Sentencia CP-548-19 — Registro 16927
Resumen
En primer instancia se condena a los imputados por los delitos de Facilitación de los Medios de Transporte de Drogas y Portación Ilegal de Arma de Fuego Comercial, se declara sin lugar el recurso de casación interpuesto por el Ministerio Público
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
El planteamiento del recurso de casación requiere de una especial técnica que condiciona su suerte, ello como consecuencia de ser un recurso cerrado, devolutivo, suspensivo y especialmente un recurso extraordinario. La calificación de recurso extraordinario obedece a que solo podrán plantearse como motivos aquellos que previamente estipule la ley procesal como medio para sustentar el recurso. Es pues que el censor no puede oponer como motivo una razón distinta a aquella que el legislador a previsto como la autorizada. En el presente caso la recurrente, opone un motivo de casación por quebrantamiento de forma que no está contemplado en ninguno de los numerales del artículo 362 del código procesal penal, y en específico en el numeral 1 que cita, pues en éste se contemplan como motivos: 1. Que la sentencia no tenga la declaración de los hechos probados; 2. Que la declaración de los hechos probados no sea clara; 3. Que la declaración de los hechos probados no sea terminante; o 4. Que la declaración de los hechos probados sea contradictoria. En específico al último motivo, este refiere a un defecto interno en la construcción del factum, es decir al posible defecto de que en los hechos probados se haga una declaración contradictoria. En el presente caso la representante fiscal, señala la existencia de contradicción, no como defecto en la construcción de los hechos probados, sino porque considera que aquello que acredita la prueba (bajo su personal apreciación), es distinto a lo narrado en el factum; motivo que es inexistente en el derecho procesal de impugnación, debiendo ser desestimado
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 363 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
El segundo motivo no es de recibo. La Sala de lo Penal ha señalado que en casación, como única instancia, solo puede hacer un análisis, y en su caso censura, del proceso intelectivo de la sentencia cuando ésta contenga razonamientos que riñan con las reglas de la sana crítica; debe entenderse entonces que el foco de estudio no es la prueba, no es lo que dejó de acreditar o acreditó los medios probatorios (valoraciones de instancia), sino ese razonamiento plasmado por los jueces y los cuales les llevaron a construir los hechos declarados probados. La exactitud en la confección del recurso de casación por quebrantamiento de forma, tratándose de violaciones a las reglas de la sana crítica debe ser alta: se requiere de la identificación del razonamiento judicial, la identificación de la regla de la sana crítica que se considere violentada, la explicación del porqué el razonamiento judicial contiene un vicio de inobservancia o de mala aplicación de la regla de la sana crítica y finalmente, la explicación del porqué dicha violación tiene una repercusión negativa en la decisión adoptada por el tribunal; es un trabajo técnico, bastante preciso, pues a cada razonamiento judicial debe hacerse el examen sobre su propiedad. En el caso de autos la censora plantea un defectuoso recurso que no permite a esta Sala de lo Penal hacer un pronunciamiento de fondo, pues sus argumentos no se dirigen a determinar si los razonamientos judiciales destinados a valorar la prueba fueron fieles o no a las reglas de la sana crítica, sino que se dirigen a cuestionar directamente la prueba, determinando que esta fue contradictoria al hecho probado por la instancia y señalando lo que considera la censora se acredito y lo que no se acredito por su conducto. Además, la recurrente se desvía de su propio motivo, increpando que la acción cometida por los acusados no es otra que la establecida en el artículo 05 numeral 34 de la Ley especial contra el Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas, sin embargo, fue aplicado la facilitación de los Medios de Trasporte de Droga. Se suma a lo anterior, lo que sería el principal defecto de interposición, el cual es la falta de determinación de la regla de la sana critica; recordemos que la sana crítica es un reservorio de reglas y principios que rigen el correcto entendimiento humano; por ello todo censor que invoque su inobservancia como motivo de casación deberá de ser claro y preciso respecto a aquella regla o principio que fue violentado, lo cual no ocurre en el presente caso, pues si bien la recurrente fue insistente en la existencia de describirse hechos probados distintos a los resultados de la prueba evacuada, tal defecto no lo ubica en un razonamiento judicial sino como conclusión de su privada y personal valoración de la prueba, es pues que la contradicción aludida no es el resultante del análisis del razonamiento judicial, sino el resultante de aquella valoración que hizo la representante fiscal y que quiere que esta Sala de lo Penal asuma e imponga al tribunal de sentencia, olvidando que en única instancia (casación) la ley prohíbe valoración de prueba por no contarse con inmediación. La Sala de lo Penal ha sentado doctrina legal respecto a que la falta de indicación de la regla específica de la sana crítica en el recurso produce como resultado la imposibilidad de resolución del recurso; así en las sentencias del 16 de noviembre de 2009 en el Exp 396-2007, del 11 de diciembre de 2009 en el Exp 136-2008, del 22 de marzo de 2011 en el Exp 387-2008, del 20 de octubre de 2011 en el Exp 360-2009, del 24 de agosto de 2010 en el Exp 023-2010, entre otras.- Específicamente este Tribunal de Casación ha señalado: “Esta Sala de lo Penal ha estudiado detenidamente los argumentos del recurrente y observa que si bien ataca el fallo por el cauce de la violación de las reglas de la sana crítica, concentra su esfuerzo recursivo en ponderar detalladamente cada uno de los medios de prueba, pero olvidó indicar concretamente la regla del correcto entendimiento humano, es decir, de la lógica, psicología o máximas de la experiencia, que a su entender no han sido observadas por el juzgador, y el efecto que su indebida aplicación ha tenido en el fallo que absuelve al acusado, defecto en el que incurre el censor por una inadecuada técnica recursiva. […] defecto que impide a este tribunal de alzada hacer un pronunciamiento en el fondo, no siendo procedente subsanar el defecto recursivo de manera oficiosa, por tal razón este primer motivo de casación debe desestimarse. (Sentencia de fecha 26 de Agosto de 2014 en Exp 043-2012). También: “Del examen de los autos se aprecia que el Impetrante señala que se han violado las reglas de la sana crítica […] sin embargo, no logra en ningún momento desarrollar el sentido de la infracción en función de demostrar ante el tribunal de casación la infracción de las reglas de sana crítica, en tanto no especifica que reglas se han infringido y como se da dicha violación; en ese sentido, la sala de lo penal reitera el criterio siguiente: cuando se invoque como motivo de casación la no aplicación de las reglas de la sana crítica el recurrente deviene obligado a señalar concretamente que regla de la sana crítica estima ha sido inobservada por el juzgador en la valoración de la prueba y la incidencia que tal omisión ha tenido en el fallo, señalamiento que no ha verificado el recurrente, razón por la cual se dificulta para el tribunal de casación el examen del motivo.”. (Sentencia de fecha 5 de Agosto de 2014, del Exp. 070-2012).
