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Sentencia CP-518-18 — Registro 15531

Resumen

En primer instancia se condena al imputado como autor del delito de Homicidio Simple, se declara sin lugar el recurso de casación interpuesto por su defensa

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."El Motivo No es de Recibo. El Censor hace un planteamiento indebido del motivo que lo condiciona a su desestimación; su reclamo no recae en la fundamentación jurídica, y en específico en la falta de análisis y motivación jurídica del elemento subjetivo del tipo penal aplicado (dolo eventual) tal y como se esperaría, atendiendo el motivo anunciado, sino que el Censor aparta el tema jurídico del motivo y lo reemplaza con cuestionamientos a medios de prueba, análisis probatorios y conclusiones valorativas personales. El Censor debió prestar su atención al numeral quinto de la fundamentación jurídica el cual el tribunal de sentencia destinó a explicar el elemento subjetivo concurrente, en especifico el porque en el presente caso apreció un dolo eventual en la conducta del acusado, con lo cual la Sala de lo Penal descarta que exista esa falta o inexistente de motivación jurídica, dado que la misma si existe, sin extender su revisión a si es correcta o no conforme los postulados del derecho penal sustantivo vigente al momento del hecho (lo que corresponde estudiar en el recurso de casación por infracción de ley)..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

..."EL RECURSO NO ES DE RECIBO.- La Sala de lo Penal advierte que el presente caso existe una falta de razón en la pretensión que persigue el Censor, pero igualmente existe una falta de razón en el fundamento que ha expuesto el tribunal de sentencia, aun cuando lo decidido si se encuentra dentro de lo preceptuado por el derecho penal sustantivo; ello porque según las normas penales vigentes al momento del hecho no es un delito culposo el que debe de resolver el caso, tampoco es la aplicación de un dolo eventual, sino la aplicación de la teoría del error, y en especifico un error no esencial de aberratio ictus in persona. El presente caso es como consecuencia de un recurso por infracción de ley, por lo que para resolver el mismo debe de partirse de los hechos declarados probados como una verdad incuestionable; por ende, toda argumentación hecha por el Censor referente a la carga probatoria se declara improcedente; restando hacer el análisis jurídico del factum , mismos que describen: El delito ocurre el 19 de julio de 2019, después de las 05:30 p.m. pero antes de las 06:00 p.m., en un complejo habitacional conocido como “Cuartería”, que funciona en un edificio de dos plantas, ubicado en el Barrio la Joya de la Ciudad de la Entrada, en el Municipio de Nueva Arcadia, Departamento de Copan; El día, hora y lugar indicado, el acusado Manuel de Jesús Martínez Diaz, tiene una discusión con una persona.- El tribunal de sentencia califica la misma como “acalorada”, lo que implica que los participantes intercambiaban expresiones con ímpetu; En un momento determinado el acusado Manuel de Jesús Martínez Diaz, ingreso a una de las habitaciones, para luego salir sosteniendo un arma de fuego en una de sus manos, la cual dirigió (apunto) hacia la persona con la cual tenía la discusión “acalorada”, realizando tres disparos; Uno de los disparos impacto en el niño J. G. O. B., quien montaba una bicicleta en el área del inmueble (Cuartería); El acusado Manuel de Jesús Martínez Diaz, al ver al niño herido se fue del lugar; entretanto familiares de éste procedieron a trasladarlo a las instalaciones de la Cruz Roja, sin embargo y a pesar de ello el niño perdió la vida. Desde la perspectiva material los hechos determinan una conducta dolosa que persigue un resultado, y también un resultado alcanzado por una conducta imprudente.- Respecto al primero, el factum es claro y determinante al establecer que existía una discusión entre el acusado y otra persona, la cual motivo al acusado a ir a buscar un arma de fuego la cual dirigió hacia esa persona, disparando en tres ocasiones; es pues que el acusado se condujo con claro propósito dar muerte (animus necandi) a una persona.- Se corrige el criterio del tribunal de sentencia dado que no se trata de una representación de la posibilidad de causar muerte a esa persona o a un tercero (el menor de edad), como erróneamente lo señaló; el acusado decidió dar marcha a actos ejecutivos queriendo dar muerte a una persona específica e inequívocamente identificada (con quien discutía), decidiendo conforme a su conocimiento el tiempo y lugar (en el momento), el instrumento a usar (arma de fuego) y la forma de usar el instrumento (disparando tres ocasiones); elecciones que sin lugar a duda fueron hechas con conocimiento y voluntad (dolo directo) sin que estuviese dentro de la representación otros males necesarios (dolo indirecto) o posibles (dolo eventual); empero el acusado al echar a andar lo decidido lo ejecutó erróneamente, causando el resultado muerte en una persona distinta a aquella contra la cual se dirigía la conducta (error en el golpe).- Por el otro lado describen los hechos probados la muerte de un menor de edad que se movilizaba en bicicleta en el espacio del inmueble en donde el acusado Manuel de Jesús Diaz ejecuto su actuar. El acusado tenía individualizada a la persona a la que quería matar (persona con la que estaba discutiendo), pero erro en uno de los disparos alcanzando el cuerpo del menor, provocando una herida que después le privó de la vida. Desde la perspectiva formal, si bien tenemos en apariencia a un acusado que ejecutó una conducta que podría subsumirse en una tentativa de homicidio en perjuicio de persona no identificada (con la cual estaba discutiendo) y un delito de homicidio imprudente en perjuicio del menor J. G. O. B., lo que serían dos delitos distintos en concurso ideal; ello como se dijo es mera apariencia dado que el principio de legalidad manda a que este tipo de casos específicos deben de ser resueltos conforme lo dispone el artículo 20 VCP 144-83, el que determina que el hecho debe ser calificado como un solo delito doloso en consideración a la intención con que se ejecutó la conducta (animus necandi) y el resultado obtenido (la muerte de una persona), dado que el error en la ejecución resulta indiferente (aberratio ictus), al tener los bienes jurídicos la misma protección y el mismo nivel de reproche: tanto la vida que se pretendió lesionar como la vida que al final resultó lesionada.- No es atendible entonces la pretensión del Censor que señala que el acusado debe de ser condenado por un delito de homicidio imprudente, pues si bien tiene razón que en el presente caso no existe un dolo eventual, no toma en consideración que si existe un dolo directo de matar (animus necandi), el cual se vio concretado aun cuando fuese en persona distinta a aquella contra la cual se dirigió la conducta del autor.."

