Sentencia CP-577-18 — Registro 15548
Resumen
En primer instancia se condena al imputado como autor del delito de Posesión para el Tráfico Ilícito de Drogas, se declara sin lugar el recurso de casación interpuesto por su defensa
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."El recurso no es de recibo. Como lo ha reiterado esta Sala de lo Penal, por tratarse de un Recurso de Casación por Infracción de Ley, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia. Su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. El recurso de casación por infracción de ley tiene por finalidad la revisión por parte de esta Sala, de la interpretación que de la ley hagan los Tribunales de Sentencia, definiendo o valorando jurídicamente los hechos establecidos en la sentencia y poniéndolos en relación con la norma de derecho que rige el caso, dentro del campo de la consideración puramente jurídica. Esa tarea de contralor jurídico asignada al Tribunal de Casación supone el respeto a los hechos fijados en la sentencia. En este sentido, el Recurso de Casación por Infracción de Ley debe estructurarse o partir su alegación de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el Juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (Hechos Probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar, se invocan normas que no deben aplicarse, o se invoca la norma que deba aplicarse al caso concreto pero el Juzgador hace una incorrecta interpretación de la misma. Conforme lo regula el artículo 360 del Código Procesal Penal, el objeto de la infracción en un recurso de casación por Infracción de ley puede recaer en tres aspectos: a) Precepto penal de carácter sustantivo, es decir normas penales en sentido estricto, como son las que determinan delitos, faltas, estados peligrosos, penas, medidas de seguridad, eximentes de responsabilidad penal, formas de intervención en el delito, grados de realización del delito, circunstancias agravantes o atenuantes, reglas relativas a la responsabilidad civil etc., es decir aquellas que conforman el derecho penal material o sustantivo. b) Norma extrapenal, referente a aquellas que pertenecen al derecho penal sustantivo, que no se encuentran en el Código Penal o leyes penales especiales, pero que deben ser “observadas para la aplicación de la ley penal”, por ejemplo, las leyes penales en blanco, que son aquellas que, señalando la pena aplicable al delito, omiten establecer todo o parte de la conducta punible y para poder completarla se remite a otra norma, bien sea penal o no. c) Principio de Doctrina Legal, debemos entender por doctrina, de conformidad al párrafo segundo del artículo 360 del Código Procesal Penal, “La reconocida como tal por la Corte Suprema de Justicia, por medio de tres sentencias conformes sobre un mismo asunto”. Otra circunstancia a considerar al momento de plantear un recurso de casación, son las diferentes especies del Recurso de Casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal, las cuales son: a) Violación o Falta de Aplicación, consistente en la falta de aplicación de la ley o doctrinas legales que correspondan o se ajusten a los hechos probados que enuncia la sentencia. Es la omisión por parte del Juzgador, en cuanto a la cita o aplicación de la norma aplicable al caso y que justifica legalmente los hechos probados de la sentencia. b) Aplicación Indebida, consiste precisamente en la invocación hecha por el Juzgador, de leyes o doctrinas legales ajenas a la verdad concebida en los hechos probados de la sentencia, de tal suerte que se aprecia la incongruencia en el fáctum de la resolución y la norma que se le asigna. c) Interpretación errónea, consistente en que citando en la sentencia la ley correspondiente, se aplica otorgándole un sentido distinto al que tiene. Esta Sala de lo Penal observa la inadecuada técnica recursiva del censor, puesto que señala y desarrolla dos motivos de infracción de ley como ser un primer caso: Aplicación indebida del artículo 18, interpretación errónea del artículo 5 y se dejó aplicar cuando debió hacerlo el artículo 22 de la Ley sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas; así mismo desarrolla un segundo caso estableciendo que se infringió por aplicación indebida del artículo 18, que hubo interpretación de manera errónea del artículo 5 numeral 34 y se dejó aplicar cuando debía hacerlo el artículo 23 de la Ley sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas, lo cual el recurrente debió indicar separadamente cada motivo; En este tipo de recursos el impetrante debe centrarse en la fundamentación fáctica (Hechos Probados) de la sentencia, para determinar si en los mismos están conformados los elementos objetivos y subjetivos de todo tipo penal, es decir si existe correspondencia entre lo narrado por el Juzgador y la norma penal utilizada. Es por lo expresado que es procedente declarar sin lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su primer motivo..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 360 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."El recurso no es de recibo. La jurisprudencia de la Sala de lo Penal ha establecido que, por tratarse de un Recurso de Casación por Infracción de Ley, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la Ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia. Su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la Sentencia. El recurso de casación por infracción de ley, tiene por finalidad la revisión por parte de esta Sala, de la interpretación que de la ley hagan los Tribunales de Sentencia, definiendo o valorando jurídicamente los hechos establecidos en la sentencia y poniéndolos en relación con la norma de derecho que rige el caso, dentro del campo de la consideración puramente jurídica. Esa tarea de contralor jurídico asignada al Tribunal de Casación supone el respeto a los hechos fijados en la sentencia. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el Juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (Hechos Probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar, se invocan normas que no deben aplicarse, o se invoca la norma que deba aplicarse al caso concreto pero el Juzgador hace una incorrecta interpretación de la misma. Ante el planteamiento del recurrente es necesario que esta Sala de lo Penal analice la fundamentación fáctica de la sentencia, luego la confronte con la ley sustantiva que utilizó el Juzgador para encuadrar la responsabilidad del acusado y determinar con ello, si en efecto el señor Miguel Ángel Espinoza López, debe considerarse como autor o como cómplice del delito de posesión para el tráfico ilícito de Drogas de los Medios de Transporte para el Tráfico ilícito de Drogas, tal como lo analizó el Sentenciador o por el contrario tal como lo plantea el recurrente. Los hechos probados refieren: “PRIMERO: El día diez de Agosto del año dos mil nueve, Agentes de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico, tuvieron conocimiento que se efectuaría una transacción de droga en la propiedad del señor RAUL EDGARDO ARITA, ubicada en el lugar conocido como aldea el Sumpul, Municipio de Sinuapa, departamento de Ocotepeque, se personaron a fin de corroborar dicho evento, observando que en el vehículo tipo Toyota, placa PBZ 0454 se encontraba droga (cocaína), identificando alrededor de dicho vehículo a los señores MIGUEL ANGEL ESPINOZA LOPEZ, RAUL EDGARDO ARITA, GLENYS HERMINIA CUESTAS VALLE y ANAEL ANTONIO CHÁVEZ, por lo que una vez que verifico la noticia criminis, los Agentes de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico formaron equipos para efectuar la respectiva captura, haciendo creer a los participantes del hecho delictuoso que estos eran los que negociarían la droga, al ingresar por segunda ocasión a la propiedad encuentran reiteradamente al señor MIGUEL ANGEL ESPINOZA LOPEZ, custodiando el vehículo en el cual se encontraba la droga (cocaína). SEGUNDO: El diez de Agosto del año dos mil nueve, a eso de las dieciséis horas, Agentes de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico, detuvieron al señor MIGUEL ANGEL ESPINOZA LOPEZ, en el respectivo operativo del párrafo anterior, en donde se le incauto entre otras cosas un arma de fuego 9 MM plateada y negra Marca Glock serie serie número SNX 732 9X19 con su respectivo cargador con 14 proyectiles, un porta cargador con dos cargadores llenos con 17 proyectiles cada uno, un permiso y un permiso para portar arma a nombre de MIGUEL ANGEL ESPINOZA LOPEZ.” El sentenciador consideró que el imputado Miguel Ángel Espinoza López por las acciones adjudicadas en los hechos, debía responder como autor del delito de Posesión para el Tráfico o Consumo Ilícito de Drogas. Se consideran autores a quienes toman parte directa en la ejecución del hecho…y los que cooperan a la ejecución del hecho por un acto sin el cual no se hubiera efectuado…extremo este para el recurrente no aparece consignado en los dos hechos probados. De acuerdo a la Teoría del Dominio del Hecho, se puede calificar como autor a la persona que sabe el qué, cómo y cuándo se va a realizar el delito, contribuye objetivamente al hecho (dominio funcional del hecho) y en el caso en que intervengan varias personas, quienes hayan acordado la realización del hecho delictivo. En el presente caso se debe aplicar la Teoría del Dominio del Hecho, dice Santiago Mir que esta teoría constituye la opinión dominante en la doctrina alemana actual. Tiene su origen en el finalismo y es su tesis de que, en los delitos dolosos es autor quien domina finalmente la ejecución del hecho del mismo modo que ve lo decisivo de la acción en el control final del hecho. Maurach resume el sentido de la teoría diciendo que es autor, porque tiene el dominio del hecho, quien tiene dolosamente en sus manos el curso del suceder típico. Para Jescheck esta teoría tiene las siguientes consecuencias: i. Siempre es autor quien ejecuta por su propia mano todos los elementos del tipo; ii. Es autor quien ejecuta el hecho utilizando a otro como instrumento (autoría mediata); iii. Es autor el coautor que realiza una parte necesaria de la ejecución del plan global (dominio funcional del hecho). En base a esta teoría podemos concluir, que el accionar del imputado Miguel Ángel Espinoza López, es producto de un plan preconcebido entre todas las personas que fueron detenidas, que según los hechos fueron 4 (3 hombres y 1 mujer), lo cual significa que existió una repartición de funciones y en el caso del señor Espinoza López, fue la de custodiar el vehículo en la que encontraba la droga (cocaína), en consecuencia al tratarse de la ejecución de un plan global, es decir de la participación de varias personas para alcanzar su fin, no podemos catalogar sus acciones cómo un mero cómplice, sino que como autor de los hechos imputados..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 360 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."El recurso no es de recibo. Esta Sala de lo Penal analiza los argumentos de los censores, así como los motivos presentados; es evidente que los recurrentes han faltado a lo que establece el artículo 363 del Código Procesal Penal que ordena que los motivos de casación deben presentarse de forma separada; en el caso subjudice los impetrantes establecen en un mismo apartado dos motivos de casación, la exclusión de un medio de prueba y la no consideración de pruebas mismas que consideran de valor decisivo; si bien los censores han efectuado un apartado por incisos para explicar ambos reclamos, lo cierto es que fueron redactados en un solo motivo de casación cuando la ley procesal ordena que deben presentarse de forma separada; sin embargo dicho error no es óbice para que esta Sala de Casación de respuesta a su reclamos. Establece la recurrente que se excluyeron o se dejó de considerar tres medios de prueba (2 propuesto por la fiscalía y 1 por la defensa) en la sentencia y que son prueba de valor decisivo, como son: 4) Informe de investigación de fecha 11 de agosto de 2009 (prueba Fiscalía) 5) Informe de fecha 13 de agosto (rendición de cuentas) F390-394 (prueba Fiscalía). 6) Informe de extracción de información de aparato telefónico F524 (prueba defensa). Mismas que dejaron de ser valorados por el Tribunal de Sentencia. Así las cosas, al tener un motivo como el planteado, corresponde a este Tribunal de Casación como primera tarea, remitirnos al acta de proposición de prueba y al acta de debate, para confirmar que dichos medios de prueba fueron propuestos, admitidos y evacuados en sesión de juicio, luego confrontar esta actividad procesal con la fundamentación probatoria del fallo, y así comprobar si existe o no la falta de consideración de los medios de prueba en cuestión; más la labor no concluye ahí, pues la norma procesal además exige para la configuración del vicio, que el medio de prueba no considerado – en caso que lo haya sido– debe poseer un valor decisivo en la emisión del fallo, cuya evaluación en casación se efectúa, conforme al método la inclusión hipotética, el cual fue explicado anteriormente; solo así, al medio de prueba dejado de considerar se le atribuirá ese carácter de decisivo, lo que dará paso al vicio in procedendo previsto en el artículo 362.2 del Código Procesal Penal. El Ministerio Público en el acta de audiencia de proposición de pruebas a folio 373, se propuso como medio de prueba documental número dos: Informe de fecha 13 de agosto de 2009, el cual será ratificado por la detective Ana Julia Mejía López, prueba documental que fue admitida por el Tribunal de Sentencia a folio 380; En Juicio Oral y Publico se evacuo dicho medio de prueba a folio 579 vuelto a folio 582, ratificando dicho informe la detective Ana Julia Mejía López, en el que las partes hicieron uso del interrogatorio. En este sentido el Tribunal de sentencia valoró este medio de prueba, estableciendo: “El respectivo documento fue introducido al debate con las formalidades que establece la ley procesal penal, sin embargo, el mismo no aporta nada en virtud de que la detective Mejía López refirió que fue realizado por el actuar del supuesto agente de la DEA, al llevarse del lugar de los hechos entre 80 a 90 kilos de cocaína sin ninguna autorización.” Por su parte la defensa privada, en el acta de proposición de pruebas, presento dentro de sus medios probatorios, como medio de prueba número el Informe de vaciado telefónico (folio 376 vuelto), el cual fue admitido su peritaje consistente en el vaciado del aparato del señor Miguel Ángel Espinoza López (f 380 vuelto); En el acta de juicio oral y público a folio 589 vuelto se establece que la defensa privada desiste del perito Raulin Almendarez en cuanto a la ratificación del informe del vaciado telefónico, leyéndose en el acto la excusa presentada por el perito y dándose lectura del informe enviado por el perito que se encuentra a folio 524 del expediente judicial en la que se establece los siguiente: “No fue posible realizar la pericia correspondiente al aparato telefónico Marca: MOTOROLA, Modelo: C-139, IMEI: 011323003158832, ICCID: 8950402102054639105, decomisado al señor Miguel Ángel Espinoza López, en virtud de que se intentó encender el aparato telefónico con diferentes cables del equipo forense CELLEBRITE versión 7.8.0.942, el cual fue imposible su extracción de información, no se realizó por encontrar desgaste de su circuito electrónico”. En cuanto a este medio de prueba el tribunal valoro el mismo, estableciendo que “El mismo no contribuye en nada, ya que no fue posible realizar la pericia, por lo que este no acredita ningún valor a la presente causa”. Existe falta de consideración de prueba, cuando a pesar de haber sido admitida durante la etapa de juicio y reproducida en la audiencia de debate, el órgano juzgador no hace alusión alguna sobre ésta, es decir que no existe ninguna mención al medio de prueba en su sentencia. - No se trata pues de un vicio sobre el proceso de valoración del medio de prueba, sino sobre la expulsión del medio de prueba del acervo probatorio. Es pues que en conclusión no ha existido falta de consideración o exclusión de los medios de prueba sobre estos dos medios de prueba, como es el Informe de fecha 13 de agosto (rendición de cuentas) (prueba Fiscalía) y el Informe de extracción de información de aparato telefónico F524 (prueba defensa). El recurrente alega en este motivo casacional que se excluyo el informe investigativo de fecha 11 de agosto de 2009, estableciendo que fue excluido de plano en la sentencia, en este sentido pues ha explicado esta Sala que el vicio de exclusión de prueba de valor decisivo ocurre cuando propuesto, admitido y reproducido un medio de prueba, el Tribunal de Sentencia le resta eficacia probatoria de forma arbitraria, es decir, sin externar las razones que lo motivaron a tomar esa decisión, o bien, cuando por un desacertado criterio jurídico considera el sentenciador la ilicitud de dicho medio de prueba cuando no lo sea. Otro tanto igual ocurre con la falta de consideración de prueba de valor decisivo, pues el requisito condicionante para que se ocasione el vicio es que el medio de prueba dejado de considerar haya sido previamente propuesto, admitido y reproducido en juicio, y en donde el Tribunal de Sentencia, a pesar de la actividad procesal llevada a cabo, omite hacer toda referencia positiva o negativa de dicho medio de prueba en la sentencia, dejando la incertidumbre si la toma en cuenta del medio de prueba dejado de considerar o excluido hubiese cambiado el estado de convicción del juzgador en relación al objeto del proceso. De ocurrir cualquiera de los dos vicios, la Sala de lo Penal tendrá como tarea determinar si el medio de prueba indebidamente excluido o dejado de considerar posee un valor decisivo para la resolución del fallo, lo cual se hará conforme al método de inclusión hipotética explicado anteriormente. En cuanto al informe de investigación de fecha 11 de agosto de 2009 (F383), el cual fue propuesto por el Ministerio Público, al remitirnos al acta de audiencia de proposición de pruebas, verificables a folios 373 al 382 vuelto, se encuentra a folio 373, el Ministerio Público propuso como medio de prueba documental número uno el informe de investigación de fecha 11 de agosto de 2009, la cual será ratificada por el detective Oscar Oswaldo Galeano; Este medio de prueba a folio 380 misma que fue admitida de manera condicional ya que el representante del Ministerio Público deberá proporcionar a la secretaría de este Tribunal la dirección del señor Oscar Oswaldo Galeano para que se persone a esta Sala de Juicios a ratificar dicho informe. En el acta de juicio oral y público, a folio 584 vuelto se establece que no se hizo presente el detective Oscar Galeano a ratificar el informe de investigación de fecha 11 de agosto de 2009, y en la que existe constancia por parte de la secretaría del Tribunal, por lo que el Ministerio Público solicita que el mismo sea evacuado como prueba documental, dándole la palabra a la defensa para que se manifieste en cuanto a lo solicitado por el Ministerio Público, estableciendo que se de ingreso por lectura, dándose seguidamente lectura al informe. Esta Sala de lo Penal observa que este medio de prueba efectivamente fue omitido en la sentencia, pero la norma procesal condiciona que para que el motivo pueda ser de recibo, el medio de prueba que fue indebidamente excluido o falto de consideración en la sentencia, debe de tener un valor decisivo, tal cual que su inclusión hipotética al torrente probatoria supondría generar como consecuencia una modificación en la parte dispositiva. En el presente caso ni individualmente ni en su conjunto el medio de prueba que es el informe de investigación de fecha 11 de agosto de 2009, hacen meya en lo decidido por el tribunal, esto por que la información de este informe de investigación fue corroborada con los demás medios de prueba como es la declaración testifical del señor Fredy Domingo Reyes Flores, Dinora Yamileth Alvarado López,José Elías Palencia, Lester Jolico Rodríguez Moncada, todos agentes de dirección de lucha contra el narcotráfico; Acta de registro de vehículo Toyota placa PBZ-0454, Álbum fotográfico, acta de incautación de la droga, acta de incautación de vehículo maraca Toyota, color café, placa PBZ-0454, acta de incautación de costales, todas ratificadas por el detective Reyes Flores; Acta de registro personal de Miguel Ángel Espinoza López, acta de incautación realizada al señor Miguel Ángel Espinoza López, todas ratificadas por el agente de la dirección de la lucha contra el narcotráfico Lester Joselico Rodríguez Moncada; Compareció el detective Allen Dejalme Bueso Pineda, quién ratifico el acta de apertura y conteo de evidencia; Dictamen de fecha 11 de agosto de 2009, que contiene la información de la pericia, Hoja de recibido de muestras físicas, oficio de fecha 11 de agosto de 2009, para que se nombre perito toxicológico, hoja de cadena de custodia, pericias ratificas por el Doctor Darlan Membreño, especialista en Químico-Toxicológico; como prueba documental: a) acta de declaración de imputado: b) acta de incineración; también fueron ratificados los siguientes documentos: a) acta de allanamiento, b)acta de registro de vehículo Nissan Frontier PCT6872, c) acta de incautación realizada en fecha 10 de agosto de 2009 a las 11:30 horas, d) acta de incautación realizada en fecha 10 de agosto de 2009, a las 11:40 horas, todas ratificadas por el agente de D.L.C.N. Fredy Domingo Reyes Flores; informe de fecha 13 de agosto de 2009 ratificado por la agente Ana Julia Mejía López; acta de registro personal y acta de incautación, practicadas al señor Miguel Ángel Espinoza López (arma); Constancia del Departamento de Registro Balístico Nacional de Armas de Fuego; (pericial) Dictamen de análisis del laboratorio de balística del Ministerio Público, identificado con el número 5403, ratificado por el perito Jimmy Bendeck; Dictamen de Trabajo Social número DTS.062-008, ratificado porel Licenciado Danilo Agrecio Fonseca Cruz. Por lo anteriormente dicha prueba no es de valor decisivo y al incluirla hipotéticamente no influye en el resultado dado por el Tribunal sentenciador, por lo que se desestima este motivo casacional...."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."El recurso no es de recibo. En lo que respecta al reclamo interpuesto, la Sala de lo Penal en reiteradas sentencias se ha pronunciado en el sentido que la no conformidad del recurrente con lo resuelto por el sentenciador no es motivo de casación, sino la violación a las reglas de la sana crítica, que analiza el iter de pensamiento del juez mediante el cual ha llegado a una conclusión de condena. Cuando se interpone el recurso de casación por quebrantamiento de forma cuyo motivo es la infracción a las reglas de la sana crítica (como es el caso que nos ocupa), el censor delimita su análisis a la fundamentación probatoria y la trascendencia que pueda tener ésta en la fundamentación fáctica y el posterior fallo; deberá identificar primeramente qué regla de la sana crítica es la infringida (ver sentencias de la Sala de lo Penal de fecha 17 de enero de 2013, recaída en el expediente SP 131-2011; y de fecha 27 de junio de 2013, recaída en el expediente SP 132-2011); posteriormente, deberá identificar el silogismo judicial que considera transgrede la regla previamente identificada, segregar su premisa mayor, su premisa menor y su posterior conclusión, para después explicar y comprobar porqué la conclusión inferida de aquellas premisas, es malograda y no tiene la cualidad de ser respetuosa de nuestro sistema de valoración probatorio, siendo este precisamente el proceso de identificación, explicación y comprobación del vicio que exige una buena técnica recursiva. (Ver sentencia de la Sala de lo Penal de fecha 2 de abril de 2019, recaída en el expediente SP 174-2015). Hoy por hoy, el recurso de casación por quebrantamiento de forma planteando como motivo la violación las reglas de la sana crítica ocupa un gran de porcentaje de los recursos que resuelve esta Sala de lo Penal; desafortunadamente, no en pocos casos, el recurrente acude a tal alegato como una forma de disfrazar la verdadera pretensión de reexamen o revalorización de la actividad probatoria como medio de atacar el juicio valorativo hecho por el tribunal de sentencia, pretendiendo así que los jueces de casación, sin contar con inmediación (entre otros principios faltantes), valoren un medio de prueba determinado, extraigan conclusiones probatorias y luego las compare con aquellas a las que arribó el a quo, decidiendo finalmente si lo hecho por los jueces de la instancia está bien o mal a depender si coincide la valoración de la prueba hecha en única instancia, todo ello impropio en sede casacional. No existe una previa determinación de pruebas, por lo que éste debe de ser asignado por el juzgador de la instancia haciendo mano de las reglas de la sana critica, evaluándolas y determinando el grado de convencimiento que le genera cada una de ellas y en su conjunto en relación a la imputación, lo que constituye un proceso directo de los jueces de instancia y ajeno a los jueces de casación. Por ello, el recurso de casación no provoca un nuevo examen probatorio de los medios que fundan la decisión judicial impugnada; la casación no es una segunda instancia, sino una única instancia encargada de revisar la mera legalidad de la decisión judicial, quedando fuera de tal esfera de competencia la revaloración de la prueba; las partes en la interposición del recurso no pueden pretender que esta Sala de lo Penal declare el acierto o desacierto del Tribunal de Sentencia sobre sus criterios valorativos, pues ello sería rebasar las potestades legales conferidas por la ley a los jueces de casación. Ante una denuncia de violación a las reglas de la Sana Crítica corresponde a la Sala de lo Penal, auditar el razonamiento judicial, comprobando si la motivación intelectiva es acorde con ésta o por el contrario existe divorcio; para ello es preciso que el recurrente no solo manifieste la existencia del vicio, sino que se focalice la regla del correcto entendimiento humano que considera violentada, cual es el razonamiento judicial que contiene el vicio y, a efecto de demostrar su razón, realice la debida confrontación entre uno y otro.- La simple denuncia, limitándose a señalar que existe violación de todas las reglas de la sana critica, mella negativamente en la suerte del recurso. Es insistente este Tribunal de Casación, que el motivo de casación que nos ocupa no tiene por objeto la revisión de la prueba, no es el estudio de los elementos probatorios y la definición de la verdad que se acredita o que se desvirtúa con ellos, sino la revisión del argumento judicial; entonces el reproche hecho a la carga acreditativa de la prueba o como debieron los jueces sentenciadores resolver, exista o no verdad en lo señalado, resulta impropio en términos casacionales, no pudiendo ser de recibo. En el presente caso, cuando se cuestiona la violación a las reglas de la sana critica, es incorrecto lo expuesto por el recurrente, dado que obvia señalar cual regla –lógica, psicología, experiencia común-considera violentada, además que debió señalar cuáles son esos razonamientos erróneos del Sentenciador y explicar por qué se transgreden las reglas del recto entendimiento humano. dado que identifica incongruencias e inexactitudes, no en el razonamiento judicial (que es el que se controla en casación), sino que lo hace a los medios de prueba, lo que no puede ser objeto de revisión por la Sala de lo Penal, pues ello implicaría valoración de prueba. El censor, en su desarrollo del recurso muestra confusión de la única instancia con una segunda instancia, al no dirigir su ataque a la construcción argumentativa judicial en aras de demostrar separación del cauce que marca las reglas de la sana crítica, sino que invita a la Sala de lo Penal a renovar la valoración probatoria y sobreponerla a la hecha por el a quo, lo que está lejos de las potestades legales que otorga la ley procesal a este ad quem. Como consecuencia, al ser falto de la debida técnica recursiva el motivo planteado, ninguno de los argumentos tiene la propiedad para poder darles una respuesta de fondo.."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 363 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
...."A. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos de retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir una pena de cinco a diez años de prisión). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado, disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrará en vigencia y cuándo es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento del juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución Política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas en su totalidad, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el CP Decreto 130-2017. Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo código sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibida la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando en la decisión judicial de la sentencia que se impugna, se aprecie un concurso real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme a las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse, primero conforme al límite objetivo ordinario o límite objetivo extraordinario, según corresponda, y después conforme al límite subjetivo. Sin embargo, uno no es preferente sobre el otro, por lo que se aplicará el límite que sea menor; b. La ponderación deberá realizarse, primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el CP-130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a. Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b. Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no, los 30 años (límite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (límite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años, la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años, se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas, en suma, sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y, aun así, en suma, sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja, de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Límite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Límite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Límite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán, cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. C. Escrito Complementario Conforme a la foliada judicial el Abogado Oscar López López, defensor privado del señor Miguel Ángel Espinoza López, presento en fecha 24 de marzo de 2021, solicitud invocando la aplicación de la retroactividad de la pena conforme a la nueva legislación (decreto 130-2017), por ser más favorable, estableciendo que su representado fue condenado por el delito de tráfico de drogas a la pena de quince (15) años de reclusión y una multa de un millón de Lempiras (L.1,000,000.00), penas que fueron impuestas por el CP 144-83 y que con la nueva legislación CP 130-2017, la pena abstracta sería de diez (10) a quince (15) años de prisión y en la debe aplicarse la pena mínima de Diez (10) años de prisión. Por su parte, el Abogado Salvador Cuestas Arévalo, Fiscal del Ministerio Público, emite pronunciamiento al escrito suplementario presentado por la defensa privada, estableciendo que en el presente caso, la condena impuesta al señor Miguel Ángel Espinoza López, al ser de quince (15) años de reclusión y multa de un millón de Lempiras, se encuentra entro del marco penal de la pena prevista en la nueva normativa es decir, prisión de diez (10) a quince (15) años y multa de 500 a 300 días, por lo que bajo estos parámetros no procede la aplicación de la retroactividad, al no considerarse la nueva normativa penal como más favorable al acusado. D. Ponderación en el caso concreto En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso al Señor Miguel Ángel Espinoza López, una pena principal de quince (15) años de reclusión y una multa de un millón de Lempiras (L. 1,000,000.00), por considerarlo responsable del delito de posesión para el tráfico ilícito de drogas (art.26 relacionado art.18 Ley sobre uso indebido y tráfico ilícito de drogas y sustancias psicotrópicas), más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo que dure la pena de reclusión, más la responsabilidad civil. La conducta reprochada al acusado Miguel Ángel Espinoza López, está prevista en el nuevo Código Penal decreto 130-2017, como delito de tráfico de droga en el artículo 311, cuya pena es: i. De 04 a 07 años de prisión y multa de 100 a 500 días, si se trata de drogas que no causan grave daño a la salud, los cuales son: los derivados del cáñamo índico o americano y los derivados del cannabis sativa índica o americana; o ii. De 07 a 10 años de prisión y multa de 100 a 500 días , si se trata de drogas que causen grave daño a la salud, siendo éstas las enumeradas en las listas de estupefacientes o preparados: I, II y IV (Lista de estupefacientes sometidos a fiscalización internacional o lista amarilla de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes; Nueva York, 31 de marzo de 1961 y su protocolo de modificación; y en las listas de sustancias psicotrópicas: I, II, III y IV (Lista de sustancias psicotrópicas sometidas a fiscalización internacional o lista verde del Convenio de Naciones Unidas sobre sustancias psicotrópicas del 21 de febrero de 1971. Las penas a imponer serán de 10 a 15 años de prisión y multa de 300 a 500 días, cuando la cantidad de droga sea de especial importancia (Art. 312.5 NCP), entendiéndose como tal: i. Diez mil (10.000) gramos de marihuana; ii. Mil (1000) gramos de hachís; iii. Dos mil (2000) gramos de cocaína; iv. Dos mil (2000) gramo de alcaloide derivado de la cocaína; v.- Sesenta (60) gramos de opio o de sus derivados; vi. Doscientos (200) gramos de droga sintética; o vii. Cuatrocientos (400) mililitros cuando la droga sintética se encuentre en solución. En el caso del señor Miguel Ángel Espinoza López, conforme los hechos probados, se encontraba custodiando el vehículo en el cual se encontraba droga, estableciendo tipo de droga (cocaína); por lo que la pena señalada para la conducta del acusado se castiga en el NCP (art.311) con la pena de 07 a 10 años de prisión y multa de 100 a 500 días, ya que se trata de droga que causa grave daño a la salud. Conforme a los artículos 31, 32 y 70 del Código Penal 130-2017, los hechos se realizaron sin la concurrencia de circunstancias atenuantes o agravantes, teniendo como información de las circunstancias personales del condenado Miguel Ángel Espinoza López, que es mayor de edad (54 años), casado, hondureño, tiene 6 hijos, es agricultor y residente en Santa Rosa de Copán, y atendiendo la gravedad del hecho, estableciéndose en los hechos probados que la droga era para la negociación, se fija la nueva pena de prisión de ocho (8) años y seis (6) meses y multa de trescientos (300) valorar cada día multa en L.147.6666, debiendo el condenado pagar a favor del estado de Honduras una multa de L. 44,299.98 de acuerdo al artículo 53 del NCP. En virtud de lo anterior, la Sala de lo Penal concluye que corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por representar un beneficio no solo en relación al quantum de la pena privativa de la libertad, sino también en relación a la pena de multa, conforme dispone el artículo 616 del nuevo Código Penal..."