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
de la procedencia de la aplicación retroactiva del código penal decreto 130-2017. A. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos de retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir una pena de cinco a diez años de prisión). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado, disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrará en vigencia y cuándo es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento del juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución Política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas en su totalidad, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el CP Decreto 130-2017 ¡. Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo código, sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibida la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando en la decisión judicial de la sentencia que se impugna, se aprecie un concurso real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme a las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse, primero conforme al límite objetivo ordinario o límite objetivo extraordinario, según corresponda, y después conforme al límite subjetivo. Sin embargo, uno no es preferente sobre el otro, por lo que se aplicará el límite que sea menor; b. La ponderación deberá realizarse, primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el CP-130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a. Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b. Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no, los 30 años (límite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (límite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años, la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años, se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas, en suma, sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y, aun así, en suma, sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja, de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Límite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Límite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Límite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán, cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. C. Escrito Complementario No fue presentado ante la única instancia escrito por parte de la Defensas Privada de los acusados Ronal Jobany González Hernández y Noe Adalid Vallecillo Vallecillo, que expusiera cuál es su criterio en cuanto a la aplicación retroactiva del nuevo cuerpo normativo penal, tal y como lo señala el artículo 624 del Código Penal 130-2017; Tampoco el Ministerio Público hizo pronunciamiento sobre el respecto, por lo que la Sala de lo Penal se ve obligada a realizar el análisis de oficio tal y como prevé el numeral 3 de la misma norma citada, en relación a los acusados señalado. D. Ponderación en el caso concreto En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso a los señores Ronal Jobany González Hernández y Noe Adalid Vallecillo Vallecillo, las sanciones por dos delitos, a saber: i.- 06 años de reclusión por un delito de Facilitación de los medios de transporte para el Tráfico Ilícito de Drogas, en perjuicio de La Salud de la Población del Estado de Honduras; ii.- Multa de cincuenta mil lempiras (L 50.000.00). iii.- 03 años de reclusión por el delito de Portación Ilegal de arma de fuego de uso comercial, en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras. En suma, la pena concreta impuesta a los anteriores acusados es de 09 años de reclusión de la libertad y cincuenta mil lempiras exactos (L.50,000.00), más las penas accesorias de inhabilitación especial, absoluta e interdicción civil, por el tiempo de la pena privativa de libertad, y las consecuencias penales trabajo penitenciario, responsabilidad civil derivada del delito y el comiso. Conforme las disposiciones del Código Penal 130-2017 por las infracciones penales cometidas por los acusados correspondería la imposición de las siguientes penas: La conducta reprochada a los señores Ronal Jobany González Hernández y Noe Adalid Vallecillo Vallecillo por el delito de Facilitación de los medios de transporte para el Tráfico Ilícito de Drogas, prevista en el Artículo 311 del Código Penal 130-2017 como delito de tráfico de droga por posesión para la facilitación de su consumo ilegal, cuya pena es: i. De 04 a 07 años de prisión y multa de 100 a 500 días, si se trata de drogas que no causan grave daño a la salud, los cuales son: los derivados del cáñamo índico o americano y los derivados del cannabis sativa índica o americana; o ii.De 07 a 10 años de prisión y multa de 100 a 500 días , si se trata de drogas que causen grave daño a la salud, siendo éstas las enumeradas en las listas de Estupefacientes o preparados: I, II y IV (Lista de Estupefacientes sometidos a fiscalización internacional o lista amarilla:¡https://www.incb.org/documents NarcoticDrugs/Yellow_List/58th_Edition/Yellow_List_SPA.pdf) de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes; Nueva York, 31 de marzo de 1961 y su Protocolo de modificación; y en las listas de sustancias Psicotrópicas: I, II, III y IV (Lista de Sustancias Psicotrópicas sometidas a fiscalización internacional o Lista Verde:https://www.incb.org/documents/Psychotropics/forms/greenlist/Green_list_SPA_08676.pdf) del Convenio de Naciones Unidas sobre sustancias psicotrópicas del 21 de febrero de 1971. Conforme los hechos probados, los acusados transportaban en un vehículo automotor dieciocho mil cuatrocientos treinta cuatro punto cincuenta gramos (18,434.50 gr) de cocaína, la cual es un alcaloide extraído de la hoja de coca o preparado por síntesis a partir de la ecgonina, considerada una droga ilegal de grave daño conforme la Lista Amarilla, (lista I - sección 1, código IDS NC 004, denominación química: éster metílico de la benzoilecgonina). Advierte esta Sala de Casación que conforme a los hechos probados concurren circunstancias agravantes contempladas en el artículo 312 numerales 3, 5 y 8, no así circunstancias atenuantes del artículo 313 del CP 130-2017, por lo que el marco abstracto de la pena que debe de ser impuesta es de 10 a 15 años de prisión y multa de 300 a 500 días, incrementada en un (1/3) tercio, al concurrir la circunstancia del numeral 3 (Cometer el delito en el ámbito de un grupo delictivo organizado) junto con la prevista en el numeral 5 (18,434.50 gramos de cocaína) (Art. 311 último párrafo). Siendo el margen abstracto de pena final de 15 a 20 años de prisión y multa de 300 a 500 días. Más las penas accesorias correspondientes. Finalmente, en relación a la conducta reprochada a los señores Ronal Jobany González Hernández y Noe Adalid Vallecillo Vallecillo por el delito de Portación Ilegal de Arma de Fuego de uso Comercial, prevista en el Artículo 580 del Código Penal 130-2017, como Tenencia o porte ilegal de armas de fuego, penalizada así: 1) De uno (1) a cuatro (4) años y localización permanente de hasta dos (2) años, si se trata de armas o municiones permitidas. 2) De cuatro (4) a seis (6) años y localización permanente de hasta tres (3) años, si se trata de armas de municiones prohibidas. Con las mismas penas previstas en el numeral 1, se castiga la tenencia de armas artesanales. Se aumenta la pena de prisión en un tercio (1/3) a quien porte las anteriores armas de fuego o municiones sin autorización. Las penas previstas se incrementarán hasta en un tercio (1/3), si los hechos son cometidos en el ámbito de un grupo delictivo organizado (584.1). Acorde al cuadro fáctico, los acusados al percatarse de la presencia policial, con las armas de fuego que portaban ( 1. Tipo pistola, marca CZ, calibre 9MM, serie#A385859 con su respectivo cargador y veintiún proyectiles sin percutir; y, 2. Arma marca CZ, calibre 9mm, serie B05723, con su respectivo cargador y catorce proyectiles sin percutir) encañonaron a los agentes. Por lo que el marco abstracto de la pena que debe de ser impuesta es de 01 a 04 años de prisión y localización permanente de hasta 02 años, incrementada en un (1/3) tercio al haberlas portado los acusados sin autorización, quedando un margen abstracto de pena de 04 años a 05 años con 04 meses de prisión, más localización permanente por 02 años, sin embargo, al concurrir la circunstancia del artículo 584 numeral 1 (Cometer el delito en el ámbito de un grupo delictivo organizado), se incrementarán hasta en un tercio (1/3), quedando como margen abstracto de penal final 05 años con 04 meses a 07 años con 01 mes y 18 días de prisión y localización permanente de hasta 02 años. Lo anterior, permiten determinar que el Código Penal 130-2017 prevé sanciones más gravosas que las impuestas conforme el Código Penal 144-83, por lo que no le sería procedente la aplicación retroactiva de la primera codificación
Legislación citada
