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Sentencia CP-481-18 — Registro 15444

Resumen

En primera instancia se condenó al imputado como autor del delito de Estafa Continuada en Concurso Medial con Falsificación de Documentos Privados, resolviendo en segunda instancia Parcialmente Ha Lugar, y Declarando la no procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"...DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO. EL RECURSO ES DE RECIBO PARCIALMENTE La respuesta al recurso interpuesto por el Censor parte del análisis de lo declarado como hechos probados, tomados como una verdad incuestionable. El relato histórico en cuestión señala que el acusado Rolando Ordoñez Carranza, en distintas fechas y de manera periódica, lleno en el anverso de 475 cheques información no verdadera, para después presentar cada uno de ellos en una institución bancaria en donde fueron canjeados por dinero en efectivo. Que de igual modo el acusado lleno otros 840 cheques con información no verdadera para luego ser canjeados en una institución bancaría por dinero en efectivo. Que las conductas descritas fueron realizadas entre los años 2003 y 2008, causando un perjuicio patrimonial al señor Benito Morales de L. 28,051,117.75. Los hechos entonces nos dan cuenta de un total de 2,630 conductas delictivas: 1,315 delitos de falsificación ideológica de documentos privados (475 + 840); y 1,315 delitos de estafa. Ahora bien, y concordando con el tribunal de sentencia, es claro que entre los delitos de falsificación ideológica y los delitos de estafa existió un concurso medial, ello dado que el primero (la falsificación de cheques mediante la consignación de información falsa) fue medio necesario para poder cometer los delitos de Estafa (canje de los cheques en instituciones bancarias y la consecuente obtención de dinero en efectivo); de modo que suprimiendo hipotéticamente los delitos de falsificación de cheques se puede ver que no pudo haberse cometido los delitos de estafa, comprobándose así la relación de necesaria dependencia.- Por tanto: al aplicarse el concurso medial que ocasiona como consecuencia que los dos delitos deben de ser considerados como único, correspondiendo una pena igual al delito que tenga mayor pena aumentada en un cuarto, tenemos como resultado que los 2630 delitos pasan a formar 1315 unidades por dependencia de falsificación de cheques en concurso medial con estafa, calculándose la pena abstracta por cada uno de los 1315 delitos en concurso en 7 años con 06 meses a 11 años con 03 meses, más el 12.5% de multa del valor de lo estafado. Ahora bien, siendo que el delito de estafa era el delito fin del concurso medial y habiéndose cometido éste en reiteradas ocasiones durante los años 2003 al 2008, aprovechando iguales circunstancias, se produce de éste modo un concurso continuado (concurso de segundo piso), el que aplicado al caso concreto manda que debe de considerarse los 1315 delitos concursos mediales como un solo delito continuado, al que le corresponde imponer la pena al más grave de ellos (que en este caso todos tienen la misma pena), aumentado en dos tercios, siendo entonces la pena abstracta a imponer: 12 años con 6 meses a 18 años con 09 meses, y una multa del 20.8333% del valor de lo defraudado. Retornando al caso concreto se aprecia en la parte resolutiva de la sentencia que el acusado fue condenado a las siguientes penas: i.- Pena principal de reclusión por 14 años; ii.- Pena principal de multa por L. 2,805,111.77; iii.- Pena accesoria de inhabilitación absoluta; iv.- Pena accesoria de interdicción civil; v.- Declaratoria de la obligación de trabajar el obras públicas o en labores dentro del centro penitenciario; vi.- Declaratoria de responsabilidad civil como consecuencia del delito cometido; y vii.- absolución del pago de costas. De conformidad con el artículo 241 en relación con los artículos 36 y 37 del código penal, señala esta Sala de lo Penal que la pena del delito de reclusión impuesta al acusado se encuentra dentro del marco abstracto de la sanción prevista en ese entonces código penal; empero respecto a la pena de multa el artículo 249 del código penal ordena que al responsable del delito de estafa se le impondrá como pena principal una multa correspondiente al 10% del valor de lo defraudado, ello sin perjuicio “de lo prescrito por los artículos 36, 37 y 53, cuando sean aplicables”, por tanto al valor del 10% debía de aumentarse la cuantía ordenada en los artículos 36 y 37 y que en este caso hacen que el porcentaje de la multa ascienda al 20.8333%, equivalente al L. 5,833,973.5142 del valor de lo defraudado, por lo que corresponde modificar el monto de la multa, siendo lo atendible del recurso de casación por infracción de ley que ha interpuesto el Censor..."

