Sentencia CP-482-18 — Registro 15445
Resumen
En primera instancia se les absolvió a los imputados de los delitos de homicidio en su grado de ejecución de tentativa, abuso de autoridad y allanamiento de morada, resolviendo en segunda instancia Ha Lugar el recurso de casación.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"...DECIMO PRIMERO: “ En consecuencia, este Tribunal de Sentencia partiendo del análisis de todos los elementos probatorios evacuados en juicio y que han sido tema de estudio en los parágrafos anteriores, estima que no existen suficientes elementos probatorios para considerar que los señores Luis Alonzo García, Santos Emilio Cáceres Zelaya y Nelson Adalid Espinoza Ferrufino hayan tenido la intención de quitarle la vida al señor Orlin Alberto Coello Elvir, por tanto, debe de exonerarse a los precitados señores de toda responsabilidad penal con relación a los supuestos ilícitos de Homicidio en su Grado de Ejecución de Tentativa, Allanamiento de Morada y Abuso de Autoridad que se le imputa”. En este sentido existe por parte del Tribunal de Sentencia ausencia de motivación fáctica en la sentencia, pues los mismos no hacen ni el mas mínimo esfuerzo en razonar intelectivamente no solo de manera individual sino en forma conjunta de los elementos de prueba aportados por las partes en el juicio oral y público, solo hace una descripción de los mismos, haciendo imposible con la lectura de la sentencia, cuales fueron los pasos, sus razonamientos y análisis por la cual desembocaron en el fallo, no establece tal o cual prueba le merece crédito o no merece crédito, no expresa las razones por las cuales ha llegado a esa conclusión. Los Señores Jueces de Sentencia de la Ciudad de Juticalpa, Departamento de Olancho, confeccionaron galbanamente la sentencia recurrida, descuidado las formas elementales que manda el artículo 338 del Código Procesal Penal y con ello causando perjuicio no solo a la parte recurrente cuyo derecho es saber por qué se le está absolviendo de los delitos que se le imputa, sino que además a la sociedad en general ante un actuar que es antagónico al concepto de una correcta administración de justicia. Por lo expuesto es procedente declarar con lugar el recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único Motivo. .."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362, N.3 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Secretaria Actuante de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia recaída en el expediente del Recurso de Casación SP-482-2018 que literalmente dice: “Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiocho (28) de junio del año dos mil veintidós (2022), el Pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados José Olivio Rodríguez Vásquez, en su calidad de Coordinador, Rafael Bustillo Romero y Alma Consuelo Guzmán García, pronuncian En nombre del Estado de Honduras La siguiente sentencia en el Recurso de Casación SP-482-2018 por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha cinco de mayo de dos mil diecisiete, dictada por el Tribunal de Sentencia del Departamento de Olancho con sede en la ciudad de Tegucigalpa, mediante la cual falló: Primero: Absolvió a los señores Luis Alonzo García y Santos Emilio Cáceres Zelaya, como autor, del delito de Homicidio en su grado de Ejecución de Tentativa, Abuso de Autoridad y Allanamiento de Morada en perjuicio de Orlin Alberto Coello Elvir, Yessica Rosibel Elvir y La Administración Pública. Segundo: Absolvió al señor Nelson Adalid Espinoza Ferrufino, como autor, del delito de Abuso de Autoridad y Allanamiento de Morada, en perjuicio de Yessica Rosibel Elvir y La Administración Pública. Tercero: Procedió condenar en costas procesales ni personales ocasionadas por el juicio al Ministerio Publico. Cuarto: No Procedió declarar la responsabilidad Civil. No procedió declarar ningún comiso. SON PARTES EN ÚNICA INSTANCIA: La Abogada Keylie Melissa Vásquez Moreno, en su condición de agente fiscal del Ministerio Público, como parte recurrente. HECHOS PROBADOS “Este Tribunal de Sentencia valorando todos los elementos de prueba allegados en legal y debida forma al debate declara y estima los hechos probados siguientes: UNICO: Que según denuncia interpuesta en fecha dieciséis de julio del dos mil trece (2013) por la señora YESSICA ROSIBEL ELVIR