- Código Penal No. 130-17, art. 615 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia recaída en el expediente del Recurso de Casación SP-548-2019, que literalmente dice: “ I. SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta y un días del mes de marzo del año dos mil veintidós, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados, José Olivio Rodríguez Vásquez en su calidad de coordinador, Rafael Bustillo Romero y Alma Consuelo Guzmán García, pronuncian EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente sentencia en el expediente SP 548-2019, conociendo del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma y por Infracción de Ley, interpuesto contra la sentencia de fecha veinte de agosto del año dos mil dieciocho, dictada por el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en materia Penal, mediante la cual falló: PRIMERO: Condenó al señor Ronal Jobany Gonzales Hernández, como autor responsable del delito de Facilitación de los Medios de Transporte de Drogas, en perjuicio de La Salud de la Población del Estado de Honduras, a las penas principales de seis (6) años de reclusión; así como al pago de una multa de Cincuenta Mil Lempiras, misma que deberá enterar a la Tesorería General de la República. SEGUNDO: Condenó a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo que dure la condena principal. TERCERO: Condenó al señor Ronal Jobany Gonzales Hernández, como autor responsable del delito de Portación Ilegal de Arma de Fuego Comercial, en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras, a la pena principal de tres (3) años de reclusión. CUARTO: Condenó a las penas accesorias de inhabilitación especial e interdicción civil por el tiempo que dure la condena principal. QUINTO: Las penas anteriormente descritas deberán cumplirse una en pos de la otra, al tratarse de un concurso real de delitos. SEXTO: Condenó al señor Noe Adalid Vallecillo Vallecillo, como autor responsable del delito de Facilitación de los Medios de Transporte de Drogas, en perjuicio de La Salud de la Población del Estado de Honduras, a las penas principales de seis (6) años de reclusión; así como al pago de una multa de Cincuenta Mil Lempiras, misma que deberá enterar a la Tesorería General de la República. SÉPTIMO: Condenó a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo que dure la condena principal. OCTAVO: Condenó al señor Noe Adalid Vallecillo Vallecillo, como autor responsable del delito de Portación Ilegal de Arma de Fuego Comercial, en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras, a la pena principal de tres (3) años de reclusión. NOVENO: Condenó a las penas accesorias de inhabilitación especial e interdicción civil por el tiempo que dure la condena principal. DECIMO: Las penas anteriormente descritas deberán cumplirse una en pos de la otra al tratarse de un concurso real de delitos. No procedió condenar en costas procésales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio. DECIMO PRIMERO: Declaró la responsabilidad civil proveniente de la responsabilidad penal, por la que fueron condenados los señores Ronal Adalid Gonzales Hernández y Noé Adalid Vallecillo Vallecillo. DECIMO SEGUNDO: De conformidad al artículo 55 del Código Penal, la sentencia condenatoria comprenderá el comiso, que consiste en la perdida de los efectos que provengan de un delito o falta y de los instrumentos con que se ejecute, por lo que en el presente caso se declara el comiso de dos armas de fuego, una tipo pistola marca CZ, calibre 9mm, serie#A385859 con su respectivo cargador y veintiún proyectiles sin percutir. Interpuso el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma y por Infracción de Ley, la Abogada Ana Delia Reyes, en su condición de Agente Fiscal del Ministerio Público. Son partes en única instancia: La Abogada Iris Beatriz Fonseca Matamoros, agente fiscal, en su condición de recurrente; y el Abogado Marlon Enmanuel Molina Portillo, defensor privado, en su condición de recurrido. II. HECHOS PROBADOS DE LA INSTANCIA “UNICO: El día veintitrés de agosto del año dos mil dieciséis, agentes de investigaciones, recibieron un alerta de la sala de escuchas de la Unidad de Intervención de comunicaciones, en la cual se establecía que ese día supuestamente se realizaría una transacción de droga entre los ocupantes de un vehículo Toyota Pick Up, con placas PCN 4888 y otras personas, en el centro de la ciudad del Paraíso, departamento del Paraíso, razón por la cual los agentes se trasladaron al sector, ubicándose en el Frente del Agro Comercial Gaitán, hasta donde llegó el vehículo antes descrito, en el cual iban los señores RONALD JOBANY GONZALES HERNANDEZ Y NOE ADALID VALLECILLO VALLECILLO quienes se percataron de la presencia policial y con armas de fuego que portaban encañonaron a los agentes, sin embargo al verse rodeados decidieron salir corriendo y dejar abandonadas las armas dentro del vehículo. El automotor fue requisado encontrando en su interior la cantidad de veinte paquetes rectangulares conteniendo polvo blanco, un peso neto de dieciocho mil cuatrocientos treinta y cuatro como cincuenta gramos (18,434,50 gr) de cocaína, que los señores RONALD Y NOE llevaban con el ánimo de trasladar de un lugar a otro, así mismo fueron encontradas dentro del vehículo dos armas de fuego una tipo pistola marca CZ calibre 9MM, serie#A385859 con su respectivo cargador y veintiún proyectiles sin percutir y un arma marca CZ calibre 9mm serie B05723, con su respectivo cargador y catorce proyectiles sin percutir, las cuales estaban a disposición de los señores RONALD JOBANY GONZALES Y NOE ADALID HERNANDEZ VALLECILLO sin que ellos contaran con permiso de portación correspondiente, ya que las armas estaban inscritas a favor de otras personas, ni presentaron facturas o documentos de compra de las mismas.” III. RECURSO DE CASACIÓN. MOTIVOS Y ARGUMENTOS La recurrente Abogada Ana Delia Reyes, agente fiscal del Ministerio Público, procedió a formalizar su Recurso de Casación de la manera siguiente: “EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA PRIMER MOTIVO: "Que La Declaración De Los Hechos Que El Tribunal Estima Probados Es Contradictoria A Los Hechos Plenamente Acreditados. SEGUNDO MOTIVO: Que en la Valoración De La Prueba No Se Observo Con Arreglo A Las Reglas De La Sana Critica." PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 362 numerales 1, y 3, del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL PRIMER MOTIVO Previo a desarrollar el presente motivo, resulta de transcendencia explicar en qué consiste el vicio supra referido, en este sentido. Al examinar la sentencia censurada, se concluye claramente que el Tribunal de Sentencia recurrido en la declaración del hecho único probado es contradictorio a los hechos acreditados mediante declaraciones testificales de agentes de investigación y prueba documental, presentada, estimando el tribunal de sentencia como único hecho probado el siguiente: El día veintitrés de agosto del año dos mil dieciséis agentes de investigaciones recibieron una alerta de la sala de escuchas de la unidad de intervención de las comunicaciones privadas en la cual se establecía que ese día supuestamente se realizaría una transacción de drogas entre los ocupantes de un vehículo Toyota pick up con placa PCN 4888 Y Otras Personas En El Centro De La Ciudad De el Paraíso, Departamento Del Paraíso razón por la cual los agentes se trasladaron al sector, ubicándose en el frente del agro comercial Gaitán, hasta donde llego el vehículo antes descrito, en el cual iban los señores RONAL GEOBANY GONZALEZ HERNANDEZ, Y NOE ADALID VALLECILLO VALLECILLO, quienes se percataron de la presencia policial y con armas de fuego que portaban encañonaron a los agentes, sin embargo al verse rodeados decidieron salir corriendo, y dejar abandonas las armas dentro del vehículo, el automotor fue requisado encontrando en su interior la cantidad de veinte paquetes rectangulares conteniendo polvo blanco, un peso neto de dieciocho mil cuatrocientos treinta y cuatro, coma cincuenta gramos de cocaína que los señores RONAL Y NOE llevaban con animo de trasladar de u lugar a otro, asimismo fueron encontradas dentro del vehículo dos armas de fuego tipo pistola marca CZ calibre 9mm con su respectivo cargador y proyectiles las cuales estaban a disposición de los señores RONAL GEOBANY GONZALEZ HERNANDEZ, Y NOE ADALID VALLECILLO VALLECILLO sin que ellos contaran con permiso de portación correspondiente ya que las mismas se encuentran inscritas a favor de otras personas... Este hechos único que declara probado la sala segunda del tribunal de sentencias con jurisdicción nacional, honorable magistrados resulta contradictorio a los hechos ventilados en audiencia de juicio oral y público, contradice las declaraciones de los agentes de investigación y la prueba documental evacuada misma que más adelante el tribunal hace referencia en su motivación, pero con argumentaciones propias y no tal cual fueron relatadas lo cual se puede apreciar a la lectura del acta de debate, por las razones siguientes: PRIMERO el agente de investigación FRANCIS ALCIDES SUAZO y JIMY RONALSANCHEZ, refieren que el