Sentencia CP-578-18 — Registro 15549
Resumen
En primer instancia se condena al imputado como autor de del delito de violación especial, se declara sin lugar el recurso de casación interpuesto por su defensa
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."El Motivo no es de Recibo. Conforme el motivo invocado por el recurrente, esta Sala de lo Penal procedió a realizar un análisis exhaustivo de los juicios de valor que utilizó el juzgador para valorar la prueba evacuada en juicio y no encuentra quebranto alguno a las reglas del correcto pensamiento humano, todo lo contrario, su adecuada utilización aporta a la sentencia la logicidad y coherencia necesaria. En el apartado “Valoración de la Prueba” el sentenciador razonó la única declaración testifical, la de la menor D. N. D., considerándola totalmente creíble y confiable pues la ofendida narró los hechos por ella vividos de manera espontánea, lógica, coherente, señalando de manera fehaciente que el señor José Luis Rivera Fernández, fue la persona que abusó sexualmente de ella, coincidiendo con la evaluación psicológica forense realizada por la perito Carla Lara Orellana, sin embargo en el interrogatorio la menor establece que fue abusada sexualmente en cuatro ocasiones, pero en ningún momento se individualizó cada uno de estos hechos, lo cual no resta credibilidad a su testimonio, pues al Tribunal le quedo claro que efectivamente la menor fue agredida sexualmente por el acusado. La Sala de lo Penal ha venido diciendo en sus precedentes que, las reglas de la Sana Crítica racional aseguran que el juzgador no llegue a juicios de valor en forma arbitraria, antojadiza o subjetiva; sino que las conclusiones sean tomando en consideración la lógica, la psicológica y la experiencia común a fin de evitar la arbitrariedad y el error en las decisiones judiciales. También ha reiterado la Sala que en delitos como el que se conoce la declaración de la víctima adquiere una relevancia mayor, pero ello no significa que, no debe de valorarse detenidamente para determinar la convicción de la misma. Seguidamente deberá valorarse si esa declaración aparece huérfana de otro soporte probatorio de cargo o si, por el contrario, de las otras pruebas evacuadas se puede derivar inferencias razonables para sostener la condena. En el caso examiné, y sin el ánimo de prejuzgar sobre el fondo del asunto, esta Sala de lo Penal, considera que los Jueces sentenciadores no irrespetaron las reglas de la Sana Crítica, en concreto las reglas de la Lógica, al deducir de forma acertada que de las pruebas evacuadas no fue posible concluir hechos distintos a los declarados probados. Sin pretender valorar de manera alternativa la prueba evacuada, al analizar la declaración de la supuesta víctima D. N. D.n, declaró: que, tiene 12 años, que abusaron de ella cuando tenía 8 años de edad cuando sucedieron los hechos, que el acusado le introdujo el pene en su vagina, identifica a su agresor con el nombre de José Luis, que esto ocurrió en el cuarto de su tío, que esta persona la obligaba a chuparle el pene, a la interrogante de si en algún momento la amenazó, respondiendo que sí, que cuantas veces fue abusada, contestó que ocurrió cuatro veces, la única vez que recuerda la fecha, fue la que ocurrió el día del niño. La versión resulta coherente al ser analizada en forma conjunta con el resultado del dictamen médico legal 2014040107000092 de fecha 10 de septiembre de 2014 y psicológico forense FRSRCUPS-51-18 de fecha 14 de agosto de 2018, practicada a la supuesta víctima, la cual el a quo valoró según lo dispuso: “Se Considera confiable y no encuentra motivo alguno que nos haga dudar del mismo; y por tratarse de una prueba científica válidamente ejecutada, sin que otra de igual o mejor categoría la contradiga, creemos totalmente en su contenido; además, dicha prueba resulta ser antigua, comprobándose de esta manera que la menor D. N. D, fue abusada sexualmente.” Encontrándose en las conclusiones: Area genital: himen con presencia de rupturas a las nueve horas según las manecillas del reloj de características antiguas; Asimismo, el dictamen psicológico al tribunal le resulta creíble al momento en que establece que la niña D. N. D., presenta estrés postraumático, presentando características propias de una persona que ha sufrido abuso sexual, medio de prueba que se concatena con el dictamen médico forense. Al valorar la prueba de reproche, consistente en la declaración de la menor ofendida D. N. D., el juzgador no incurre en contradicción alguna, pues al dar valor a la prueba de la testigo de cargo, emite juicios en los que introduzcan algún tipo de duda o juicios que no permitan dotar dicha prueba de mayor o menor grado de credibilidad. Esta Sala considera que en el presente caso, sobre las declaraciones de la menor, el juzgador ha estimado que es lo bastante clara y contundente para que de ella se pueda concluir que la menor ha sido víctima de acceso sexual por vía vaginal, por parte del acusado señor José Luis Rivera Fernández, testimonio que se corroboran mediante la prueba pericial agregada al juicio, que son perfectamente válidas y suficientes con las que se ha enervado la presunción de inocencia del acusado José Luis Rivera Fernández...."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362, Numeral 3 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."A. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puedecastigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir de cinco a diez años de prisión una pena). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrara en vigencia y cuando es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento de juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas de manera completa por la persona, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el Código Penal Decreto 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo Código, sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibido la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un concurso real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse, primero conforme al límite objetivo ordinario o limite objetivo extraordinario, según corresponda, y luego de ello conforme al límite subjetivo. Empero uno no es preferente sobre el otro, se aplicará el límite que sea menor; b.