí porque no hubo un dictamen al verdadero Celular del cual supuestamente se Extorsiono.-El Tribunal de Sentencia se centra para condenar a la procesada en una sola prueba la declaración de dos testigos y un vaciado a un celular 32124807 del que no se pudo extraer nada como ya lo señale para simple y llanamente condenar y no absolver, el punto de inflexión son esos testigos y el vaciado al supuesto celular extorsionador, no hay una prueba concluyente que vincule a Ángel Gabriel Flores Trejo en su culpabilidad, repito, no hay prueba irrefutable de culpabilidad-La Hipótesis del crimen plateado no coincide en forma precisa con la los hechos reales.-No hay una descripción completa de la escena del crimen y quienes estaban. EL Acusado declaro entonces su deposición deviene vincularse con la prueba de descargo cuando esta exista o en su defecto la misma por su naturaleza deberá ser contraria a la de la acusación con tal grado de credibilidad que cuestione la certeza de dicha prueba, pero este Tribunal de Sentencia ignora totalmente las contradicciones de toda la prueba incriminatoria no establece si le da valor probatorio o no, violando el concepto de que las pruebas se valoran en su conjunto, de acuerdo a razonamiento lógicos y concatenados no se dio el verdadero contradictorio en este juicio. De forma tal que el Representante del Ministerio Público no ejecuto todo el mecanismo para probar la teoría del caso como ser: A).-Materia1.- humano especializado.-B).-Procedimientos legales y C).-Material.- D).- No se observaron las reglas de la sana critica intelecto del cual el Estado lo ha dotado para realizar su función con objetividad, sobre todo cuando ha obtenido una primera verdad real del hecho que se investiga a través de la declaración del procesado que es su defensa material, todo en consonancia a lo que establece el artículo 89 de la Constitución de la Republica en relación al artículo 2 del Código Procesal Penal.-Hubo una violación precisa al Debido Proceso.” Fundamentación Del Sistema de Impugnación Penal Recurso es la actuación procesal mediante la cual, la parte a la que una resolución judicial impugnable causa agravios, provoca que el mismo u otro tribunal previamente asignado, revise lo actuado, a fin de enmendar o confirmar lo recurrido, pudiendo quedar en suspenso o no, lo ordenado mientras esto ocurre. El artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que toda “persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior, conforme a lo prescrito por la ley”.- Se concluye a partir de lo anterior, que los recursos son interpuestos en contra de la parte dispositiva o resolutiva y no contra la fundamentación jurídica, ya que solo la parte dispositiva causa un agravio efectivo, lo que no impide atacar la motivación o fundamentación jurídica como medio de controlar la parte dispositiva, todo ello a instancia de parte. Los recursos abren un paréntesis dentro del curso procedimental; paréntesis ciertamente regido por reglas particulares, sin perjuicio de que en ciertos casos ese procedimiento pueda continuar, a reserva de los efectos que pueda producir sobre la decisión de la impugnación recursiva. En la legislación hondureña, el derecho a que una resolución judicial sea examinada por dos órganos jurisdiccionales distintos y jerárquicamente dispuestos en el organigrama judicial es recogido por el artículo 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, esto en relación con el artículo 310 de la Constitución Política, referente a la garantía de doble instancia. En particular, el Código Procesal Penal (CPP) realiza un tratamiento unitario y sistemático del sistema de recursos, dedicando el Libro Tercero para ello, bajo el epígrafe “De los Recursos”, clasificándolos en: 1) Recurso de reposición; 2) Recurso de apelación; 3) Recurso de Casación; 4)- Recurso de hecho o de queja. Son características de los recursos: Recurso abierto, cuando la ley procesal no establece un abanico de resoluciones impugnables y cerrado cuando así lo hace. En el sistema penal hondureño, los recursos de apelación y casación son cerrados, dado que la ley procesal señala taxativamente las resoluciones susceptibles a estos recursos, siendo el recurso de reposición el único de carácter abierto o libre, pudiendo ser interpuesto en contra de cualquier resolución judicial, salvo las sentencias definitivas. Recursos ordinarios y extraordinarios: Los primeros, cuando pueden fundamentarse en cualquier motivo de impugnación y los segundos, cuando la ley fija supuestos de impugnación. El CPP establece como recurso ordinario el de reposición, apelación y casación por infracción de precepto constitucional, siendo el recurso extraordinario el de casación por infracción de ley, infracción de doctrina legal y quebrantamiento de la forma