ELVIR, manifestó que en fecha siete de julio del dos mil trece, siendo las siete y media de la noche, se encontraba en su casa de habitación ubicada en la aldea Onofio del municipio de Patuca del departamento de Olancho, cuando de repente ingresaron tres policías preventivos, quienes comenzaron a disparar, resultando herido su hijo de nombre ORLIN ALBERTO COELLO ELVIR quien recibió un disparo en la pierna derecha cerca de la cadera, ella les pregunto qué querían, ellos manifestaron que eran policías asignados a la posta policial de Terrero Blanco y buscaban a la joven M. Y. E. R., que se llevaron a la joven dejando a ORLIN en el lugar sin prestarle ninguna asistencia aun sabiendo que quedaba herido de gravedad, llevándolo sus familiares al hospital del municipio de Danlí remitido de urgencia al hospital Escuela de la ciudad de Tegucigalpa donde fue intervenido quirúrgicamente. -Posteriormente se presentó requerimiento fiscal contra los imputados, estableciéndose un proceso en su contra, celebrándose un juicio oral y público en donde no se acreditaron estos hechos, ni la responsabilidad de los imputados en el mismo.” RECURSO DE CASACION, MOTIVOS Y ARGUMENTOS El recurrente Abogado Miguel Enrique Gomez Hernández, procedió a formalizar su Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, de la manera siguiente: El recurrente Abogado Miguel Enrique Gómez Hernández, en su condición de Fiscal del Ministerio Publico, procedió a formalizar su Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma de la manera siguiente: “EXPOSICION DEL MOTIVO DE CASACIÓN ÚNICO MOTIVO: "Adolecer la sentencia proferida de motivación fáctica insuficiente" PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 362 numeral 3, del Código Procesa] Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: El artículo 141 del Código Procesal Penal ordena la Motivación de las resoluciones judiciales, y precisamente en los párrafos segundo, tercero y cuarto dicen: "Los actos y las sentencias tanto interlocutorias como definitivas, contendrán bajo pena de nulidad, una clara y precisa motivación, la designación del tribunal que lo dicta, el lugar, fecha y la resolución respectiva. La motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y, en su caso las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido. La motivación de las sentencias se hará de conformidad con lo establecido en el artículo 338 de este cuerpo legal, en sus respectivos casos". En la causa de mérito, de la lectura de la sección denominada "valoración de la prueba" del fallo impugnado no resulta posible deducir o inferir el proceso racional que llevó al juzgador a dictar un fallo absolutorio, dado que ni siquiera realizó una valoración descriptiva de la prueba, mucho menos intelectiva y ello se puede verificar a partir del apartado denominado "Cuarto" de la sección en comento, en la que el Tribunal debió describir parte de la prueba documental, y solamente establece: 1) Dictamen número 1903-2013; y 2) Dictamen número 7640 (obviando describir a qué tipo de dictámenes se refiere); 3) acta de inspección de fecha 13 de septiembre del año dos mil trece realizado al libro de novedades de la posta policial (se desconoce en qué posta policial se hizo la inspección y qué de lo relevante de dicha inspección se extrajo a efecto probatorio); 4) Documento consistente en oficio DGPN No. 6255-2013 (sin detallar de qué oficio se trata); 5) Acta de Inspección Ocular número 1576-2013 (no detalla dónde o qué se inspecciono); 6) Acuerdo de nombramiento de los imputados; 7) Acta de Inspección (omite qué se inspeccionó, en qué folios del expediente se encuentra este documento), 8) .... 9) Acta realizada por Gabriel Amador (No describe qué diligencia investigativa se registra en dicha acta, ni bajo que condición la realizo su redactor); y bajo el rigor del artículo 93 del Código Procesal Penal, tampoco el Tribunal hizo la descripción de la prueba de la defensa, basta revisar los apartado sexto y séptimo de la misma sección de valoración de la prueba en donde centramos la concurrencia del vicio improcedendo, y se verifica que el A quo tampoco realiza una valoración descriptiva de la prueba. Consecuencia de esta insuficiencia de valoración descriptiva de la prueba, no se logra percibir por el lector de la sentencia, llámese este Ente