Sentencia CP-555-18 — Registro 15539
Resumen
En primer instancia se condena al imputado como autor del delito de Posesión Ilegal de un Arma de Fuego Comercial, se declara sin lugar el recurso de casación interpuesto por su defensa
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."El Primer Motivo y el Segundo Motivo no son de Recibo. Ha identificado la Sala de lo Penal que tanto el primer motivo como el segundo motivo del recurso de casación por quebrantamiento de forma fueron construidos en torno al medio de prueba Dictamen Balístico que presento en la audiencia de debate el perito Luis Fernando Márquez Hernandez; por ello es que es procedente darles respuesta a ambos en un solo apartado, ello después de haber desarrollado brevemente la teoría sobre la naturaleza, designación de peritos, proposición de peritos, practica de la pericia, confección del dictamen, proposición del medio de prueba y evacuación. Es preciso iniciar señalando que existe un mal planteamiento del primer motivo de casación, pues el motivo que se presenta es inexistente dentro del listado taxativo del artículo 362 del código procesal Penal; no existe como motivo “la inobservancia de las reglas establecidas en el código procesal penal, violación del debido proceso en el juicio oral y público”, sin embargo, ha interpretado este tribunal de casación que se refiere el censor a la inobservancia de las reglas establecidas en el presente Código para la realización del juicio oral y público que se prevé como motivo en el numeral 5 de la norma señalada, que es precisamente el precepto autorizante que se invoca.- Así las cosas entonces el contenido de la exposición del recurso no tiene relación con el motivo, pues el Censor lo que denuncia es que el medio de prueba pericial fue realizado (lo que ocurre antes de la audiencia de debate), sin participación de la defensa privada del acusado; es pues que el vicio denunciado ocurrió antes de la audiencia de debate, pero el motivo que se presenta debe de haberse dado estrictamente en la audiencia de debate. Aunado a ello el argumento recursivo por sí mismo es improcedente, pues el núcleo del reclamo es que el perito no notificó al tribunal de sentencia la fecha, hora y lugar en que desarrollaría la pericia y que por ello hizo petición de que se declarase su nulidad en la audiencia de debate, empero previo a ello, en especifico en la audiencia de proposición de medios de prueba la defensa no manifestó su interés en estar presente al momento del estudio, tampoco en fechas posteriores consta en la foliada judicial que haya realizado alguna gestión con tal fin, por lo que su reclamo hasta el día de la audiencia de debate por no haber tenido conocimiento de cuando se realizaría el estudio pericial es inconsecuente con la inactividad de procurar dicha participación en momentos procesales previos. En el segundo motivo el Censor identifica como vicio, de nueva cuenta, la inobservancia de las reglas establecidas en el código procesal penal para la realización del juicio oral y público, pero en su contenido denuncia la evacuación de un medio de prueba la evacuación de un medio de prueba de una forma distinta a aquella por la cual fue admitida, dándose así una discordancia entre motivo y argumento recursivo.- Por otro lado, en cuanto al fondo del reclamo, el conflicto se origina por la admisión de parte del tribunal de sentencia de una actuación de investigación en la audiencia de proposición de medios de prueba (la realización de un estudio a un arma de fuego); increíblemente el caso llegó a etapa de juicio sin que se haya establecido hasta ese momento si aquello que fue incautado al acusado era un arma de fuego y, de ser así, cual era su estado mecánico, su estado operativo, sus características de clase y sus características individualizantes; aun así el proceso subió al juicio (por inobservancia de los deberes del Juez de Letras) y al llegar a la audiencia de proposición de medios de prueba, el Ministerio Público propuso la practica de un acto de investigación, con la aquiescencia de la defensa, lo que fue aprobado (cuestionablemente) por los jueces de sentencia.- Si bien lo anterior no es el objeto de la impugnación (ni tampoco podría serlo pues lo ocurrido fue con la aprobación del que ahora es Censor en casación), si fue el origen de lo que ahora se reclama pues en estricta forma en aquella oportunidad no fue propuesto ningún medio de prueba pericial sino que se solicitó la práctica de un acto de investigación.- Es el resultado de ese acto de investigación el que posteriormente fue evacuado en la audiencia de debate, pero no es reclamo del Censor que se haya presentado, se haya evacuado o que se haya valorado por el tribunal de sentencia, sino que lo reclamado es específicamente que el Señor Luis Fernando Márquez se haya personado en la audiencia de debate a “ratificar” el dictamen pues el Censor es del parecer que solo debió haberse presentado el documento y leído; empero lo denunciado es contra legem, pues precisamente el Código Procesal Penal (como se ha explicado en el apartado anterior), manda que los exámenes periciales deben de ser presentados por los peritos que los realizaron de manera oral en la audiencia de debate y que, excepcionalmente se presentara el informe por escrito, el que debe en su caso ser ratificado por dichos peritos; siendo esto último lo que aconteció en la audiencia de debate. En conclusión, aun cuando existe vicio en la propuesta de un acto de investigación en la etapa de juicio, en su admisión y en la presentación de un dictamen pericial que no había sido propuesto para debate, lo reclamado por el Censor es en cuanto a la forma de cómo fue evacuado, reclamo que no es de recibo pues la ley manda que todo examen pericial debe de ser evacuado precisamente en la forma como ocurrió en el presente caso (art. 326 cpp). Por lo anterior y acatando el mandato del artículo 350 del código procesal penal que limita la actuación de la Sala de lo Penal a aquello que fue estrictamente objeto de impugnación, es que deben de desestimarse el primer motivo y el segundo motivo de casación por quebrantamiento de forma...."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362, Numeral 5 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."– El Tercer Motivo no son de Recibo. El Censor presentó como contenido del tercer motivo dos vicios distintos, los que debieron ser objeto de desarrollo individual: la carencia o ausencia de motivación fáctica y la carencia o ausencia de motivación jurídica; empero en el desarrollo del motivo no se planteó ningún argumento relacionado.- Respecto a la motivación jurídica el Censor no hizo mención alguna; respecto a la motivación probatoria el Censor se ocupo en controvertir la prueba con aquello que considera fue probado, no probado y además hizo mención de las actuaciones de investigación que estima fueron omitidas; todo ello sin relación a la ausencia o no de motivación de los medios de prueba, que fue el vicio planteado. Así las cosas, el motivo tercero debe de ser desestimado al estar sostenido por argumentos relacionados con apreciaciones personales de la prueba..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 363 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."Principio de Legalidad El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra declarado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y regulado en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos de retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir una pena de cinco a diez años de prisión). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado, disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrará en vigor y cuándo es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo con la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento del juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución Política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme y mientras se esté ejecutando, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas en su totalidad, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el CP Decreto 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigor del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo código sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibida la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando en la sentencia impugnada por un recurso devolutivo se aprecie una pena no concursada, se procederá a la comparación de la pena concreta impuesta conforme CP-144-83 con la pena abstracta conforme CP-130-2017, bajo las siguientes reglas: Si la pena privativa de la libertad (reclusión/prisión), está contemplada como sanción en ambas legislaciones: i.- no procederá la aplicación retroactiva cuando la nueva legislación prevea una pena más grave que la anterior legislación; ii.- no procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada impuesta conforme el CP-144-83 se encuentre dentro del margen abstracto del CP-130-2017; iii.- procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada sea más grave en comparación con el margen abstracto previsto en la nueva legislación; o Si la sanción impuesta conforme el CP-144-83 es de distinta naturaleza a la prevista en el CP 130-2017, se procederá a hacer una ponderación en atención al caso concreto, incluyendo la situación personal del acusado, para determinar cuál de ellas le es más beneficiosa y con ello si procede o no la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal. En caso de requerirse estudios para determinar cuál de las sanciones es más beneficiosa, éstos deberán de ser ordenados por el Tribunal previo a la decisión. Escrito Suplementario Señala el artículo 624 del del Código Penal 130-2017 que, en el trámite de un recurso contra una resolución definitiva, las partes podrán presentar un escrito suplementario a efecto de que el tribunal ad-quem lo tome en consideración al momento que corresponda hacer la ponderación de la norma penal más favorable entre el Código Penal vigente al momento del hecho (CP 144-83) y el Código Penal vigente al momento del juzgamiento (CP 130-2017). En el presente caso no fue presentado escrito suplementario por parte de la representación legal del acusado Oscar Danilo Marín García, tampoco por el Ministerio Público, por lo que, conforme lo indica el mismo artículo 624, corresponde a la Sala de lo Penal hacer de oficio la ponderación de la norma penal más favorable en el caso concreto. Ponderación en el caso concreto En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso al señor Oscar Danilo Marín García, la pena principal de tres años de reclusión y las penas accesorias de inhabilitación especial e interdicción civil, por haber sido encontrado responsable como autor de un delito consumado de tenencia ilegal de arma de fuego de uso personal, en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras. Conforme las disposiciones del Código Penal 130-2017, el delito de tenencia ilegal de armas de fuego permitida, previsto en el artículo 580.1, prevé una pena abstracta de 01 a 04 años de prisión y localización permanente de hasta dos (2) años, a las personas responsables del delito, más las penas accesorias correspondientes. La comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que en el caso particular el Código Penal 130-2017 prevé una pena abstracta dentro de la cual esta la pena concreta impuesta al acusado conforme el Código Penal 144-83; sumado a que la nueva normativa contempla como pena principal la privación de derechos de portación ilegal de armas, misma que no estaba prevista en la anterior legislación.- por tanto no es procedente la aplicación retroactiva de la nueva codificación..."
