Sentencia CP-545-18 — Registro 15537
Resumen
En primer instancia se condena al imputado como autor del delito de Asesinato y tentativa de asesinato, se declara sin lugar el recurso de casación interpuesto por su defensa
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."El Recurso no es de recibo. – La respuesta al recurso interpuesto por la Censora parte del análisis de lo declarado como hechos probados.- Señalaron los jueces de sentencia que fue acreditada como verdad los hechos siguientes: Fecha y hora:10 de septiembre de 2014, alrededor de las 07:00 a.m., Lugar: Casa de habitación en la colonia Alameda del Municipio de Másica, Departamento de Atlántida; Personas que se encontraban en la casa: los señores Alba Elizabeth Morales Triminio, Clark Klein Cruz Banegas, Elvin Orlin Rivera Carias y María Mercedes Martínez; Conductas: El acusado Gilberto López Fuentes, junto con otra persona, portando armas de fuego, se personaron en la casa de habitación, manifestando sus intenciones de matar a todos los que se encontraban en el lugar (no va a quedar ninguno vivo), procediendo a disparar en contra de cuatro personas: tres de las cuales perdieron la vida (Alba Elizabeth Morales, Elvin Orlin Rivera Carias y María Mercedes Martínez) y una de ellas pudo sobrevivir al ataque (Clark Klein Cruz Banegas); Los hechos fueron realizados por el acusado Gilberto López Fuentes y otra persona como resultado de un acuerdo; Al confrontar los hechos probados con el artículo 117 del código penal 1443-83 vigente al momento en que ocurrieron los mismos, la Sala de lo Penal identifica todos los elementos objetivos y subjetivos del mismo en las conductas descritas como aquellas hechas por el acusado.- Según el relato histórico, declarado como una verdad incuestionable, el acusado conspiró con otra persona para ejecutar el delito, acordando no solo el instrumento a usar, sino el día y la hora en que se llevaría a cabo lo planeado.- Fue entonces que en ejecución a ese plan preconcebido que los acusados llegaron hasta la casa de habitación en donde se encontraban cuatro personas (los ofendidos), para dar marcha a un ataque alevoso, ello así al llegar de improvisto dos personas armadas con arma de fuego a una casa de habitación. El acusado y su acompañante procedieron a disparar en contra de los presentes, logrando su cometido de dar muerte a tres de ellas, pero solo hiriendo a una cuarta persona, aun cuando su intención era también matarle; intención que es inequívoca no solo por el instrumento usado, la forma del ataque, sino que además por la propia manifestación del acusado y su acompañante, al señalar de viva voz que ninguno quedaría con vida. La confrontación entre el ámbito situacional que describe de manera abstracta la norma con los hechos declarados como probados, comprueban que existe identidad entre uno y otro, no existiendo duda que la norma penal sustantiva aplicable al acusado en relación a la muerte de tres personas es el artículo 117 vigente en ese momento y respecto a la persona a la cual se le atacó con intención de darle muerte pero que afortunadamente sobrevivió al ataque, es el artículo 15 igualmente vigente en esa fecha, todo en relación con el artículo 35 que estaban contenidos en el código penal 144-83. Se descarta así la existencia del vicio denunciado por la censora..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 360 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."De la procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal decreto 130-2017. Principio de Legalidad El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra declarado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y regulado en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establece que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos de retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir una pena de cinco a diez años de prisión). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado, disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrará en vigor y cuándo es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo con la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento del juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución Política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme y mientras se esté ejecutando, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas en su totalidad, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el CP Decreto 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigor del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo código sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibida la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un concurso real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse, primero conforme al límite objetivo ordinario o limite objetivo extraordinario, según corresponda, y luego de ello conforme al límite subjetivo. Empero uno no es preferente sobre el otro, se aplicará el límite que sea menor; b.