Legislación citada

Sentencia

Certificación

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA la sentencia, que literalmente dice: “Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veinticuatro días del mes de febrero del año dos mil veintidós, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados José Olivio Rodríguez Vásquez, en su calidad de coordinador, Rafael Bustillo Romero y Alma Consuelo Guzmán García pronuncian, En Nombre Del Estado De Honduras, La siguiente Sentencia conociendo del Recurso de Casación número SP SP-518-2018 por Quebrantamiento de Forma e Infracción de Ley, interpuesto contra la sentencia de fecha veintitrés de julio del año dos mil dieciocho, dictada por el Tribunal de Sentencia de La Entrada Nueva Arcadia Copán, Departamento de Copán, mediante la cual falló: Primero: Condenó al señor Manuel de Jesús Martínez Díaz, como autor del delito de Homicidio Simple, en perjuicio del señor J. G. O. B. a la pena de quince años de reclusión.- Segundo: Condenó al señor Manuel de Jesús Martínez Díaz a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo que dure la condena principal.- Tercero: Se le declaró la responsabilidad civil del señor Manuel de Jesús Martínez Díaz, a la compensación e indemnización de los daños y perjuicios causados por el delito. No procedió condenar en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio al señor Manuel de Jesús Martínez Díaz. Son Partes En Única Instancia: El abogado Martín Torres Bueso, en su condición de defensor privado del señor Manuel de Jesús Martínez Díaz, como parte Censor y la abogada Marina Audely Varela, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, como parte recurrida. Hechos Probados De La Primera Instancia Uno: El día miércoles 19 de julio del año dos mil diecisiete, siendo entre las cinco treinta a seis de la tarde, en una cuartería de dos niveles propiedad de la señora conocida como Rosa, que se encuentra ubicada en el barrio La Joya de esta ciudad de la Entrada Nueva Arcadia, Copan, el encausado Manuel de Jesús Martínez Díaz comenzó una acalorada discusión con otro individuo, posterior a ello ingreso a uno de los cuartos y salió con una pistola en la mano y se dirigió hacia la persona con quien había estado discutiendo e hizo tres disparos impactando uno de ellos al niño J. G. O. B. quien andaba montado en una bicicleta en el interior del área del inmueble antes descrito que le causó la muerte a los pocos minutos del hecho porque el disparo fue infringido en el tercio inferior del tórax, sobre la línea clavicular media del lado derecho. Dos: El ahora encausado Manuel de Jesús Martínez al ver que El niño J. G. O. se desplomo a consecuencia del disparo que este le infligió se fue del lugar y familiares del ahora occiso lo auxiliaron trasladándolo a las instalaciones de la Cruz Roja quien ya fallecido fue trasladado a sede fiscal donde fue entregado el cadáver a sus familiares. Tres: El día lunes 24 de julio del 2017, el ente acusador mediante auto motivado ordeno la detención preventiva del sospechoso Manuel de Jesús Martínez y posteriormente presento la acción penal en su contra ante el órgano competente por el hecho cometido. Recurso De Casación.- Motivos Y Argumentos Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma Único Motivo: falta de fundamentación jurídica que sustente la parte dispositiva de la sentencia en cuanto a la calificación jurídica del hecho; Precepto Autorizante: se encuentra autorizado en el numeral 3 del artículo 262 del Código Procesal Penal. Explicación Del Motivo: El tribunal sentenciador luego de tener como hecho probado llega a la conclusión de que mi representado incurrió a título de autor en el delito de homicidio simple empleando para ello una fundamentación que no satisface en lo mínimo el análisis de subsunción que en principio debe hacerse el hecho en sí con respecto al tipo penal que se invoca como infringido, operación lógica que consiste en analizar cada uno de los elementos de que está integrado el tipo penal, el tribunal sin hacer o realizar la especie de confrontación entre el hecho y la norma deja dicho que los hechos que este tribunal de sentencia ha declarado probados y en que el acusado ha tenido participación directa sin lugar a dudad son constitutivos de delito simple por dolo eventual, no hay duda de que si el caso lo vemos solo desde el punto de vista legal objetivo el comportamiento que se le atribuye a mi representado encuadra en el tipo penal de homicidio simple en la medida que fue un comportamiento suyo, aunque no dirigido a producir un determinado resultado, el que produjo la muerte de un niño que iba llegando en bicicleta al lugar de los hechos, sin embargo para justificar la supuesta concurrencia de un dolo eventual en el comportamiento de mi representado el tribunal de sentencia aduce que se demostró a través de la declaración del testigo protegido Olimpia le disparo al menor, no tomando en consideración que la declaración del testigo protegido que es la única, a pesar de haber habido otros testigos en sede administrativa que manifestaron que todo era un accidente este testigo protegido al rendir su declaración en audiencia inicial, manifestó que mi representado de corta distancia le hizo tres disparos de manera directa al menor y que solo le impacto y ya en audiencia de debate contradice totalmente su versión, por lo que dicha declaración no es objetivamente confiable como lo manda el artículo 199 del Código Procesal Penal más sin embargo los testigo de la defensa si fueron claros, uno en manifestar que no existía enemistad entre mi poderdante y el occiso por lo cual era ilógico que le dispara, y el segundo testigo que manifiesta que hubieron 2 disparos uno al aire y otro al suelo y quien asegura que todos el debió a un mero accidente. En el presente caso el tribunal califico los hechos declarados probados del sentencia que se impugna como un delito de Homicidio simple mediando Dolo eventual por parte del acusado Manuel De Jesús Martínez esta defensa considera que en la calificación jurídica, no concurre el elemento subjetivo del delito, dolo, o la intención de matar y que de tratarse de un mero accidente el hecho constituye un delito de tipo culposo no ha sido objeto de litigio que el señor Martínez disparar el arma, lo que se debatió es que si este al disparar lo hizo con la intención d causar la muerte de alguna persona en este caso de un niño, si el acusado actuó sabiendo o debiendo saber que con su accionar podía ocasionar la muerte de alguna persona. Honorable magistrados, no podemos obviar que para determinar si al momento del accionar del acusado este actúa con dolo eventual o culpa consiente es posible deducirla de los hechos externos, anteriores, posteriores o coetáneos lleva os al cabo por el agresor. Para ello, la doctrina no enseña a estudiar cuidadosamente los signos externos de la manera siguiente: 1. Antecedentes Del Hecho Y Las Pruebas De Relaciones Entre El Agresor Y La Victima: en las pruebas consta que el menor J. G. B. tenía muy buena relación con mi presentado, que no eran enemigos ni con él ni con ningún miembro de su familia, por lo que no puede deducirse ningún signo de animosidad o sentimiento de odio, celos o enemistad, como para llegar a sospechar alguna intencionalidad de querer lesionar, causar daño o quitarle la vida a dicho menor; 2. La Clase De Arma: de las pruebas agregadas se especifica que es un arma de fuego la cual tiene la capacidad de causar daño; 3. Las Zona O Zonas Del Cuerpo Que Se Dirigió La Agresión En Especial Si Existen Órganos Vitales: lo cual está acreditado que obra en el expediente de mérito con el dictamen que refleja una herida en el tórax. 4. La Intensidad Y Persistencia Del Ataque Con El Numero De Golpes Inferidos A La Victima: de los hechos probados se aprecia que mi representado hizo 2 disparos uno al aire y otro al piso, el que obviamente impacto en el mismo y posiblemente en otra parte e impacto en el menor lo que le causó la muerte, Con Lo Cual No Se Aprecia En El Acusado La Persistencia En El Ataque. 5. La Actitud, Gestos Y Expresiones Vertidas Por El Autor Durante El Ataque Y Su Reacción Con Posterioridad A Los Hechos: de los hechos probados no se aprecia actitud, gestos o expresiones que denoten animosidad, sentimiento de odio, celos o enemistad del acusado con el occiso o algún miembro de familia que pueda indicar intencionalidad manifiesta del acusado que pueda lesionar, causar daño o quitar la vida del menor antes de retirarse del lugar; 6. Las Condiciones Del Lugar, Tiempo Y Demas Circunstancias Conexas: de los hechos probados en juicio se aprecia que los hechos fueron realizados en horas de la tarde en un cuartería donde habían más personas y que mi representado actuó impulsa y precipitadamente al disparar su arma de fuego hacia arriba y hacia abajo en el momento que ingresaba el menor a dicha cuartería en un bicicleta; 7. La Causa O Motivación De La Agresión: de los hechos probados se deriva que la intención del señor Manuel De Jesús Martines, al hacer un disparo al aire y al suelo no es la de matar, si no la de asustar a quien lo iba agredir con puñal en mano; 8. La Entidad Y Gravedad De Las Heridas: de los hechos probados se deriva que la causa de muerte fue hecha por arma de fuego por lo tanto los disparos no iban dirigidos a ninguna persona hubiera querido o aceptado como previsible el resultado ofendido, sino de un acto realizado sin precaución de un hombre prudente, con el debido cuidado, es decir de un acto imprudente al disparar su arma de fuego no actúa con dolo eventual, por considerar que no prevé ni acepta la posibilidad que su conducta se produzca un resultado lesivo a un bien jurídico protegido, y esperar o confiar que el resultado se evitara o no sobrevendrá por lo que podemos concluir que este ha cometido un delito de Homicidio Culposo. B.