Acusador, cual fue la valoración intelectiva de la prueba incorporada al debate, para soporte de nuestro argumento recursivo véase los apartados siguientes del libelo de la sentencia: "OCTAVO: Después de la anterior valoración descriptiva realizada sobre los elementos de prueba evacuados en juicio, de acuerdo a las regias de la sana crítica se concluye, que no se destruye el estado de inocencia, de los imputados LUIS ALONZO GARCÍA, SANTOS EMILIO CACERES ZELAYA Y NELSON ADALID ESPINOZA FERRUFINO, ya que no se incorporó al debate ningún elemento de prueba que acreditaran fehacientemente la participación de los imputados en los hechos que originaron la presente causa. DECIMO: Con relación a los otros medios de prueba documentales presentados por el Ministerio Público este Tribunal le da una alta valoración respecto a su validez. Y credibilidad por ser emitidos por autoridades legalizadas para tal efecto, así como por considerarlos útiles y pertinentes, empero, también consideramos que dichos elementos no representan ninguna utilidad para dilucidar que los imputados tuvieran responsabilidad penal en los hechos denunciados ya que a ellos los ampara el artículo 24 numeral 5 del código penal, en virtud de que ellos actuaron en cumplimiento de un deber ya que recibieron una denuncia telefónica que fue lo que motivo a los mismos a rescatar a la joven M. Y. E. R., la cual había sido raptada por el señor ORLIN ALBERTO COELLO ELVIR, ya que su actuación no interesó de forma caprichosa, a lo cual la misma denunciante vino a declarar y confirmo esa situación en la audiencia de juicio oral y público. DECIMO PRIMERO: En consecuencia, este Tribunal de Sentencia partiendo del análisis de todos los elementos probatorios evacuados en juico y que han sido tema de estudio en los parágrafos anteriores, estima que no existen suficientes elementos probatorios para considerar que los señores LUIS ALONZO GARCIA, SANTOS EMILIO CACERES ZELAYA y NELSON ADALID ESPINOZA FERRUFINO hayan tenido la intención de quitarle la vida al señor ORLIN ALBERTO CELLO ELVIR, por tanto debe exonerarse à los precitados señores de toda responsabilidad penal con la relación a los supuestos ilícitos de HOMICIDIO EN SU GRADO DE EJECUCIÓN DE TENTATIVA, ABUSO DE AUTORIDAD ALLANAMIENTO DE MORADA que se les imputa". Honorable Sala de lo Penal, instamos a Vosotros que revisen estos contenidos de la sentencia recurrida que, en todo caso, constituyen la sección de valoración de la prueba y podrán verificar que la misma presenta el vicio de forma anunciado dando lugar para recurrir la sentencia por adolecer de una motivación fáctica insuficiente, que merece ser enmendada por la esa Sala a través de la sentencia que emita al resolver el presente recurso, por canto la misma carece de una eficiente descripción de la prueba tal como arriba se evidencia, y mucho menos de ella se desprende cuál fue su intelectiva valoración; véase que, en el apartado octavo, el Tribunal dice que: "después de la anterior valoración descriptiva realizado a los elementos de prueba evacuados", de ello nos preguntamos: ¿A cuáles elementos de prueba se refiere el Tribunal? Si la descripción realizada es tan escueta y ambigua que de su lectura no se reconoce concretamente a qué dictámenes, actas, oficios y demás documentos hace referencia. Siguiendo con el apartado décimo, dice que: "Con relación a los otros elementos de prueba documentales presentados por el Ministerio Público, les da alta valoración y que llegan a la convicción que los imputados actuaron amparados en la causa de justificación del artículo 24 numeral 5 del código penal", ante tal afirmación sometemos a Vuestro estudio y nos preguntamos ¿A qué otros medios de prueba documentales presentados por el Ministerio Público se refiere el Tribunal sino los describe de manera concreta en la sentencia? Dado que no existe en la sentencia ningún apartado noveno, y en el octavo no describe medio de prueba alguna, siendo lo más grave aún que admita que los medios de prueba documentales lo llevaron al convencimiento de que los acusados ejecutaron un acto penalmente relevante amparados bajo una causa de justificación, la cual tampoco es razonada en la sentencia. Finalmente, en el apartado décimo primero vuelve a manifestar el Tribunal que: "Partiendo del análisis de todos los elementos probatorios