Legislación citada
- Código Penal No. 130-17, art. 615 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario Actuante de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia recaída en el expediente del Recurso de Casación SP-322-2022 que literalmente dice: “SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta y un días del mes marzo del año dos mil veintidós, el Pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados José Olivio Rodríguez Vásquez, en su calidad de Coordinador, Rafael Bustillo Romero y Alma Consuelo Guzmán García, pronuncian EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente sentencia en el Recurso de Casación SP 577-2018 por Infracción de Ley y por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha diez de octubre del año dos mil dieciocho, dictada por el Tribunal de Sentencia de Ocotepeque, Departamento de Ocotepeque, mediante la cual falló: Primero: Absolvió al señor Miguel Ángel Espinoza López, del delito de Uso y Transporte de Arma de Fuego de Uso Prohibido, en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras.- Segundo: Condenó al señor Miguel Ángel Espinoza López, como autor del delito de Posesión para el Tráfico Ilícito de Drogas, en perjuicio de La Salud Pública del Estado de Honduras, a la pena de quince años de reclusión y una multa de un millón de lempiras.- Tercero: Condenó al señor Miguel Ángel Espinoza López, a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo que dure la condena principal.- Cuarto: Se declaró al señor Miguel Ángel Espinoza López, responsable civilmente.- Quinto: No procedió el comiso.- Sexto: No procedió condenar en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio. SON PARTES: El Abogado Oscar López López, en su condición de defensor privado del señor Miguel Ángel Espinoza López, como parte recurrente y el Abogado Salvador Cuestas Arévalo, en su condición de fiscal del Ministerio Público, como parte recurrida. HECHOS PROBADOS “Valorando las pruebas practicadas en el acto del juicio oral, de acuerdo a los criterios de la sana crítica, este Tribunal declara expresa y terminantemente probados los hechos siguientes: PRIMERO: El día diez de Agosto del año dos mil nueve, Agentes de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico, tuvieron conocimiento que se efectuaría una transacción de droga en la propiedad del señor RAUL EDGARDO ARITA, ubicada en el lugar conocido como aldea el Sumpul, Municipio de Sinuapa, departamento de Ocotepeque, se personaron a fin de corroborar dicho evento, observando que en el vehículo tipo Toyota, placa PBZ 0454 se encontraba droga (cocaína), identificando alrededor de dicho vehículo a los señores MIGUEL ANGEL ESPINOZA LOPEZ, RAUL EDGARDO ARITA, GLENYS HERMINIA CUESTAS VALLE y ANAEL ANTONIO CHÁVEZ, por lo que una vez que verifico la noticia criminis, los Agentes de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico formaron equipos para efectuar la respectiva captura, haciendo creer a los participantes del hecho delictuoso que estos eran los que negociarían la droga, al ingresar por segunda ocasión a la propiedad encuentran reiteradamente al señor MIGUEL ANGEL ESPINOZA LOPEZ, custodiando el vehículo en el cual se encontraba la droga (cocaína). SEGUNDO: El diez de Agosto del año dos mil nueve, a eso de las dieciséis horas, Agentes de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico, detuvieron al señor MIGUEL ANGEL ESPINOZA LOPEZ, en el respectivo operativo del párrafo anterior, en donde se le incauto entre otras cosas un arma de fuego 9 MM plateada y negra Marca Glock serie serie número SNX 732 9X19 con su respectivo cargador con 14 proyectiles, un porta cargador con dos cargadores llenos con 17 proyectiles cada uno, un permiso y un permiso para portar arma a nombre de MIGUEL ANGEL ESPINOZA LOPEZ.” RECURSO DE CASACION, MOTIVOS Y ARGUMENTOS El recurrente Abogado Oscar López López, procedió a formalizar su Recurso de Casación por Infracción de Ley y por Quebrantamiento de Forma, de la manera siguiente: “EXPOSICIÓN DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN POR INFRACCION DE LEY PRIMER MOTIVO: Infracción del artículo 18 en relación con el artículo 5 numeral 34 y el artículo 22 los tres de la Ley sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas; POR APLICACIÓN INDEBIDA, por INTERPRETACIÓN ERRÓNEA, por DEJAR DE APLICAR CUANDO DEBÍA HACERLO, respectivamente. PRECEPTO AUTORIZANTE: Articulo 360 del Código Procesal penal: “Casación por Infracción de Ley o de Doctrina Legal. Habrá lugar al recurso de Casación por infracción de ley ……, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba de ser observada para la aplicación de la ley penal …… sustantivo”. Para los efectos de este Motivo se cita como INFRINGIDO POR APLICACIÓN INDEBIDA el artículo 18 de la Ley sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas que manda: “El que trafique con drogas, estupefacientes o sustancias controladas, será penado con reclusión de quince (15) a veinte (20) años y multa de (Lps. 1,000,000.00 a Lps. 5,000,000.00) un millón a cinco millones de lempiras”: en relación a la DEFINICIÓN que fue INTERPRETADA DE MANERA ERRÓNEA que se encuentran en el artículo 5 numeral 34 que define el -Tráfico Ilícito- como: “Todo acto dirigido o emergente de las acciones de producir, fabricar, poseer dolosamente, tener en depósito o almacenamiento, transportar, entregar, suministrar, comprar, vender, donar, introducir al país, sacar del país y/o realizar transacciones a cualquier título, de sustancias controladas, financiar actividades contrarias a las disposiciones de la presente Ley o de otras normas jurídicas”; además por la INTERPRETACIÓN ERRÓNEA (Artículo 5). PRIMER CASO (Artículos 18, 5 y 22). En este primer caso, además de los dos anteriores, también INFRINGIÓ DEJANDO DE APLICARLA CUANDO DEBÍA HACERLO, la norma jurídica que se encuentra en el artículo 22: “Se le impondrá la pena ……… a quien intencionalmente facilitare el local o los medios de transporte, aún a título gratuito, PARA EL TRÁFICO o consumo ilícito de sustancias estupefacientes, psicotrópicos u otras drogas peligrosas”. MOTIVACION DEL RECURSO La declaración de los Hechos Probados de la Sentencia que se recurre se acepta como VERDAD IRREBATIBLE, por lo que no puede cuestionarse lo que el Tribunal ha estimado probado, partiendo de esta declaración consideramos que se han infringido los preceptos penales en tres direcciones (1) POR APLICACIÓN INDEBIDA (Artículo 18), (2) por INTERPRETACIÓN ERRÓNEA (Artículo 5) de los aplicados y por consiguiente infringió (3) DEJANDO DE APLICAR CUANDO DEBÍA HACERLO, la norma jurídica que se encuentra en el artículo 22. Agregamos que es tarea del Tribunal de Sentencia, SUBSUMIR los Hechos Probados en las normas jurídicas, cuestión que a criterio de esta defensa el Tribunal Sentenciador INCURRIÓ EN ERROR, APLICANDO, INTERPRETANDO Y DEJANDO DE APLICAR las normas penales señaladas; ya que la tarea del Tribunal de Casación no es la de efectuar una revisión total y amplia de toda la Sentencia, sino que, solamente controlar la aplicación correcta de la ley a los Hechos declarados Probados, por lo que se entiende que el Recurso de Casación no es un segundo grado o instancia, sino un supremo custodio del Derecho, para evitar la inobservancia o errónea Aplicación de la Ley Sustantiva; por lo que intentamos una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la Sentencia, contenido en la formulación de Hechos Probados realizados por el Tribunal de Sentencia; diferente al Recurso de Apelación que provoca una revisión fáctica y jurídica, el Recurso de Casación por Infracción de Ley únicamente admite la posibilidad de que el Tribunal de Casación realice un nuevo examen o sea una Revisión Jurídica de los Hechos declarados Probados, ya que a nuestro criterio ha habido Infracción de las normas señalados. PRIMERO: En relación a la infracción de ley por APLICACIÓN INDEBIDA del artículo 18 de la Ley sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas “El que TRAFIQUE con drogas, estupefacientes o sustancias controladas, será ………”, la norma penal no contempla LOS Hechos declarados Probados en la Sentencia, en vista de que el Tribunal hace un enlace del verbo rector “TRAFICAR” que es elemento principal del artículo 18, con la DEFINICION que aparece en el artículo 5 numeral 34 que define el Tráfico Ilícito como: “TODO ACTO dirigido o emergente de las acciones de producir, fabricar, poseer dolosamente, tener en depósito o almacenamiento, transportar, entregar, suministrar, comprar, vender, donar, introducir al país, sacar del país y/o REALIZAR TRANSACCIONES a cualquier título, de sustancias controladas, financiar actividades contrarias a las disposiciones de la presente Ley o de otras normas jurídicas”. ESTE ENLACE del artículo 18 con el artículo 5 numeral 34 de donde extrae “y/o REALIZAR TRANSACCIONES a cualquier título” es el que utiliza en el Hecho Probado Primero (página 7): “El día diez ……… tuvieron conocimiento que se efectuaría UNA TRANSACCIÓN de droga en la propiedad ………”, lo cual esta defensa considera que la INTERPRETACIÓN ERRÓNEA, al tomar el verbo rector TRANSACCIÓN del “artículo 5 numeral 34” que se encuentra comprendido en lo que DEFINE la ley como Tráfico Ilícito, hace que el Tribunal incurra en el error de APLICAR INDEBIDAMENTE la norma 18. SEGUNDO: Lo anterior lo aseguramos, porque al revisar el artículo 22 de la misma Ley Especial: “Se le impondrá la pena ……… a quien intencionalmente facilitare el local o los MEDIOS DE TRANSPORTE, aún a título gratuito, PARA EL TRÁFICO o consumo ilícito de sustancias estupefacientes, psicotrópicos u otras drogas peligrosas”; encontramos el mismo verbo rector de “TRAFICAR” que lo subsume el artículo 5 numeral 34, pero también encontramos en el Hecho Probado, que declara: “El día diez ……… tuvieron conocimiento que se efectuaría UNA TRANSACCIÓN de droga en la propiedad ……… observando que en el vehículo tipo Toyota placa PBZ 0454 se encontraba droga (Cocaína), ………”, es evidente que la droga (23 fardos) era transportada en el vehículo (ver fotografías folios 34, 35 y 36), con objetividad el artículo 18 manda: “El que TRAFIQUE con drogas ………”, pero lo enmarca de una manera generalizada, de igual forma el artículo 5 numeral 34 define Tráfico Ilícito de manera generalizada, ya que incluye todas las Actividades alrededor de la Droga, lo cual sería correcto si no existieran los artículos QUE INDIVIDUALIZAN varias actividades alrededor de la droga como ser: artículo 16 siembre, plante, cultive o coseche; artículo 17 fabrique; artículo 19 financiamiento; artículo 22 facilitar local o medios de transporte …… para el tráfico ilícito; artículo 23 transacciones comerciales; artículo 24 tenga sustancias químicas. Al analizar el Hecho Probado (Verdad INTANGIBLE e Irrebatible), encontramos de manera muy clara UNA TRANSACCIÓN de droga ……… PERO el mismo Hecho Probado también declara de manera muy clara “observando que en el vehículo tipo Toyota placa PBZ 0454 se encontraba droga” lógicamente si la droga se encontraba en el vehículo, la misma era transportaba por el pick-up placa PBZ 0454, lo cual es más congruente CALIFICAR o SUBSUMIR estos Hechos declarados Probados en la norma penal 22 que contiene el mismo verbo rector de “TRAFICAR” que lo subsume el artículo 5 numeral 34; PODEMOS repetir que al revisar estos Hechos declarados Probados encontramos Probados las acciones realizadas: (1) “UNA TRANSACCIÓN de droga” verbo rector que lo tenemos en el artículo 18 y en el artículo 22; y (2) “observando que en el vehículo tipo Toyota placa PBZ 0454 se encontraba droga” verbo rector que solo lo encontramos en el artículo 22. Honorables Magistrados, el Tribunal INFRINGIÓ POR APLICACIÓN INDEBIDA el artículo 18: “El QUE TRAFIQUE con drogas, estupefacientes o sustancias controladas, ………” también INFRINGIÓ en relación a la DEFINICIÓN que fue INTERPRETADA DE MANERA ERRÓNEA que se encuentran en el artículo 5 numeral 34 que define el -Tráfico Ilícito- como: “Todo acto dirigido o emergente ……… y/o REALIZAR TRANSACCIONES a cualquier título,………”; y también INFRINGIÓ DEJANDO DE APLICAR CUANDO DEBÍA HACERLO, la norma jurídica que se encuentra en el artículo 22: “Se le impondrá la pena ……… a quien intencionalmente facilitare el local o LOS MEDIOS DE TRANSPORTE, aún a título gratuito, PARA EL TRÁFICO o ………”. Aplicó una norma que incluye toda la actividad alrededor de la droga, existiendo una norma que es especifica que subsume los Hechos declarados Probados. APLICACIÓN PRETENDIDA. Partiendo de la declaración de los Hechos Probados, consideramos que se han infringido los preceptos penales, por aplicación indebida del artículo 18, interpretación errónea del artículo 5 numeral 34 y dejar de aplicar el artículo 22, todas de la Ley sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas. Por lo que se pretende que se admita y se declare con lugar el presente recurso, case la sentencia recurrida y proceda revocarla dictando una nueva sentencia en la que SE ABSUELVA a mi defendido del delito de POSESIÓN PARA EL TRÁFICO DE DROGAS; y que sea Condenado por el delito FACILITACIÓN DE LOS MEDIOS DE TRANSPORTE PARA EL TRÁFICO DE DROGAS. SEGUNDO CASO (Artículos 18, 5 y 23) En este primer caso, además de haber infringido los artículos 18 y el 5 en su numeral 34, también INFRINGIÓ DEJANDO DE APLICARLA CUANDO DEBÍA HACERLO, la norma jurídica que se encuentra en el artículo 23 de la Ley sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas: “LA PERSONA QUE, A SABIENDAS, por si o por interpósita persona, física o jurídica, REALICE con otras personas o con establecimientos comerciales o de cualquier naturaleza, TRANSACCIONES comerciales de cualquier tipo, o ………, será sancionado como CÓMPLICE ………”. MOTIVACION DEL RECURSO La declaración de los Hechos Probados de la Sentencia que se recurre se acepta como VERDAD INTANGIBLE e IRREBATIBLE, por lo que no puede cuestionarse lo que el Tribunal ha estimado probado, partiendo de esta declaración consideramos que se han infringido los preceptos penales en tres direcciones (1) POR APLICACIÓN INDEBIDA (Artículo 18), (2) por INTERPRETACIÓN ERRÓNEA (Artículo 5 # 34) de los aplicados y por consiguiente INFRINGIÓ (3) DEJANDO DE APLICAR CUANDO DEBÍA HACERLO, la norma jurídica debe de ser aplicada al cuadro factico, norma que se encuentra en el artículo 23. Repitiendo que es tarea del Tribunal de Sentencia, SUBSUMIR los Hechos Probados en las normas jurídicas, cuestión que a criterio de esta defensa el Tribunal Sentenciador INCURRIÓ EN ERROR, APLICANDO (artículo 18) INTERPRETANDO (artículo 5 # 34) Y DEJANDO DE APLICAR (artículo 23); ya que la obligación del Tribunal de Casación no es la de efectuar una revisión total y amplia de toda la Sentencia, sino que, solamente controlar la aplicación correcta de la ley a los Hechos declarados Probados, por lo que se entiende que el Recurso de Casación no es un segundo grado o instancia, sino un supremo custodio del Derecho, para evitar la inobservancia o errónea Aplicación de la Ley Sustantiva; por lo que intentamos una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la Sentencia, contenido en la formulación de Hechos Probados realizados por el Tribunal de Sentencia; diferente al Recurso de Apelación que provoca una revisión fáctica y jurídica, el Recurso de Casación por Infracción de Ley únicamente admite la posibilidad de que el Tribunal de Casación realice un nuevo examen o sea una Revisión Jurídica de los Hechos declarados Probados, ya que a nuestro criterio ha habido Infracción de las normas señalados. PRIMERO: Insistimos en la INFRACCIÓN de ley por APLICACIÓN INDEBIDA del artículo 18 de la Ley sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas “El que TRAFIQUE con drogas, estupefacientes o sustancias controladas, será ………”, en vista de que el Tribunal hace un enlace del verbo rector “TRAFICAR” que es elemento principal (Verbo Rector) del artículo 18, con la DEFINICION que aparece en el artículo 5 numeral 34 que define el TRÁFICO Ilícito como: “TODO ACTO dirigido o emergente de las acciones de producir, fabricar, poseer dolosamente, tener en depósito o almacenamiento, transportar, entregar, suministrar, comprar, vender, donar, introducir al país, sacar del país y/o REALIZAR TRANSACCIONES a cualquier título, de sustancias controladas, financiar actividades contrarias a las disposiciones de la presente Ley o de otras normas jurídicas”; magnificando uno de los Actos del Tráfico Ilícito “REALIZAR TRANSACCIONES” ya que son los dos verbos rectores que extrae de la definición y que utilizó el Tribunal de Sentencia en los Hechos Probados “se efectuaría una transacción de droga”, como elemento del artículo 18. ESTE ENLACE del artículo 18 con el artículo 5 numeral 34 de donde extrae “y/o REALIZAR TRANSACCIONES a cualquier título” es el que utiliza en el Hecho Probado Primero (folio 617): “El día diez ……… tuvieron conocimiento que se efectuaría (realizaría) UNA TRANSACCIÓN de droga en la propiedad ………”, lo cual esta defensa considera que la INTERPRETACIÓN ERRÓNEA, al tomar los dos verbos rectores (1) EFECTUAR (realizar) y (2) TRANSACCIÓN (tranzar) del “artículo 5 numeral 34” que se encuentra comprendido en lo que DEFINE la ley como Tráfico Ilícito, hace que el Tribunal incurra en el error de APLICAR INDEBIDAMENTE la norma 18. SEGUNDO: Lo anterior lo aseguramos, porque al revisar el artículo 23 de la misma Ley Especial expresa: “LA PERSONA QUE, A SABIENDAS, por si o por interpósita persona, física o jurídica, REALICE con otras personas o con establecimientos comerciales o de cualquier naturaleza, TRANSACCIONES comerciales de cualquier tipo, o ………, será sancionado como CÓMPLICE ………”; encontramos los mismos verbos rectores de “REALIZAR” y “TRANSAR” (Cabanellas: Concluir una transacción) que también los subsume el artículo 5 numeral 34, pero también encontramos en el Hecho Probado, que declara: “El día diez ……… tuvieron conocimiento que se EFECTUARÍA UNA TRANSACCIÓN de droga en la propiedad ……… observando que en el vehículo tipo Toyota placa PBZ 0454 se encontraba droga (Cocaína), IDENTIFICANDO ALREDEDOR DE DICHO VEHÍCULO A LOS SEÑORES Miguel Ángel, Raúl Edgardo, Glenys Herminia y Anael Antonio ………”, es evidente que la droga (23 fardos) era transportada en el vehículo (Probado ver fotografías folios 34, 35 y 36), siendo objetivo, el artículo 18 manda: “El que TRAFIQUE con drogas ………”, pero lo enmarca de una manera generalizada, de igual forma el artículo 5 numeral 34 define Tráfico Ilícito de manera generalizada, ya que incluye todas las Actividades alrededor de la Droga, lo cual sería correcto si no existiera el Capítulo V de la misma Ley Especial, que enmarca LOS DELITOS, sus penas y medidas en los artículos QUE INDIVIDUALIZAN varias actividades alrededor de la droga como ser: artículo 16 siembre, plante, cultive o coseche; artículo 17 fabrique; artículo 19 financiamiento; artículo 22 facilitar local o medios de transporte …… para el tráfico ilícito; artículo 23 TRANSACCIONES COMERCIALES DE CUALQUIER TIPO; artículo 24 tenga sustancias químicas. Al analizar el Hecho Probado (Verdad Irrebatible), encontramos de manera muy clara UNA TRANSACCIÓN de droga ……… PERO el mismo Hecho Probado también declara de manera muy clara y patente: “El día diez ……… tuvieron conocimiento que se EFECTUARÍA UNA TRANSACCIÓN de droga en la propiedad ……… observando que en el vehículo tipo Toyota placa PBZ 0454 se encontraba droga (Cocaína), IDENTIFICANDO ALREDEDOR DE DICHO VEHÍCULO A LOS SEÑORES Miguel Ángel, Raúl Edgardo, Glenys Herminia y Anael Antonio ………”, lógicamente si la droga se encontraba en el vehículo, la misma era transportaba por el pick-up placa PBZ 0454, en el cual solamente podía entrar una persona que era el chofer (Probado ver fotografías folios 34, 35 y 36), indiscutiblemente al asegurar el Hecho Probado “IDENTIFICANDO ALREDEDOR DE DICHO VEHÍCULO A LOS SEÑORES” obtenemos otro elemento importante del artículo 23: “LA PERSONA QUE, A SABIENDAS por si o interpósita persona”, concluyendo que la norma penal 23 la DEJO DE APLICAR cuando debía hacerlo, ya que, con estos elementos, lo más adecuado es CALIFICAR o SUBSUMIR estos Hechos declarados Probados en esta norma penal 23 que contiene el mismo verbo rector de “TRAFICAR” que lo subsume el artículo 5 numeral 34 y además contiene el verbo rector “REALIZAR” cuando expresa “LA PERSONA QUE, A SABIENDAS por si o interpósita persona REALICE con otras personas”. PODEMOS repetir que al revisar estos Hechos declarados Probados encontramos Probados las acciones realizadas: (1) “se efectuaría UNA TRANSACCIÓN de droga” verbo rector que lo tenemos en el artículo 18 en relación con el 5 # 34 “TRANSACCIONES a cualquier título” y en el artículo 23 “TRANSACCIONES comerciales de cualquier tipo”; en tal sentido cualquiera de las dos nomas es aplicable; y (2) “IDENTIFICANDO ALREDEDOR DE DICHO VEHÍCULO A LOS SEÑORES” verbo rector que solo lo encontramos en el artículo 23 “LA PERSONA QUE, ……… REALICE con otras personas” y que no lo encontramos en el artículo 18, ya que no contempla los hechos declarados probados en la Sentencia. Agregando que, para que la subsunción de los Hechos Probados se diera de manera correcta en el artículo 18 tendría que tener, EN VEZ DE “se efectuaría UNA TRANSACCIÓN de droga” alguna ACCIÓN de las indicadas en el artículo 5 numeral 34 como: producir, poseer dolosamente, entregar, suministrar, comprar, vender, donar, introducir al país, ya que estas acciones no las encontramos en los artículos que señalan acciones específicas QUE INDIVIDUALIZAN varias actividades alrededor de la droga como ser: artículo 16 siembre, plante, cultive o coseche; artículo 17 fabrique; artículo 19 financiamiento; artículo 22 facilitar local o medios de transporte …… para el tráfico ilícito; artículo 24 tenga sustancias químicas; y de NINGUNA MANERA la ACCIÓN que INDIVIDUALIZA y que contiene el artículo 23 TRANSACCIONES COMERCIALES DE CUALQUIER TIPO, MISMA que contiene la DEFINICIÓN en su artículo 5 numeral 34; habiendo además, descrito en los Hechos declarados Probados otra ACCIÓN que se lee: “IDENTIFICANDO ALREDEDOR DE DICHO VEHÍCULO A LOS SEÑORES ………” ACCIÓN que se subsume en la norma 23 “LA PERSONA QUE A SABIENDAS, ……… REALICE con otras personas” POR LO QUE los Hechos Probados están subsumidos en el artículo 23, ya que estos contienen ACCIONES de esta norma y no de las que, el Tribunal de Sentencia erróneamente APLICO INDEBIDAMENTE (Artículo 18) e INTERPRETANDO de manera ERRÓNEA (artículo 5 # 34). Honorables Magistrados, el Tribunal INFRINGIÓ POR APLICACIÓN INDEBIDA el artículo 18: “El QUE TRAFIQUE con drogas, estupefacientes o sustancias controladas, ………” también INFRINGIÓ en relación a la DEFINICIÓN que fue INTERPRETADA DE MANERA ERRÓNEA que se encuentran en el artículo 5 numeral 34 que define el “Tráfico Ilícito” como: “Todo acto dirigido o emergente ……… y/o REALIZAR TRANSACCIONES a cualquier título,………”; y también INFRINGIÓ DEJANDO DE APLICAR CUANDO DEBÍA HACERLO, la norma jurídica que se encuentra en el artículo 23: “LA PERSONA QUE, A SABIENDAS, por si o por interpósita persona, física o jurídica, REALICE con otras personas o con establecimientos comerciales o de cualquier naturaleza, TRANSACCIONES comerciales de cualquier tipo, o ………, será sancionado como CÓMPLICE ………”; aplicó una norma que incluye toda la actividad alrededor de la droga, existiendo una norma que es especifica que subsume los Hechos declarados Probados. APLICACIÓN PRETENDIDA. Partiendo de la declaración de los Hechos Probados, consideramos