- Recurso De Casación Por Infracción De Ley Único Motivo: infracción por aplicación indebida del artículo 116 del Código Penal relacionado con el artículo 13 del mismo cuerpo legal; Precepto Autorizante: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el primer párrafo del artículo 360 del Código Procesal Penal; Exposición De Motivo: El tribunal sentenciador encuadra o subsume los hechos que tiene privados en el artículo 116 del Código Penal que dice, quien de muerte a una persona sin concurrir las circunstancias que se mencionan en los artículos del presente capitulo comete el delito de Homicidio Simple e incurrirá en la pena de 15 a 20 años de reclusión”, el tribunal sentenciador da la calificación de Homicidio Simple a los mismos aspecto que desde el punto de vista legal objetiva, la aprobación resulta apropiada en tanto se produce la muerte del menor elemento que hasta ahí coincide con el hecho probado, pero no en el aspecto subjetivo del tipo es decir del dolo, el hecho tenido por probado por el tribunal NO se puede calzar en el tipo penal relacionado en razón de que, a lo sumo lo que se puede dar es un hecho culposo, ya que fue un mero accidente por lo que al estudiar los hechos probados consignados en la sentencia recurrida nos encontramos que se ha establecido como verdaderos inobjetables los siguientes: Primero: Que en la cuartería que habitaba el señor Manuel Martínez llegaron dos personas a discutir con él, que uno de ellos le dijo que lo iba a matar con puñal en mano (dago), por lo que el mismo realizo dos disparos, uno al aire y uno al suelo, el cual reboto en el mismo suelo o tal vez incluso en una pared, cayéndole al menor lo que produjo su muerte, que es comentario por todos los habitantes de dicha cuartería que dicha muerte fue producto de un accidente.- Segundo: De la sentencia recurrida, el sentenciador describió como tal, de la cual no se aprecia algún tipo de intencionalidad de cometer delito alguno, por lo que este hecho probado, se puede apreciar que la conducta establecida por mi representado en la que a todas luces no existe ninguna intencionalidad de cometer delito alguno, tal como lo manifestaron de manera creíble los testigos presentados por esta defensa, ni cuál era la intención o propósito de hacer un disparo arriba, este lo hizo hacia un lugar donde no había ninguna persona y el disparo hacia abajo esta ante la amenaza del individuo Dago, así mismo se debe individualizar la conducta del ahora imputado y cuál era el fin o propósito de su acto, el hecho de que el imputado realizara los disparos no prevé la de un resultado lesivo que se pudiera producir, porque es consiente que al momento de hacer un disparo hacia arriba donde no hay ninguna persona y el que hace hacia abajo para intimidara su agresor (dago), por ende considera que no se va producir un daño a persona determinada, por lo que la conducta realizada por el imputado establecida en ese hecho probado no se subsume en ese delito de Homicidio Simple, por lo que únicamente se pudo haber producido o subsumido la conducta en tipos penales, Culposos O Imprudentes, por lo que como ya se dijo los disparos no iban dirigidos hacia el menor si no que esta se desvió por alguna razón (bala), por lo que se puede determinar que existe un delito doloso, No hay por ningún lado Dolo eventual como lo hace ver este tribunal, ya que el imputado Jamás considero que se podía realizar un tipo penal y se conformaría con ellos, no fue predecible el resultado por lo que confiando en que dichos disparos no iban dirigidos a ninguna persona, es así como se salió de su control el resultado, al hacer los disparos se ocasiona un daño no previsto, Requisito es necesario para considerar la conducta culposa pero a todas luces se determina que no hay intencionalidad de cometer un delito determinado y sabemos que no guardar el cuidado debido es el típico sustento de los delitos Culposos, en los cuales el sujeto sin querer o consentir un determinado resultado, produce el mismo precisamente por no guardar las previsiones que en el desarrollo de determinadas actividades riesgosas no son exigidas en la vida o en las relaciones con los demás. Así las cosas resulta que de acuerdo al hecho probado tenido así por el tribunal sentenciador, de acuerdo a la prueba que se introdujo al proceso no puede sostenerse la calificación legal del delito de Homicidio Simple que se hace, dado que el dolo eventual que se aduce para tal calificación no concurre, pues, según el apartado del párrafo segundo del artículo 13 del Código Penal, exige que el autor del hecho sepa o esté obligado a saber que como consecuencia de su acción u omisión exista la posibilidad de que se produzca un efecto dañoso constitutivo de delito, no obstante lo cual ejecuta el hecho y acepta las consecuencias del mismo en caso de producirse, el dolo eventual también llamado dolo condicionado se da cuando el autor tiene como seriamente posible la realización del tipo legal y con ello se conforma ósea cuando el autor acepta la posibilidad de producción o inversamente, cuando no confía que no se produzca, excluido el dolo eventual, reiteramos que a lo sumo el hecho probado puede subsumir en el homicidio culposo previsto en el artículo 121 en relación con el párrafo 3 del artículo 13 del código penal ya que el hecho de hacer los disparos sin la debida diligencia, no significa jurídicamente una falta de cuidado a la vida o integridad corporal a las personas que pueden estar en el lugar. Dejamos expresamente claro, que dos son los elementos que integran el dolo, El Conocimiento Y La Voluntad, pero hay que precisar cómo actúan esos elementos en las distintas clases de Dolo. En el directo de primer grado deben concurrir el conocimiento claro, preciso que la conducta a realizar se obtendrá determinado resultado y la voluntad de incurrir en esa conducta para lograr precisamente el resultado, el sujeto activo sabe que al disparar a otra persona le va ocasionar la muerte y dispara por que su objetivo es precisamente ese; n el dolo directo de segundo grado, concurre el conocimiento de las consecuencias de su acción, sabe, está seguro que ellas producirán, y no obstante que no es la voluntad del agente la de lograr que se den todas las consecuencias realiza. Ahora en lo que respecta al dolo eventual concurren dos elementos Conocimiento Y Voluntad pero en una magnitud y una correlación diferentes, el agente sabe que con su acción se pude dar determinado resultados y a pesar que admite la posibilidad de que efectivamente se den y que puede causar daño, si el agente acepta la posibilidad de que se produzca los resultados posibles de su conducta es Dolo Eventual, si espera, confía en que se evitara o no sobrevendrán estos resultado es Culpa como el caso que nos ocupa, en el proceso no hay prueba de que el imputado a la hora de disparar sabía que podía lesionar a alguna persona, ni mucho menos al niño hoy occiso ya que como se dijo anteriormente eran amigos y no existía enemistad, por lo que en ningún caso se da el Dolo Eventual. Visto lo anterior se puede apreciar el precepto motivo de casación al haber aplicado indebidamente el tribunal de sentencia el artículo 116 del Código Penal; en relación con el artículo 13 del mismo cuerpo legal, por lo cual solicito que se admita dicho recurso y en consecuencia se case el fallo censurado. Fundamentación Jurídica Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma El Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de esta, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio (Art. 90 de la Constitución de la República). Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso (Art. 9 cpp). Si no se cumple con los requisitos establecidos en la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos y, por el contrario, se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando: a. No se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), b. Se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o c. Se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; La inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción (vicio in procedendo) y que debe de ser objeto de saneamiento cuando proceda (Art. 171 cpp), de subsanación cuando concurran sus presupuestos (Art. 170 cpp) o, en su caso y como remedio último de nulidad 165 cpp). El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la denuncia hecha por algunas de las partes de una actividad procesal defectuosa que compromete la decisión final, dada en los actos procesales de la etapa de juicio o en la propia sentencia que le contiene y que tiene como sanción prevista por la ley su nulidad ante la imposibilidad de saneamiento o de subsanación, ergo no basta entonces con la presencia de un vicio, sino que se requerirá además: i.- Que el censor haya presentado protesta contra el vicio, en el momento procesal oportuno, procurando sanearlo sin éxito (Art. 363 párrafo tercero de cpp); ii.- Que el vicio tampoco sea posible tenerlo por subsanado; iii.