y que han sido tema de estudio en los parágrafos anteriores, estimó que no existen suficientes elementos probatorios para considerar la intención de parte de los acusados de causar perjuicio a los ofendidos", infiriendo entonces que los apartados octavo y décimo debían desarrollar una completa valoración a la prueba, lo cual no es así, y por otro lado, evidencia la falta de solides respecto al criterio del juzgador, dado que en el apartado décimo dice que concurre una causa de justificación y por ello exonera de responsabilidad a los acusados y luego dice que los absuelve por insuficiencia probatoria, lo cual sobrepasa la coherencia que requiere. No encontrando en la sentencia de manera clara y precisa la descripción de las pruebas tenidas en cuenta para declarar probados los hechos que se relatan, y tampoco se aprecia el valor que haya merecido cada una de ellas y de éstas en su conjunto, por cuanto es notoria la insuficiente motivación fáctica, que no puede aceptarse como correcta la conclusión allegada por el juzgador y su decisión de dictar un fallo absolutorio; es por ello que instamos a Vosotros Magistrados, que se le dé la oportunidad al Ministerio Publico para que en un nuevo debate logre la realización de justicia en el caso que hoy nos ocupó; haciendo la aclaración que el vicio in procedendo denunciado en el presente motivo, se produjo en el acto mismo de sentenciar.” FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Establece el artículo 362 del Código Procesal Penal que el recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de algunos de los vicios siguientes: 1. Que falte la declaración de los hechos que el tribunal estime aprobados, que tal declaración no sea clara y terminante o que sea contradictoria. 2. Que se base en medios o elementos probatorios no incorporados legalmente al juicio o incorporados por su lectura en violación de las normas contenidas en el Título IV del Libro Segundo de este Código o excluya o deje de considerar alguna prueba de valor decisivo. 3. Que carezca de motivaciones fácticas o jurídicas, que dichas motivaciones sean insuficientes o contradictorias o sí en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica; 4. Que en la parte resolutiva se omitan elementos esenciales, tales como la individualización precisa del imputado, la resolución de todas las cuestiones debatidas y la determinación exacta de la pena en caso de condena; 5. La inobservancia de las reglas establecidas en el presente Código para la realización del juicio oral y público; 6. La incongruencia entre la sentencia y las pretensiones de las partes según el artículo 337; 7. Que falte la firma de alguno de los miembros del Tribunal de Sentencia salvo los casos previstos en el artículo 145. Es así como la ley procesal vigente, refleja que el proceso penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivado del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. Si no se cumple con los requisitos establecidos por la ley procesal y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo. El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley. Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Interpuesto por el Ministerio Público. Único Motivo. Norma autorizante: Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. Norma sustantiva que se denuncia infringida: Artículo 141 en relación con el artículo 338 del Código Procesal Penal. Concepto de la infracción: Adolecer la sentencia proferida de motivación fáctica insuficiente. Reclamación Ex Ante: El vicio se produce en el acto mismo de sentenciar. Pretensión: Que se anule el fallo recurrido. Establece el recurrente que en la sentencia recurrida en la sección de valoración de la prueba presenta un vicio ya que adolece de una motivación fáctica insuficiente, por cuanto la sentencia carece de una eficiente descripción de la prueba tal como se evidencia y en la que no se aprecia el valor que haya merecido cada una de ellas y de estas en su conjunto, por cuanto es notoria la insuficiente motivación fáctica, que no puede aceptarse como correcta la conclusión allegada por el juzgador y su decisión de dictar un fallo absolutorio. De la Motivación En procura de dar respuesta a lo planteado, es imperativo definir que es motivación y de ello poder deducir cuando hay carencia de motivación o