día 23 de agosto del año 2016 aproximadamente a las 9:20 de la mañana, recibieron información de fuente humana y de la sala de escuchas de la unidad de intervención de la comunicaciones privadas que la organización criminal investigada realizaría una transacción de droga en el paraíso específicamente en la frontera entre honduras y Nicaragua, dándoles detalles del posible vehículo que estos estarían utilizando siendo este un vehículo Toyota pick up con placa PCN 4888, por lo que equipos de investigación se desplazaron de la ciudad de Tegucigalpa al departamento de El paraíso con el objetivo de identificar el vehículo antes descrito e incautar la evidencia, y al llegar a la ciudad del paraíso comenzaron a darle búsqueda al vehículo en referencia logrando ubicarlo al momento que este circulaba o transitaba en el centro de dicha ciudad, dándole SEGUIMIENTO POR UN PERIODO CORTO DE TIEMPO, Y FINALMETE ATRAVEZANDOLE UN VEHICULO TIPO MICRO BUS al vehículo sospechoso, en el cual se conducían los señores RONAL GEOBANY GONZALEZ HERNANDEZ, Y NOE ADALID VALLECILLO VALLECILLO, quienes al observar la presencia policial se quisieron oponer pretendiendo accionar sus armas pero al verse rodeados acatan las ordenes de los agentes de investigación que les solicitan que dejen las armas en los asientos y salgan del vehículo, donde finalmente se encuentran los indicios que se hacen referencia en la sentencia, como se puede apreciar honorables magistrados el hecho probado es contradictorio a las declaraciones de los testigos y al hecho real en ningún momento los agentes dice que se hayan apostado frente a comercial Gaitán y mucho menos que hayan montado un operativo en dicho lugar, todo lo ario es a través del seguimiento que logran interceptarlo en dicho lugar el vehículo y los imputados con flagrante posesión dolosa de la droga incautada, la cual claramente establecieron los testigos que venía de Nicaragua a honduras es decir que los imputados introdujeron al país ya que se trata de una organización transnacional de tráfico ilícito de drogas también investigada desde costa rica y que no es el único decomiso de droga que se le ha hecho a dicha organización criminal la cual uno de su lideres es el señor NOE VALLECILLO, y a preguntas de la defensa el testigo ALCIDES SUAZO REFIERE QUE ya anteriormente habían resultado infructuoso otro decomiso en el cual participo el señor RONAL GONZALES pero si se logró identificar el vehículo el cual era un pick up color morado este hecho se concatena a las actas de diligencias policiales propuestas en las cuales se establece que existía una investigación previa. Resultando así contradictorio que el tribunal refiera que los imputados llevaban consigo la droga con el ánimo de trasladar de un lugar a otro, por lo que se cumple lo establecido en el artículo 362 numeral 1 del código procesal penal. En ese sentido la sentencia recurrida contiene vicios por quebrantamiento de forma ya que basada en hechos irreales se condenó a los imputados por un delito menos gravoso del incoado. En se sentido debe ser corregido ya que la misma es contradictoria. EXPLICACIÓN DEL SEGUNDO MOTIVO Previo a desarrollar el presente motivo, resulta de transcendencia explicar en qué consiste el vicio supra referido, en este sentido. Al examinar la sentencia censurada, se concluye claramente que el Tribunal de Sentencia recurrido en la declaración del hecho único probado NO HIZO UNA VALORACION DE LA PRUEBA CON ARREGLO A LAS REGLAS DE LA SANA CRITICA, de conformidad a los hechos acreditados mediante declaraciones testificales de agentes de investigación y prueba documental, presentada, estimando el tribunal de sentencia como único hecho probado la facilitación de los medios de transporte para el Tráfico Ilícito De Drogas ya que los imputados tenían la voluntad únicamente de trasladar de un lugar a otro la droga que tenían en posesión, bajo el argumento que la ley especial contra el tráfico de drogas contempla ese tipo penal y de la motivación de la sentencia se desprende que no valoro la prueba en su conjunto con arreglo a la reglas de la sana crítica, ya que tanto de los testimonios de los testigos se establece claramente que los imputados ya había sido identificados mediante investigación previa ya que conforman una organización criminal dedicada al tráfico ilícito de drogas que introducen droga al país desde Nicaragua y que ya se les había realizado otro de comiso de droga a otros miembros de la organización en fechas anteriores a la detención de los acusados e indican el rol o papel que desempeñan ambos acusados dentro de la organización criminal investigada, siendo NOE uno de los líderes y RONAL uno de los miembros de la organización que siempre estaba presente en las transacciones de droga que realizaba NOE, e inclusive que fue visto en otra ocasión que no fue posible interceptar la transacción en virtud de lo rápido que se da el evento, pero si se logra identificar a RONAL en un vehículo tipo pick up color morado en el que tuvieron participación en la transacción de drogas, estas pruebas se concatena a la prueba documental consistente en acta de diligencia policial en la cual se establece que se recibieron alertas de la sala de escucha y el tratamiento que se le dio a esa información, quedando claro que existe una investigación previa, sin embargo el tribunal en el hecho único que declara como probado establece hechos distintos a los narrados por los testigos y tampoco no le da valor a la prueba documental, de conformidad a lo establecido al artículo 202 del código procesal penal, teniendo en cuenta que la valoración de la prueba conforme a las reglas de la sana critica no es otra cosa que las máximas de la experiencia y la lógica y el sentido común y los conocimientos científicamente afianzados. De ellos deriva que los imputados no estaban realizando un mero traslado de droga o facilitando los medios de transporte para el tráfico de drogas ya que el sentido común y la lógica nos indica que los imputados tienen un nivel de confianza dentro de la organización criminal teniendo en cuenta el valor monetario que representa tal y como lo refiere el tribunal en la motivación de la sentencia, de igual manera la experiencia y la lógica nos indica que honduras no es un país productor de cocaína aunado esto a lo manifestado por los testigos de que la droga fue introducida al país desde Nicaragua, y los conocimientos científicos de que para la elaboración de cocaína se requieren otra serie de elementos queda claro que la acción cometida por los acusados no es otra que la establece el artículo 5 en su numeral 34, ya que estos poseían dolosamente en su vehículo la droga que transportaban, como parte del rol que estos desempeñan, en ese sentido el traslado o transporte que realizaban los imputados esta enmarcado dentro de uno de los verbos rectores del articulo 5 numeral 34 estos se califican como tráfico ilicitico de drogas a diferencia de los que establece el artículo 22 de la misma ley este refiere un tipo penal distinto para lo cual deben existir otros elementos que mas adelante enunciaremos en el vicio de fraude de ley que contiene la sentencia recurrida. Por todo ello consideramos que la sentencia recurrida contiene vicio de quebrantamiento de forma enmarcado en el articulo 362 numeral 3. EXPOSICIÓN DEL MOTIVO DE CASACIÓN POR FRAUDE DE LEY. PRIMER MOTIVO: "Que La Declaración De Los Hechos Que El Tribunal Estima Probados se establece que El tribunal infringió preceptos penales o Normas jurídicas de carácter sustantivo que Debió ser observado para la aplicación de la Ley en cuanto A Los Hechos Plenamente Acreditados. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra Comprendido en el Articulo 360, del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO Previo a desarrollar el presente motivo, resulta de transcendencia explicar en qué consiste el vicio supra referido, en este sentido. Al examinar la sentencia recurrida, se concluye claramente que el Tribunal de Sentencia recurrido, en la declaración del hecho único probado infringió preceptos penales y la norma jurídica sustantiva, al establecer como único hecho probado el siguiente: El día veintitrés de agosto del año dos mil dieciséis agentes de investigaciones recibieron una alerta de la sala de escuchas de la unidad de intervención de las comunicaciones privadas en la cual se establecía que ese día supuestamente se realizaría una transacción de drogas entre los ocupantes de un vehículo Toyota pick up con placa PCN 4888 Y Otras Personas En El Centro De La Ciudad Del Paraíso, Departamento Del Paraíso razón por la cual los agentes se trasladaron al sector, ubicándose en el frente del agro comercial Gaitán, hasta donde llego el vehículo antes descrito, en el cual iban los señores RONAL GEOBANY GONZALEZ HERNANDEZ, Y NOE ADALID VALLECILLO VALLECILLO, quienes se percataron de la presencia policial y con armas de fuego que portaban encañonaron a los agentes, sin embargo al verse rodeados decidieron salir corriendo, y dejar