Sentencia CP-565-18 — Registro 17400
Resumen
En primer instancia se condena a la imputada por el delito de Tráfico Ilícito de Drogas, se declara sin lugar el recurso de casación interpuesto por su defensa. Procede aplicar la retroactividad de la ley penal
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."El recurso no es de recibo. La Sala de lo Penal ha sostenido que en casación, como única instancia, solo puede hacer un análisis y en su caso censura, del proceso intelectivo de la sentencia cuando ésta contenga razonamientos que riñan con las reglas de la sana critica; debe entenderse entonces que el foco de estudio no es la prueba, no es lo que dejó de acreditar o acreditaron los medios probatorios (valoraciones de instancia), sino ese razonamiento plasmado por los jueces y los cuales les llevaron a construir los hechos declarados probados. Es de tener presente que conforme la naturaleza del recurso de casación resulta irrelevante el criterio que pueda generar la prueba al Ministerio Público, al acusador privado, a la defensa, etc. e inclusive al propio Tribunal de Casación; lo que consideren las partes o la Sala de lo Penal que debió haber sido la valoración de la prueba no es vinculante, sino que lo determinante es el criterio probatorio del Tribunal de Sentencia y si éste fue construido en respeto a las reglas de la sana crítica; ergo el motivo de casación debe concentrarse única y exclusivamente en demostrar que el criterio (valoración intelectiva) del juzgador fue erigido con inobservancia de esas reglas y principios que componen el recto entendimiento humano y no tratar de superponer otra valoración que se considera más propia. Los censores en su exposición del único motivo hacen uso de la mala técnica recursiva, pues desconoce la naturaleza del Recurso Extraordinario de Casación y de la debida técnica que se requiere observar para su planteamiento. Como se ha establecido antes, “el principio de debida técnica”, se desprende de los requisitos formales para la interposición del recurso, “los que constituyen los mínimos requerimientos que debe contener la demanda de casación a efectos de ser tenida como un verdadero juicio técnico de impugnación, valorativo y preciso”[2]. Este principio está recogido en el artículo 363 del Código Procesal Penal, con los requisitos obligatorios propios del rigor del recurso extraordinario de casación, estableciendo imperativamente que “Los recuurentes deberán indicar separadamente cada motivo” y “Tratándose de casación en la forma, deberá también, de manera clara y precisa, exponer los hechos constitutivos de cada uno de los motivos y el reclamo que haya realizado en su oportunidad, para subsanarlos”. Fundamentan los recurrentes en este motivo de casación penal en la inobservancia de la sana critica en la valoración de la prueba (artículo 362 preámbulo y numeral 3 del Código Procesal Penal), sin establecer con claridad cuál de las reglas y en qué postulado ha sido violentada, pues se limita a hacer una referencia general a todas las reglas de la sana critica, sin puntualizar a cuál de ellas se refiere en su recurso. Los censores no realizan un desarrollo adecuado, confrontando los medios de prueba contra la valoración intelectiva que hiciera el juzgador; en consecuencia, como se reitera, la única instancia no puede sobreponer valoraciones probatorias que ha fincado el Tribunal de Sentencia, el cual cuenta con la inmediación, solo hacer revisión del proceso de construcción de los razonamientos judiciales que valoran la prueba a fin de constatar que estén acorde con las reglas de la sana critica. La confusión y desconocimiento evidentes en el planteamiento de los recurrentes, impiden a esta Sala, descubrir el sentido de su reclamo y el alcance del mismo, de tal suerte que como ya se ha explicado, esta Sala, sólo puede hacer revisión del proceso de construcción de los razonamientos judiciales que valoran la prueba a fin de constatar que estén acorde con las reglas de la sana critica, por ende al no haber sido señalados por el censor, de manera clara y precisa los vicios que provocan la infracción, imposibilita a esta Sala de lo Penal dar respuesta al recurso planteado, por lo expuesto se declara improcedente el motivo de casación invocado por los recurrentes.."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 363 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
...". El recurso no es de recibo. Claramente el Recurso de Casación por Infracción de Ley, de acuerdo a la normativa procesal penal procede; “cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma de carácter sustantivo, que deba ser observado para la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo”. La Sala de lo Penal, ha reiterado que cuando se conoce un Recurso de Casación por Infracción de Ley, se trata precisamente de examinar si en la descripción de los hechos probados establecida por el Tribunal de instancia se determina de manera correcta un iuditio de subsunciòn del hecho en el derecho, ya que el objetivo preciso del Recurso por Infracción de Ley, lo es el relato de hechos probados en la sentencia que deben ser descritos en el fallo de manera clara y precisa conteniendo un relato fáctico que permita adecuarlos a una hipótesis normativa. Debiéndose respetar los hechos probados, pues el principio de intangibilidad de los hechos fijados en la sentencia limita el control jurídico de la casación al vedar entrar a la reconstrucción histórica de los hechos acaecidos los cuales son fijados en la sentencia recurrida, procediendo sólo revisar y corregir la aplicación del derecho sustantivo. Los impetrantes en Casación por Infracción de Ley, debe precisamente manifestar el vicio iudicando que se considera cometido por el Tribunal sentenciador al momento de adecuar los hechos con el derecho en la infracción de normas sustantivas penales o doctrina legal, ya sea por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea. Por otra parte, esta Sala observa que los recurrentes hacen referencia de otro tipo de recurso casacional, el cual no lo desarrolla solo plasma los artículos sin lograr establecer cuál es el grave perjuicio causado, además de establecer alegatos de instancia. Esta Sala reitera que, por la vía de Infracción de Ley, que es el cauce invocado por el Censor, no es procedente conocer de los alegatos fundados en defectos de forma que radican en la valoración errónea de la prueba, en tanto que los mismos han debido ser canalizados a través de un motivo de casación por Quebrantamiento de Forma. La defectuosa técnica de casación utilizada por los recurrentes hace imposible el análisis objetivo de subsunción del tipo penal, pues no basta únicamente con plantear el alegato en abstracto, sino que para que este pueda admitirse y analizarse jurídicamente, es preciso que el mismo esté dotado de suficientes argumentos válidos y razonamientos fundados en la teoría del delito, como esencia misma del derecho penal. Por otra parte, esta Sala observa que el hecho declarado probado por el Juzgador ha sido relatado cronológicamente, derivado de la prueba directa e indiciaria legalmente incorporada al juicio, con la que el A Quo ha logrado formar la certeza de su convicción judicial acerca de la efectiva participación de la acusada Yeni Yamileth Dubón, por el delito de tráfico ilícito de drogas, en perjuicio de la salud de la población del Estado de Honduras. Por lo expuesto esta Sala de lo Penal, declara sin lugar el motivo de casación invocado por el recurrente..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