que se han infringido los preceptos penales, por aplicación indebida del artículo 18, interpretación errónea del artículo 5 numeral 34 y dejar de aplicar el artículo 23, todas de la Ley sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas. Por lo que se pretende que se admita y se declare con lugar el presente recurso, case la sentencia recurrida y proceda revocarla dictando una nueva sentencia en la que SE ABSUELVA a mi defendido del delito de POSESIÓN PARA EL TRÁFICO DE DROGAS; y que sea Condenado por el delito CÓMPLICE PARA EL TRÁFICO DE DROGAS. SEGUNDO MOTIVO: Infracción del artículo 32 del Código Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: Articulo 360 del Código Procesal penal. Para los efectos de este Motivo se cita como infringido el artículo 32 del Código Penal que manda: “Se considera autores a quienes toman parte directa en la ejecución del hecho, los que fuerzan o inducen directamente a otros a ejecutarlo y los que cooperan a la ejecución del hecho por un acto sin el cual no se hubiera efectuado. En………”. MOTIVACION DEL RECURSOPRIMERO: La declaración de los hechos probados de la sentencia que se recurre, se acepta como VERDAD INTANGIBLE e IRREBATIBLE, por lo que no puede cuestionarse lo que el Tribunal ha estimado probado, partiendo de esta declaración consideramos que se han infringido los preceptos penales por aplicación indebida e interpretación errónea de los aplicados. Agregamos que es tarea del Tribunal de Sentencia, SUBSUMIR los Hechos Probados con las normas jurídicas, ya que la tarea del Tribunal de Casación no es la de efectuar una revisión total y amplia de todo la Sentencia, sino solamente controlar la aplicación correcta de la ley a los Hechos declarados Probados. En relación a la infracción de ley por aplicación indebida e interpretación errónea del artículo 32 del Código Penal que manda: “Se considera autores a quienes toman parte directa en la ejecución del hecho, ……… y los que cooperan a la ejecución del hecho por un acto sin el cual no se hubiera efectuado. En………”; extremo que no aparece consignado en los dos Hechos Probados, apareciendo declarados los extremos siguientes: 1. Que se efectuaría una transacción de droga en la propiedad de Raúl Edgardo Arita; 2. Observando que en el vehículo tipo Toyota placa PBZ-0454 se encontraba droga (cocaína); 3. Identificando alrededor de dicho vehículo a los señores Miguel Ángel Espinoza López, Raúl Edgardo Arita, Glenys Herminia Cuestas Valle y Anael Antonio Chávez (cuatro personas); 4. Al ingresar por segunda ocasión a la propiedad encuentran reiteradamente al señor Miguel Ángel Espinoza López custodiando el vehículo en el cual se encontraba la droga (cocaína). Cómo podemos observar Honorables Magistrados, siendo que la declaración de los Hechos Probados ES LA BASE sobre la que se construye la Sentencia Penal, por tal motivo estos son el reflejo de la narración que efectúan los testigos presenciales de un hecho cualquiera, describiendo lo que ocurrió como si estuviera reconstruyendo literalmente la escena ocurrida; donde expresa los partícipes, describiendo las acciones que tengan trascendencia jurídica y en las que participó mi defendido, expresadas con claridad para que sea fácilmente comprensibles. Declarando en primer lugar que hechos considera ciertos, deberá de contener una narración precisa, expresa y terminante de todos los hechos esenciales, sin dejar de omitir datos notables y relevantes para la descripción del hecho, contando con las pruebas que se han practicado; pues a partir de esta declaración, el Tribunal deberá traducir al mundo del derecho, esa verdad judicial. SEGUNDO: Al revisar estos Hechos declarados Probados (Verdad Irrebatible) encontramos los extremos (1) propiedad de Raúl Edgardo Arita; (2) vehículo tipo Toyota placa PBZ-0454 se encontraba droga; (3) alrededor de dicho vehículo (cuatro personas); y (4) encuentran reiteradamente al señor Miguel Ángel Espinoza López custodiando el vehículo. La norma Penal expresa: 1. “Se considera autores a QUIENES TOMAN PARTE DIRECTA en la EJECUCIÓN del hecho, ………”; entendiendo por ejecución, la realización (Cabanellas: efecto y acción de realizar o realizarse) de la transacción de droga que se iba a realizar. En los Hechos declarado Probados encontramos “propiedad de Raúl Edgardo Arita” aspecto indispensable para que la transacción se realice; también tenemos “vehículo tipo Toyota placa PBZ-0454 se encontraba droga” extremo imprescindible por la razón que es donde se transportaba la droga y sin él, no hubiera llegado a la propiedad; ESTOS DOS BIENES LA propiedad de Raúl Edgardo Arita y EL vehículo tipo Toyota placa PBZ-0454 propiedad de Guillermo Cuestas Valle (folio 34) (Hermano de Glendys Herminia Cuestas Valle) son elementos indispensables e imprescindibles para que sean considerados como las personas: “QUIENES TOMAN PARTE DIRECTA en la EJECUCIÓN del hecho” PERO indiscutiblemente, mi defendido Miguel Ángel Espinoza López NO PUEDE SER tomado o considerado como AUTOR, con estos Hechos declarados Probados. 2. También son Autores dice el artículo 32: “……… y los que COOPERAN A LA EJECUCIÓN del hecho por un acto SIN EL CUAL NO SE HUBIERA EFECTUADO”; en los otros dos extremos de los Hechos declarado Probados tenemos: “alrededor de dicho vehículo (cuatro personas)” y “encuentran reiteradamente al señor Miguel Ángel Espinoza López custodiando el vehículo”; el Hecho Probado no expresa cual es la acción que está ejecutando mi defendido, solamente dice “alrededor de dicho vehículo (cuatro personas)” con encontrarse alrededor del vehículo NO ESTÁ COOPERANDO en la ejecución del hecho, que ya se ha producido con el traslado de la droga por tierra en el vehículo Toyota placa PBZ-0454 propiedad de Guillermo Cuestas Valle, encontrándose en la propiedad de Raúl Edgardo Arita AMBOS MIEMBROS DE LA FAMILIA VALLE-VALLE; el último extremo de los Hechos Probados podemos ver: “encuentran reiteradamente al señor Miguel Ángel Espinoza López custodiando el vehículo” como un simple empleado lógicamente permanece dentro de la propiedad, de igual forma recibe órdenes de quedarse a la par o cerca del vehículo (mismo que se encuentra CERRADO y dentro de la propiedad de Raúl Edgardo); haberse encontrado mi defendido alrededor de dicho vehículo y posteriormente custodiando el vehículo, ¿serán acciones o actos SIN los CUALES NO SE HUBIERA EFECTUADO la transacción de droga? Claro que CON o SIN la COOPERACIÓN de mi defendido, la Familia Valle-Valle representada en esos momentos por Raúl Edgardo Arita Santos y Glendys Herminia Cuestas Valle, el ilícito penal siempre se hubiera ejecutado. La Doctrina señala que para ser considerado CÓMPLICE es necesario que: (1) EXISTA el AUTOR, en el presente caso LOS AUTORES son la Familia Valle-Valle a través de Raúl Edgardo Arita Santos y Glendys Herminia Cuestas Valle, (2) Que tenga CONOCIMIENTO de la existencia de la Droga, lo que es posible que, SI tenía conocimiento, (3) Que su COMPORTAMIENTO secundario sometido al autor, es evidente que es empleado de Raúl Edgardo Arita Santos, (4) Que NO sea IMPRESCINDIBLE, lo cual es un hecho indiscutible, y (5) Que sea FÁCILMENTE REEMPLAZABLE, lo que es una realidad, y (6) Que su aportación sea ESPORÁDICA de escasa consideración, era un empleado temporal; cómo se puede observar Honorables Magistrados se cumplen todos los requisitos para ser considerado CÓMPLICE. Al analizar esta Verdad Irrebatible de los Hechos Probados, en sus cuatro extremos, se deduce que mi representado Miguel Ángel Espinoza López en relación al lugar donde se encontró el vehículo propiedad de Raúl Edgardo Arita Santos y del vehículo en el que se transportaba la droga propiedad de Guillermo Cuestas Valle (Hermano de Glendys Herminia Cuestas Valle), mi defendido no tiene nada que ver con dichos bienes, por lo que, la Ley Sustantiva (artículo 32) NO SUBSUME en ella que, encontrarse en una finca o terrenos de cultivo propiedad de otra persona y que se encuentre al lado de un vehículo propiedad de otra persona, se convierta o sea considerado autor por suponer de ha tomado parte directa en la ejecución del hecho, ………; de igual forma NO SUBSUME en ella, que, por encontrarse alrededor de un vehículo, que no es de su propiedad, con otras personas y que posteriormente se encuentre custodiando el mismo vehículo (completamente cerrado y vidrios polarizados), el cual se encuentra dentro de la propiedad de la cual no es dueño SINO que el dueño es miembro de la Familia Valle-Valle, según relato de los Agentes de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico; estos extremos NO INDICAN que mi defendido EJECUTO ACTOS que puedan ser considerados como lo indica la norma 32: “y los QUE COOPERAN a la ejecución del hecho POR UN ACTO SIN EL CUAL NO SE HUBIERA EFECTUADO. En………”; en resumen, los CUATRO extremos puntuales de los Hechos declarados Probados ningún refiere algún punto toral de la norma jurídica, que indique que mi defendido Tomo parte directa en la Ejecución del hecho o que la ACCIÓN expresada en los Hechos declarados Probados indican que Coopero en la Ejecución y que el ACTO señalado SIN ÉL no se hubiera efectuado. El Hecho Probado TENÍA QUE EXPRESAR: “Que en fecha ……… tuvieron conocimiento que se efectuaría una transacción de droga en la propiedad de Raúl Edgardo Arita Santos, ……… observando que en el vehículo tipo Toyota se encontraba la Droga, la cual Miguel Ángel Espinoza López era el comprador o vendedor o iba a sacar la droga, por lo que se encontraba en la propiedad desde el inicio de la operación”, de esta manera describiendo lo que ocurrió como si estuviera reconstruyendo literalmente la escena ocurrida, narrando las acciones que tengan consecuencia jurídica y en las que participara mi defendido, misma que deberá de contener una narración precisa, expresa y terminante de todos los hechos esenciales. El Verbo Rector de la norma sustantiva es PARTICIPAR que según el diccionario de la Lengua Española define: “Tomar uno parte en una cosa” aspecto que no encontramos en los Hechos Probados, y “Que su presencia era indispensable para llevarse a cabo”, ya que solamente asegura que se encontraba alrededor del vehículo junto con otras personas y que al final lo estaba custodiando que es lo mismo protegiendo, PERO DE QUIEN si el vehículo se encuentra en la Propiedad de Raúl Edgardo Arita miembro de la Familia Valle-Valle. Detalle de Declaraciones, Vigilancias, Fotografías, etc., que estaremos apuntando sobre toda esa prueba creíble para el Tribunal de Sentencia, en los Recursos posteriores, NO SIENDO necesario en el presente MOTIVO; así que es incuestionable de que mi defendido NO aparece en Participación que indique “participación directa en la ejecución del hecho” o “cooperando a la ejecución del hecho por un acto sin el cual no se hubiera efectuado”. De todos los Verbos Rectores de la norma sustantiva, no se le puede aplicar ninguno a mi defendido, así tenemos: “Se considera autores a quienes toman parte directa en la ejecución del hecho; de todos los extremos en el Hecho Probado Primero y Segundo se observa que mi defendido no participo en la ejecución del hecho de forma directa; tampoco es parte de los que fuerzan o inducen directamente a otros a ejecutarlo; tampoco coopero a la ejecución del hecho por un acto sin el cual no se hubiera efectuado”. En relación al Verbo Rector de “PARTICIPAR” nos referimos a lo señalado por la Doctrina del Doctor Penalista Carrara en su Programa de Derecho Criminal en el Tomo 1 asegura: El delito se compone de dos elementos: el elemento físico (movimiento del cuerpo, actos externos), sin el cual no es posible la infracción de la ley; el elemento moral (designio criminoso, intención), sin el cual la violación material del derecho es una desgracia casual. Ahora bien, la participación de los diversos individuos puede ocurrir en uno solo de estos elementos o en ambos. De aquí surge espontáneamente la división de esta teoría, según que se considere (1) un concurso de acción sin concurso de voluntad o (2) un concurso de voluntad sin concurso de acción o (3) un concurso acumulado de acción y de voluntad. El caso que nos ocupa DEBERÍA de corresponder al tercero “un concurso acumulado de acción y de voluntad”; CONTINÚA Carrara: Concurre el delito con voluntad y con acción el que, tras de querer la violación del derecho que el delito amenaza, interviene personalmente en alguno de los actos que constituyen su fuerza física subjetiva, o sea su elemento material. Como podemos observar las acciones reflejadas en el Hecho Probado Primero y Segundo NO INDICAN que mi defendido INTERVINO PERSONALMENTE transgrediendo a la norma penal “PARTICIPAR”, pero sí lo hicieron los miembros de la Familia Valle-Valle. Siendo el Autor el sujeto Activo del delito o el que coopera, LE FALTO al Hecho Probado Primero, establecer la forma en que mi defendido ejecutó el ilícito; cuestión que no sucedió en la Sentencia que se recurre, al revisar estos Hechos declarados Probados (Verdad Irrebatible) encontramos los extremos (1) propiedad de Raúl Edgardo Arita; (2) vehículo tipo Toyota placa PBZ-0454 se encontraba droga; (3) alrededor de dicho vehículo (cuatro personas); y (4) encuentran reiteradamente al señor Miguel Ángel Espinoza López custodiando el vehículo. De lo cual se colige que mi defendido NO PARTICIPO en los actos que señala el artículo 32 del Código Penal por tales motivos NO PUEDE SER considerado AUTOR (a lo sumo ser considerado Cómplice en un delito menor), extremo que adolecen los DOS Hechos Probados no relacionan a mi defendido ni en un pequeño ápice del delito por el cual lo encuentran culpable. Al incurrir en error INTERPRETANDO de manera errónea el artículo 32 se infringe del código Penal que ordena: “Se considera autores a quienes toman parte directa en la ejecución del hecho, ……… y los que cooperan a la ejecución del hecho por un acto sin el cual no se hubiera efectuado” por lo que el Tribunal Sentenciador incurrió en error APLICANDO INDEBIDAMENTE la norma penal. APLICACIÓN PRETENDIDA. Partiendo de la declaración de los Hechos Probados, consideramos que se ha infringido un precepto penal, por APLICACIÓN INDEBIDA e INTERPRETACIÓN ERRÓNEA del artículo 32. Por lo que, se pretende que se admita y se declare con lugar el presente recurso, case la Sentencia recurrida y proceda revocarla dictando una nueva sentencia en la que se ABSUELVA a mi defendido del delito de POSESIÓN PARA EL TRÁFICO DE DROGAS como Autor y sea Condenado por el delito en su grado de participación de COMPLICIDAD de acuerdo a la norma 33 primer párrafo “Son cómplices los que, no hallándose comprendidos en el artículo anterior, cooperan en la ejecución del hecho por actos anteriores o simultáneos. Si de las ……… ejecutar”.” V.-Continúa manifestando el Recurrente en su Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma “POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA PRIMER MOTIVO: “Que en base en medios o elementos probatorios no incorporados legalmente al juicio o incorporados por su lectura en violación de las normas contenidas en el Título IV del Libro Segundo de este Código o EXCLUYA O DEJE DE CONSIDERAR ALGUNA PRUEBA DE VALOR DECISIVO”. PRECEPTO AUTORIZANTE: Articulo 362 numeral 2 del Código Procesal Penal. Para los efectos de este Motivo se cita como infringido el artículo 362 numeral 2 del Código Procesal Penal que manda: “Que se base ……… o EXCLUYA O DEJE DE CONSIDERAR ALGUNA PRUEBA DE VALOR DECISIVO ………”; además del precepto penal adjetivo que se invoca como infringido, también se robustece con otras del mismo cuerpo de normas como ser: articulo 338 Regla Cuarta numeral 1: Se consignará la fundamentación del fallo de la manera siguiente: 1) Declaración de hechos Probados: “En párrafos separados y numerados, se hará declaración expresa y terminante de los hechos que se consideren probados, descritos con claridad, precisión y coherencia, sin emplear conceptos que, por su exclusivo carácter jurídico, predetermine el fallo que haya de dictarse”. MOTIVACION DEL RECURSO Este vicio de la Sentencia se producirá cuando el Tribunal Sentenciador haga EXCLUSIÓN de material probatorio decisivo para la resolución del caso. Como bien sabemos, las pruebas legalmente incorporadas al debate deben de ser valoradas en su conjunto conforme a las Reglas de la Sana Crítica (artículos 202, 336 y 338 Regla Cuarta numeral 2 del Código Procesal Penal); pero en la Valoración de la Pruebas el Tribunal debe explicar, conforme a esas reglas, el valor probatorio que les haya asignado a cada una de las practicadas en debate; no se trata este Motivo, del error de haber incurrido en errores en la valoración, sino en la posibilidad de excluir o dejar de considerar para su valoración algún medio de prueba decisivo para la Litis. PRIMERO: AL REVISAR la Valoración de la Prueba en la Sentencia (folios 617 al 627) encontramos toda la Prueba admitida y evacuada en el Debate, MENOS el Medio de Prueba numero 1 (uno) Propuesto por la Fiscalía, Admitido y Evacuado conforme a las reglas procesales, consistente en Informe de Investigación de fecha 11 de agosto del 2009 (folios del 001 al 007 del Expediente Investigativo de la Fiscalía) elaborado por el Detective de la DLCN Oscar Oswaldo Galeano Morales (Jefe del Operativo), INFORME CON EL QUE INICIA el Expediente Investigativo de la Fiscalía, mismo que contiene TODO lo sucedido (Principio de Inmediación) desde el día domingo 09-08-09 que salieron de SPS al martes 11-08-09 que regresaron a SPS, elaborando el Jefe del Operativo el INFORME de todo lo sucedido, por consiguiente es una PRUEBA DE VALOR DECISIVO para la resolución del caso QUE FUE EXCLUÍDA, ya que la misma refleja lo que sucedió y DEJA EN MENTIRA a las declaraciones de los Agentes de la DLCN que llegaron a declarar al Juicio Oral y Público, expresando un nuevo relato con nuevos hechos y cambiando otros, habiéndose puesto de acuerdo para declarar lo mismo, siendo copia al carbón PORQUE TODOS declararon lo mismo (Cantaron el Himno: “Tu bandera es un lampo de cielo”) aunque en varias vigilancias no estuvieron presentes, pero se acomodaron a una misma declaración. Así tenemos: 1. INFORME del jefe Oscar Oswaldo Galeano. NO INFORMA NADA del Agente de la DEA (A un día de sucedidos los hechos). Pero el Agente Fredy Reyes apoyado por los Agentes declaran cantidad de ACCIONES que hicieron con el Agente DEA (Nueve años después). En compañía del Agente DEA fue a realizar labor de reconocimiento; el Agente DEA señalo quienes eran las personas; Agente DEA se bajó y saludo de abrazo y Besos a Glendys y a Raúl; Agente DEA dio la orden de capturarlos; el Agente DEA sacó su carro y se fue para el Salvador; el Agente DEA le dijo nos vemos y se fue; el Agente DEA SE LLEVÓ 100 KILOS DE COCAÍNA; en las narices o autorizados por Fredy Reyes y los Agentes de la DLCN, resultando que no era Agente DEA. 2. Informe. Llamada anónima denunciando. Agentes: Llamada del Agente de la DEA denunciando. 3. Informe. Dueños de la Droga Familia Valle. Agentes: No lo señalan, solo que detuvieron a varias personas. 4. Informe. Nos trasladamos a la zona. Agentes: Que Freddy fue con el Agente DEA. 5. Informe. Instalaron cuatro detectives. Agentes: Solo Freddy y otro más. 6. Informe. Observa 2 carros debajo de árboles. Agentes: Que el Agente DEA fue a conversar con los que estaban en el carro. 7. Informe. En el desvío se encuentra un señor de Jeans y camisa a cuadros (Miguel Ángel Espinoza) supuestamente de vigía (Bandera). (Ver fotografías folio 006 del Informe Investigativo de la Fiscalía). Agentes: Señalan a otra persona sin ninguna descripción, pero aseguran que es William Alexander Vargas. 8. Informe. Vuelve a expresar que son Miembros de la Familia Valle-Valle. Agentes: No lo señalan, solo que detuvieron a varias personas. 9. Informe. 11:40 a.m. se reúnen todos para llegar a la zona indicada. Agentes: Señalan horas diferentes. 10. Informe. Detienen a una mujer (Glendys) y a un varón (Anael). Agentes: Detienen a tres personas. 11. Informe. Donde se detiene al señor que hacía el trabajo de vigía. Agentes: No señalan sobre esta detención. 12. Informe. Al llegar a la parte de arriba un hombre comenzó a disparar (Raúl Edgardo Arita). Agentes: Venían dos varones en el carro rojo (Raúl Edgardo Arita y Miguel Ángel Espinoza) bajándose Miguel Ángel con un lazo para remolcarlos y empezó el tiroteo. ESTE INFORME elaborado por el Jefe de la Operación Oscar Oswaldo Galeano, fue admitido a la Fiscalía y evacuado en Juicio, el mismo FUE EXCLUÍDO de plano (No fue incrustado en la Sentencia POR CONSIGUIENTE NO SE VALORÓ). SEGUNDO: Así mismo se admitió y evacuó el Medio de Prueba de la Fiscalía # 2 consistente en Informe (De Rendición de Cuentas al General) de fecha 13 de agosto del 2009 (folios del 057 al 060 del Expediente Investigativo de la Fiscalía) elaborado y firmado por TODOS LOS AGENTES INVOLUCRADOS EN LA SUPUESTA ENTREGA DE CIEN (100) KILOS DE COCAINA AL SUPUESTO AGENTE DE LA “DEA”, Informe elaborado en vista de que el General Julián A. Gonzales (Director de la DLCN) les inició Expediente Investigativo por la entrega de los CIEN (100) KILOS DE COCAINA al supuesto Agente de la “DEA”, donde expusieron las razones expresadas en el numeral 1 (uno) anterior, por consiguiente es una PRUEBA DE VALOR DECISIVO para la resolución del caso, su Valoración fue incluida en el folio 622 vuelto de la Sentencia, expresando hechos que el Agente nunca presenció, concluyendo: “El respectivo documento fue introducido al debate con las formalidades que establece la ley procesal penal, sin embargo el mismo NO APORTA NADA en virtud que la detective Ana Julia Mejía López refirió que fue realizado por el actuar del supuesto agente de la DEA, AL LLEVARSE del lugar de los hechos entre 80 y 90 kilos de cocaína sin ninguna autorización”. Esta Valoración del Tribunal de Sentencia OFENDE LA INTELIGENCIA (Sana Critica con sus Principios de Lógica y Razonamientos correctos) ya que es EVIDENTE de que el General Julián A. Gonzales (Director de la DLCN), habiéndose enterado de lo sucedido (Agente DEA y 100 kilos) y REVISAR el Informe presentado por el Agente Oscar Oswaldo Galeano, mismo que no incluía lo del supuesto Agente de la DEA y las RAZONES por la que le entregaron supuestamente a este 100 KILOS, los requirió a todos, para que explicaran lo sucedido, como resultado el INFORME que contiene cuatro (4) paginas (folios del 057 al 060 del Expediente Investigativo de la Fiscalía) firmado por todos los que participaron, con este INFORME buscaron OCULTAR lo sucedido y cambiaron los hechos, así como inventaron unos nuevos, entre ellos: 1. La llamada de Denuncia, señalan a un Policía de Servicios Especiales, quien les da el contacto del Agente de la DEA. Análisis: ya no es un informante cualquiera, es un Policía que llama del 9903-1196; agregando una buena historia y un número de teléfono 00-503-78760611 del Agente DEA que ya tiene nombre “Jerry”. 2. Oscar Galeano (jefe de la Operación y no Ana Julia ni Fredy) se comunica con el agente DEA Jerry; consigue autorización del General, se traslada a Ocotepeque llegando a las 01:30 de la madrugada (Cambiaron la hora 05:00 a.m.). Extremos NO Documentados que no se encuentran en el Informe del 11-08-09. 3. A las 07:30 a.m. se reúnen en el Parque TODOS los participantes (Agentes) en el operativo, el Agente DEA Jerry les dice que se reunieran en la salida a la Aduana de Agua Caliente, quien les cuenta una buena historia de francotiradores y que él (Jerry) tenía que llevar una cantidad del decomiso para su jefe. Ciencia ficción. 