- La ponderación deberá realizarse, primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el CP-130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a.- Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b.- Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no los 30 años (limite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (limite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años, la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años, se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y aun así en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Limite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Limite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Limite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. C. Ponderación en el caso concreto. En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso al señor José Luis Rivera Fernández, una pena principal de quince años (15) de reclusión, por haber sido encontrado responsable del delito de Violación Especial, en perjuicio de la menor D. N. D.n; de la misma forma le fueron impuestas las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil, declarándose asimismo la responsabilidad civil. Conforme las disposiciones del nuevo Código Penal 130-2017, el delito de Violación (Art.249), se penaliza de nueve (9) a trece (13) años, prohibición de residencia y aproximación a la víctima por el doble del tiempo de la pena de prisión. Las penas anteriores se deben aumentar en 1/3 según el artículo 249, último párrafo del NCP que establece las agravantes específicas, sí concurre las circunstancias del numeral 1) del segundo párrafo (empleo de violencia o intimidación) y la víctima es menor de 14 años, quedando un nuevo margen de pena de trece (13) años a diecisiete años cuatro meses (17años 4meses) de prisión. En el caso sometido a juzgamiento se establece que el señor José Luis Rivera Fernández, se le condenó por el delito de Violación Especial a la pena de 15 años de reclusión con el antiguo código penal, pero al revisar la nueva normativa penal y por tratarse de un delito de violación contra una menor de 14 años, la pena aumenta en 1/3, quedando una pena mínima de 13 años de prisión y una máxima de 17 años 4 meses, por lo que la pena impuesta al acusado se encuentra dentro de los límites establecidos para este tipo de delitos, por lo que no es procedente la aplicación retroactiva del decreto 130-2017 conforme lo regulado en el artículo 616 de esa nueva normativa penal...."
Legislación citada
- Código Penal No. 130-17, art. 615 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
Certificación
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA la sentencia de fecha veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, recaída en el expediente con registro SP 580-2018, que literalmente dice: “Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticuatro días del mes de febrero de dos mil veintidós, el pleno de la Sala de lo Penal integrado por los Magistrados: Magistrados José Olivio Rodríguez Vásquez, en su calidad de coordinador, Rafael Bustillo Romero y Alma Consuelo Guzmán García, pronuncian, En nombre del Estado de Honduras La siguiente sentencia en el Recurso de Casación SP-578-2018 por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha diecisiete de octubre del año dos mil dieciocho, dictada por el Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial de Ocotepeque, Departamento de Ocotepeque, mediante la cual falló: Primero: Absolvió al señor José Luis Rivera Fernández, del delito de Violación Especial, en perjuicio de la menor D. N. D..- Segundo: Condenó al señor José Luis Rivera Fernández, como autor del delito de Violación Especial, en perjuicio de la menor D. N. D., a la pena de quince años de reclusión.- Tercero: Condenó al señor José Luis Rivera Fernández, a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo que dure la condena principal.- Cuarto: Se le declaró al señor José Luis Rivera Fernández responsable civilmente.- Quinto: No procedió condenar en costas al señor José Luis Rivera Fernández. Sexto: No procedió el comiso. Interpuso el recurso de casación por quebrantamiento de forma el Abogado Raul Antonio Erazo Arita, en su condición de defensor privado del señor José Luis Rivera Fernández. Son Partes en la Única Instancia: El Abogado Raúl Antonio Erazo Arita, en su condición de Defensor Privado del señor José Luis Rivera Fernández, como parte recurrente y la Abogada Ligia Cristina Roque Gómez, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, como parte recurrida. Hechos Probados “Único: La menor D. N. D., fue abusada sexualmente cuando tenía ocho años de edad, por el señor Jose Luis Rivera Fernández en la casa de habitación de su abuela ubicada en la Antigua Ocotepeque, departamento de Ocotepeque.” Recurso de Casación. Motivos y Argumentos El Recurrente abogado Raúl Antonio Erazo Arita, procedió a formalizar su Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma de la manera siguiente: “Expresión de los Motivos De Casación. Motivo Único: Por Quebrantamiento de Forma: Por no haberse observado en la valoración de la prueba, las reglas de la sana crítica articulo 202 CPP. - Precepto Autorizante: Articulo 362 numeral 3) del Código Procesal Penal. Explicación del Motivo Primero: La sentencia reprochada viola el artículo 90 de la Constitución de la Republica, el cual literalmente dice: "Nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal competente, con las Formalidades Derechos y Garantías que la Ley establece; de la misma forma viola el artículo 202 del Código Procesal Penal, el cual nos dice "Las pruebas serán valoradas de acuerdo a las reglas de la sana critica.