Sentencia CP-519-18 — Registro 15532
Resumen
En primer instancia se condena al imputado como autor del delito de Homicidio, se declara sin lugar el recurso de casación interpuesto por su defensa
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."El recurso no es de recibo. El recurso de casación por infracción de precepto constitucional ha sido presentado sin observar la debida técnica recursiva: A. Por Planteamiento: La Censora denuncia la violación de dos derechos fundamentales: el debido proceso y el estado de inocencia; derechos que tienen basto contenido que requieren planteamientos independientes y además un desarrollo puntual que permita individualizar el aspecto del derecho que se denuncia afectado por la decisión judicial.- Así entonces, cuando se denuncia la violación al debido proceso judicial se debe detallar que ello fue como consecuencia de la inobservancia de una de las reglas mínimas de juzgamiento, como por ejemplo: i.- prohibición de ser procesado mediante la aplicación de leyes retroactivas peyorativas; ii.- derecho a ser informado de los cargos criminales en su contra; iii.- a un juez predeterminado por la ley; iv.- a la imparcialidad del juez; v.- a la independencia del juez; vi.- derecho a la defensa material y técnica y a utilizar los medios de prueba pertinentes; vii.- a la igualdad de armas procesales, que incluye el derecho a la revelación de la carga probatoria en la fase intermedia del proceso; viii.- a un proceso público sin dilaciones indebidas; ix.- respeto al principio de presunción de inocencia; x.- posibilidad de recurrir ante un tribunal para obtener una revisión de la legalidad de la orden de privación de la libertad provisional; xi.- derecho a ser oído en un plazo razonable; xii.- deber de los tribunales de emitir fallos razonados, motivados y con información sustancial; xiii.- el derecho a impugnar las resoluciones judiciales definitivas para que sean revisadas por un tribunal superior; xiv.- a una justicia gratuita; entre otros. Por otra parte, cuando se señala la violación al estado material de inocencia, se debe establecer que aspecto del derecho fundamental fue el transgredido, pudiendo ser: i.- indebido proceso probatorio, ii.- carente o insuficiente motivación, iii.- indebido razonamiento probatorio, iv.- ilicitud de la prueba o, v.- insuficiente prueba de cargo. Pero la concreta identificación del vicio es solo una parte de lo que debe ser el correcto planteamiento del recurso; además la Censora debió desarrollar un esquema argumentativo que explicara de manera clara y precisa que aspecto del derecho fundamental fue el violentado, como ocurrió esa violación materialmente y cuáles fueron las repercusiones de tal afectación en la decisión judicial que se impugna; más nada de ello esta contenido en el libelo del recurso. B.- Argumento: En el desarrollo argumentativo, la Censora ataca directamente la prueba, señalando que ésta no merece credibilidad o que ésta no llegó a acreditar responsabilidad penal del acusado; es así que la Censora se ocupa de hacer análisis y valoración personal de la actividad probatoria, confundiendo la única instancia con una segunda instancia.- Lo reprochado por la Censora gravita en torno a la fuerza acreditativa de la prueba, siendo la única forma de atender tal reclamo la valoración de esa misma prueba por la Sala de lo Penal, pues solo así podría determinarse si la valoración hecha por el a-quo coincide o no, con el criterio de este tribunal, y además implicaría que en caso de no existir coincidencia de criterios, y según la Censora, la Sala de lo Penal tendría que censurar dicha valoración, eliminándola de la sentencia y sustituyéndola por la hecha por este ad-quem; en otras palabras la Sala de Casación tendría que subrogarse la posición de un tribunal de instancia, valorando prueba que no ha recibido directamente y de la que no ha tenido inmediación, invadiendo competencia exclusiva del tribunal de sentencia al sobreponer su criterio de valoración a la de aquel, siendo todo ello sancionado por la ley. En conclusión: la Censora ha presentado un recurso que es propio de una segunda instancia, pero totalmente improcedente para la única instancia a la cual se accede por la vía de recurso de casación; los defectos son tanto en la forma de planteamiento como del contenido planteado, lo que condicionan que el recurso sea desestimado.."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 361 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."De la procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal Decreto 130-2017. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir de cinco a diez años de prisión una pena). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrara en vigor y cuando es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo con la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento de juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas de manera completa por la persona, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el Código Penal Decreto 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigor del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo Código sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibido la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando en la sentencia impugnada por un recurso devolutivo se aprecie una pena no concursada, se procederá a la comparación de la pena concreta impuesta conforme CP-144-83 con la pena abstracta conforme CP-130-2017, bajo las siguientes reglas: Si existe coincidencia en la naturaleza de las penas contempladas como sanción en ambas legislaciones: i.- no procederá la aplicación retroactiva cuando la nueva legislación prevea una pena más grave que la anterior legislación; ii.- no procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada impuesta conforme el CP-144-83 se encuentre dentro del margen abstracto del CP-130-2017; iii.- procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada sea más grave en comparación con el margen abstracto previsto en la nueva legislación; o Si la sanción impuesta conforme el CP-144-83 es de distinta naturaleza a la prevista en el CP 130-2017, se procederá a hacer una ponderación en atención al caso concreto, incluyendo la situación personal del condenado/a, para determinar cuál de ellas le es más beneficiosa y con ello si procede o no la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal. En caso de requerirse estudios para determinar cuál de las sanciones es más beneficiosa, éstos deberán ser ordenados por el Tribunal previo a la decisión. Escrito Suplementario Señala el artículo 624 del del Código Penal 130-2017 que, en el trámite de un recurso contra una resolución definitiva, las partes podrán presentar un escrito suplementario a efecto de que el tribunal ad-quem lo tome en consideración al momento que corresponda hacer la ponderación de la norma penal más favorable entre el Código Penal vigente al momento del hecho (CP 144-83) y el Código Penal vigente al momento del juzgamiento (CP 130-2017). En el presente caso no fue presentado escrito suplementario por parte de la representación legal del acusado Hector Danilo León Morales, tampoco por el Ministerio Público, por lo que, conforme lo indica el mismo artículo 624, corresponde a la Sala de lo Penal hacer de oficio la ponderación de la norma penal más favorable en el caso concreto. Ponderación en el caso concreto En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso al señor Hector Danilo León Morales, como autor del delito de homicidio (Art. 116 cp 144-83) en perjuicio del Señor José Guzmán, las sanciones siguientes: i.- pena principal de reclusión por 15 años; ii.- Penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil durante el tiempo de la pena de reclusión; iii.- Demás consecuencias legales por la condena. Conforme las disposiciones del Código Penal 130-2017, el delito de homicidio (Art. 192 NCP 130-2017), tiene una pena principal de 15 a 20 años de prisión para el autor del delito consumado. La comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que la pena concreta impuesta al acusado Hector Danilo León Morales se encuentra dentro del marco abstracto de la pena que contempla la nueva legislación penal, por lo que el nuevo código penal no representa una norma más favorable al acusado, no siendo procedente su aplicación retroactiva.."
Legislación citada
- Código Penal No. 130-17, art. 615 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
La Infrascrita Secretaria Actuante de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia que literalmente dice: “SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticuatro días del mes de febrero del año dos mil veintidós, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los magistrados José Olivio Rodríguez Vásquez, en su calidad de coordinador, Rafael Bustillo Romero y Alma Consuelo Guzmán García pronuncian, En nombre del Estado de Honduras La siguiente sentencia en los Recursos de Casación SP-519-2018 por Infracción de Precepto Constitucional, interpuesto contra la sentencia de fecha dieciséis de octubre del año dos mil diecisiete, dictada por el Tribunal de Sentencia de Nueva Arcadia, la Entrada, Departamento de Copán, mediante la cual falló: Primero: Condenó al señor Héctor Danilo León Morales, como autor del delito de Homicidio, en perjuicio del señor José Guzmán a la pena de quince años de reclusión, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo que dure la condena principal.- Segundo: Se le declaró la responsabilidad civil del señor Héctor Danilo León Morales.- Tercero: No procedió condenar en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio.- Cuarto: Se declaró el comiso de una camisa de cuello con rayas horizontales en colores azul oscuro y azul claro talla 1 de marca Michael. Son partes en única instancia: Los abogados Alba Regina Paniagua Pacheco y Arnaldo Alcides García Alvarado, en su condición de Defensores Púbicos del señor Héctor Danilo León Morales, como parte recurrente y la abogada Marina Audely Varela, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, como parte recurrida. Hechos probados de la instancia El día siete (7) de junio del año dos mil dieciséis, cerca de las siete y treinta de la noche el señor José Guzmán, en compañía de su esposa Petrona López e hija Xiomara Guzmán López, regresaba hacia su casa de habitación ya que venían de rezar de la iglesia católica en la Aldea la Cumbre, Cabañas Copan, cuando transitaban por la carretera que conduce a la comunidad de San Fernando Ocotepeque, cerca de un falso en la propiedad del señor Luis Pérez, los intercepto el joven Héctor Danilo León Morales, quien se acercó donde el señor José Guzmán y después de manifestarle algunas palabras, le disparo con un arma de fuego en la región parietal derecha, causándole una herida que produjo fractura múltiple del cráneo falleciendo al instante. Después de investigaciones policiales se culpó al señor Héctor Danilo León Morales, por considerarlo responsable del hecho descrito anteriormente. Recurso de Casación.- Motivos y Argumentos Recurso De Casación Por Infracción de Precepto Constitucional Motivo Único: Infracción de los Preceptos Constitucionales contenidos en los artículo 89, 90 en relación con los artículos 1, 2 y 202 del Código Procesal Penal. Precepto Autorizante: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 361 del Código Procesal Penal. Exposición Del Motivo Primero: Las normas que ha violentado gravemente el Juzgador, son los artículos 89 y 90 de la Constitución de la República que dicen: Artículo 89. “Toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente”. Artículo 90: “Nadie puede ser Juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece…”. Estas normas constitucionales en relación a lo que establecen los artículos 1 y 2 del Código Procesal Penal que dice: Artículo 1. “Juicio Previo: Ninguna personas podrá ser condenada a una pena ni sometida a una medida de seguridad, sino en virtud de sentencia firme dictada por el órgano jurisdiccional competente, después de haberse probado los hechos en un juicio oral y público llevado a cabo conforme los principios establecidos en la Constitución de la República, los tratados Internacionales de los cuales Honduras forma parte y el presente código y con respeto estricto de los derechos del imputado”. Artículo 2. “Estado de inocencia. Todo imputado será considerado y tratado como inocente mientras no se declare su culpabilidad por el órgano jurisdiccional competente y conformidad con las normas de este código…”. Segundo: El Juzgador al dictar sentencia condenatoria en contra del señor Hector Danilo León Morales, por el delito de Homicidio Simple en perjuicio de Jose Guzman, infringe gravemente los fundamentales derechos referidos en el numeral anterior, afectando con ello la presunción de inocencia y al debido proceso que le asisten al imputado por mandato constitucional, porque el ente acusador no obstante estar obligado a demostrar, fuera de toda duda, la imputación en contra del señor Hector Danilo León Morales, produjo un mínimo de actividad probatoria. Tercero: En el presente caso, la probanza utilizada para declarar el cuadro factico de la sentencia se extrajo de la prueba de cargo como ser la declaración del Petrona Lopez Y Edith Xiomara Guzman Lopez, que las mismas fueran evacuadas en el juicio oral y público, declaraciones que no aportan nada pues no existe en la presente declaración un dicho contundente es decir que lo pudieron conocer porque venía un carro, y que por esa luz lo conocieron, ya que los hechos ocurrieron a las siete y media de la noche, o sea que la visibilidad era escaza como para poder identificar una personas. No hay decomiso de arma prueba fundamental que hubiera aportado elemento suficiente para esclarecer el hecho que se investiga. Y en los restos de medios de prueba como ser el dictamen de autopsia y el acta de levantamiento del cadáver no se prueba que mi defendido haya cometido el delito de mérito o sea que lo que se prueba es que hay una persona que sufrió un atentado y que lamentablemente murió. En consecuencia, con tal declaración y medios probatorios mencionados, resulta imposible quebrantar la Presunción de inocencia, por lo que el sentenciador violenta en la sentencia recurrida, esa norma constitucional, así como el debido proceso, por no seguir el juicio de nuestro representado conforme a las normas y procesos que la ley establece. O sea que en el juicio penal no basta solamente la obtención de la sentencia condenatoria desde el punto de vista formal, para lograr el quebrantamiento del Estado de inocencia del imputado, sino que durante el proceso deben satisfacerse unas condiciones mínimas de juzgamiento que garanticen que esa sentencia condenatoria está legitimada. Algunas de las manifestaciones del presente principio o sea el Estado de inocencia consiste en: a) Que a la acusación le corresponde, mediante presentación de pruebas, demostrar culpabilidad del imputado, lo que implica que el acusado no está obligado a probar inocencia, b) la obligación en el órgano jurisdiccional de absolver, cuando no se haya probado culpabilidad del imputado, de ello se sigue que se debe absolver en caso de duda, o cuando los hechos no hayan quedado suficientemente probados, y c) Certeza de culpabilidad, que las pruebas del proceso se hayan recibido con las debidas