4. Muestra un Carnet de la DEA, sigue con su historia de la Droga y aparece el nombre de Raúl Edgardo Arita Santos, que se encontraba en unas bodegas; estableció la forma de que se iba a efectuar el operativo. Análisis: Quien es el que manda los Agentes de la DLCN o el Agente DEA. 5. Continúa dando EXCUSAS del porque no menciono al Agente DEA Jerry y que tenía que entregar 100 kilos, asegurando que dieron informe de ambas situaciones, pero que ellos hicieron llamadas al Salvador (FALSO, en la era de la comunicación) lo cual fue negativo; mencionan un Fiscal que nunca participó solamente en sus dichos. Extremos NO Documentados que no se encuentran en el Informe del 11-08-09. 6. Asegura que Fredy Reyes y Carlos Bonilla se dirigieron a la Zona indicada para realizar un Reconocimiento. Análisis: La declaración de Fredy asegura que fue él y el Agente de la DEA (Ver análisis del Tribunal pagina 8 de la Sentencia), expresa una conversación de varios hechos. 7. Continúa expresando otros Hechos falsos, y señala que el Agente DEA sale a las 11:15 a.m., con Ricardo Rivas, Marco Rivas, Vania Roca y Carlos Bonilla (Cuando Jerry se encuentra supuestamente en la zona con Fredy según su declaración). 8. Ricardo detiene a la encargada de la entrega de la Droga (Glendys) y otro sujeto; luego Oscar Galeano, Fredy y tres elementos del ejército apresuran su llegada y requieren al sujeto que estaba de bandera. Análisis: Hasta este momento tiene tres detenidos; Fredy va subiendo y asegura que están custodiando a los detenidos. 9. Luego vienen bajando dos sujetos, Ricardo Rivas, Marco Rivas, Vania Roca y Carlos Bonilla están escondidos en la camioneta; cinco minutos después llega el otro carro de la DLCN con Lester Rodríguez, Ana Mejía, Corita Moreno y Dinora Alvarado. Análisis: es evidente de que estos agentes no observaron nada de lo que relatan en sus declaraciones. 10. Fue en ese momento que el Agente DEA Señor Jerry comenzó a cargar su vehículo con parte de la droga; siendo aproximadamente de 80 a 90 kilos. Análisis: TODOS VIERON que cargaba la DROGA y nadie dijo nada, SERÁ CREÍBLE. Como pueden asegurar que fueron 80 o 90 kilos, IMPOSIBLE ni que fueron a pesar la Droga que se llevaba. 11. En página 9 de la Sentencia asegura Fredy: “El Agente de la DEA saco su carro y LE DIJO “que él iba a continuar agarrando a la Banda y también LE DIJO NOS VEMOS Y SE FUE”. Análisis: La INSPECCIÓN al lugar de los hechos muestra un solo camino, un solo portón, solamente cabe un vehículo ¿Cómo salió si hay patrullas, carros del ejército y carros de la DLCN, TODOS en el PORTÓN ¿Cómo ES POSIBLE que lo dejen ir y todavía se DESPIDE? ¿CUÁNTOS KILOS desaparecieron SI ERAN dos vehículos cargados de Cocaína? SERÁN CREÍBLES ESTOS INFORMES AMAÑADOS y DECLARACIONES COLUDIDAS. 12. Concluyen el Informe terminando la Historia de Novela Policiaca, expresando de una gran balacera (Un tan solo cartucho no se encontró), de rescate de los detenidos, llegada de más patrullas y al final proceden a revisar el vehículo doble cabina 3.0 COLOR BEIGE (cuando el vehículo es color CAFÉ) lleno de Droga. 13 Con relación al Agente DEA, nunca recibieron información si era miembro de la DEA. Pero el Análisis del Informe (Pagina 18 de la Sentencia) asegura que este fue detenido dos días después con la Droga que se llevó. Extremos NO Documentados que no se encuentran en el Informe del 11-08-09. Pero el Tribunal de Sentencia asegura: “El respectivo documento ………, sin embargo, el mismo NO APORTA NADA en virtud que la detective Ana Julia Mejía López refirió que fue realizado por el actuar del supuesto agente de la DEA, AL LLEVARSE del lugar de los hechos entre 80 y 90 kilos de cocaína sin ninguna autorización”. DEBERÍA DE EXPRESAR “El respectivo documento aporta LA FALTA DE CREDIBILIDAD DE LOS AGENTES ………, YA QUE fue realizado por EL ACTUAR DOLOSO DE LOS AGENTES DE LA DLCN al ENTREGARLE al FALSO agente de la DEA, CIEN KILOS DE COCA a cambio de que ………”. Medio de Prueba que lo incluyó en la Valoración, la cual fue en dirección errónea, en vista de que el INFORME fue elaborado por las cuestiones ILEGALES que se dieron, TERGIVERSANDO los hechos e INCLUIDOS otros que no manifestaron en el INFORME del 11-08-09 y DEJA EN MENTIRA a las declaraciones de los Agentes de la DLCN que llegaron a declarar al Juicio Oral y Público, expresando un nuevo relato con nuevos hechos y cambiando otros, habiéndose puesto de acuerdo para declarar lo mismo; negándole el valor probatorio en un análisis conjunto de la prueba. TERCERO: Así mismo se admitió y evacuó el Medio de Prueba de la Defensa # 6 Vaciado de Aparato Telefónico decomisado a mi defendido un Motorola C-139 con serie, Chip, IMEI y ICCID, Se pretendía Probar conocer sus comunicaciones con personas ya procesadas, investigadas o condenadas, relación entre estas personas; conocer si mi defendido tiene alguna relación con estas personas de los Valle-Valle, mas importante era COMPROBAR si mi defendido tuvo comunicación con los demás detenidos, los días 9 y 10 de agosto 2009 y descartar que él, tenía nexos con la Familia Valle-Valle, ya que él era un simple Capataz de la SIEMBRA de repollo y de papa. El mismo fue incorporado en la Sentencia en el apartado Sexto (Folio 626 de la Sentencia) con la argumentación que no se logró encender el Celular, por lo que el Tribunal NO LE DIO valor probatorio, aunque deja establecido este Medio de Prueba que la Defensa propuso con la INTENCIÓN de demostrar (1) la Ocultación de Prueba de parte de la Fiscalía, ya que desde el día martes 11-08-09 SE DIÓ LA ORDEN para que se hicieran estos Vaciados (Ver Informe evacuado folio 006 Expediente Investigativo de la Fiscalía), lo que realmente sucedió. Es entendido que para todo Juez Penalista que, los Vaciados Telefónicos [(1) tanto de la información encontrada en el Aparato, (2) así como la información de los Vaciados de los números telefónicos de las personas detenidas], son Prueba Científica indubitada para demostrar la relación y comunicación constante de los imputados; es PRUEBA DE VALOR DECISIVO, pero como la misma es A FAVOR de mi defendido, no aparecieron (Ocultación de Prueba); se ordenó nuevamente con el resultado de que el aparato no se pudo encender (Folio 626 de la Sentencia). COMO PODEMOS OBSERVAR TENEMOS TRES MEDIOS DE PRUEBA: EXCLUÍDO TOTALMENTE: 1. Medio de Prueba de la Fiscalía numero 1 (uno), consistente en Informe de Investigación de fecha 11 de agosto del 2009 (folios del 001 al 007 del Expediente Investigativo de la Fiscalía). SIN RAZONAMIENTO NIEGA VALOR AL MEDIO DE PRUEBA: 2. Medio de Prueba de la Fiscalía numero 2 (dos), consistente en Informe (De Rendición de Cuentas) de fecha 13 de agosto del 2009 (folios del 057 al 060 del Expediente Investigativo de la Fiscalía). (folios 390 al 394). 3. Medio de Prueba de la Defensa # 6 consistente en Informe de Extracción de Información de Aparato Telefónico (folio 524). Esta posibilidad impugnativa IMPLICA LA REVISIÓN de los hechos probados de la sentencia, ya que (1) la exclusión indebida y (2) la no consideración de un medio de prueba de valor decisivo, tiene obligada repercusión en el relato de hechos probados; por esta razón, para considerar la estimación de un motivo basado en este vicio señalado, por imperativo de la norma, se debe verificar el carácter decisivo del medio de prueba excluido o dejado de considerar; en tal sentido se debe de recurrir al método de “Inclusión Hipotética”, que consiste en agregar in mente el o los medios de prueba excluidos a la ecuación valorativa, verificando que con la aportación de los datos de este medio de prueba, el Fallo, se vería afectado; tomando en cuenta el Medio de Prueba EXCLUÍDO y los dos Medios de Prueba que les niega el valor, verificando que con la aportación de los datos de estos medios de prueba el Fallo, se vería afectado, el cual quedaría de la siguiente manera: PRIMERO: “El día nueve de agosto se recibió denuncia de Agente de la DEA “Jerry” de una transacción de droga de la Familia Valle-Valle, que se efectuaría en la Zona de la aldea el Volcán y Sumpul departamento de Ocotepeque; trasladándonos a la Zona un Equipo de nueve Agentes, siendo los Agentes Oswaldo Galeano y Fredy Reyes los que dirigieron el Operativo, quienes hicieron contacto directo con el Agente de la DEA. SEGUNDO: Verificando la información se procedió a la detención de personas que se encontraban en el lugar, entre ellos el señor Miguel Ángel Espinoza López, quien se encontraba en el portón de acceso a la propiedad; se procedió a requerir a Glenys Cuesta Valle y otro empleado Anael Antonio Chávez, quienes venían del lugar donde se encontraba el vehículo que había transportado hasta ese lugar la Droga, oponiéndose al arresto el señor Raúl Edgardo Arita Santos quien comenzó a disparar, resultando muerto y dándole captura al señor William Alexander Vargas. TERCERO: Encontrando el vehículo pick-up doble cabina color café con cantidad de Droga (cocaína); de dicha cantidad se le entregó SIN AUTORIZACIÓN al supuesto Agente de la DEA cierta cantidad de la misma. CUARTO: En vista de las CONTRADICCIONES de los INFORMES y de las declaraciones rendidas en el Debate, NO SON CREÍBLES las afirmaciones efectuadas por ellos, ya que rebasan lo que pudo haber sucedido; habiendo ordenado los VACIADOS de los siete Aparatos Telefónicos decomisados y los números Telefónicos NO SE PUDO PROBAR QUE existe comunicación entre los empleados con los miembros de la Familia Valle-Valle. En este tipo de delito de Tráfico Ilícito es de mucha importancia los VACIADOS TELEFONICOS (en pleno siglo XXI tecnológico) ya que prueban el ENLACE entre las personas que están organizadas en este delito; las llamadas constantes y a diario que deben de corroborar la conexión de entrega y venta de droga como lo señalan los Agentes de la DLCN de que Miguel Ángel Espinoza López era parte de los socios de la Familia Valle-Valle y que se encontraba custodiando la Droga; estos Medios de Prueba son de VALOR DECISIVO, ya que los mismos le hubieran QUITADO credibilidad a las Declaraciones de los Agentes de la DLCN, pero la Prueba de VALOR DECISIVO para construir unos Hechos Probados que determinaran la no participación de mi defendido FUE EXCLUIDA y la otra SE LE NEGÓ EL VALOR; habiendo sido admitida y reproducido en la audiencia de debate. APLICACIÓN PRETENDIDA. Haber infringido el artículo 362 numeral 2 del Código Procesal Penal excluyendo y por ende haber excluido y dejado de considerar prueba de VALOR DECISIVO, para construir los Hechos Probados tuvo que haber tomado en cuenta, lo que, al ser valorada de manera conjunta, estos Hechos hubieran sido diferentes; una vez reconocido este vicio se proceda a la nulidad del fallo condenatorio. SEGUNDO MOTIVO: Que carezca de motivaciones fácticas………que dichas motivaciones sean insuficientes……… o si en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la Sana Critica. PRECEPTO AUTORIZANTE: Articulo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. Además del precepto penal adjetivo que se invoca como infringido por falta de su aplicación, también se robustece con otras del mismo cuerpo de normas como ser los artículos 202, 336 y 338 que mandan: Artículo 202: Valoración de las pruebas. La sana critica. Las pruebas serán valoradas con arreglo a LA SANA CRÍTICA. El órgano jurisdiccional formara su convicción valorando en forma conjunta y armónica TODA LA PRUEBA PRODUCIDA. Artículo 336: Normas para la deliberación y la votación. El Tribunal………, las pruebas que se hayan ejecutado……… las que serán APRECIADAS EN SU CONJUNTO y………- Articulo 338, cuarta regla, numeral 2: Seguidamente, ……… se expresarán las pruebas tenidas en cuenta………, según las reglas de la sana critica, el valor que se haya dado……… EL RAZONAMIENTO UTILIZADO………- PRIMERO: INICIARÉ expresando un Decreto del Derecho Canónico que se encuentra en Decretales de Gregorio IX (Papa 178); Falsus est no solum qui mendacium dicit, sed etiam qui veritatem occultant Es falso no solo quien dice mentira, sino también el que oculta la verdad Lo anterior en vista de que los Agentes de la DLCN se coludieron (se confabularon) en sus declaraciones ante el Tribunal Sentenciador, ya que CAMBIARON y AGREGARON Hechos diferentes, a los Hechos que relataron A UN DÍA de sucedido el Operativo (Informe del Jefe del Operativo Oswaldo Galeano) no los encontramos y que también en Audiencia Inicial en la declaración del Agente Domingo Fredy Reyes no los encontramos. Esto sucede porque internamente en la DLCN su director el General Julián A. Gonzales se enteró de Hechos DOLOSOS como ser la aparición de un FALSO Agente de la DEA (Narcotraficante) de la entrega de CIEN (100) KILOS de cocaína y de la pérdida del DINERO, Hechos que NO fueron incluidos en el INFORME del Agente Oswaldo Galeano, siendo requeridos para que informaran sobre estos extremos; porque no era posible que Agentes Especializados de la DLCN, se dejaran mandar o dirigir por un Narcotraficante (Supuesto Agente DEA), LE ENTREGARAN cantidad de DROGA (Supuestamente fueron 500 kilos) y que no se encuentre el dinero producto de la supuesta negociación, aspectos de los cuales no tenía autorización; por lo anterior ELABORAN entre los DIEZ Agentes que integraron el Equipo, un NUEVO INFORME donde incluyen la participación del Narcotraficante (Supuesto Agente DEA), el cual lo firman todos. ESTE CONTUBERNIO AGENTES DLCN – SUPUESTO AGENTE DEA (NARCO) Hechos que fueron ocultados desde el inicio y cambiados posteriormente en el INFORME firmado por TODOS los Agentes, INFORME que es la PAUTA de las declaraciones que rindieron ante el Tribunal TENDRÁN UN ÁPICE de credibilidad ¿LA VERDAD solo ellos la saben? Lo que si es cierto es que desde INICIO identificaron a la FAMILIA VALLE-VALLE como los dueños de la Droga, también es cierto de la siembra de repollo y papa, misma que fue sembrada y cuidada por mi defendido (60 años de edad) Miguel Ángel Espinoza López. SON falsas LAS DECLARACIONES PORQUE dicen mentiras, Y también ocultaron la verdad SEGUNDO: PREVIO a desarrollarse el presente motivo es conveniente aclarar para los efectos sucesivos, que el planteamiento se dirige a demostrar que el Tribunal de Sentencia recurrido, aun habiendo motivado su Sentencia utilizando en varias ocasiones las FRASES ACUÑADAS: “la declaración de estos testigos como clara y contundente”; “los hechos han sido narrados con total transparencia y serenidad”; “estos documentos ratificados por estos, para este tribunal son creíbles”; “le damos toda credibilidad ……… medios de prueba objetivamente confiables”; y siguen los mismos epítetos cada vez que califica a los Testigos y los Documentos elaborados por ellos mismos, sin ningún control jurisdiccional en la Etapa Investigativa, lógicamente DEBERÍAN de complementarse entre sí y ser coherentes PERO NO ES ASÍ, ya que el primer INFORME Medio de Prueba evacuado mediante lectura por la no presencia de Oswaldo Galeano (EXCLUÍDO de la Sentencia) y la Declaración de Fredy Reyes en Audiencia Inicial (folio 25 Ingresaron contradicciones) NO CONTIENE LOS ACTOS DOLOSOS que se cometieron: (1) ser dirigidos y ordenados por el Agente DEA, (2) con la ENTREGA de cantidad de Droga a un supuesto Agente de la DEA (NARCOTRAFICANTE supuestamente detenido en el Salvador folio 622 vuelto de la Sentencia) y (3) desaparecimiento del dinero de la transacción; extremos que se encuentran en el INFORME del 13-08-09 (Ratificado por Fredy Reyes) que fueron analizados e incluidos en la Sentencia (Folio 622 vuelto de la Sentencia) concluyendo el Tribunal QUE NO APORTA NADA, si hubiera analizado de manera conjunta y con un razonamiento correcto AMBOS INFORMES, cuestión que el Tribunal confirma lo expresado por esta defensa cuando en la Sentencia deja plasmado erroneamente “Para estos juzgadores estos documentos son confiables y creíbles, no se duda de su contenido PUES EL MISMO RELATA los hallazgos encontrados tal como se describen en las actas de incautación” también expresa “El punto clave de sus narraciones, es la dinámica de las diligencias realizadas previa a la captura del Miguel Ángel Espinoza López, ya que ambos detallan que identificaron al imputado en compañía de Raúl Edgardo Arita alrededor del vehículo Toyota P-PBZ-0454 el cual contenía la Droga”; estas frases acuñadas, RESULTAN de los dichos de los Agentes MENTIROSOS y no reflejan la realidad de lo que sucedió en la Valoración de la Prueba, mas bien NO FUERON utilizados estos criterios, que manda nuestra ley adjetiva, como se demostrara en el motivo que a continuación se desarrolla. EXPLICACION DEL MOTIVO TERCERO: Este Recurso de Casación, consistente en señalar que en la valoración de toda la prueba producida de forma conjunta y armónica NO SE OBSERVARON las reglas de la Sana Critica (Lógica-Psicología-Experiencia) señalando el verdadero valor que se le haya dado a las practicadas y el razonamiento utilizado, llevado en su doble función, que consiste la primera en seleccionar de entre las pruebas practicadas y una segunda que obliga al Tribunal a razonar porque motivo se ha decantado por dar mayor credibilidad a una prueba frente a otra, todo esto en base a la Sana Critica; por ello debe de ser realizada con PRECISIÓN y RIGOR, haciendo uso de criterios lógicos, no conjeturas y apreciaciones erróneas. En nuestro caso Honorables Magistrados, el Tribunal de Sentencia SE OLVIDO de la Sana Critica y utilizo CONJETURAS con CRITERIO completamente ERRÓNEO, analizando solamente la declaración de Fredy Reyes y el ECO de los demás Agentes; ya que NO ES POSIBLE que en el análisis de las declaraciones y de las Actas (que son las mismas declaraciones), el Tribunal asegure extremos que ES IMPOSIBLE DE CREER, que nunca sucedieron, sacando hipótesis del INFORME (Medio de Prueba # 2 de la Fiscalía folios 057 al 060 del Expediente Investigativo de la Fiscalía) que son la base de las FALSAS DECLARACIONES (Cambios y Nuevas acciones) de los Agentes (Fredy Domingo Reyes Flores y Cía.) para poder armar la valoración de las mismas (Folios 617 y 618 de la Sentencia) SIN CONFRONTAR con el INFORME (Medio de Prueba # 1 de la Fiscalía folios 001 al 007 del Expediente Investigativo de la Fiscalía) que expresa los hechos a tan solo UN DÍA de sucedidos, así tenemos: 1. INFORME del Jefe Oscar Oswaldo Galeano. NO INFORMA NADA del Agente de la DEA (A un día de sucedidos los hechos) extremo que tiene mucho valor, porque los Hechos que relata no INCLUYEN al Agente de la DEA, quien en el INFORME firmado por todos los Agentes es el ACTOR PRINCIPAL. Pero el Agente Fredy Reyes apoyado por los Agentes DECLARAN (Nueve años después) cantidad de ACCIONES que hicieron con el Agente DEA. a) En compañía del Agente DEA fue a realizar labor de reconocimiento FALSO: 07:30 están reunidos en el Parque de Ocotepeque, luego se fueron para la salida a Agua Caliente; Análisis: a qué hora llegaría si de Ocotepeque a la Aldea Sumpul es de una hora y media. b) El Agente DEA señalo quienes eran las personas; Análisis: SI CONOCE a las personas que tenían la DROGA es indicativo de ser miembro de los mismos. c) Agente DEA se bajó y saludo de abrazo y Besos a Glendys y a Raúl; Agente DEA dio la orden de capturarlos; Análisis: SI CONOCE muy bien a Glendys Herminia y a Raúl Edgardo que son las personas que tenían la DROGA, es indicativo de que él, era el que iba a negociar la Droga y que lo ha hecho anteriormente. d) El Agente DEA sacó su carro y se fue para el Salvador; Análisis: Como va a poder sacar el carro si solo hay una calle, solo cabe un carro y todos los vehículos están en la Entrada de la Propiedad. Declara Fredy Reyes: “No vimos otra ruta de escape, allí era la única entrada y salida en carro, pero en carro es el único lugar que se puede accesar” e) El Agente DEA le dijo: “nos vemos es un placer ahorita me voy y se fue”; Análisis: Esta versión causa RISA, estando en el lugar 10 agentes de la DEA, 5 militares y 4 miembros de la P.N. primero porque por donde va a salir y segundo nadie VIÓ cuando cargó la DROGA en su vehículo, estando todos en el mismo lugar y tercero tiene la DESVERGÜENZA de que le DICEN ADIÓS. f) En página 56 Acta de Debate declara Fredy Reyes: Pregunta el Fiscal: En ese conteo o en esa cantidad o ese resultado ya se incluye la que se llevó el supuesto Agente de la DEA Respuesta: NO, en ese momento nosotros desconocíamos si él había o no agarrado droga. Análisis: Esta versión NO CREÍBLE si todos están en el mismo lugar, como no se van a dar cuenta el momento en que carga la DROGA. g) A continuación, expresa: Esos 295 KILOS fueron los que se encontraron en la paila del vehículo. Análisis: Esta versión NO CREÍBLE si los 295 kilos son los de la PAILA del carro, al VER las Fotografías (Medio de Prueba # 1 de la Fiscalía folio 003 del Expediente Investigativo de la Fiscalía) podemos OBSERVAR que el Pick-up doble cabina está LLENO DE DROGA, siendo entonces, la droga que se llevó el supuesto Agente de la DEA, h) El Agente DEA SE LLEVÓ 100 KILOS DE COCAÍNA; en las narices o autorizados por Fredy Reyes y más de alguno de los Agentes de la DLCN, resultando que no era Agente DEA. Análisis: 100 kilos son los que dice el Agente Fredy Reyes, pero sacando cuenta de los Fardos que se cuentan en las Fotografías (Medio de Prueba # 1 de la Fiscalía folios 003 y 004 del Expediente Investigativo de la Fiscalía) CREO que se llevó unos 500 KILOS; también CAUSA RISA, que el supuesto Agente DEA no lo hayan investigado desde el día domingo 09-08-09, comprobando que NO ERA un Agente de la DEA, sino que un NARCO comprador de la DROGA. i.) En apego al 311 # 6 Contradicciones (Paginas 68 y 69 del Acta de Debate) En la Audiencia Inicial señalo en dos ocasiones “Vi dos vehículos un Toyota color Rojo y un Toyota Color GRIS – A cuál de los dos vehículos se aproxima, ya había visto el Rojo y luego vi el color GRIS” En la Audiencia de Debate “Gris o Café recuerde la vista era larga en aquel momento – Claro, no es lo mismo tener un carro cerca que tenerlo a una distancia más larga”. PODRÍA SEGUIR anotando más contradicciones y respuestas tratando de corregir los baches que tiene el INFORME MP # 1 con el INFORME MP # 2 y la Declaración de Fredy Reyes acomodada a las circunstancias. 2. Informe Medio de Prueba # 1 (folio 002 del Expediente Investigativo). En el *desvío de la calle que conduce a dicho lugar se observa un señor de Jeans celeste claro, 2camisa a cuadros azul y blanco y 1sombrero blanco, que aparentemente está en el lugar como vigía o Bandera para avisar a los sospechosos. Al ver la fotografía (folio 006 del Expediente Investigativo) de mi defendido Miguel Ángel Espinoza podemos corroborar que era la persona que andaba con camisa a cuadros blanca. Informe Medio de Prueba # 2 (folio 059 del Expediente Investigativo) RATIFICADO por Fredy Reyes. Una vez estando *en el desvío del caserío de Sumpul, requieren de inmediato al sujeto que estaba en el desvío haciendo su trabajo de vigilancia o Bandera, dejando controlado al individuo. Declaración de Fredy Reyes (Página 55 Acta de Debate) Pregunta el Fiscal: ¿Recuerda cómo andaba vestido el señor Miguel Ángel Espinoza? Respuesta: Si, andaba una 2camisa blanca de cuadros, Jeans color azul, botas color café y 1de sombrero. (Página 54 Acta de Debate) Me llamo la atención porque era el 1único que llevaba sombrero. TRES MEDIOS DE PRUEBA ubican a mi defendido en un lugar distinto al que el Agente Fredy y los demás Agentes lo ubican cambiando sus declaraciones. 3. Informe Medio de Prueba # 1 Llamada anónima denunciando. Agentes: Llamada del Agente de la DEA denunciando. 