- Que el vicio sea de aquellos que tenga como sanción legal la nulidad de la actividad que lo contiene (Art. 362 cpp), planteados como motivos para recurrir.- Los dos primeros requisitos no serán necesarios cuando el defecto se produzca en la sentencia, pues la única forma de protesta sería el mismo recurso de casación. Además de los requisitos señalados, el censor debe de tener presente que la instancia impugnativa en casación está munida de importantes recaudos formales determinados por la ley que deben de cumplirse en su interposición (Art. 363 párrafo tercero cpp) y que pueden ser de diferente naturaleza en atención al defecto procesal denunciado (Art. 362 cpp); Ello se debe a que se trata de un recurso extraordinario, que tiene como fin auditar la legalidad de la sentencia y por ende de una gran exigencia técnica. Es de esta forma que con la individualización del motivo se dan las siguientes consecuencias: a. La competencia de la Sala de lo Penal queda circunscrita a los aspectos objeto de impugnación (Art. 350 cpp); b. Es inaplicable el principio Iura Novit Curia, al no poderse suplir las omisiones de el censor; y c. Es posible la concesión parcial del Recurso, cuando la razón solo aparezca en parte de lo alegado en el motivo. Motivo Único Normas Autorizantes: Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal; Motivo: Falta de Motivación Jurídica; Concepto de la infracción: Falta de justificación de la concurrencia de dolo eventual; Normas Procesales que se denuncian infringidas: Sin determinar por el Censor; Reclamación Ex Ante: Sin determinar por el Censor; y Pretensión: Sin determinar por el Censor. Según el Censor, la operación lógica que falto realizar por el tribunal de sentencia, es el analizar cada uno de los elementos que integran el tipo penal, confrontando el hecho con la norma y así justificar la concurrencia de dolo eventual en el presente caso. Hace relación el Censor que el tribunal de sentencia funda su decisión de la declaración del testigo Olimpia, sin tomar en consideración que es la única prueba presentada a pesar de que existen otros testigos que en sede administrativa manifestaron que todo fue un accidente. Agrega el Censor que el testigo protegido en la audiencia inicial declaro que el acusado realizo tres disparos de manera directa, pero en la audiencia de debate cambió su versión, no siendo entonces objetivamente confiable. Aqueja el Censor que el a-quo califico los hechos probados como delito de homicidio con dolo eventual, sin que concurra tal elemento subjetivo, obedeciendo la conducta a un hecho culposo. Finaliza el Censor haciendo un estudio de la prueba, pues aun cuando en muchas oportunidades cita como fuente los hechos probados, relaciona contenido probatorio, todo a efecto de reforzar su criterio que el hecho juzgado se subsume en un hecho culposo y no doloso. De la Procedencia Del Recurso.- El Motivo No es de Recibo. El Censor hace un planteamiento indebido del motivo que lo condiciona a su desestimación; su reclamo no recae en la fundamentación jurídica, y en específico en la falta de análisis y motivación jurídica del elemento subjetivo del tipo penal aplicado (dolo eventual) tal y como se esperaría, atendiendo el motivo anunciado, sino que el Censor aparta el tema jurídico del motivo y lo reemplaza con cuestionamientos a medios de prueba, análisis probatorios y conclusiones valorativas personales. El Censor debió prestar su atención al numeral quinto de la fundamentación jurídica el cual el tribunal de sentencia destinó a explicar el elemento subjetivo concurrente, en especifico el porque en el presente caso apreció un dolo eventual en la conducta del acusado, con lo cual la Sala de lo Penal descarta que exista esa falta o inexistente de motivación jurídica, dado que la misma si existe, sin extender su revisión a si es correcta o no conforme los postulados del derecho penal sustantivo vigente al momento del hecho (lo que corresponde estudiar en el recurso de casación por infracción de ley). Recurso de Casación por Infracción de Ley Establece el artículo 360 del Código Procesal Penal que “Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba de ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo…” (Lo resaltado es nuestro). De esta norma se puede determinar la configuración del recurso de casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal: a. Respeto Irrestricto a los Hechos Probados: Los hechos probados es el relato cronológico de un acontecimiento histórico anterior al proceso penal y que es objeto de debate, fijados por el Tribunal de Sentencia en base a lo que se ha probado en juicio, derivado de la valoración de los medios de prueba cuya reproducción el Juzgador pudo apreciar de manera directa, colocándolo en una posición exclusiva de valoración. Por ello, tratándose de recurso por infracción de ley o de doctrina legal, se debe de guardar absoluto respeto a los hechos que se declaren probados en la sentencia, trasladando el control judicial al ámbito de la juridicidad, así señalado en el artículo 369 del Código de Rito, en su tercer párrafo cuando prohíbe al Tribunal de Casación la modificación de los hechos probados, conocido como Principio de Intangibilidad de los Hechos Probados; b. Falta de Correspondencia entre los hechos Probados y el fallo por infracción de precepto sustantivo o de Principio fijado por la Doctrina Legal, a consecuencia de: a. Inobservancia de la norma sustantiva o Doctrina Legal que corresponde al caso; b. Errónea aplicación de una norma sustantiva o de Doctrina Legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis; c. Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del Principio fijado en la Doctrina Legal; d. Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal; y e. Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal. Es importante anotar que debe de entenderse como norma sustantiva a toda aquella de defina tipos penales o que le sean llamadas para conformar una conducta delictiva, aun cuando no tengan la categoría de una norma penal (Como es el caso de las normas extrapenales de remisión por una norma penal en blanco), quedando excluidas entonces normas con contenido procesal. En conclusión a través del recurso de casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia; De allí que a la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia o de la Doctrina Legal que sobre el tema jurídico se haya sentado; Su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia; En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados). Motivo Único Precepto Autorizante: 360 del Código Procesal Penal; Normas Sustantivas que se denuncian Infringidas: Artículo 116 en relación con el artículo 13 del Código Penal 144-83; Concepto de la Infracción: Aplicación indebida de la figura penal de homicidio doloso; y Pretensión: Sin Determinar por el Censor. Explica el Censor que el tribunal de sentencia calificó los hechos probados en homicidio simple; calificación que desde la perspectiva objetiva resulta apropiada en tanto se produjo la muerte de un menor, pero respecto al elemento subjetivo los hechos probados no calzan en una conducta dolosa, sino que “a lo sumo” culposa. Analiza el Censor que, conforme los hechos probados, no existió intencionalidad del acusado de cometer delito alguno, no pudiéndose subsumir la conducta en el delito de homicidio simple, sino que únicamente en un delito culposo o imprudente. Concluye el Censor que el acusado jamás considero que se podría realizar el tipo penal, ni tampoco se conformo con esa posibilidad, y que por ello no hay dolo eventual. El Error De Tipo, Modalidades y Solución conforme VCP 144-83 El Principio Iuria Novit Curia, dirige a esta Sala de lo Penal ha desarrollar brevemente la institución del error de tipo en el derecho penal, y de manera posterior determinar como éste se encontraba regulado en el código penal 144-83, vigente al momento de los hechos, para efectos de dar respuesta a lo planteado por el Censor en su recurso de casación por infracción de ley. Llamamos error cuando el sujeto activo dispone la realización del injusto penal encontrándose envuelto en una falsa percepción de la realidad; es decir que en medio del actuar se encuentra en antagónica posición la conciencia y la realidad. No debemos confundir error con ignorancia, pues ésta última es la ausencia de conocimiento sin importar que sea correcto o incorrecto, entretanto el error es el abrazar como verdadero un conocimiento incorrecto. Recordemos que el dolo, ya sea directo, indirecto o eventual, y por ende en mayor o menor intensidad, se compone de dos elementos básicos: elemento cognitivo o el conocimiento que se exige al sujeto activo de que se esta realizando el injusto penal o el conocimiento de la posibilidad de que éstos se produzcan, así como sobre un elemento que cualifique o agrave la infracción penal, o circunstancias accidentales; y el elemento volitivo o la voluntad inequívoca de producir o “traer a la vida” los elementos objetivos o la aceptación de que éstos se produzcan como consecuencia. Por tanto, el error aparece cuando el sujeto activo tiene un conocimiento distorsionado respecto a la realización de los elementos objetivos, elementos que cualifique o agrave la infracción o circunstancias accidentales, gracias a una inexacta apreciación de la realidad que le hace creer como cierto o como una consecuencia, algo que de hecho no es así. Por tanto: el error es un vicio del elemento cognitivo del dolo, cuya consecuencia dependerá de su carácter esencial o no esencial, vencible o invencible, y además si éste recae sobre elementos esenciales (aspectos objetivos del tipo que condicionan su subsunción) o sobre elementos accidentales (elementos que cualifiquen o agraven la infracción o sobre circunstancias accidentales del hecho): A.