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Sentencia CP-571-18 — Registro 15545

Resumen

Se declara con lugar el recurso de casación interpuesto por el Ministerio Público, contra la sentencia que absuelve al acusado por el delito de Tala y Descombro de Terreno Forestal y Usurpación de Derecho Real de Aguas en su Grado de Ejecución de Tentativa

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."El recurso es de recibo. La Sala de lo Penal ha señalado que en casación, como única instancia, solo puede hacer un análisis y en su caso censura, del proceso intelectivo de la sentencia cuando ésta contenga razonamientos que riñan con las reglas de la sana crítica; debe entenderse entonces que el foco de estudio no es la prueba, no es lo que dejó de acreditar o acreditaron los medios probatorios (valoraciones de instancia), sino ese razonamiento plasmado por los jueces y los cuales les llevaron a construir los hechos declarados probados. La exactitud en la confección del recurso de casación por quebrantamiento de forma, tratándose de violaciones a las reglas de la sana crítica debe ser alta: se requiere de la identificación del razonamiento judicial, la identificación de la regla de la sana crítica que se considere violentada, la explicación del porqué el razonamiento judicial contiene un vicio de inobservancia o de mala aplicación de la regla de la sana crítica y finalmente, la explicación del porqué dicha violación tiene una repercusión negativa en la decisión adoptada por el tribunal; es un trabajo técnico, bastante preciso, pues a cada razonamiento judicial debe hacerse el examen sobre su propiedad.- La exigencia técnica del recurso se eleva aún más cuando la regla de la sana crítica que se alega como inobservada es la de derivación por falta de razón suficiente dado que adiciona la tarea de identificar el silogismo judicial que considera indebidamente construido e identificar en éste la premisa mayor, la premisa menor y luego, lo más importante, demostrar que la inferencia realizada (deductiva, inductiva, analógica a pari o analógica a fortiori) es incorrecta (por una de las razones señaladas ut supra) y que por ello la conclusión que se dice necesaria en realidad no lo es; tarea que no termina allí pues además debe explicar por qué tal conclusión malograda es relevante para la decisión final y por ello dicha decisión fue indebidamente adoptada. En el presente caso el Ministerio Público presento como pruebas de cargo las declaraciones testificales del señor Juan Carlos Urrutia, quién entre otras cosas manifestó: “Vengo a pedir justicia por el delito que él cometió de cortar los árboles para la brecha a la represa que el construyó, él nos confesó que él lo había hecho porque el terreno era de él, él nos confiesa en la reunión que como es de él la propiedad, podía hacer lo que le diera la gana con ella”, a preguntas de las partes estableció que: “Participo en la denuncia por los cortes de árboles para construir la brecha, el lugar se llama montaña de Corralitos, llamada también como montaña de Vásquez, altura de 1800 metros a nivel del mar,…él corto los árboles, construyo esa represa donde esta el causal de la quebrada, el corte de madrea no nos afecta quizás si no que nos iba a desviar el agua, nosotros denunciamos y él paró el proyecto que él tenía en mente..”. Igualmente, compareció el señor Terencio Raudales Urquía, quién estableció, entre otras cosas: “ El señor Santos Abraham quiso realizar un proyecto de agua donde esta la comunidad de él, se hace una deforestación alrededor de la fuente de agua y construyó una represa”, a preguntas de las partes, manifestó: “ la deforestación la hace en la montaña Vásquez, fue en agosto de 2009, …vimos los daños que se realizaron en la cuenca, para verificar si se estaba construyendo el proyecto, en la inspección observamos la corta de árboles, los materiales que se halaban en la construcción…”. Con las declaraciones testificales propuesta por la parte de la defensa, el señor José Santos Inocente Díaz Gálvez, entre otras cosas estableció: “Lo que tengo entendido es por una represa que nosotros construimos en la montaña Vásquez, propiedad del señor Abraham, para traer agua que necesitamos al lugar de monte redondo”, a preguntas de las partes, estableció: “la represa es un tanquecito de 1.50 mts, solo para captar un poquito de agua,… esperamos que no fuéramos a tener ninguna consecuencia porque era una propiedad privada, … nosotros estábamos ayudando a i primo a traer agua, en monte redondo hay servicio de agua potable, pero es difícil conseguir un pegue de agua, cobran bastante dinero, se maneja un monopolio ahí. Hicimos una retención más o menos como de 105 metros apara detener el agua y bajar un tubo de 2 pulgadas, no fue algo esa retención, no la seguimos y se quedó así porque vinieron las autoridades”. Por su parte el señor Efraín Maradiaga, estableció en su deposición: “Primeramente nosotros teníamos necesidad del agua y debido a eso tuvimos que acudir a construir una pilita, no es una laguna, es un trabajo pequeño que incluso se quedó a medio palo por la oposición del caserío del Ocotal, es el mismo con monte redondo, es una misma área, la construcción quedo parado, a mi me castigó el pueblo porque me dejo seco varias veces. Debido a eso, a nosotros se nos vino a la mente y que la única solución que tenemos nosotros es acudir a la montaña hacer la pila y traer un poquito de agua que necesitábamos para las casas, pero enseguida ya miramos la oposición del Caserío El Ocotal, porque ellos incluso ellos están aquí y ahí hay pilas de peces, tienen irrigación y tiene el agua para sus casas, mientras que el señor Santos Abraham él sigue seco”. Con la copia cotejada del Testimonio de Escritura Pública (F45), de fecha 10 de junio de 1982, compra venta otorgada por el señor Armindo Menoli Maltempo en representación de Angelo Sansone Tenci, a favor de Santos Abraham García, a quién le vendió un inmueble consistente en 20 manzanas de terreno que forman parte de otra de mayor extensión en el terreno llamado “Montaña de Vásquez”, ubicado en la jurisdicción del Distrito Central por el precio convenido de dos mil Lempiras. Acta de comparecencia (F218), con fecha 08 de marzo 2010, en la que se hace constar que, ante la Fiscalía especial de Protección al Consumidor y Tercera Edad del Ministerio Público, en la que comparecieron el presidente del Patronato Pro-Mejoramiento Monte Redondo, señor Beyran Salvador Aguilar Ordoñez, como parte denunciada y la señora Dominga López Castro, esposa del señor Santos Abraham García, Irma Valle, Angelica Marina, como parte ofendidas. En este primer aparatado el Tribunal de Sentencia, valoro estos medios de prueba de la siguiente manera: “De las declaraciones de cargo como descargo, así como el acta de comparecencia, es posible advertir que las mismas no han sido controversiales, unidas unas con otras validadas por la declaración del imputado han merecido, por ende, credibilidad y valor probatorio. Para el caso, de la declaración de Juan Carlos Urquía raudales, miembro del patronato de la comunidad de El Ocotal, se establece: 1.- Que el señor Santos Abraham García tiene una propiedad en la montaña de Vásquez, lo cual es confirmado con la fotocopia de escritura pública de compra venta cotejada y aportada en juicio, documento que, por ser un instrumento público, ha merecido credibilidad y valor toda vez que la misma tampoco fue objeto de controversia, así como tampoco el hecho de que el imputado es dueño del inmueble donde se encontró una edificación. 2.- Que en dicha propiedad el acusado Santos Abraham García emprendió, en el año 2009, la construcción de una pequeña represa para lo cual se descombraron varios árboles de os alrededores, pero que dicha represa no se llegó culminar ni entro en funcionamiento. La realización de la pequeña construcción también es abordada por el acusado como por los testigos de descargo, quienes incluso manifestaron haber tenido participación en dicha construcción con el fin de beneficiarse también del agua. Independientemente de que el acusado y sus testigos le llamen pila o represa, lo cierto es que la finalidad de dicha construcción no cambia, y que no era otra mas que beneficiarse del agua para llevarla a sus domicilios en la comunidad de Monte redondo. Respecto al descombro de árboles, se establece por parte del testigo de cargo Juan Carlos Urquía que a ellos no les afectaba tanto el descombro sino el daño que se iba a producir al sustraerse el agua a su comunidad. Por su parte, el imputado y sus testigos de descargo aducen que los materiales de construcción fueron llevados en vestía y uno de los testigos de descargo manifiesta que lo que hizo fue una brecha para llevar dichos materiales. 3.