- El órgano jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida". El Tribunal violenta las reglas de la Sana Critica, específicamente las reglas de la Lógica en su principio lógico de La Razón Suficiente y es que al proferir un fallo condenatorio por el delito de Violación Especial, tomando como base el bagaje probatorio considerado, el Iter Lógico utilizado para llegar a sus conclusiones, es erróneo y violenta el principio lógico de la Razón Suficiente, puesto que no se encuentra justificación alguna mediante la cual el Tribunal de Sentencia pueda amparar los hechos que ha dado por probados y es que en el fallo que se impugna, a efecto de condenar mi representado, se tuvieron por probados sin fundamento los siguientes extremos: a) Refiere el Tribunal en el hecho probado que la menor fue violada cuando tenía ocho años en casa de su abuela: La anterior afirmación del Tribunal de Sentencia no encuentra sustento alguno, pues para llegar a esa aseveración toma como base la declaración de la menor, declaración que se contradice con la Prueba científica.- Consta en acta de juicio folio 129, la declaración de la menor la que al momento de rendir su declaración tenía la edad de doce años, y que el imputado cuando ella tenía la edad de ocho años fue penetrada en cuatro ocasiones por el imputado, ósea manteniendo relaciones sexuales ya que él la desnudaba, desnudándose el también y teniendo las relaciones sexuales, en primer término la menor no establece con claridad en que día, hora, mes, o año, ocurrieron los eventos por los cuales da como probado el tribunal sentenciador, además esta declaración testifical es contradictoria con la prueba científica como ser el dictamen médico visible a folio 133 del acta del juicio oral y público, en el cual refiere que la menor evaluada no presenta rupturas del himen, ni lesiones genitales ni para genitales recientes ni antiguas, lo que evidencia que no existió la agresión sexual narrada por la supuesta ofendida. b) El hecho probado también lo sustenta el tribunal sentenciador es el dictamen de evolución Psicológica que corre evacuado en el acta de juicio a folio 134 el cual refiere que la menor presenta procesos cognitivos sin alteración, y entre lo más relevante es que presenta rasgos significativos de estrés post traumático, lo que no sería coincidente con la historia narrada de los abusos sexuales, ya que si los eventos hubieran sucedido como ella lo narro la presencia de estrés post traumático fuera elevado o persistiera un daño emocional en la víctima, pero el mismo dictamen refiere que la menor presenta estado e vulnerabilidad por sus escasos recursos económicos lo que le genera un estrés pos-trauma de su estado de pobreza no necesariamente por la ocurrencia de un evento de naturaleza sexual del cual ella misma refiere no saber en qué fecha sucedieron los mismo. Segundo: El Principio Lógico de la Razón Suficiente es aquel por el cual todo juicio para ser realmente verdadero, necesita de una razón suficiente, que justifique lo que en el juicio se afirma o niega con la pretensión de que sea verdad, lo que no se hizo por el Tribunal al momento de la valoración, puesto que como lo referimos en el numeral que antecede, se afirman hechos sin fundamento en prueba que sea suficiente para enervar el estado de inocencia y al mismo tiempo sin explicar qué lo llevó a determinadas conclusiones. Recuérdese que un razonamiento es lógico cuando se llega al mismo o se arriba a una conclusión porque todo apunta hacia ello y no existe probabilidad de que los hechos hayan ocurrido de forma distinta, lo que en el caso de marras no se da.- En conclusión, al hacer ese razonamiento el Tribunal violenta, como ya se dijo el artículo 202 de nuestro Código Procesal Penal ya que no valoró en forma conjunta y armónica toda la prueba producida, porque está más que comprobado que a pesar que la misma es inexistente contradictoria, es tomada en cuenta para emitir un juicio violentando las reglas de la lógica.- Agravio El agravio que se le causa a mi mandante, es haberlo condenado y por ende violentado su estado de inocencia de manera ilegal. Aplicación Pretendida: Que se declare la nulidad de la Sentencia y del juicio oral y público para que se lleve a cabo el mismo de nueva cuenta.” Fundamentación Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma El Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio (Art. 90 de la Constitución de la República). Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso (Art. 9 CPP). Si no se cumple con los requisitos establecidos en la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos y, por el contrario, se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando: a. No se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), b. Se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o c. Se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; La inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción (vicio in procedendo) y que debe de ser objeto de saneamiento cuando proceda (Art. 171 CPP), de subsanación cuando concurran sus presupuestos (Art. 170 CPP) o, en su caso y como remedio último de nulidad 165 CPP). El Recurso de Casación por quebrantamiento de las formas procesales tiene la tarea de comprobar la denuncia hecha por algunas de las partes de una actividad procesal defectuosa que compromete la decisión final, dada en los actos procesales de la etapa de juicio o en la propia sentencia que le contiene y que tiene como sanción prevista por la ley su nulidad ante la imposibilidad de saneamiento o de subsanación, ergo no basta entonces con la presencia de un vicio, sino que se requerirá además: i. Que el recurrente haya presentado protesta contra el vicio, en el momento procesal oportuno, procurando sanearlo sin éxito (Art. 363 párrafo tercero de CPP); ii. Que el vicio tampoco sea posible tenerlo por subsanado; iii. Que el vicio sea de aquellos que tenga como sanción legal la nulidad de la actividad que lo contiene (Art. 362 CPP), planteados como motivos para recurrir. Los dos primeros requisitos no serán necesarios cuando el defecto se produzca en la sentencia, pues la única forma de protesta sería el mismo recurso de casación. Además de los requisitos señalados, el recurrente debe tener presente que la instancia impugnativa en casación está munida