- Error Sobre Elementos Básicos del Tipo Penal El error de tipo puede ser esencial o no esencial; puede ser también vencible o invencible; variables que deben de considerarse en conjunto para resolución de cada caso concreto. El error es esencial cuando recae sobre elementos objetivos del tipo penal que condicionan la existencia de un delito específico, por ello se le llama también error eximente; escenario que excluiría la existencia del dolo en relación a esa figura penal, al recaer el delito en objetos que conlleva consecuencias legales distintas dentro del derecho penal (como quien destruye cosa ajena pensando que es propia, o el que yace de manera consensuada con una persona de la que se piensa tiene 15 años de edad, pero en realidad tiene 13 años), sin perjuicio de la existencia o no del reproche subsidiario por otro delito doloso o por un delito imprudente, pero esto último a depender si el error es vencible o invencible y, en su caso, si existe tipo penal por la realización imprudente de esa misma conducta. El error esencial también puede presentarse por subsunción, es decir el sujeto falsamente se representa que está realizando un delito, pero en realidad no es así (como quien contrae matrimonio en la creencia que esta cometiendo bigamia, pero en realidad no existe vínculo matrimonial previo), convirtiendo esta clase de error en conductas impunes inclusive para la imposición de medidas de seguridad, pues en estricto derecho el agente no ha cometido delito alguno. Entretanto el error no esencial, es aquel que no condiciona la existencia del delito en específico, recayendo sobre objetos a los que el derecho penal da protección, sobre elementos que cualifiquen o agraven el injusto o sobre circunstancias accidentales del delito. El error no esencial que ha tenido respuestas distintas a depender si el delito recae sobre objetos homogéneos o heterogéneos (en consideración a su significación jurídica) y/o si su lesión genera un idéntico reproche o uno diferenciado dentro del derecho penal; así entonces por ejemplo: i.- el que trata de matar a su madre, pero se da muerte a su padre: bienes jurídicos homogéneos con igual reproche; ii.- el que trata de matar al padre, pero mata al vecino, o trata de matar al vecino pero termina matando a su padre; bienes jurídicos homogéneos pero con reproche diferenciado en atención a la calidad del sujeto pasivo; o iii.- cuando se trata de matar una persona pero se da muerte a un animal de alto precio o trata de matar a un animal de alto valor pero erróneamente mata a una persona, siendo ejemplo de bienes jurídicos heterogéneos con reproche diferenciado; casos que se solucionan líneas adelante, pues aún es necesario completar la base teoría del error. El error es invencible (no imprudente) cuando cualquier persona en la posición del sujeto activo y conforme a sus capacidades y conocimientos, aun con la más diligente actitud, hubiese caído en el error, pues no existía posibilidad de conocer la realidad cierta en el momento de la conducta.- En cambio el error será vencible (imprudente) cuando, cualquier persona en la posición del sujeto activo y contando con sus capacidades y conocimientos, adoptando el cuidado objetivo, hubiese advertido del error en el que se encontraba al momento de realizar la conducta delictiva. La importancia de esta distinción condiciona la existencia de un delito imprudente o una conducta impune, siempre que se trate de un error esencial.- Recuérdese que todos los casos de imprudencia son esencialmente casos de error vencible, en donde el sujeto activo realiza una conducta con violación al deber objetivo de cuidado, errando en aquellas medidas que debía observar, por lo que aun cuando el legislador de 1983 no haya previsto norma que regule el error, éste ha sido de amplia aplicación en el ejercicio de la jurisdicción por los juzgados y tribunales. La solución de los casos en donde se aprecie un error de tipo forzosamente debe de ser resueltas a partir de la apreciación de su clase esencial/no esencial y vencible/no vencible; por tanto, las fórmulas que pueden presentarse y su solución serán las siguientes: 1. El error invencible y esencial excluye la responsabilidad penal, tanto dolosa como culposa o imprudente; 2. El error vencible y esencial excluye el dolo respecto al elemento en que recaiga, pero teniendo presente que: i.- Tratándose de elementos esenciales del tipo penal es admisible el reprocharse por imprudencia en caso de que la conducta este tipificada; ii.- Recayendo el error en las circunstancias agravatorias de la penalidad o circunstancias accidentales agravantes, éstas no deberán de ser apreciadas; de modo que únicamente se aplica el delito simple o base; iii.- Finalmente, respecto a las circunstancias atenuantes de la penalidad o circunstancias accidentales atenuantes, serán apreciadas en todos los casos, aun cuando sobre ellas existiese el error. 3. El error no esencial, ya sea vencible o invencible, será resuelto al amparo de lo que en su momento regulaba el código penal 144-83, como se explica en el siguiente apartado; debiendo advertir la Sala de lo Penal que la respuesta es distinta si el caso se juzgare bajo el rigor del código penal 130-2017. Para saber como se resuelven estos casos, es necesario primero explicar las distintas modalidades de errores no esenciales. Modalidades de Errores sobre Elementos Básicos El error puede recaer o proyectarse sobre elementos típicos de diferente significación y así se distinguen los errores sobre el objeto de la conducta, sobre la persona de la conducta, error en la forma de ejecución o error en el curso causal. Las modalidades de error descritas pueden presentarse como errores de tipo esencial debiendo resolverse conforme las fórmulas señaladas en el apartado anterior, condicionadas si se trata de un error vencible o invencible.- Cuando se trate de un error no esencial deberá de resolverse conforme se plantea en este apartado: Error sobre el objeto de la conducta (Error In Objeto Vel In Persona): Es una clase de error no esencial en donde el sujeto erra en la identificación del objeto o en la identificación de la persona sobre o contra la cual dirige su conducta.- Es pues que se trata de una conducta dolosa pero ejecutada con error de identidad en el objeto o en la persona; se parte de la certeza de que con o sin error, el sujeto cometido el delito, empero en el caso especifico de no incurrir en error en la identificación, el sujeto activo la realizaría la conducta sobre el objeto o la persona a la cual quería destinar. Error en la forma de ejecución (Error en el Golpe o Aberratio Ictus): Error no esencial que se produce cuando el sujeto activo tiene correctamente individualizado el objeto o la persona sobre la que desea dirigir la conducta, pero erra en la ejecución de ésta, recayendo la acción/omisión en un objeto o en una persona diferente a aquella representada. En estos casos el error no esta en la individualización del objeto o la persona contra la cual se dirige la conducta, sino en la forma de ejecución de dicha conducta que hace que recaiga en otro objeto o en otra persona distinta a la que se quería. Los errores no esenciales in objeto, in persona o el aberratio ictus se resuelven en atención a la legislación vigente; como sabemos y por desfortuna el error de tipo no fue regulado por el legislador en el código penal 144-83 a excepción de un solo caso, por lo que su tratamiento general debe de deducirse por la doctrina legal a partir de éste; debiendo advertirse que la respuesta penal es distinta en el código penal 130-2017.- Señala el artículo 20 del VCP 144-83, que “Quien por error o por cualquier otro accidente cometiere un delito en perjuicio de persona distinta de aquella contra quien haya dirigido su acción, se le imputará el delito, pero no las circunstancias agravantes que proceden del ofendido o de vínculos con éste. Las atenuantes que dimanarían del hecho si se hubiere perpetrado en daño de la otra persona, se apreciará en su favor.”; artículo que regula lo que se conoce como aberratio ictus y solo cuando el objeto del delito sea una persona, mandado que en los casos de errores no esenciales se debe de apreciar una sola figura penal, aun cuando tengan distintos niveles de reproche y siempre que recaiga sobre aspectos objetivos del tipo penal; además manda a que las agravantes que dimanen del vínculo entre el sujeto activo y la víctima no sean apreciadas, no así cualquier otra agravante respecto a la forma y lugar que sí podrían ser apreciadas; entretanto las atenuantes que también dimanen de la relación entre el sujeto activo y el sujeto pasivo si deberán de ser apreciadas.- Por tanto, en consideración a lo señalado por el legislador, los casos de error aberratio ictus in persona deben de ser solucionados mediante la imputación de un único delito, tomando en consideración a aquel que se ha consumado; así y retornando a los ejemplos antes propuestos, dicha solución sería la siguiente : i.