4. Informe Medio de Prueba # 1 Dueños de la Droga Familia Valle. Agentes: No lo señalan, solo que detuvieron a varias personas. 5. Informe Medio de Prueba # 1 Nos trasladamos a la zona. Agentes: Que Freddy fue con el Agente DEA. 6. Informe Medio de Prueba # 1 Instalaron cuatro detectives. Agentes: Solo Freddy y otro más. 7. Informe Medio de Prueba # 1 Observa 2 carros debajo de árboles. Agentes: Que el Agente DEA fue a conversar con los que estaban en el carro. 8. Informe Medio de Prueba # 1 En el desvío se encuentra un señor de Jeans y camisa a cuadros (Miguel Ángel Espinoza) supuestamente de vigía (Bandera). (Ver fotografías folio 006 del Informe Investigativo de la Fiscalía). Agentes: Señalan a otra persona sin ninguna descripción, pero aseguran que es William Alexander Vargas. 9. Informe Medio de Prueba # 1 Vuelve a expresar que son Miembros de la Familia Valle-Valle. Agentes: No lo señalan, solo que detuvieron a varias personas. 10. Informe Medio de Prueba # 1 11:40 a.m. se reúnen todos para llegar a la zona indicada. Agentes: Señalan horas diferentes. 11. Informe Medio de Prueba # 1 Detienen a una mujer (Glendys) y a un varón (Anael). Agentes: Detienen a tres personas. 12. Informe Medio de Prueba # 1 Donde se detiene al señor que hacía el trabajo de vigía. Agentes: No señalan sobre esta detención. 13. Informe Medio de Prueba # 1 Al llegar a la parte de arriba un hombre comenzó a disparar (Raúl Edgardo Arita). Agentes: Venían dos varones en el carro rojo (Raúl Edgardo Arita y Miguel Ángel Espinoza) bajándose Miguel Ángel con un lazo para remolcarlos y empezó el tiroteo. ESTE INFORME elaborado por el jefe de la Operación Oscar Oswaldo Galeano, fue admitido a la Fiscalía y evacuado en Juicio, el mismo FUE EXCLUÍDO de plano No fue incrustado en la Sentencia por consiguiente no se valoró en conjunto con la demás prueba, YA QUE LAS CONTRADICE. CON ESTAS afirmaciones hace un enlace ERRÓNEO con las demás actas y con las declaraciones de los Agentes que elaboraron estas Actas (Donde prevalece el yo hago y como yo lo hice es la verdad), siendo para esta defensa QUE POR SI SOLO no prueba de que mi defendido se encontraba en el lugar CUSTODIANDO el vehículo que TRANSPORTÓ la Droga a dicho lugar (Vehículo Pick-up color Café, polarizado) encontrándose estacionado en una LOMA debajo de unos árboles, el cual no se observaba desde el Portón de acceso de la propiedad. LA INSPECCIÓN a la zona donde sucedieron los hechos DEJO CLARO la distancia (800 metros), el tiempo (unos 20 minutos), el acceso de vehículos (una sola vía) y la subida a la LOMA que primero sube derecho, luego quiebra 90° a la izquierda y sigue subiendo y va haciendo una curva hacia la izquierda, hasta llegar a un claro de donde se observan los árboles, siendo el lugar donde se encontraban los vehículos Rojo y Café con la Droga (La forma de la calle hace imposible la visibilidad sino es hasta unos 50 metros). Continuando con los extremos en la Valoración y Análisis con la DECLARACIÓN del Agente de la DLCN Fredy Domingo Reyes más CINCO ACTAS que ratificó y que el no hiso; quien fue pareja en el Operativo con el supuesto Agente de la DEA “Jerry” (Narcotraficante) dejando que se llevara cantidad de Droga y que su declaración sirvió de PAUTA a los demás agentes: LESTER JOSELICO que fue el último en llegar, andaba con el CAN (Perro) y NO VIÓ NADA, Allen Dejalme Huezo QUIÉN CONTÓ la Evidencia de la Droga que le entregó Fredy Reyes y NO VIÓ NADA, ANA JULIA MEJÍA LÓPEZ que se Autodenomino la Jefe de la Operación LLEGÓ de último junto con Lester Joselico, Dinora Alvarado y Vania Roca; que con la Denuncia de la llamada Anónima (informante) que resultó ser el Agente de la DEA (NO EXISTE documento que ampare la Denuncia, donde involucran a La Familia de los Valle-Valle, lo que resulto ser cierto porque la operación se verificó en las propiedades de Raúl Edgardo Arita Santos (Muerto en la Operación), sus hermanos Maynor Iván Arita Santos y Melvin Antonio Arita Santos; Glendys Herminia Cuestas Valle y su hermana Oneyda Cuestas Valle esposa de Raúl Edgardo ambas sobrinas de Arnulfo Valle y Neptaly Valle, haciendo aseveraciones de que mi defendido Miguel Ángel Espinoza López (Una persona sin Bienes muebles ni inmuebles ni cuentas bancarias) era SOCIO de la Familia Valle-Valle; CONTINÚA el Tribunal haciendo supuestamente un RAZONAMIENTO de forma conjunta y armónica de TODA LA PRUEBA PRODUCIDA, incluyendo de EVIDENCIA encontrada en los Vehículos de los miembros de la Familia Valle-Valle, asegurando que la encontraron en posesión de mi defendido. La Defensa estaría de acuerdo con los Juzgadores si hubiera CONFRONTADO los dos INFORMES con la Declaración del Agente Fredy Domingo Reyes, cuestión que no lo hiso, tomando ÚNICAMENTE como ciertos y creíbles los dichos del Agente Fredy Reyes, apoyado por la repetición de los demás, quienes cambiaron los hechos que sucedieron al INICIO para poder ENCUBRIR lo del Agente de la DEA y la SUPUESTA entrega de los 100 KILOS. Según Carnelutti asegura que TODO INDICIO debe de estar debidamente PROBADO, cuestión que no sucede en el presente proceso; lo ÚNICO probado es que en la PROPIEDAD de Raúl Edgardo Arita Santos se encontró el vehículo pick-up color café PROPIEDAD del hermano Raúl Edgardo Arita, así mismo un Vehículo FRONTIER PROPIEDAD de Glendys Herminia Cuestas Valle y que en los TRES VEHÍCULOS encontrados y en la VIVIENDA de Raúl Edgardo Arita se encontró CANTIDAD de documentación (Libretas de Banco, Depósitos, compras, etc.) de la cual NINGUN tan solo documento está relacionado con mi defendido; de igual forma se DECOMISARON VARIOS CELULARES INCLUYENDO EL DE MI DEFENDIDO a los cuales DESDE el inicio de la Investigación se le hicieron los respectivos VACIADOS a los Aparatos y los Números Telefónicos NO ENCONTRANDO llamadas entrantes ni salientes ni Contactos en el Teléfono de mi defendido, DOCUMENTOS que no fueron presentados por la Fiscalía en un claro OCULTAMIENTO DE PRUEBA. La SANA CRITICA tiene sus REGLAS las cuales no fueron observadas al momento de efectuar la valoración de la prueba, estas en la mayor parte SON VACÍAS (No se encuentran) y que al analizarlas son contradictorias a los hechos que aseguran y se observa que las mismas son CONJETURAS basadas en razonamientos incorrectos: 1. LA LOGICA: a. COHERENCIA: manda que la fundamentación de la Sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí. Los puntos torales de la sentencia son: 1) La UBICACIÓN de mi defendido en la Propiedad de Raúl Edgardo Arita Santos; 2) Quienes eran las personas responsables de la DROGA; 3) A quien pertenecían las propiedades en que se realizó la Operación; y 4) Personas a quienes les encontraron las Evidencias. Estos cuatro extremos resultan de los DOS INFORMES y de las afirmaciones de los Agentes de la DLCN (Que por sí solas serían válidas), pero este es el momento de CONFRONTAR, de ver si existe esa coherencia, esa conexión, esa relación o unión de las declaraciones: no se puede deducir y afirmar acciones ELIMINANDO un INFORME, dándole credibilidad a UNA DECLARACIÓN (Porque los demás repiten lo mismo) en contra de otro INFORME firmado por todos los Agentes, tratando de componer las actuaciones DOLOSAS que dejaron de informar lo sucedido en el Operativo, por lo que, los extremos vertidos no pueden ser CREÍBLES; por consiguiente, de estas afirmaciones NO SE PUEDE deducir que mi defendido era la persona que custodiaba la droga, mucho menos que era parte de la Familia Valle-Valle o Socio de ellos. De la ley de la Coherencia se desprenden los Principios de Identidad, Contradicción y de Tercer Excluido, iniciaremos con: I Principios de Identidad: Consiste en que una Proposición solo puede ser esa proposición y no otra; trasladado a la Valoración de la prueba en la sentencia, la conclusión “X” solo puede ser “X”, sin que pueda al mismo tiempo ser “Y”. Es indudable que en la valoración de la prueba no se observó este Principio, ya que sustenta la Sentencia en razonamientos de los testigos Agentes de la DLCN, los cuales para el Tribunal son creíbles y concordantes; en los CUATRO puntos torales de la sentencia, estas CUATRO Proposiciones solo puede ser esas proposiciones y no otras; trasladado a la Valoración de la prueba en la sentencia, así que, la conclusión “X” solo puede ser “X”, sin que pueda al mismo tiempo ser “Y”. PERO RESULTA que estas cuatro proposiciones “X” de los Agentes no corresponden a las proposiciones “Y” que se reflejan en los hechos probados. El Informe Medio de Prueba # 1 (folio 002 del Expediente Investigativo). En el desvío de la calle que conduce a dicho lugar se observa un señor de Jeans celeste claro, camisa a cuadros azul y blanco y sombrero blanco, que aparentemente está en el lugar como vigía o Bandera para avisar a los sospechosos. Al ver la fotografía (folio 006 del Expediente Investigativo) de mi defendido Miguel Ángel Espinoza podemos corroborar que era la persona que andaba con camisa a cuadros blanca. Informe Medio de Prueba # 2 (folio 059 del Expediente Investigativo) RATIFICADO por Fredy Reyes. Una vez estando en el desvío del caserío de Sumpul, requieren de inmediato al sujeto que estaba en el desvío haciendo su trabajo de vigilancia o Bandera, dejando controlado al individuo. Declaración de Fredy Reyes (Folio 572 Acta de Debate) Pregunta el Fiscal: ¿Recuerda cómo andaba vestido el señor Miguel Ángel Espinoza? Respuesta: Si, andaba una camisa blanca de cuadros, Jeans color azul, botas color café y de sombrero. (Folio 571 vuelto Acta de Debate) Me llamo la atención porque era el único que llevaba sombrero. TRES MEDIOS DE PRUEBA ubican a mi defendido en un lugar distinto al que el Agente Fredy y los demás Agentes lo ubican cambiando sus declaraciones ante el Tribunal de Sentencia, aseguran que mi defendido “se encontraba alrededor del Vehículo que contenía la Droga” otro se atreve a decir que “estaba acostado en el vehículo” y otro a que “se encontraba en la paila del vehículo”; donde “X” está formado por lo ratificado en los DOS INFORMES más un extremo de la declaración de Fredy Reyes y donde “Y” está formado por las declaraciones metamórficas de los Agentes de la DLCN. II Principio de Contradicción: Las proposiciones “A” es igual que “B”, y si “A” no es igual que “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En valoración de prueba (que no hiso el Sentenciador) un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. La proposición “A” en el presente Debate es la sustentada por los Medios de Prueba 1 y 2 de la Fiscalía consistentes en los DOS INFORMES ingresados y ratificados, más un extremo de la declaración de Fredy Reyes, misma que NO ES la que aparece en los Hechos Probados; esta proposición “A” no es igual que la proposición “B”, que es la que aparece en los Hechos Probados, consistente en un análisis de las declaraciones de los Agentes de la DLCN valoradas en los extremos que se extraen de las mismas tenemos los CUATRO puntos torales de la sentencia son: 1) La UBICACIÓN de mi defendido en la Propiedad de Raúl Edgardo Arita Santos, extremo ya analizado anteriormente 2) Quienes eran las personas responsables de la DROGA extremo que desde un inicio aparece en el Requerimiento y en los INFORMES elaborados donde aparecen los nombres de la Familia Valle-Valle y ninguna relación con mi defendido Miguel Ángel Espinoza López; 3) A quien pertenecían las propiedades en que se realizó la Operación, extremos evidentes que desde un inicio se estableció que pertenecían a Raúl Edgardo Arita Santos; y 4) Personas a quienes les encontraron las Evidencias, las cuales se encuentra de manera indiscutible que las Evidencias fueron encontradas en los Vehículos y en la Casa de Habitación de Raúl Edgardo Arita Santos. En tal situación Insistimos y aseguramos que “A” (extremos que se encuentran en los INFORMES) no son iguales con “B” (extremos EXTRAIDOS de las declaraciones metamórficas de los Agentes e insertados en la Sentencia en los Hechos Probados), ya que el Razonamiento que hacemos, se deriva de elementos auténticos: DOS INFORMES elaborados en fecha 11-08-09 un día después y en fecha 13-08-09 cuatro días después, no TERGIVERSANDOLOS como lo hizo el Tribunal Sentenciador, así como las deducciones, más conclusiones que NO guardan relación entre ellas; HECHOS que tergiversaron, mismos que se encontraban desde un inicio en los INFORMES elaborados por ellos mismos, abusando de su posición para declarar con FALSEDAD para tapar las Acciones Dolosas de las cuales se enteró el General Julián A. Gonzales agraciadamente NO USARON LA LÓGICA, acomodando sus declaraciones en extremos NO CREÍBLES, confundiendo al Tribunal, quien le dio valor a las mismas. III Principio de Tercer Excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí, una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera. Hemos sido redundantes en la explicación de las dos proposiciones, siendo evidente que SE NIEGAN ENTRE SÍ, lo importante es que la Proposición Verdadera está sustentada con los INFORMES que fueron elaborados al inicio de los Hechos, construyendo los Hechos Probados con los extremos de la Proposición Falsa; pero MÁS IMPORTANTE ES QUE, la Proposición FALSA, NO está respaldada por ningún DOCUMENTO INDUBITADO solo por Testigos FALSOS que mintieron para OCULTAR LA VERDAD, más aun lo contradicen y es respaldada por la Prueba Documental hecha por ellos mismos (Medio de Prueba # 2 INFORME del 13-08-09 el cual fue ratificado por el Agente mentiroso Fredy Reyes; el Tribunal NO valoro TODA la prueba en la Sentencia, más bien expresó (COPIÓ) en la Valoración lo mismo que los Agentes declararon, afirmando extremos que NO son Creíbles y lo que es peor algunos son falsos e inventados; con esta cantidad enorme de Falsedades y Tergiversaciones, estamos ACREDITANDO como se violó el Principio de Tercer Excluido, en múltiples ocasiones. b) DERIVACIÓN: De este, se extrae el Principio de Razón Suficiente, por el cual el iter lógico seguido en la valoración de las pruebas debe sustentarse en inferencias razonables y de la sucesión de conclusiones que por ellas se vayan formando, exige que el razonamiento deba derivar de elementos auténticos y suficientes para producir razonablemente un convencimiento cierto del suceso que se juzga. Principio de Razón Suficiente Este Principio se explica manifestando que cada elemento probatorio debe de estar probado por los otros elementos de prueba, de tal suerte que cada uno sirva de soporte a otro; cada indicio debe de estar probado por otro. Siendo la base de la Sentencia los Hechos Probados, mismos que están cimentados en la declaración de los Agentes más los documentos elaborados por ellos mismos, la Valoración de las Pruebas tenía que sustentarlas en inferencias razonables y de la sucesión de conclusiones; al observar la valoración vemos que hizo una lista mixtada de las pruebas evacuadas, iniciando con la declaración de Fredy Domingo Reyes más las Actas ratificadas por su persona y mezclándolas con las declaraciones de los que las hicieron (Ya que él, no las elaboró), los cuales de manera ERRÓNEA asegura “medios de prueba convincentes QUE AUNADOS a las pruebas documentales, merecen valor probatorio de cargo, con la cual se establece la Certeza Necesaria de la participación de mi defendido” hasta este momento este medio de prueba Documental mixtado con la testifical, INSISTE sobre los mismos extremos, los cuales NO ESTÁN PROBADOS POR OTROS ELEMENTOS DE PRUEBA, solamente los expresan y aseguran “que le merecen toda credibilidad”; no hace un razonamiento de los elementos auténticos que sean base de las conclusiones valorativas, violentando este Principio de Razón Suficiente que manda que cada elemento probatorio (Testificales) debe de estar probado por los otros elementos de prueba LO QUE NO SUCEDIÓ en la Sentencia recurrida. Por tales motivos la Regla de la Derivación OBLIGA que la Sentencia resulte CONGRUENTE que no es más que las afirmaciones, deducciones y conclusiones deben guardar correlación entre ellas, que sea VERDADERA indicativo de que el Razonamiento debe derivar de elementos auténticos y debe de ser SUFICIENTE por lo cual los elementos base de las conclusiones valorativas deben ser aptos para producir razonablemente un convencimiento cierto del suceso que se juzga. ACREDITANDO como se violó el Principio de Ley de Razón Suficiente y la Regla de la Derivación en todo lo expresado por los Testigos supuestamente Presenciales. 2. PSICOLOGÍA Es una Regla importante de la Sana Critica, se relaciona con conocimientos básicos y no con las reglas elaboradas de la ciencia, ya que incluye cantidad de aspectos como la percepción, raciocinio, actitudes, opiniones y cualquier manifestación anímica, se trata de descubrir las sutilezas y maniobras de la delincuencia, para contenerla: en resumen, es muy compleja y subjetiva. En nuestro caso NO ERA “descubrir las sutilezas y maniobras de la delincuencia” SINO QUE ERA “DESCUBRIR las sutilezas y maniobras de los Agentes de la DLCN” quienes se COLUDIERON con un NARCOTRAFICANTE (Agente de la DEA) a quien permitieron que los dirigiera, los mandara y que fuera él, quien comandara el Operativo, JAMÁS se preocuparon por INVESTIGAR quien era y si pertenecía a la DEA y de colmo de males LO PREMIAN entregándole CANTIDAD DE DROGA que según los Agentes fueron entre 80 y 90 kilos, pero que las Fotografías INDICAN que fue una CANTIDAD GRANDE que se llevó porque el interior del Pick-up Doble Cabina se encontraba LLENO en su totalidad, SIENDO ESTA la que se llevó, porque asegura el Agente Fredy Reyes que la Droga que contaron y pesaron fue la que se encontraba en la Paila del vehículo; no encuentro en qué lugar utilizo la Psicología el Tribunal de Sentencia cuando CONSTRUYÓ una Sentencia en que los Hechos Probados aparecen sustentados en la Valorización de la Prueba, pero únicamente en la Declaración del Agente de la DLCN Fredy Domingo Reyes por lo que aseguramos que NO EXISTIÓ la percepción y raciocinio, al analizar su declaración y confrontarla con los DOS INFORMES, NO EXISTIÓ esa Manifestación Anímica PARA de descubrir las sutilezas y maniobras QUE efectuaron los Agentes involucrados con un supuesto Agente de la DEA que resulto der un Narcotraficante, en resumen LA PSICOLOGÍA, ES MUY COMPLEJA Y SUBJETIVA. El Manual de Criminología de Mike Maguire de la Universidad de Oxford enseña en sus páginas 467 y 478 lo siguiente: “El descubrimiento de dicha función se debió tanto a la tendencia de la policía a no aplicar la ley merced a ciertos procedimientos discrecionales, como el carácter inherente a la demanda pública de servicios policiales” y “LOS POLICÍAS PUEDEN DECIDIR POR SÍ SOLOS” a sabiendas de todo penalista, el Juzgador debe de proteger al imputado no ayudándole, SINO que COMPROBANDO si lo expresado es verdad, SI REALMENTE PUDO SER POSIBLE LO QUE ASEGURA, si es posible que estando presente, haber OBSERVADO lo que no se puede ver, si es posible ver y en la Lógica Natural de cualquier persona sin conocimientos legales. 3. LA EXPERIENCIA Esta Regla tan importante para poder emitir un Juicio y dictar una Sentencia concatenada, fluida y coherente, se aplica a todo Juez Penalista, quien está obligado a elaborar sus fallos de la mejor manera posible, ya que lo hace en nombre del Estado de Honduras. Esta Experiencia debe de ser trasmitida a las Sentencias, pero hemos visto que es una constante histórica en nuestro país que ante las incapacidades de las autoridades (Policía y Fiscalía) para descubrir los verdaderos autores de un crimen y para INVESTIGAR, se prefabriquen y manipulen pruebas contra los infortunados chivos expiatorios de turno; llegando al Tribunal, quien con su experiencia debería de determinar la credibilidad de tal o cual medio de prueba, y en igualdad de armas permitir a la Defensa producir prueba que pueda contrarrestar la prueba pre constituida (Prueba Investigativa sin las Garantías Constitucionales) de la Fiscalía. Los auxiliares de la justicia se apartan de los principios legales, pero peor es la situación cuando un Tribunal avala la forma ilegal con que se actúa en la etapa investigativa; ES EN ESTE MOMENTO en que entra en juego LA EXPERIENCIA, Principio que conforma la Sana Critica, el cual no fue aplicado en la manufactura de la presente Sentencia. Para finalizar traigo a colación lo expresado por el Doctor Ricardo Ruiz en el Código Procesal Penal Comentado: “El Juez al valorar las pruebas debe de sujetarse a criterios de PENSAMIENTOS RACIONALES Y JUICIOSOS, como corresponde a una persona culturalmente formada, y debe de saber expresar la utilización de esos criterios en la sentencia, porque la Sana Critica no tienen que darla por supuesta, sino que demostrarla en cada sentencia que dicten, que el juzgado deberá valorar ineludiblemente las pruebas con las reglas del criterio racional o del criterio humano, conforme a las reglas de la lógica, la psicología de la sociología y de la experiencia” NADA DE ESTO SUCEDIÓ, ya que la Experiencia quedo en nada, al momento en que los Agentes de la DLCN CAMBIAN, TERGIVERSAN y FALSEAN Documentos que ellos mismos han elaborado, así como sus propias declaraciones. RESUMEN DEL MOTIVO La teoría señala La Obligación de señalar las Reglas de la Sana Critica que han sido violadas, para que pueda ser estimado es necesario que el recurrente señale de manera concreta cuál de esas reglas es la violentada por el Tribunal Sentenciador. Este recurrente expresa que no puede señalar una de manera concreta, ya que TODAS fueron violentadas, desde el mismo momento que el Tribunal da por Creíbles y Congruentes las declaraciones de los Agentes de la DLCN, declaraciones que en la mayoría de los extremos están en contra de los INFORMES que fueron elaborados por ellos mismos al día siguiente de los Hechos, INFORMES que falsearon para cubrir sus acciones DOLOSAS, que fueron incluidas OBLIGADOS por su Director el General Julián A. Gonzáles, aun así se coludieron todos al FIRMAR el INFORME ya que vario de ellos NO SABEN lo que sucedió con el supuesto Agente de la DEA y la ENTREGA de cantidad de Droga, lo expresado en la Valoración de la Prueba que se sustenta en el Acta de Debate, es ERRÓNEA al darle valor a la mentira de los dichos de los Agentes de la DLCN, en vez de relacionarlas unas con otras las confundió, por consiguiente, el análisis del conjunto de la prueba para valorarlas bajo un Razonamiento bajo las Reglas de la Sana Critica, fue DESACERTADO. La teoría señala, además, que el recurrente Debe de Exponer de qué manera ese vicio de la valoración probatoria incide en el fallo. Dentro de la exposición del Motivo hemos sido amplios en exponer que la Sentencia se elaboró solamente con las declaraciones de los Agentes de la DLCN, en la valoración (si es que le podemos llamar VALORACIÓN porque solo anoto la prueba y el ANÁLISIS efectuado con los dichos de los agentes) el Tribunal Sentenciador expresó cuestiones ILUSORIAS que no tienen LÓGICA elementos que contienen las declaraciones, esto da pie, para suponer que EL FALLO ESTA sustentado en una Declaración de Fredy Reyes, misma que es DIFERENTE a lo que declararon hace nueve años, habiendo quedado la Prueba Histórica en el INFORME del 11-08-09 elaborado por el Agente Oscar Oswaldo Galeano y por el INFORME del 13-08-09, de tal forma que se violaron las Reglas de la Sana Critica; hemos declarado que este vicio incidió en el fallo a un 100% en todas las Reglas de la Sana Critica, por tal motivo no señalamos UNO en particular; así que no es de manera puntual que señalamos la violación, SINO que el Tribunal