Legislación citada
- Código Penal No. 130-17, art. 615 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
Certificación
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA la sentencia, que literalmente dice: “I. Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta y un días del mes de marzo del año dos mil veintidós, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los magistrados José Olivio Rodríguez Vásquez en su calidad de coordinador, Rafael Bustillo Romero y Alma Consuelo Guzmán García, pronuncian, En Nombre Del Estado De Honduras La sentencia en el Recurso de Casación SP-555-2018 por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha siete de septiembre del año dos mil dieciocho, dictada por el Tribunal de Sentencia de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán, mediante la cual falló: Primero: Condenó al señor Oscar Danilo Marín García, como autor del delito de Posesión Ilegal de un Arma de Fuego Comercial, en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras a la pena de tres años de reclusión.- Segundo: Condenó al señor Oscar Danilo Marín García, a las penas accesorias de inhabilitación especial para el ejercicio del sufragio activo y pasivo (elegir y ser electo) e interdicción civil durante el tiempo que dure la condena principal.- Tercero: Se le declaró la responsabilidad civil del señor Oscar Danilo Marín García.- Cuarto: Se ordenó el comiso del arma de fuego, tipo revólver, marca Taurus, serie PI440165, calibre .357 Magnum, color gris, cacha de hule color negro. Quinto: No procedió condenar en costas al señor Oscar Danilo Marín García. Son Partes En La Única Instancia: El abogado José Napoleón Cuestas Alvarenga, en su condición de defensor privado del señor Oscar Danilo Marín García, como parte recurrente y la abogada Ligia Cristina Roque Gómez, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, como parte recurrida. II. Hechos Probados De La Instancia Primero: En fecha veintiuno de junio de dos mil dieciséis, a las siete con cuarenta y cinco de la mañana, con autorización del Juzgado de Letras Departamental de Ocotepeque, se realizó un allanamiento en la vivienda del señor Oscar Danilo Marín García, la cual está situada en la aldea de Los Vados del municipio de Fraternidad, departamento de Ocotepeque, dicho allanamiento era con el objetivo de encontrar indicios relacionados con un supuesto delito contra la vida, que se estaba investigando. Segundo: Al practicar el registro de la vivienda el técnico en inspecciones oculares, Manuel de Jesús Muñoz Leiva, encontró en una papelera del baño de una habitación de la casa, un arma de fuego, tipo revólver, marca Taurus, serie PI440165; calibre .357 Magnum, color gris, cacha de hule color negro; misma que era propiedad del señor Oscar Danilo Marín García y de la cual, no estaba autorizado, por ninguna autoridad para tener en su poder, dicha el arma de fuego. Recurso De Casación. - Motivos Y Argumentos Recurso De Casación Por Quebrantamiento De Forma Primer Motivo: La inobservancia de las reglas establecidas en el Código Procesal Penal, violación del debido proceso en el juicio oral y público. Precepto Autorizante: Artículo 362, numeral 5 del Código Procesal Penal. Explicación Del Motivo: El artículo 242 del código procesal penal establece la forma de practicar la prueba pericial y señala que al momento de nombrar un perito oficial y ser investido este deberá de informar a la autoridad que lo nombro, para hacerle saber de su nombramiento así como de la fecha, hora, y lugar donde llevara a cabo la pericia, y posteriormente notificar a la defensa técnica del encausado, para que pueda presentar recusaciones del perito así como poder estar presente en los elementos que impliquen prueba, la representación del ministerio público presento un medio de prueba pericial del arma del cual se le acusa a mi poderdante tenía en su poder, por ello esta defensa en el turno de incidentes tal como lo señala el artículo 320 del código procesal penal siendo este el momento procesal oportuno, presento una nulidad y exclusión del medio de prueba pericial del arma de fuego, de conformidad al artículo 166 del mismo cuerpo legal, en sus numerales 3, 5, 6 y 7, debemos de partir que la práctica de este medio de prueba se ordenó con posterioridad a la audiencia de proposición de prueba y al estar la causa judicializada debe forzosamente ser sometida a control jurisdiccional, siendo así las cosas se nombra como perito balístico al señor Luis Fernando Márquez Hernández, del cual quedo plenamente probado con la inspección judicial al expediente de mérito y que el honorable tribunal reconoce como verdad en la sentencia objeto de impugnación, que en ningún momento el perito antes mencionado informara al tribunal la fecha, hora y lugar en que se llevaría a cabo la pericia, sin embargo para el tribunal de sentencias esto no constituye ningún vicio de nulidad, lo cual causa un agravio directo a esta defensa, puesto que el articulo 14 y 15 del código procesal penal reconocen el derecho a la defensa técnica del imputado, y este derecho es irrenunciable, en consonancia con el articulo 101 numeral 10 del mismo cuerpo legal que señala que la defensa técnica del imputado tiene derecho a estar presente en todos los actos que constituyan prueba, lo cual se tiene el pleno derecho a ser informado sobre el día en que se iba a realizar la práctica de este medio de prueba, y así poder estar presente al momento de la pericia y poder observar todo el proceso que el perito hace durante el procedimiento, verificar que el arma encomendada por la autoridad competente, sea la que efectivamente será objeto de la pericia, lo cual la sentencia de mérito y objeto de impugnación, lejos de ser un fallo justo apegado a derecho, violenta la defensa técnica de mi representado, le violenta el derecho a la igualdad de partes, y sobre todo a que se respeten todas y cada una de las garantías que el código procesal penal, la constitución de la Republica y tratados internacionales de los que Honduras forma parte, reconocen a toda persona imputada, la convención interamericana sobre derechos humanos en su artículo 8 garantiza el derecho a la defensa, lo cual el fallo en el que se condena a mi poderdante por el delito de tenencia ilegal de arma de fuego, no es dictado conforme las reglas de la sana crítica y del debido proceso, violentando la norma procesal aplicable en el caso que nos ocupa, puesto que durante la práctica de la prueba debe de contar con todas las partes, por ello nuestra normativa procesal es garantista y define el roll de cada una de las partes dentro del proceso penal, dicho lo anterior no se puede permitir en aras del derecho a la igualdad de partes que el ente fiscal realice prueba por su propia cuenta, ya que una vez judicializada la causa y teniendo mi representado calidad de imputado se le deben de respetar las garantías mínimas a que tiene derecho, es decir el ente fiscal no es quien maneja el proceso por si solos como si lo pueden hacer en la investigación preliminar, pero una vez sometida a control jurisdiccional debe ser el juez o tribunal quien vele por el respeto de las garantías que conlleva todo proceso penal, en ese sentido el perito balístico una vez que fue nombrado, debió forzosamente informar al tribunal el día y la fecha en que realizaría la pericia, este elemento quedo probado que no se llevó a cabo por lo que desde ese preciso momento, la prueba se convierte en nula, y argumentar que no era de utilidad la presencia de la defensa, es un elemento meramente subjetivo puesto que hay diferentes actuaciones que se pueden realizar, pero sobre todo la importancia de que se respete el debido proceso y el derecho a defensa.- Como podrá apreciar la Honorable Sala de lo Penal, el Honorable Tribunal de Sentencia de Santa Rosa de Copán, al admitir, valorar y no excluir el medio de prueba pericial, no observó las reglas establecidas en el artículo 242 y 243 del Código Procesal Penal.- Sobre lo alegado en este motivo la defensa lo hace por medio del presente recurso ya que el incidente de nulidad y exclusión de este medio de prueba, fue resuelto en la sentencia definitiva y que es objeto del presente recurso. Segundo Motivo: La inobservancia de las reglas establecidas en el Código Procesal Penal, para la realización del juicio oral y público. Precepto Autorizante: Artículo 362, numerales 2 y 5 del Código Procesal Penal. Explicación Del Motivo: El artículo 325 del código Procesal Penal, establece: "Recepción de Pruebas". Durante el juicio se recibirán las pruebas propuestas por las partes, y solamente podrán evacuarse los medios de prueba oportunamente propuestos por las partes. El tribunal podrá, sin embargo, a petición de parte o de oficio, ordenar que se practiquen otras pruebas si durante el juicio se ha puesto de manifiesto la omisión de un elemento de prueba importante antes no conocido. Dichas pruebas podrán ser ordenada también por el juez en la audiencia inicial". De acuerdo al precepto antes relacionado, los medios de prueba propuestos en la audiencia de proposición de prueba, o en la etapa de incidentes de la audiencia de debate, son los que se pueden ejecutar en el juicio oral, de manera excepcional los propuestos al final del debate, de acuerdo al mismo precepto relacionado. Resulta Honorable Sala de Lo Penal, que el ente fiscal propuso como prueba únicamente el dictamen pericial realizado por el perito Luis Fernando Marques Hernández, mismo que fue objeto de nulidad, sin embargo ni durante la audiencia de proposición de prueba ni en la etapa de incidentes la representación del ministerio público solicito que el perito antes mencionado compareciera a ratificar el dictamen que había elaborado, sobre este punto esta defensa se mostró en desacuerdo al momento que el tribunal de sentencias decide admitir que dicho documento fuera ratificado, interponiendo debidamente el respectivo recurso de reposición, que de igual manera fue declarado sin lugar por el honorable tribunal de sentencias de la ciudad de Santa Rosa de Copan, en ese sentido se ha violentado el debido proceso al admitir que se ratificara un elemento de prueba no incorporado legalmente ya que No Fuera Propuesto Oportunamente, lo cual no compartimos lo señalado en la sentencia de mérito ya que si bien es cierto la prueba pericial debe ser ratificada, debe imperativamente ser solicitado o anunciado por la parte que lo propone, lo que no ocurrió en el juicio, ya que dicho documento fue ratificado sin estar debidamente propuesto.