- el que trata de matar a su madre con alevosía, pero se da muerte a su padre, deberá de ser sancionado por un delito de parricidio en perjuicio del padre, apreciando la circunstancia alevosa como agravante, pues no es un hecho de dimana del ofendido o de los vínculos que tenga éste con el sujeto activo; ii.- el que trata de matar al padre, pero mata al vecino contra el cual mantenía un sentimiento homofóbico, entregándose el sujeto activo inmediatamente a la autoridad policial, será sancionado por el delito de homicidio doloso en perjuicio del vecino, sin apreciar la agravante de discriminación a razón de preferencia sexual y apreciándose la atenuante de presentación voluntaria; iii.- el que trata de matar a su vecino, pero termina matando a su padre, será sancionado por el delito de homicidio en perjuicio de su padre, pues como se ha señalado no se aprecia el elemento agravatorio de la infracción que vincula al sujeto activo con el sujeto pasivo, en este caso el grado de parentesco.- En cambio la respuesta penal será distinta en los supuestos en donde el objeto del delito tenga una protección penal distinta y además que no se trate ambos de personas pues se sale del esquema previsto en el artículo 20, de modo entonces que el que trata de matar una persona pero se da muerte a un animal de alto precio, será sancionado por el delito imprudente de daños y por el delito tentado de homicidio (o asesinato, según sea el caso). A la inversa: el que trata de matar a un animal valioso, mata en realidad a una persona, debiendo ser sancionado por el delito de tentativa de daños y homicidio imprudente. Los casos señalados, se insiste, son resueltos en base a la regulación del aberratio ictus que hacía el otrora vigente código penal 144-83, pero que, por mandato de aplicación analógica in bona partem, debe de igualmente servir para resolver los casos de error In Objeto Vel In Persona. Error sobre el Curso Causal: Se trata de un error no esencial que recae sobre el conocimiento del curso causal que desencadena la propia conducta realizada; error que encontró una solución (bastante cuestionada) con la tipificación de los llamados delitos preterintencionales, los que preveían la intencionalidad de la conducta dirigida a un resultado, pero que sancionaban la obtención de otro resultado más grave; delitos que los encontrábamos en el VCP 144-83 y que afortunadamente han desaparecido en el NCP 130-2017, con una sola excepción. Casos de Desviación no Esencial: En los supuestos de error en el curso causal abarcan los escenarios donde el agente busca un resultado al momento de realizar la conducta, pero no lo obtiene sino por una conducta realizada de manera posterior que no tenía tal fin; escenarios que se resuelven con lo que se conoce como dolo general en el actuar (dolus generalis) imputándole un solo delito consecuente al resultado; así pues quien da por muerte a una persona después de tratar de asfixiarla, le mata por asfixia por sumersión cuando le tira al rio por creerle muerta para aparentar un accidente. Respuesta penal que sería la misma en los casos en que la persona víctima sobreviva a la segunda conducta (sumersión en el rio), imputándosele al agente un solo delito doloso en tentativa. Los anteriores son casos en donde es posible formular imputación objetiva. Casos de Desviación Esencial: Son los supuestos en donde el curso causal se interrumpe o se desvía a causa de la inclusión de otra conducta o circunstancia, perdiéndose así el impulso original realizado por el agente.- Sería un ejemplo el caso donde el sujeto dispara a una persona y erróneamente le da por muerta, pero posteriormente es llevada al hospital en donde muere realmente como consecuencia de una mala praxis imprudente en la intervención quirúrgica, teniéndose que imputar el delito doloso en tentativa y el delito imprudente respectivamente; en estos casos no es posible hacer formulación de una imputación objetiva. Para diferenciar el error en el curso causal de desviación no esencial con aquellos de desviación esencial es importante tener presente el dominio total de hecho.- En los casos de desviación no esencial la conducta que se realiza con intención sin producción del resultado (erróneamente apreciado) como la conducta que se realiza sin intención pero con la producción del resultado (erróneamente no apreciado), deben de estar bajo el dominio del mismo agente para que le sea imputado el resultado final obtenido.- Por tanto sería un caso de desviación esencial cuando el agente erra en la ejecución de la conducta con intención, dándose el resultado por la intercepción de otro curso causal no provocado por el mismo agente; lo que ocurriría en el caso de que se intente incendiar una casa pero erra en el cálculo del combustible necesario lo que provoca que el fuego se ahogue después de un momento, pero posteriormente se produce otro incendio en la misma casa por una imprudente instalación de la estufa de gas, debiendo entonces imputarse a la primera persona el delito en tentativa y a la segunda persona el delito imprudente tipificado, siempre que fuese por error vencible. B.- Error Sobre Elementos Distintos al Tipo Penal Base El error puede recaer sobre elementos que cualifique la infracción (delito atenuado) o agraven la infracción (delito agravado) o sobre circunstancias accidentales del hecho (agravantes y/o atenuantes genéricas). Claramente estos casos no condicionan la existencia del delito base, sino la agravación o atenuación de la pena en el primer caso, o la individualización de la pena concreta en el segundo caso. Error Sobre Elementos que Cualifican o Agravan la Infracción Esta clase de error recae en supuestos que, sumados a los elementos básicos del tipo penal, cualifican o agravan el mismo convirtiéndolo en un delito atenuado o agravado; casos que se resuelven de la siguiente manera: 1. El error que recaiga en supuestos que cualifiquen la figura penal (delito atenuado) el órgano jurisdiccional siempre las aplicará al caso concreto, independientemente de la clase de error (vencible/invencible, esencial/no esencial); 2. Los casos de error que recaigan sobre los supuestos agravatorios de la figura delictiva (delito agravado), serán resuelvo conforme a las formulas previamente señaladas, según las variantes de error vencible/invencible – error esencial/no esencial.- De modo que: a. El error esencial/invencible mandara a no aplicar el supuesto agravatorio.- Así entonces en el supuesto de que una persona hurto un objeto (pieza de cerámica) bajo la creencia que es una réplica que sirve de adorno pero en realidad pertenece al patrimonio cultural de la nación (Art. 225.7 VCP 144-83), le sería imputado el delito de hurto, más no la circunstancia que agrave la infracción.- La misma solución se daría en los casos de error inverso en donde el sujeto hurta el objeto bajo la creencia de que se trata de una pieza perteneciente al patrimonio cultural pero en realidad es una réplica que sirve de adorno, caso en donde no sería aplicada la circunstancia agravatoria de la infracción. Es oportunidad hacer la distinción entre error e ignorancia recaído sobre un elemento agravatorio de la infracción, con un ejemplo bajo el marco del NCP 130-2017: sujeto activo conoce que está transportando marihuana, conoce que es una gran cantidad pero desconoce cuánto es el peso exactamente, circunstancia que no podría tratarse como un error esencial respecto a la causa agravatoria de tráfico de drogas (NCP Art. 312.5), pues claramente es un supuesto de ignorancia y no de error; ignorancia que estaría cubierto por el dolo eventual dado que el sujeto activo conoce la posibilidad de que se trate de una cantidad superior a los 10,000 gramos y aun así le es indiferente tal posibilidad, realizando la conducta. b. El error esencial/vencible determinara la no aplicación de la circunstancia agravatoria; siendo la única circunstancia excepcional los casos en donde el mismo hecho este previsto como imprudente dentro del catálogo de circunstancias agravatorias, como ocurre en el numeral 4 del artículo 349 del VCP 144-83, respecto a la falta de cooperación en el cumplimiento de una orden de aprehensión, circunstancia agravatoria debe ser apreciada tanto por dolo como por imprudencia vencible; y c. El error no esencial/vencible-invencible, mandara a aplicar la circunstancia agravatoria de la infracción; ello porque independientemente si se hubiese observado una conducta diligente o no, la conducta se hubiese realizado sin afectar la concurrencia de la circunstancia.- Ejemplo de ello sería la persona que, aprovechando un incendio, procede a robar un bien mueble en la creencia que pertenece a “A”, pero en realidad pertenece a “B”. (Art. 225.2 VCP 144-83). Error Sobre Elementos Accidentales del Hecho Los errores sobre la concurrencia o no de circunstancias accidentales como lo son las agravantes y atenuantes, deben de ser resueltas teniendo presentes que su objeto es evidenciar el nivel de culpabilidad en el actuar del agente, por ello esta clase de error siempre será de carácter esencial, con indiferencia a su condición de vencible/invencible.