de importantes recaudos formales determinados por la ley que deben cumplirse en su interposición (Art. 363 párrafo tercero CPP) y que pueden ser de diferente naturaleza en atención al defecto procesal denunciado (Art. 362 CPP); ello se debe a que se trata de un recurso extraordinario, que tiene como fin auditar la legalidad de la sentencia y por ende de una gran exigencia técnica. Es de esta forma que con la individualización del motivo se dan las siguientes consecuencias: a. La competencia de la Sala de lo Penal queda circunscrita a los aspectos objetos de impugnación (Art. 350 CPP); b. Es inaplicable el principio Iura Novit Curia, al no poderse suplir las omisiones del recurrente; y Es posible la concesión parcial del recurso, cuando la razón solo aparezca en parte de lo alegado en el motivo. Único Motivo Norma autorizante: artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. Norma procesal que se denuncia infringida: artículo 202 del Código Procesal Penal. Concepto de la infracción: inobservancia a las Reglas de la Sana Crítica. Reclamación ex ante: no hubo reclamo previo pues el vicio se produce en el acto mismo de sentenciar Pretensión: que se resuelva con lugar el presente recurso. Explicó el recurrente que el razonamiento de los juzgadores al momento de valorar las probanzas vulnera la regla de la lógica de derivación en su postulado de razón suficiente, pues no se derivan de las probanzas consideraciones correctas, pues no se desprende de la prueba la responsabilidad de su representado, que el a quo no valoró en forma conjunta y armónica toda la prueba producida, porque está más que comprobado que a pesar que la misma es inexistente contradictoria, es tomada en cuenta para emitir un juicio violentando las reglas de la lógica. De las reglas de la sana crítica El Código Procesal Penal da exclusiva competencia a los jueces de sentencia la estimación valorativa de las pruebas y las conclusiones fácticas que de ellas extraigan, siendo ello inatacable por la vía recursiva casacional, siendo solamente controlable el proceso seguido por los jueces para la construcción de tales conclusiones. El artículo 362 numeral 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes… 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica.”. Al respecto, se ha señalado que: “… La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva…”. (Fallo de fecha 30 de noviembre del 2001, en el expediente 194-2009 y de fecha 30 de noviembre del 2011, en el expediente 297-09, también en ese sentido el fallo de fecha 20 de octubre del 2011, contenido en el expediente 360-09 y de fecha 05 de abril del 2011, del expediente 385-09, todos de la Sala de lo Penal). En el apartado de la valoración intelectiva, el juzgador debe valorar la prueba conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la prueba: Íntima Convicción (propio del sistema de juzgamiento por jurados), Prueba Legal o tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe darle el juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias) y la Sana Crítica; es este último el que debe observar el juzgador penal hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. En el sistema de sana crítica, en la valoración de la prueba existe plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones guarden una necesaria relación con las premisas que le sustentan, las cuales son a su vez construidas como fruto razonado de las pruebas. En este sistema, el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia conviccional de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común (al respecto ver Fallo de fecha 30 de noviembre del 2011, del expediente 125-2010 de la Sala de lo Penal); de este modo “… las reglas de la sana crítica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza…” (Fallo Sala Penal de fecha 20 de octubre del 2011, en el expediente 88-09). Componen la sana crítica: 1) Reglas de la experiencia común o máximas de la experiencia: Se refieren a juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el juzgador, relevados de demostración probatoria por adquirirse a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por este hecho son compartidas con las demás personas, aun cuando no formen parte de su mismo grupo social. Nos referimos a fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión, o hechos de la cultura común, siendo el antónimo de éstos los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realiza solo un grupo determinados de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior, el conocimiento privado del juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. El juzgador deberá analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común, entre otros: I. Cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca del hecho. II. Cuando cite como común un hecho que no lo sea, por no ser aprehensibles de manera espontánea por el profano, sino que solo mediante experiencias extraordinarias o mediante estudios especializados; o, III. Cuando afirme como común un hecho que exija demostración probatoria. Las reglas de la experiencia común se basan en la probabilidad, es decir, al momento en que el juzgador valora un hecho, considerará el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos él porque lo considera así. 2) Las reglas de la psicología: Están referidas, no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento empírico adquirido del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquél. Las reglas de la psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo en relación al grupo social, se requiere que el juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la experiencia común, las reglas de la psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado; y, 3) Las reglas de la lógica: La lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatoria para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. La lógica aplicable es la “lógica no formal”, llamada en el ámbito como razón del juicio donde las conclusiones se muestran bajo el espectro que irradia la prueba. Las leyes de la lógica informan sobre leyes universales, a saber: 1. La Coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí. La coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente. De la ley de la coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: I. El principio de identidad: Una proposición solo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y” II. El principio de contradicción: Las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En la valoración de prueba: un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. III. El principio de tercero excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera y ninguna tercera posibilidad es posible. 