-Que al ser entrevistado el señor Santos Abraham García, los testigos de cargo declaran que éste les manifestó que el motivo para realizar dicha represa fue con el fin de llevar agua de la quebrada San Pedro hacia su casa en Monte Redondo, ya que personas de esta comunidad de Monte Redondo le había negado a su familia el agua potable, y que lo que él había hecho, lo había realizado dentro del terreno de su propiedad. Esta postura es apoyada por el acusado y los dos testigos de cargo, poniendo de manifiesto la precaria situación de ellos de no tener agua ya por varios años, todo porque a raíz de desavenencias con algunas personas de la comunidad relacionadas con un terreno, se les quito el vital líquido. Este problema es confirmado además por el acta de comparecencia de cuyo contenido se colige que aún en el año 2010, casi seis meses después de los hechos que originaron la presente causa, todavía garantizarle ese servicio ordenándole a las personas del patronato y de la junta de agua la restauración del servicio de agua tanto de la familia del imputado como a las otras personas perjudicadas. Ante ello, el testigo Juan Carlos Urquía lejos de comprender la situación del acusado y su familia, admite haberle manifestado al acusado que ese no era problema de ellos (de los denunciantes), con lo cual es posible advertir un ejemplo de falta de empatía para un vecino que está en precaria situación sin el vital líquido de agua. 4.-Que producto de lo mencionado, los testigos como representantes de su comunidad interpusieron denuncia ante las autoridades y que ello motivó a la paralización del proyecto, hecho que también es recogido por el acusado y los testigos de descargo y confirmado por los documentos e inspecciones técnicas aportadas al juicio. En relación con el testigo Terencio raudales Urquía, este se centra mas que nada es establecer la existencia de la construcción de la represa y coincide con el otro testigo de cargo, que la misma estaba en la propiedad del acusado y de la cual hasta ancianos de la misma comunidad referían que le pertenecía a él. Al analizar estos puntos, y contrastarlos con los argumentos de cada parte procesal, se evidencia que no existe controversia alguna respecto a la existencia de la construcción realizada por el acusado en la rivera de la quebrada San Pedro y tampoco hay controversia, ni fueron desvirtuados los motivos que el acusado y sus familiares tuvieron para la construcción de lo que iba a ser una represa que permitiera llevar agua a sus domicilios. En un segundo apartado se evacuaron como medios probatorios: 1) Informe técnico de inspección, con mapa y fotografías ilustrativas de la zona afectada, emitido por personal de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, ratificado por José Mario Carbajal Flores: En dicho informe se realizó inspección de campo el martes 6 de octubre 2009 en la zona de denuncia yen la que en sus conclusiones, establece que se realizó la construcción de la represa sin contar con ningún permiso por parte de la Dirección General de Recursos Hídricos. Aguas debajo de esta represa se encuentra la represa de la comunidad de El Ocotal que se vería afectada en su suministro de agua. 2) Con el Informe técnico con ilustraciones fotografías emitido por el personal del Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (F 203), ratificado por Marlenia Acosta Munguía, en donde se estableció: Se realizó en fecha 13 de octubre de 2009, en atención a la denuncia interpuesta, dentro de sus antecedentes se establece que según decreto 87-87, en la que se hizo la declaratoria de 37 bosques nublados como reservas, en el artículo 3 se declara a Corralitos como refugio de vida silvestre a perpetuidad y en el artículo 7 se hace referencia a la creación de una zona de amortiguamiento cuyo ancho no será menor de 2 Kms. A partir del anillo inferior de la zona protegida y en cuya zona se prohíbe la caería, ganadería extensiva, quemas, descombros forestales, minería, pesca, construcción de viviendas y carreteras. Entre las observaciones se consignó lo siguiente: El corte de árboles se localiza en la vereda que conduce hacia la quebrada San Pedro en la montaña de Vásquez dentro de la zona de amortiguamiento del refugio de vida silvestre Corralitos. La cantidad de árboles cortados observados en la zona fueron 195: 162 de cms de diámetro y 33 de diámetro mayor de 5 pulgadas de las especies de pino, liquidámbar, casco de mula. Se confirmó la construcción de una represa en la quebrada San Pedro, localizado en la zona de amortiguamiento. La represa está siendo construida en la parte alta de la represa de la comunidad de El Ocotal. La reconstrucción de la represa por parte del señor García, afectará directamente el causal de la quebrada San Pedro provocando una disminución del mismo, lo cual ocasionará un impacto negativo para los pobladores de El Ocotal que se abastecen del vital líquido. 3) El Dictamen número UTA_FEMA 158-09 (F33), realizado por el señor Fausto Francisco Ramírez Romero, con oficio en dasonomía, trabaja en la Fiscalía del Medio Ambiente, estableciendo en sus conclusiones en la inspección en el lugar denunciado: Si existe tala, pero no con fines comerciales. No se encontró a ninguna persona cortando. El sitio dañado está dentro del área protegida refugio de vida silvestre montaña Corralitos, según numeral 2 del decreto 87-87.  Se esta represando el agua de la quebrada San Pedro en la montaña Vásquez. El sitio afectado es propiedad una parte de Santos Abraham García y otra parte de otra persona. Se contabilizaron 168 árboles y arbustos de diferentes dimensiones. Todos los árboles y arbustos cortados se hicieron sobre un camino de herradura que recientemente fue mejorado y que supuestamente fue utilizado para el transporte de materiales para la construcción de la represa antes mencionada. 4) Con la Constancia emitida por la Secretaria General, Abogada Mariel Muñoz, del Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF) de fecha 26 de agosto de 2015, en la que se establece: Que el predio ubicado bajo las coordenadas (X: 465984 y Y: 1584102) se encuentra dentro de la zona de amortiguamiento de refugio de vida silvestre “Corralitos”. A estos medios de prueba, el Tribual de Sentencia los valoro, estableciendo: “Los dictámenes y las constancias de la Secretaria general del Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF) antes relacionados recogen aspectos técnicos partiendo de las inspecciones que respectivamente realizaron las autoridades y que concluyen que en efecto si existe una edificación no culminada en el cauce de la quebrada San Pedro, cuyo objetivo era desviar caudal hacia otro sitio, lo cual concuerda con lo expresado por los testigos y admitido por el acusado y sus testigos. También recoge en dichos dictámenes que el sitio, cuyas coordenadas ahí se mencionan, es zona protegida, dado que esta dentro de una zona de amortiguamiento, en la subzona de conservación y protección forestal, lugar donde se confirmó había varios árboles cortados de diferentes especies que, aunque no se tiene data de su corte, si se estableció que era de fecha reciente, y cuyo objetivo era la de proporcionar una brecha a través de la cual llevar materiales a la edificación. Todos los dictámenes anteriores han resultado creíbles y con valor probatorio dado que las inspecciones observaciones y conclusiones fueron realizados por personas técnicas expertas en la materia. Cabe destacar que en el informe emitido por la señora Marlenia Acosta Munguía, se establece que como parte de sus investigaciones pudo recoger la versión del Vicepresidente de Patronato de Monte Redondo, que corrobora la declaración brindada por el acusado y todos los testigos, pues se establece que en efecto el acusado se le quitó el servicio de agua, hecho que evidentemente afectó el goce de un derecho fundamental como lo es a la salud, dado que el servicio de agua es básico para conservar condiciones de higiene y salubridad en las personas e indispensable para su alimentación”. Esta Sala de Casación luego de analizar los reclamos de la censora y de efectuar una revisión exhaustiva de los juicios de valor externados por el juzgador sobre la prueba evacuada en el juicio, concluye que en efecto existe quebranto a la regla de la lógica de la derivación integrado por el principio de razón suficiente, en su característica de suficiencia, sobre todo al momento de razonar la prueba en su totalidad, pues tomando las premisas de los testigos,  las pruebas periciales y documentales  existe en conclusión un absoluto divorcio en la errónea derivación, en la que le da credibilidad a la prueba y concluye con una sentencia absolutoria, en este sentido debe tenerse presente que la sentencia se construye a partir de múltiples silogismos encadenados que constituyen el razonamiento judicial y que cada silogismo debe tener la cualidad de  ser categórico, compuestos por premisas de las que se deriva una conclusión, teniendo precisamente a aquellas premisas como la razón suficiente para derivar la conclusión. por tanto, es procedente declarar ha lugar el recurso de casación, ordenar la nulidad de la sentencia y del juicio, decretando la celebración de uno nuevo, con togados diferentes al juicio anulado..."