insuficiencia de motivación. El artículo 141 del Código Procesal Penal señala, que la motivación es la expresión de los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa una resolución judicial, y en el caso particular de las sentencias, de las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido. El artículo citado establece como antagónico al concepto de motivación la simple relación de las actuaciones que se hayan realizado en el proceso, la mención de los requerimientos o petitorias formuladas por las partes o sus apoderados legales o la cita o transcripción de preceptos legales. Ampliando lo anterior, la Sala de lo Penal, hace eco al Código Iberoamericano de Ética Judicial, el que en su Capítulo III de la Parte I, señala que la obligación de motivar las decisiones se orienta a asegurar la legitimidad del Juez/a, el buen funcionamiento de un sistema de impugnaciones procesales, el adecuado control del poder del que los jueces son titulares y, en último término, la justicia de las resoluciones judiciales; señala que motivar es expresar, de manera ordenada y clara, razones jurídicamente válidas, aptas para justificar la decisión, indica que una decisión carente de motivación es una decisión arbitraria. El Código Iberoamericano de Ética Judicial además establece, que el deber de motivar adquiere una intensidad máxima en relación con decisiones privativas o restrictivas de derechos, o cuando el Juez/a ejerza tienen un poder discrecional; recalca que el juez(a) debe motivar sus decisiones tanto en materia de hechos como de Derecho: 1. En materia de hechos: debe proceder con rigor analítico en el tratamiento del cuadro probatorio, debe mostrar en concreto lo que aporta cada medio de prueba, para luego efectuar una apreciación en su conjunto; 2. En materia de Derecho: no puede limitarse a invocar las normas aplicables, especialmente en las resoluciones sobre el fondo de los asuntos, sino que debe de señalar por qué una norma legal debe de regir un caso concreto. Añade el Instrumento Jurídico citado que la motivación debe extenderse a todas las alegaciones de las partes, o a las razones producidas por los jueces que hayan conocido antes del asunto, siempre que sean relevantes para la decisión a tomar. En todos los casos, las motivaciones deben estar expresadas en un estilo claro y preciso, sin recurrir a tecnicismos innecesarios y con la concisión que sea compatible con la completa comprensión de las razones expuestas. En resumen, la motivación debe de observar las siguientes características: Expresa, Clara, Completa, Legitima Y Respetuosa De La Sana Critica. Ahora bien, ordena el artículo 141 del Código Procesal Penal, que las sentencias deberán de ser debidamente motivadas, redactadas conforme lo establece el artículo 338 del mismo cuerpo legal, así pues, la falta de una motivación Completa se traduce en el vicio in procedendo de insuficiente motivación y la falta de una motivación Expresa, se traduce en el vicio in procedendo de Carencia de Motivación, provocando ambas situaciones la nulidad de la sentencia (La motivación Legítima y Respetuosa de la Sana Crítica está asociado con el Motivo de Casación distinto al que se resuelve en esta oportunidad, contenido en el artículo 362.3 del Código Procesal Penal). Es importante recordar que las sentencias son la forma de comunicación entre el Juez/a y la sociedad, en donde el primero rinde cuentas al segundo de la autoridad que se le ha confiado, también la sentencia es la forma como el Juez/a defiende la validez y vigencia del derecho objetivo, aplicando éste al caso concreto que es disputado, finalmente la sentencia concluye un conflicto surgido de la inobservancia de la ley, pronunciándose sobre las pretensiones antagónicas –condenatoria y absolutoria- que le han presentado las partes. Con lo expresado es posible derivar cuando existe insuficiencia de motivación fáctica o jurídica y cuando tales motivaciones son totalmente carentes: 1. Carencia de Motivación Fáctica o Jurídica: Acontece cuando la sentencia no posee ninguna motivación fáctica o ninguna motivación jurídica, es decir, es la total omisión de fundamento probatorio o jurídico y con ello se produce el desconocimiento de las partes y del público en general, del por qué los juzgadores tomaron la decisión final, convirtiendo el pronunciamiento