- Como se podrá apreciar Honorable Sala de lo Penal se ha violentado las reglas del debido proceso, la incorporación de un elemento probatorio no propuesto legalmente y la forma de celebrar el juicio oral y público. Tercer Motivo: Carencia de motivaciones fácticas y jurídicas en la sentencia. Precepto Autorizante: Artículo 362, numeral 3 del Código Procesal Penal. Explicación Del Motivo: Al analizar la sentencia recurrida, en el apartado Primero de la valoración de la prueba, se aprecia que el tribunal sentenciador basó su decisión de condenar a mi representado, en la declaración testifical del señor Ismael Aguilar, el cual dice que el día martes 21 de junio del año 2016, se realizó un allanamiento de morada a la supuesta casa de mi representado, el cual este testigo únicamente tenía una tarea asignada de dar seguridad, y el cual dice que el policía Manuel Muñoz, encontró un arma de fuego en una papelera del baño y que este al preguntarle a mi representado, le respondió que no tenía permiso, a dicho testimonio no se le puede dar valor probatorio por que el no estuvo presente al momento que dice el agente Muñoz encontró la supuesta arma, tampoco estuvo presente cuando se supone se le pregunto por el arma, lo cual teniendo la declaración del agente Manuel Muñoz este testimonio no pudo ser valorado como un hecho que haya quedado plenamente probado. En cuanto a la declaración del agente Muñoz el tribunal de sentencias en su apartado segundo declara como hecho probado que mi representado el señor Oscar Danilo Marín, le manifestó a dicho agente que el arma de fuego era de su propiedad, por lo que no hay duda que el arma la tenía escondida en la papelera de su habitación, Con este razonamiento el tribunal no explica de qué forma le dio credibilidad a este medio de prueba si no fue complementado con otro medio de prueba idóneo y confiable; no hizo un proceso lógico para darle credibilidad, puesto que de la forma en que valoran este testigo se convierte de referencia y la fuente es mi propio defendido, es decir su propia declaración es la que resulta ser la motivación para su propia condena, lo cual no tiene lógica puesto que nadie puede declarar en contra de sí mismo, a la ves únicamente es válida la declaración rendida ante juez competente en ese sentido mi poderdante hiso uso de su derecho a no declarar, por lo que no se puede tomar esta supuesta declaración como la parte toral para decretar un hecho probado en perjuicio de mi defendido, dicho testimonio del agente muñoz no es congruente con el resto del material probatorio, puesto que si estamos ante un delito de tenencia de arma de fuego, se debería de haber acreditado en primera instancia que la casa objeto del allanamiento fuera de mi poderdante, o en su defecto acreditar bajo que título se encuentra habitándola, lo cual no quedo probado ni se aportó prueba sobre este punto, de igual manera según declaración de los testigos en la casa de habitación se encontraban dos personas adultas y un menor de edad, de esto deriva que el ente fiscal fue incapaz de acreditar de quien era la supuesta arma que se encontró en un baño, y esto debió quedar acreditado con plena prueba como exige la normativa procesal, por lo que hay duda razonable sobre la probable participación de mi representado, y no se podía dar por acreditado el hecho que se le imputa y por el que fue traído ajuicio.- Sobre lo alegado en este motivo, no se presentó reclamo alguno, ante el Tribunal de Sentencia de Santa Rosa de Copán, pues el vicio señalado se dio en la sentencia que se recurre. IV. Fundamentación Jurídica Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma El Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de esta, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio (Art. 90 de la Constitución de la República). Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso (Art. 9 cpp). Si no se cumple con los requisitos establecidos en la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos y, por el contrario, se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando: a. No se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), b. Se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o c. Se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; La inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción (vicio in procedendo) y que debe de ser objeto de saneamiento cuando proceda (Art. 171 cpp), de subsanación cuando concurran sus presupuestos (Art. 170 cpp) o, en su caso y como remedio último de nulidad 165 cpp). El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la denuncia hecha por algunas de las partes de una actividad procesal defectuosa que compromete la decisión final, dada en los actos procesales de la etapa de juicio o en la propia sentencia que le contiene y que tiene como sanción prevista por la ley su nulidad ante la imposibilidad de saneamiento o de subsanación, ergo no basta entonces con la presencia de un vicio, sino que se requerirá además: i.- Que la Recurrente haya presentado protesta contra el vicio, en el momento procesal oportuno, procurando sanearlo sin éxito (Art. 363 párrafo tercero de cpp); ii.- Que el vicio tampoco sea posible tenerlo por subsanado; iii.- Que el vicio sea de aquellos que tenga como sanción legal la nulidad de la actividad que lo contiene (Art. 362 cpp), planteados como motivos para recurrir.- Los dos primeros requisitos no serán necesarios cuando el defecto se produzca en la sentencia, pues la única forma de protesta sería el mismo recurso de casación. Además de los requisitos señalados, la Recurrente debe de tener presente que la instancia impugnativa en casación está munida de importantes recaudos formales determinados por la ley que deben de cumplirse en su interposición (Art. 363 párrafo tercero cpp) y que pueden ser de diferente naturaleza en atención al defecto procesal denunciado (Art. 362 cpp); Ello se debe a que se trata de un recurso extraordinario, que tiene como fin auditar la legalidad de la sentencia y por ende de una gran exigencia técnica. Es de esta forma que con la individualización del motivo se dan las siguientes consecuencias: a. La competencia de la Sala de lo Penal queda circunscrita a los aspectos objeto de impugnación (Art. 350 cpp); b. Es inaplicable el principio Iura Novit Curia, al no poderse suplir las omisiones de la Recurrente; y c. Es posible la concesión parcial del Recurso, cuando la razón solo aparezca en parte de lo alegado en el motivo. Motivos del Recurso.- Censor Oscar Danilo Marín García A.- Primer Motivo Normas Autorizantes: Artículo 362 numeral 5 del Código Procesal Penal. Normas Procesales que se denuncian Infringidas: Artículos 242 y 243 del Código Procesal Penal; Motivo: Inobservancia de las reglas establecidas en el Código Procesal Penal; violación del debido proceso en el juicio oral y público; Concepto de la Infracción: No se informó a la Defensa Privada el momento en que el perito realizaría el estudio para el dictamen de balística; Reclamación Ex ante: Se presentó incidente en la audiencia de debate, solicitando la nulidad del medio de prueba; Pretensión: Sin definir por el Censor. El Censor señala que el medio de prueba dictamen de Balística se ordenó con posterioridad a la audiencia de proposición de medios de prueba; que al estar judicializada la causa forzosamente debió ser sometida a control jurisdiccional. Aqueja el Censor que en ningún momento el perito informo al tribunal la fecha, hora y lugar en que se llevaría acabo la pericia, aun cuando la defensa técnica tiene el derecho de estar presente en todos los actos que constituyan prueba y así poder presentar en ese momento cualquier observación del proceso que este siendo realizado por el perito, como el verificar que el arma encomendada por la autoridad competente sea efectivamente objeto de la pericia. Agrega el Censor que el fallo en el que se condenó al acusado por el delito de tenencia ilegal de arma de fuego no es dictado conforme las reglas de la sana critica y el debido proceso. Arguye que no es posible permitir que en aras del derecho a la igualdad de las partes no puede permitirse que el ente fiscal realice pruebas por su propia cuenta; que el perito balístico debió forzosamente informar la tribunal el día y la fecha en que realizaría la pericia y que al no hacerlo convierte la pericia en nula y que el argumentar que la presencia de la defensa no era de utilidad es un “elemento meramente subjetivo”. B.- Segundo Motivo Normas Autorizantes: Artículo 362 numerales 2 y 5 del Código Procesal Penal. Normas Procesales que se denuncian Infringidas: Artículo 325 del Código Procesal Penal; Motivo: Inobservancia de las reglas establecidas en el Código Procesal Penal para la realización del juicio oral y público; Concepto de la Infracción: El dictamen pericial fue indebidamente ratificado por el perito que lo elaboro; Reclamación Ex ante: Reclamo formulado en la audiencia de debate; Pretensión: Sin definir por el Censor. El Censor explica que el Ministerio Público propuso como medio de prueba un dictamen pericial del cual fue perito el Señor Luis Fernando Márquez Hernandez, resaltando que ni en la audiencia de proposición de pruebas ni en la etapa de incidentes se solicito que éste compareciera a ratificar el dictamen que había elaborado, por lo que al haberse evacuado de tal forma (con ratificación del perito del dictamen que había elaborado), se violentó el debido proceso. Menciona el Censor que si bien es cerito la prueba pericial debe de ser ratificada, ello imperativamente debe ser por solicitud de la parte proponente, lo que no ocurrió en el presente caso al ratificarse un documento sin que fuese propuesto. Del Medio de Prueba Pericial A.- Fundamento del Medio de Prueba La prueba Dictamen, conocido más popularmente como medio de prueba pericial, se encuentra regulado en el Código Procesal Penal, en el Reglamento de Registro de Peritos, Interpretes y Traductores del Poder Judicial (En adelante RPLIT), y el Instructivo para Regular la Citación de Testigos, Peritos y demás Intervinientes en el Proceso Penal y la Comparecencia de Peritos y Consultores Técnicos ante los Juzgados y Tribunales (En adelante ICCTPC). El medio de prueba dictamen es un medio probatorio cuyo objetivo es explicar/demostrar a los jueces y juezas, las dependencias entre causa y efecto que acontecieron en relación a un hecho, objeto o persona de interés para el proceso penal.