2. La derivación: Exige que cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; cada pensamiento provenir de otro, con el cual está relacionado, salvo que se trate de un principio, es decir de un juicio inicial. Pero además la conclusión debe derivar de elementos suficientes para que justifique la producción de aquella. Existirá omisión al principio lógico de derivación: I. Cuando la conclusión no encuentre correspondencia con el medio de prueba por una indebida inferencia; II. Cuando la conclusión no sea producto derivado de un medio de prueba, debiendo serlo por tratarse de la afirmación o negación de un hecho de carácter no notorio. III. Cuando la conclusión sea construida con base en medios de pruebas inexistentes. IV. Cuando la conclusión esté basada en el contenido de un medio de prueba cuyo contenido este falseado. De la derivación se extrae el principio de razón suficiente, por el cual toda conclusión requiere una razón suficiente que justifique su existencia; la conclusión debe ser el final del iter lógico seguido en la valoración de las pruebas apoyándose en inferencias razonables; cada conclusión expuesta puede formar una sucesión que al final lleven a una conclusión última en donde se afirme o niegue el hecho juzgado. De la Rúa (Fernando de la Rúa, La Casación Penal, Ediciones Depalma, Buenos Aires, Argentina, pág. 156), señala que la motivación para ser lógica debe responder a las referidas leyes que presiden el correcto entendimiento humano, observando las siguientes características: I. Congruente: En donde las afirmaciones, deducciones y conclusiones guarden una adecuada correlación y concordancia entre sí; II. Concordante: Cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; III. No Contradictoria: por estar libre de razonamientos que al oponerse se anulen entre sí al reflejar verdades incompatibles; IV. Inequívoca: al no dejar margen para cuestionar el alcance y significado de los razonamientos y de las conclusiones que le deriven; y V. Suficiente: al estar constituida por un entramado de conclusiones interrelacionadas, que se deriven de múltiples cadenas de pensamientos, todos ellos aptos para producir razonablemente un convencimiento. El autor citado (Ob. Cit., pág. 157), explica que la sentencia carecerá de motivación cuando los razonamientos son contrastados advirtiendo oposición entre ellos o entre ellos y la parte resolutiva, destruyéndose recíprocamente dejando vacía la fundamentación de la decisión. De la Declaración de menores de Edad Víctimas de un delito Sexual. Ciertamente los delitos en perjuicio de la libertad e indemnidad sexual se caracterizan por su generalizada falta de medio de prueba testifical, centrándose el debate muchas veces en la declaración de la víctima y en su valoración por parte de los juzgadores (en especial cuando éste es el único medio para identificar a la persona responsable), misma que debe realizarse de manera conjunta con la demás prueba que se aporte, ya sea prueba directa o prueba indirecta (indiciaria), la que puede referir sobre aspectos anteriores, relativos o posteriores al hecho y que puedan dar luz de lo que verdaderamente aconteció. La tarea se vuelve más ardua cuando la víctima y única persona testigo del hecho es un menor de edad, por cuanto al Tribunal de Sentencia corresponderá diferenciar entre un relato de un suceso que se ha percibido y vivido, de aquel relato donde se narra un suceso que no se ha percibido, generado por la imaginación, tergiversación de un hecho de otra índole debido a la escasa experiencia o por la alimentación de otra persona. La valoración individual de las declaraciones testificales debe partir de la concepción de que toda declaración es el relato de un hecho pasado que ha percibido una persona por conducto de sus sentidos, ergo es el acto mediante el cual la persona acude a su memoria para describir un suceso, en donde no solo establece hechos sino también sentimientos y sensaciones, por tanto su captación y reproducción puede verse condicionada por factores personales y factores procesales que deben ser tomados en cuenta por el Tribunal de Sentencia al momento de realizar la valoración del testimonio; factores que son: 1. Factores Personales: a) Capacidad de percepción de los sentidos. b) Oportunidad de percepción del hecho, como luminosidad, ángulo y distancia de observación, volumen de sonidos, fuerza o clase de olor o sabor, oportunidad de manipular objetos o líquidos, etc. c) Estado anímico al momento del hecho o producido por éste. d) Experiencia previa respecto al hecho presenciado o vivido. e) Prejuicios preexistentes respecto al hecho; y f) Capacidad de retener en la memoria el hecho. 2. Factores Procesales: a) Tiempo entre el hecho y la declaración judicial. b) El número de veces en que se rinde la declaración, en especial las preguntas formuladas, las que ayudan al declarante a detectar cuáles son los aspectos en los que debe enfatizar o las contradicciones que debe evitar. c) La información que ha podido ser sugerida por otra persona, ya sea adrede o inconscientemente, ello incluye la información publicada en los medios de comunicación. Además de los factores personales y los procesales, en la valoración del testimonio el Tribunal de Sentencia debe realizar un debido análisis del contenido del relato, identificando en ellos, aspectos que son típicos de los que brinda un menor de edad víctima de una agresión sexual y que permiten evaluar si existe o no la probabilidad de que lo relatado haya ocurrido en la realidad. El Doctor Antonio Manzanero, en su artículo Procedimientos de Evaluación de la Credibilidad de las Declaraciones de Menores Víctimas de Agresiones Sexuales, publicado por la Revista de Psicopatología Clínica, Legal y Forense, Vol. 1, N.