Legislación citada

Sentencia

Certificación

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA la sentencia, que literalmente dice: “Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecisiete días del mes de mayo del año dos mil veintidós, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los magistrados José Olivio Rodríguez Vásquez, en su calidad de coordinador, Rafael Bustillo Romero y Alma Consuelo Guzmán García, pronuncian, En nombre del Estado de Honduras, La siguiente sentencia en los Recursos de Casación SP-481-2018 por Infracción de Ley, interpuesto contra la sentencia de fecha veinte de marzo del año dos mil dieciocho, dictada por el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, mediante la cual falló: Primero: Condenó al señor Rolando Ordóñez Carranza, como autor del delito de Estafa Continuada en Concurso Medial con Falsificación de Documentos Privados, en perjuicio del señor Benito Benigno Morales, a la pena de catorce años de reclusión, más una multa de dos millones ochocientos cinco mil ciento once punto setenta y siete lempiras, que deberá enterar en la Tesorería General de la República. Segundo: Condenó al señor Rolando Ordóñez Carranza, a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo que dure la condena principal. Tercero: Se declaró la responsabilidad civil del señor Rolando Ordóñez Carranza. Cuarto: No se condenó en costas. Quinto: Se ordenó la devolución de las evidencias consistentes en los cheques que fueron puestos a la orden del Tribunal, al Ministerio Público a fin de que este proceda a la investigación respecto de las acciones realizadas por otras personas en ocasión de los hechos del presente caso y que ameriten sanción penal. O en su caso, que el Ministerio Público analice si estos cheques no son más de utilidad en alguna investigación por alguna otra participación en el hecho delictivo y sean devueltos a la víctima. Son partes en única instancia: El abogado José Marcelino Vargas, en su condición de acusador privado, como recurrente, la abogada Vivian Daniela Medina Flores, en su condición de defensor privada del señor Rolando Ordoñez Carranza, como parte recurrida y la abogada Ligia Cristina Roque Gómez, en su condición de fiscal del Ministerio Público, como parte recurrida. Hechos Probados de la instancia Primero: El señor Rolando Ordoñez Carranza laboró desde finales de los años de mil novecientos ochenta, para un negocio de la familia del señor Benito Morales, siendo así como a finales del año 1989 el señor Rolando Ordoñez pasó a ser empleado de confianza de otro negocio con giro de ferretería, farmacia y de reciclaje de chatarra, conocido este último como Reciclaje El Diamante, dirigido por el señor Benito Morales, quien con el transcurso del tiempo depositó en el señor Rolando Ordoñez Carranza la confianza de manejar varias situaciones de índole administrativo, tal como elaboración de planillas, realizar pagos a acreedores y redactar cheques que debían entregarse a los proveedores. Segundo: Dicho negocio prosperó con los años, siendo así como en fecha once (11) de enero del año 2008 se transformó el negocio en una sociedad anónima, teniendo entre sus socios al señor Benito Morales, su esposa Daysi de Morales y los hijos de ambos, existiendo tres cuentas en la entidad bancaria Banpaís, una de las cuales era la 6021705 respecto de la cual, en el año 2008, tenía firma autorizada el señor Benito Morales y su esposa Daysi de Morales y se le agregó la firma autorizada de la hija de ambos, Marjori Morales. Tercero: Durante los años dos mil tres hasta el dos mil ocho, el señor Rolando Ordoñez Carranza, manejaba la chequera de la cuenta bancaria antes mencionada, siendo así como en el trascurso de éstos años, el señor Rolando Ordoñez Carranza tomó la chequera de la referida cuenta 6021705 y llenó de manera periódica y en distintas fechas, información en los anversos de 475 cheques, escribiendo en dos de éstos, haciendo como si el señor Mercedes Canales era beneficiario de los mismos, al igual que en otros veintiséis (26) suponiendo la participación de Henry Israel Rivera como si fuese beneficiario de ellos, cuando en realidad no lo eran, colaborando así para que tales cheques fueran presentado ante el banco