en arbitrario; 2. Motivación Fáctica o Jurídica Insuficiente: Se presenta en los casos en que los Juzgadores hacen un esfuerzo limitado en razonar su decisión y por ende no sea posible con la lectura de la sentencia, retomar los pasos seguidos por los Juzgadores, develar sus razonamientos y análisis, que desembocaron en los pronunciamientos del fallo. Son ejemplos de éste vicio, cuando se hace una descripción de los medios de prueba, mas no se consigna el proceso de valoración intelectivo, cuando dicha valoración se limita a manifestar que tal o cual prueba merece crédito o no merece crédito, sin expresar las razones de dicha conclusión o cuando en la fundamentación jurídica solo se hace la cita de las normas legales o se transcriben las mismas, sin ninguna explicación del por qué éstas están vinculadas al caso concreto y del por qué, en su caso, las normas invocadas por las partes no son aplicables. La Insuficiencia de Motivación también se presenta cuando los Juzgadores, en la individualización de la pena concretan, no justifican la necesidad de la aplicación de la pena a imponer y su extensión (Art. 2-D del Código Penal). De la procedencia del Recurso de Casación Por Quebrantamiento de Forma. Único Motivo. El Motivo es Recibo. Este Tribunal de Casación Penal ha examinado la motivación de la sentencia recurrida advirtiendo sin ninguna dificultad que ésta no se ajusta a las exigencias del artículo 141 del Código Procesal Penal al ser inexistente la motivación sobre los medios de prueba que presentó tanto el Ministerio Público como prueba de cargo, así como de las respectivas defensas privadas presentando las pruebas de descargo, en contra de los acusados Luis Alonzo García, Santos Emilio Cáceres Zelaya y Nelson Adalid Espinoza Ferrufino, por los delitos de Homicidio en su Grado de Ejecución de Tentativa, Allanamiento de Morada y Abuso de Autoridad, en perjuicio de Orlin Alberto Coello Elvir, Jessica Rosibel Elvir y La Administración Pública. El vicio denunciado es latente en el apartado de la Valoración de la Prueba (F.254) donde el Tribunal de Sentencia, hace una descripción de los elementos probatorios presentados en el juicio oral y público, de esta manera en los numerales: “TERCERO: Como prueba testifical el Ministerio Público propuso la declaración de: 1) Adelayda Godoy Medina, 2) Yessica Alejandra Cuello, 3) Yessica Rosibel Elvir Elvir; CUARTO: Como prueba documental el Ministerio Público propuso: 1) Dictamen número 1903-2013 a folio 29, 2) Dictamen Número 7640 a folio 45, 3) Acta de inspección de fecha 13 de septiembre de 2013, realizado al libro de novedades de la posta policial folio 31 al 34, 4) Documento consistente en oficio DGPN N° 6255-2013 a folio 42, 5)Acta de inspección ocular número 1576-2013 a folio48, 6) Acuerdos de nombramientos de los imputados folios 57,65. 7) Acta de Inspección, 8) Certificación de nacimiento de Orlin Alberto Coello Elvir, 9) Acta realizada por Gabriel Amador del folio 3 al 41, 10) Evidencia propuesta por el Ministerio Público arma de fuego tipo fusil marca IMI modelo 370, calibre 5.56 por 45 mm, número de serie 98115114, 11)Evidencia número dos, arma de fuego, tipo fusil, marca IMI modelo 670, bereta, calibre 5.56/45 mm número de serie 98114866, 12) Cuatro casquillos de color amarillo. QUINTO: La defensa de la Abogada Yanira Ibeth Rosales, propuso como testigo a M. Y. E. R.; SEXTO: La defensa de la Abogada Yanira Rosales, propuso como prueba documental: 1) álbum fotográfico a folios 143 y 144., 2) Denuncia interpuesta por M.Y. a folios 139 y 140; SEPTIMO: La defensa de la Abogada Irma Castellanos propuso como prueba documental: 1) Denuncia a folio 139, 2) Acta de entrega de indicios a folio 141. Vicio que se agrava aún mas en el numeral DECIMO de la valoración de la prueba, en al que establece; “Con relación a los otros elementos de prueba documentales presentados por el Ministerio Público este Tribunal les da una alta valoración respecto a su validez y credibilidad por ser emitidos por autoridades legalizadas para tal efecto, así como por considerarlos útiles y pertinentes, empero, también consideramos que dichos elementos no representan ninguna utilidad para dilucidar que los imputados tuvieran responsabilidad penal en los hechos denunciados ya que a ellos los ampara el artículo 24 numeral 5 del Código