- Habrá la necesidad de éste medio de prueba cuando el tema de estudio recaiga sobre cuestiones cuya percepción o entendimiento escape a las aptitudes y conocimientos del común de las personas en general, distintas a las jurídicas relativas a la legislación nacional (Art. 239.1 del CPP); entonces su propósito no es auxiliar al juez en los temas en los que no se encuentre versado, porque ello podría dar paso para pensar que se puede prescindir del medio de prueba pericial en los casos que sí lo fuere; el peritaje se ordenara siempre que para el estudio de un fenómeno, un objeto, hecho o persona se requieran conocimientos que no se encuentre dentro de la esfera del profano, con independencia del conocimiento que de forma privada tenga el juez, permitiendo que las partes litigantes puedan auditar, controlar y controvertir su contenido (En ese sentido ver Sentencia de la Sala de lo Penal del 25 de junio de 2008, en Exp 005-2008). El conocimiento privado del juez no puede ser medido, auditado y controvertido por los litigantes y por lo tanto su aplicación afecta la debida contradicción y el derecho de defensa. También se podrá aceptar el dictamen que versen sobre la existencia, vigencia y alcance de una norma legal de carácter extranjera o de doctrina legal extranjera, y cuya existencia, entendimiento y aplicación sean necesarias para el caso concreto, como por ejemplo las normas penales extranjeras en los procesos de extradición (Art. 239.2 cpp). Entonces, todo lo referente al derecho nacional, incluyendo los tratados y convenios que Honduras haya ratificado, así como las sentencias internacionales en donde previamente el Estado haya aceptado la jurisdicción (como en el caso de la Corte Interamericana Sobre Derechos Humanos), se entenderán que forman parte del derecho interno y la doctrina legal interna, de modo que no podrán ser objeto de prueba, partiendo de la aplicación del Principio de Iura Novit Curia. En este punto es preciso hacer un alto para efectos de fijar contenidos conceptuales; Pareciera que fuese una mera cuestión de semántica, pero que en realidad es importante hacer la distinción entre peritaje y dictamen: 1. El peritaje es el estudio que realiza el perito y que concluye con un dictamen; y 2. Dictamen es el documento que contiene la explicación detallada de las operaciones técnicas realizadas y de los principios científicos o técnicos en que se funda, así como de las valoraciones de hecho o circunstancias relevantes en el asunto o para adquirir certeza sobre ellos, el cual se le puede acompañar documentos, instrumentos o materiales adecuados para exponer el parecer del perito (Art. 11.d y 11.e RPIT). En el primer caso requiere el nombramiento de un perito para la realización del estudio concreto, pero este no es medio de prueba (al menos no aún), mientras que en el segundo caso implica la presentación del dictamen a efecto de que sea valorada por el órgano jurisdiccional. B.- Nominación del Perito La nominación del Perito, entendido como la propuesta que hace para que una persona funja como perito en un proceso judicial, podrá realizarla cualquiera de las partes y en casos excepcionales por el propio órgano jurisdiccional (como en los autos para mejor proveer), más la designación dependerá de la etapa del proceso, puesto que en algunos momentos la nominación y designación se realizara en un solo acto por una misma autoridad, entretanto que en otros momentos procesales la nominación estará a cargo de un sujeto procesal, mientras que la designación a cargo de otro. En cualquiera de los casos la nominación y designación debería de recaer sobre algunos de los peritos que se encuentren inscritos en el Registro de Peritos, Intérpretes y Traductores del Poder Judicial (Art. 2 RPIT). La autoridad encargada de la designación dependerá del momento procesal en que se encuentre la causa criminal; en específico en los delitos de acción pública y de acción pública a instancia particular: 1.- Investigación Preliminar: (Etapa Preparatoria del Proceso Penal) Durante la investigación preliminar la nominación y designación del/la perito estará a cargo de los cuerpos de investigación del Estado (DLCN, ATIC, DPI, Policía Preventiva actuando por defecto), y/o por el Ministerio Publico (Art. 273 cpp), quienes podrán ordenar la realización de cualquier pericia en el campo de la criminalística y de las ciencias forenses, lo cual podrán hacer sin necesidad de autorización judicial al tratarse de prueba pre constituida al tener por objeto determinar la existencia de un hecho delictivo, sus efectos dañosos y/o la individualización de la persona o personas responsables (Ver en ese sentido Sentencia de la Sala de lo Penal de fecha 27 de junio de 2013, en Exp 047-2011). Fuera de los casos de prueba pre constituida, las pericias realizadas en la etapa preparatoria solo podrán incorporarse al proceso penal cuando hubiesen sido practicadas conforme al protocolo previsto para las pruebas anticipadas (Art. 246 cpp), siendo ésta precisamente una de las situaciones previstas como excepciones al principio de oralidad (Art. 311.1 cpp); de allí la importancia de hacer una clara diferenciación entre las pruebas pre constituidas y las pruebas anticipadas, y entre éstas y los actos de aseguramiento de prueba. Con todo, cuando para la práctica de la prueba pericial preconstituida sea necesario limitar a una persona del ejercicio de algún derecho fundamental (Constitución de la República) o de algún derecho humano (Convenios y Tratados Internacionales), será necesaria la autorización del órgano jurisdiccional competente, como por ejemplo en los casos de extracción de muestras del cuerpo de la persona sospechosa para su ulterior estudio (Art.107 cpp); entendiéndose como competente a aquel que le pueda corresponder conocer del requerimiento fiscal, en el caso de que se presentase. 2.- Después de Requerimiento Fiscal (Etapa Preparatoria e Intermedia) Conforme se desprende de los artículos 242 y 273, y éstos con relación con el artículo 264, todos del Código Procesal Penal, la potestad de designación de peritos por parte de los cuerpos de investigación del Estado para la práctica de pericias como prueba pre constituida cesa al agotarse la fase de la investigación preliminar, lo cual sucede cuando se presenta por parte del Ministerio Público el respectivo requerimiento fiscal, por cuanto con dicha presentación la persona sospechosa adquiere el carácter de imputado/a (Art. 101 cpp), y por ende nace la necesidad de garantizar los principios que informan el proceso penal, en especial el de contradicción, publicidad y defensa; por ello y a partir del requerimiento fiscal, las partes podrán solicitar la práctica de medios de prueba periciales nominando a la persona que realizara el mismo, siendo el juzgado de letras la autoridad competente para su designación (Al respecto ver sentencia de la Sala de lo Penal de fecha 22 de septiembre de 2014, en Exp 068-2012). c.- En la Etapa de Juicio Como regla general en la fase de juicio no habría ya la necesidad de ordenar un peritaje para el estudio de un objeto/sujeto probatorio, por cuanto a esta etapa se ha llegado después de haber superado la investigación preliminar (etapa preparatoria) y la investigación complementaria (etapa intermedia), entendiéndose pues que precisamente gracias a ello es que se ha dictado un auto de apertura a juicio en donde se evalúa que existe los suficientes méritos para elevar la causa a juicio (ello gracias al recabo de medios probatorios).- Sin embargo y excepcionalmente es posible que las partes propongan la práctica de una pericia en la etapa de incidentes del debate por un hecho nuevo o como auto para mejor proveer, momento en que el tribunal de sentencia será la autoridad competente para la designación del perito. Desafortunadamente la practica forense muestra que es común que las partes propongan estudios periciales en la audiencia de proposición de prueba, solicitando el nombramiento de peritos, etapa en que solo se tendría que proponer el dictamen ya efectuado; considérese que en realidad no se está proponiendo un medio de prueba, sino un acto de investigación, en donde no se tiene la certeza si será posible realizar el medio de prueba dictamen y, aun cuando fuese así, tampoco se sabe cuál será su resultado y, por consiguiente su pertinencia para el proceso penal.- Recordemos que en dicha audiencia el tribunal de sentencia debe de realizar un juicio de admisibilidad del medio de prueba que se propone (utilidad, pertinencia, proporcionalidad), lo cual solo es posible si se conoce cuál es el elemento probatorio (resultado de la pericia) que se pretende aportar con el medio de prueba; en los casos en que en lugar de proponer el medio de prueba dictamen (una pericia ya realizada y en la cual ya se conoce su resultado), se propone la designación de un perito para realizar el peritaje, implica que: i. El ente encargado de la investigación no concluyó con ésta, llegando a la etapa de juicio sin tener toda la información necesaria respecto al hecho que está imputando, con lo cual no debió solicitar elevar a etapa de juicio el proceso; ii. Imposibilidad del tribunal de sentencia de hacer un completo juicio de admisibilidad, dado que no existe elemento probatorio determinado (se desconoce el resultado de la pericia), y por tanto no se puede evaluar sobre su pertinencia, utilidad y proporcionalidad en relación con los hechos objetos de imputación; y iii. Imposibilidad para que la parte contraria (llámese defensa o Ministerio Público), pueda ejercer de manera efectiva el ejercicio de la defensa, pues los resultados de dichas pericias podrán alcanzar a conocerse hasta la audiencia de debate (como es común), sin espacio para estudiar el resultado, consultar a expertos o poder contar con un consultor técnico. C.