Banpaís, donde fueron cambiados en efectivo a favor de personas no determinadas, diferentes a los dos señores mencionados, todo ello con la colaboración de al menos una persona del personal bancario que aprobó el pago indebido de tales cheques. Cuarto: En ese mismo período de tiempo, también se elaboraron ochocientos cuarenta (840) cheques en los que se consignaron diferentes beneficiarios, en seiscientos sesenta y uno (661) de ellos, el señor Rolando Ordoñez Carranza le colocó los números de identidad haciendo creer que correspondían a las personas beneficiarias y llevando tales fondos a un destino indeterminado y sin que se estableciera la entrega de tales fondos a las personas que según los cheques aparecían como beneficiarios, siendo así como tales fondos salieron de manera irregular de la cuenta bancaria antes mencionada, de Benito Morales. En el caso de los restantes ciento setenta y nueve (179) cheques, el señor Rolando Ordoñez Carranza, también presentó tales cheques al banco y luego los endosó colocándoles él mismo, los números de identidad y haciendo firmas, haciendo creer que se trataba de las personas que aparecían como beneficiarias de los cheques, logrando así, obtener el efectivo de tales cheques, que de igual manera fueron entregados por la entidad bancaria, también con la colaboración de al menos una persona del personal bancario que aprobó indebidamente el pago de tales cheques al señor Rolando Ordoñez Carranza. Resultando así en total, la cantidad de 868 cheques, que fueron cobrados indebidamente. Quinto: Bajo ese esquema y como producto de las acciones de Rolando Ordoñez Carranza, le fue quitado a don Benito Benigno Morales de su cuenta bancaria 6021705, varias cantidades de dinero, en el período comprendido entre el 2003 al 2008; fondos que sumando aquellos en los que el señor Rolando Ordoñez Carranza escribió números de identidad, más aquellos en los que también hizo manuscrita una firma como endosante sin corresponderle, así como los veintiocho cheques cuyos anversos fueron hechos por el señor Rolando Ordoñez Carranza y cuyos fondos nunca fueron entregados a las personas que los cheques decían como beneficiarios, llegó a un total de veintiocho millones, cincuenta y un mil, ciento diecisiete lempiras con setenta centavos (Lps.28,051,117.75), disminuyéndose así por esta cantidad, el patrimonio del señor Benito Morales, dentro del período antes mencionado, sin el conocimiento ni autorización del dueño y que permitió que de dicho dinero, al menos desde el 2005, el señor Rolando Ordoñez Carranza reflejara el ingreso de dinero por sumas millonarias en sus cuentas bancarias, lo cual también le permitió operar un negocio de venta de cerdos, obteniendo préstamos millonarios en Banco de Occidente, generándole ingresos que no eran compatibles con el sueldo que percibía trabajando para las empresas del señor Benito Benigno Morales, que para el año 2008, año en el que el señor Rolando Ordoñez Carranza abandonó su empleo en las empresas del señor Benito Benigno Morales, percibía sueldo que no superaba los dieciocho mil quinientos lempiras mensuales. Recurso de CASACIÓN. - Motivos y Argumentos Recurso De Casación Por Infracción De Ley Motivo Único: Violación por indebida aplicación de los artículos 36 y 37 del Código Penal e inaplicación del artículo 35 del mismo texto legal: Explicación del concepto de la violación. Tal como ya queda expresado en alguna medida, el Tribunal sentenciador en la sentencia recurrida resuelve condenar al señor Rolando Ordoñez Carranza a las penas principales de catorce ( 14) años de reclusión , así como a pagar una multa del diez (10%) por ciento del valor de lo defraudado, esto en virtud de haberse declarado su culpabilidad por ochocientos sesenta y ocho (868) cheques cobrados indebidamente, constitutivos por si mismos de diferentes actos de estafa pero que se califican según la sentencia como continuadas para efectos de punibilidad, lo que en total, según los hechos probados produjo un perjuicio patrimonial de veintiocho millones, cincuenta y un mil ciento diecisiete lempiras con setenta y cinco centavos (L 28,051,117.75). Cada uno de estos actos por si solos también configuran delitos de falsificación de documentos