procesal. Devolutivos y No Devolutivos: Atendiendo a si el conocimiento del recurso corresponde al mismo órgano que dictó o no la resolución impugnada, se distingue los recursos devolutivos, cuando el recurso ha de ser conocido por un órgano distinto al que emitió la resolución atacada por el recurso y los no devolutivos cuando el recurso es conocido por el mismo órgano judicial que profirió la resolución. En el CPP regla como recurso no devolutivo el de reposición y recursos devolutivos el de apelación y casación. Los recursos, por el efecto pueden ser devolutivos, suspensivos, extensivo y restrictivo. - Por efectos de la apelación debe entenderse los resultados que se producen en cuanto a la competencia del juez que dictó la resolución impugnada: i.- Devolutivo, como ya se dijo, responde a que el recurso interpuesto debe ser conocido y resuelto por otro tribunal previamente establecido; ii.- Suspensivo, determina la imposibilidad de ejecutar la resolución judicial recurrida mientras se sustancie el recurso, suspendiendo la competencia del tribunal sobre lo resuelto, mientras no haya un pronunciamiento sobre la impugnación, siendo este efecto -la excepción- en el sistema de impugnación hondureño, pues la regla general es el efecto no suspensivo, es decir que el recurso no paraliza la ejecución de la resolución impugnada. Es una de esas excepciones: los recursos interpuestos en contra de una resolución definitiva; iii.- Extensivo, ocasiona que la resolución favorable de un recurso interpuesto por uno de los procesados favorece a los demás, aun cuando aquellos no hayan promovido la impugnación, siempre que se encuentren en iguales circunstancias; se justifica por la necesidad de evitar resoluciones contradictorias, máxime si se trata de un mismo caso, dado el principio de Igualdad. (Art. 349 CPP); iv.- Restrictivo, el cual establece que la resolución desfavorable en un recurso interpuesto por el ente acusador en contra de uno de los procesados, no se extiende a los demás, aun cuando se encuentren en iguales circunstancias. En el sistema procesal hondureño, se regula expresamente el efecto suspensivo y extensivo, debiendo derivarse -por efecto negativo- lo referente al efecto devolutivo y restrictivo. En conclusión, los recursos se interponen en contra de una resolución que aún no goza de inmutabilidad (firme y con efecto de cosa juzgada), de manera que el proceso continúa en un estadio diferente, bajo la mismas reglas de acción que motivaron su inicio; su esencia responde en definitiva a tres pilares: que se trate de una resolución no firme, cuya protesta (impugnación) pueda ser presentada por una o todas las partes procesales y la revisión de la resolución recurrida con la oportunidad de proceder a su anulación o modificación. Del Principio de Debida Técnica en el Recurso de Casación Penal El Código Procesal Penal prevé que en contra de las resoluciones definitivas dictadas por los Tribunales de Sentencia procede interponer recurso de casación, cuyo objeto por una parte es velar por el respeto del Principio de Legalidad, con la correcta aplicación de normas constitucionales, normas penales sustantivas y normas procesales y por otra parte la unificación de los criterios legales en el sistema jurisdiccional del Estado mediante la definición de la doctrina legal. Importante es recordar que conforme a las normas del Código Procesal Penal se ha eliminado lo que antes era la fase de admisión del recurso, que consistía en un examen preliminar que se hacía de éste a efecto de resolver si era admitido o no para su estudio de fondo; tal cambio obedece al cumplimiento del artículo 25.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, que establece que: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales…”. Para lo cual los Estados parte se han comprometido: “a) A garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) A desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y c) A garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.”. Ahora bien, tal disposición convencional no exime al recurrente de cumplir con requisitos legales establecidos en aras de que el Tribunal de Casación pueda dar una respuesta pertinente, propia y útil al conflicto jurídico que se plantea, siendo éstos: a. Legitimidad Objetiva: Existencia de un derecho impugnatorio, para lo cual se requerirá que la ley procesal determine que la resolución puede ser impugnada vía recurso de casación. b. Legitimidad Subjetiva: Que la recurrente esté legitimado a impugnar la resolución por causarle agravio lo resuelto por el revés (total o parcial) al interés jurídico en conflicto como consecuencia de una infracción a la ley; y c. Satisfacción de Requisitos de Interposición: La recurrente deberá observar los requisitos de lugar, tiempo, modo