Legislación citada

Sentencia

Certificación

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA la sentencia, que literalmente dice: “Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta un día del mes marzo del año dos mil veintidós, el Pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados José Olivio Rodríguez Vásquez, en su calidad de Coordinador, Rafael Bustillo Romero y Alma Consuelo Guzmán García, pronuncian En nombre del Estado de Honduras La siguiente sentencia en el Recurso de Casación SP 571-2018 por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha catorce de junio del año dos mil dieciocho, dictada por el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional, mediante la cual falló: Primero: Absolvió al señor Santos Abraham García Irías, del delito de Tala y Descombro de Terreno Forestal y Usurpación de Derecho Real de Aguas en su Grado de Ejecución de Tentativa, en perjuicio de El Estado de Honduras y sus Recurso Naturales.- Segundo: No procedió condenar en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio al Ministerio Público y la Procuraduría General de la República.- Tercero: No procedió decretar el comiso.- Cuarto: Se ordenó que se extendiera la carta de libertad definitiva a favor del señor Santos Abraham García Irías.- Quinto: No procedió declara la responsabilidad civil del señor Santos Abraham García Irías.- Sexto: Se ordenó la destrucción de la empresa o pila construida en el inmueble de Santos Abraham García Irías, en la Montaña Vásquez, que fue objeto de este juicio y que se ubica en las coordenadas X: 465984 Y:1584102 y Z:1777, lo cual quedará bajo la verificación del juez de ejecución correspondiente. SON PARTES: La Abogada Diana Elizabeth Rodríguez Corea, en su condición de fiscal del Ministerio Público, como parte recurrente y los Abogados Mario Reiniery Amador Espinal y Alba Regina Paniagua Pacheco, en su condición de defensores públicos del señor Santos Abraham García Irías, como parte recurrida. HECHOS PROBADOS “Valorando las pruebas practicadas en el acto del juicio oral, de acuerdo a los criterios de la sana crítica, este tribunal declara expresa y terminantemente probados los hechos siguientes: PRIMERO: El señor Santos Abraham García y su familia reside en la comunidad de Monte Redondo y ante la imposibilidad de no tener agua en el año del 2009, con ayuda de unos familiares construyeron una represa de 2.54 metros .180 de ancho interno, 1.28 alto externo y de 1.10 metros de alto interno, con extremos en los lados y un espesor de .33 metros el cual tenía una conexión de tubería HG y de 4 pulgadas. SEGUNDO: Esa represa la realizó en el 2009 en un lugar con las coordenadas X: 465984 Y: 1584102 y Z:1777 ubicados sobre una vertiente de la quebrada de San Pedro, en el lugar denominado montaña de Vásquez, que constituye la zona de amortiguamiento de área protegida refugio de vida silvestre montaña de Corralitos, la cual realizó el imputado al considerar que al estar dentro de su propiedad, no necesitaba hacer tramites estatales y con la finalidad de llevar agua a su hogar y al de su familia, razón por la cual cortó más o menos 109 troncones de aproximadamente 5 cm de diámetro, de árboles de diferentes variedades, a lo largo de un camino que está al llegar al sitio de la construcción para acarrear materiales para la construcción antes referida, el cual no llegó a culminar el mismo debido a la oposición que hizo el patronato de la comunidad del Ocotal ante las diferentes autoridades, al considerarse afectados en el suministro de agua de la misma vertiente, a aproximadamente 15 km más debajo de la referida represa.” RECURSO DE CASACION, MOTIVOS Y ARGUMENTOS La recurrente Abogada Diana Elizabeth Rodríguez, procedió a formalizar su Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, de la manera siguiente: “EXPOSICIÓN DEL MOTIVO DE CASACIÓN MOTIVO ÚNICO: "No haber observado el sentenciador, en la valoración de la prueba, las reglas de la Sana Crítica" PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 362 numeral 3, del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO. El precepto penal adjetivo que se invoca como infringido prescribe: "Artículo 202. Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica. El órgano jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida". En relación con el párrafo primero del artículo 336 del CPP. El fallo que hoy se cuestiona por esta vía impugnativa, contiene un vicio grave que atenta contra las reglas de la Sana Crítica a observarse en la valoración de la prueba, y que se convierte en consecuencia, en la violación de los Artículos mencionados, por cuanto la conclusión dispositiva del A-quo en cuanto a la absolución por los delitos de TALA Y DESCOMBRO DE TERRENO FORESTAL Y USURPACION DE DERECHO REAL O DE AGUAS EN SU GRADO DE EJECUCION DE TENTATIVA, evidentemente infringe la regla lógica de derivación en su postulado de razón suficiente, De este se extrae que el Principio de Razón Suficiente, por el cual el iter lógico seguido en la valoración de las pruebas debe sustentarse en inferencias razonables y de la sucesión de conclusiones que por ellas se vayan formando. Exige que el razonamiento deba derivar de elementos auténticos y suficientes para producir razonablemente un convencimiento cierto del suceso que se juzga. ya que su decisión carece de sustento proveniente del contenido de la probanza evacuada en el juicio; lo cual se hace manifiesto al momento de apreciar la prueba de forma armónica y conjunta, en el cual después del análisis practicado a las mismas, no extrajo las conclusiones que éstas le ofrecen, produciendo consecuentemente una valoración fáctica alejada del sistema del recto entendimiento humano, al estimar que no se acreditó la tesis de la acusación de del ente acusador y establece en su valoración: "Que con las declaraciones testificales así como de la propia declaración de imputado, efectivamente obra en error de prohibición…. estima el tribunal que las regulaciones forestales son excepcionales y que el imputado como persona de escasos recursos y habitante de la zona rural, no estaba en posición de conocer, antes bien, considero que estaba realizando algo que estaba dentro de su derecho de hacer y por tanto carecía de ese ánimo o voluntad de transgredir la ley y al cortar árboles a inmediaciones de la represa que estaba construyendo.” Refiere el Tribunal que en efecto está claro que el imputado tuvo el conocimiento y voluntad de modificar el cauce del agua para su beneficio. Al respecto de ello este Tribunal entiende que toda persona humana requiere de agua para poder gozar del derecho fundamental a la salud y que tal como lo expuso en su informe técnico el señor JOSE MARIO CARBAJAL que la prioridad para el otorgamiento de permisos es para el consumo humano. De ahí que ese derecho a la salud consagrado constitucionalmente no obliga a sacrificar esta necesidad frente a la protección forestal, sino que se regula debidamente a través de los diversos procedimientos administrativos.” De esta apreciación que hace el Tribunal se centra nuestro reproche recursivo, pues estimamos que la probanza allegada al juicio resultó ser suficiente y contundente para establecer la concurrencia de los delitos de TALA Y DESCOMBRO DE TERRENO FORESTAL Y USURPACION DE DERECHO REAL O DE AGUAS EN SU GRADO DE EJECUCION DE TENTATIVA, así como la autoría del procesado en el referido tipo penal. En el presente proceso, con la finalidad de acreditar los hechos objeto de juzgamiento, se evacuó durante la Audiencia de Juicio oral y público, entre otras, la prueba de cargo que se describe a continuación: PRUEBA TESTIFICAL: 1. Declaración de JUAN CARLOS URRUTIA: Quien manifestó vengo a pedir justicia por el delito que el cometió de cortar los árboles para la brecha a la represa que el construyo, él nos confesó que él lo había hecho porque el terreno era de él, y nos confiesa en la reunión que como es de él la propiedad, podía hacer lo que le diera la gana con ella... el corto los árboles y construyo esa represa donde está el caudal de la quebrada, nosotros denunciamos y el paro el proyecto que él tenía en mente y hay una distancia de la represa a la comunidad de 15 a 20 kilómetros. 