- La ponderación deberá realizarse, primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el CP-130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a.- Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b.- Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no los 30 años (limite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (limite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años, la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años, se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y aun así en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Limite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Limite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Limite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. Escrito Suplementario Señala el artículo 624 del del Código Penal 130-2017 que, en el trámite de un recurso contra una resolución definitiva, las partes podrán presentar un escrito suplementario a efecto de que el tribunal ad-quem lo tome en consideración al momento que corresponda hacer la ponderación de la norma penal más favorable entre el Código Penal vigente al momento del hecho (CP 144-83) y el Código Penal vigente al momento del juzgamiento (CP 130-2017). En el presente caso no fue presentado escrito suplementario por parte de la representación legal del acusado Gilberto López Fuentes, tampoco por el Ministerio Público, por lo que, conforme lo indica el mismo artículo 624, corresponde a la Sala de lo Penal hacer de oficio la ponderación de la norma penal más favorable en el caso concreto. Ponderación en el caso concreto Conforme la parte resolutiva de la sentencia venida en casación, se declaró responsable al acusado por el delito de Señor Gilberto López Fuentes, como coautor de tres delitos consumados de asesinato en perjuicio de los Señores Alba Elizabeth Morales Triminio, Elvin Orlin Rivera Carias y María Mercedes Martínez, y como coautor de un delito de asesinato en tentativa acabada, en perjuicio del Señor Clark Klein Cruz Banegas, ejecutados en concurso real, imponiéndole un total 73 años con 04 meses de reclusión, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil, que corresponde a las penas individualizadas: Reclusión por 20 años, por cada delito de asesinato consumado; y Reclusión por 13 años con 04 meses por el delito de asesinato en tentativa acabada. Conforme las disposiciones del Código Penal 130-2017, el delito de asesinato tiene una pena principal de 20 a 25 años de prisión para su versión consumada y una pena de 15 a 20 años de prisión para su versión de tentativa acabada.- En suma el marco abstracto de las penas que corresponden a los delitos cometidos por el acusado, de aplicarse la nueva normativa penal, sería de 75 a 95 años de prisión, de los cuales cumpliría una pena de 40 años en aplicación al límite objetivo extraordinario, en caso de que cualquiera de las penas individualizadas supere los 20 años de prisión, o los 30 años de prisión como máximo en los casos que ninguna de las penas individualizas no supere los 20 años. La comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que en el caso particular el código penal 130-2017 prevé sanciones más gravosas que las impuestas conforme el código penal 144-83, por lo que no es procedente la aplicación retroactiva de la primera codificación..."
Legislación citada
- Código Penal No. 130-17, art. 615 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
Certificación
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA la sentencia, que literalmente dice: “Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta y un días del mes de marzo del año dos mil veintidós, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los magistrados José Olivio Rodríguez Vásquez, en su calidad de coordinador, Rafael Bustillo Romero y Alma Consuelo Guzmán García, pronuncian, En nombre del Estado de Honduras La siguiente sentencia en los Recursos de Casación SP-545-2018 por Infracción de Ley, interpuesto contra la sentencia de fecha treinta de agosto del año dos mil dieciocho, dictada por el Tribunal de Sentencia de La Ceiba, Departamento de Atlántida, mediante la cual falló: Primero: Condenó al señor Gilberto López Fuentes, como autor del delito de Asesinato, en perjuicio de la señora Maria Mercedes Martínez a la pena de veinte años de reclusión.- Segundo: Condenó al señor Gilberto López Fuentes, como autor del delito de Asesinato, en perjuicio del señor Elvin Orlin Rivera Carias a la pena de veinte años de reclusión.- Tercero: Condenó al señor Gilberto López Fuentes, como autor del delito de Asesinato, en perjuicio de la señora Alba Elizabeth Morales Triminio a la pena de veinte años de reclusión.