- Proposición del Medio de Prueba Pericial y Designación del Perito Como todo medio de prueba, el dictamen pericial debe de ser propuesto en los momentos procesales pertinentes, a efecto de que sea admitido y valorado por el órgano jurisdiccional. Como regla general los momentos procesales oportunos serán: la audiencia inicial, en la audiencia de proposición de pruebas en la etapa de juicio, excepcionalmente en la etapa incidental de la audiencia de debate y/o en la etapa de ejecución de la sentencia, lo que no implica que puedan ser presentados en otros momentos procesales, como por ejemplo en una audiencia de revisión de medidas cautelares para efectos de sustentar la petición de la medida. Ahora bien, se le denomina perito a la “Persona natural experta, entendida en una ciencia, arte, técnica, tecnológicos, práctica, oficio u otros análogos, que por su especiales conocimientos es designado para apoyar a la impartición de justicia, y bajo juramento dictaminar sobre hechos, circunstancias o temas cuya valoración se relaciona con su formación técnica o profesional” (Art. 11.a RPIT). La autoridad competente elegirá como perito a la persona más idónea que, conforme objeto, hecho o persona de estudio, pueda atender el mandato, partiendo de que aquel cuente con título habilitante si se tratase de una profesión reglada, o en su caso con diplomas o constancias que revelen sus conocimientos especiales, además de la experiencia que tenga sobre el campo y, alternativamente, que tenga amplios conocimientos en la ciencia, arte, disciplina u oficio de que se trate el estudio, además de que no tenga ninguna de las incapacidades absolutas (Art. 241 numerales 1 y 4 del cpp) o relativas (Art. 241 numerales 2 y 3, y 243 del cpp) que prevé la ley. La calificación académica del perito (doctorado, maestría, especialidad, licenciatura, educación técnica o simple practicante) y el número de peritos deberá de ser elegido en proporción a la complejidad del estudio a realizar; de este modo se tendrán en cuenta las siguientes variables: a. Complejidad del estudio; b. Tiempo a desarrollar el estudio; c. Campo de conocimiento (científico, artístico, técnico, tecnológico o práctico); d. Costo del estudio; y e. Disponibilidad de perito calificado. En todo caso y como he señalado el perito debería de ser uno de los que estén debidamente inscrito en el Registro de Peritos, Interpretes y Traductores que está a cargo del Centro de Documentación Judicial del Poder Judicial, quien se encargará de verificar su calidad de experto, empero tal registro aún no está en funcionamiento. Cada caso determinara la necesidad del nivel académico o de experticia que deberá de tener el perito para realizar el estudio, pero también lo determinara la disponibilidad de dichos profesionales para el tiempo y lugar que se necesite. El Artículo 240 del Código Procesal Penal posibilita que, ante la ausencia de profesionales titulados o especialistas acreditados en el Registro de Peritos, Interpretes y Traductores (conforme señala el reglamento), puedan fungir como peritos las personas que tengan experiencia empírica y notoria en la ciencia, arte o técnica a que se refiera el análisis. D.- Investidura y Juramentación del Perito La juramentación es el acto mediante el cual se toma promesa a la persona perito de decir la verdad respecto a los procedimientos en el análisis encomendado y sus resultados, y además donde se le hace las advertencias legales respecto a las penas sobre el delito de falso testimonio en caso de que se informe falsamente sobre ello a la autoridad que le ha nombrado.- Existen dos clases de juramentación: a.- Juramentación para investidura, que ocurre cuando es aceptada la nominación de una persona para fungir como perito; y b.- Juramentación para rendición de dictamen, que se da en el estrado judicial previo a que el perito de informe sobre el dictamen. El procedimiento de juramentación para investidura a seguir dependerá si se trata de un perito no oficial o de un perito oficial: 1.- Tratándose de un Perito No Oficial: Entendiéndose como tal aquellas personas que no prestan servicio a ninguna institución del Estado, la autoridad que haga la designación deberá de informándole sobre su encomienda, el objeto de la pericia, el tiempo en que es requerida, haciéndole entrega de las evidencias a pericial (si fuere el caso), preguntándole el día, hora y lugar en que realizara el análisis, consultándole la conveniencia de que las partes puedan presenciar el desarrollo e invitándole a que señale aquellos obstáculos que podrían presentársele para lograr a buen cometido lo que se le ordena (Art. 242 tercer párrafo del cpp); igualmente la autoridad que nombre el perito deberá de escuchar a las observaciones de las partes, incluyendo las oposiciones a la designación de la persona del perito, salvo que ocurra en la etapa de la investigación preliminar, cuyo control es diferido a otro momento procesal. Para efecto de dar el debido contradictorio el acto investidura deberá de realizarse en audiencia (presencial o mediante video conferencia); o 2.- Tratándose De Peritos Oficiales: Siendo éstos las personas que desempeñan un cargo en cualquiera de las instituciones del Estado, la juramentación para investidura se entenderá como rendida al momento de tomar posesión de su cargo (Art. 322 de la Constitución de la República) y por lo tanto no será necesario ser llamado por la autoridad que le nombra para tales efectos. Se parte del principio de que todo empleado o funcionario público, para ser nombrado, deberá de reunir con los requisitos legales que el cargo exige, rindiendo promesa de ley al momento de tomar posesión del cargo, promesa que le vincula en todas sus actuaciones, las que incluyen aquellas desempeñadas con ocasión de haber sido nombrado/a como perito en una causa judicial. Considérese que el artículo 46 de la vigente Ley Especial contra el Lavado de Activos, publicada en abril de 2015, señala que los peritos adscritos al Ministerio Público no requerirán que sean juramentados previamente por un órgano jurisdiccional para realizar sus dictámenes. Señala el ICCTPC, que en estos casos la autoridad que ordene la pericia, remitirá al empleado o funcionario público o a la institución del Estado, una comunicación oficial en donde se haga saber el nombramiento recaído y toda la información necesaria para el cumplimiento fiel del cometido, así como estar entendida respecto a las obligaciones inherentes al cargo y las consecuencias sobre el delito de falso testimonio; igualmente el perito deberá de informar la hora, fecha y lugar en donde llevara a cabo el análisis y lo relativo sobre conveniencia de que las partes estén presentes en dicho momento. La persona designada debería de estar inscrita en el Registro de Peritos, Intérpretes y Traductores, según ordena el reglamento, pero entretanto dicho registro no entre en funcionamiento, este requisito no será exigible. La juramentación para rendir dictamen de los peritos, sean privados u oficiales, se realizará de la misma manera: Se practicara al momento de su comparecencia ante el órgano jurisdiccional, instantes previos a que rinda los resultados de su estudio (art. 326 cpp).- Por disposición procesal, podrá ocurrir que no sea requerida la presencia del perito en la audiencia (como ocurre en la audiencia inicial), sino que solo sea introducida por lectura su dictamen, en cuyo caso valdrá la juramentación que se haya hecho al momento de su investidura (peritos no oficiales), o al momento de su nombramiento como funcionario público (peritos oficiales), para los efectos de la responsabilidad penal por el delito de falso testimonio. E.- Oposición a la Nominación/Designación del Perito La nominación y designación del perito puede ser objetado por algunas de las partes, por diferentes razones y en los momentos oportunos conforme a la etapa procesal en que se encuentre la causa criminal; posibilidad que permite auditar la calidad del perito, su imparcialidad con la tarea encomendada y la fiabilidad del resultado. Son causas de oposición en la designación de una persona como perito: a. Incapacidades Absolutas: Son aquellas que no permiten que la persona pueda desempeñar la labor de perito en todo proceso Penal: i.- La persona nominada sea menor de edad; ii.- La persona nominada ha sido declarada previamente en interdicción civil por demencia (Art. 241.1 cpp); y iii.- La persona nominada no posee los conocimientos científicos, técnicos o artículos necesarios para llevar a cabo el estudio en un campo de la ciencia, arte o técnica determinada (Art. 240 cpp);b. Incapacidades Relativas: Refiere a aquellas causas que no permitirían que una persona pueda actuar como perito en un proceso penal determinado, más si en otros: i.- La persona nominada ha presenciado accidentalmente los hechos que son objeto de juzgamiento y por lo tanto su intervención en el proceso penal debe de ser como testigo y no como perito (Art. 240 y 241.2 del cpp); ii.- La persona nominada es de aquellas a la que la ley procesal concede el derecho de abstenerse a declarar (Art. 228 cpp); y iii.- La persona nominada se encuentre bajo cualquiera de las causales que dan lugar a la recusación de jueces, Magistrados y auxiliares del órgano jurisdiccional (Art. 243 cpp); c. Finalmente, se podrá presentar oposición a la persona del perito cuando se alegue que existe otra persona que puede realizar la pericia y cuya intervención es preferente dado su nivel de conocimiento más especializado que aquel nominado originalmente. Las partes podrán presentar como objeción a la designación del/la perito, cualquiera de las causales anteriores, en el momento procesal oportuno: Específicamente en los delitos de acción pública y de acción pública a instancia particular: a. Peritos Nombrados en la Investigación Preliminar: Al haberse practicado la pericia como medio de prueba preconstituida, la oposición a la persona del perito en esta etapa es de carácter diferida, cuando el dictamen ordenado en la investigación preliminar sea propuesto como medio de prueba en el proceso penal que se conozca posteriormente. La parte interesada podrá oponerse a la persona del perito, provocando que la pericia vuelva a realizarse con la designación de un experto diferente. b. Después de presentado el Requerimiento Fiscal (Etapa preparatoria, intermedia y de juicio), la parte interesada podrá oponerse a la designación de una persona como perito al momento de su nominación o al momento en que sea llamada para juramentación para la designación si se tratase de un perito no oficial (Art. 243 del cpp) o al momento en que sea designado por el juzgado o tribunal o por la institución correspondiente, si se tratase de un perito oficial (ICCTPC).- En caso de proceder la oposición, las partes y en su caso el propio tribunal, podrán nominar a otra persona diferente, debiendo entonces programarse una nueva audiencia de juramentación para designación de peritaje, la cual podrá realizarse de manera presencial o por video conferencia, en donde de nueva cuenta las partes podrán presentar las oposiciones pertinentes. F.