...". El recurso no es de recibo. Claramente el Recurso de Casación por Infracción de Ley, de acuerdo a la normativa procesal penal procede; “cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma de carácter sustantivo, que deba ser observado para la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo”. La Sala de lo Penal, ha reiterado que cuando se conoce un Recurso de Casación por Infracción de Ley, se trata precisamente de examinar si en la descripción de los hechos probados establecida por el Tribunal de instancia se determina de manera correcta un iuditio de subsunciòn del hecho en el derecho, ya que el objetivo preciso del Recurso por Infracción de Ley, lo es el relato de hechos probados en la sentencia que deben ser descritos en el fallo de manera clara y precisa conteniendo un relato fáctico que permita adecuarlos a una hipótesis normativa. Debiéndose respetar los hechos probados, pues el principio de intangibilidad de los hechos fijados en la sentencia limita el control jurídico de la casación al vedar entrar a la reconstrucción histórica de los hechos acaecidos los cuales son fijados en la sentencia recurrida, procediendo sólo revisar y corregir la aplicación del derecho sustantivo. Los impetrantes en Casación por Infracción de Ley, debe precisamente manifestar el vicio iudicando que se considera cometido por el Tribunal sentenciador al momento de adecuar los hechos con el derecho en la infracción de normas sustantivas penales o doctrina legal, ya sea por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea. Por otra parte, esta Sala observa que los recurrentes hacen referencia de otro tipo de recurso casacional, el cual no lo desarrolla solo plasma los artículos sin lograr establecer cuál es el grave perjuicio causado, además de establecer alegatos de instancia. Esta Sala reitera que, por la vía de Infracción de Ley, que es el cauce invocado por el Censor, no es procedente conocer de los alegatos fundados en defectos de forma que radican en la valoración errónea de la prueba, en tanto que los mismos han debido ser canalizados a través de un motivo de casación por Quebrantamiento de Forma. La defectuosa técnica de casación utilizada por los recurrentes hace imposible el análisis objetivo de subsunción del tipo penal, pues no basta únicamente con plantear el alegato en abstracto, sino que para que este pueda admitirse y analizarse jurídicamente, es preciso que el mismo esté dotado de suficientes argumentos válidos y razonamientos fundados en la teoría del delito, como esencia misma del derecho penal. Por otra parte, esta Sala observa que el hecho declarado probado por el Juzgador ha sido relatado cronológicamente, derivado de la prueba directa e indiciaria legalmente incorporada al juicio, con la que el A Quo ha logrado formar la certeza de su convicción judicial acerca de la efectiva participación de la acusada Yeni Yamileth Dubón, por el delito de tráfico ilícito de drogas, en perjuicio de la salud de la población del Estado de Honduras. Por lo expuesto esta Sala de lo Penal, declara sin lugar el motivo de casación invocado por el recurrente..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 363 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."A. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos de retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir una pena de cinco a diez años de prisión). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado, disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrará en vigencia y cuándo es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento del juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución Política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas en su totalidad, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el CP Decreto 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo código sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibida la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando en la decisión judicial de la sentencia que se impugna, se aprecie un concurso real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme a las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse, primero conforme al límite objetivo ordinario o límite objetivo extraordinario, según corresponda, y después conforme al límite subjetivo. Sin embargo, uno no es preferente sobre el otro, por lo que se aplicará el límite que sea menor; b. La ponderación deberá realizarse, primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el CP-130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a. Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b. Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no, los 30 años (límite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (límite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años, la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años, se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas, en suma, sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y, aun así, en suma, sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja, de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Límite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Límite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Límite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán, cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. C. Ponderación en el caso concreto En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso a la acusada Señora Yeny Yamileth Dubón Escalón a las penas principales de 15 años seis (6) meses de reclusión y multa de un millón de lempiras (L.1,000,000.00), por ser responsable del delito de tráfico ilícito de droga; Penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil, así como la responsabilidad civil La conducta reprochada a la acusada está prevista en el Código Penal 130-2017, como delito de tráfico de droga (Art. 311), cuya pena es: a. De 04 a 07 años de prisión y multa de 100 a 500 días, si se trata de drogas que no causan grave daño a la salud, los cuales son: los derivados del cáñamo índico o americano y los derivados del cannabis sativa índica o americana; o b. De 07 a 10 años de prisión y multa de 100 a 500 días , si se trata de drogas que causen grave daño a la salud, siendo éstas las enumeradas en las listas de Estupefacientes o preparados: I, II y IV (Lista de Estupefacientes sometidos a fiscalización internacional o lista amarilla: https://www.incb.org/documents/Narcotic-Drugs/Yellow_List/58th_Edition/Yellow_List_-SPA.pdf) de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes; Nueva York, 31 de marzo de 1961 y su Protocolo de modificación; y en las listas de sustancias Psicotrópicas: I, II, III y IV (Lista de Sustancias Psicotrópicas sometidas a fiscalización internacional o Lista Verde: https://www.incb.org/documents/Psychotropics/forms/greenlist/Green_list_SPA_08676.pdf) del Convenio de Naciones Unidas sobre sustancias psicotrópicas del 21 de febrero de 1971. Las penas por imponer serán de 10 a 15 años de prisión y multa de 300 a 500 días, cuando a cantidad de droga sea de especial importancia (Art. 312.5 NCP), entendiéndose como tal: i.- Diez mil (10.000) gramos de marihuana; ii.- Mil (1000) gramos de hachís; iii.- Dos mil (2000) gramos de cocaína; iv.- Dos mil (2000) gramo de alcaloide derivado de la cocaína; v.- Sesenta (60) gramos de opio o de sus derivados; vi.- Doscientos (200) gramos de droga sintética; o vii.- Cuatrocientos (400) mililitros cuando la droga sintética se encuentre en solución. En el caso de mérito, la droga incautada a la acusada Yeny Yamileth Dubón Escalón, fue cocaína con un peso de 31.67 gramos; droga que provoca grave daño a la salud, destinada para su venta; conducta que castiga el NCP con la pena de 07 a 10 años de prisión y multa de 100 a 500 días.- A partir de lo anterior se puede concluir que es procedente la aplicación retroactiva del NCP 130-2017, pues las penas le son más favorables en comparación con las contempladas en la ley especia vigente al momento de la realización del delito.- Las penas deberán de ser individualizadas siguiendo las reglas del artículo 70 NCP, teniendo en cuenta que el Ministerio Público presentó en la audiencia de individualización de pena, una circunstancia agravante establecida en el numeral 25 del artículo 27 del Código Penal (reincidencia), presentando una constancia de la Unidad de Antecedentes Penales que establece que la señora Yeny Yamileth Dubón Escalón, fue condenada entonces por el Juzgado Primero de Letras Seccional de Santa Rosa de Copán, a la pena de cuatro (4) años con seis (6) meses de reclusión, por el delito de facilitación de local para el tráfico de drogas, el 27 de abril de 2014, por lo que al concurrir una circunstancia agravante y ninguna atenuante, se aplica la pena media hasta el límite máximo (art.70 numeral b) del NCP); En cuanto a la pena de multa su individualización deberá de ser conforme lo manda el artículo 53 del NCP.- La acusada ha mencionado: La acusada Yeny Yamileth Dubón Escalón, informó en la audiencia de juicio oral y público, que era soltera, con 43 años de edad, hondureña, comerciante, con última residencia en el barrio San Martín, sector El Chorrerón. Lo señalado por las partes en la audiencia de individualización de la pena concreta, en particular la pena solicitada por el Ministerio Público, así como las circunstancias personales de los acusados documentadas en la foliada judicial, convencen a esta Sala de lo Penal que las penas que deben de ser impuesta a los acusados son: i.- pena de prisión: 08 años 6 meses (Art. 70.1.a NCP); ii.- Pena de Multa: 300 días, a razón de L. 20.00 por cada día, haciendo un total de L. 6,000.00; iii.- Penas accesorias. Por Tanto: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 66 y 616 del Código Penal 130-2017; 360,362 del Código Procesal Penal.."