- Cuarto: Condenó al señor Gilberto López Fuentes, como autor del delito de Asesinato en su Grado de Ejecución de Tentativa, en perjuicio del señor Clark Klein Cruz Banegas a la pena de trece años, cuatro meses de reclusión.- Quinto: Condenó al señor Gilberto López Fuentes, a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por cada uno de los delitos cometidos; por el tiempo que dure cada una de las condenas.- Sexto: Se le declaró la responsabilidad civil del señor Gilberto López Fuentes.- Séptimo: Se decretó el comiso de (8) cartuchos, 7 de color rojo que en su base se lee 12 Águila 12 y uno de color blanco que en su base se lee 12121212.- OCTAVO: No procedió condenar en costas al señor Gilberto López Fuentes. Son partes en única instancia: Los abogados Alba Regina Paniagua y Arnaldo Alcides García, en su condición de defensores públicos del señor Gilberto López Fuentes, como parte recurrente y la abogada Marina Audely Varela, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, como parte recurrida. Hechos Probados de la instancia Primero: El día 10 de septiembre del 2014, alrededor de las 7:00 de la mañana, de común acuerdo Gilberto López Fuentes junto a otro sujeto portando armas de fuego, llegaron a la casa ubicada en la colonia Alameda, jurisdicción de La Másica, departamento de Atlántida; donde se encontraban María Mercedes Martínez, Elvin Orlin Rivera Carias, Alba Elizabeth Morales Trimimo y Clark Klein Cruz Banegas; Inmediatamente Gilberto López Fuentes junto al otro sujeto se dirigieron a los antes mencionados diciéndoles que no iba a quedar ninguno vivo, y uno de ellos en dirección a los antes mencionados dispara el arma de fuego tipo escopeta que portaba en repetidas ocasiones, provocándole a Alba Elizabeth Morales dos heridas localizadas en la región Frontal derecha y otra en glúteo Izquierdo; a Elvin Orlin Rivera Carias 5 heridas ubicadas en la región lateral izquierda de la cabeza, región media de la cabeza, región supraclavicular derecha, región superior derecha e Izquierda de la espalada y región submentoniana derecha e Izquierda; a María Mercedes Martínez dos heridas en región superior Izquierda de la espalda y en región inferior derecha de la espalda muriendo los tres a consecuencia de tales heridas. Segundo: Gilberto López Fuentes huye junto al otro sujeto del lugar quedando con una herida en el hombro Clark Klein Cruz Banegas quien fue trasladado con vida a un centro asistencial donde fue asistido recuperándose de tal herida. Recurso de Casación. - Motivos y Argumentos Recurso De Casación Por Infracción De Ley Motivo: Infracción de Ley por Aplicación Indebida del precepto contenido en los artículos 15 Y 117 N. 1 del Código Penal. Precepto Autorizante: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 360 párrafo primero del Código Procesal Penal. Exposición del Motivo: La norma sustantiva infringida del artículo 117 N. 1 del Código Penal que establece: "Es reo de asesinato, quien de muerte a una persona ejecutándola con la concurrencia de cualquiera de las circunstancias siguientes: 1-Alevosia." Artículo 15 del mismo cuerpo legal que establece: "Hay tentativa cuando con la intención de cometer un delito determinado se realizan actos inequívocos de ejecución y no se consuma por causas ajenas a la voluntad del agente" Artículos que han aplicado incorrectamente el Tribunal de Sentencias, al no ajustarse a la declaración de los hechos probados con el tipo penal que establecen los artículos antes mencionados por las razones siguientes así: El Juzgador en referencia declaró como probados los siguientes hechos: “Primero: "El 10 de septiembre del 2014, alrededor de las 7.00a.m., de la mañana, de común acuerdo Gilberto Lopez Fuentes, junto a otro sujeto portando armas de fuego, llegaron a la casa, ubicada en la Colonia Alameda, jurisdicción de La Másica, departamento de Atlántida, donde se encontraba Maria Mercedes Martínez, Elvin Orlin Rivera Carias, Alba Elizabeth Morales Triminio y Clark Klein Cruz Banegas, inmediatamente Gilberto Lopez Fuentes junto al otro sujeto se dirigieron a los antes mencionados diciéndoles que no iba a quedar ninguno vivo, y uno de ellos en dirección a los antes mencionados dispara el arma de fuego tipo escopeta que portaba en repetidas ocasiones, provocándole a Alba Elizabeth Morales dos heridas localizadas en la región frontal derecha y otra en glúteo izquierdo, a Elvin Orlin Rivera Carias, 5 heridas ubicadas en la región lateral izquierda de la cabeza, región media de la cabeza, región supraclavicular derecha, región superior derecha e izquierda de la espalda y región submentoniana derecha e izquierda a Maria Mercedes Martínez, dos heridas en región superior izquierda de la espalda y en región inferior derecha de la espalda muriendo los tres a consecuencia de tales heridas. Segundo: Gilberto Lopez Fuentes huye junto al otro sujeto del lugar quedando con una herida en el hombro Clark