- Desarrollo de la Pericia Indistintamente que sea al momento de la designación (peritos oficiales) o al momento de la investidura (peritos no oficiales), la autoridad competente deberá de señalarle de manera clara y precisa al perito el objeto de la pericia, eligiendo entre señalar el estudio de un objeto o hecho en todas sus aristas, formulándole cuestionario de las interrogantes que debe de responder con su análisis, solicitándole la práctica de un procedimiento científico o técnico especifico o demás requerimientos según sea el caso; todo ello en consonancia con los términos en que fuese admitido el medio de prueba. El Perito deberá de indicar los instrumentos o materiales que necesite para la tarea, diferenciando aquellos que estén a su alcance de los que no lo estén, el tiempo que le tomara, el lugar donde realizará la labor y los obstáculos o impedimentos que prevea puedan existir, para que el órgano jurisdiccional, previo a escuchar a las partes, pueda ordenar lo conducente (Art. 247 del CPP). El perito deberá de dar la oportunidad para que la parte que así lo requiera, pueda presenciar el desarrollo de la pericia, pudiendo incluso ser representada por un consultor técnico, ello salvo que el perito de razón justificada de que la presencia de terceros pueda poner en peligro la seguridad o la vida de alguna persona o pueda repercutir negativamente en el desarrollo del estudio, lo cual resolverá el órgano jurisdiccional (Art. 242 último párrafo del CPP). No existe discusión de que la persona imputada tiene derecho a estar presente al momento de que se realice materialmente el análisis pericial cuando no sea una prueba preconstituida, acompañado de un profesional del derecho o, por estimarlo pertinente, la sola presencia de este último (Art. 101.10 cpp); sin embargo, dicho derecho tiene sus excepciones, pudiendo desarrollarse el análisis pericial sin la presencia de las partes y/o sus apoderados legales cuando: 1. La ausencia de las partes en el desarrollo de la pericia obedezca a un acto voluntario; ello ocurre cuando las partes no se personan al lugar aún a pesar de tener conocimiento de fecha, hora y lugar en donde se realizaría la misma o cuando habiéndose hecho presente deciden ausentarse durante su desarrollo; 2. Medio de Prueba cuya práctica deba de realizarse con la debida reserva, debido a que su conocimiento previo por alguna de las partes pondría en peligro su resultado; como por ejemplo la intervención de comunicaciones electrónicas por un perito; 3. Cuando se requiera la práctica urgente del medio de prueba, so riesgo de perder el objeto de análisis; como por ejemplo la extracción de muestras y examen de sangre para detectar el alcohol en sangre en una persona sospechosa, después de protagonizar un accidente de tráfico; 4. Cuando la presencia de las partes ponga en riesgo el buen desarrollo y resultado del medio de prueba pericial (art. 242 cpp); como por ejemplo el examen pericial psicológico de la persona señalada como víctima en un delito contra la libertad sexual; y 5. En general que la presencia de las partes en la práctica material del medio de prueba pericial carezca de utilidad procesal (Art. 242 cpp). G.- El Dictamen Pericial El dictamen deberá siempre constar por escrito, sin perjuicio de que pueda ser defendido de manera oral en la audiencia judicial (art. 245 cpp); su formato será variado según sea el tipo de estudio realizado, más cualquiera que sea su naturaleza, señala Rodríguez Miranda deberán de contener como datos básicos (Rodríguez Miranda, Martín, Cambronero Delgado, José Luis. - La Prueba Pericial en el Proceso Penal. - Investigaciones Jurídicas S.A., San José, Costa Rica, 2006., Pág. 83): a. Datos generales, como ser lugar y fecha de la elaboración del dictamen, nombre y especialidad del perito, autoridad que le nombro, lugar y fecha del estudio realizado, datos de identificación del caso de investigación o judicial de que se trate, nombre de cualquier otra persona que haya intervenido, así como su papel en el análisis realizado, y demás datos generales necesarios; b. Descripción la persona, objeto o hechos examinados, indicando el origen y condición en que se encontraron, sobre todo cuando exista la posibilidad de que éstos puedan sufrir alteraciones o destrucción como consecuencia del estudio; c. Descripción detallada del método utilizado y/o pruebas practicadas, su práctica y resultado, con la respectiva fecha de realización, así como las observaciones aportadas por las partes o sus consultores técnicos; d. Una debida motivación o fundamentación, explicando el porqué de los fenómenos identificados o de los resultados obtenidos y que sirva de puente entre las operaciones realizadas y las conclusiones a las que se arriban; es en este apartado en donde el/la perito podrá desplayar su opinión respecto a lo encontrado. El dictamen deberá de ser redactado de modo que la rigurosidad científica no sea obstáculo para su fácil entendimiento; y e. Conclusiones de la actividad realizada, en donde el perito podrá dar a conocer sus valoraciones finales, dando respuesta específica a las cuestiones que fueron sometidas a su consideración. Debe de tomarse en cuenta que el dictamen es en realidad la documentación de la conclusión del proceso científico de investigación, por lo que en caso de que se le requiera el perito podrá anexar a éste el protocolo de desarrollo del estudio, las notas manuscritas que haya hecho, fotografías, radiografías, muestras y demás que haya tenido que realizar para elaborar el dictámenes, como por ejemplo: dictamen psicológico forense: los test realizados por el examinado; dictamen de autopsia: el protocolo de autopsia, fotografías; dictámenes balístico: indicios patrón e indicios de estudio; etc. (Ver art. 42.11 del Reglamento del Registro de Peritos, Intérpretes y Traductores ). H.- Presentación en el Proceso Penal del Medio de Prueba: El Dictamen Cualquiera que sea la etapa del proceso, el perito podrá hacer uso de varios tipos de instrumentos visuales o auditivo que ayude a la mejor explicación del estudio que ha realizado, con el fin del mejor entendimiento de los resultados arribados. El uso de videos, proyecciones de imágenes, reproducción de sonidos o videos, simulaciones computarizadas, maquetas, fotografías, etc., serán recomendables en la medida de la complejidad del campo de estudio o del análisis realizado, los cuales serán permitidos por el órgano jurisdiccional, salvo causa calificada. La reproducción del medio de prueba pericial se realizará de la siguiente forma (Art. 245 cpp): a. En la Etapa Preparatoria e Intermedia: el dictamen será presentado por escrito, sin perjuicio de que comparezca el perito a la audiencia judicial a rendirlo, a aclararlo o a ampliarlo; y b. En la Etapa de Juicio y en la fase de Ejecución, el informe pericial se rendirá verbalmente, explicando el perito de viva voz todo lo concerniente a su análisis, ello sin perjuicio de hacerse acompañar de su informe escrito (art. 326 cpp). - También el peritaje podrá ser rendido por escrito, dándole lectura al informe para que después el perito lo corrija, amplié, aclare o ratifique. Es importante señalar que existe una inversión de reglas entre la etapa preparatoria y la etapa de juicio y fase de ejecución, puesto que en la etapa preparatoria constituye regla la presentación del dictamen pericial por escrito, siendo la excepción la comparecencia del perito a dicha audiencia (art. 245 cpp); entretanto en la etapa de juicio y en la fase de ejecución, constituye la regla la comparecencia del perito a la audiencia y la excepción la introducción por lectura del dictamen pericial sin ratificación del perito (Art. 311.2 por defecto del artículo 326 del cpp).- La Sala de lo Penal ha señalado que la ausencia del perito a la audiencia de debate que obligue la introducción por lectura del dictamen pericial deberá de estar justificada con causa comprobada de la dificultad o de la imposibilidad a que se refiere el artículo 311.2 cpp; en específico en la sentencia de fecha 18 de abril de 2007 del Exp 338-2005 señaló: “Esta Sala de lo Penal aprecia que el Tribunal de juicio ha considerado en la sentencia recurrida medios probatorios de tipo pericial incorporados por lectura, no solo en violación de los párrafos primero y tercero del artículo 326 del Código Procesal Penal, por falta de comparecencia de los Peritos nominados a ratificar los dictámenes durante el juicio oral y Público. Igualmente se ha incurrido en incumplimiento del artículo 311 del Código Procesal Penal que autoriza excepcionalmente incorporar por lectura en el numeral 5: “Los informes periciales realizados durante la etapa preparatoria, a efectos de ratificación en el acta del juicio” y si bien el articulo anteriormente citado permite en su numeral 2 incorporar por lectura, cuando resulte “difícil o extraordinariamente difícil su reproducción en el acto del juicio oral y público”, en el presente caso se puede exonerar la no presencia de la Doctora R.L.D.R. por estar comprobado que estaba fuera del país, no sucediendo lo mismo con el Doctor J.F.M., perito al servicio del Ministerio Público cuya ausencia no fue justificada, en la audiencia de debate, por lo tanto no podía incorporarse por lectura su dictamen.”. Es obligatorio para todo perito atender el llamamiento fiscal/judicial formulado con la debida antelación y por conducto del funcionario público correspondiente. En caso de negativa el perito podrá ser conducido por la fuerza pública al estrado judicial cuando, por segunda vez y sin justificación alguna, desatienda dicho llamamiento (Art. 244 y 327 cpp). I.