º 2, del año 2001 en las páginas 51 a la 71, da a conocer un estudio de los aspectos que un Psicólogo debe identificar en el contenido del relato de menores de edad señalados como víctimas de agresiones sexuales para discernir sobre su grado de credibilidad, y que esta Sala de lo Penal, para efectos de la práctica forense procesal penal y con la irisación correspondiente, explica de la siguiente forma: a. Anclaje (incardinación) del Hecho en Tiempo y Lugar. Las agresiones sexuales no se producen en el vacío, sino en un tiempo y lugar concreto, llegando a formar parte de la vida del agresor y de la víctima. Los delitos ocurren en puntos de intersección entre los cursos de vida de las dos personas implicadas en el incidente; generalmente las agresiones sexuales en perjuicio de menores, por personas conocidas, son el resultado de una cadena de hechos progresivos que se reflejan en la declaración, de forma que el incidente denunciado aparece inmerso en la historia vital de las personas implicadas en él, aun cuando el menor no pueda establecer el orden cronológico en que éstas ocurrieron. Las actividades sexuales surgen en una situación particular y deben ser consistentes con dicha situación y con desarrollos posteriores. b. Consistencia Interna. La estructura formal del relato debe ser más o menos coherente, de modo que las diferentes partes del suceso están relacionadas de forma lógica entre sí, confirmándose unas a otras. c. Tipicidad en el Lenguaje. El relato debe contener expresiones propias a la edad del infante y del nivel educativo en que se encuentre, en especial en lo referente a la descripción de la agresión sexual y a los órganos genitales. El menor podría informar sobre hechos reflejando haberlos mal entendido, dando una descripción correcta y al mismo tiempo una mala interpretación de éstos, como por ejemplo de hechos como el acto de masturbación, penetración o eyaculación. d. Riqueza de Detalles Informados. Referencia a detalles cuya invención iría más allá de la capacidad probable del testigo infante, más allá de su imaginación o de su capacidad para comprender. Se deberá considerar que entre más complejo sea el suceso relatado, más riqueza de detalles debe proporcionarse por el infante. En la mención de detalles deben de identificarse tanto aquellos que son de importancia para el proceso penal como aquellos de carácter superfluo o insignificantes para la causa, pero que apuntalan la credibilidad del menor, puesto que éste, en su limitada experiencia, informará de uno y otros sin saber diferenciarlos. Una declaración resumida, informando el incidente denunciado solo de forma esquemática, dando meramente una idea general en lugar de un cuadro con detalles, indica alta probabilidad de que no obedezca a la verdad. e. Persistencia en la Declaración durante el tiempo. Persistencia del ofendido en el relato a lo largo del tiempo y en diferentes situaciones. Este criterio de valoración deberá hacer la debida diferenciación entre las inconsistencias de aspectos centrales del relato o sobre aspectos periféricos o colaterales, ya que no se puede esperar que una persona declare idénticamente varias veces, más sí que mantenga un relato constante en cuanto al hecho generador de perturbación, aun cuando exista variación que afecte fundamentalmente a detalles periféricos. Explica Antonio Manzanero (Ob. Cit.) que el paso del tiempo y la recuperación múltiple puede afectar gravemente la memoria de los testigos. Además, algunos factores afectan sobremanera, como por ejemplo en el caso de agresiones múltiples a lo largo de períodos amplios de tiempo donde es frecuente encontrar confusiones entre las distintas ocasiones en que ocurrió el suceso. f. Experiencias Subjetivas. Es de esperarse en una declaración testifical de un menor ofendido, la mención de experiencias subjetivas como producto de la agresión sexual, como pensamientos, sentimientos, aprensiones, ansiedades, ambivalencia de sentimientos, frustraciones, ira, tristeza, vergüenza, etc. a depender de la edad del ofendido y de la conciencia que se tenga respecto al hecho. Las experiencias subjetivas podrían verse reflejadas externamente en cambios en la conducta emocional en el transcurso del tiempo o como resultado de ciertos sucesos o circunstancias. Señala Manzanero que se esperaría que una agresión sexual afectara de alguna forma a la historia biográfica del menor, no siendo esperable que su ocurrencia tuviera lugar como algo aislado sin ningún tipo de repercusión en la vida del niño. La intensidad de dichas repercusiones, como ya ha mencionado esta Sala de lo Penal, dependerá de la edad y conciencia del infante sobre el hecho, además se verá afectada en caso de que el infante reciba tratamiento psicológico después del hecho para minimizar el daño psíquico producido por el evento. Por tanto, para una mejor valoración individual de la declaración, el Tribunal imprescindiblemente deberá tener en cuenta tanto los factores personales del declarante, los factores procesales y los aspectos intrínsecos del relato, ello permitirá diferenciar los casos en donde un testigo sea sincero, es decir que crea estar diciendo la verdad, aun cuando el hecho narrado sea poco probable o, por el contrario, cuando el relato sea probable aun cuando el testigo no reúna las condiciones de idoneidad. Recuérdese que la valoración de un testimonio no consiste en un examen de “verdadero” o “falso”, sino en el análisis conjunto de factores y aspectos que puedan indicar la probabilidad alta de que el relato corresponder a un hecho real, o su falta de probabilidad a causa de la valoración negativa. En todos los casos, la valoración individual solo podrá realizarse mediante una correcta Inmediación del Tribunal con la persona declarante, donde puedan evaluarse las Reglas de la Psicología (lenguaje corporal, tono de voz, espontaneidad o timidez, sencillez o elocuencia, nerviosismo o seguridad, estado anímico, sentido de colaboración o renuencia, memoria, capacidad de percepción, etc.), los Principios de la Lógica (logicidad del relato en sí mismo y coherencia con la demás prueba) y las Máximas de la Experiencia Común (comparación del relato con modelos típicos cuyo conocimiento se encuentra dentro de la esfera del profano).