y forma de interponer el recurso, pues éste sigue siendo un acto procesal sujeto a la observancia del debido proceso y respeto a los derechos fundamentales de todas las partes contendoras. De la Rúa (Fernando de la Rúa, en La Casación Penal, Editorial Depalma, Buenos Aires, Argentina, 1994, pág. 217), explica que el recurso de casación es un acto procesal complejo, integrado por dos elementos esenciales: i) La expresión de la voluntad de impugnar; y ii) La Fundamentación de la impugnación; añade el autor que ambos elementos deben confluir al mismo acto y en el mismo momento, el cual es en la presentación del escrito de interposición. Una vez presentado el Recurso de Casación, corresponde al Tribunal de Sentencia hacer estudio sobre la existencia de la legitimidad objetiva y subjetiva, además de la observancia de las condiciones de lugar, tiempo y modo, restando solo a la Sala de lo Penal revisar la satisfacción del requisito de forma de interposición, mismo que se realiza al tiempo en que se resuelve el recurso, siendo éste el aspecto que analizaremos con detenimiento en el presente caso. El recurso de casación es la manifestación expresa de una de las partes de no encontrarse conforme con lo resuelto por el Tribunal de Sentencia por contener un vicio (de fondo o de forma), que debe ser corregido, siendo ésta su pretensión; la recurrente debe necesariamente individualizar la resolución que contiene el o los vicios, su deseo de impugnarla mediante el recurso de casación y el tipo de recurso que se interpone. Además, el recurso de casación debe estar debidamente motivado con la identificación, explicación y demostración del vicio: 1. Identificación del Vicio/Motivo/Recurso: Al momento de la interposición de un recurso de Casación, la recurrente deberá señalar en primer término el tipo de recurso de casación, seguidamente el motivo en que lo fundamentó en los casos de Infracción de Ley y Quebrantamiento de Forma (el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional es ordinario) y luego el vicio que denuncia. Ante una resolución definitiva emitida por el Tribunal de Sentencia, la recurrente deberá identificar si existe vicio que justifique la impugnación de aquello resuelto que le causa agravio; el vicio es el defecto de ley concreto y material que contiene la resolución y cuya corrección es la que persigue mediante el recurso; hecho esto, la recurrente deberá encuadrar el vicio en uno de los motivos previstos en la ley como aquellos autorizados para presentar impugnación. Los motivos son enunciados abstractos de posibles vicios que puede contener la resolución, previsto por la ley procesal, operando éstos bajo el sistema de Numerus Clausus, por tanto no es posible alegar vicios cuyos motivos no estén taxativamente señalados, salvo en el caso del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, en cual opera bajo el sistema de Numerus Apertus, siempre que se alegue un vicio relacionado material o formalmente con la decisión adoptada por el A-quo; la identificación del motivo de casación lleva al recurrente a derivar el tipo de recurso de casación a interponer. La ley procesal prevé tres tipos de recursos de casación: i) Recurso de Casación por Infracción de Ley, cuyo objeto es la denuncia de vicios In Iudicando; ii) Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, mediante el cual se denuncias vicios In Procedendo; y iii) Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, mediante el cual se pueden denunciar vicios In Iudicando o In Procedendo, contenidos en las normas fundamentales. El proceso de identificación se cumple cuando la recurrente señala: i) El tipo de Recurso de Casación; ii) La norma autorizante del recurso que identifica el motivo mediante el cual se denunciara el vicio; el motivo debe ser de aquellos previstos a ser planteados por el tipo de recurso elegido; iii) Norma o doctrina legal infringida, cuya indebida aplicación o inobservancia provoca la existencia del motivo; iv) Concepto de la Infracción, que es el enunciado sobre el vicio concreto observado, que debe ser consecuente con el motivo elegido; y v) Aplicación pretendida: es la aplicación o interpretación que se pretende de la norma o doctrina legal infringida o mal aplicada. 