Penal, en virtud de que ellos actuaron en cumplimiento de un deber ya que recibieron una denuncia telefónica que fue lo que motivo a los mismos a rescatar a la joven M. Y. e. R., la cual ha sido raptada por el señor Orlin Alberto Coello Elvir, ya que su actuación no intereso de forma caprichosa, a lo cual la misma denunciante vino a declarar y confirmo esa situación en la audiencia de juicio oral y público”. Y en el acápite número DECIMO PRIMERO: “ En consecuencia, este Tribunal de Sentencia partiendo del análisis de todos los elementos probatorios evacuados en juicio y que han sido tema de estudio en los parágrafos anteriores, estima que no existen suficientes elementos probatorios para considerar que los señores Luis Alonzo García, Santos Emilio Cáceres Zelaya y Nelson Adalid Espinoza Ferrufino hayan tenido la intención de quitarle la vida al señor Orlin Alberto Coello Elvir, por tanto, debe de exonerarse a los precitados señores de toda responsabilidad penal con relación a los supuestos ilícitos de Homicidio en su Grado de Ejecución de Tentativa, Allanamiento de Morada y Abuso de Autoridad que se le imputa”. En este sentido existe por parte del Tribunal de Sentencia ausencia de motivación fáctica en la sentencia, pues los mismos no hacen ni el mas mínimo esfuerzo en razonar intelectivamente no solo de manera individual sino en forma conjunta de los elementos de prueba aportados por las partes en el juicio oral y público, solo hace una descripción de los mismos, haciendo imposible con la lectura de la sentencia, cuales fueron los pasos, sus razonamientos y análisis por la cual desembocaron en el fallo, no establece tal o cual prueba le merece crédito o no merece crédito, no expresa las razones por las cuales ha llegado a esa conclusión. Los Señores Jueces de Sentencia de la Ciudad de Juticalpa, Departamento de Olancho, confeccionaron galbanamente la sentencia recurrida, descuidado las formas elementales que manda el artículo 338 del Código Procesal Penal y con ello causando perjuicio no solo a la parte recurrente cuyo derecho es saber por qué se le está absolviendo de los delitos que se le imputa, sino que además a la sociedad en general ante un actuar que es antagónico al concepto de una correcta administración de justicia. Por lo expuesto es procedente declarar con lugar el recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único Motivo. DECISIÓN Ha lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo, interpuesto por el Ministerio Público. POR TANTO La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales y 362,363,369-8 y 369 del Código Procesal Penal. FALLA: Primero: Declara Ha Lugar el motivo único de casación por Quebrantamiento de forma invocado por el Abogado Miguel Enrique Gomez Hernández, en su condición de fiscal del Ministerio Público, en la causa instruida contra los acusados Luis Alonzo García, Santos Emilio Cáceres Zelaya, a quienes se les absolvió de los delitos de homicidio en su grado de ejecución de tentativa, abuso de autoridad y allanamiento de morada en perjuicio de Orlin Alberto Coello Elvir, Yessica Rosibel Elvir y La Administración Pública y al señor Nelson Adalid Espinoza Ferrufino, a quién se le absolvió por los delitos de abuso de autoridad y allanamiento de morada, en perjuicio de Yessica Rosibel Elvir y La Administración Pública; SEGUNDO: Casa la Sentencia. TERCERO: Declara la nulidad del debate y de la sentencia de fecha cinco de mayo de dos mil diecisiete, dictada por el Tribunal de Sentencia del departamento de Olancho, con sede en la ciudad de Juticalpa. Y MANDA: I. Que se repita el debate ante un Tribunal distinto al que conoció el juicio anulado. II. Que la Secretaría del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. Firmas y Sello . - José Olivio Rodríguez Vásquez. Magistrado Coordinador. Rafael Bustillo Romero. Magistrado. Alma Consuelo Guzmán García. Magistrada. - Firma y Sello. LETY EMELDA POSADAS Secretaria Actuante. Sala de lo Penal.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticuatro días del mes de octubre del dos mil veintidós. Certificación de Sentencia dictada el veintiocho de junio de dos mil veintidós, recaída en el expediente de casación con número de ingreso SP-482-2018.
JOSÉ RAMÓN CRUZ FERRERA
SECRETARIO
SALA DE LO PENAL
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