2. DECLARACION DE TERENCIO RAUDALES URQUIA: Quien manifestó que el señor ABRAHAM quiso realizar un proyecto de agua donde está la comunidad de él, se hace una deforestación alrededor de la fuente de agua y construyo una represa… se realizaron inspecciones y se observó la corta de los árboles, los materiales que se halaban a la construcción... la forma de la represa es una toma de agua, la forma es cuadrada. PRUEBA DOCUMENTAL FOTOCOPIA COTEJADA DE TESTIMONIO DE ESCRITURA PÚBLICA De fecha 10 de junio de 1982 de compra venta otorgada por el señor ARMINDO MENOLI MALTEMPO en representación de ANGELO SANSONE TENCI a favor de SANTOS ABRAHAN GARCIA IRIAS, a quien le vendió un terreno que forma parte de otra mayor extensión en el terreno llamado montaña de Vásquez ubicado en la jurisdicción del Distrito Central. PRUEBA PERICIAL INFORME TÉCNICO DE INSPECCIÓN CON MAPA Y FOTOGRAFIAS ilustrativas de la zona afectada el cual fue emitido por la Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente, Dirección General de Recursos Hídricos y fue ratificado por JOSE MARIO CARBAJAL FLORES. Se establece que se realizó una inspección de campo en la zona denunciada y se hace la señalización y ubicación de la represa a inmediaciones de la montaña de Corralitos... en las conclusiones se establece: que se realizó la construcción de la represa sin contar con ningún permiso por parte de la Dirección General de Recursos Hídricos, aguas de debajo de esta represa se encuentra la represa de la comunidad del Ocotal que se vería afectada en su suministro de agua...estaba estructurada de concreto tenía dos tubos de salida uno de 4 otro de 3 no estaban conectados a ninguna tubería. INFORME TECNICO CON ILUSTRACIONES FOTOGRAFIAS EMITIDO POR EL INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACION Y DESARROLLO FORESTAL, AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE, ratificado por MARLENI ACOSTA MUNGUIA En dicho documento se estableció que se realizó una inspección de campo para constatar la denuncia de corte ilegal de aproximadamente 300 árboles en el refugio de vida silvestre Corralitos, la denuncia era interpuesta contra SANTOS ABRAHAN GARCIA. Según se estableció el propósito del corte de árboles realizado por el señor García según lo señalan los miembros del patronato del Ocotal fue ampliar la vereda que conduce hacia la quebrada San Pedro con el fin de transportar el material necesario para la conservación de una represa para el abastecimiento de agua particular del señor García. En las oficinas del Instituto Nacional de Producción y Conservación forestal áreas protegidas y vida silvestre no existe ninguna solicitud de permiso de corte de árboles registrada a nombre de SANTOS ABRAHAM GARCIA. La cantidad de árboles cortados observados en la zona fueron 195; 162 de cm de diámetro y 33 de diámetro mayor a 5 pulgadas de la especie de pino, liquidámbar casco de mula. Se confirmo la construcción de una represa en la quebrada San Pedro localizado en la zona de amortiguamiento limítrofe con la zona núcleo del RVS Corralitos…. La represa está siendo construida en la parte alta de la represa de la comunidad del Ocotal y una vez finalizada su construcción el abastecimiento de agua será particular para el señor GARCIA y para cerca de 30 personas que están colaborando en la construcción de la represa. La construcción de la represa por parte del sr, García afectara directamente el caudal de la quebrada San Pedro provocando una disminución del mismo lo cual ocasionara un impacto negativo para los pobladores del Ocotal que se abastecen del vital líquido. Refiere la perito que Corralitos se declaró como refugio en el año 1987, como área protegida y es una zona de amortiguamiento y se determina la zona núcleo de 1800 metros sobre el nivel del mar… en la zona se prohíbe el descombro, cacería, mimería, el área protegida no tiene plan de manejo. DICTAMEN NUMERO UTA-FEMA 158-09 realizado por el Dasonomo FAUSTO FRANCISCO RAMIREZ, el cual fue ratificado y en el cual señala lo siguiente. *Si existe tala, pero no con fines comerciales. *No se encontró a ninguna persona cortando. *El sitio dañado está dentro del área protegida Refugio de Vida Silvestre Montaña Corralitos, según numeral e del decreto 87-87. *Se está represando el agua de la quebrada San Pedro en la montaña Vásquez. *Se contabilizaron 168 árboles y arbustos de diferentes dimensiones y especies. *Todos los árboles y arbustos cortados se hicieron sobre un camino de herradura que recientemente fue mejorado y que fue utilizado para el transporte de materiales para la construcción de la represa. CONSTANCIA EMITIDA POR LA SECRETARIA GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACION Y DESARROLLO FORESTAL, AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE (ICF). La cual fue emitida por la abogada GUDIT MARIEL MUÑOZ, el cual hace constar que el predio se encuentra dentro de la zona de amortiguamiento del refugio vida silvestre "Corralitos", específicamente en la sub zona de conservación y protección forestal. Al valorar la prueba supra descrita, el sentenciador le otorgo credibilidad y con valor probatorio dado que las inspecciones, observaciones y conclusiones fueron realizadas por personas técnicas expertas en la materia. Debemos señalar, que las anteriores apreciaciones por parte del Tribunal constituyen una infracción a la regla lógica de la derivación integrado por el Principio de Razón Suficiente, en su característica de suficiencia, el cual como sabemos debe estar constituido por inferencias que se desprenden de pruebas allegadas al debate en legal y debida forma así como las conclusiones razonables deducidas de las pruebas y la sucesión de estas que se valla determinando, Principio que se encuentra vulnerado al establecer el juzgador como conclusión que no se extrae de las pruebas aportadas, que el encausado SANTOS ABRAHAM GARCIA actuó bajo una causal de justificación de acuerdo al artículo 22 del Código Penal por falta de dolo. Apreciación que el ente acusador no comparte en vista que la prueba de cargo presentada en juicio ha sido clara para establecer la responsabilidad del acusado en estos hechos, pues como se deriva de la misma el encausado SANTOS ABRAHAM GARCIA, no puede alegar desconocimiento de la ley, pues existían otros mecanismos para que el pudiera obtener el vital líquido del agua, sin que su accionar afectara a una comunidad. De ahí que si el sentenciador hubiese realizado una valoración conjunta de los medios de prueba incorporados por el ente acusador, la conclusión del presente proceso sería una sentencia condenatoria en contra de SANTOS ABRAHAM GARCIA, dado que todos estos elementos constituyen prueba que dan la certeza a simple vista que el encausado es responsable a título de autor de estos hechos por el cual fue llevado a juicio, conclusión a la que se arriba si se valora la prueba de manera conjunta y armónica, siendo evidente que el juzgador con el fallo ahora censurado incumplió lo expresado por la Honorable Sala de lo Penal, quien ha establecido lo siguiente: "En este sentido, la verificación de la existencia de prueba de cargo suficiente, requiere una triple comprobación. En primer lugar, que el tribunal de instancia haya apoyado su relato fáctico, en pruebas relativas a la existencia del hecho y a la participación del acusado en él. En segundo lugar, que las pruebas sean válidas, es decir, que hayan sido obtenidas e incorporadas al juicio oral con respeto a los derechos fundamentales y con arreglo a las normas que regulan su práctica, y en tercer