Klein Cruz Banegas, quien fue trasladado con vida a un centro asistencia donde fue asistido recuperándose de tal herida". El artículo 360 del Código Procesal Penal, nos explica que habrá lugar al Recurso de Casación, cuando por derivación de los hechos tenidos como probados por el Tribunal sentenciador, este mismo haya infringido una disposición sustantiva de carácter penal necesaria para la aplicación de la misma ley penal, por derivación lógica y legal, los hechos tenidos como probados en cualquier sentencia están sustentados nada más y nada menos que en las pruebas que se hubieren evacuado en el juicio, para determinar la consecuencia de la sentencia: La absolución o condena del imputado. Luego de citar los hechos probados que el Tribunal de Sentencias estimo como Hechos Probados si analizamos detenidamente el factum de la sentencia no se aprecia que mi patrocinado haya realizado acciones que dieran como resultado la muerte de los ofendidos Maria Mercedes Martínez, Elvin Orlin Rivera Carias Y Alba Elizabeth Morales Triminio Y Clark Klein Cruz Banegas, por tal razón nuestro defendido debería de pleno derecho ser absuelto del delito de asesinato, por no estar comprobado el mismo. Por lo que se pone de manifiesto que no se concluye que el imputado haya cometido tal delito. Con lo anteriormente relacionado la aplicación que debió hacer el A-quo en primer término era proceder a dictar un fallo absolutorio a favor de nuestro representado. En cuanto a este delito de asesinato en la simple lectura de los hechos declarados probado en el apartado primero menciona que Gilberto Lopez Fuentes junto al otro sujeto se dirigieron a los antes mencionados diciéndoles que no iba a quedar ninguno vivo, y uno de ellos en dirección a los antes mencionados dispara el arma de fuego tipo escopeta que portaba en repetidas ocasiones, Por lo que se desprende que no hay comportamientos aplicados a mi representado que dieren lugar a que cometió tal delito, hasta este momento fácilmente puede apreciarse que no hay descripción alguna de la acción o sea que la conducta particular y concreta que diera como resultado la muerte de los ofendidos. Y siendo que los hechos probados son el arranque de la decisión a que arriba el juzgador, mismos que deben surgir de las pruebas evacuadas en la causa y que responden a la pregunta ¿Qué se tiene por demostrado? Tales hechos deben de contener una descripción completa, concreta, clara y suficiente del acontecimiento histórico acreditado, en su caso la individualización precisa de los partícipes y las conductas observadas por cada uno de ellos. Por lo tanto, no se ha cumplido los elementos objetivo y subjetivo del tipo penal del que nos ocupa en el presente caso. Y en virtud de no describirse ningún comportamiento al imputado en los hechos probados, por tal razón nuestro defendido debería de pleno derecho ser absuelto del delito de asesinato, por no estar comprobado el mismo, en consecuencia, se produce una incongruencia entre el hecho estimado declarado probado con el delito del cual se le acusa, es decir el delito de asesinato. Es así entonces que la Sala de lo Penal debe otorgar la Casación interpuesta por nuestra parte. Interpretación Pretendida Al no plasmarse en los Hechos Probados por el Tribunal de sentencias acción alguna cometida por mi representado Gilberto Lopez Fuentes, por no existir perfecta armonía entre los hechos probados con el tipo penal referido, el fin de recurrir es por la inconformidad con el fallo al considerar que el sentenciador no ha aplicado el derecho en su correcta dirección al haber empleado indebidamente el artículo 117 N. 1 del Código Penal, debiendo absolverlo de toda responsabilidad. Fundamentación Jurídica Recurso de Casación por Infracción de Ley Establece el artículo 360 del Código Procesal Penal que “Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba de ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo…” (Lo resaltado es nuestro). De esta norma se puede determinar la configuración del recurso de casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal: a. Respeto Irrestricto a los Hechos Probados: Los hechos probados son el relato cronológico de un acontecimiento histórico anterior al proceso penal y que es objeto de debate, fijados por el Tribunal de Sentencia con base en lo que se ha probado en juicio, derivado de la valoración de los medios de prueba cuya reproducción el juzgador pudo apreciar de manera directa, colocándolo en una posición exclusiva de valoración. Por ello, tratándose de recurso por infracción de ley o de doctrina legal, se debe guardar absoluto respeto a los hechos que se declaren probados en la sentencia, trasladando el control judicial al ámbito de la juridicidad, así señalado en el artículo 369 del Código de Rito, en su tercer párrafo cuando prohíbe al Tribunal de Casación la modificación de los hechos probados, conocido como Principio de Intangibilidad de los Hechos Probados; b. Falta de correspondencia entre los hechos probados y el fallo por infracción de precepto sustantivo o de Principio fijado por la Doctrina Legal, a consecuencia de: a. Inobservancia de la norma sustantiva o Doctrina Legal que corresponde al caso; b. Errónea aplicación de una norma sustantiva o de Doctrina Legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis; c. Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del Principio fijado en la Doctrina Legal; d. Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal; y e. Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal. Es importante anotar que debe entenderse como norma sustantiva a toda aquella de defina tipos penales o que le sean llamadas para conformar una conducta delictiva, aun cuando no tengan la categoría de una norma penal (como es el caso de las normas extrapenales de remisión por una norma penal en blanco), quedando excluidas las normas con contenido procesal. En conclusión a través del recurso de casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia; de allí que a la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva hecha por el Tribunal de Sentencia o de la Doctrina Legal que sobre el tema jurídico se haya sentado; su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados). Único Motivo.- Censor Gilberto López Fuentes Norma Autorizante: 360 del Código Procesal Penal; Normas que se denuncian infringidas: Artículos 15 y 117.1 del Código Penal; Concepto de la Infracción planteado: Aplicación indebida del tipo penal de asesinato y asesinato tentado Pretensión: Se dicte a favor del acusado Gilberto López Fuentes una sentencia absolutoria. La Defensa Pública alega que los hechos probados que estimados por el Tribunal de Sentencia no consigna que el acusado haya realizado acciones que dieran como resultado la muerte de los señores Alba Elizabeth Morales Triminio, Elvin Orlin Rivera Carias y María Mercedes Martínez, y el intento de dar muerte al señor Clark Klein Cruz Banegas, por lo que aquel debería ser absuelto. Refuerza su alegato de que en los hechos probados no se describe ningún comportamiento hecho por el acusado. Del delito de Asesinato Interpretando la Declaración Universal de los Derechos Humanos, este tribunal de casación afirma que la vida (Art. 3) y la dignidad humana (Art. 1), junto con los derechos asociados de integridad corporal (Art. 3) y la libertad (Art.3), respectivamente, constituyen los derechos primarios por excelencia. La vida también constituye un derecho de primera categoría para la Constitución de la República, (art 65), para la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Art. 4.1) y para el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Art. 6.1), que en resumen la declaran como derecho inherente a la persona humana de carácter inviolable. Con el afán de proteger este derecho el legislador nacional ha previsto en el Título I del Libro Segundo del Código Penal, un conjunto de delitos que protegen la vida y la integridad corporal, entre éstos, en el Capítulo I, el delito de Asesinato. El delito de Asesinato, protege la vida independiente como bien jurídico protegido y estaba tipificado en el otrora vigente artículo 117 que indicaba que “es reo de asesinato quien de muerte a una persona”, ejecutando el hecho mediante alevosía, premeditación conocida, causando grandes estragos para ello o con ensañamiento. De este modo el tipo penal tenía como elementos objetivos del tipo penal los siguientes: a. Sujeto Activo: Puede ser cualquier persona; b. Sujeto Pasivo podrá ser cualquier persona diferente a: i.- Los ascendientes o descendientes del sujeto activo, ya que de lo contrario podría configurarse otro tipo de delito (Parricidio o Infanticidio); ii.-Los Jefes de Estado o Jefes de Gobierno Extranjeros que se encuentren en Honduras en visita oficial, porque ello podría constituir un delito contra el Derecho de Gentes; y iii.- Diferente al presidente de un Poder del Estado de Honduras, porque daría paso al delito de Magnicidio; c. Objeto material del delito, es la vida de la persona como bien jurídico protegido, por cuanto el sujeto pasivo debe ser un ser humano ya nacido y que, además, aunque parezca obvio, que se encuentre vivo al momento de sufrir el delito; b. Conducta Criminosa centrada en el verbo rector, que en este caso matar, que dicho de otra manera implica privar de la vida; c. Modalidad Criminosa, entendida como la forma de llevar a cabo el verbo rector y que en este caso el tipo penal determina que debe llevarse a cabo mediante una de las cuatro formas descritas en el tipo penal, siendo éstas: alevosía, premeditación conocida, mediante la producción de grandes estragos o con ensañamiento. a. Punibilidad: El delito en estudio tiene una pena de: veinte (20) a treinta (30) años de reclusión; ii.