garantías. Así que en el presente caso además de la falencia probatoria mostrada en la sentencia sobre la prueba de cargo analizada, no se encuentra respaldo probatorio en sí mismo, ni en los restantes medios de prueba, evacuados en el juicio. Cuarto: De lo antes expuesto y que siendo que es en el juicio oral y público donde los medios de prueba de cargo deben dotar al Tribunal de sentencia de la certeza de la existencia de un hecho, dentro del cual se enmarquen todos los elementos de tipificación legal de un delito, así como la participación del acusado, si esto no se logra con la práctica de dicha prueba solamente procede dictar sentencia absolutoria, porque no existe prueba de cargo válida para condenar al imputado. El derecho fundamental a la presunción de inocencia, además de encontrarse reconocido en nuestra constitución y normas legales secundarias, también lo está en instrumentos jurídicos internacionales suscritos por el Estado de Honduras, como son entre otras, la Declaración Universal de los Derechos Humanos art.11.1, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del 19 de diciembre de 1966 (art. 14.2). De todo lo anterior, concluyo que en el presente caso el Ministerio Publico no presentó elementos probatorios suficientes y contundentes o pruebas de cargo válidas, para lograr enervar el estado de inocencia de mí representado, por lo que solicitamos se case la sentencia y en su lugar se profiera otra apegada a la normativa penal citada. Fundamentación Jurídica Recurso de Casación por Infracción Precepto Constitucional El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional; Esta Sala de lo Penal ha entendido que se trata de una tercera vía recursiva distinta a las tradicionales de fondo (infracción de ley) y forma (quebrantamiento de forma). Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior[1]. En general toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso deberánunciar la infracción de un derecho fundamental, un derecho reconocido en el bloque constitucional o de doctrina legal constitucional, cuando dicha violación haya tenido una influencia decisiva en la decisión del Órgano Jurisdiccional; En este último sentido Llorente Fernández expresa que (Llorente Fernández De La Reguera, Ángel, en Los Recursos, Cuadernos de Estudios Judiciales, Rafael Alvarado Manzano, Liticom, Tegucigalpa, 2001, págs. 113-115): “la jurisprudencia española ha puesto de manifiesto que este cauce impugnatorio no está previsto para alegar, bajo su cobertura, la vulneración de cualquier norma constitucional, sino específicamente la infracción de aquellas que tienen una estrecha y directa relación con el objeto del proceso en que son invocados. Serán, por tanto, los derechos fundamentales ligados al proceso con carácter general los que tengan cabida en esta vía impugnativa y de un modo especial aquellos que el recurrente entienda que han sido conculcados en el caso concreto...”. Entonces los motivos a plantear en este Recurso de Casación, presentados bajo Numerus Apertus, son: 1. Negación de un Derecho Constitucional o que integre el bloque constitucional, o de Doctrina Legal Constitucional, de carácter procesal penal o penal sustantivo; 2. Aplicación Restrictiva de un Derecho Constitucional o que integre el bloque constitucional, o de Doctrina Legal Constitucional, de carácter procesal penal o penal sustantivo; 3. Interpretación errónea sobre la naturaleza y/o alcance de un derecho Constitucional del bloque Constitucional, o sobre una Doctrina Legal Constitucional, que atañe al derecho procesal penal o al derecho penal sustantivo. En una buena técnica recursiva, el recurrente debe hacer uso de este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional de amplia aplicación (Recurso Ordinario), en contraposición con los recursos de Infracción de Ley, Infracción de Doctrina Penal y Quebrantamiento de Formas Procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores (Recursos Extraordinarios). La esencia del recurso de Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del Principio de Convencionalidad y el Principio de Primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. Motivo Único Norma Autorizante: 361 del Código Procesal Penal; Normas que se denuncian infringidas: Artículos 82 y 90 de la Constitución de la República, en relación con los artículos 1, 2 y 202 del código procesal penal; Concepto de la infracción: Violación al Derecho de Defensa y Violación al Debido Proceso Judicial; Motivo: Sin determinar por la Censora; Reclamo Ex Ante al Recurso de Casación: Sin determinar por la Censora; Pretensión: Sin determinar por la Censora. La Defensa Pública declara que el tribunal de sentencia al emitir el fallo condenatorio en contra del acusado Hector Danilo León, infringió gravemente el debido proceso y el estado de inocencia.