2. Explicación del Vicio: Es ineludible para la recurrente su deber de explicar en qué consiste el vicio que produce la resolución que se impugna, y como éste se subsume en uno de los motivos previstos en la ley. La explicación debe ser clara y precisa: la claridad radica en la exposición del vicio de manera individualizada y separada, descomponiendo sistemáticamente todas sus aristas hasta desentrañar sus aspectos más básicos; la Precisión implica la no mutación del alegato a aspectos ajenos al vicio que se ha identificado. La ley procesal exige en el artículo 363 del Código Procesal Penal que cada motivo debe ser planteado de manera separada, ello se justifica por la necesidad de individualizar de manera concreta y precisa cada agravio, por lo que su inobservancia mella en la efectividad del recurso. Recordemos que el artículo 350 del Código Procesal Penal prohíbe al órgano jurisdiccional que resuelve un recurso, pronunciarse sobre aspectos distintos a los que se hayan planteado dentro de la impugnación y para ello entonces, se requiere que dicha impugnación sea clara en cuanto al vicio, pues la falta de claridad pone en riesgo al Tribunal de Casación de hacer pronunciamiento de algo distinto de lo que realmente se está impugnando, siendo entonces lo consecuente declarar sin lugar el motivo, cuando la falta de claridad sea absoluta. 3. Demostración del Vicio: La recurrente, aun cuando haya identificado el vicio, explicado en que consiste el mismo, no verá prosperar el recurso si no demuestra su existencia; ello solo se puede hacer cuando se hace la debida confrontación entre el aspecto contenido en la sentencia o resolución impugnada y la norma o doctrina legal que revela la contrariedad y la explicación de la aplicación que debió hacerse de dicha norma y que es la pretensión que se persigue con el recurso, es decir cómo considera la recurrente que debió haber sido aplicada la norma o por qué no debió haber sido aplicada. El vicio debe ser relevante, debe superar los aspectos meramente formales pasando a ser un aspecto material que interfiere en la legalidad de la resolución y que justifica la impugnación.Esta Sala de lo Penal ha sido del criterio que los defectos de forma que adolezca un recurso de casación deberán ser estudiados siempre teniendo en consideración el Principio de Tutela Judicial contenido en el artículo 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos y que permiten a quien pretende hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba, obtener una resolución fundada en Derecho que verse sobre las pretensiones planteadas en juicio y que sea ejecutada. Por ello a dicho Principio interesa lo referente a: a. Derecho de acceso a la justicia b. Derecho a una resolución fundada en derecho; c. Derecho de acceso a los recursos, no solo por previsión legal de los mismos, sino de obtener una respuesta ante su interposición; d. Derecho a la tutela cautelar; y e. Derecho a la ejecución. Los recursos son instrumentos para la obtención de una tutela judicial efectiva, garantía de rango Constitucional: Indica el artículo 82 de la Constitución de la República que “… los habitantes de la república tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes.”, agregando el artículo 314 superior que “… es facultad privativa de los Tribunales de Justicia, juzgar y ejecutar lo juzgado…”. Por todo lo anterior, mediante doctrina legal de esta Sala de lo Penal, se ha establecido que aun cuando en el planteamiento de un Recurso de Casación se presentasen errores de forma (Cita de precepto autorizante, norma infringida, concepto de la infracción de manera individualizada y diferenciada, aplicación pretendida) o incluso en algunos casos, errores en la exposición de conceptos jurídicos, ello no podría significar el rechazo Ad Portas del conocimiento del recurso, siempre que aun a pesar del desacierto pueda entreverse cuál es el concepto de la infracción, dando respuesta en la medida y extensión de la coherencia, claridad y precisión de los argumentos recursivos con la naturaleza del recurso planteado; el único caso en donde el Tribunal de Casación no podría dar respuesta a un recurso sería cuando éste fuese presentado en grado tan confuso que no sea posible, aun con un gran esfuerzo, deducir cual es el sentido del reclamo que realiza la recurrente, pues ello podría acarrear violación del artículo 350 del Código Procesal Penal, tal y como se ha explicado Ut Supra. (Así establecido en las sentencias de Sala de lo Penal del 29 de abril de 2014 en Exp 348-2011; del 27 de mayo 2014 en Exp 057-2012; del 04 de febrero de 2014 en el Exp 439-2011; del 23 de octubre de 2013 en Exp 172-2011; del 17 de septiembre de 2013 en Exp 228-2011, entre otras.). Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional y por Quebrantamiento de Forma. -Primero y Segundo Motivo. Norma autorizante: Artículo 361 y 362 numerales 1,2,3,4,5, y 6 del Código Procesal Penal. Norma constitucional que se denuncia infringida: Artículo 84 y 89 de la Constitución de la República. Concepto de la infracción: Que el precepto constitucional violado es el articulo 84 ya que fue detenida si mediar un mandato escrito de autoridad competente; que existe mala valorización de las pruebas. Pretensión: que se declare con lugar el recurso. Explicó el recurrente que, está en desacuerdo con la apreciación de la prueba, ya que la prueba fue incorporada ilícitamente, hubo una investigación cercenada, no fue ni técnica, científica ni profesional, no se hizo y así se alegó oportunamente en la que ni el Fiscal ni la Defensa estuvo presente, no hay una prueba directa que vincule al indiciado directamente únicamente el testimonio del testigo Protegido COM 0030, que en toda la secuela del juicio no aparece ni siquiera en el debate a sabiendas la Fiscalía, argumentamos que tales aseveraciones, ignoraban un concepto fundamental que es: sin admitir la comisión de ningún tipo de acto ilícito, La Fiscalía no conto con suficiente información para respaldar sus afirmaciones, prácticamente no existe evidencia contundente. Que el Tribunal de Sentencia se centra para condenar a la procesada en una sola prueba la declaración de dos testigos y un vaciado a un celular. De la Procedencia del Primero y Segundo motivo. Los Motivos primero y segundo no son de Recibo. El Recurso adolece de una debida técnica recursiva; de inicio, en el planteamiento lo que se anuncia como concepto de la infracción son un conjunto de motivos distintos: Se Denuncia Infracción de Precepto Constitucional y Quebrantamiento de Forma sin identificar claramente los vicios; por precepto constitucional violado señala el artículo 84 de la Constitución de la República, ya que fue detenido sin mediar un mandato escrito de autoridad competente y como motivo de quebrantamiento de forma es la mala valorización de las pruebas. - De seguido el Censor desarrolla los motivos desarrollando argumentos poco claros: El recurrente en sus motivos cuestiona que: la prueba fue incorporada ilícitamente, hubo una investigación cercenada, no fue ni técnica, científica ni profesional, no se hizo y así se alegó oportunamente en la que ni el Fiscal ni la Defensa estuvo presente, no hay una prueba directa que vincule al indiciado directamente únicamente el testimonio del testigo Protegido COM 0030; que el Tribunal de Sentencia se centra para condenar a la procesada en una sola prueba la declaración de dos testigos y un vaciado a un celular 32124807 del que no se pudo extraer nada, no hay una prueba concluyente que vincule a Ángel Gabriel Flores Trejo en su culpabilidad, repito, no hay prueba irrefutable de culpabilidad-La Hipótesis del crimen plateado no coincide en forma precisa con la los hechos reales.-No hay una descripción completa de la escena del crimen y quienes estaban. De forma tal que el Representante del Ministerio Público no ejecuto todo el mecanismo para probar la teoría del caso como ser: A).-Materia1.- humano especializado.-B).-Procedimientos legales y C).-Material.- D).- No se observaron las reglas de la sana critica intelecto del cual el Estado lo ha dotado para realizar su función con objetividad, sobre todo cuando a obtenido una primera verdad real del hecho que se investiga a través de la declaración del procesado que es su defensa. Lejos de lo esperado por este Ad-Quem, el Recurrente ocupa el libelo para compartir cuál es su valoración particular de los medios de prueba, asumiendo que la Sala de lo Penal es una segunda instancia que puede hacer una revaloración de la prueba presentada en debate. Esta Sala de lo Penal establece que el recurrente ha presentado una impugnación sin atender una debida técnica recursiva al desarrollar dos recursos distintos bajo un mismo título, sin indicar que motivos considera infringidos, haciendo confusión de alegatos entre uno y otro, pero además al no desarrollar cada uno de tales motivos con propiedad, explicando el alcance del derecho fundamental que se cita como violentado y como esta violación se materializo con la actuación del Tribunal de Sentencia, por lo que es procedente es declarar sin lugar el recurso de casación de Infracción de Precepto Constitucional y por quebrantamiento de forma invocado por el recurrente. Decisión Se declara no ha lugar el recurso de casación por Infracción De Precepto Constitucional y por Quebrantamiento de Forma en su primero y segundo motivo, interpuesto por la defensa privada. de la procedencia de la aplicación retroactiva del código penal decreto 130-2017. A. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos de retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir una pena de cinco a diez años de prisión). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado, disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrará en vigencia y cuándo es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento del juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución Política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas en su totalidad, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el CP Decreto 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo código, sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibida la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando en la decisión judicial de la sentencia que se impugna, se aprecie un concurso real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme a las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse, primero conforme al límite objetivo ordinario o límite objetivo extraordinario, según corresponda, y después conforme al límite subjetivo. Sin embargo, uno no es preferente sobre el otro, por lo que se aplicará el límite que sea menor; b. La ponderación deberá realizarse, primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el CP-130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a. Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b. Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no, los 30 años (límite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (límite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años, la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años, se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas, en suma, sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y, aun así, en suma, sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja, de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Límite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Límite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Límite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán, cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. C. Escrito Complementario No fue presentado ante la única instancia escrito por parte de la defensa privada del acusado Ángel Gabriel Flores Trejo, que expusiera cuál es su criterio en cuanto a la aplicación retroactiva del nuevo cuerpo normativo penal, tal y como lo señala el artículo 624 del Código Penal 130-2017; tampoco el Ministerio Público hizo pronunciamiento al respecto, por lo que la Sala de lo Penal se ve obligada a realizar el análisis de oficio tal y como prevé el numeral 3 de la misma norma citada, en relación al acusado señalado. D. Ponderación en el caso concreto En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso al señor Ángel Gabriel Flores Trejo, la pena de 15 años de reclusión por un delito de Extorsión en perjuicio de Testigo Protegido AB-26 y una pena de multa de 50 salarios mínimos, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil. Conforme las disposiciones del Código Penal decreto 130-2017, el delito de Extorsión, se penaliza así, de quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto (Art. 373); más las penas accesorias y demás consecuencias penales. Para efectos de la individualización de las penas, manda el artículo 70 NCP tener en consideración la existencia o ausencia de las circunstancias modificativas de la responsabilidad penal y, en su defecto, las circunstancias personales del condenado. - En el caso sometido a juzgamiento se establece que al señor Ángel Gabriel Flores Trejo, se le impuso una pena de 15 años, misma que se encuentra dentro del rango establecido para ese delito en la nueva legislación penal, por lo que no le procede su aplicación retroactiva del decreto 130-2017, pues la pena impuesta en la sentencia se encuentra contenida en el rango de penas establecido en el nuevo Código Penal. Por Tanto La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 82, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 202, 338, 359, 36, 363 y 369 del Código Procesal Penal. Falla: Primero: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional y por Quebrantamiento de Forma en su primero y segundo motivo interpuesto por el Abogado Miguel Ángel Alvarado Pineda, en su condición de defensor privado del señor Ángel Gabriel Flores Trejo, a quien se le condenó por el delito de Extorsión en perjuicio de Testigo Protegido AB-26. Segundo: Declara la no procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal decreto130-2017. Tercero: Declara Firme y Ejecutable la sentencia de fecha diecinueve de julio de dos mil dieciocho, dictada por el Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en Materia de Extorsión. Y manda: Que la Secretaría del despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. - Firmas y Sello. José Olivio Rodríguez Vásquez. Magistrado Coordinador. Rafael Bustillo Romero. Magistrado. Alma Consuelo Guzmán García. Magistrada. Firma y Sello. Jose Ramon Cruz Ferrera. Secretario. Sala de lo Penal.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en fecha veintiséis de octubre de dos mil veintidós. Certificación de la sentencia dictada el veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, recaída en el expediente SP 580-2018.

JOSÉ RAMÓN CRUZ FERRERA

Secretario

Sala de lo Penal

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