privados, en los cuales no cabe la consideración legal del delito continuado, esto según lo dispone el artículo 37 del Código Penal, pues tal concurso de delitos solo está previsto para delitos contra la propiedad o el patrimonio, como efectivamente si lo es el delito de estafa. La declaración de hechos probados de la sentencia en sus diversos numerales deja descrito en forma pormenorizada y precisa la cuenta de cheques que se afectaba con la emisión de los cheques, las diversas modalidades de falsificación que utilizaba el señor Ordoñez Carranza previo a someter a cambio los distintos cheques, así como la cantidad de cheques falsificados, y el monto total del perjuicio, que son los valores antes descritos, por lo que acerca de los mismos no hay reproche alguno y por tanto nos atenemos a su intangibilidad, considerando por consiguiente que la sentencia contiene una adecuada motivación fáctica, y por tanto la declaración de hechos probados tiene respaldo en la prueba practicada, con una satisfactoria motivación descriptiva e intelectiva. La censura o reproche a la sentencia recurrida se da en el apartado de la fundamentación jurídica, que es el apartado donde el Tribunal, entre otros aspectos, debe sustentar la calificación jurídica de los hechos, los problemas de participación criminal, los supuestos de concurso de delitos, y en general todos los problemas relacionados con la teoría del delito. Resulta que en el caso de autos, el Tribunal, sin realizar un análisis dogmático del artículo 37 del Código Penal, que recepta el concurso de delitos denominado” delito continuado”, aplica la referida figura con respecto al delito de estafa, lo que no obstante no reprochamos porque los varios delitos de estafa debidamente acreditados sí pueden caer dentro del referido concurso por ser delitos contra la propiedad, lo que no puede darse con respecto a los delitos de falsificación, pero que el Tribunal, con una argumentación carente de respaldo jurídico prácticamente también les da la misma consideración al hacer acopio de un supuesto concurso medial entre las estafas y las falsificaciones, y en tal sentido en un apartado de la fundamentación se deja expresado lo siguiente: “Finalmente las partes acusadora formalizaron su petición argumentando que se debía castigar el delito de Falsificación de Documentos Privados todos en concurso real, separándolo del cargo de Estafa Continuada. No obstante, de la prueba aportada al caso, quedó evidenciado que no es posible desligar las falsificaciones cometidas a cada uno de los cheques con la figura de la Estafa, pues la concreción de cada una de esas Estafas, se ha hecho precisamente mediando la realización de la Falsificación de Documentos Privados, y no de manera independiente entre ambos delitos, pues para lograr la extracción del dinero de cada uno de los cheques, fue necesario suponer en cada uno de los cheques, la intervención de personas beneficiarias cuando en realidad están(sic) no lo han tenido, y a la vez con ello, faltando a la verdad en la narración escritural del cheque, información que sirvió posteriormente, para que dichos cheques fuesen pagados en efectivo y ocasionando el perjuicio patrimonial, como antes se explicó”. A renglón seguido, que es donde se aborda la parte jurídica que justifica la determinación de la pena, se deja dicho: “Por tal razón, este Tribunal estima que en el presente caso ha existido un concurso de leyes que conforme al Código Penal, está regulado como un Concurso Medial, que se castiga aumentando una cuarta parte al delito con pena mayor que en este caso es el delito de Estafa Continuada sancionado con diez a quince años de reclusión, por lo que la nueva pena abstracta con el aumento de esa cuarta parte quedaría en doce(12) años seis(6) meses a dieciocho años nueve(9) meses de reclusión”. La primera parte de la argumentación que se transcribe resulta ser correcta en cuanto a lo que solicitamos tanto la acusación pública como la privada con respecto al delito de falsificación, también consideramos plausibles las consideraciones en cuanto a que las falsedades fueron un medio necesario para posteriormente materializar las estafas; se aclara, sin embargo, que no existe una figura penal que se denomine