- Treinta (30) años a privación de por vida de la libertad, cuando se cometiese mediante pago, lo que implica la concurrencia de un inductor (la persona que paga) y un autor material (la persona que se compromete a realizar la conducta por el pago), ello independientemente del valor de dicho pago o si éste se llegare a realizar; y iii.- Treinta (30) años a privación de por vida de la libertad, cuando el delito sea cometido en concurso real con el delito de Robo o con el delito de violación sexual. Como elemento subjetivo el tipo penal de Asesinato exigía el dolo especifico de matar (Animus Necandi), de carácter directo o eventual, conformado por el conocimiento del sujeto activo de que la conducta desplegada puede producir o producirá la muerte de otra persona y de la voluntad de querer realizar la acción y conseguir el resultado como propósito perseguido o aceptar el resultado como consecuencia aceptada. Adicionalmente el delito requería que el sujeto activo tuviese conocimiento de la modalidad criminosa (alevosía, premeditación, mediante ensañamiento o grandes estragos) y que quisiese procurarla y/o aprovecharse de ésta. Partiendo de lo anterior, se identificaban como características del tipo penal de asesinato, las siguientes: a. Según su Estructura: i.- Tipo Penal Especial: Partía de los elementos básicos de otro delito (Homicidio), al que se agregaban otros elementos para constituirse en un tipo penal distinto; ii.- Tipo Penal Simple: Describía un solo modelo de comportamiento: dar muerte; b. Según su Contenido: i.- Tipo Penal de resultado que exigía el cambio en el mundo físico traducido en la muerte de una persona; ii.- Tipo de Conducta Instantánea ya que contenía un supuesto de hecho cuya realización del comportamiento descrito se agotaba en un solo momento; iii.- Tipo Penal de Acción: Describía un modelo de comportamiento comisivo; iv.- Tipo Penal cerrado: Determinaba con precisión la circunstancia típica, de tal manera que la conducta prohibida de matar se desprendía con claridad; c. Según el Sujeto Activo: i.- Unisubjetivo al describir una conducta que puede ser realizada con la concurrencia de un solo sujeto activo; ii.- Tipo Penal Común ya que no exigía que el sujeto activo tenga una condición especial o cualidad personal; d. Según el Bien Jurídico Tutelado: i.- Tipo Penal Mono-ofensivo, pues protegía un único bien jurídico, el cual es la vida independiente; ii.- Tipo Penal de lesión al significar un menoscabo del bien jurídico tutelado al traducirse la conducta humana en la muerte de una persona. De la Alevosía La alevosía, conforme lo conceptualizaba el artículo 27.2 del Código Penal, era cuando el sujeto activo realizaba un delito en contra de la vida y la integridad corporal, empleando medios, modos o formas en la ejecución que tendieran directa y especialmente a asegurarla, sin riesgo para el agresor de la defensa que pudiese ofrecer la persona ofendida.- Es importante resaltar dos puntos: Primero que para la existencia de la alevosía no se requería que el delito sea de carácter consumado, basta que el sujeto activo háyase pretendido realizar la acción alevosa para que la circunstancia pueda ser considerada existente.- Segundo: Para la existencia de la alevosía no era suficiente la concurrencia objetiva de una situación de indefensión, sino que era preciso, además, el ánimo por parte del sujeto activo de buscar y aprovecharse de esa situación.- Del concepto se derivaban tres clases de alevosía: a. La Alevosía Proditoria, conocida también como aleve o traicionera, que existe en los casos en donde la agresión del sujeto activo precede de una trampa, emboscada, celada o apostamiento, actuando el autor “sobre seguro” y “a traición”, por tanto, adicionalmente requiere un ámbito previo de premeditación; ocurre cuando el sujeto activo se esconde o se disfraza a la vista de su víctima, para poder acercarse a ella y así atacarle; b. Alevosía Sorpresiva, conocida también como súbita o inopinada, se presenta cuando la agresión del sujeto activo es de forma sorpresiva, repentina e inesperadamente, de forma fulgurante e imprevisto por el sujeto pasivo (ex improvissu), no permitiendo al sujeto pasivo reaccionar mucho menos evitar la agresión. Típicamente la alevosía sorpresiva se presenta cuando el sujeto pasivo se encuentra de espaldas de su agresor, pero también puede presentarse cuando éste se encuentre de frente, a la vista, intentando el sujeto activo no revelar sus intenciones hasta cuando proceda a la ejecución del ataque procurando la suerte que el acto improvisto le dé la ventaja; y c. Alevosía de Prevalimiento, llamada con los nombres de desvalimiento o indefensión, que se presenta cuando el sujeto activo aprovecha una situación especial de indefensión o desamparo del sujeto pasivo que le impide defenderse, así por ejemplo los casos en donde la víctima se encuentre dormida, embriagada, esposada, retenida en una celda, etc.