Legislación citada
- Código Penal No. 130-17, art. 615 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia y el auto recaídos en el expediente del Recurso de Casación SP-565-2018 que literalmente dice: “SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticuatro (24) días del mes de febrero del año dos mil veintidós (2022), el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados José Olivio Rodríguez Vásquez en su calidad de Coordinador, Rafael Bustillo Romero y Alma Consuelo Guzmán García, pronuncian EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente sentencia en el Recurso de Casación SP-565-2018 por Infracción de Ley y por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha treinta de julio del año dos mil dieciocho, dictada por el Tribunal de Sentencia Seccional de la Ciudad de Santa Rosa, Departamento de Copán, mediante la cual falló: Primero: Condenó a la señora Yeny Yamileth Dubón Escalón, como autora del delito de Tráfico Ilícito de Drogas (Cocaína), en perjuicio de La Salud de la Población del Estado de Honduras a la pena de quince años, seis meses de reclusión y una multa de un millón de lempira.- Segundo: Condenó a la señora Yeny Yamileth Dubón Escalón, a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo que dure la condena principal.- Tercero: Se le declaró la responsabilidad civil de la señora Yeny Yamileth Dubón Escalón.- Cuarto: Se decretó el comiso de la droga incautada (31.67 gramos de cocaína), debiendo procederé a su destrucción, de acuerdo a lo establecido en el artículo 38 de la Ley Sobre Uso Indebida y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas.- Quinto: No procedió condenar en costas a la señora Yeny Yamileth Dubón Escalón. SON PARTES: El abogado Luis Dubón, en su condición de Defensor Privado del señor Yeny Yamileth Dubón Escalón, como parte recurrente. HECHOS PROBADOS “Valorando las pruebas practicadas en juicio, este tribunal declara, expresa y terminantemente, probados los hechos siguientes: PRIMERO: Entre los días dos y cinco de agosto de dos mil dieciséis, a diferentes horas del día, a la vivienda de la señora Yeny Yamileth Dubón Escalón, la cual está ubicada en el barrio San Martín, Sector El Chorrerón de Santa Rosa de Copán, llegaron varias personas, las cuales eran atendidas por la señora Yeny Yamileth, quien les entregaba una pequeña cantidad de la droga conocida como cocaína a cambió de una cantidad de dinero. SEGUNDO: En fecha cinco de agosto de dos mil dieciséis, a eso de las cinco de la tarde con treinta minutos, con autorización judicial, miembros de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico y de la Policía Militar del Orden Público, realizaron un registro en la vivienda de la señora Yeny Yamileth Dubón Escalón; estando e vivienda, la señora Yeny Yamileth, quien al percatarse de la presencia policial, sacó de sus pechos, y tiró al suelo una bolsa plástica, color negro, la que a su vez contenía dos bolsa plásticas transparente con 24.54 gramos de la droga conocida como cocaína, misma que fue levantada por un detective; durante el registro en el interior de la vivienda, en el cuarto principal, en un bolso color azul, la señora Yeny Yamileth Dubón Escalón, tenía una punta de bolsa plástica transparente, la que contenía 0.05 gramos de la droga conocida como cocaína; luego a la señora Yeny Yamileth Dubón Escalón, una detective (de sexo femenino) le realizó un registro, y le preguntó a la señora Dubón Escalón si en su cuerpo tenía algo ilegal, contestando la señora Yeny Yamileth que sí, y voluntariamente se sacó de entre sus pechos, una bolsa plástica transparente la que contenía 7.08 gramos de la droga conocida como cocaína. TERCERO: Tanto la cocaína de la que, quiso deshacerse la señora Yeny Yamileth Dubón Escalón, como la que tenía en un bolso y la que entregó a la detective, la señora Dubón Escalón la destinaría a la venta en su casa de habitación.” RECURSO DE CASACION, MOTIVOS Y ARGUMENTOS Los recurrentes Abogados Martin Torres y Luis Dubon, procedieron a formalizar su Recurso de Casación por Infracción de Ley y, por Quebrantamiento de Forma, de la manera siguiente: “EXPOSICION DE LOS MOTIVOS DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA. PRIMER MOTIVO: PRECEPTO AUTORIZANTE: Artículo 362 numeral 3 del código procesal penal; que carezca de motivaciones fácticas o jurídicas, que dichas motivaciones sean insuficientes o contradictorias o si en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana critica; EXPLICACION DEL MOTIVO: Es dejar en claro que el presente recurso de casación consiste que el Honorable tribunal de Sentencia no valoro bajo las reglas de la sana critica cada una de las pruebas presentadas por el ente acusador, en virtud que dentro de la sustanciación del mismo existieron incongruencias por parte no solo de los agentes de la Lucha contra el narcotráfico, sino también la falta de elementos probatorios que acrediten el delito que se le imputa a mi representada, como es el TRAFICO DE DROGAS, puesto que si bien es cierto había una supuesta vigilancia montada en la casa de habitación de mi representada, en ningún momento en las mismas se acredito ninguna comercialización de drogas, ya que existe jurisprudencia menor y mayor, que para que se reúna los presupuestos del delito de TRAFICO DE DROGAS es menester probar la comercialización, el intercambio de dinero por droga o cualquier otro objeto, punto tal que el Tribunal pasa por alto quedando sin valor los principios de reglas de la SANA CRITICA.- Toda la sentencia se basa en que la gente de la lucha contra el narcotráfico (Carranza) vio que transitaban varias personas por dicho lugar, recordemos que nuestra constitución de la republica nos garantiza la libre circulación, siendo la valoración de la prueba por parte del tribunal no confiable como lo establece el artículo 199 del código procesal penal, porque este al ser un agente se convierte en juez y parte; en el presente proceso no existe una sola persona que fuese detenida con algún tipo de estupefacientes por lo que consideramos que este tribunal no valoro dichos medios de prueba, como lo manda una SANA CRITICA, si bien es cierto los indicios encontrados dan positivo en cocaína no es menos cierto que lo que discutimos son los presupuestos del tipo penal.- RECURSO DE CASACION POR INFRACCION DE LEY, MOTIVO UNICO: Infracción del Artículo 82 y 90 de la Constitución de la República de Honduras. PRECEPTO AUTORIZANTE: Artículo 360 del Código Procesal Penal. Para efectos de este motivo se cita como infringido el Artículo 82 Constitucional que garantiza "El derecho a la Defensa es inviolable" …..Artículo 90 Constitucional que garantiza "Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece: El derecho a la defensa se violenta en relación con los artículos 12, 14 y 200 del Código Procesal Penal en los extremos que se detallan: El Artículo 12 Lealtad para con la Justicia…. Artículo 14 Inviolabilidad del derecho de defensa, el imputado y su defensor tienen derecho a estar presentes en los actos del proceso que incorporen elementos de prueba y a formular las peticiones y observaciones que consideren oportunas…. 101 numeral 10 a estar presente, con su defensor, en todos los actos que impliquen elementos de prueba. 200 las pruebas prohibidas carecerán de eficacia. EXPLICACION DEL MOTIVO: En primer término en el momento que se realiza allanamiento en la casa de habitación de mi representada en el barrio el chorreron de esta ciudad de santa rosa de Copan, la misma no conto en el momento preciso con la asistencia de una apoderado legal, puesto que como consta en actas no aparece la firma de ningún representante que diera legitimidad al proceso, lo que genera cierta duda y viola este derecho que garantizado en la constitución de la república y tratados internacionales, en relación al artículo 14 del Código Procesal penal que reza que el imputado y un defensor tienen derecho a estar presentes en los actos del proceso….. cabe preguntarnos como efectivamente lo que se encontró fue cocaína, y nos llama aún más la atención que se acusa a mi representada por el delito de tráfico de drogas y en ningún momento en el transcurso del juicio declaro un tercero ajeno a los agentes de la lucha contra el narcotráfico, que comprara u obtuviera droga de dicho lugar. La ley sobre uso indebido y tráfico ilícito de drogas y sustancias psicotrópicas, establece claramente en su artículo 5 numeral 34 los presupuestos para el tráfico de drogas lo que en ningún momento en el presente proceso quedan acreditados fehacientemente dichos presupuestos, ya que no consta en autos en ningún momento que el ministerio publico haya probado que la droga que se le encontró a mi representada, fuese para traficar ya que en ningún momento se aprecian verdaderamente transacciones comerciales, ya que si el dichoso “intercambio de manos" que manifiesta los agentes de la lucha contra el narcotráfico en ningún momento se puede observar sin ninguna duda un intercambio de dinero por droga, es por ello que no existe comercialización lo que desaparece el delito de tráfico de drogas como ya sabiamente lo ha dicho en otros fallos esta Honorable Corte Suprema de Justicia.-” FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Establece el artículo 362 del Código Procesal Penal que el recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de algunos de los vicios siguientes: 1. Que falte la declaración de los hechos que el tribunal estime aprobados, que tal declaración no sea clara y terminante o que sea contradictoria. 2. Que se base en medios o elementos probatorios no incorporados legalmente al juicio o incorporados por su lectura en violación de las normas contenidas en el Título IV del Libro Segundo de este Código o excluya o deje de considerar alguna prueba de valor decisivo. 3. Que carezca de motivaciones fácticas o jurídicas, que dichas motivaciones sean insuficientes o contradictorias o sí en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica; 4. Que en la parte resolutiva se omitan elementos esenciales, tales como la individualización precisa del imputado, la resolución de todas las cuestiones debatidas y la determinación exacta de la pena en caso de condena; 5. La inobservancia de las reglas establecidas en el presente Código para la realización del juicio oral y público; 6. La incongruencia entre la sentencia y las pretensiones de las partes según el artículo 337; 7. Que falte la firma de alguno de los miembros del Tribunal de Sentencia salvo los casos previstos en el artículo 145. Es así como la ley procesal vigente, refleja que el proceso penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivado del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. Si no se cumple con los requisitos establecidos por la ley procesal y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo. El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley. Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Interpuesto por la defensa privada. Único Motivo. Norma autorizante: Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. Norma sustantiva que se denuncia infringida: Sin determinar por el pretensor. Concepto de la infracción: violación a las reglas de la sana crítica. Reclamación Ex Ante: Sin determinar por el pretensor. Pretensión: Decrete de oficio la nulidad de la sentencia. Establecen los recurrentes que el honorable Tribunal de Sentencia no valoro las reglas de la sana crítica en cada una de las pruebas presentadas por el ente acusador, en virtud que dentro de la sustanciación del mismo existieron incongruencias por parte de los agentes de la lucha contra el narcotráfico, sino también la falta de elementos probatorios que acrediten el delito que se le imputa a mi representada. De las Reglas de la Sana Crítica. El Código Procesal Penal da exclusiva competencia a los jueces de sentencia para la estimación valorativa de las pruebas y las conclusiones fácticas que de ellas extraigan, siendo ello inatacable por la vía recursiva casacional, siendo solamente controlable el proceso seguido por los jueces para la construcción de tales conclusiones. El artículo 362 No. 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes… 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica.”. Esta Sala de lo Penal ha considerado que: “… La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva…”. (fallos de fecha 30 de noviembre del 2001, en el Exp. 194-2009 y de fecha 30 de noviembre del 2011, en el Exp. 297-09; también en ese sentido el fallo de fecha 20 de octubre del 2011, contenido en el Exp. 360-09 y de fecha 05 de abril del 2011, del Exp. 385-09, todos de la Sala de lo Penal). Valoración de la Prueba. En el apartado de la valoración intelectiva el juzgador debe valorar la prueba, conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la Prueba: Íntima Convicción (propio del Sistema de Juzgamiento por Jurados), Prueba Legal o Tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe darle el juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias) y la Sana Crítica, es este último el que debe observar el juzgador penal hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. En el sistema de la Sana Crítica en la valoración de la prueba, existe plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones guarden una necesaria relación con las premisas que le sustentan, las cuales son a su vez construidas como fruto razonado de las pruebas. En este sistema, el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia de convicción de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común; De este modo “… las reglas de la sana crítica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza…” (Fallo Sala Penal de fecha 20 de octubre del 2011, en el Exp 88-09). La Sana Crítica como sistema de valoración de la prueba se asienta en tres pilares fundamentales: 1) Reglas de la Experiencia común o Máximas de la Experiencia. Se refieren a juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el juzgador, relevados de demostración probatoria por adquirirse a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por este hecho son compartidas con las demás personas, aun cuando no formen parte de su mismo grupo social. Nos referimos a fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión o hechos de la cultura común, siendo el antónimo de éstos los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realiza solo un grupo determinado de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior, el conocimiento privado del juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. a. El juzgador deberá analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común, entre otros: Cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca del hecho. b. Cuando cite como común un hecho que no lo sea, por no ser aprehensibles de manera espontánea por el profano, sino que solo mediante experiencias extraordinarias o mediante estudios especializados; o c. Cuando afirme como común un hecho que exija demostración probatoria. Las reglas de la experiencia común se basan en la probabilidad, es decir, al momento en que el juzgador valora un hecho, considerará el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos por qué lo considera así. 2) Las Reglas de la Psicología. Están referidas, no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento empírico adquirido del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquél. Las Reglas de la Psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo en relación al grupo social, se requiere que el juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la Experiencia Común, las reglas de la Psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado; y 3) Las Reglas de la Lógica. La Lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatoria para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. La lógica aplicable es la “Lógica no formal”, llamada en el ámbito como Razón del Juicio donde las conclusiones se muestran bajo el espectro que irradia la prueba. Las leyes de la Lógica se fundamentan sobre leyes universales: a) La Coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí. La coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente. De la Ley de la Coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: i. El Principio de Identidad: Que exige que toda noción empleada en el razonamiento debe tener una sola y única significación en el todo contextualizado, es decir: una proposición sólo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y”. ii. El Principio de Contradicción: Las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En valoración de prueba: un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. iii. El Principio de Tercero Excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí: una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera y ninguna tercera posibilidad es posible. b) La Derivación: Exige que cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; cada pensamiento debe provenir de otro, con el cual está relacionado, salvo que se trate de un principio, es decir de un juicio inicial. Pero, además, la conclusión debe derivar de elementos suficientes para que justifique la