estafa continuada, lo que se da en el presente caso y en cualquier otro en el que se haga igual calificación son varias estafas que por sí solas cada una de ellas reúne los requisitos del tipo penal de estafa, pero que por consideración legislativa o política penal se sancionan como si fueren una sola, con la agravación de los dos tercios (2/3) a que alude el artículo 37 del Código Penal. Pero lo que merece el reproche de fondo es la última consideración que hace el tribunal, pues en principio el concurso de leyes no es lo mismo que un concurso medial, dado que en el primero lo que ocurre es una aparente subsunción de unos determinados hechos en distintas figuras penales, pero que finalmente solo entra en aplicación una de ellas ya sea porque absorbe a las otras o porque en razón de un criterio interpretativo las desplaza de su función punitiva en el caso concreto, concurso este que aparece receptado en el artículo 2A del Código Penal. El concurso medial efectivamente si está recogido en el artículo 36 del mismo Código Penal como un concurso ideal impropio, que se da cuando un delito …” sea medio necesario para cometer otro” Ahora bien, el problema radica en que el Tribunal considera los delitos de falsificación como medios necesarios para cometer las diversas estafas que se dieron, lo que no objetamos, pues los hechos eso es lo que indican, sin embargo, se parte del supuesto erróneo de que se está ante un delito de estafa continuada, lo que, como ya lo expresamos, no existe, pues la cantidad de estafas son la cantidad de actos a través de los cuales, por medio de los cheques, se afectó en forma continua y en diferentes momentos el patrimonio de mi representado, pero que para efectos de punibilidad, y de acuerdo al citado artículo 37 del Código Penal, se deben sancionar con la pena correspondiente según el tipo penal con pena más grave, más la fracción que queda relacionada. Así las cosas, con los delitos de falsificación de documentos no puede hacerse la misma consideración que se hace con la estafa, aún y cuando se les tenga como medios necesarios para materializar aquellas, ya que esto implicaría caer en un fraude a la ley al sancionar los ochocientos sesenta y ocho (868) actos de falsedad como si se tratare de un solo delito, cuando está claro que tal delito no cae dentro de los presupuestos del artículo 37. Aquí no cabe más alternativa que sancionar cada una de las falsificaciones que se tienen por acreditadas en base a lo que prescribe el artículo 35 del mismo texto legal, debiéndose aplicar una pena concreta por cada una de ellas, sin perjuicio de la acumulación jurídica de los treinta (30) años a que alude el párrafo final de la norma en relación. Es así que la pena concreta de los catorce años de reclusión que se establece en los numerales primero y segundo de la parte resolutiva de la sentencia resultan de considerar los delitos de estafa como continuados, por lo que se toma un solo delito y se le aumentan los dos tercios (2/3) a que alude el artículo 37 del Código Penal, quedando una pena abstracta de entre 10 a 15 años de reclusión; pena abstracta a la cual impropiamente se le aumenta en un cuarto (1/4) en aplicación del artículo 36, por lo que la nueva pena abstracta queda establecida entre los 12 años 6 meses a 18 años 9 meses de reclusión. Esa explicación se hace en el numeral octavo de la fundamentación jurídica, operación que dentro del campo de la aritmética resulta ser correcta, pero tal determinación de pena abstracta no tiene respaldo jurídico, ya que, tal como lo hemos dejado establecido, el hecho de considerar un solo delito de falsificación para los efectos de la pena, aumentando simplemente el cuarto a la pena abstracta de las estafas, consideradas como continuadas es erróneo e implica un evidente fraude a la ley sustantiva, pues si bien el delito continuado tiene cabida en los delitos de estafa, por lo que se puede castigar con una sola pena, agravada la misma para compensar las otras, eso no es legalmente factible en los delitos de falsificación, por lo que aunque se les considere como medios para materializar las estafas, la cantidad de delitos a penalizar es la cantidad de actos que hayan infringido el tipo penal, dado que solo