- En este tipo de alevosía, el estado de indefensión no es provocado por el sujeto activo, quien al visorarlo lo aprovecha para ejecutar su ataque. De la procedencia del Recurso. El Recurso no es de recibo. – La respuesta al recurso interpuesto por la Censora parte del análisis de lo declarado como hechos probados.- Señalaron los jueces de sentencia que fue acreditada como verdad los hechos siguientes: Fecha y hora:10 de septiembre de 2014, alrededor de las 07:00 a.m., Lugar: Casa de habitación en la colonia Alameda del Municipio de Másica, Departamento de Atlántida; Personas que se encontraban en la casa: los señores Alba Elizabeth Morales Triminio, Clark Klein Cruz Banegas, Elvin Orlin Rivera Carias y María Mercedes Martínez; Conductas: El acusado Gilberto López Fuentes, junto con otra persona, portando armas de fuego, se personaron en la casa de habitación, manifestando sus intenciones de matar a todos los que se encontraban en el lugar (no va a quedar ninguno vivo), procediendo a disparar en contra de cuatro personas: tres de las cuales perdieron la vida (Alba Elizabeth Morales, Elvin Orlin Rivera Carias y María Mercedes Martínez) y una de ellas pudo sobrevivir al ataque (Clark Klein Cruz Banegas); Los hechos fueron realizados por el acusado Gilberto López Fuentes y otra persona como resultado de un acuerdo; Al confrontar los hechos probados con el artículo 117 del código penal 1443-83 vigente al momento en que ocurrieron los mismos, la Sala de lo Penal identifica todos los elementos objetivos y subjetivos del mismo en las conductas descritas como aquellas hechas por el acusado.- Según el relato histórico, declarado como una verdad incuestionable, el acusado conspiró con otra persona para ejecutar el delito, acordando no solo el instrumento a usar, sino el día y la hora en que se llevaría a cabo lo planeado.- Fue entonces que en ejecución a ese plan preconcebido que los acusados llegaron hasta la casa de habitación en donde se encontraban cuatro personas (los ofendidos), para dar marcha a un ataque alevoso, ello así al llegar de improvisto dos personas armadas con arma de fuego a una casa de habitación. El acusado y su acompañante procedieron a disparar en contra de los presentes, logrando su cometido de dar muerte a tres de ellas, pero solo hiriendo a una cuarta persona, aun cuando su intención era también matarle; intención que es inequívoca no solo por el instrumento usado, la forma del ataque, sino que además por la propia manifestación del acusado y su acompañante, al señalar de viva voz que ninguno quedaría con vida. La confrontación entre el ámbito situacional que describe de manera abstracta la norma con los hechos declarados como probados, comprueban que existe identidad entre uno y otro, no existiendo duda que la norma penal sustantiva aplicable al acusado en relación a la muerte de tres personas es el artículo 117 vigente en ese momento y respecto a la persona a la cual se le atacó con intención de darle muerte pero que afortunadamente sobrevivió al ataque, es el artículo 15 igualmente vigente en esa fecha, todo en relación con el artículo 35 que estaban contenidos en el código penal 144-83. Se descarta así la existencia del vicio denunciado por la censora. Decisión: Declarar sin lugar el recurso de casación por infracción de ley en su único motivo. De la procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal decreto 130-2017. Principio de Legalidad El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra declarado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y regulado en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establece que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos de retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir una pena de cinco a diez años de prisión). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado, disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrará en vigor y cuándo es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo con la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento del juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución Política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme y mientras se esté ejecutando, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas en su totalidad, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el CP Decreto 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigor del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo código sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibida la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un concurso real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse, primero conforme al límite objetivo ordinario o limite objetivo extraordinario, según corresponda, y luego de ello conforme al límite subjetivo. Empero uno no es preferente sobre el otro, se aplicará el límite que sea menor; b.