lugar, que la valoración realizada para llegar a las conclusiones fácticas que son la base de la condena, teniendo en cuenta el contenido probatorio de la prueba de cargo disponible, no se aparte de las reglas de la lógica, de las máximas de la experiencia y de los conocimientos científicos cuando se haya acudido a ellos y que no es, por tanto, irracional, inconsistente o manifiestamente errónea". Ver sentencia No 177-08 de fecha 16/11/2009. En consecuencia, en este orden de ideas, el Ministerio Público no logra extraer la razón por la cual el sentenciador aprecia que el acusado en estos hechos actuó sin dolo al construir una represa sin los permisos correspondientes para ello y en un lugar de amortiguamiento, reserva forestal y en la cuenca de una vertiente que abastece a una comunidad de más de 200 personas. En este caso en particular no hay ninguna razón para lo cual no haya podido realizar trámites de permisos para el uso del agua, pues el mismo se encuentra en una zona protegida y dependerá del propósito para lo cual lo solicitara. Por ende, con el proceso intelectivo de valoración del material probatorio de cargo, se vulneró, como antes se expuso, las reglas de la Sana Crítica que debió observar el juzgador al momento de valorar la prueba antes señalada, infringiendo el postulado de la Derivación integrado por el principio de Razón Suficiente, en su característica de suficiencia. Por lo anteriormente expuesto, solicitamos se declare procedente el presente motivo, anulando el fallo recurrido, ordenando la devolución de los antecedentes al respectivo Tribunal de Sentencia, para que el trámite de que se trate sea substanciado de conformidad con la ley. Por haberse producido el vicio in procedendo denunciado en el presente motivo, en el acto mismo de sentenciar, no ha podido efectuarse reclamación alguna para la subsanación del mismo.” FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Establece el artículo 362 del Código Procesal Penal que el recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de algunos de los vicios siguientes: 1. Que falte la declaración de los hechos que el tribunal estime aprobados, que tal declaración no sea clara y terminante o que sea contradictoria. 2. Que se base en medios o elementos probatorios no incorporados legalmente al juicio o incorporados por su lectura en violación de las normas contenidas en el Título IV del Libro Segundo de este Código o excluya o deje de considerar alguna prueba de valor decisivo. 3. Que carezca de motivaciones fácticas o jurídicas, que dichas motivaciones sean insuficientes o contradictorias o sí en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica; 4. Que en la parte resolutiva se omitan elementos esenciales, tales como la individualización precisa del imputado, la resolución de todas las cuestiones debatidas y la determinación exacta de la pena en caso de condena; 5. La inobservancia de las reglas establecidas en el presente Código para la realización del juicio oral y público; 6. La incongruencia entre la sentencia y las pretensiones de las partes según el artículo 337; 7. Que falte la firma de alguno de los miembros del Tribunal de Sentencia salvo los casos previstos en el artículo 145. Es así como la ley procesal vigente, refleja que el proceso penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivado del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. Si no se cumple con los requisitos establecidos por la ley procesal y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo. El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley. Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Interpuesto por el Ministerio Público. Único Motivo. Norma autorizante: Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. Norma sustantiva que se denuncia infringida: Artículo 202 del Código Procesal Penal. Concepto de la infracción: Violación de la Sana critica en la valoración de la prueba. Reclamación Ex Ante: Se produce en el acto mismo de sentenciar. Pretensión: que se declare ha lugar anulando el fallo recurrido. Establece la recurrente que el sentenciador vulnero las reglas de la sana crítica al momento de valorar las pruebas específicamente el postulado de derivación integrado por el principio de razón suficiente, en su característica de suficiencia, ya que el Ministerio Público no logra extraer la razón por la cual el sentenciador aprecia que el acusado en estos hechos actuó sin dolo al construir una represa sin los permisos correspondientes para ello y en un lugar de amortiguamiento, reserva forestal y en la cuenca de una vertiente que abastece a una comunidad de más de 200 personas. En este caso particular no hay ninguna razón para lo cual no haya podido realizar trámites de permisos para el uso del agua, pues el mismo se encuentra en una zona protegida y dependerá del propósito para lo cual lo solicitara. De las Reglas de la Sana Crítica. El Código Procesal Penal da exclusiva competencia a los Jueces de Sentencia para la estimación valorativa de las pruebas y las conclusiones fácticas que de ellas extraigan, siendo ello inatacable por la vía recursiva casacional, siendo solamente controlable el proceso seguido por los jueces para la construcción de tales conclusiones. El artículo 362 No. 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes… 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica.”. Esta Sala de lo Penal ha considerado que: “… La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva…”. (Fallos de fecha 30 de noviembre del 2001, en el Exp. 194-2009 y de fecha 30 de noviembre del 2011, en el Exp. 297-09; también en ese sentido el fallo de fecha 20 de octubre del 2011, contenido en el Exp. 360-09 y de fecha 05 de abril del 2011, del Exp. 385-09, todos de la Sala de lo Penal). Valoración de la Prueba. En el apartado de la valoración intelectiva el juzgador debe valorar la prueba, conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la Prueba: Íntima Convicción (Propio del Sistema de Juzgamiento por Jurados), Prueba Legal o Tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe de darle el Juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias) y la Sana Crítica, es este último el que debe observar el juzgador penal hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. En el sistema de la Sana Crítica en la valoración de la prueba, existe plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones guarden una necesaria relación con las premisas que le sustentan, las cuales son a su vez construidas como fruto razonado de las pruebas. En este sistema, el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia de convicción de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común; De este modo “… las reglas de la sana crítica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza…” (Fallo Sala Penal de fecha 20 de octubre del 2011, en el Exp 88-09). La sana critica como sistema de valoración de la prueba se asienta en tres pilares fundamentales: 1) REGLAS DE LA EXPERIENCIA COMÚN O MÁXIMAS DE LA EXPERIENCIA. Se refieren a juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el juzgador, relevados de demostración probatoria por adquirirse a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por este hecho son compartidas con las demás personas, aun cuando no formen parte de su mismo grupo social. Nos referimos a fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión o hechos de la cultura común, siendo el antónimo de éstos los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realiza solo un grupo determinado de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior, el conocimiento privado del juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. El juzgador deberá analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común, entre otros: • Cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca del hecho. • Cuando