[1]Recomienda Manzanero (Ob. Cit) que al momento de la declaración del menor señalado víctima de una agresión sexual, es conveniente primero invitarlo a que describa un suceso del que se tenga la certeza que ha ocurrido para evaluar en paralelo tal descripción con la que posteriormente de sobre la agresión sexual, permitiendo así comparar su forma de expresarse, memoria, forma de expresión, etc., siendo el suceso más adecuado cualquier exploración médica que haya tenido el menor recientemente, por compartir éstas con las agresiones sexuales su característica invasiva. La valoración Conjunta de los medios de Prueba, debe realizarse en consideración a: 1) Ausencia de Incredibilidad Subjetiva, que es el descartar que existan tensiones entre el acusado y la víctima que motiven a esta última a presentar una imputación falsa. 2) Inexistencia de móviles espurios de resentimiento de venganza del menor o de algún miembro de su entorno familiar inmediato, que puedan motivar de manera suficiente la imputación del delito. 3) Verosimilitud de la narración del infante, dentro del contexto de la actividad probatoria, que determinen mediante prueba directa o indiciaria, la probabilidad de que el hecho haya acaecido. De la Procedencia del Recurso. El Motivo no es de Recibo. Conforme el motivo invocado por el recurrente, esta Sala de lo Penal procedió a realizar un análisis exhaustivo de los juicios de valor que utilizó el juzgador para valorar la prueba evacuada en juicio y no encuentra quebranto alguno a las reglas del correcto pensamiento humano, todo lo contrario, su adecuada utilización aporta a la sentencia la logicidad y coherencia necesaria. En el apartado “Valoración de la Prueba” el sentenciador razonó la única declaración testifical, la de la menor D. N. D., considerándola totalmente creíble y confiable pues la ofendida narró los hechos por ella vividos de manera espontánea, lógica, coherente, señalando de manera fehaciente que el señor José Luis Rivera Fernández, fue la persona que abusó sexualmente de ella, coincidiendo con la evaluación psicológica forense realizada por la perito Carla Lara Orellana, sin embargo en el interrogatorio la menor establece que fue abusada sexualmente en cuatro ocasiones, pero en ningún momento se individualizó cada uno de estos hechos, lo cual no resta credibilidad a su testimonio, pues al Tribunal le quedo claro que efectivamente la menor fue agredida sexualmente por el acusado. La Sala de lo Penal ha venido diciendo en sus precedentes que, las reglas de la Sana Crítica racional aseguran que el juzgador no llegue a juicios de valor en forma arbitraria, antojadiza o subjetiva; sino que las conclusiones sean tomando en consideración la lógica, la psicológica y la experiencia común a fin de evitar la arbitrariedad y el error en las decisiones judiciales. También ha reiterado la Sala que en delitos como el que se conoce la declaración de la víctima adquiere una relevancia mayor, pero ello no significa que, no debe de valorarse detenidamente para determinar la convicción de la misma. Seguidamente deberá valorarse si esa declaración aparece huérfana de otro soporte probatorio de cargo o si, por el contrario, de las otras pruebas evacuadas se puede derivar inferencias razonables para sostener la condena. En el caso examiné, y sin el ánimo de prejuzgar sobre el fondo del asunto, esta Sala de lo Penal, considera que los Jueces sentenciadores no irrespetaron las reglas de la Sana Crítica, en concreto las reglas de la Lógica, al deducir de forma acertada que de las pruebas evacuadas no fue posible concluir hechos distintos a los declarados probados. Sin pretender valorar de manera alternativa la prueba evacuada, al analizar la declaración de la supuesta víctima D. N. D.n, declaró: que, tiene 12 años, que abusaron de ella cuando tenía 8 años de edad cuando sucedieron los hechos, que el acusado le introdujo el pene en su vagina, identifica a su agresor con el nombre de José Luis, que esto ocurrió en el cuarto de su tío, que esta persona la obligaba a chuparle el pene, a la interrogante de si en algún momento la amenazó, respondiendo que sí, que cuantas veces fue abusada, contestó que ocurrió cuatro veces, la única vez que recuerda la fecha, fue la que ocurrió el día del niño. La versión resulta coherente al ser analizada en forma conjunta con el resultado del dictamen médico legal 2014040107000092 de fecha 10 de septiembre de 2014 y psicológico forense FRSRCUPS-51-18 de fecha 14 de agosto de 2018, practicada a la supuesta víctima, la cual el a quo valoró según lo dispuso: “Se Considera confiable y no encuentra motivo alguno que nos haga dudar del mismo; y por tratarse de una prueba científica válidamente ejecutada, sin que otra de igual o mejor categoría la contradiga, creemos totalmente en su contenido; además, dicha prueba resulta ser antigua, comprobándose de esta manera que la menor D. N. D, fue abusada sexualmente.” Encontrándose en las conclusiones: Area genital: himen con presencia de rupturas a las nueve horas según las manecillas del reloj de características antiguas; Asimismo, el dictamen psicológico al tribunal le resulta creíble al momento en que establece que la niña D. N. D., presenta estrés postraumático, presentando características propias de una persona que ha sufrido abuso sexual, medio de prueba que se concatena con el dictamen médico forense. Al valorar la prueba de reproche, consistente en la declaración de la menor ofendida D. N. D., el juzgador no incurre en contradicción alguna, pues al dar valor a la prueba de la testigo de cargo, emite juicios en los que introduzcan algún tipo de duda o juicios que no permitan dotar dicha prueba de mayor o