Sentenciador VIOLÓ todas y cada una de las Reglas, las cuales las hemos explicado de manera precisa y contundente; esto le permitirá al Honorable Tribunal tener un abanico para que sea de Recibo este Motivo de Casación, al haber infringido el artículo 362 numeral 3; infringiendo también a este respecto los artículos 202, 336 y 338 cuarta regla, numeral 2; TODOS relacionados con LAS REGLAS DE LA SANA CRITICA. APLICACIÓN PRETENDIDA No haber observado en la valoración de la prueba, LAS REGLAS DE LA SANA CRÍTICA (todas) ya que su valoración fue ERRÓNEA y lo poco que expresó, fue en base a Declaración FALSA, utilizando razonamientos que no pueden ser creíbles, falsos, incorrectos y erróneos, contrarios a la LOGICA y por ende a la Sana Critica, extraídos de una parte de la Prueba Producida, mismas que si hubieran sido analizadas de manera conjunta y armoniosa, mi defendido debería de haber sido absuelto; una vez reconocido este vicio se proceda a la nulidad del fallo condenatorio. FUNDAMENTACION JURIDICA Fundo el presente recurso en los artículos 60, 80, 82 y 90 de la Constitución de la República de Honduras; artículos 1 y 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; artículos 8, 11 numeral 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; articulo 5 numeral 1; articulo 8 numerales 1 y 2; artículos 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; articulo 14 numeral 1, 2 y 3 literal c; del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; artículos 2, 3, 4, 12, 14, 20, 200, 202, 336, 338, 359, 360, 362, 363, 364, 366, 367, 369 y demás aplicaciones del Código Procesal Penal; artículos 32, 33 y 388 del Código Penal; artículos 5 numeral 34, 16, 17, 18, 19, 22, 23 y 24 de la Ley sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas. Iustitia ómnium est domina et Regina virtutum La justicia es reina y señora de todas las virtudes.” FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Recurso de Casación por Infracción de Ley. Establece el artículo 360 del Código Procesal Penal que “Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba de ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo…” (Lo resaltado es nuestro). De esta norma se puede determinar la configuración del recurso de casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal: 1. Respeto irrestricto a los Hechos Probados: Los hechos probados son el relato cronológico de un acontecimiento histórico anterior al proceso penal y que es objeto de debate, fijados por el Tribunal de Sentencia con base en lo que se ha probado en juicio, derivado de la valoración de los medios de prueba cuya reproducción el juzgador pudo apreciar de manera directa, colocándolo en una posición exclusiva de valoración. Por ello, tratándose de recurso por infracción de ley o de doctrina legal, se debe guardar absoluto respeto a los hechos que se declaren probados en la sentencia, trasladando el control judicial al ámbito de la juridicidad, así señalado en el artículo 369 del Código de Rito, en su tercer párrafo cuando prohíbe al Tribunal de Casación la modificación de los hechos probados, conocido como Principio de Intangibilidad de los Hechos Probados; 2. Falta de correspondencia entre los hechos probados y el fallo por infracción de precepto sustantivo o de principio fijado por la Doctrina Legal, a consecuencia de: a. Inobservancia de la norma sustantiva o Doctrina Legal que corresponde al caso; b. Errónea aplicación de una norma sustantiva o de Doctrina Legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis; c. Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del Principio fijado en la Doctrina Legal; d. Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal; y e. Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal. Es importante anotar que debe entenderse como norma sustantiva: a toda aquella que defina tipos penales o que le sean llamadas para conformar una conducta delictiva, aun cuando no tengan la categoría de una norma penal (como es el caso de las normas extrapenales de remisión por una norma penal en blanco), quedando excluidas las normas con contenido procesal. En conclusión, a través del recurso de casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el tribunal de instancia; de allí que a la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia o de la Doctrina Legal que sobre el tema jurídico se haya sentado; su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio -en esencia- consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados). Recurso de Casación por Infracción de Ley. Interpuesto por la defensa privada. Primer Motivo. Norma autorizante: Artículo 360 del Código Procesal Penal. Norma que se denuncia infringida: Artículo 18 en relación con el artículo 5 numeral 34 y el artículo 22 de la Ley sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas. Artículo 18, 5 y 22 de la Ley sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas. Concepto de la infracción: Aplicación indebida, interpretación errónea y dejo de aplicar cuando debía hacerlo de las normas sustantivas. Acciones de saneamiento o subsanación del vicio denunciado: Sin determinar por el pretensor. Pretensión: Sin determinar por el pretensor. Establece el recurrente en su desarrollo del primer motivo casacional por Infracción de ley, estableciendo en el primer caso: Aplicación indebida del artículo 18, interpretación errónea del artículo 5 y se dejó aplicar cuando debió hacerlo el artículo 22 de la Ley sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas; así mismo desarrolla un segundo caso estableciendo que se infringió por aplicación indebida del artículo 18, que hubo interpretación de manera errónea del artículo 5 numeral 34 y se dejó aplicar cuando debía hacerlo el articulo 23 de la Ley sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas. DeL Principio de Debida Técnica en el Recurso de Casación Penal. Este Tribunal de Casación viene sosteniendo reiteradamente que “El Principio de Debida Técnica” se desprende de los requisitos formales para la interposición del recurso, “los que constituyen los mínimos requerimientos que debe contener la demanda de casación a efectos de ser tenida como un verdadero juicio técnico de impugnación, valorativo y preciso” (Véase Germán Pabón Gómez. De la Casación y la Revisión Penal. Colombia 2003. Ediciones Doctrina y Ley. P. 144). Este principio aparece recogido en el artículo 363 del Código Procesal Penal, con los requisitos obligatorios propios del rigor del recurso extraordinario de casación, estableciendo imperativamente que “El recurrente deberá indicar separadamente cada motivo” y “En lo que respecta a la Casación en el Fondo, deberá citar, concretamente, en forma clara y precisa, los preceptos legales que considere infringidos, el sentido en que lo hubieren sido, y expresará, también concretamente, la aplicación o interpretación que pretende…” No se trata de una simple rigidez de la naturaleza del recurso impuesta por un formalismo procesal sin sentido, antes bien, la norma pretende orientar al censor de tal forma que su reproche recursivo se encause dentro de los parámetros establecidos en la normativa procesal con el propósito de precisar mediante este instrumento la falencia del vicio de juicio o de la actividad procesal que agravia al justiciable, convirtiéndose las exigencias del recurso en garantía procesal del reclamo que se intenta, en tanto estos pretenden allanar el camino a la respuesta jurisdiccional mediante el planteamiento de un recurso claro y preciso que importe la aprehensión del recurso ante el Tribunal de Casación a efectos de favorecer la respuesta más congruente ante el recurso, por ello esta sala de lo penal ha venido reiterando que el principio de debida técnica requiere observarse en los siguientes sentidos: a) Elegir con puntualidad la causal. b) No salirse ni desbordarse con sus alegaciones, de los extremos y contenidos conceptuales o valorativos, o ámbitos propios de la causal elegida. c) Elaborar planteamientos con claridad y precisión. (En ese mismo sentido sentencia 24 de agosto de 2010 SP 273-08; Sentencia 28 de octubre de 2010 SP 199-09; Sentencia 18 de enero 2011 SP 351-09). Aun intentando la sala abordar el estudio desde la explicación del censor, no puede colegirse la infracción pretendida, de manera que la falta de claridad y precisión no permite a la Sala de lo Penal arribar al estudio deseado que hubiese permitido un recurso interpuesto observando los requisitos de ley[1]. De la procedencia del Recurso de Casación por Infracción de Ley en su primer motivo. El recurso no es de recibo. Como lo ha reiterado esta Sala de lo Penal, por tratarse de un Recurso de Casación por Infracción de Ley, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia. Su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. El recurso de casación por infracción de ley tiene por finalidad la revisión por parte de esta Sala, de la interpretación que de la ley hagan los Tribunales de Sentencia, definiendo o valorando jurídicamente los hechos establecidos en la sentencia y poniéndolos en relación con la norma de derecho que rige el caso, dentro del campo de la consideración puramente jurídica. Esa tarea de contralor jurídico asignada al Tribunal de Casación supone el respeto a los hechos fijados en la sentencia. En este sentido, el Recurso de Casación por Infracción de Ley debe estructurarse o partir su alegación de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el Juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (Hechos Probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar, se invocan normas que no deben aplicarse, o se invoca la norma que deba aplicarse al caso concreto pero el Juzgador hace una incorrecta interpretación de la misma. Conforme lo regula el artículo 360 del Código Procesal Penal, el objeto de la infracción en un recurso de casación por Infracción de ley puede recaer en tres aspectos: a) Precepto penal de carácter sustantivo, es decir normas penales en sentido estricto, como son las que determinan delitos, faltas, estados peligrosos, penas, medidas de seguridad, eximentes de responsabilidad penal, formas de intervención en el delito, grados de realización del delito, circunstancias agravantes o atenuantes, reglas relativas a la responsabilidad civil etc., es decir aquellas que conforman el derecho penal material o sustantivo. b) Norma extrapenal, referente a aquellas que pertenecen al derecho penal sustantivo, que no se encuentran en el Código Penal o leyes penales especiales, pero que deben ser “observadas para la aplicación de la ley penal”, por ejemplo, las leyes penales en blanco, que son aquellas que, señalando la pena aplicable al delito, omiten establecer todo o parte de la conducta punible y para poder completarla se remite a otra norma, bien sea penal o no. c) Principio de Doctrina Legal, debemos entender por doctrina, de conformidad al párrafo segundo del artículo 360 del Código Procesal Penal, “La reconocida como tal por la Corte Suprema de Justicia, por medio de tres sentencias conformes sobre un mismo asunto”. Otra circunstancia a considerar al momento de plantear un recurso de casación, son las diferentes especies del Recurso de Casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal, las cuales son: a) Violación o Falta de Aplicación, consistente en la falta de aplicación de la ley o doctrinas legales que correspondan o se ajusten a los hechos probados que enuncia la sentencia. Es la omisión por parte del Juzgador, en cuanto a la cita o aplicación de la norma aplicable al caso y que justifica legalmente los hechos probados de la sentencia. b) Aplicación Indebida, consiste precisamente en la invocación hecha por el Juzgador, de leyes o doctrinas legales ajenas a la verdad concebida en los hechos probados de la sentencia, de tal suerte que se aprecia la incongruencia en el fáctum de la resolución y la norma que se le asigna. c) Interpretación errónea, consistente en que citando en la sentencia la ley correspondiente, se aplica otorgándole un sentido distinto al que tiene. Esta Sala de lo Penal observa la inadecuada técnica recursiva del censor, puesto que señala y desarrolla dos motivos de infracción de ley como ser un primer caso: Aplicación indebida del artículo 18, interpretación errónea del artículo 5 y se dejó aplicar cuando debió hacerlo el artículo 22 de la Ley sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas; así mismo desarrolla un segundo caso estableciendo que se infringió por aplicación indebida del artículo 18, que hubo interpretación de manera errónea del artículo 5 numeral 34 y se dejó aplicar cuando debía hacerlo el artículo 23 de la Ley sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas, lo cual el recurrente debió indicar separadamente cada motivo; En este tipo de recursos el impetrante debe centrarse en la fundamentación fáctica (Hechos Probados) de la sentencia, para determinar si en los mismos están conformados los elementos objetivos y subjetivos de todo tipo penal, es decir si existe correspondencia entre lo narrado por el Juzgador y la norma penal utilizada. Es por lo expresado que es procedente declarar sin lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su primer motivo. Recurso de Casación por Infracción de Ley. Interpuesto por la defensa privada. Segundo Motivo. Norma autorizante: Artículo 360 del Código Procesal Penal. Norma que se denuncia infringida: Artículo 32 del Código Penal. Concepto de la infracción: Aplicación indebida e interpretación errónea de la norma sustantiva. Acciones de saneamiento o subsanación del vicio denunciado: Sin determinar por el pretensor. Pretensión: Que se absuelva. Establece el recurrente que, de la declaración de los hechos probados, considera que se ha infringido un precepto penal, por aplicación indebida e interpretación errónea del artículo 32 del CP, ya que su representado no participo en los actos que señala el artículo 32 del CP, ya que al revisar los hechos probados encontramos los extremos que 1) la propiedades de Raúl Edgardo Arita; 2) el vehículo tipo Toyota placa PBZ-0454 se encontraba droga; 3) Alrededor de dicho vehículo se encontraban cuatro (4) personas; 4) encuentran reiteradamente al señor Miguel Ángel Espinoza López custodiando el vehículo, por lo que no actuó a título de autor si no a lo sumo de cómplice del delito de posesión para el tráfico ilícito de drogas. De la Autoría Directa o Material Muchas han sido las teorías que han querido llenar de contenido el tema de la autoría, así las teorías objetivas, teorías subjetivas y las teorías objetivo-subjetivas (Juan Bustos Ramirez, Manual de Derecho Penal Parte General. Barcelona: Ariel S.A 1989, pág. 283): a. Entre las Teorías Objetivas, encontramos la Teoría Objetiva Estricta, la que parte de la teoría de la equivalencia de las condiciones, siendo autor todo aquel que aporta un elemento importante para la producción del delito, a esta teoría se le conoció como Teoría Unitaria, debido a su falta de distinción entre autores y participes, la Teoría Formal Objetiva (Fernando Velásquez Velásquez. Derecho Penal Parte General. Santa Fe de Bogotá: Temis S.A 1997, pág. 609), que llama autores quienes realizan estrictamente la hipótesis descrita en el tipo penal, la Teoría Material Objetiva, que diferenciar los autores de los partícipes conforme a la mayor o menor peligrosidad al bien jurídico protegido; b. Las Teorías Subjetivas que trataba de explicar el grado de participación de la persona atendiendo exclusivamente la intención del individuo, así el autor debía de conducirse con un interés propio (Animus Auctoris) mientras que los partícipes con un interés ajeno (Animus Socii); c. La Teoría Objetivo-Subjetiva o Mixta, basada en el dominio del hecho como elemento diferenciador entre el autor y los partícipes, Esta teoría fue propuesta por Welzel, “… está profundamente vinculada al concepto ontológico (finalista) de la acción (idea del dominio final del acto) y al concepto personal de lo injusto para la acción dolosa...” (Sent Sala de lo Penal de fecha 17 de enero de 2013, en el Exp 349-09) por lo que también fue llamada Teoría Final Objetiva, siendo su mayor exponente el alemán Hans Welzel; y d. La Teoría de la Imputación Objetiva: De reciente planteamiento en el derecho penal por Claus Roxin y, con sus relevantes diferencias, Gunther Jakobs, buscando un tratamiento unitario entre los delitos dolosos y culposos y según la cual, en la versión de Roxin, será autor del delito la persona que haya creado la situación de riesgo jurídicamente desaprobado, típicamente relevante o en general no permitido, o haya incrementado una situación de riesgo jurídicamente desaprobado, típicamente relevante o no permitido y que directamente allá causado un resultado que se encuentre dentro del ámbito de protección de un tipo penal determinado. La Sala de lo Penal, ha acogido la Teoría Objetivo-Subjetiva, por ser la que más se ajusta a la normativa penal sustantiva vigente, (Ver Sentencias del 11 de abril de 2011 en el en Exp 376-09 del 11/04/2011, del 11 de abril de 2012 en el Exp 057-2010, del 17 de enero de 2013 en el Exp 349-09, entre otras). Siguiendo la Teoría Objetivo-Subjetiva, es autor aquel que tiene dominio del hecho, es decir aquella persona que tiene el poder de decidir el cuándo, dónde y cómo del hecho, la persona que desencadena el curso causal del delito y que lo puede detener en cualquier momento. El hecho objeto de dominio estará definido por el legislador en la construcción de los tipos penales como delito (Teoría Formal Objetiva), del que la persona quiere hacer suyo (Teoría Subjetiva), convirtiéndolo en autor. Cuando son varios los ejecutores, tendrán la calidad de autores quienes compartan ese poder o potestad, aun cuando no lo sea en la misma medida o en los mismos tiempos, así podemos diferenciar las clases de dominio (Eugenio Raúl Zaffaroni; Derecho Penal Parte General. Buenos Aires: Sociedad Anónima Editora, año 2000, pág. 742): a. Dominio de la acción: que es la que posee la persona cuando realiza directamente la acción constitutiva de delito, conocido como autoría directa o material; b. Dominio funcional: cuando varias personas poseen el dominio a causa de una división ejecutiva del hecho, así por ejemplo la coautoría; y c. Dominio de la Voluntad: se presenta cuando una persona tiene dominio sobre la voluntad de otra, como ocurre en la autoría mediata o la inducción. Es de tener en cuenta que el concepto de autoría no es estático, sino que éste es informado en cada caso por el tipo penal en cuestión, del que se parte para definir cuál de los ejecutores tiene el dominio del hecho. Al autor directo es conocido como: autor inmediato, autor principal, autor propiamente dicho y autor material; Todas estas denominaciones son acepciones de un mismo concepto. Es autor directo quien en dominio completo de la acción realiza la conducta descrita en el tipo penal; En los delitos con sujeto activo calificado, será autor además quien tenga las cualidades especiales que señala el tipo penal. El legislador, con ciertas excepciones, ha construido los tipos penales dirigidos al autor directo del delito consumado (Art. 65 del CP), usando las denominaciones de “… la persona…”, “… quien…”, “… aquel…”, sin embargo amplia el espectro de aplicación de los tipos penales cuando en los artículos 32 señala además del autor directo o material, deben de considerarse autores al Coautor, autor mediato, al inductor y al cómplice necesario, mientras que en el artículo 33 señala que como participes se tendrá al cómplice simple. De la procedencia del Recurso de Casación por Infracción de Ley en su primer motivo. El recurso no es de recibo. La jurisprudencia de la Sala de lo Penal ha establecido que, por tratarse de un Recurso de Casación por Infracción de Ley, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la Ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia. Su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la Sentencia. El recurso de casación por infracción de ley, tiene por finalidad la revisión por parte de esta Sala, de la interpretación que de la ley hagan los Tribunales de Sentencia, definiendo o valorando jurídicamente los hechos establecidos en la sentencia y poniéndolos en relación con la norma de derecho que rige el caso, dentro del campo de la consideración puramente jurídica. Esa tarea de contralor jurídico asignada al Tribunal de Casación supone el respeto a los hechos fijados en la sentencia. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el Juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (Hechos Probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar, se invocan normas que no deben aplicarse, o se invoca la norma que deba aplicarse al caso concreto pero el Juzgador hace una incorrecta interpretación de la misma. Ante el planteamiento del recurrente es necesario que esta Sala de lo Penal analice la fundamentación fáctica de la sentencia, luego la confronte con la ley sustantiva que utilizó el Juzgador para encuadrar la responsabilidad del acusado y determinar con ello, si en efecto el señor Miguel Ángel Espinoza López, debe considerarse como autor o como cómplice del delito de posesión para el tráfico ilícito de Drogas de los Medios de Transporte para el Tráfico ilícito de Drogas, tal como lo analizó el Sentenciador o por el contrario tal como lo plantea el recurrente. Los hechos probados refieren: “PRIMERO: El día diez de Agosto del año dos mil nueve, Agentes de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico, tuvieron conocimiento que se efectuaría una transacción de droga en la propiedad del señor RAUL EDGARDO ARITA, ubicada en el lugar conocido como aldea el Sumpul, Municipio de Sinuapa, departamento de Ocotepeque, se personaron a fin de corroborar dicho evento, observando que en el vehículo tipo Toyota, placa PBZ 0454 se encontraba droga (cocaína), identificando alrededor de dicho vehículo a los señores MIGUEL ANGEL ESPINOZA LOPEZ, RAUL EDGARDO ARITA, GLENYS HERMINIA CUESTAS VALLE y ANAEL ANTONIO CHÁVEZ, por lo que una vez que verifico la noticia criminis, los Agentes de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico formaron equipos para efectuar la respectiva captura, haciendo creer a los participantes del hecho delictuoso que estos eran los que negociarían la droga, al ingresar por segunda ocasión a la propiedad encuentran reiteradamente al señor MIGUEL ANGEL ESPINOZA LOPEZ, custodiando el vehículo en el cual se encontraba la droga (cocaína). SEGUNDO: El diez de Agosto del año dos mil nueve, a eso de las dieciséis horas, Agentes de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico, detuvieron al señor MIGUEL ANGEL ESPINOZA LOPEZ, en el respectivo operativo del párrafo anterior, en donde se le incauto entre otras cosas un arma de fuego 9 MM plateada y negra Marca Glock serie serie número SNX 732 9X19 con su respectivo cargador con 14 proyectiles, un porta cargador con dos cargadores llenos con 17 proyectiles cada uno, un permiso y un permiso para portar arma a nombre de MIGUEL ANGEL ESPINOZA LOPEZ.” El sentenciador consideró que el imputado Miguel Ángel Espinoza López por las acciones adjudicadas en los hechos, debía responder como autor del delito de Posesión para el Tráfico o Consumo Ilícito de Drogas. Se consideran autores a quienes toman parte directa en la ejecución del hecho…y los que cooperan a la ejecución del hecho por un acto sin el cual no se hubiera efectuado…extremo este para el recurrente no aparece consignado en los dos hechos probados. De acuerdo a la Teoría del Dominio del Hecho, se puede calificar como autor a la persona que sabe el qué, cómo y cuándo se va a realizar el delito, contribuye objetivamente al hecho (dominio funcional del hecho) y en el caso en que intervengan varias personas, quienes hayan acordado la realización del hecho delictivo. En el presente caso se debe aplicar la Teoría del Dominio del Hecho, dice Santiago Mir que esta teoría constituye la opinión dominante en la doctrina alemana actual. Tiene su origen en el finalismo y es su tesis de que, en los delitos dolosos es autor quien domina finalmente la ejecución del hecho del mismo modo que ve lo decisivo de la acción en el control final del hecho. Maurach resume el sentido de la teoría diciendo que es autor, porque tiene el dominio del hecho, quien tiene dolosamente en sus manos el curso del suceder típico. Para Jescheck esta teoría tiene las siguientes consecuencias: i. Siempre es autor quien ejecuta por su propia mano todos los elementos del tipo; ii. Es autor quien ejecuta el hecho utilizando a otro como instrumento (autoría mediata); iii. Es autor el coautor que realiza una parte necesaria de la ejecución del plan global (dominio funcional del hecho). En base a esta teoría podemos concluir, que el accionar del imputado Miguel Ángel Espinoza López, es producto de un plan preconcebido entre todas las personas que fueron detenidas, que según los hechos fueron 4 (3 hombres y 1 mujer), lo cual significa que existió una repartición de funciones y en el caso del señor Espinoza López, fue la de custodiar el vehículo en la que encontraba la droga (cocaína), en consecuencia al tratarse de la ejecución de un plan global, es decir de la participación de varias personas para alcanzar su fin, no podemos catalogar sus acciones cómo un mero cómplice, sino que como autor de los hechos imputados. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Establece el artículo 362 del Código Procesal Penal que el recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de algunos de los vicios siguientes: 1. Que falte la declaración de los hechos que el tribunal estime aprobados, que tal declaración no sea clara y terminante o que sea contradictoria. 2. Que se base en medios o elementos probatorios no incorporados legalmente al juicio o incorporados por su lectura en violación de las normas contenidas en el Título IV del Libro Segundo de este Código o excluya o deje de considerar alguna prueba de valor decisivo. 3. Que carezca de motivaciones fácticas o jurídicas, que dichas motivaciones sean insuficientes o contradictorias o sí en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica; 4. Que en la parte resolutiva se omitan elementos esenciales, tales como la individualización precisa del imputado, la resolución de todas las cuestiones debatidas y la determinación exacta de la pena en caso de condena; 5. La inobservancia de las reglas establecidas en el presente Código para la realización del juicio oral y público; 6. La incongruencia entre la sentencia y las pretensiones de las partes según el artículo 337; 7. Que falte la firma de alguno de los miembros del Tribunal de Sentencia salvo los casos previstos en el artículo 145. Es así como la ley procesal vigente, refleja que el proceso penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivado del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. Si no se cumple con los requisitos establecidos por la ley procesal y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo. El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley. Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Interpuesto por la defensa privada. Primer Motivo. Norma autorizante: Artículo 362 del Código Procesal Penal. Norma sustantiva que se denuncia infringida: Artículo 362 numeral 2 del Código Procesal Penal. Concepto de la infracción: La declaración del hecho probado no sea clara y terminante. Reclamación Ex Ante: El vicio se produce en el acto mismo de la sentencia. Pretensión: Que se anule el fallo. Establece el recurrente que se excluyó o se dejó de considerar tres medios de prueba (2 propuesto por la fiscalía y 1 por la defensa) en la sentencia y que son prueba de valor decisivo, como son: 1) Informe de investigación de fecha 11 de agosto de 2009 (prueba Fiscalía) 2) Informe de fecha 13 de agosto (rendición de cuentas) F390-394 (prueba Fiscalía. 3) Informe de extracción de información de aparato telefónico F524 (prueba defensa). De la exclusión y falta de consideración de prueba con valor decisivo. Es importante recordar que el proceso penal es una concatenación de actos interrelacionados entre sí, que tienen como objetivo propiciar un escenario donde el Tribunal de Sentencia, pueda pronunciarse sobre el fondo debatido en estricto respeto del principio de legalidad y del debido proceso. Entre esos actos está el proceso probatorio que va desde la proposición, pasando por la reproducción y finalizando con la valoración de los distintos medios de prueba; este proceso inicia con la celebración de la audiencia de proposición de medios de prueba (Art. 317 del CPP), donde las partes podrán proponer los medios de prueba que tengan a bien, siendo estos admitidos cuando superen los requisitos de admisibilidad establecidos en la Ley (Art. 199 del CPP), seguidamente se celebra la audiencia de juicio en donde solo se deben reproducir los medios de prueba que hayan sido previamente admitidos en la audiencia de proposición de medios de prueba (primera parte del Art. 333 del CPP) y, como excepción, en la etapa de incidentes del debate (Art. 320 del CPP) o como auto para mejor proveer (segunda parte del Art. 333 del CPP) y finalmente como resultante del debate, el Tribunal dictará sentencia en donde la totalidad de la prueba reproducida debe ser motivada descriptiva e intelectivamente (Art. 202 y 338.2 del CPP), sin que se pueda considerar otra prueba distinta o dejar de considerar la que formó parte del proceso. Así las cosas, constituye actividad procesal defectuosa cuando el Tribunal de Sentencia irrespete el proceso probatorio, siendo uno de estos vicios el dispuesto por el Artículo 362.2 del Código Procesal Penal que reprocha cuando la sentencia “excluya o deje de considerar alguna prueba de valor decisivo”; la exclusión de prueba es distinta a la falta de consideración, de este modo: a. Existe indebida exclusión de prueba cuando habiéndose admitido un medio de prueba y reproducido en la audiencia de debate conforme a las reglas procesales, el órgano juzgador en su sentencia, sin dar a conocer ningún razonamiento, le niega todo valor al medio de prueba, es decir, hace mención del medio de prueba pero no externa si el mismo merece crédito o por el contrario carece de fiabilidad; otra forma de exclusión indebida de un medio de prueba es cuando el Tribunal de Sentencia haciendo una incorrecta aplicación o interpretación de la ley, refuta a un medio de prueba como ilícito o no apreciable por falta de cadena de custodia, descartándolo del proceso de valoración, en otras palabras, negándole todo valor como consecuencia de un desatinado criterio jurídico. b. Existe falta de consideración de prueba, cuando a pesar de haber sido admitida durante la etapa de juicio y reproducida en la audiencia de debate, el órgano juzgador no hace alusión alguna sobre éstos, es decir que no existe ninguna mención al medio de prueba en su sentencia. - No se trata pues de un vicio sobre el proceso de valoración del medio de prueba, sino sobre la expulsión del medio de prueba del acervo probatorio. La norma procesal además exige para la configuración del vicio que el medio de prueba excluido o dejado de considerar posea un valor decisivo en la emisión del fallo, cuya evaluación en casación se efectúa conforme al método la Inclusión Hipotética, que consiste en agregar el medio de prueba excluido o no considerado a la ecuación valorativa, de modo de constatar si con la aportación de los datos de ese medio de prueba el fallo se hubiese afectado en alguno de sus pronunciamientos, de ser así el medio de prueba es de carácter decisivo; por el contrario aun cuando la exclusión o la falta de consideración sea indebida, si su inclusión hipotética no se traduce en la modificación de algunos de los pronunciamientos del fallo, equivale a que el mismo no es de valor decisivo, no dando paso al vicio in procedendo previsto en el artículo 362.2 del Código Procesal Penal. De la procedencia del Recurso de Casación Por Quebrantamiento de Forma en su Primer Motivo. El recurso no es de recibo. Esta Sala de lo Penal analiza los argumentos de los censores, así como los motivos presentados; es evidente que los recurrentes han faltado a lo que establece el artículo 363 del Código Procesal Penal que ordena que los motivos de casación deben presentarse de forma separada; en el caso subjudice los impetrantes establecen en un mismo apartado dos motivos de casación, la exclusión de un medio de prueba y la no consideración de pruebas mismas que consideran de valor decisivo; si bien los censores han efectuado un apartado por incisos para explicar ambos reclamos, lo cierto es que fueron redactados en un solo motivo de casación cuando la ley procesal ordena que deben presentarse de forma separada; sin embargo dicho error no es óbice para que esta Sala de Casación de respuesta a su reclamos. Establece la recurrente que se excluyeron o se dejó de considerar tres medios de prueba (2 propuesto por la fiscalía y 1 por la defensa) en la sentencia y que son prueba de valor decisivo, como son: 4) Informe de investigación de fecha 11 de agosto de 2009 (prueba Fiscalía) 5) Informe de fecha 13 de agosto (rendición de cuentas) F390-394 (prueba Fiscalía). 6) Informe de extracción de información de aparato telefónico F524 (prueba defensa). Mismas que dejaron de ser valorados por el Tribunal de Sentencia. Así las cosas, al tener un motivo como el planteado, corresponde a este Tribunal de Casación como primera tarea, remitirnos al acta de proposición de prueba y al acta de debate, para confirmar que dichos medios de prueba fueron propuestos, admitidos y evacuados en sesión de juicio, luego confrontar esta actividad procesal con la fundamentación probatoria del fallo, y así comprobar si existe o no la falta de consideración de los medios de prueba en cuestión; más la labor no concluye ahí, pues la norma procesal además exige para la configuración del vicio, que el medio de prueba no considerado – en caso que lo haya sido– debe poseer un valor decisivo en la emisión del fallo, cuya evaluación en casación se efectúa, conforme al método la inclusión hipotética, el cual fue explicado anteriormente; solo así, al medio de prueba dejado de considerar se le atribuirá ese carácter de decisivo, lo que dará paso al vicio in procedendo previsto en el artículo 362.2 del Código Procesal Penal. El Ministerio Público en el acta de audiencia de proposición de pruebas a folio 373, se propuso como medio de prueba documental número dos: Informe de fecha 13 de agosto de 2009, el cual será ratificado por la detective Ana Julia Mejía López, prueba documental que fue admitida por el Tribunal de Sentencia a folio 380; En Juicio Oral y Publico se evacuo dicho medio de prueba a folio 579 vuelto a folio 582, ratificando dicho informe la detective Ana Julia Mejía López, en el que las partes hicieron uso del interrogatorio. En este sentido el Tribunal de sentencia valoró este medio de prueba, estableciendo: “El respectivo documento fue introducido al debate con las formalidades que establece la ley procesal penal, sin embargo, el mismo no aporta nada en virtud de que la detective Mejía López refirió que fue realizado por el actuar del supuesto agente de la DEA, al llevarse del lugar de los hechos entre 80 a 90 kilos de cocaína sin ninguna autorización.” Por su parte la defensa privada, en el acta de proposición de pruebas, presento dentro de sus medios probatorios, como medio de prueba número el Informe de vaciado telefónico (folio 376 vuelto), el cual fue admitido su peritaje consistente en el vaciado del aparato del señor Miguel Ángel Espinoza López (f 380 vuelto); En el acta de juicio oral y público a folio 589 vuelto se establece que la defensa privada desiste del perito Raulin Almendarez en cuanto a la ratificación del informe del vaciado telefónico, leyéndose en el acto la excusa presentada por el perito y dándose lectura del informe enviado por el perito que se encuentra a folio 524 del expediente judicial en la que se establece los siguiente: “No fue posible realizar la pericia correspondiente al aparato telefónico Marca: MOTOROLA, Modelo: C-139, IMEI: 011323003158832, ICCID: 8950402102054639105, decomisado al señor Miguel Ángel Espinoza López, en virtud de que se intentó encender el aparato telefónico con diferentes cables del equipo forense CELLEBRITE versión 7.8.0.942, el cual fue imposible su extracción de información, no se realizó por encontrar desgaste de su circuito electrónico”. En cuanto a este medio de prueba el tribunal valoro el mismo, estableciendo que “El mismo no contribuye en nada, ya que no fue posible realizar la pericia, por lo que este no acredita ningún valor a la presente causa”. Existe falta de consideración de prueba, cuando a pesar de haber sido admitida durante la etapa de juicio y reproducida en la audiencia de debate, el órgano juzgador no hace alusión alguna sobre ésta, es decir que no existe ninguna mención al medio de prueba en su sentencia. - No se trata pues de un vicio sobre el proceso de valoración del medio de prueba, sino sobre la expulsión del medio de prueba del acervo probatorio. Es pues que en conclusión no ha existido falta de consideración o exclusión de los medios de prueba sobre estos dos medios de prueba, como es el Informe de fecha 13 de agosto (rendición de cuentas) (prueba Fiscalía) y el Informe de extracción de información de aparato telefónico F524 (prueba defensa). El recurrente alega en este motivo casacional que se excluyo el informe investigativo de fecha 11 de agosto de 2009, estableciendo que fue excluido de plano en la sentencia, en este sentido pues ha explicado esta Sala que el vicio de exclusión de prueba de valor decisivo ocurre cuando propuesto, admitido y reproducido un medio de prueba, el Tribunal de Sentencia le resta eficacia probatoria de forma arbitraria, es decir, sin externar las razones que lo motivaron a tomar esa decisión, o bien, cuando por un desacertado criterio jurídico considera el sentenciador la ilicitud de dicho medio de prueba cuando no lo sea. Otro tanto igual ocurre con la falta de consideración de prueba de valor decisivo, pues el requisito condicionante para que se ocasione el vicio es que el medio de prueba dejado de considerar haya sido previamente propuesto, admitido y reproducido en juicio, y en donde el Tribunal de Sentencia, a pesar de la actividad procesal llevada a cabo, omite hacer toda referencia positiva o negativa de dicho medio de prueba en la sentencia, dejando la incertidumbre si la toma en cuenta del medio de prueba dejado de considerar o excluido hubiese cambiado el estado de convicción del juzgador en relación al objeto del proceso. De ocurrir cualquiera de los dos vicios, la Sala de lo Penal tendrá como tarea determinar si el medio de prueba indebidamente excluido o dejado de considerar posee un valor decisivo para la resolución del fallo, lo cual se hará conforme al método de inclusión hipotética explicado anteriormente. En cuanto al informe de investigación de fecha 11 de agosto de 2009 (F383), el cual fue propuesto por el Ministerio Público, al remitirnos al acta de audiencia de proposición de pruebas, verificables a folios 373 al 382 vuelto, se encuentra a folio 373, el Ministerio Público propuso como medio de prueba documental número uno el informe de investigación de fecha 11 de agosto de 2009, la cual será ratificada por el detective Oscar Oswaldo Galeano; Este medio de prueba a folio 380 misma que fue admitida de manera condicional ya que el representante del Ministerio Público deberá proporcionar a la secretaría de este Tribunal la dirección del señor Oscar Oswaldo Galeano para que se persone a esta Sala de Juicios a ratificar dicho informe. En el acta de juicio oral y público, a folio 584 vuelto se establece que no se hizo presente el detective Oscar Galeano a ratificar el informe de investigación de fecha 11 de agosto de 2009, y en la que existe constancia por parte de la secretaría del Tribunal, por lo que el Ministerio Público solicita que el mismo sea evacuado como prueba documental, dándole la palabra a la defensa para que se manifieste en cuanto a lo solicitado por el Ministerio Público, estableciendo que se de ingreso por lectura, dándose seguidamente lectura al informe. Esta Sala de lo Penal observa que este medio de prueba efectivamente fue omitido en la sentencia, pero la norma procesal condiciona que para que el motivo pueda ser de recibo, el medio de prueba que fue indebidamente excluido o falto de consideración en la sentencia, debe de tener un valor decisivo, tal cual que su inclusión hipotética al torrente probatoria supondría generar como consecuencia una modificación en la parte dispositiva. En el presente caso ni individualmente ni en su conjunto el medio de prueba que es el informe de investigación de fecha 11 de agosto de 2009, hacen meya en lo decidido por el tribunal, esto por que la información de este informe de investigación fue corroborada con los demás medios de prueba como es la declaración testifical del señor Fredy Domingo Reyes Flores, Dinora Yamileth Alvarado López,José Elías Palencia, Lester Jolico Rodríguez Moncada, todos agentes de dirección de lucha contra el narcotráfico; Acta de registro de vehículo Toyota placa PBZ-0454, Álbum fotográfico, acta de incautación de la droga, acta de incautación de vehículo maraca Toyota, color café, placa PBZ-0454, acta de incautación de costales, todas ratificadas por el detective Reyes Flores; Acta de registro personal de Miguel Ángel Espinoza López, acta de incautación realizada al señor Miguel Ángel Espinoza López, todas ratificadas por el agente de la dirección de la lucha contra el narcotráfico Lester Joselico Rodríguez Moncada; Compareció el detective Allen Dejalme Bueso Pineda, quién ratifico el acta de apertura y conteo de evidencia; Dictamen de fecha 11 de agosto de 2009, que contiene la información de la pericia, Hoja de recibido de muestras físicas, oficio de fecha 11 de agosto de 2009, para que se nombre perito toxicológico, hoja de cadena de custodia, pericias ratificas por el Doctor Darlan Membreño, especialista en Químico-Toxicológico; como prueba documental: a) acta de declaración de imputado: b) acta de incineración; también fueron ratificados los siguientes documentos: a) acta de allanamiento, b)acta de registro de vehículo Nissan Frontier PCT6872, c) acta de incautación realizada en fecha 10 de agosto de 2009 a las 11:30 horas, d) acta de incautación realizada en fecha 10 de agosto de 2009, a las 11:40 horas, todas ratificadas por el agente de D.L.C.N. Fredy Domingo Reyes Flores; informe de fecha 13 de agosto de 2009 ratificado por la agente Ana Julia Mejía López; acta de registro personal y acta de incautación, practicadas al señor Miguel Ángel Espinoza López (arma); Constancia del Departamento de Registro Balístico Nacional de Armas de Fuego; (pericial) Dictamen de análisis del laboratorio de balística del Ministerio Público, identificado con el número 5403, ratificado por el perito Jimmy Bendeck; Dictamen de Trabajo Social número DTS.062-008, ratificado porel Licenciado Danilo Agrecio Fonseca Cruz. Por lo anteriormente dicha prueba no es de valor decisivo y al incluirla hipotéticamente no influye en el resultado dado por el Tribunal sentenciador, por lo que se desestima este motivo casacional. Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Interpuesto por la defensa privada. Segundo Motivo. Norma autorizante: Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. Norma sustantiva que se denuncia infringida: Artículo 202 del Código Procesal Penal. Concepto de la infracción: Violación a las reglas de la sana crítica. Reclamación Ex Ante: Sin determinar por el pretensor. Pretensión: Que se anule el fallo condenatorio. Establece el recurrente que no se observaron en la valoración de la prueba, todas las reglas de la sana crítica fueron violentadas, ya que su valoración fue errónea y lo poco que expresó, fue en base a declaración falsa, utilizando razonamientos que no pueden ser creíbles, falsos, incorrectos y erróneos, contrarios al lógica y por ende de la sana crítica, extraídos de una parte de la prueba producida, misma que si hubieran sido analizadas de manera conjunta y armoniosa, mi defendido debería de haber sido absuelto. De las Reglas de la Sana Crítica. El Código Procesal Penal da exclusiva competencia a los Jueces de Sentencia para la estimación valorativa de las pruebas y las conclusiones fácticas que de ellas extraigan, siendo ello inatacable por la vía recursiva casacional, siendo solamente controlable el proceso seguido por los jueces para la construcción de tales conclusiones. El artículo 362 No. 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes… 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica.”