cite como común un hecho que no lo sea, por no ser aprehensibles de manera espontánea por el profano, sino que solo mediante experiencias extraordinarias o mediante estudios especializados; o • Cuando afirme como común un hecho que exija demostración probatoria. Las reglas de la experiencia común se basan en la probabilidad, es decir, al momento en que el juzgador valora un hecho, considerará el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos por qué lo considera así. 2) LAS REGLAS DE LA PSICOLOGÍA. Están referidas, no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento empírico adquirido del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquél. Las Reglas de la Psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo en relación al grupo social, se requiere que el juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la Experiencia Común, las reglas de la Psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado; y 3) LAS REGLAS DE LA LÓGICA. La Lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatoria para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. La lógica aplicable es la “Lógica no formal”, llamada en el ámbito como Razón del Juicio donde las conclusiones se muestran bajo el espectro que irradia la prueba. Las leyes de la Lógica se fundamentan sobre leyes universales: a) La Coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí. La coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente. De la Ley de la Coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: i. El Principio de Identidad: Que exige que toda noción empleada en el razonamiento debe tener una sola y única significación en el todo contextualizado, es decir: una proposición sólo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y”. ii. El Principio de Contradicción: Las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En valoración de prueba: un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. iii. El Principio de Tercero Excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí: una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera y ninguna tercera posibilidad es posible. b) La Derivación: Exige que cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; cada pensamiento debe provenir de otro, con el cual está relacionado, salvo que se trate de un principio, es decir de un juicio inicial. Pero, además, la conclusión debe derivar de elementos suficientes para que justifique la producción de aquella. Existirá omisión al principio lógico de derivación: i. Cuando la conclusión no encuentre correspondencia con el medio de prueba por una indebida inferencia. ii. Cuando la conclusión no sea producto derivado de un medio de prueba, debiendo serlo por tratarse de la afirmación o negación de un hecho de carácter no notorio. iii. Cuando la conclusión sea construida en base a medios de pruebas inexistentes; o iv. Cuando la conclusión está basada en el contenido de un medio de prueba cuyo contenido este falseado. De la derivación se extrae el Principio de Razón Suficiente, por el cual toda conclusión requiere una razón suficiente que justifique su existencia; la conclusión debe ser el final del iter lógico seguido en la valoración de las pruebas apoyándose en inferencias razonables; cada conclusión expuesta puede formar una sucesión que al final lleven a una conclusión última en donde se afirme o niegue el hecho juzgado. De la Rúa (Fernando de la Rúa, La Casación Penal, Ediciones Depalma, Buenos Aires, Argentina, pág. 156), señala que la motivación para ser lógica debe responder a las referidas leyes que presiden el correcto entendimiento humano, observando como características: 1. Congruente: En donde las afirmaciones, deducciones y conclusiones guarden una adecuada correlación y concordancia entre sí. 2. Concordante: Cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella. 3. No Contradictoria, por estar libre de razonamientos que al oponerse se anulen entre sí al reflejar verdades incompatibles. 4. Inequívoca: al no dejar margen para cuestionar el alcance y significado de los razonamientos y de las conclusiones que le deriven; y 5. Suficiente: al estar constituida por un entramado de conclusiones interrelacionadas, que se deriven de múltiples cadenas de pensamientos, todos ellos aptos para producir razonablemente un convencimiento. De la Procedencia del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su Único Motivo. El recurso es de recibo. La Sala de lo Penal ha señalado que en casación, como única instancia, solo puede hacer un análisis y en su caso censura, del proceso intelectivo de la sentencia cuando ésta contenga razonamientos que riñan con las reglas de la sana crítica; debe entenderse entonces que el foco de estudio no es la prueba, no es lo que dejó de acreditar o acreditaron los medios probatorios (valoraciones de instancia), sino ese razonamiento plasmado por los jueces y los cuales les llevaron a construir los hechos declarados probados. La exactitud en la confección del recurso de casación por quebrantamiento de forma, tratándose de violaciones a las reglas de la sana crítica debe ser alta: se requiere de la identificación del razonamiento judicial, la identificación de la regla de la sana crítica que se considere violentada, la explicación del porqué el razonamiento judicial contiene un vicio de inobservancia o de mala aplicación de la regla de la sana crítica y finalmente, la explicación del porqué dicha violación tiene una repercusión negativa en la decisión adoptada por el tribunal; es un trabajo técnico, bastante preciso, pues a cada razonamiento judicial debe hacerse el examen sobre su propiedad.- La exigencia técnica del recurso se eleva aún más cuando la regla de la sana crítica que se alega como inobservada es la de derivación por falta de razón suficiente dado que adiciona la tarea de identificar el silogismo judicial que considera indebidamente construido e identificar en éste la premisa mayor, la premisa menor y luego, lo más importante, demostrar que la inferencia realizada (deductiva, inductiva, analógica a pari o analógica a fortiori) es incorrecta (por una de las razones señaladas ut supra) y que por ello la conclusión que se dice necesaria en realidad no lo es; tarea que no termina allí pues además debe explicar por qué tal conclusión malograda es relevante para la decisión final y por ello dicha decisión fue indebidamente adoptada. En el presente caso el Ministerio Público presento como pruebas de cargo las declaraciones testificales del señor Juan Carlos Urrutia, quién entre otras cosas manifestó: “Vengo a pedir justicia por el delito que él cometió de cortar los árboles para la brecha a la represa que el construyó, él nos confesó que él lo había hecho porque el terreno era de él, él nos confiesa en la reunión que como es de él la propiedad, podía hacer lo que le diera la gana con ella”, a preguntas de las partes estableció que: “Participo en la denuncia por los cortes de árboles para construir la brecha, el lugar se llama montaña de Corralitos, llamada también como montaña de Vásquez, altura de 1800 metros a nivel del mar,…él corto los árboles, construyo esa represa donde esta el causal de la quebrada, el corte de madrea no nos afecta quizás si no que nos iba a desviar el agua, nosotros denunciamos y él paró el proyecto que él tenía en mente..”