menor grado de credibilidad. Esta Sala considera que en el presente caso, sobre las declaraciones de la menor, el juzgador ha estimado que es lo bastante clara y contundente para que de ella se pueda concluir que la menor ha sido víctima de acceso sexual por vía vaginal, por parte del acusado señor José Luis Rivera Fernández, testimonio que se corroboran mediante la prueba pericial agregada al juicio, que son perfectamente válidas y suficientes con las que se ha enervado la presunción de inocencia del acusado José Luis Rivera Fernández. Decisión Se declara no ha lugar el recurso de casación por quebrantamiento de forma en su único motivo, interpuesto por la defensa privada. En virtud de no haber recibido por parte de la defensa privada un escrito complementario, solicitando la aplicación de la nueva legislación, La Sala de lo Penal, conforme lo establece el artículo 624 numeral 3) del Código Penal decreto130-2017, procede de oficio a confrontar la procedencia de la legislación más favorable. De la procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal Decreto 130-2017. A. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir de cinco a diez años de prisión una pena). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrara en vigencia y cuando es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento de juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas de manera completa por la persona, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el Código Penal Decreto 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo Código, sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibido la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un concurso real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse, primero conforme al límite objetivo ordinario o limite objetivo extraordinario, según corresponda, y luego de ello conforme al límite subjetivo. Empero uno no es preferente sobre el otro, se aplicará el límite que sea menor; b.- La ponderación deberá realizarse, primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el CP-130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a.- Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b.- Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no los 30 años (limite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (limite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años, la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años, se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y aun así en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Limite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Limite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Limite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. C. Ponderación en el caso concreto. En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso al señor José Luis Rivera Fernández, una pena principal de quince años (15) de reclusión, por haber sido encontrado responsable del delito de Violación Especial, en perjuicio de la menor D. N. D.n; de la misma forma le fueron impuestas las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil, declarándose asimismo la responsabilidad civil. Conforme las disposiciones del nuevo Código Penal 130-2017, el delito de Violación (Art.249), se penaliza de nueve (9) a trece (13) años, prohibición de residencia y aproximación a la víctima por el doble del tiempo de la pena de prisión. Las penas anteriores se deben aumentar en 1/3 según el artículo 249, último párrafo del NCP que establece las agravantes específicas, sí concurre las circunstancias del numeral 1) del segundo párrafo (empleo de violencia o intimidación) y la víctima es menor de 14 años, quedando un nuevo margen de pena de trece (13) años a diecisiete años cuatro meses (17años 4meses) de prisión. En el caso sometido a juzgamiento se establece que el señor José Luis Rivera Fernández, se le condenó por el delito de Violación Especial a la pena de 15 años de reclusión con el antiguo código penal, pero al revisar la nueva normativa penal y por tratarse de un delito de violación contra una menor de 14 años, la pena aumenta en 1/3, quedando una pena mínima de 13 años de prisión y una máxima de 17 años 4 meses, por lo que la pena impuesta al acusado se encuentra dentro de los límites establecidos para este tipo de delitos, por lo que no es procedente la aplicación retroactiva del decreto 130-2017 conforme lo regulado en el artículo 616 de esa nueva normativa penal. Por Tanto: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 82, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 202, 338, 359, 362 numeral 3, 363 y 369 del Código Procesal Penal. Falla: Primero: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo interpuesto por el Abogado Raul Antonio Erazo Arita, en su condición de defensor privado, en la causa instruida contra el señor José Luis Rivera Fernández, a quien se le condenó por el delito de Violación Especial en perjuicio de D. N. D.n. Segundo: Declara la No Procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017, a las conductas reprochadas al acusado José Luis Rivera Fernández. Tercero: Declara Firme la sentencia de fecha diecisiete de octubre de dos mil dieciocho, dictada por el Tribunal de Sentencia de Ocotepeque, departamento de Ocotepeque. Y manda: Que la Secretaría del despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. - Firmas y Sello. José Olivio Rodríguez Vásquez. Magistrado Coordinador. Rafael Bustillo Romero. Magistrado. Alma Consuelo Guzmán García. Magistrada. Firma y Sello. Lety Emelda Posadas. Secretaria Actuante. Sala de lo Penal.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en fecha veintiséis de octubre de dos mil veintidós. Certificación de la sentencia dictada el veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, recaída en el expediente SP 578-2018.
JOSÉ RAMÓN CRUZ FERRERA
Secretario
Sala de lo Penal
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[1]Al respecto ver fallo de fecha 23 de enero del 2008, en el Exp 014-2007 y fallo de fecha 28 de julio del 2011, en el Exp 060-2010 de la Sala de lo Penal.