- Valoración del Medio de Prueba Dictamen El órgano jurisdiccional es el Perito Peritorum, esto implica que el juzgador no está vinculado a la opinión del perito, pudiendo aceptarla o rechazarla. El dictamen, al igual que todo medio de prueba, debe de ser sometido a valoración conforme a las reglas de la sana critica (Art. 202 cpp), pudiendo ser aceptado o descalificado cuando infrinja los principios de lógica, experiencia común o psicología; ello implica que el juez no prescindiera del medio de prueba dictamen pericial solo por el hecho de no estar de acuerdo con él, sustituyendo sus aportes sobre la única base de su propio conocimiento privado especializado en la materia o sustituyéndolo por el criterio publicado por otras personas que han estudiado el mismo campo de conocimiento, porque estos criterios no han podido ser controlados ni controvertidos por las partes litigantes. Los jueces si bien están autorizados a recurrir a la literatura para poder comprender de mejor manera el fenómeno científico, el arte, disciplina u oficio que se les explica en el medio de prueba pericial, esto no debe de utilizarse como sustituto del criterio expuesto en el medio de prueba pericial que no logra su convencimiento. El juzgador para descalificar la opinión del perito deberá de ser como consecuencia de irregularidades en las operaciones periciales, ausencia o deficiencia de los fundamentos, falta de claridad o precisión en sus conclusiones o violación de la lógica en éstas, contradicción con hechos notorios o con otros medios de prueba en la causa, etc. La Sala de lo Penal, respecto a la valoración de la prueba pericial, señaló en Sentencia del 06 de abril de 2010, en Exp 147-2008: “Si bien […] las legislaciones modernas han permitido la incorporación del sistema de libertad crítica del juez frente a la pericia, que resulta indispensable para que garantice, por un lado, que el perito no usurpe la función jurisdiccional del juez condicionando su fallo con su aporte y para que este controle la validez y eficacia probatoria del mismo y por otro lado, que el principio de valoración probatoria conforme a las reglas de la sana crítica, por parte del juzgador implique respecto de la prueba pericial, el examen del informe y la libertad crítica del juez que no lo exime de realizarla con racionalidad; libre arbitrio no puede equipararse a arbitrariedad; y libre crítica exige necesariamente que la decisión sea explicada y sujeta, a su vez, a la crítica de un tribunal de orden superior, para ello el Tribunal ha de valorar todas la pruebas practicadas, en forma armónica y complementaria en tanto que la exigencia de motivación responde a una finalidad de control del discurso probatorio del juez con el objeto de garantizar la racionalidad de su decisión.”. Por tanto, el juzgador deberá de guiarse sobre criterios de valoración intrínsecos y extrínsecos al medio de prueba pericial, a saber: a. Aspectos Intrínsecos: i. El Perito: Se valora en el perito su nivel de conocimiento en la ciencia arte, disciplina u oficio, ello por los estudios realizados y, además, en algunos casos, por la aceptación de la escuela o corriente doctrinaria que sigue dentro del mundo científico en donde se desenvuelve. Otro aspecto es la experiencia del Perito en el campo de estudio, el que algunas veces puede permitirle formular sus propias tesis distintas a las asentadas por colegas; Además se valora igualmente la objetividad del perito respecto al fenómeno estudiado e imparcialidad respecto a las partes litigantes del proceso penal. ii. El Peritaje: Es el conjunto de acciones realizada por el perito, donde aplica su conocimiento especializado en busca de una verdad. En este proceso el perito deberá de seguir los protocolos que la ciencia, arte, disciplina u oficios dictan para el correcto estudio o análisis. iii. El Dictamen: Es el Opus del perito, que como mínimo debe de incluir: bases fácticas de las que parte, cuando se trata de el examen de personas, esta base fáctica se recoge en la historia médico legal, la que no constituye una declaración testifical del que la rinde (como se explica en el apartado siguiente), sino un elemento de información y hasta de verificación del estudio; identificación de la fuente de la prueba, señalando si se trata de un objeto, hecho, fenómeno o persona; descripción del cualquier equipo o sustancias que hayan sido utilizadas; y iv. Cita de los principios observados, de las pruebas practicadas y los resultados obtenidos; conclusiones, en donde se expongan los resultados obtenidos, interpretados por el perito en base a su experticia; el perito en sus conclusiones deberá de indicarle al tribunal el grado de certeza conseguido en los resultados. b. Aspectos Extrínsecos: El juzgador dispone de un conjunto de medios probatorios adicionales para la formación de un juicio sobre el caso, de los que el experto no dispone, por actuar en un campo visual más estrecho, de modo que la uniformidad, coherencia con otros medios de prueba, incluyendo con otros dictámenes, es determinante para evaluar su certeza; así como ejemplo, en los dictámenes de autopsia, el médico forense señala que la manera de muerte es homicida, suicidio accidental, opinión que parte únicamente del limitado campo de estudio del perito, y no vinculante con lo que el órgano jurisdiccional vaya a determinar valorando no solo la prueba pericial, sino todo el inventario probatorio presentado en la causa. Amerita resaltar que muchas veces el medio de prueba dictamen en sí mismo es correcto y confiable, pero carece de utilidad para el proceso al no proporcionar información aprovechable en la búsqueda de la verdad sobre el caso. En general, las pautas de valoración del medio de prueba dictamen nos señalan que se debe de considerar el sustento de los métodos científicos empleados, el grado de desarrollo alcanzado por la respectiva ciencia, arte, disciplina u oficio, si entre las premisas y las conclusiones existe un necesario nexo lógico, si el informe es en sí mismo preciso o indeciso, coherente o contradictorio, incluyente o excluyente, la firmeza y calidad de los fundamentos del perito, etc. La aspiración del perito en la presentación de su dictamen es que sea leído o escuchado por el profano, haciendo suyo su contenido, convencido de los resultados expuestos sin resentir su propio desconocimiento sobre el tema. -Es importante apuntar que el perito debe de limitarse a las cuestiones atinentes a su especialidad, sin mudarse a otros campos de conocimientos ajenos, mucho menos enredándose en el andamiaje jurídico juzgado del caso en concreto (En ese sentido ver sentencia de la Sala de lo Penal de fecha 07 de noviembre de 2013, en Exp 080-2013) Resumiendo todo lo expuesto: el medio de prueba pericial debe de valorarse a la luz de las reglas de la sana critica, considerando si la opinión del perito ha sido bien fundada y expresada sin equívocos, y si no ha sido superada por un mayor convencimiento de otros medios de prueba, incluyendo otro medio de prueba pericial. De la Procedencia del Primer Motivo y Segundo Motivo. – El Primer Motivo y el Segundo Motivo no son de Recibo. Ha identificado la Sala de lo Penal que tanto el primer motivo como el segundo motivo del recurso de casación por quebrantamiento de forma fueron construidos en torno al medio de prueba Dictamen Balístico que presento en la audiencia de debate el perito Luis Fernando Márquez Hernandez; por ello es que es procedente darles respuesta a ambos en un solo apartado, ello después de haber desarrollado brevemente la teoría sobre la naturaleza, designación de peritos, proposición de peritos, practica de la pericia, confección del dictamen, proposición del medio de prueba y evacuación. Es preciso iniciar señalando que existe un mal planteamiento del primer motivo de casación, pues el motivo que se presenta es inexistente dentro del listado taxativo del artículo 362 del código procesal Penal; no existe como motivo “la inobservancia de las reglas establecidas en el código procesal penal, violación del debido proceso en el juicio oral y público”, sin embargo, ha interpretado este tribunal de casación que se refiere el censor a la inobservancia de las reglas establecidas en el presente Código para la realización del juicio oral y público que se prevé como motivo en el numeral 5 de la norma señalada, que es precisamente el precepto autorizante que se invoca.- Así las cosas entonces el contenido de la exposición del recurso no tiene relación con el motivo, pues el Censor lo que denuncia es que el medio de prueba pericial fue realizado (lo que ocurre antes de la audiencia de debate), sin participación de la defensa privada del acusado; es pues que el vicio denunciado ocurrió antes de la audiencia de debate, pero el motivo que se presenta debe de haberse dado estrictamente en la audiencia de debate. Aunado a ello el argumento recursivo por sí mismo es improcedente, pues el núcleo del reclamo es que el perito no notificó al tribunal de sentencia la fecha, hora y lugar en que desarrollaría la pericia y que por ello hizo petición de que se declarase su nulidad en la audiencia de debate, empero previo a ello, en especifico en la audiencia de proposición de medios de prueba la defensa no manifestó su interés en estar presente al momento del estudio, tampoco en fechas posteriores consta en la foliada judicial que haya realizado alguna gestión con tal fin, por lo que su reclamo hasta el día de la audiencia de debate por no haber tenido conocimiento de cuando se realizaría el estudio pericial es inconsecuente con la inactividad de procurar dicha participación en momentos procesales previos. En el segundo motivo el Censor identifica como vicio, de nueva cuenta, la inobservancia de las reglas establecidas en el código procesal penal para la realización del juicio oral y público, pero en su contenido denuncia la evacuación de un medio de prueba la evacuación de un medio de prueba de una forma distinta a aquella por la cual fue admitida, dándose así una discordancia entre motivo y argumento recursivo.- Por otro lado, en cuanto al fondo del reclamo, el conflicto se origina por la admisión de parte del tribunal de sentencia de una actuación de investigación en la audiencia de proposición de medios de prueba (la realización de un estudio a un arma de fuego); increíblemente el caso llegó a etapa de juicio sin que se haya establecido hasta ese momento si aquello que fue incautado al acusado era un arma de fuego y, de ser así, cual era su estado mecánico, su estado operativo, sus características de clase y sus características individualizantes; aun así el proceso subió al juicio (por inobservancia de los deberes del Juez de Letras) y al llegar a la audiencia de proposición de medios de prueba, el Ministerio Público propuso la practica de un acto de investigación, con la aquiescencia de la defensa, lo que fue aprobado (cuestionablemente) por los jueces de sentencia.- Si bien lo anterior no es el objeto de la impugnación (ni tampoco podría serlo pues lo ocurrido fue con la aprobación del que ahora es Censor en casación), si fue el origen de lo que ahora se reclama pues en estricta forma en aquella oportunidad no fue propuesto ningún medio de prueba pericial sino que se solicitó la práctica de un acto de investigación.