. Igualmente, compareció el señor Terencio Raudales Urquía, quién estableció, entre otras cosas: “ El señor Santos Abraham quiso realizar un proyecto de agua donde esta la comunidad de él, se hace una deforestación alrededor de la fuente de agua y construyó una represa”, a preguntas de las partes, manifestó: “ la deforestación la hace en la montaña Vásquez, fue en agosto de 2009, …vimos los daños que se realizaron en la cuenca, para verificar si se estaba construyendo el proyecto, en la inspección observamos la corta de árboles, los materiales que se halaban en la construcción…”. Con las declaraciones testificales propuesta por la parte de la defensa, el señor José Santos Inocente Díaz Gálvez, entre otras cosas estableció: “Lo que tengo entendido es por una represa que nosotros construimos en la montaña Vásquez, propiedad del señor Abraham, para traer agua que necesitamos al lugar de monte redondo”, a preguntas de las partes, estableció: “la represa es un tanquecito de 1.50 mts, solo para captar un poquito de agua,… esperamos que no fuéramos a tener ninguna consecuencia porque era una propiedad privada, … nosotros estábamos ayudando a i primo a traer agua, en monte redondo hay servicio de agua potable, pero es difícil conseguir un pegue de agua, cobran bastante dinero, se maneja un monopolio ahí. Hicimos una retención más o menos como de 105 metros apara detener el agua y bajar un tubo de 2 pulgadas, no fue algo esa retención, no la seguimos y se quedó así porque vinieron las autoridades”. Por su parte el señor Efraín Maradiaga, estableció en su deposición: “Primeramente nosotros teníamos necesidad del agua y debido a eso tuvimos que acudir a construir una pilita, no es una laguna, es un trabajo pequeño que incluso se quedó a medio palo por la oposición del caserío del Ocotal, es el mismo con monte redondo, es una misma área, la construcción quedo parado, a mi me castigó el pueblo porque me dejo seco varias veces. Debido a eso, a nosotros se nos vino a la mente y que la única solución que tenemos nosotros es acudir a la montaña hacer la pila y traer un poquito de agua que necesitábamos para las casas, pero enseguida ya miramos la oposición del Caserío El Ocotal, porque ellos incluso ellos están aquí y ahí hay pilas de peces, tienen irrigación y tiene el agua para sus casas, mientras que el señor Santos Abraham él sigue seco”. Con la copia cotejada del Testimonio de Escritura Pública (F45), de fecha 10 de junio de 1982, compra venta otorgada por el señor Armindo Menoli Maltempo en representación de Angelo Sansone Tenci, a favor de Santos Abraham García, a quién le vendió un inmueble consistente en 20 manzanas de terreno que forman parte de otra de mayor extensión en el terreno llamado “Montaña de Vásquez”, ubicado en la jurisdicción del Distrito Central por el precio convenido de dos mil Lempiras. Acta de comparecencia (F218), con fecha 08 de marzo 2010, en la que se hace constar que, ante la Fiscalía especial de Protección al Consumidor y Tercera Edad del Ministerio Público, en la que comparecieron el presidente del Patronato Pro-Mejoramiento Monte Redondo, señor Beyran Salvador Aguilar Ordoñez, como parte denunciada y la señora Dominga López Castro, esposa del señor Santos Abraham García, Irma Valle, Angelica Marina, como parte ofendidas. En este primer aparatado el Tribunal de Sentencia, valoro estos medios de prueba de la siguiente manera: “De las declaraciones de cargo como descargo, así como el acta de comparecencia, es posible advertir que las mismas no han sido controversiales, unidas unas con otras validadas por la declaración del imputado han merecido, por ende, credibilidad y valor probatorio. Para el caso, de la declaración de Juan Carlos Urquía raudales, miembro del patronato de la comunidad de El Ocotal, se establece: 1.- Que el señor Santos Abraham García tiene una propiedad en la montaña de Vásquez, lo cual es confirmado con la fotocopia de escritura pública de compra venta cotejada y aportada en juicio, documento que, por ser un instrumento público, ha merecido credibilidad y valor toda vez que la misma tampoco fue objeto de controversia, así como tampoco el hecho de que el imputado es dueño del inmueble donde se encontró una edificación. 2.- Que en dicha propiedad el acusado Santos Abraham García emprendió, en el año 2009, la construcción de una pequeña represa para lo cual se descombraron varios árboles de os alrededores, pero que dicha represa no se llegó culminar ni entro en funcionamiento. La realización de la pequeña construcción también es abordada por el acusado como por los testigos de descargo, quienes incluso manifestaron haber tenido participación en dicha construcción con el fin de beneficiarse también del agua. Independientemente de que el acusado y sus testigos le llamen pila o represa, lo cierto es que la finalidad de dicha construcción no cambia, y que no era otra mas que beneficiarse del agua para llevarla a sus domicilios en la comunidad de Monte redondo. Respecto al descombro de árboles, se establece por parte del testigo de cargo Juan Carlos Urquía que a ellos no les afectaba tanto el descombro sino el daño que se iba a producir al sustraerse el agua a su comunidad. Por su parte, el imputado y sus testigos de descargo aducen que los materiales de construcción fueron llevados en vestía y uno de los testigos de descargo manifiesta que lo que hizo fue una brecha para llevar dichos materiales. 3.-Que al ser entrevistado el señor Santos Abraham García, los testigos de cargo declaran que éste les manifestó que el motivo para realizar dicha represa fue con el fin de llevar agua de la quebrada San Pedro hacia su casa en Monte Redondo, ya que personas de esta comunidad de Monte Redondo le había negado a su familia el agua potable, y que lo que él había hecho, lo había realizado dentro del terreno de su propiedad. Esta postura es apoyada por el acusado y los dos testigos de cargo, poniendo de manifiesto la precaria situación de ellos de no tener agua ya por varios años, todo porque a raíz de desavenencias con algunas personas de la comunidad relacionadas con un terreno, se les quito el vital líquido. Este problema es confirmado además por el acta de comparecencia de cuyo contenido se colige que aún en el año 2010, casi seis meses después de los hechos que originaron la presente causa, todavía garantizarle ese servicio ordenándole a las personas del patronato y de la junta de agua la restauración del servicio de agua tanto de la familia del imputado como a las otras personas perjudicadas. Ante ello, el testigo Juan Carlos Urquía lejos de comprender la situación del acusado y su familia, admite haberle manifestado al acusado que ese no era problema de ellos (de los denunciantes), con lo cual es posible advertir un ejemplo de falta de empatía para un vecino que está en precaria situación sin el vital líquido de agua. 4.-Que producto de lo mencionado, los testigos como representantes de su comunidad interpusieron denuncia ante las autoridades y que ello motivó a la paralización del proyecto, hecho que también es recogido por el acusado y los testigos de descargo y confirmado por los documentos e inspecciones técnicas aportadas al juicio. En relación con el testigo Terencio raudales Urquía, este se centra mas que nada es establecer la existencia de la construcción de la represa y coincide con el otro testigo de cargo, que la misma estaba en la propiedad del acusado y de la cual hasta ancianos de la misma comunidad referían que le pertenecía a él. Al analizar estos puntos, y contrastarlos con los argumentos de cada parte procesal, se evidencia que no existe controversia alguna respecto a la existencia de la construcción realizada por el acusado en la rivera de la quebrada San Pedro y tampoco hay controversia, ni fueron desvirtuados los motivos que el acusado y sus familiares tuvieron para la construcción de lo que iba a ser una represa que permitiera llevar agua a sus domicilios. En un segundo apartado se evacuaron como medios probatorios: 1) Informe técnico de inspección, con mapa y fotografías ilustrativas de la zona afectada, emitido por personal de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, ratificado por José Mario Carbajal Flores: En dicho informe se realizó inspección de campo el martes 6 de octubre 2009 en la zona de denuncia yen la que en sus conclusiones, establece que se realizó la construcción de la represa sin contar con ningún permiso