cabe la aplicación del artículo 35 del Código Penal, es decir el concurso real o material, por lo que debe imponerse al condenado una pena concreta, que como mínimo será de seis(6) meses por cada uno de los ochocientos sesenta y ocho (868) cheques cobrados indebidamente por ser producto de una falsificación, que es lo que tiene por acreditado el Tribunal, esto, tal como ya lo dejamos expresado, sin perjuicio de la acumulación jurídica que prevé el mismo artículo invocado. Motivo de casación que se encuentra autorizado por el párrafo primero del artículo 360 del Código Procesal Penal. Fundamentación Jurídica Recurso de Casación por Infracción de Ley Establece el artículo 360 del Código Procesal Penal que “Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba de ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo…” (Lo resaltado es nuestro). De esta norma se puede determinar la configuración del recurso de casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal: a. Respeto Irrestricto a los Hechos Probados: Los hechos probados son el relato cronológico de un acontecimiento histórico anterior al proceso penal y que es objeto de debate, fijados por el Tribunal de Sentencia con base en lo que se ha probado en juicio, derivado de la valoración de los medios de prueba cuya reproducción el juzgador pudo apreciar de manera directa, colocándolo en una posición exclusiva de valoración. Por ello, tratándose de recurso por infracción de ley o de doctrina legal, se debe guardar absoluto respeto a los hechos que se declaren probados en la sentencia, trasladando el control judicial al ámbito de la juridicidad, así señalado en el artículo 369 del Código de Rito, en su tercer párrafo cuando prohíbe al Tribunal de Casación la modificación de los hechos probados, conocido como Principio de Intangibilidad de los Hechos Probados; b. Falta de correspondencia entre los hechos probados y el fallo por infracción de precepto sustantivo o de Principio fijado por la Doctrina Legal, a consecuencia de: a. Inobservancia de la norma sustantiva o Doctrina Legal que corresponde al caso; b. Errónea aplicación de una norma sustantiva o de Doctrina Legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis; c. Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del Principio fijado en la Doctrina Legal; d. Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal; y e. Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal. Es importante anotar que debe entenderse como norma sustantiva a toda aquella de defina tipos penales o que le sean llamadas para conformar una conducta delictiva, aun cuando no tengan la categoría de una norma penal (como es el caso de las normas extrapenales de remisión por una norma penal en blanco), quedando excluidas las normas con contenido procesal. En conclusión a través del recurso de casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia; de allí que a la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva hecha por el Tribunal de Sentencia o de la Doctrina Legal que sobre el tema jurídico se haya sentado; su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados). Único Motivo. Norma Autorizante: 360 del Código Procesal Penal; Normas que se denuncian infringidas: aplicación indebida de los artículos 36 y 37, y falta de aplicación del artículo 35, todos del Código Penal; Concepto de la Infracción planteado: Aplicación del delito continuado y concurso medial en hechos a los que les correspondía un concurso real; Pretensión: Se condene al acusado por cada uno de los delitos de falsificación de documentos privados cometidos en concurso real. Expone el Censor que se declaró la culpabilidad del acusado por haber cobrado 868 cheques los que dieron a lugar a diferentes actos de estafa por haberlos cobrado indebidamente, siendo calificados como delito continuado en la sentencia; amplia que cada uno de esos actos constituyen por si solos delitos de falsificación de documentos privados en los cuales no cabe la consideración de delito continuado, pues éste solo está previsto para delitos en contra de la propiedad. Explica el Censor que la censura o reproche a la sentencia se da en el apartado de fundamentación jurídica, pues el tribunal sin realizar el análisis