producción de aquella. Existirá omisión al principio lógico de derivación: i. Cuando la conclusión no encuentre correspondencia con el medio de prueba por una indebida inferencia. ii. Cuando la conclusión no sea producto derivado de un medio de prueba, debiendo serlo por tratarse de la afirmación o negación de un hecho de carácter no notorio. iii. Cuando la conclusión sea construida en base a medios de pruebas inexistentes; o iv. Cuando la conclusión está basada en el contenido de un medio de prueba cuyo contenido este falseado. De la Derivación se extrae el Principio de Razón Suficiente, por el cual toda conclusión requiere una razón suficiente que justifique su existencia; la conclusión debe ser el final del iter lógico seguido en la valoración de las pruebas apoyándose en inferencias razonables; cada conclusión expuesta puede formar una sucesión que al final lleven a una conclusión última en donde se afirme o niegue el hecho juzgado. De la Rúa (Fernando de la Rúa, La Casación Penal, Ediciones Depalma, Buenos Aires, Argentina, pág. 156), señala que la motivación para ser lógica debe responder a las referidas leyes que presiden el correcto entendimiento humano, observando como características: 1. Congruente: En donde las afirmaciones, deducciones y conclusiones guarden una adecuada correlación y concordancia entre sí. 2. Concordante: Cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella. 3. No Contradictoria, por estar libre de razonamientos que al oponerse se anulen entre sí al reflejar verdades incompatibles. 4. Inequívoca: al no dejar margen para cuestionar el alcance y significado de los razonamientos y de las conclusiones que le deriven; y 5. Suficiente: al estar constituida por un entramado de conclusiones interrelacionadas, que se deriven de múltiples cadenas de pensamientos, todos ellos aptos para producir razonablemente un convencimiento. DEL Principio de Debida Técnica en el Recurso de Casación Penal. Este Tribunal de Casación viene sosteniendo reiteradamente que “el Principio de Debida Técnica” se desprende de los requisitos formales para la interposición del recurso, “los que constituyen los mínimos requerimientos que debe contener la demanda de casación a efectos de ser tenida como un verdadero juicio técnico de impugnación, valorativo y preciso” (Véase Germán Pabón Gómez. De la Casación y la Revisión Penal. Colombia 2003. Ediciones Doctrina y Ley. P. 144). Este principio aparece recogido en el artículo 363 del Código Procesal Penal, con los requisitos obligatorios propios del rigor del recurso extraordinario de casación, estableciendo imperativamente que “El recurrente deberá indicar separadamente cada motivo” y “En lo que respecta a la Casación en el Fondo, deberá citar, concretamente, en forma clara y precisa, los preceptos legales que considere infringidos, el sentido en que lo hubieren sido, y expresará, también concretamente, la aplicación o interpretación que pretende…” No se trata de una simple rigidez de la naturaleza del recurso impuesta por un formalismo procesal sin sentido, antes bien, la norma pretende orientar al censor de tal forma que su reproche recursivo se encause dentro de los parámetros establecidos en la normativa procesal con el propósito de precisar mediante este instrumento la falencia del vicio de juicio o de la actividad procesal que agravia al justiciable, convirtiéndose las exigencias del recurso en garantía procesal del reclamo que se intenta, en tanto estos pretenden allanar el camino a la respuesta jurisdiccional mediante el planteamiento de un recurso claro y preciso que importe la aprehensión del recurso ante el Tribunal de Casación a efectos de favorecer la respuesta más congruente ante el recurso, por ello esta sala de lo penal ha venido reiterando que el principio de debida técnica requiere observarse en los siguientes sentidos: a) Elegir con puntualidad la causal. b) No salirse ni desbordarse con sus alegaciones, de los extremos y contenidos conceptuales o valorativos, o ámbitos propios de la causal elegida. c) Elaborar planteamientos con claridad y precisión. (En ese mismo sentido sentencia 24 de agosto de 2010 SP 273-08; Sentencia 28 de octubre de 2010 SP 199-09; Sentencia 18 de enero 2011 SP 351-09). Aun intentando la sala abordar el estudio desde la explicación del censor, no puede colegirse la infracción pretendida, de manera que la falta de claridad y precisión no permite a la Sala de lo Penal arribar al estudio deseado que hubiese permitido un recurso interpuesto observando los requisitos de ley[1]. De la procedencia del Recurso de Casación Por Quebrantamiento de Forma en su único motivo. El recurso no es de recibo. La Sala de lo Penal ha sostenido que en casación, como única instancia, solo puede hacer un análisis y en su caso censura, del proceso intelectivo de la sentencia cuando ésta contenga razonamientos que riñan con las reglas de la sana critica; debe entenderse entonces que el foco de estudio no es la prueba, no es lo que dejó de acreditar o acreditaron los medios probatorios (valoraciones de instancia), sino ese razonamiento plasmado por los jueces y los cuales les llevaron a construir los hechos declarados probados. Es de tener presente que conforme la naturaleza del recurso de casación resulta irrelevante el criterio que pueda generar la prueba al Ministerio Público, al acusador privado, a la defensa, etc. e inclusive al propio Tribunal de Casación; lo que consideren las partes o la Sala de lo Penal que debió haber sido la valoración de la prueba no es vinculante, sino que lo determinante es el criterio probatorio del Tribunal de Sentencia y si éste fue construido en respeto a las reglas de la sana crítica; ergo el motivo de casación debe concentrarse única y exclusivamente en demostrar que el criterio (valoración intelectiva) del juzgador fue erigido con inobservancia de esas reglas y principios que componen el recto entendimiento humano y no tratar de superponer otra valoración que se considera más propia. Los censores en su exposición del único motivo hacen uso de la mala técnica recursiva, pues desconoce la naturaleza del Recurso Extraordinario de Casación y de la debida técnica que se requiere observar para su planteamiento. Como se ha establecido antes, “el principio de debida técnica”, se desprende de los requisitos formales para la interposición del recurso, “los que constituyen los mínimos requerimientos que debe contener la demanda de casación a efectos de ser tenida como un verdadero juicio técnico de impugnación, valorativo y preciso”[2]. Este principio está recogido en el artículo 363 del Código Procesal Penal, con los requisitos obligatorios propios del rigor del recurso extraordinario de casación, estableciendo imperativamente que “Los recuurentes deberán indicar separadamente cada motivo” y “Tratándose de casación en la forma, deberá también, de manera clara y precisa, exponer los hechos constitutivos de cada uno de los motivos y el reclamo que haya realizado en su oportunidad, para subsanarlos”. Fundamentan los recurrentes en este motivo de casación penal en la inobservancia de la sana critica en la valoración de la prueba (artículo 362 preámbulo y numeral 3 del Código Procesal Penal), sin establecer con claridad cuál de las reglas y en qué postulado ha sido violentada, pues se limita a hacer una referencia general a todas las reglas de la sana critica, sin puntualizar a cuál de ellas se refiere en su recurso. Los censores no realizan un desarrollo adecuado, confrontando los medios de prueba contra la valoración intelectiva que hiciera el juzgador; en consecuencia, como se reitera, la única instancia no puede sobreponer valoraciones probatorias que ha fincado el Tribunal de Sentencia, el cual cuenta con la inmediación, solo hacer revisión del proceso de construcción de los razonamientos judiciales que valoran la prueba a fin de constatar que estén acorde con las reglas de la sana critica. La confusión y desconocimiento evidentes en el planteamiento de los recurrentes, impiden a esta Sala, descubrir el sentido de su reclamo y el alcance del mismo, de tal suerte que como ya se ha explicado, esta Sala, sólo puede hacer revisión del proceso de construcción de los razonamientos judiciales que valoran la prueba a fin de constatar que estén acorde con las reglas de la sana critica, por ende al no haber sido señalados por el censor, de manera clara y precisa los vicios que provocan la infracción, imposibilita a esta Sala de lo Penal dar respuesta al recurso planteado, por lo expuesto se declara improcedente el motivo de casación invocado por los recurrentes. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Recurso de Casación por Infracción de Ley. Establece el artículo 360 del Código Procesal Penal que “Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba de ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo…” (Lo resaltado es nuestro). De esta norma se puede determinar la configuración del recurso de casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal: 1. Respeto irrestricto a los Hechos Probados: Los hechos probados son el relato cronológico de un acontecimiento histórico anterior al proceso penal y que es objeto de debate, fijados por el Tribunal de Sentencia con base en lo que se ha probado en juicio, derivado de la valoración de los medios de prueba cuya reproducción el juzgador pudo apreciar de manera directa, colocándolo en una posición exclusiva de valoración. Por ello, tratándose de recurso por infracción de ley o de doctrina legal, se debe guardar absoluto respeto a los hechos que se declaren probados en la sentencia, trasladando el control judicial al ámbito de la juridicidad, así señalado en el artículo 369 del Código de Rito, en su tercer párrafo cuando prohíbe al Tribunal de Casación la modificación de los hechos probados, conocido como Principio de Intangibilidad de los Hechos Probados; 2. Falta de correspondencia entre los hechos probados y el fallo por infracción de precepto sustantivo o de principio fijado por la Doctrina Legal, a consecuencia de: a. Inobservancia de la norma sustantiva o Doctrina Legal que corresponde al caso; b. Errónea aplicación de una norma sustantiva o de Doctrina Legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis; c. Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del Principio fijado en la Doctrina Legal; d. Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal; y e. Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal. Es importante anotar que debe entenderse como norma sustantiva: a toda aquella que defina tipos penales o que le sean llamadas para conformar una conducta delictiva, aun cuando no tengan la categoría de una norma penal (como es el caso de las normas extrapenales de remisión por una norma penal en blanco), quedando excluidas las normas con contenido procesal. En conclusión, a través del recurso de casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el tribunal de instancia; de allí que a la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia o de la Doctrina Legal que sobre el tema jurídico se haya sentado; su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio -en esencia- consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados). Del Recurso de Casación por Infracción de Ley. Interpuesto por la defensa privada. Único motivo. Norma autorizante: Artículo 360 del Código Procesal Penal. Norma sustantiva que se denuncia infringida: Artículos 82 y 90 de la Constitución de la República en relación con los artículos 12, 14 y 200 del Código Procesal Penal. Concepto de la infracción: ° El derecho de defensa ° El debido Proceso ° Lealtad para con la justicia ° Inviolabilidad del derecho a la defensa ° Pruebas prohibidas o licitas Reclamación Ex Ante: Sin determinar por el pretensor. Pretensión: Dictar un fallo absolutorio. Establece el recurrente que cuando se realiza allanamiento en la casa de habitación de su representada, la misma no conto con la presencia de un apoderado legal, ya que no aparece la firma de ningún representante que diera legitimad al proceso violentando este derecho garantizado en la Constitución de la República, además, establece además que no se establecen los presupuestos para el tráfico de drogas ya que en ningún momento el Ministerio Público ha probado que la droga que se le encontró a mi representada fuese para traficar conforme al artículo5 numeral 34 de la ley sobre uso indebido y tráfico ilícito de drogas y sustancias psicotrópicas. DEL Principio de Debida Técnica en el Recurso de Casación Penal. Este Tribunal de Casación viene sosteniendo reiteradamente que “el Principio de Debida Técnica” se desprende de los requisitos formales para la interposición del recurso, “los que constituyen los mínimos requerimientos que debe contener la demanda de casación a efectos de ser tenida como un verdadero juicio técnico de impugnación, valorativo y preciso” (Véase Germán Pabón Gómez. De la Casación y la Revisión Penal. Colombia 2003. Ediciones Doctrina y Ley. P. 144). Este principio aparece recogido en el artículo 363 del Código Procesal Penal, con los requisitos obligatorios propios del rigor del recurso extraordinario de casación, estableciendo imperativamente que “El recurrente deberá indicar separadamente cada motivo” y “En lo que respecta a la Casación en el Fondo, deberá citar, concretamente, en forma clara y precisa, los preceptos legales que considere infringidos, el sentido en que lo hubieren sido, y expresará, también concretamente, la aplicación o interpretación que pretende…” No se trata de una simple rigidez de la naturaleza del recurso impuesta por un formalismo procesal sin sentido, antes bien, la norma pretende orientar al censor de tal forma que su reproche recursivo se encause dentro de los parámetros establecidos en la normativa procesal con el propósito de precisar mediante este instrumento la falencia del vicio de juicio o de la actividad procesal que agravia al justiciable, convirtiéndose las exigencias del recurso en garantía procesal del reclamo que se intenta, en tanto estos pretenden allanar el camino a la respuesta jurisdiccional mediante el planteamiento de un recurso claro y preciso que importe la aprehensión del recurso ante el Tribunal de Casación a efectos de favorecer la respuesta más congruente ante el recurso, por ello esta sala de lo penal ha venido reiterando que el principio de debida técnica requiere observarse en los siguientes sentidos: a) Elegir con puntualidad la causal. b) No salirse ni desbordarse con sus alegaciones, de los extremos y contenidos conceptuales o valorativos, o ámbitos propios de la causal elegida. c) Elaborar planteamientos con claridad y precisión. (En ese mismo sentido sentencia 24 de agosto de 2010 SP 273-08; Sentencia 28 de octubre de 2010 SP 199-09; Sentencia 18 de enero 2011 SP 351-09). Aun intentando la sala abordar el estudio desde la explicación del censor, no puede colegirse la infracción pretendida, de manera que la falta de claridad y precisión no permite a la Sala de lo Penal arribar al estudio deseado que hubiese permitido un recurso interpuesto observando los requisitos de ley[3]. De la procedencia del Recurso de Casación Por Infracción de Ley en su único motivo. El recurso no es de recibo. Claramente el Recurso de Casación por Infracción de Ley, de acuerdo a la normativa procesal penal procede; “cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma de carácter sustantivo, que deba ser observado para la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo”. La Sala de lo Penal, ha reiterado que cuando se conoce un Recurso de Casación por Infracción de Ley, se trata precisamente de examinar si en la descripción de los hechos probados establecida por el Tribunal de instancia se determina de manera correcta un iuditio de subsunciòn del hecho en el derecho, ya que el objetivo preciso del Recurso por Infracción de Ley, lo es el relato de hechos probados en la sentencia que deben ser descritos en el fallo de manera clara y precisa conteniendo un relato fáctico que permita adecuarlos a una hipótesis normativa. Debiéndose respetar los hechos probados, pues el principio de intangibilidad de los hechos fijados en la sentencia limita el control jurídico de la casación al vedar entrar a la reconstrucción histórica de los hechos acaecidos los cuales son fijados en la sentencia recurrida, procediendo sólo revisar y corregir la aplicación del derecho sustantivo. Los impetrantes en Casación por Infracción de Ley, debe precisamente manifestar el vicio iudicando que se considera cometido por el Tribunal sentenciador al momento de adecuar los hechos con el derecho en la infracción de normas sustantivas penales o doctrina legal, ya sea por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea. Por otra parte, esta Sala observa que los recurrentes hacen referencia de otro tipo de recurso casacional, el cual no lo desarrolla solo plasma los artículos sin lograr establecer cuál es el grave perjuicio causado, además de establecer alegatos de instancia. Esta Sala reitera que, por la vía de Infracción de Ley, que es el cauce invocado por el Censor, no es procedente conocer de los alegatos fundados en defectos de forma que radican en