- Explica que la probanza utilizada para declarar el cuadro fáctico de la sentencia se extrajo de la prueba de cargo, consistente en la declaración de los señores Petrona López y Edith Xiomara Guzmán López, las cuales “no aportan nada”, que el dictamen de autopsia y el acta de levantamiento de cadáver no acreditan que el acusado haya cometido el delito, además menciona que no fue presentada el arma de fuego usada para cometer el delito. La Censora alega que con los medios de prueba mencionados resulta imposible quebrantar la presunción de inocencia, por lo que el sentenciador al condenar al acusado violentó el debido proceso por no seguir el juicio conforme a las normas y procesos que la ley establece (SIC). De la procedencia del recurso. El recurso no es de recibo. El recurso de casación por infracción de precepto constitucional ha sido presentado sin observar la debida técnica recursiva: A. Por Planteamiento: La Censora denuncia la violación de dos derechos fundamentales: el debido proceso y el estado de inocencia; derechos que tienen basto contenido que requieren planteamientos independientes y además un desarrollo puntual que permita individualizar el aspecto del derecho que se denuncia afectado por la decisión judicial.- Así entonces, cuando se denuncia la violación al debido proceso judicial se debe detallar que ello fue como consecuencia de la inobservancia de una de las reglas mínimas de juzgamiento, como por ejemplo: i.- prohibición de ser procesado mediante la aplicación de leyes retroactivas peyorativas; ii.- derecho a ser informado de los cargos criminales en su contra; iii.- a un juez predeterminado por la ley; iv.- a la imparcialidad del juez; v.- a la independencia del juez; vi.- derecho a la defensa material y técnica y a utilizar los medios de prueba pertinentes; vii.- a la igualdad de armas procesales, que incluye el derecho a la revelación de la carga probatoria en la fase intermedia del proceso; viii.- a un proceso público sin dilaciones indebidas; ix.- respeto al principio de presunción de inocencia; x.- posibilidad de recurrir ante un tribunal para obtener una revisión de la legalidad de la orden de privación de la libertad provisional; xi.- derecho a ser oído en un plazo razonable; xii.- deber de los tribunales de emitir fallos razonados, motivados y con información sustancial; xiii.- el derecho a impugnar las resoluciones judiciales definitivas para que sean revisadas por un tribunal superior; xiv.- a una justicia gratuita; entre otros. Por otra parte, cuando se señala la violación al estado material de inocencia, se debe establecer que aspecto del derecho fundamental fue el transgredido, pudiendo ser: i.- indebido proceso probatorio, ii.- carente o insuficiente motivación, iii.- indebido razonamiento probatorio, iv.- ilicitud de la prueba o, v.- insuficiente prueba de cargo. Pero la concreta identificación del vicio es solo una parte de lo que debe ser el correcto planteamiento del recurso; además la Censora debió desarrollar un esquema argumentativo que explicara de manera clara y precisa que aspecto del derecho fundamental fue el violentado, como ocurrió esa violación materialmente y cuáles fueron las repercusiones de tal afectación en la decisión judicial que se impugna; más nada de ello esta contenido en el libelo del recurso. B.- Argumento: En el desarrollo argumentativo, la Censora ataca directamente la prueba, señalando que ésta no merece credibilidad o que ésta no llegó a acreditar responsabilidad penal del acusado; es así que la Censora se ocupa de hacer análisis y valoración personal de la actividad probatoria, confundiendo la única instancia con una segunda instancia.- Lo reprochado por la Censora gravita en torno a la fuerza acreditativa de la prueba, siendo la única forma de atender tal reclamo la valoración de esa misma prueba por la Sala de lo Penal, pues solo así podría determinarse si la valoración hecha por el a-quo coincide o no, con el criterio de este tribunal, y además implicaría que en caso de no existir coincidencia de criterios, y según la Censora, la Sala de lo Penal tendría que censurar dicha valoración, eliminándola de la sentencia y sustituyéndola por la hecha por este ad-quem; en otras palabras la Sala de Casación tendría que subrogarse la posición de un tribunal de instancia, valorando prueba que no ha recibido directamente y de la que no ha tenido inmediación, invadiendo competencia exclusiva del tribunal de sentencia al sobreponer su criterio de valoración a la de aquel, siendo todo ello sancionado por la ley. En conclusión: la Censora ha presentado un recurso que es propio de una segunda instancia, pero totalmente improcedente para la única instancia a la cual se accede por la vía de recurso de casación; los defectos son tanto en la forma de planteamiento como del contenido planteado, lo que condicionan que el recurso sea desestimado. De la procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal Decreto 130-2017. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir de cinco a diez años de prisión una pena). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrara en vigor y cuando es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo con la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento de juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas de manera completa por la persona, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el Código Penal Decreto 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigor del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo Código sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibido la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando en la sentencia impugnada por un recurso devolutivo se aprecie una pena no concursada, se procederá a la comparación de la pena concreta impuesta conforme CP-144-83 con la pena abstracta conforme CP-130-2017, bajo las siguientes reglas: Si existe coincidencia en la naturaleza de las penas contempladas como sanción en ambas legislaciones: i.- no procederá la aplicación retroactiva cuando la nueva legislación prevea una pena más grave que la anterior legislación; ii.- no procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada impuesta conforme el CP-144-83 se encuentre dentro del margen abstracto del CP-130-2017; iii.- procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada sea más grave en comparación con el margen abstracto previsto en la nueva legislación; o Si la sanción impuesta conforme el CP-144-83 es de distinta naturaleza a la prevista en el CP 130-2017, se procederá a hacer una ponderación en atención al caso concreto, incluyendo la situación personal del condenado/a, para determinar cuál de ellas le es más beneficiosa y con ello si procede o no la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal. En caso de requerirse estudios para determinar cuál de las sanciones es más beneficiosa, éstos deberán ser ordenados por el Tribunal previo a la decisión. Escrito Suplementario Señala el artículo 624 del del Código Penal 130-2017 que, en el trámite de un recurso contra una resolución definitiva, las partes podrán presentar un escrito suplementario a efecto de que el tribunal ad-quem lo tome en consideración al momento que corresponda hacer la ponderación de la norma penal más favorable entre el Código Penal vigente al momento del hecho (CP 144-83) y el Código Penal vigente al momento del juzgamiento (CP 130-2017). En el presente caso no fue presentado escrito suplementario por parte de la representación legal del acusado Hector Danilo León Morales, tampoco por el Ministerio Público, por lo que, conforme lo indica el mismo artículo 624, corresponde a la Sala de lo Penal hacer de oficio la ponderación de la norma penal más favorable en el caso concreto. Ponderación en el caso concreto En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso al señor Hector Danilo León Morales, como autor del delito de homicidio (Art. 116 cp 144-83) en perjuicio del Señor José Guzmán, las sanciones siguientes: i.- pena principal de reclusión por 15 años; ii.- Penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil durante el tiempo de la pena de reclusión; iii.- Demás consecuencias legales por la condena. Conforme las disposiciones del Código Penal 130-2017, el delito de homicidio (Art. 192 NCP 130-2017), tiene una pena principal de 15 a 20 años de prisión para el autor del delito consumado. La comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que la pena concreta impuesta al acusado Hector Danilo León Morales se encuentra dentro del marco abstracto de la pena que contempla la nueva legislación penal, por lo que el nuevo código penal no representa una norma más favorable al acusado, no siendo procedente su aplicación retroactiva. Por Tanto: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 140 del Código Penal; 360 y 362 del Código Procesal Penal; Falla: Primero: Declara Sin Lugar el único motivo del recurso de casación por infracción de precepto constitucional interpuesto por la Defensa Pública.- Segundo: Declara la no procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017, por las conductas reprochadas al ahora condenado Hector Danilo León Morales; Como consecuencia el proceso de ejecución deberá realizarse conforme las normas del Código Penal 144-83. - Tercero: Declara Firme y ejecutable la sentencia de fecha dieciséis de octubre de dos mil diecisiete (f. 127), dictada por el Tribunal de Sentencia de la ciudad de Nueva Arcadia, Departamento de Copan.- Y Manda: A efecto de que se acate lo mandado, la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas en única instancia, deberá devolver los antecedentes del caso al tribunal de justicia de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento.- Notifíquese. Firmas y Sello. José Olivio Rodríguez Vásquez. Magistrado Coordinador. Rafael Bustillo Romero. Magistrado. Alma Consuelo Guzmán García. Magistrada. Firma y Sello. Lety Emelda Posadas. Secretaria Actuante. Sala de lo Penal.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecinueve días del mes de octubre del año dos mil veintidós. Certificación de sentencia dictada a los veinticuatro días del mes de febrero del año dos mil veintidós, recaída en el Recurso de Casación con número de ingreso SP-519-2018.
LETY EMELDA POSADAS
SECRETARIA ACTUANTE SALA DE LO PENAL
[1] El artículo 8.2 literal h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que, durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, entre otras garantías mínimas, la de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.