. Esta Sala de lo Penal ha considerado que: “… La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva…”. (Fallos de fecha 30 de noviembre del 2001, en el Exp. 194-2009 y de fecha 30 de noviembre del 2011, en el Exp. 297-09; también en ese sentido el fallo de fecha 20 de octubre del 2011, contenido en el Exp. 360-09 y de fecha 05 de abril del 2011, del Exp. 385-09, todos de la Sala de lo Penal). Valoración de la Prueba. En el apartado de la valoración intelectiva el juzgador debe valorar la prueba, conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la Prueba: Íntima Convicción (Propio del Sistema de Juzgamiento por Jurados), Prueba Legal o Tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe de darle el Juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias) y la Sana Crítica, es este último el que debe observar el juzgador penal hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. En el sistema de la Sana Crítica en la valoración de la prueba, existe plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones guarden una necesaria relación con las premisas que le sustentan, las cuales son a su vez construidas como fruto razonado de las pruebas. En este sistema, el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia de convicción de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común; De este modo “… las reglas de la sana crítica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza…” (Fallo Sala Penal de fecha 20 de octubre del 2011, en el Exp 88-09). La sana critica como sistema de valoración de la prueba se asienta en tres pilares fundamentales: 1) REGLAS DE LA EXPERIENCIA COMÚN O MÁXIMAS DE LA EXPERIENCIA. Se refieren a juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el juzgador, relevados de demostración probatoria por adquirirse a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por este hecho son compartidas con las demás personas, aun cuando no formen parte de su mismo grupo social. Nos referimos a fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión o hechos de la cultura común, siendo el antónimo de éstos los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realiza solo un grupo determinado de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior, el conocimiento privado del juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. El juzgador deberá analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común, entre otros: •Cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca del hecho. •Cuando cite como común un hecho que no lo sea, por no ser aprehensibles de manera espontánea por el profano, sino que solo mediante experiencias extraordinarias o mediante estudios especializados; o •Cuando afirme como común un hecho que exija demostración probatoria. Las reglas de la experiencia común se basan en la probabilidad, es decir, al momento en que el juzgador valora un hecho, considerará el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos por qué lo considera así. 2) LAS REGLAS DE LA PSICOLOGÍA. Están referidas, no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento empírico adquirido del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquél. Las Reglas de la Psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo en relación al grupo social, se requiere que el juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la Experiencia Común, las reglas de la Psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado; y 3) LAS REGLAS DE LA LÓGICA. La Lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatoria para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. La lógica aplicable es la “Lógica no formal”, llamada en el ámbito como Razón del Juicio donde las conclusiones se muestran bajo el espectro que irradia la prueba. Las leyes de la Lógica se fundamentan sobre leyes universales: a) La Coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí. La coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente. De la Ley de la Coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: i. El Principio de Identidad: Que exige que toda noción empleada en el razonamiento debe tener una sola y única significación en el todo contextualizado, es decir: una proposición sólo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y”. ii. El Principio de Contradicción: Las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En valoración de prueba: un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. iii. El Principio de Tercero Excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí: una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera y ninguna tercera posibilidad es posible. b) La Derivación: Exige que cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; cada pensamiento debe provenir de otro, con el cual está relacionado, salvo que se trate de un principio, es decir de un juicio inicial. Pero, además, la conclusión debe derivar de elementos suficientes para que justifique la producción de aquella. Existirá omisión al principio lógico de derivación: i. Cuando la conclusión no encuentre correspondencia con el medio de prueba por una indebida inferencia. ii. Cuando la conclusión no sea producto derivado de un medio de prueba, debiendo serlo por tratarse de la afirmación o negación de un hecho de carácter no notorio. iii. Cuando la conclusión sea construida en base a medios de pruebas inexistentes; o iv. Cuando la conclusión está basada en el contenido de un medio de prueba cuyo contenido este falseado. De la derivación se extrae el Principio de Razón Suficiente, por el cual toda conclusión requiere una razón suficiente que justifique su existencia; la conclusión debe ser el final del iter lógico seguido en la valoración de las pruebas apoyándose en inferencias razonables; cada conclusión expuesta puede formar una sucesión que al final lleven a una conclusión última en donde se afirme o niegue el hecho juzgado. De la Rúa (Fernando de la Rúa, La Casación Penal, Ediciones Depalma, Buenos Aires, Argentina, pág. 156), señala que la motivación para ser lógica debe responder a las referidas leyes que presiden el correcto entendimiento humano, observando como características: 1. Congruente: En donde las afirmaciones, deducciones y conclusiones guarden una adecuada correlación y concordancia entre sí. 2. Concordante: Cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella. 3. No Contradictoria, por estar libre de razonamientos que al oponerse se anulen entre sí al reflejar verdades incompatibles. 4. Inequívoca: al no dejar margen para cuestionar el alcance y significado de los razonamientos y de las conclusiones que le deriven; y 5. Suficiente: al estar constituida por un entramado de conclusiones interrelacionadas, que se deriven de múltiples cadenas de pensamientos, todos ellos aptos para producir razonablemente un convencimiento. DeL Principio de Debida Técnica en el Recurso de Casación Penal. Este Tribunal de Casación viene sosteniendo reiteradamente que “El Principio de Debida Técnica” se desprende de los requisitos formales para la interposición del recurso, “los que constituyen los mínimos requerimientos que debe contener la demanda de casación a efectos de ser tenida como un verdadero juicio técnico de impugnación, valorativo y preciso” (Véase Germán Pabón Gómez. De la Casación y la Revisión Penal. Colombia 2003. Ediciones Doctrina y Ley. P. 144). Este principio aparece recogido en el artículo 363 del Código Procesal Penal, con los requisitos obligatorios propios del rigor del recurso extraordinario de casación, estableciendo imperativamente que “El recurrente deberá indicar separadamente cada motivo” y “En lo que respecta a la Casación en el Fondo, deberá citar, concretamente, en forma clara y precisa, los preceptos legales que considere infringidos, el sentido en que lo hubieren sido, y expresará, también concretamente, la aplicación o interpretación que pretende…” No se trata de una simple rigidez de la naturaleza del recurso impuesta por un formalismo procesal sin sentido, antes bien, la norma pretende orientar al censor de tal forma que su reproche recursivo se encause dentro de los parámetros establecidos en la normativa procesal con el propósito de precisar mediante este instrumento la falencia del vicio de juicio o de la actividad procesal que agravia al justiciable, convirtiéndose las exigencias del recurso en garantía procesal del reclamo que se intenta, en tanto estos pretenden allanar el camino a la respuesta jurisdiccional mediante el planteamiento de un recurso claro y preciso que importe la aprehensión del recurso ante el Tribunal de Casación a efectos de favorecer la respuesta más congruente ante el recurso, por ello esta sala de lo penal ha venido reiterando que el principio de debida técnica requiere observarse en los siguientes sentidos: a) Elegir con puntualidad la causal. b) No salirse ni desbordarse con sus alegaciones, de los extremos y contenidos conceptuales o valorativos, o ámbitos propios de la causal elegida. c) Elaborar planteamientos con claridad y precisión. (En ese mismo sentido sentencia 24 de agosto de 2010 SP 273-08; Sentencia 28 de octubre de 2010 SP 199-09; Sentencia 18 de enero 2011 SP 351-09). Aun intentando la sala abordar el estudio desde la explicación del censor, no puede colegirse la infracción pretendida, de manera que la falta de claridad y precisión no permite a la Sala de lo Penal arribar al estudio deseado que hubiese permitido un recurso interpuesto observando los requisitos de ley[2]. De la Procedencia del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su Segundo Motivo. El recurso no es de recibo. En lo que respecta al reclamo interpuesto, la Sala de lo Penal en reiteradas sentencias se ha pronunciado en el sentido que la no conformidad del recurrente con lo resuelto por el sentenciador no es motivo de casación, sino la violación a las reglas de la sana crítica, que analiza el iter de pensamiento del juez mediante el cual ha llegado a una conclusión de condena. Cuando se interpone el recurso de casación por quebrantamiento de forma cuyo motivo es la infracción a las reglas de la sana crítica (como es el caso que nos ocupa), el censor delimita su análisis a la fundamentación probatoria y la trascendencia que pueda tener ésta en la fundamentación fáctica y el posterior fallo; deberá identificar primeramente qué regla de la sana crítica es la infringida (ver sentencias de la Sala de lo Penal de fecha 17 de enero de 2013, recaída en el expediente SP 131-2011; y de fecha 27 de junio de 2013, recaída en el expediente SP 132-2011); posteriormente, deberá identificar el silogismo judicial que considera transgrede la regla previamente identificada, segregar su premisa mayor, su premisa menor y su posterior conclusión, para después explicar y comprobar porqué la conclusión inferida de aquellas premisas, es malograda y no tiene la cualidad de ser respetuosa de nuestro sistema de valoración probatorio, siendo este precisamente el proceso de identificación, explicación y comprobación del vicio que exige una buena técnica recursiva. (Ver sentencia de la Sala de lo Penal de fecha 2 de abril de 2019, recaída en el expediente SP 174-2015). Hoy por hoy, el recurso de casación por quebrantamiento de forma planteando como motivo la violación las reglas de la sana crítica ocupa un gran de porcentaje de los recursos que resuelve esta Sala de lo Penal; desafortunadamente, no en pocos casos, el recurrente acude a tal alegato como una forma de disfrazar la verdadera pretensión de reexamen o revalorización de la actividad probatoria como medio de atacar el juicio valorativo hecho por el tribunal de sentencia, pretendiendo así que los jueces de casación, sin contar con inmediación (entre otros principios faltantes), valoren un medio de prueba determinado, extraigan conclusiones probatorias y luego las compare con aquellas a las que arribó el a quo, decidiendo finalmente si lo hecho por los jueces de la instancia está bien o mal a depender si coincide la valoración de la prueba hecha en única instancia, todo ello impropio en sede casacional. No existe una previa determinación de pruebas, por lo que éste debe de ser asignado por el juzgador de la instancia haciendo mano de las reglas de la sana critica, evaluándolas y determinando el grado de convencimiento que le genera cada una de ellas y en su conjunto en relación a la imputación, lo que constituye un proceso directo de los jueces de instancia y ajeno a los jueces de casación. Por ello, el recurso de casación no provoca un nuevo examen probatorio de los medios que fundan la decisión judicial impugnada; la casación no es una segunda instancia, sino una única instancia encargada de revisar la mera legalidad de la decisión judicial, quedando fuera de tal esfera de competencia la revaloración de la prueba; las partes en la interposición del recurso no pueden pretender que esta Sala de lo Penal declare el acierto o desacierto del Tribunal de Sentencia sobre sus criterios valorativos, pues ello sería rebasar las potestades legales conferidas por la ley a los jueces de casación. Ante una denuncia de violación a las reglas de la Sana Crítica corresponde a la Sala de lo Penal, auditar el razonamiento judicial, comprobando si la motivación intelectiva es acorde con ésta o por el contrario existe divorcio; para ello es preciso que el recurrente no solo manifieste la existencia del vicio, sino que se focalice la regla del correcto entendimiento humano que considera violentada, cual es el razonamiento judicial que contiene el vicio y, a efecto de demostrar su razón, realice la debida confrontación entre uno y otro.- La simple denuncia, limitándose a señalar que existe violación de todas las reglas de la sana critica, mella negativamente en la suerte del recurso. Es insistente este Tribunal de Casación, que el motivo de casación que nos ocupa no tiene por objeto la revisión de la prueba, no es el estudio de los elementos probatorios y la definición de la verdad que se acredita o que se desvirtúa con ellos, sino la revisión del argumento judicial; entonces el reproche hecho a la carga acreditativa de la prueba o como debieron los jueces sentenciadores resolver, exista o no verdad en lo señalado, resulta impropio en términos casacionales, no pudiendo ser de recibo. En el presente caso, cuando se cuestiona la violación a las reglas de la sana critica, es incorrecto lo expuesto por el recurrente, dado que obvia señalar cual regla –lógica, psicología, experiencia común-considera violentada, además que debió señalar cuáles son esos razonamientos erróneos del Sentenciador y explicar por qué se transgreden las reglas del recto entendimiento humano. dado que identifica incongruencias e inexactitudes, no en el razonamiento judicial (que es el que se controla en casación), sino que lo hace a los medios de prueba, lo que no puede ser objeto de revisión por la Sala de lo Penal, pues ello implicaría valoración de prueba. El censor, en su desarrollo del recurso muestra confusión de la única instancia con una segunda instancia, al no dirigir su ataque a la construcción argumentativa judicial en aras de demostrar separación del cauce que marca las reglas de la sana crítica, sino que invita a la Sala de lo Penal a renovar la valoración probatoria y sobreponerla a la hecha por el a quo, lo que está lejos de las potestades legales que otorga la ley procesal a este ad quem. Como consecuencia, al ser falto de la debida técnica recursiva el motivo planteado, ninguno de los argumentos tiene la propiedad para poder darles una respuesta de fondo. DECISIÓN. No ha lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley, en sus dos motivos, interpuesto por la defensa privada. No ha lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, en sus dos motivos, interpuesto por la defensa privada. De la procedencia de la aplicación retroactiva del CP decreto 130-2017. A. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos de retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir una pena de cinco a diez años de prisión). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado, disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrará en vigencia y cuándo es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento del juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución Política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas en su totalidad, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el CP Decreto 130-2017. Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo código sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibida la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando en la decisión judicial de la sentencia que se impugna, se aprecie un concurso real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme a las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse, primero conforme al límite objetivo ordinario o límite objetivo extraordinario, según corresponda, y después conforme al límite subjetivo. Sin embargo, uno no es preferente sobre el otro, por lo que se aplicará el límite que sea menor; b. La ponderación deberá realizarse, primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el CP-130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a. Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b. Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no, los 30 años (límite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (límite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años, la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años, se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas, en suma, sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y, aun así, en suma, sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja, de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Límite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Límite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Límite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán, cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. C. Escrito Complementario Conforme a la foliada judicial el Abogado Oscar López López, defensor privado del señor Miguel Ángel Espinoza López, presento en fecha 24 de marzo de 2021, solicitud invocando la aplicación de la retroactividad de la pena conforme a la nueva legislación (decreto 130-2017), por ser más favorable, estableciendo que su representado fue condenado por el delito de tráfico de drogas a la pena de quince (15) años de reclusión y una multa de un millón de Lempiras (L.1,000,000.00), penas que fueron impuestas por el CP 144-83 y que con la nueva legislación CP 130-2017, la pena abstracta sería de diez (10) a quince (15) años de prisión y en la debe aplicarse la pena mínima de Diez (10) años de prisión. Por su parte, el Abogado Salvador Cuestas Arévalo, Fiscal del Ministerio Público, emite pronunciamiento al escrito suplementario presentado por la defensa privada, estableciendo que en el presente caso, la condena impuesta al señor Miguel Ángel Espinoza López, al ser de quince (15) años de reclusión y multa de un millón de Lempiras, se encuentra entro del marco penal de la pena prevista en la nueva normativa es decir, prisión de diez (10) a quince (15) años y multa de 500 a 300 días, por lo que bajo estos parámetros no procede la aplicación de la retroactividad, al no considerarse la nueva normativa penal como más favorable al acusado. D. Ponderación en el caso concreto En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso al Señor Miguel Ángel Espinoza López, una pena principal de quince (15) años de reclusión y una multa de un millón de Lempiras (L. 1,000,000.00), por considerarlo responsable del delito de posesión para el tráfico ilícito de drogas (art.26 relacionado art.18 Ley sobre uso indebido y tráfico ilícito de drogas y sustancias psicotrópicas), más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo que dure la pena de reclusión, más la responsabilidad civil. La conducta reprochada al acusado Miguel Ángel Espinoza López, está prevista en el nuevo Código Penal decreto 130-2017, como delito de tráfico de droga en el artículo 311, cuya pena es: i. De 04 a 07 años de prisión y multa de 100 a 500 días, si se trata de drogas que no causan grave daño a la salud, los cuales son: los derivados del cáñamo índico o americano y los derivados del cannabis sativa índica o americana; o ii. De 07 a 10 años de prisión y multa de 100 a 500 días , si se trata de drogas que causen grave daño a la salud, siendo éstas las enumeradas en las listas de estupefacientes o preparados: I, II y IV (Lista de estupefacientes sometidos a fiscalización internacional o lista amarilla de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes; Nueva York, 31 de marzo de 1961 y su protocolo de modificación; y en las listas de sustancias psicotrópicas: I, II, III y IV (Lista de sustancias psicotrópicas sometidas a fiscalización internacional o lista verde del Convenio de Naciones Unidas sobre sustancias psicotrópicas del 21 de febrero de 1971. Las penas a imponer serán de 10 a 15 años de prisión y multa de 300 a 500 días, cuando la cantidad de droga sea de especial importancia (Art. 312.5 NCP), entendiéndose como tal: i. Diez mil (10.000) gramos de marihuana; ii. Mil (1000) gramos de hachís; iii. Dos mil (2000) gramos de cocaína; iv. Dos mil (2000) gramo de alcaloide derivado de la cocaína; v.- Sesenta (60) gramos de opio o de sus derivados; vi. Doscientos (200) gramos de droga sintética; o vii. Cuatrocientos (400) mililitros cuando la droga sintética se encuentre en solución. En el caso del señor Miguel Ángel Espinoza López, conforme los hechos probados, se encontraba custodiando el vehículo en el cual se encontraba droga, estableciendo tipo de droga (cocaína); por lo que la pena señalada para la conducta del acusado se castiga en el NCP (art.311) con la pena de 07 a 10 años de prisión y multa de 100 a 500 días, ya que se trata de droga que causa grave daño a la salud. Conforme a los artículos 31, 32 y 70 del Código Penal 130-2017, los hechos se realizaron sin la concurrencia de circunstancias atenuantes o agravantes, teniendo como información de las circunstancias personales del condenado Miguel Ángel Espinoza López, que es mayor de edad (54 años), casado, hondureño, tiene 6 hijos, es agricultor y residente en Santa Rosa de Copán, y atendiendo la gravedad del hecho, estableciéndose en los hechos probados que la droga era para la negociación, se fija la nueva pena de prisión de ocho (8) años y seis (6) meses y multa de trescientos (300) valorar cada día multa en L.147.6666, debiendo el condenado pagar a favor del estado de Honduras una multa de L. 44,299.98 de acuerdo al artículo 53 del NCP. En virtud de lo anterior, la Sala de lo Penal concluye que corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por representar un beneficio no solo en relación al quantum de la pena privativa de la libertad, sino también en relación a la pena de multa, conforme dispone el artículo 616 del nuevo Código Penal. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República; 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 360, 362, 363 y 369 del Código Procesal Penal; FALLA: 1) Declara NO HA LUGAR el Recurso de Casación por Infracción de Ley en sus dos motivos y por Quebrantamiento de Forma en sus dos motivos, interpuesto por el Abogado Oscar López López, defensor privado del señor Miguel Ángel Espinoza López. 2) Declara la PROCEDENCIA de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017, a la conducta reprochada al ahora condenado Miguel Ángel Espinoza López; en consecuencia, reforma los pronunciamientos segundo y tercero de la parte resolutiva de la sentencia en el siguiente término: Segundo: Que debemos condenar y condenamos al señor Miguel Ángel Espinoza López , de generales conocidas en el acumulado judicial, a las penas principales de ocho (8) años y seis (6) meses de prisión y multa de trescientos (300) días, a razón de L.147.6666 por día, que da un total de L. 44,299.98 . A la pena de prisión deberá deducirse el tiempo en que el condenado haya estado privado de su libertad cautelarmente por la misma causa criminal y deberá cumplirla de conformidad con el Código Penal 130-2017. Tercero: Que debemos condenar y condenamos al señor Miguel Ángel Espinoza López, a las penas accesorias de inhabilitación absoluta y suspensión de la ciudadanía por disposición constitucional (Artículo 41.2), por el tiempo señalado para el cumplimiento de la pena de prisión. 3) Se mantienen incólumes los demás pronunciamientos de la sentencia impugnada no afectados por el presente. Y MANDA: A efecto de que se acate lo resuelto, la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas en única instancia, deberá devolver los antecedentes del caso al tribunal de justicia de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento. NOTIFÍQUESE. Firmas y Sello. - Jose Olivio Rodriguez Vasquez. Magistrado Coordinador. Rafael Bustillo Romero. Magistrado. Alma Consuelo Guzman Garcia. Magistrada. - Firma y Sello. JOSE RAMON CRUZ FERRERA. SECRETARIO ACTUANTE. SALA DE LO PENAL”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecinueve días del mes de octubre del dos mil veintidós. Certificación de Sentencia dictada el treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, recaída en el expediente de casación con número de ingreso SP-577-2018.
JOSE RAMON CRUZ FERRERA
SECRETARIO ACTUANTE
SALA DE LO PENAL
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[1] VID Sentencia de Casación Penal SP 41-2010 dictada por la Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia en fecha 08 de marzo del 2012
[2] VID Sentencia de Casación Penal SP 41-2010 dictada por la Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia en fecha 08 de marzo del 2012