la valoración errónea de la prueba, en tanto que los mismos han debido ser canalizados a través de un motivo de casación por Quebrantamiento de Forma. La defectuosa técnica de casación utilizada por los recurrentes hace imposible el análisis objetivo de subsunción del tipo penal, pues no basta únicamente con plantear el alegato en abstracto, sino que para que este pueda admitirse y analizarse jurídicamente, es preciso que el mismo esté dotado de suficientes argumentos válidos y razonamientos fundados en la teoría del delito, como esencia misma del derecho penal. Por otra parte, esta Sala observa que el hecho declarado probado por el Juzgador ha sido relatado cronológicamente, derivado de la prueba directa e indiciaria legalmente incorporada al juicio, con la que el A Quo ha logrado formar la certeza de su convicción judicial acerca de la efectiva participación de la acusada Yeni Yamileth Dubón, por el delito de tráfico ilícito de drogas, en perjuicio de la salud de la población del Estado de Honduras. Por lo expuesto esta Sala de lo Penal, declara sin lugar el motivo de casación invocado por el recurrente. DECISION. No ha lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo, interpuesto por la defensa privada. No ha lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su único motivo, interpuesto por la defensa privada de la procedencia de la aplicación retroactiva del cp decreto 130-2017. A. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos de retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir una pena de cinco a diez años de prisión). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado, disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrará en vigencia y cuándo es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento del juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución Política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas en su totalidad, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el CP Decreto 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo código sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibida la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando en la decisión judicial de la sentencia que se impugna, se aprecie un concurso real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme a las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse, primero conforme al límite objetivo ordinario o límite objetivo extraordinario, según corresponda, y después conforme al límite subjetivo. Sin embargo, uno no es preferente sobre el otro, por lo que se aplicará el límite que sea menor; b. La ponderación deberá realizarse, primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el CP-130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a. Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b. Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no, los 30 años (límite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (límite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años, la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años, se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas, en suma, sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y, aun así, en suma, sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja, de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Límite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Límite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Límite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán, cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. C. Ponderación en el caso concreto En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso a la acusada Señora Yeny Yamileth Dubón Escalón a las penas principales de 15 años seis (6) meses de reclusión y multa de un millón de lempiras (L.1,000,000.00), por ser responsable del delito de tráfico ilícito de droga; Penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil, así como la responsabilidad civil La conducta reprochada a la acusada está prevista en el Código Penal 130-2017, como delito de tráfico de droga (Art. 311), cuya pena es: a. De 04 a 07 años de prisión y multa de 100 a 500 días, si se trata de drogas que no causan grave daño a la salud, los cuales son: los derivados del cáñamo índico o americano y los derivados del cannabis sativa índica o americana; o b. De 07 a 10 años de prisión y multa de 100 a 500 días , si se trata de drogas que causen grave daño a la salud, siendo éstas las enumeradas en las listas de Estupefacientes o preparados: I, II y IV (Lista de Estupefacientes sometidos a fiscalización internacional o lista amarilla: https://www.incb.org/documents/Narcotic-Drugs/Yellow_List/58th_Edition/Yellow_List_-SPA.pdf) de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes; Nueva York, 31 de marzo de 1961 y su Protocolo de modificación; y en las listas de sustancias Psicotrópicas: I, II, III y IV (Lista de Sustancias Psicotrópicas sometidas a fiscalización internacional o Lista Verde: https://www.incb.org/documents/Psychotropics/forms/greenlist/Green_list_SPA_08676.pdf) del Convenio de Naciones Unidas sobre sustancias psicotrópicas del 21 de febrero de 1971. Las penas por imponer serán de 10 a 15 años de prisión y multa de 300 a 500 días, cuando a cantidad de droga sea de especial importancia (Art. 312.5 NCP), entendiéndose como tal: i.- Diez mil (10.000) gramos de marihuana; ii.- Mil (1000) gramos de hachís; iii.- Dos mil (2000) gramos de cocaína; iv.- Dos mil (2000) gramo de alcaloide derivado de la cocaína; v.- Sesenta (60) gramos de opio o de sus derivados; vi.- Doscientos (200) gramos de droga sintética; o vii.- Cuatrocientos (400) mililitros cuando la droga sintética se encuentre en solución. En el caso de mérito, la droga incautada a la acusada Yeny Yamileth Dubón Escalón, fue cocaína con un peso de 31.67 gramos; droga que provoca grave daño a la salud, destinada para su venta; conducta que castiga el NCP con la pena de 07 a 10 años de prisión y multa de 100 a 500 días.- A partir de lo anterior se puede concluir que es procedente la aplicación retroactiva del NCP 130-2017, pues las penas le son más favorables en comparación con las contempladas en la ley especia vigente al momento de la realización del delito.- Las penas deberán de ser individualizadas siguiendo las reglas del artículo 70 NCP, teniendo en cuenta que el Ministerio Público presentó en la audiencia de individualización de pena, una circunstancia agravante establecida en el numeral 25 del artículo 27 del Código Penal (reincidencia), presentando una constancia de la Unidad de Antecedentes Penales que establece que la señora Yeny Yamileth Dubón Escalón, fue condenada entonces por el Juzgado Primero de Letras Seccional de Santa Rosa de Copán, a la pena de cuatro (4) años con seis (6) meses de reclusión, por el delito de facilitación de local para el tráfico de drogas, el 27 de abril de 2014, por lo que al concurrir una circunstancia agravante y ninguna atenuante, se aplica la pena media hasta el límite máximo (art.70 numeral b) del NCP); En cuanto a la pena de multa su individualización deberá de ser conforme lo manda el artículo 53 del NCP.- La acusada ha mencionado: La acusada Yeny Yamileth Dubón Escalón, informó en la audiencia de juicio oral y público, que era soltera, con 43 años de edad, hondureña, comerciante, con última residencia en el barrio San Martín, sector El Chorrerón. Lo señalado por las partes en la audiencia de individualización de la pena concreta, en particular la pena solicitada por el Ministerio Público, así como las circunstancias personales de los acusados documentadas en la foliada judicial, convencen a esta Sala de lo Penal que las penas que deben de ser impuesta a los acusados son: i.- pena de prisión: 08 años 6 meses (Art. 70.1.a NCP); ii.- Pena de Multa: 300 días, a razón de L. 20.00 por cada día, haciendo un total de L. 6,000.00; iii.- Penas accesorias. Por Tanto: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 66 y 616 del Código Penal 130-2017; 360,362 del Código Procesal Penal; Falla: Primero: Declara Sin Lugar el recurso de casación por quebrantamiento de forma en su único motivo y por infracción de ley en su único motivo, interpuesto ambos por los Abogados Martín Torres y Luis Dubón, en su condición de apoderado defensor privado.