dogmático del artículo 37 del código penal aplica la figura del delito continuado a los delitos de falsificación de documentos. Afirma el Censor que los delitos de falsificación de documentos no pueden hacerse la misma consideración que al delito de estafa, aun cuando el primero sea medio necesario para el segundo, pues ello sería realizar un fraude a la ley al sancionar 868 actos de falsedad como si se tratase de un solo delito, cuando es claro que el delito de falsificación no se subsume en el supuesto del artículo 37 del código penal que regula el delito continuado. Concurso de delitos y el Concurso Real Para dar respuesta al reproche del Censor debemos situarnos en el último elemento de la teoría del delito donde se define, por parte del legislador, las sanciones que corresponden a cada conducta desvalorada constitutiva de delito. En este peldaño se estudia: las causas absolutorias de la punibilidad, gracias constitucionales del indulto y la conmuta, causas de extinción de la pena y los concursos de delitos; éstos últimos como normas que implementan la política penal punitiva del Estado en la concurrencia de pluralidad de conductas típicas, antijurídicas y culpables. Como regla general en un derecho penal de acto, corresponde imponer una pena por cada delito cometido por la persona, y por tanto cuando existan varios delitos corresponderá imponer varias penas. Sin embargo, en el derecho penal puede ocurrir el fenómeno que a una conducta se ajusten a varios delitos y que a todos ellos corresponda una pena única; el campo del derecho penal que estudia estos fenómenos se le llama Concurso De Delitos. Entonces existe concurso de delito cuando una misma persona realiza una conducta antijurídica que se adecua a dos o más tipos penales, cada uno merecedores de sanción penal, pero imponiéndose como consecuencia una única pena. Partiendo de la definición constituye concurso de delito el concurso ideal o formal (unidad de conductas con pluralidad de lesiones: art. 36 cp) siendo estrictamente la ausencia de éste (ausencia de concurso) lo que se denomina concurso real o material (pluralidad de conductas con pluralidad de lesiones: art. 35 cp), sin embargo el legislador nacional también denominado como concurso de delitos al concurso medial (concurso formal impropio) art. 36 cp) y al delito continuado (art. 37 cp), lo cual no son verdaderos concursos, sino que obedecen a criterio político criminal de punibilidad. queda excluido del tema de concurso de delitos el llamado concurso aparente de delitos (art. 2-a cp), por ser éste tarea de la adecuación de la tipicidad. En cuanto a la forma de cumplimiento de la pena de reclusión como consecuencia de la observancia un concurso de delito, la doctrina ha desarrollado diversos sistemas (Al respecto ver a Santiago Mir Puig, en Derecho Penal Parte General, 5ta Edición, Barcelona 1998, Pág. 673): 1. Sistema de absorción, que señala que las penas menos graves quedaran integradas hasta el tanto de las penas de los delitos más graves. Parte del supuesto de que la pena más grave absorbe la pena o penas menos graves hasta la extensión de la cabida de la primera. 2. Sistema de acumulación material de todas las penas, siguiendo la teoría retributiva de la pena, dispone el cumplimiento de todas las penas, comenzando por la más grave a la menos grave, sin que exista límite de cumplimiento. 3. Sistema de acumulación jurídica de todas las penas, que presenta dos formas de materializarlo: a. Exasperación: El aumento en porcentajes de la pena más grave de las diversas que debería de cumplir la persona condenada, a efecto de que éste solo cumpla esta nueva pena aumentada. Así la persona responsable no cumple el tiempo total que le correspondería de la simple sumatoria, pero si una pena más alta que aquella que corresponde al delito más grave. b. Asperación: La suma de todas las penas que correspondan a los delitos por los cuales se le ha encontrado culpable a la persona, reducida en un porcentaje o por un límite. Hasta 1998 el artículo 97 de la Constitución de la Republica señalaba que “Las penas restrictivas de la libertad no podrán exceder de veinte años y de treinta años las acumuladas por varios delitos.”, sin embargo a partir del 09 de