- La ponderación deberá realizarse, primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el CP-130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a.- Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b.- Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no los 30 años (limite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (limite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años, la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años, se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y aun así en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Limite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Limite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Limite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. Escrito Suplementario Señala el artículo 624 del del Código Penal 130-2017 que, en el trámite de un recurso contra una resolución definitiva, las partes podrán presentar un escrito suplementario a efecto de que el tribunal ad-quem lo tome en consideración al momento que corresponda hacer la ponderación de la norma penal más favorable entre el Código Penal vigente al momento del hecho (CP 144-83) y el Código Penal vigente al momento del juzgamiento (CP 130-2017). En el presente caso no fue presentado escrito suplementario por parte de la representación legal del acusado Gilberto López Fuentes, tampoco por el Ministerio Público, por lo que, conforme lo indica el mismo artículo 624, corresponde a la Sala de lo Penal hacer de oficio la ponderación de la norma penal más favorable en el caso concreto. Ponderación en el caso concreto Conforme la parte resolutiva de la sentencia venida en casación, se declaró responsable al acusado por el delito de Señor Gilberto López Fuentes, como coautor de tres delitos consumados de asesinato en perjuicio de los Señores Alba Elizabeth Morales Triminio, Elvin Orlin Rivera Carias y María Mercedes Martínez, y como coautor de un delito de asesinato en tentativa acabada, en perjuicio del Señor Clark Klein Cruz Banegas, ejecutados en concurso real, imponiéndole un total 73 años con 04 meses de reclusión, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil, que corresponde a las penas individualizadas: Reclusión por 20 años, por cada delito de asesinato consumado; y Reclusión por 13 años con 04 meses por el delito de asesinato en tentativa acabada. Conforme las disposiciones del Código Penal 130-2017, el delito de asesinato tiene una pena principal de 20 a 25 años de prisión para su versión consumada y una pena de 15 a 20 años de prisión para su versión de tentativa acabada.- En suma el marco abstracto de las penas que corresponden a los delitos cometidos por el acusado, de aplicarse la nueva normativa penal, sería de 75 a 95 años de prisión, de los cuales cumpliría una pena de 40 años en aplicación al límite objetivo extraordinario, en caso de que cualquiera de las penas individualizadas supere los 20 años de prisión, o los 30 años de prisión como máximo en los casos que ninguna de las penas individualizas no supere los 20 años. La comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que en el caso particular el código penal 130-2017 prevé sanciones más gravosas que las impuestas conforme el código penal 144-83, por lo que no es procedente la aplicación retroactiva de la primera codificación. Por Tanto: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 360 del Código Procesal Penal; Falla: Primero: Declara Sin Lugar el recurso de casación por infracción de ley en su único motivo, interpuesto por la Defensa Pública a favor del acusado Gilberto López Fuentes.- Segundo: Declara la no procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017, por las conductas reprochadas al ahora condenado Gilberto López Fuentes. - Tercero: Declara Firme y ejecutable la sentencia de fecha treinta de agosto de dos mil dieciocho (f. 257), dictada por el Tribunal de Sentencia de la ciudad de La Ceiba, Departamento de Atlántida.- Y Manda: A efecto de que se acate lo mandado, la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas en única instancia, deberá devolver los antecedentes del caso al tribunal de justicia de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento.- Notifíquese. - Firmas y Sello.- Jose Olivio Rodriguez Vasquez. Magistrado Coordinador. Rafael Bustillo Romero. Magistrado. Alma Consuelo Guzmán García. Magistrada. - Firma y Sello. - Lety Emelda Posadas. Secretaria Actuante. Sala de lo Penal.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en fecha uno de noviembre de dos mil veintidós. Certificación de la sentencia dictada el treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, recaída en el expediente SP 545-2018.
JOSÉ RAMÓN CRUZ FERRERA
Secretario Sala de lo Penal
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