- Segundo: Declara la procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017, por las conducta reprochada a la acusada Yeny Yamileth Dubón Escalón; En consecuencia, reforma los pronunciamientos primero y segundo de la parte resolutiva de la sentencia de fecha treinta de julio de dos mil dieciocho, dictada por el tribunal de sentencia de la ciudad de santa Rosa de Copán, departamento de Copán, en los siguientes términos: Primero: Que debemos condenar y condenamos a la acusada Yeny Yamileth Dubón Escalón, como autora de un delito consumado de tráfico de drogas por comercialización de cocaína, en perjuicio de la Salud Pública, a cumplir las penas principales siguientes: a.- prisión por ocho (08) años con seis (06) meses, a la que deberá de deducirse el tiempo en que la condenada haya estado privada de su libertad cautelarmente por la misma causa criminal; b.- multa de trescientos días, a razón de veinte lempiras (L. 20.00) por cada día, dando un total de seis mil Lempiras (L. 6,000.00).- Segundo: Que debemos condenar y condenamos a la Señora Yeny Yamileth Dubón Escalón, a las penas accesorias: a.- inhabilitación absoluta por el tiempo de cumplimiento de la pena de prisión; b.- suspensión de la ciudadanía por el tiempo señalado para la pena de prisión, esto último por disposición constitucional (Art. 41.2).- Tercero: Declara Firme los pronunciamientos tercero, cuarto, quinto, y sexto de la parte resolutiva de la sentencia.- Y Manda: A efecto de que se acate lo resuelto, la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas en única instancia, deberá devolver los antecedentes del caso al tribunal de justicia de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento.- Notifíquese. – Firma y Sello. – Jose Olivio Rodriguez Vasquez. Magistrado Coordinador. Rafael Bustillo Romero. Magistrado. Alma Consuelo Guzmán Garcia. Magistrada - Firma y Sello. – Lety Emelda Posadas. Secretaria Actuante. Sala de lo Penal.” “La Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, integrada por los Magistrados, Walter Raúl Miranda Sabio Coordinador, Nelson Danilo Mairena Franco y Mario Rolando Diaz Flores, dicta el siguiente: AUTO En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veinticuatro de abril de dos mil veintitrés. ANTECEDENTES PROCESALES PRIMERO: Esta Sala de lo Penal dictó sentencia en fecha veinticuatro de febrero de dos mil veintidós por medio de la cual resolvió lo siguiente: “PRIMERO: Declara SIN LUGAR el recurso de casación por quebrantamiento de forma en su único motivo y por infracción de ley en su único motivo, interpuesto ambos por los Abogados Martin Torres y Luis Dubon en su condición de apoderado defensor privado.- SEGUNDO: Declara la PROCEDENCIA de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017, por la conducta reprochada a la acusada Yeny Yamileth Dubón Escalón; en consecuencia reforma los pronunciamientos primero y segundo de la parte resolutiva de la sentencia de fecha treinta de julio de dos mil dieciocho, dictada por el tribunal de sentencia de la ciudad de Santa Rosa de Copán, departamento de Copán, en los siguientes términos: Primero: Que debemos condenar y condenamos a la acusada Yeny Yamileth Dubón Escalón, como autora de un delito consumado de tráfico de drogas por comercialización de cocaína, en perjuicio de la Salud Pública, a cumplir las penas principales siguientes: a.- prisión por ocho (08) años con seis (06) meses, a la que deberá de deducirse el tiempo en que la condenada haya estado privada de su libertad cautelarmente por la misma causa criminal; b.- multa de trescientos días, a razón de veinte lempiras (L. 20.00) por cada dia, dando un total de seis mil lempiras (L. 6,000.00).- Segundo: Que debemos condenar y condenamos a la señora Rosa Ondina Ramos Zelaya, a las penas accesorias: a.- inhabilitación absoluta por el tiempo de cumplimiento de la pena de prisión; b.- suspensión de la ciudadanía por el tiempo señalado para la pena de prisión, esto último por disposición constitucional (Art.41.2. TERCERO: Declara FIRME los pronunciamientos tercero, cuarto, quinto, y sexto de la parte resolutiva de la sentencia.- Y MANDA: A efecto de que se acate lo resuelto, la Secretaría del despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas en única instancia, deberá devolver los antecedentes del caso al tribunal de justicia de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento…” SEGUNDO: De una minuciosa revisión de los antecedentes se logró determinar que por un error material involuntario, en la página veintiuno de la sentencia, en el “POR TANTO” se consignó que se debe condenar a la señora ROSA ONDINA RAMOS ZELAYA, a las penas accesorias, siendo el nombre correcto de la imputada YENI YAMILETH DUBÓN ESCALÓN, por lo que se debe proceder a subsanar el error antes mencionado. FUNDAMENTACIÓN ÚNICO: El artículo 142 del Código Procesal Penal dispone: “Antes de notificación de una resolución, el órgano jurisdiccional podrá aclarar las expresiones obscuras, corregir los errores materiales o suplir cualquier omisión que exista en la parte resolutiva, siempre que el acto no implique una modificación esencial de la resolución. Las partes podrán solicitar aclaraciones y adiciones dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de notificación. Los meros errores materiales y los aritméticos o de cálculo, cuando sean manifiestos, podrán ser rectificados en cualquier momento, a petición de parte o por propia iniciativa del órgano jurisdiccional.” PARTE DISPOSITIVA Esta Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, con fundamento en las normas antes citadas, RESUELVE:: Enmendar de oficio la sentencia emitida por esta Sala de lo Penal en fecha veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, específicamente en el “POR TANTO”, el cual deberá leerse de la manera siguiente: PRIMERO: Declara SIN LUGAR el recurso de casación por quebrantamiento de forma en su único motivo y por infracción de ley en su único motivo, interpuesto ambos por los Abogados Martin Torres y Luis Dubon en su condición de apoderado defensor privado.- SEGUNDO: Declara la PROCEDENCIA de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017, por la conducta reprochada a la acusada Yeny Yamileth Dubón Escalón; en consecuencia reforma los pronunciamientos primero y segundo de la parte resolutiva de la sentencia de fecha treinta de julio de dos mil dieciocho, dictada por el tribunal de sentencia de la ciudad de Santa Rosa de Copán, departamento de Copán, en los siguientes términos: Primero: Que debemos condenar y condenamos a la acusada Yeny Yamileth Dubón Escalón, como autora de un delito consumado de tráfico de drogas por comercialización de cocaína, en perjuicio de la Salud Pública, a cumplir las penas principales siguientes: a.- prisión por ocho (08) años con seis (06) meses, a la que deberá de deducirse el tiempo en que la condenada haya estado privada de su libertad cautelarmente por la misma causa criminal; b.- multa de trescientos días, a razón de veinte lempiras (L. 20.00) por cada día, dando un total de seis mil lempiras (L. 6,000.00).- Segundo: Que debemos condenar y condenamos a la señora Yeny Yamileth Dubón Escalón, a las penas accesorias: a.- inhabilitación absoluta por el tiempo de cumplimiento de la pena de prisión; b.- suspensión de la ciudadanía por el tiempo señalado para la pena de prisión, esto último por disposición constitucional (Art.41.2. TERCERO: Declara FIRME los pronunciamientos tercero, cuarto, quinto, y sexto de la parte resolutiva de la sentencia. - Y MANDA: A efecto de que se acate lo resuelto, la Secretaría del despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas en única instancia, deberá devolver los antecedentes del caso al tribunal de justicia de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento. Cúmplase. – Firma y Sello. Walter Raúl Miranda Sabio. Magistrado Coordinador. Nelson Danilo Mairena Franco. Magistrado. Mario Rolando Diaz Flores. Magistrado. Firma y Sello. Jose Ramon Cruz Ferrera. Secretario Sala de lo Penal.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve días del mes de mayo de dos mil veintitrés. Certificación de Sentencia dictada a los veinticuatro días del mes de febrero de dos mil veintitrés y el auto de fecha veinticuatro de abril del dos mil veintitrés, recaída en el expediente de casación con número de ingreso SP-565-2018.
RINA KORITZA SANDOVAL NAVAS
RECEPTORA ADSCRITA SALA DE LO PENAL
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[1] VID Sentencia de Casación Penal SP 41-2010 dictada por la Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia en fecha 08 de marzo del 2012
[2] Véase German Pabón Gómez, De la Casación y la revisión Penal, Colombia 2003. Ediciones Doctrina y Ley.P.144.
[3] VID Sentencia de Casación Penal SP 41-2010 dictada por la Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia en fecha 08 de marzo del 2012