- Así entonces, y como regla general, la concurrencia de una circunstancia atenuante o agravante deberá de ser del conocimiento del sujeto para que pueda ser aplicada, contrario sensu, el error sobre su existencia sea negativo (cuando el agente obra en el error de que no concurre la circunstancia aun cuando en la realidad es así) es un error esencial que impide su apreciación; debiendo insistirse que es indiferente si tal circunstancia es atenuante o agravante. Inversamente cuando el error sobre la existencia de la circunstancia accidental sea positivo (que se da cuando el agente piensa falsamente que existe la circunstancia atenuante o agravante), deberán de ser considerados como errores no esenciales, con independencia si son vencibles/invencibles, de modo que deberán de ser apreciados para efectos de ponderar la culpabilidad del agente con el objeto de individualizar la pena; de nueva cuenta, aun cuando no concurra materialmente la agravante, si el agente cree estar obrando con su concurrencia, deberá de ser apreciada; lo que ocurriría respecto quien realiza el delito motivado por sentimientos homofóbicos, acometiendo en contra de una persona que falsamente cree que es homosexual, pero en realidad es heterosexual (Art. 27.27 del VCP 144-83). Lo anterior tiene como excepción los casos de error sobre el objeto de la conducta in persona o error en la forma de ejecución in persona, en donde por mandato del artículo 20 del VCP 144-83, las agravantes procedan del ofendido o de los vínculos del sujeto activo con este no serán aplicadas y las atenuantes que procedan del ofendido o de los vínculos del sujeto activo con éste si serán aplicadas, todo como efecto del error no esencial, y con independencia si es vencible/invencible. Excepción que no se aprecia en el NCP130-2017. Finalmente, es de señalar que el error en las circunstancias de hecho (error de tipo) es distinto al error respecto a las circunstancias de derecho (error de prohibición), estudiándose el primero a nivel de la tipicidad, entretanto el segundo a nivel de la culpabilidad. Como error de prohibición directo se estudian los supuestos de error sobre el conocimiento de la licitud (existencia, vigencia, alcance de la norma penal) y como error de prohibición indirecto se estudian los que recaen sobre los presupuestos objetivos de una causa de justificación. De la Procedencia del Recurso.- El Recurso No es de Recibo.- La Sala de lo Penal advierte que el presente caso existe una falta de razón en la pretensión que persigue el Censor, pero igualmente existe una falta de razón en el fundamento que ha expuesto el tribunal de sentencia, aun cuando lo decidido si se encuentra dentro de lo preceptuado por el derecho penal sustantivo; ello porque según las normas penales vigentes al momento del hecho no es un delito culposo el que debe de resolver el caso, tampoco es la aplicación de un dolo eventual, sino la aplicación de la teoría del error, y en especifico un error no esencial de aberratio ictus in persona. El presente caso es como consecuencia de un recurso por infracción de ley, por lo que para resolver el mismo debe de partirse de los hechos declarados probados como una verdad incuestionable; por ende, toda argumentación hecha por el Censor referente a la carga probatoria se declara improcedente; restando hacer el análisis jurídico del factum , mismos que describen: El delito ocurre el 19 de julio de 2019, después de las 05:30 p.m. pero antes de las 06:00 p.m., en un complejo habitacional conocido como “Cuartería”, que funciona en un edificio de dos plantas, ubicado en el Barrio la Joya de la Ciudad de la Entrada, en el Municipio de Nueva Arcadia, Departamento de Copan; El día, hora y lugar indicado, el acusado Manuel de Jesús Martínez Diaz, tiene una discusión con una persona.- El tribunal de sentencia califica la misma como “acalorada”, lo que implica que los participantes intercambiaban expresiones con ímpetu; En un momento determinado el acusado Manuel de Jesús Martínez Diaz, ingreso a una de las habitaciones, para luego salir sosteniendo un arma de fuego en una de sus manos, la cual dirigió (apunto) hacia la persona con la cual tenía la discusión “acalorada”, realizando tres disparos; Uno de los disparos impacto en el niño J. G. O. B., quien montaba una bicicleta en el área del inmueble (Cuartería); El acusado Manuel de Jesús Martínez Diaz, al ver al niño herido se fue del lugar; entretanto familiares de éste procedieron a trasladarlo a las instalaciones de la Cruz Roja, sin embargo y a pesar de ello el niño perdió la vida. Desde la perspectiva material los hechos determinan una conducta dolosa que persigue un resultado, y también un resultado alcanzado por una conducta imprudente.- Respecto al primero, el factum es claro y determinante al establecer que existía una discusión entre el acusado y otra persona, la cual motivo al acusado a ir a buscar un arma de fuego la cual dirigió hacia esa persona, disparando en tres ocasiones; es pues que el acusado se condujo con claro propósito dar muerte (animus necandi) a una persona.- Se corrige el criterio del tribunal de sentencia dado que no se trata de una representación de la posibilidad de causar muerte a esa persona o a un tercero (el menor de edad), como erróneamente lo señaló; el acusado decidió dar marcha a actos ejecutivos queriendo dar muerte a una persona específica e inequívocamente identificada (con quien discutía), decidiendo conforme a su conocimiento el tiempo y lugar (en el momento), el instrumento a usar (arma de fuego) y la forma de usar el instrumento (disparando tres ocasiones); elecciones que sin lugar a duda fueron hechas con conocimiento y voluntad (dolo directo) sin que estuviese dentro de la representación otros males necesarios (dolo indirecto) o posibles (dolo eventual); empero el acusado al echar a andar lo decidido lo ejecutó erróneamente, causando el resultado muerte en una persona distinta a aquella contra la cual se dirigía la conducta (error en el golpe).- Por el otro lado describen los hechos probados la muerte de un menor de edad que se movilizaba en bicicleta en el espacio del inmueble en donde el acusado Manuel de Jesús Diaz ejecuto su actuar. El acusado tenía individualizada a la persona a la que quería matar (persona con la que estaba discutiendo), pero erro en uno de los disparos alcanzando el cuerpo del menor, provocando una herida que después le privó de la vida. Desde la perspectiva formal, si bien tenemos en apariencia a un acusado que ejecutó una conducta que podría subsumirse en una tentativa de homicidio en perjuicio de persona no identificada (con la cual estaba discutiendo) y un delito de homicidio imprudente en perjuicio del menor J. G. O. B., lo que serían dos delitos distintos en concurso ideal; ello como se dijo es mera apariencia dado que el principio de legalidad manda a que este tipo de casos específicos deben de ser resueltos conforme lo dispone el artículo 20 VCP 144-83, el que determina que el hecho debe ser calificado como un solo delito doloso en consideración a la intención con que se ejecutó la conducta (animus necandi) y el resultado obtenido (la muerte de una persona), dado que el error en la ejecución resulta indiferente (aberratio ictus), al tener los bienes jurídicos la misma protección y el mismo nivel de reproche: tanto la vida que se pretendió lesionar como la vida que al final resultó lesionada.- No es atendible entonces la pretensión del Censor que señala que el acusado debe de ser condenado por un delito de homicidio imprudente, pues si bien tiene razón que en el presente caso no existe un dolo eventual, no toma en consideración que si existe un dolo directo de matar (animus necandi), el cual se vio concretado aun cuando fuese en persona distinta a aquella contra la cual se dirigió la conducta del autor. Decisión: No ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de forma en su motivo único y no ha lugar el recurso de casación por infracción de Ley en su motivo único. De la procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal Decreto 130-2017. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir de cinco a diez años de prisión una pena). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrara en vigor y cuando es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo con la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento de juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas de manera completa por la persona, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el Código Penal Decreto 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigor del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo Código sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibido la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando en la sentencia impugnada por un recurso devolutivo se aprecie una pena no concursada, se procederá a la comparación de la pena concreta impuesta conforme CP-144-83 con la pena abstracta conforme CP-130-2017, bajo las siguientes reglas: Si existe coincidencia en la naturaleza de las penas contempladas como sanción en ambas legislaciones: i.- no procederá la aplicación retroactiva cuando la nueva legislación prevea una pena más grave que la anterior legislación; ii.- no procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada impuesta conforme el CP-144-83 se encuentre dentro del margen abstracto del CP-130-2017; iii.- procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada sea más grave en comparación con el margen abstracto previsto en la nueva legislación; o Si la sanción impuesta conforme el CP-144-83 es de distinta naturaleza a la prevista en el CP 130-2017, se procederá a hacer una ponderación en atención al caso concreto, incluyendo la situación personal del condenado/a, para determinar cuál de ellas le es más beneficiosa y con ello si procede o no la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal. En caso de requerirse estudios para determinar cuál de las sanciones es más beneficiosa, éstos deberán de ser ordenados por el Tribunal previo a la decisión. Las penas a las que se refiere los numerales anteriores deben de fijarse en consideración a las reglas generales de ambos códigos. Escrito Suplementario Señala el artículo 624 del del Código Penal 130-2017 que, en el trámite de un recurso contra una resolución definitiva, las partes podrán presentar un escrito suplementario a efecto de que el tribunal ad-quem lo tome en consideración al momento que corresponda hacer la ponderación de la norma penal más favorable entre el Código Penal vigente al momento del hecho (CP 144-83) y el Código Penal vigente al momento del juzgamiento (CP 130-2017). En el presente caso no fue presentado escrito suplementario por parte de la representación legal del acusado Manuel de Jesús Martínez Diaz, tampoco por el Ministerio Público, por lo que, conforme lo indica el mismo artículo 624, corresponde a la Sala de lo Penal hacer de oficio la ponderación de la norma penal más favorable en el caso concreto. Ponderación en el caso concreto Conforme la legislación vigente al momento del hecho y tal como se ha explicado en la presente sentencia de casación, corresponde condenar al Señor Manuel de Jesús Martínez Diaz, como autor directo del delito de homicidio doloso (Art. 116 cp 144-83) en perjuicio del joven J. G. O. B., por efecto de la aplicación de la figura del error de tipo no esencial conocida como aberratio ictus (Art. 20 VCP 144-83), correspondiendo las sanciones siguientes: i.- pena principal de reclusión por 15 años; ii.- Penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil durante el tiempo de la pena de reclusión; iii.- Demás consecuencias legales por la condena. Conforme las disposiciones del Código Penal 130-2017 el error de tipo, indistintamente en cualquiera de sus modalidades, debe de tener un tratamiento diferenciado, es decir la responsabilidad del agente se deduce tanto de la intención de la actuar (finalismo) como por el resultado (causalismo); así entonces en los casos de aberratio ictus el sujeto debe de ser responsable del delito tentado como del delito imprudente, como dos figuras penales en concurso ideal.- Empero en el presente caso la acción penal solo fue interpuesta por el delito realizado por el acusado en perjuicio del niño J. G. O., por lo que no podría apreciarse el delito tentado en perjuicio de un tercero del que no se ha juzgado al acusado; como consecuencia solo se toma en consideración la pena que corresponde al delito de homicidio imprudente (Art. 118 NCP 130-2017) la cual es de prisión de 3 a 7 años cuando fuese grave, entendiéndose por imprudencia grave cuando la producción del resultado típico es objetivamente previsible, dada la vulneración de las reglas del debido cuidado más elementales aplicables a la situación concreta (Art. 18 NCP 130-2017); pena a la que se le deben de sumar la de privación del derecho a la tenencia y portación de armas de fuego, por un plazo de tres (3) a seis (6) años, por haberse ocasionado el delito mediante el abuso de ese derecho, más las penas accesorias que correspondan. Por efecto de lo anterior las penas deben ser individualizadas siguiendo las reglas del artículo 70 NCP, teniendo en cuenta las atenuantes y agravantes que se desprendan de los hechos probados y de aquellas que hayan sido declaradas existentes por parte del tribunal de sentencia en la audiencia de individualización de la pena concreta, además de las consideraciones relativas a la prognosis criminal. En el presente caso consta en la foliada judicial que se celebró la audiencia de individualización de la pena concreta, donde el Ministerio Público solicitó la imposición de la pena mínima, sin alegar la existencia de circunstancias atenuantes o agravantes, entretanto la defensa del acusado concordó con la petición, sin señalar tampoco la concurrencia de circunstancias accidentales del hecho; por su parte el a-quo, en la sentencia establecieron que era procedente imponer la pena mínima, sin referirse sobre la prognosis criminal del reo. En estudio del caso y teniendo presente los artículos 31 y 32 NCP 130-2017, esta Sala de lo Penal declara que conforme a la nueva legislación no se aprecian circunstancia agravantes ni atenuantes en el presente caso; en relación a su prognosis criminal y según consta en la foliada judicial, este tribunal relaciona que el acusado es una persona de 31 años a la fecha de los hechos, con unión de hecho, labrador, residente en el Barrio la Joya de la Entrada, Copan, precisamente en el edificio donde ocurrió el delito, quien motivado por una discusión se procuró un arma de fuego, la que uso en contra de aquella persona con la que discutía, produciendo así el resultado dañoso a consecuencia de su indebido manejo, para después de percatarse de lo ocurrido irse del lugar aun a pesar de que tenía su residencia allí, lo que devela un grado mediana de peligrosidad. Conforme a lo anterior procede imponer al acusado las penas principales de 4 años de prisión y 05 años de privación de derecho de tenencia, posesión y portación de armas, más las penas accesorias correspondientes. Por Tanto: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 616 del Código Penal 130-2017; 362 del Código Procesal Penal; Falla: Primero: Declara Sin Lugar el recurso de casación por quebrantamiento de forma en su único motivo y el recurso de casación por infracción de ley en su único motivo, ambos interpuestos por el abogado Martin Torres, apoderado defensor del acusado Manuel de Jesús Martínez Diaz.- Segundo: Declara la procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017, por las conductas reprochadas al acusado Manuel de Jesús Martínez Diaz.- En consecuencia, reforma los pronunciamientos primero y segundo de la parte resolutiva de la sentencia de fecha veintitrés de julio de dos mil dieciocho, dictada por el tribunal de sentencia de la ciudad de La Entrada, Municipio de Nueva Arcadia, Departamento de Copan, en los siguientes términos: i.- Que debemos condenar y condenamos al acusado Manuel de Jesús Martínez Diaz, cuyas generales de identidad se detallan en el preámbulo de esta sentencia, como autor directo de un delito consumado de Homicidio por Imprudencia Grave, en perjuicio de la vida del joven J. G. O. B., a cumplir las penas principales siguientes: prisión por cuatro años y privación del derecho de tenencia, posesión y portación de armas de fuego por un plazo de cinco años.- ii.- El cumplimiento de las penas impuestas al reo Manuel de Jesús Martínez Diaz deberá ajustarse a las siguientes reglas: a.- A la pena de prisión se le deberá de deducirse el tiempo en que el condenado haya estado privado de su libertad cautelarmente por esta causa criminal; b.- El lugar de cumplimiento de la pena de prisión deberá ser el centro penitenciario más próximo a su último domicilio, esto sin perjuicio de los traslados que disponga el Instituto Nacional Penitenciario con vista a la seguridad y el mejor desarrollo del proceso de rehabilitación del reo.- c.- Durante el tiempo de cumplimiento de la pena principal de prisión el reo Manuel de Jesús Martínez Diaz, estará obligado a trabajar en obras públicas y/o en labores dentro del establecimiento penitenciario en donde se encuentre privado de la libertad, de conformidad con la Sección VII, del Capítulo IV, del Título II de la Ley del Sistema Penitenciario Nacional, la Ley del Trabajo para Personas Privadas de Libertad y de Permanencia para Reos de Alta Peligrosidad y Agresividad y sus respectivos reglamentos.- d.- La ejecución de la pena principal de perdida de derecho de tenencia, posesión y portación de armas de fuego, será de cumplimiento sucesivo a la pena de prisión, a iniciar en el momento en que éste recobre su libertad provisional o definitiva; e.- La ejecución de las penas principales y las accesorias, deberá de ser conforme las disposiciones del código penal 130-2017, así como el otorgamiento de cualquier beneficio sobre la ejecución de las mismas; iii.- Se condena al señor Manuel de Jesús Martínez Diaz, por el tiempo de la pena de prisión y a cumplir de manera simultánea, la pena accesoria de suspensión de la ciudadanía, cumpliendo así la disposición constitucional contenida en el artículo 41.2.- Tercero: Declara Firme y Ejecutable el pronunciamiento tercero de la parte resolutiva de la sentencia impugnada.- Y Manda: A efecto de que se acate lo resuelto, la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas en única instancia, deberá devolver los antecedentes del caso al tribunal de justicia de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento.- Notifíquese. - Firmas y Sello. -Jose Olivio Rodriguez Vasquez. Magistrado Coordinador. - Rafael Bustillo Romero. Magistrado. Alma Consuelo Guzmán García. Magistrada. -Firma y Sello. – Lety Emelda Posadas. -Secretaria Actuante. Sala de lo Penal.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en fecha nueve de noviembre de dos mil veintidós. Certificación de la sentencia dictada el veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, recaída en el expediente SP 518-2018.

JOSÉ RAMÓN CRUZ FERRERA

Secretario Sala de lo Penal

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