- Es el resultado de ese acto de investigación el que posteriormente fue evacuado en la audiencia de debate, pero no es reclamo del Censor que se haya presentado, se haya evacuado o que se haya valorado por el tribunal de sentencia, sino que lo reclamado es específicamente que el Señor Luis Fernando Márquez se haya personado en la audiencia de debate a “ratificar” el dictamen pues el Censor es del parecer que solo debió haberse presentado el documento y leído; empero lo denunciado es contra legem, pues precisamente el Código Procesal Penal (como se ha explicado en el apartado anterior), manda que los exámenes periciales deben de ser presentados por los peritos que los realizaron de manera oral en la audiencia de debate y que, excepcionalmente se presentara el informe por escrito, el que debe en su caso ser ratificado por dichos peritos; siendo esto último lo que aconteció en la audiencia de debate. En conclusión, aun cuando existe vicio en la propuesta de un acto de investigación en la etapa de juicio, en su admisión y en la presentación de un dictamen pericial que no había sido propuesto para debate, lo reclamado por el Censor es en cuanto a la forma de cómo fue evacuado, reclamo que no es de recibo pues la ley manda que todo examen pericial debe de ser evacuado precisamente en la forma como ocurrió en el presente caso (art. 326 cpp). Por lo anterior y acatando el mandato del artículo 350 del código procesal penal que limita la actuación de la Sala de lo Penal a aquello que fue estrictamente objeto de impugnación, es que deben de desestimarse el primer motivo y el segundo motivo de casación por quebrantamiento de forma. Tercer Motivo.- Censor Oscar Danilo Marín García Normas Autorizantes: Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. Normas Procesales que se denuncian Infringidas: Sin Determinar por el Censor; Motivo: Carencia de motivaciones fácticas y carencia de motivaciones jurídicas en la sentencia; Concepto de la Infracción: Existencia de duda razonable de la participación del acusado en el delito que le fue imputado; Reclamación Ex ante: Imposibilidad de reclamo previo al estar contenido el vicio en la sentencia que ahora se impugna; Pretensión: Sin definir por el Censor. En el tercer Motivo el Censor discute que se condenó al acusado en base a la declaración del Señor Ismael Aguilar, al que no se le puede dar valor probatorio dado que no es un testigo presencial: no estuvo presente cuando el agente Muñoz encontró el arma y tampoco estuvo presente cuando supuestamente el acusado le indicó al Agente Muñoz que el arma era de él. Agrega el Censor el tribunal no explica “de qué forma le dio credibilidad” a la declaración del Agente Muñoz, en especial porque la fuente es el propio acusado aun cuando nadie puede declarar contra sí mismo, sumado a que el testimonio del agente no es congruente con el resto del material probatorio. Para el Censor se debió acreditar primero que la casa allanada era del acusado, que además se encontraba habitándola, pues fue declarado por los testigos que en la vivienda se encontraban dos personas adultas y un menor de edad, con lo cual no se acreditó de quien era el arma que fue encontrada en el interior, dándose así duda razonable sobre la participación del acusado en el delito. De la Procedencia del Tercer Motivo. – El Tercer Motivo no son de Recibo. El Censor presentó como contenido del tercer motivo dos vicios distintos, los que debieron ser objeto de desarrollo individual: la carencia o ausencia de motivación fáctica y la carencia o ausencia de motivación jurídica; empero en el desarrollo del motivo no se planteó ningún argumento relacionado.- Respecto a la motivación jurídica el Censor no hizo mención alguna; respecto a la motivación probatoria el Censor se ocupo en controvertir la prueba con aquello que considera fue probado, no probado y además hizo mención de las actuaciones de investigación que estima fueron omitidas; todo ello sin relación a la ausencia o no de motivación de los medios de prueba, que fue el vicio planteado. Así las cosas, el motivo tercero debe de ser desestimado al estar sostenido por argumentos relacionados con apreciaciones personales de la prueba. V. Decisión: Desestimar los tres motivos de casación por quebrantamiento de forma presentados. De La Procedencia De La Aplicación Retroactiva Del Código Penal Decreto 130-2017. Principio de Legalidad El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra declarado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y regulado en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos de retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir una pena de cinco a diez años de prisión). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado, disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrará en vigor y cuándo es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo con la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento del juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución Política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme y mientras se esté ejecutando, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas en su totalidad, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el CP Decreto 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigor del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo código sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibida la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando en la sentencia impugnada por un recurso devolutivo se aprecie una pena no concursada, se procederá a la comparación de la pena concreta impuesta conforme CP-144-83 con la pena abstracta conforme CP-130-2017, bajo las siguientes reglas: Si la pena privativa de la libertad (reclusión/prisión), está contemplada como sanción en ambas legislaciones: i.- no procederá la aplicación retroactiva cuando la nueva legislación prevea una pena más grave que la anterior legislación; ii.- no procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada impuesta conforme el CP-144-83 se encuentre dentro del margen abstracto del CP-130-2017; iii.- procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada sea más grave en comparación con el margen abstracto previsto en la nueva legislación; o Si la sanción impuesta conforme el CP-144-83 es de distinta naturaleza a la prevista en el CP 130-2017, se procederá a hacer una ponderación en atención al caso concreto, incluyendo la situación personal del acusado, para determinar cuál de ellas le es más beneficiosa y con ello si procede o no la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal. En caso de requerirse estudios para determinar cuál de las sanciones es más beneficiosa, éstos deberán de ser ordenados por el Tribunal previo a la decisión. Escrito Suplementario Señala el artículo 624 del del Código Penal 130-2017 que, en el trámite de un recurso contra una resolución definitiva, las partes podrán presentar un escrito suplementario a efecto de que el tribunal ad-quem lo tome en consideración al momento que corresponda hacer la ponderación de la norma penal más favorable entre el Código Penal vigente al momento del hecho (CP 144-83) y el Código Penal vigente al momento del juzgamiento (CP 130-2017). En el presente caso no fue presentado escrito suplementario por parte de la representación legal del acusado Oscar Danilo Marín García, tampoco por el Ministerio Público, por lo que, conforme lo indica el mismo artículo 624, corresponde a la Sala de lo Penal hacer de oficio la ponderación de la norma penal más favorable en el caso concreto. Ponderación en el caso concreto En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso al señor Oscar Danilo Marín García, la pena principal de tres años de reclusión y las penas accesorias de inhabilitación especial e interdicción civil, por haber sido encontrado responsable como autor de un delito consumado de tenencia ilegal de arma de fuego de uso personal, en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras. Conforme las disposiciones del Código Penal 130-2017, el delito de tenencia ilegal de armas de fuego permitida, previsto en el artículo 580.1, prevé una pena abstracta de 01 a 04 años de prisión y localización permanente de hasta dos (2) años, a las personas responsables del delito, más las penas accesorias correspondientes. La comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que en el caso particular el Código Penal 130-2017 prevé una pena abstracta dentro de la cual esta la pena concreta impuesta al acusado conforme el Código Penal 144-83; sumado a que la nueva normativa contempla como pena principal la privación de derechos de portación ilegal de armas, misma que no estaba prevista en la anterior legislación.- por tanto no es procedente la aplicación retroactiva de la nueva codificación. VI. Por Tanto: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 140 del Código Penal; 360 y 362 del Código Procesal Penal; Falla: Primero: Declara Sin Lugar los motivos primero, segundo y tercero del recurso de casación por quebrantamiento de forma que interpuso el Abogado José Napoleón Cuestas Alvarenga, en su condición de apoderado defensor privado del Acusado Oscar Danilo Marín García.- Segundo: Declara la No Procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017, por las conductas reprochadas al acusado Oscar Danilo Marín García; como consecuencia la ejecución de la pena deberá de realizarse conforme las normas del código penal 144-83.- Tercero: Declara la Firme y Ejecutable la sentencia de fecha siete de septiembre de dos mil dieciocho, dictada por el tribunal de sentencia de la Ciudad de Santa Rosa de copan, Departamento de Copan.- Y Manda: A efecto de que se acate lo mandado en el apartado anterior, la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personas en única instancia, deberá devolver los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento.- Notifíquese. - Firmas y Sello. José Olivio Rodríguez Vásquez. Magistrado Coordinador. Rafael Bustillo Romero. Magistrado. Alma Consuelo Guzmán García. Magistrada. Firma y Sello. Lety Emelda Posadas. Secretaria Actuante. Sala de lo Penal.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en fecha treinta y uno de octubre de dos mil veintidós. Certificación de la sentencia dictada el treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, recaída en el expediente SP 555-2018.
JOSÉ RAMÓN CRUZ FERRERA
Secretario Sala de lo Penal
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