abandonas las armas dentro del vehículo, el automotor fue requisado encontrando en su interior la cantidad de veinte paquetes rectangulares conteniendo polvo blanco, un peso neto de dieciocho mil cuatrocientos treinta y cuatro, coma cincuenta gramos de cocaína que los señores RONA Y NOE llevaban con ánimo de trasladar de un lugar a otro, asimismo fueron encontradas dentro del vehículo dos armas de fuego tipo pistola marca CZ calibre 9mm con su respectivo cargador y proyectiles las cuales estaban a disposición de los señores RONAL GEOBANY GONZALEZ HERNANDEZ, Y NOE ADALID VALLECILLO VALLECILLO sin que ellos contaran con permiso de portación correspondiente ya que las mismas se encuentran inscritas a favor de otras personas... De dicho factum se puede apreciar que el tribunal enmarco la acción cometida por los acosados, en el tipo penal establecido en el artículo 22 de la ley especial contra el tráfico ilícito de drogas, los cuales acomodo incurriendo en fraude de ley o normas penales, motivando además la sentencia en aspectos y elementos propios del Tráfico ilícito de drogas refiriendo en el acápite primero de su motivación que los testigos son conteste en manifestar que fueron informados a través de información recabada en escuchas telefónicas que se iba a realizar una transacción de drogas en la ciudad del paraíso por parte de miembros de una organización criminal dedicada al comercio internacional de droga....... Y argumentando posteriormente que los agentes se trasladaron al lugar específicamente a una agro comercial denominada Gaitán, hasta donde llegaron los imputados a bordo del vehículo en el cual al inspeccionarlo se les encontró 20 paquetes de cocaína...... y continua argumentando que durante el juicio se recibió prueba que evidencia la incautación de la droga sin que presidiera investigación sobre el destino del cargamento y si realmente los imputados estuvieran coludidos para la posterior distribución de la droga. Las argumentaciones del tribunal van encaminadas a la aplicación de un tipo penal. distinto al acreditado, para lo cual acomodo los hechos de forma distinta a los declarados por los testigos y concatenados a la prueba documental, es por ello que la sentencia contiene fraude de ley y norma penal sustantiva que debió aplicarse ya que de conformidad a los hechos acreditados mediante declaraciones testificales de agentes se establece claramente que los imputados ya había sido identificados mediante investigación previa ya que conforman una organización criminal dedicada al tráfico ilícito de drogas que introducen droga al país desde Nicaragua y que ya se les había realizado otro de comiso de droga a otros miembros de la organización en fechas anteriores a la detención de los acusados acto que se llevó acabo en coordinación con el país de costa rica, asimismo indican el rol o papel que desempeñan ambos acusados dentro de la organización criminal investigada, siendo NOE uno de los líderes y RONAL uno de los miembros de la organización que siempre estaba presente en las transacciones de droga que realizaba NOE, e inclusive que fue visto en otra ocasión que no fue posible interceptar la transacción en virtud de lo rápido que se da el evento, pero si se logra identificar a RONAL en un vehículo tipo pick up color morado en el que tuvieron participación en la transacción de drogas, estas pruebas se concatena a la prueba documental consistente en acta de diligencia policial en la cual se establece que se recibieron alertas de la sala de escucha y el tratamiento que se le dio a esa y información, quedando claro que EXISTE UNA INVESTIGACIÓN PREVIA, aun mas el mismo imputado RONAL GONZALEZ establece en su declaración que los agentes de investigación se le atravesaron en un micro bus cuando iban llegando a casa kuan en el paraíso, de lo cual claramente se establece que los agentes van en seguimiento, asimismo queda claramente establecido que dicha droga era trasladada a la ciudad de Tegucigalpa, entregándosela a otros miembros de la organización, estableciéndose así la procedencia y el destino de la misma, en ningún momento se habla de una distribución por parte de los acusados, por otra parte el tribunal en su motivación de la sentencia en el acápite quinto en el afán de sustentar el tipo penal aplicado termina aceptando que los imputados tenian conocimiento y dominio del hecho incoado ya que estos andaban armados con el propósito de proteger el cargamento de droga, hecho este que establece plenamente un rol en la organización criminal que como es de lato conocimiento el trafico de drogas es un delito de criminalidad organizada y por ende los delincuentes se atribuyen roles y funciones dentro de la organización, roles estos que están claramente establecidos en el articulo 5 numeral 34 de la leyes especial contra el trafico ilícito de drogas en el cual se establecen un verbo rector para cada acción, y precisamente el transporte es uno de los verbos rectores el cual es muy distinto a lo que establece la precitada ley en el articulo 22 por que para que se dé la facilitación de los medios de transporte deberá tenerse en cuenta que quien facilite el medio de transporte no tome parte directa en la ejecución de los hechos del tráfico ilícito de drogas, es decir que el medio de transporte sea suyo pero que sea conducido por otra persona distinta, en el caso de autos la facilitación de medios de transporte no puede ser aplicada a la conducta del imputado RONAL GONZALES porque este no es el dueño del vehículo, es mas este toma parte directa en la ejecución de los hechos al transportar el cargamento de droga. tampoco cabe la aplicación de facilitación de los medios de transporte al señor NOE VALLECILLO ya que este sin bien es cierto es el dueño del vehículo no es menos cierto que este tomo parte directa en la ejecución de los hechos al ir dentro del mismo vehículo en el cual se transportaba la droga, incurriendo claramente en el verbo rectore de transportar tal y como establece la norma penal sustantiva en el articulo 5 numeral 34 como trafico ilícito de drogas, sobre este tema ya existe basta doctrina de la sala de lo penal que establecen ese criterio respecto a la facilitación de los medios de transporte, es por ellos que consideramos que dicha sentencia contiene fraude de ley sustantiva y e infringe la norma penal sustantiva que debía aplicarse, arguye el tribunal en el acápite seis de la motivación de la sentencia que los imputados son culpables del delito de facilitación de los medios de transporte para el tráfico ilícito de drogas y no por el delito de tráfico ilícito de drogas ya que la sola posesión de la droga viene a ser ele elemento objetivo de todos los tipos penales regulados en la ley especial contra el tráfico ilícito de drogas pero sin acompañamiento de otros indicios el tribunal no puede tener certeza de que la intención de que los ahora acusados era la de distribuir personalmente la droga que estaban trasladando quedando únicamente con la conducta propia de facilitar los medios de transporte ya que no se hicieron otras investigaciones vigilancias seguimientos, ni se incautó otra evidencia que pudiera ser útil para determinar su intencionalidad distinta. Este argumento del tribunal carece de veracidad ya que existe prueba documental como ser actas de diligencias policiales que establecen que los imputados estaban siendo ya investigados y así lo refieren los investigadores en su deposiciones y el mismo tribunal admite que se les decomiso a los imputados armas de fuego que portaban con el objetivo de proteger la droga y es más finaliza su motivación estableciendo que de la naturaleza y cantidad del cargamento de droga que trasladaban los imputados no iba a ser entregada a una persona que ignorase su existencia ya que las personas que se dedican a las actividades relacionadas al tráfico ilícito de drogas cuidan de sus cargamentos por el valor económico que representan y no lo van a encomendar a personas que nos sean de su entera confianza, en ese sentido el argumento utilizado en la motivación de la sentencia contiene fraude de ley ya que el mismo establece un tipo penal distinto al que dispuso aplicar incurriendo así en fraude de ley o norma penal sustantiva que debió aplicar el tribunal ya que se cumplen los elementos del tipo penal de tráfico ilícito de drogas y no el de facilitación de los medios de transporte para el tráfico ilícito de drogas, en ese sentido dicha sentencia debe ser modificada.” IV. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. El Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. Si no se cumple con los requisitos establecidos por la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo. El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley. Del Recurso de Casación por Infracción de Ley. Establece el artículo 360 del Código Procesal Penal que “Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba de ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo…” (Lo resaltado es nuestro). De esta norma se puede determinar la configuración del recurso de casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal: 1. Respeto irrestricto a los Hechos Probados: Los hechos probados son el relato cronológico de un acontecimiento histórico anterior al proceso penal y que es objeto de debate, fijados por el Tribunal de Sentencia con base en lo que se ha probado en juicio, derivado de la valoración de los medios de prueba cuya reproducción el juzgador pudo apreciar de manera directa, colocándolo en una posición exclusiva de valoración. Por ello el artículo 369 del Código de Rito, en su tercer párrafo prohíbe al Tribunal de Casación la modificación de los hechos probados, conocido como Principio de Intangibilidad de los Hechos Probados; 2. Falta de correspondencia entre los hechos probados y el fallo por infracción de precepto sustantivo o de principio fijado por la Doctrina Legal, a consecuencia de: a. Inobservancia de la norma sustantiva o Doctrina Legal que corresponde al caso; b. Errónea aplicación de una norma sustantiva o de Doctrina Legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis; c. Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del Principio fijado en la Doctrina Legal; d. Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal; y e. Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal. En conclusión, a través del recurso de casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia; de allí que a la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva hecha por el Tribunal de Sentencia o de la Doctrina Legal que sobre el tema jurídico se haya sentado; su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia; en este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados). Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Interpuesto por Ministerio Público. Primer motivo. Normas autorizantes citadas: Artículo 362 numeral 1 del Código Procesal Penal. Normas procesales que se denuncian infringidas citadas: Sin determinar por la recurrente; Concepto de la infracción expuesto: Que la declaración de los hechos que el Tribunal estima probados, es contradictoria a los hechos plenamente acreditados; Acciones de saneamiento o subsanación del vicio denunciado: Sin determinar por la recurrente; Pretensión: Proceder a su corrección. Denuncia la recurrente, que la declaración del hecho único probado, es contradictorio a los hechos acreditados mediante declaraciones testificales de agentes de investigación y prueba documental, presentada, insiste la recurrente en señalar, que el hecho único, que declara probado la Sala Segunda del Tribunal de Sentencias con Jurisdicción Nacional, resulta contradictorio a los hechos ventilados en audiencia de juicio oral y público, según la recurrente, contradice las declaraciones de los agentes de investigación y la prueba documental evacuada, con argumentaciones propias y no como fue relatado, que se aprecia en la lectura del acta de debate. Luego la censora procede a describir fragmentos de las declaraciones testificales, concluyendo que la sentencia recurrida contiene vicios por quebrantamiento de forma al ser basada en hechos irreales, provocando una condena de los imputados, en un delito menos gravoso del incoado. De la procedencia del recurso. El primer motivo no es de recibo. El planteamiento del recurso de casación requiere de una especial técnica que condiciona su suerte, ello como consecuencia de ser un recurso cerrado, devolutivo, suspensivo y especialmente un recurso extraordinario. La calificación de recurso extraordinario obedece a que solo podrán plantearse como motivos aquellos que previamente estipule la ley procesal como medio para sustentar el recurso. Es pues que el censor no puede oponer como motivo una razón distinta a aquella que el legislador a previsto como la autorizada. En el presente caso la recurrente, opone un motivo de casación por quebrantamiento de forma que no está contemplado en ninguno de los numerales del artículo 362 del código procesal penal, y en específico en el numeral 1 que cita, pues en éste se contemplan como motivos: 1. Que la sentencia no tenga la declaración de los hechos probados; 2. Que la declaración de los hechos probados no sea clara; 3. Que la declaración de los hechos probados no sea terminante; o 4. Que la declaración de los hechos probados sea contradictoria. En específico al último motivo, este refiere a un defecto interno en la construcción del factum, es decir al posible defecto de que en los hechos probados se haga una declaración contradictoria. En el presente caso la representante fiscal, señala la existencia de contradicción, no como defecto en la construcción de los hechos probados, sino porque considera que aquello que acredita la prueba (bajo su personal apreciación), es distinto a lo narrado en el factum; motivo que es inexistente en el derecho procesal de impugnación, debiendo ser desestimado. Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Interpuesto por el Ministerio Público. Segundo motivo. Normas autorizantes citadas: Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. Normas procesales que se denuncian infringidas citadas: Artículo 202 del Código Procesal Penal; Concepto de la infracción expuesto: Que la valoración de la prueba no se observó con arreglo a las reglas de la sana crítica; Acciones de saneamiento o subsanación del vicio denunciado: Sin determinar por el recurrente; Pretensión: Sin determinar por la recurrente. Aqueja la censora, que el Tribunal de Sentencia, en la declaración del hecho único probado no hizo una valoración de la prueba con arreglo a las reglas de la sana crítica, de conformidad a los hechos realmente acreditados mediante declaraciones testificales y prueba documental, dado que los juzgadores dieron como probado la facilitación de los medios de transporte para el Tráfico Ilícito de Drogas, al tener los imputados solo la voluntad de trasladar de un lugar a otro la droga que tenían en posesión, con lo cual se desprende que no valoro la prueba en su conjunto con arreglo a la reglas de la sana crítica, según la censora, los testimonios de los testigos si establece claramente que los imputados ya había sido identificados mediante investigación previa. Concluye la censora, que la experiencia y la lógica nos indica que Honduras no es un país productor de cocaína, aunado lo manifestado por los testigos, que la droga fue introducida al país desde Nicaragua, quedando claro que la acción cometida por los acusados no es otra que la establece el artículo 5 en su numeral 34, ya que estos poseían dolosamente en su vehículo la droga que transportaban, como parte del rol que estos desempeñaban. De la procedencia del recurso. El segundo motivo no es de recibo. La Sala de lo Penal ha señalado que en casación, como única instancia, solo puede hacer un análisis, y en su caso censura, del proceso intelectivo de la sentencia cuando ésta contenga razonamientos que riñan con las reglas de la sana crítica; debe entenderse entonces que el foco de estudio no es la prueba, no es lo que dejó de acreditar o acreditó los medios probatorios (valoraciones de instancia), sino ese razonamiento plasmado por los jueces y los cuales les llevaron a construir los hechos declarados probados. La exactitud en la confección del recurso de casación por quebrantamiento de forma, tratándose de violaciones a las reglas de la sana crítica debe ser alta: se requiere de la identificación del razonamiento judicial, la identificación de la regla de la sana crítica que se considere violentada, la explicación del porqué el razonamiento judicial contiene un vicio de inobservancia o de mala aplicación de la regla de la sana crítica y finalmente, la explicación del porqué dicha violación tiene una repercusión negativa en la decisión adoptada por el tribunal; es un trabajo técnico, bastante preciso, pues a cada razonamiento judicial debe hacerse el examen sobre su propiedad. En el caso de autos la censora plantea un defectuoso recurso que no permite a esta Sala de lo Penal hacer un pronunciamiento de fondo, pues sus argumentos no se dirigen a determinar si los razonamientos judiciales destinados a valorar la prueba fueron fieles o no a las reglas de la sana crítica, sino que se dirigen a cuestionar directamente la prueba, determinando que esta fue contradictoria al hecho probado por la instancia y señalando lo que considera la censora se acredito y lo que no se acredito por su conducto. Además, la recurrente se desvía de su propio motivo, increpando que la acción cometida por los acusados no es otra que la establecida en el artículo 05 numeral 34 de la Ley especial contra el Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas, sin embargo, fue aplicado la facilitación de los Medios de Trasporte de Droga. Se suma a lo anterior, lo que sería el principal defecto de interposición, el cual es la falta de determinación de la regla de la sana critica; recordemos que la sana crítica es un reservorio de reglas y principios que rigen el correcto entendimiento humano; por ello todo censor que invoque su inobservancia como motivo de casación deberá de ser claro y preciso respecto a aquella regla o principio que fue violentado, lo cual no ocurre en el presente caso, pues si bien la recurrente fue insistente en la existencia de describirse hechos probados distintos a los resultados de la prueba evacuada, tal defecto no lo ubica en un razonamiento judicial sino como conclusión de su privada y personal valoración de la prueba, es pues que la contradicción aludida no es el resultante del análisis del razonamiento judicial, sino el resultante de aquella valoración que hizo la representante fiscal y que quiere que esta Sala de lo Penal asuma e imponga al tribunal de sentencia, olvidando que en única instancia (casación) la ley prohíbe valoración de prueba por no contarse con inmediación. La Sala de lo Penal ha sentado doctrina legal respecto a que la falta de indicación de la regla específica de la sana crítica en el recurso produce como resultado la imposibilidad de resolución del recurso; así en las sentencias del 16 de noviembre de 2009 en el Exp 396-2007, del 11 de diciembre de 2009 en el Exp 136-2008, del 22 de marzo de 2011 en el Exp 387-2008, del 20 de octubre de 2011 en el Exp 360-2009, del 24 de agosto de 2010 en el Exp 023-2010, entre otras.