por parte de la Dirección General de Recursos Hídricos. Aguas debajo de esta represa se encuentra la represa de la comunidad de El Ocotal que se vería afectada en su suministro de agua. 2) Con el Informe técnico con ilustraciones fotografías emitido por el personal del Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (F 203), ratificado por Marlenia Acosta Munguía, en donde se estableció: Se realizó en fecha 13 de octubre de 2009, en atención a la denuncia interpuesta, dentro de sus antecedentes se establece que según decreto 87-87, en la que se hizo la declaratoria de 37 bosques nublados como reservas, en el artículo 3 se declara a Corralitos como refugio de vida silvestre a perpetuidad y en el artículo 7 se hace referencia a la creación de una zona de amortiguamiento cuyo ancho no será menor de 2 Kms. A partir del anillo inferior de la zona protegida y en cuya zona se prohíbe la caería, ganadería extensiva, quemas, descombros forestales, minería, pesca, construcción de viviendas y carreteras. Entre las observaciones se consignó lo siguiente: El corte de árboles se localiza en la vereda que conduce hacia la quebrada San Pedro en la montaña de Vásquez dentro de la zona de amortiguamiento del refugio de vida silvestre Corralitos. La cantidad de árboles cortados observados en la zona fueron 195: 162 de cms de diámetro y 33 de diámetro mayor de 5 pulgadas de las especies de pino, liquidámbar, casco de mula. Se confirmó la construcción de una represa en la quebrada San Pedro, localizado en la zona de amortiguamiento. La represa está siendo construida en la parte alta de la represa de la comunidad de El Ocotal. La reconstrucción de la represa por parte del señor García, afectará directamente el causal de la quebrada San Pedro provocando una disminución del mismo, lo cual ocasionará un impacto negativo para los pobladores de El Ocotal que se abastecen del vital líquido. 3) El Dictamen número UTA_FEMA 158-09 (F33), realizado por el señor Fausto Francisco Ramírez Romero, con oficio en dasonomía, trabaja en la Fiscalía del Medio Ambiente, estableciendo en sus conclusiones en la inspección en el lugar denunciado: Si existe tala, pero no con fines comerciales. No se encontró a ninguna persona cortando. El sitio dañado está dentro del área protegida refugio de vida silvestre montaña Corralitos, según numeral 2 del decreto 87-87. Se esta represando el agua de la quebrada San Pedro en la montaña Vásquez. El sitio afectado es propiedad una parte de Santos Abraham García y otra parte de otra persona. Se contabilizaron 168 árboles y arbustos de diferentes dimensiones. Todos los árboles y arbustos cortados se hicieron sobre un camino de herradura que recientemente fue mejorado y que supuestamente fue utilizado para el transporte de materiales para la construcción de la represa antes mencionada. 4) Con la Constancia emitida por la Secretaria General, Abogada Mariel Muñoz, del Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF) de fecha 26 de agosto de 2015, en la que se establece: Que el predio ubicado bajo las coordenadas (X: 465984 y Y: 1584102) se encuentra dentro de la zona de amortiguamiento de refugio de vida silvestre “Corralitos”. A estos medios de prueba, el Tribual de Sentencia los valoro, estableciendo: “Los dictámenes y las constancias de la Secretaria general del Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF) antes relacionados recogen aspectos técnicos partiendo de las inspecciones que respectivamente realizaron las autoridades y que concluyen que en efecto si existe una edificación no culminada en el cauce de la quebrada San Pedro, cuyo objetivo era desviar caudal hacia otro sitio, lo cual concuerda con lo expresado por los testigos y admitido por el acusado y sus testigos. También recoge en dichos dictámenes que el sitio, cuyas coordenadas ahí se mencionan, es zona protegida, dado que esta dentro de una zona de amortiguamiento, en la subzona de conservación y protección forestal, lugar donde se confirmó había varios árboles cortados de diferentes especies que, aunque no se tiene data de su corte, si se estableció que era de fecha reciente, y cuyo objetivo era la de proporcionar una brecha a través de la cual llevar materiales a la edificación. Todos los dictámenes anteriores han resultado creíbles y con valor probatorio dado que las inspecciones observaciones y conclusiones fueron realizados por personas técnicas expertas en la materia. Cabe destacar que en el informe emitido por la señora Marlenia Acosta Munguía, se establece que como parte de sus investigaciones pudo recoger la versión del Vicepresidente de Patronato de Monte Redondo, que corrobora la declaración brindada por el acusado y todos los testigos, pues se establece que en efecto el acusado se le quitó el servicio de agua, hecho que evidentemente afectó el goce de un derecho fundamental como lo es a la salud, dado que el servicio de agua es básico para conservar condiciones de higiene y salubridad en las personas e indispensable para su alimentación”. Esta Sala de Casación luego de analizar los reclamos de la censora y de efectuar una revisión exhaustiva de los juicios de valor externados por el juzgador sobre la prueba evacuada en el juicio, concluye que en efecto existe quebranto a la regla de la lógica de la derivación integrado por el principio de razón suficiente, en su característica de suficiencia, sobre todo al momento de razonar la prueba en su totalidad, pues tomando las premisas de los testigos, las pruebas periciales y documentales existe en conclusión un absoluto divorcio en la errónea derivación, en la que le da credibilidad a la prueba y concluye con una sentencia absolutoria, en este sentido debe tenerse presente que la sentencia se construye a partir de múltiples silogismos encadenados que constituyen el razonamiento judicial y que cada silogismo debe tener la cualidad de ser categórico, compuestos por premisas de las que se deriva una conclusión, teniendo precisamente a aquellas premisas como la razón suficiente para derivar la conclusión. por tanto, es procedente declarar ha lugar el recurso de casación, ordenar la nulidad de la sentencia y del juicio, decretando la celebración de uno nuevo, con togados diferentes al juicio anulado. DECISIÓN Ha lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo, interpuesto por el Ministerio Público. POR TANTO La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales y 362 del Código Procesal Penal. FALLA: Primero: Declara Ha Lugar el motivo único de casación por Quebrantamiento de forma invocado por la Abogada Diana Elizabeth Rodríguez, en su condición de fiscal del Ministerio Público, en la causa instruida contra el acusado señor Santos Abraham García Irías, a quien se le absolvió del delito de tala y descombro de terreno forestal y usurpación del derecho real de aguas en su grado de ejecución de tentativa, en perjuicio de El Estado de Honduras y sus Recursos Naturales; SEGUNDO: Casa la Sentencia. TERCERO: Declara la nulidad del debate y de la sentencia de fecha catorce de junio de dos mil dieciocho, dictada por el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal. Y MANDA: I. Que se repita el debate ante un Tribunal distinto al que conoció el juicio anulado. II. Que la Secretaría del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. - Firmas y Sello. José Olivio Rodríguez Vásquez. Magistrado Coordinador. Rafael Bustillo Romero. Magistrado. Alma Consuelo Guzmán García. Magistrada. Firma y Sello. Lety Emelda Posadas. Secretaria Actuante. Sala de lo Penal.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en fecha veintiocho de octubre de dos mil veintidós. Certificación de la sentencia dictada el treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, recaída en el expediente SP 571-2018.

JOSÉ RAMÓN CRUZ FERRERA

Secretario Sala de lo Penal

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