- Específicamente este Tribunal de Casación ha señalado: “Esta Sala de lo Penal ha estudiado detenidamente los argumentos del recurrente y observa que si bien ataca el fallo por el cauce de la violación de las reglas de la sana crítica, concentra su esfuerzo recursivo en ponderar detalladamente cada uno de los medios de prueba, pero olvidó indicar concretamente la regla del correcto entendimiento humano, es decir, de la lógica, psicología o máximas de la experiencia, que a su entender no han sido observadas por el juzgador, y el efecto que su indebida aplicación ha tenido en el fallo que absuelve al acusado, defecto en el que incurre el censor por una inadecuada técnica recursiva. […] defecto que impide a este tribunal de alzada hacer un pronunciamiento en el fondo, no siendo procedente subsanar el defecto recursivo de manera oficiosa, por tal razón este primer motivo de casación debe desestimarse. (Sentencia de fecha 26 de Agosto de 2014 en Exp 043-2012). También: “Del examen de los autos se aprecia que el Impetrante señala que se han violado las reglas de la sana crítica […] sin embargo, no logra en ningún momento desarrollar el sentido de la infracción en función de demostrar ante el tribunal de casación la infracción de las reglas de sana crítica, en tanto no especifica que reglas se han infringido y como se da dicha violación; en ese sentido, la sala de lo penal reitera el criterio siguiente: cuando se invoque como motivo de casación la no aplicación de las reglas de la sana crítica el recurrente deviene obligado a señalar concretamente que regla de la sana crítica estima ha sido inobservada por el juzgador en la valoración de la prueba y la incidencia que tal omisión ha tenido en el fallo, señalamiento que no ha verificado el recurrente, razón por la cual se dificulta para el tribunal de casación el examen del motivo.”. (Sentencia de fecha 5 de Agosto de 2014, del Exp. 070-2012). Recurso de Casación por Infracción de Ley. Interpuesto por el Ministerio Público. Único motivo. Norma Autorizante: 360 del Código Procesal Penal; Normas que se denuncian Infringidas: Sin determinar por la recurrente. Concepto de la Infracción: Que la declaración de los hechos que el Tribunal estima probados, se establece infracción a preceptos penales o normas jurídicas de carácter sustantivo, que debió ser observado para la aplicación de la Ley, en cuanto a los hechos plenamente acreditados; Pretensión: Modificar la sentencia. La recurrente en su desarrollo casacional, describe poderse apreciar en el factum, que el sentenciador enmarco la acción cometida por los acusados, en el tipo penal establecido en el artículo 22 de la Ley especial contra el Tráfico Ilícito de drogas, los cuales acomodo incurriendo en fraude de ley o normas penales, luego describe que las argumentaciones del tribunal van encaminadas a la aplicación de un tipo penal distinto del acreditado con los medios de prueba testifical y documental. La recurrente se desborda del motivo invocada y desemboca en aspectos relacionados con lo resultado de la evacuación de la prueba, realizando una ponderación desde su óptica personal. De la procedencia del recurso. El recurso no es de recibo. Como ha bien lo manifiesta el recurrente, que habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o de doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido una norma penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada para la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo, sin embargo, su desarrollo recursivo se desborda de lo anterior. Debe saber el censor, que el recurso interpuesto obliga a respetar el relato de hechos probados en la sentencia recurrida, pues en estos casos se discuten problemas de aplicación de la norma jurídica y tales problemas han de plantearse y resolverse sobre unos hechos predeterminados, que han de ser fijados al efecto por el tribunal de instancia. El recurso de casación por infracción de ley se articula a partir de las precisiones fácticas que haya establecido el tribunal de instancia, por no constituir una apelación ni una revisión de prueba. Se trata, en todo caso, de un recurso de carácter sustantivo penal cuyo objeto exclusivo es el enfoque jurídico que, a unos hechos dados, ya inalterables, se pretende aplicar, en discordancia con el sentenciador. La técnica de la casación penal exige que en los recursos de esta naturaleza, se guarde el más absoluto respeto a los hechos que se declaren probados en la sentencia recurrida, ya que el ámbito propio de este recurso queda limitado al control de juricidad, o sea, que lo único que en él se puede discutir, es si la subsunción que de los hechos hubiese hecho el tribunal de instancia en el precepto penal de derecho sustantivo aplicado, es o no correcta jurídicamente, de modo que la tesis del recurrente no puede salirse del contenido del hecho probado. De acuerdo a lo previsto en el artículo 338 del Código Procesal Penal, la sentencia se construye como un silogismo, en que la premisa menor, está integrada por el relato de hechos probados, la mayor por los fundamentos de derecho, y la conclusión, por el fallo. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar, se invocan normas que no deben aplicarse, o se invocan las norma que deba aplicarse al caso concreto pero el juzgador hace una incorrecta interpretación de la misma. Mediante este recurso el recurrente no puede intentar que dichos hechos probados sean modificados a partir de una revalorización de los medios de prueba, tal como ocurre en el presente caso. Por tal razón es procedente declarar sin lugar el presente Recurso de Casación por Infracción de Ley. V. DECISIÓN: No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en sus dos motivos. No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su único motivo. de la procedencia de la aplicación retroactiva del código penal decreto 130-2017. A. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos de retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir una pena de cinco a diez años de prisión). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado, disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrará en vigencia y cuándo es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento del juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución Política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas en su totalidad, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el CP Decreto 130-2017 ¡. Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo código, sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibida la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando en la decisión judicial de la sentencia que se impugna, se aprecie un concurso real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme a las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse, primero conforme al límite objetivo ordinario o límite objetivo extraordinario, según corresponda, y después conforme al límite subjetivo. Sin embargo, uno no es preferente sobre el otro, por lo que se aplicará el límite que sea menor; b. La ponderación deberá realizarse, primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el CP-130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a. Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b. Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no, los 30 años (límite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (límite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años, la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años, se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas, en suma, sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y, aun así, en suma, sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja, de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Límite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Límite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Límite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán, cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. C. Escrito Complementario No fue presentado ante la única instancia escrito por parte de la Defensas Privada de los acusados Ronal Jobany González Hernández y Noe Adalid Vallecillo Vallecillo, que expusiera cuál es su criterio en cuanto a la aplicación retroactiva del nuevo cuerpo normativo penal, tal y como lo señala el artículo 624 del Código Penal 130-2017; Tampoco el Ministerio Público hizo pronunciamiento sobre el respecto, por lo que la Sala de lo Penal se ve obligada a realizar el análisis de oficio tal y como prevé el numeral 3 de la misma norma citada, en relación a los acusados señalado. D. Ponderación en el caso concreto En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso a los señores Ronal Jobany González Hernández y Noe Adalid Vallecillo Vallecillo, las sanciones por dos delitos, a saber: i.- 06 años de reclusión por un delito de Facilitación de los medios de transporte para el Tráfico Ilícito de Drogas, en perjuicio de La Salud de la Población del Estado de Honduras; ii.- Multa de cincuenta mil lempiras (L 50.000.00). iii.- 03 años de reclusión por el delito de Portación Ilegal de arma de fuego de uso comercial, en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras. En suma, la pena concreta impuesta a los anteriores acusados es de 09 años de reclusión de la libertad y cincuenta mil lempiras exactos (L.50,000.00), más las penas accesorias de inhabilitación especial, absoluta e interdicción civil, por el tiempo de la pena privativa de libertad, y las consecuencias penales trabajo penitenciario, responsabilidad civil derivada del delito y el comiso. Conforme las disposiciones del Código Penal 130-2017 por las infracciones penales cometidas por los acusados correspondería la imposición de las siguientes penas: La conducta reprochada a los señores Ronal Jobany González Hernández y Noe Adalid Vallecillo Vallecillo por el delito de Facilitación de los medios de transporte para el Tráfico Ilícito de Drogas, prevista en el Artículo 311 del Código Penal 130-2017 como delito de tráfico de droga por posesión para la facilitación de su consumo ilegal, cuya pena es: i. De 04 a 07 años de prisión y multa de 100 a 500 días, si se trata de drogas que no causan grave daño a la salud, los cuales son: los derivados del cáñamo índico o americano y los derivados del cannabis sativa índica o americana; o ii.De 07 a 10 años de prisión y multa de 100 a 500 días , si se trata de drogas que causen grave daño a la salud, siendo éstas las enumeradas en las listas de Estupefacientes o preparados: I, II y IV (Lista de Estupefacientes sometidos a fiscalización internacional o lista amarilla:¡https://www.incb.org/documents NarcoticDrugs/Yellow_List/58th_Edition/Yellow_List_SPA.pdf) de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes; Nueva York, 31 de marzo de 1961 y su Protocolo de modificación; y en las listas de sustancias Psicotrópicas: I, II, III y IV (Lista de Sustancias Psicotrópicas sometidas a fiscalización internacional o Lista Verde:https://www.incb.org/documents/Psychotropics/forms/greenlist/Green_list_SPA_08676.pdf) del Convenio de Naciones Unidas sobre sustancias psicotrópicas del 21 de febrero de 1971. Conforme los hechos probados, los acusados transportaban en un vehículo automotor dieciocho mil cuatrocientos treinta cuatro punto cincuenta gramos (18,434.50 gr) de cocaína, la cual es un alcaloide extraído de la hoja de coca o preparado por síntesis a partir de la ecgonina, considerada una droga ilegal de grave daño conforme la Lista Amarilla, (lista I - sección 1, código IDS NC 004, denominación química: éster metílico de la benzoilecgonina). Advierte esta Sala de Casación que conforme a los hechos probados concurren circunstancias agravantes contempladas en el artículo 312 numerales 3, 5 y 8, no así circunstancias atenuantes del artículo 313 del CP 130-2017, por lo que el marco abstracto de la pena que debe de ser impuesta es de 10 a 15 años de prisión y multa de 300 a 500 días, incrementada en un (1/3) tercio, al concurrir la circunstancia del numeral 3 (Cometer el delito en el ámbito de un grupo delictivo organizado) junto con la prevista en el numeral 5 (18,434.50 gramos de cocaína) (Art. 311 último párrafo). Siendo el margen abstracto de pena final de 15 a 20 años de prisión y multa de 300 a 500 días. Más las penas accesorias correspondientes. Finalmente, en relación a la conducta reprochada a los señores Ronal Jobany González Hernández y Noe Adalid Vallecillo Vallecillo por el delito de Portación Ilegal de Arma de Fuego de uso Comercial, prevista en el Artículo 580 del Código Penal 130-2017, como Tenencia o porte ilegal de armas de fuego, penalizada así: 1) De uno (1) a cuatro (4) años y localización permanente de hasta dos (2) años, si se trata de armas o municiones permitidas. 2) De cuatro (4) a seis (6) años y localización permanente de hasta tres (3) años, si se trata de armas de municiones prohibidas. Con las mismas penas previstas en el numeral 1, se castiga la tenencia de armas artesanales. Se aumenta la pena de prisión en un tercio (1/3) a quien porte las anteriores armas de fuego o municiones sin autorización. Las penas previstas se incrementarán hasta en un tercio (1/3), si los hechos son cometidos en el ámbito de un grupo delictivo organizado (584.1). Acorde al cuadro fáctico, los acusados al percatarse de la presencia policial, con las armas de fuego que portaban ( 1. Tipo pistola, marca CZ, calibre 9MM, serie#A385859 con su respectivo cargador y veintiún proyectiles sin percutir; y, 2. Arma marca CZ, calibre 9mm, serie B05723, con su respectivo cargador y catorce proyectiles sin percutir) encañonaron a los agentes. Por lo que el marco abstracto de la pena que debe de ser impuesta es de 01 a 04 años de prisión y localización permanente de hasta 02 años, incrementada en un (1/3) tercio al haberlas portado los acusados sin autorización, quedando un margen abstracto de pena de 04 años a 05 años con 04 meses de prisión, más localización permanente por 02 años, sin embargo, al concurrir la circunstancia del artículo 584 numeral 1 (Cometer el delito en el ámbito de un grupo delictivo organizado), se incrementarán hasta en un tercio (1/3), quedando como margen abstracto de penal final 05 años con 04 meses a 07 años con 01 mes y 18 días de prisión y localización permanente de hasta 02 años. Lo anterior, permiten determinar que el Código Penal 130-2017 prevé sanciones más gravosas que las impuestas conforme el Código Penal 144-83, por lo que no le sería procedente la aplicación retroactiva de la primera codificación. IV. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 360 y 362 numerales 1 y 3 del Código Procesal Penal Falla: Primero: No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en sus dos motivos; Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su único motivo; ambos interpuestos por la Abogada Ana Delia Reyes, en su condición de Agente Fiscal del Ministerio Público. Segundo: Declara la no procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017, por las conductas reprochadas a los ahora condenados Ronal Jobany González Hernández y Noe Adalid Vallecillo Vallecillo. Como consecuencia de lo anterior, los beneficios penitenciarios deberán de ser otorgados conforme las disposiciones del Código Penal 144-83. Tercero:: Declara Firme y Ejecutable la sentencia de fecha veinte de agosto del año dos mil dieciocho, dictada por el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en materia Penal, que contiene el pronunciamiento condenatorio en contra de los señores Ronal Jobany González Hernández y Noe Adalid Vallecillo Vallecillo por el delito de Facilitación de los medios de transporte para el Tráfico Ilícito de Drogas y por Portación Ilegal de Arma de Fuego de uso Comercial, en perjuicio de La Salud de la Población y de La Seguridad Interior del Estado de Honduras, respectivamente. Y MANDA: A efecto de que se acate lo mandado, la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas en única instancia, deberá devolver los antecedentes del caso al tribunal de justicia de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento. Notifíquese. Firmas y Sello. José Olivio Rodríguez VÁSQUEZ. Magistrado Coordinador. Rafael Bustillo Romero. Magistrado. Alma Consuelo Guzmán GARCÍA. Magistrado. Firma y Sello. JOSÈ RAMÒN CRUZ FERRERA.-. SECRETARIO SALA de lo Penal.”Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiocho días del mes de septiembre de dos mil veintitrés. Certificación de la Sentencia dictada a los treinta y un días del mes de marzo del año dos mil veintidós, recaída en el expediente de casación con número de ingreso SP-548-2019.RINA KORITZA SANDOVAL NAVASRECEPTORA ADSCRITA SALA DE LO PENAL