diciembre de ese año entro en vigencia la reforma a dicha norma la cual desde entonces y hasta ahora señala que: “Las penas privativas de la libertad por simples delitos y las acumuladas por varios delitos se fijarán en la Ley Penal.”, con lo cual los límites máximos para el cumplimiento de cualquier pena privativa de la libertad fue confiado por el Constituyente al legislador ordinario, fijándolo en el código penal, el que abrazo el sistema de acumulación jurídica por exasperación para el concurso ideal, concurso medial y para el concurso llamado delito continuado y ese mismo sistema por asperación para el concurso real. A. El Concurso Ideal Propio o Formal Definido por el otrora vigente artículo 36 del Código Penal 144-83, es cuando existe unidad de conducta con proyección plural típica, antijurídica y culpable. Las diferentes conminaciones penales están reunidas ideal o deontológicamente en una sola sanción. Es importante considerar que mediante la pena se reprocha la conducta y no en sí el resultado (de allí elevados ejemplos como el de homicidio y asesinato, cuyo resultado es el mismo pero la conducta es realizada de diversa manera, o la justificación de los delitos tentados en donde no se da el resultado típico, sancionando la intención). Por ello cuando se trata de definir la existencia de concurso ideal o formal, se deberá de partir siempre de la conducta del autor y no de los resultados producidos. Son los requisitos del Concurso Ideal o Formal: 1. Unidad de Conducta: Los diversos delitos deben de originarse mediante una sola y única conducta delictiva, por acción u omisión, lo que requiere necesariamente que los delitos no sean excluyentes entre sí por especialidad, sino que puedan surgir a la vida en un mismo plano. Este requisito no presenta dificultad cuando el autor, adoptando una única decisión, realiza un único movimiento corporal que resulta típico, lo que se resuelve por la unidad de conducta en sentido natural. Ahora bien requiere especial estudio cuando desde el punto de vista natural se presenta una multiplicidad de conductas que corresponden a varias decisiones de acción, pero que desde el punto de vista jurídico son valorados como Unidad de Conducta en sentido jurídico: En estos casos se considerará como única conducta, cuando desde la perspectiva natural sea múltiples los movimientos corporales, siempre que exista una conexión temporal y espacial estrecha entre la serie de acciones u omisiones que generen una vinculación de significado que solo pueda apreciarse si se toma el todo como una única conducta punible (Unidad de Ejecución) y que dimanen una sola decisión de actuar u omitir, sin renovación de decisión en el que hacer delictivo (Unidad Subjetiva); Ello ocurre por ejemplo cuando en un único momento se realizan varios disparos los que impactan en varias personas, que ciertamente son múltiples movimientos corporales desde el punto de vista natural, (accionar repetidamente el mecanismo de percusión del arma), pero una única conducta desde un sentido jurídico. 2. Múltiple desvaloración de la Ley Penal: La conducta deberá de ajustarse al ámbito situacional de dos o más tipos penales, pudiendo concurrir dolosos con imprudentes, a diferencia de delitos de acción y omisión, los cuales no podrán concurrir, pues ello disolvería la unidad de conducta y por ende haría descartar la existencia del concurso ideal; 3. Unidad de Sujeto Activo: Como requisito esencial deberá de tratarse de un mismo autor o cómplice, lo que no descarta que varios autores o varios cómplices realicen un concurso Ideal o Formal. Recordemos que la existencia de Unidad de Conducta, parte de la toma de una única decisión de actuar que solo puede derivarse de un mismo sujeto activo (Unidad Subjetiva), la que materializa en un solo momento (Unidad de Ejecución); y 4. Unidad o Pluralidad del Sujetos Pasivos: La conducta realizada por el sujeto activo puede afectar bienes jurídicos de una misma persona o de varias. El concurso ideal propio o formal puede ser homogéneo y heterogéneo: Es homogéneo cuando la conducta se encuadra en una misma figura delictiva afectando a varias personas y es heterogéneo cuando la conducta se encuadra en varias figuras delictivas afectando a una sola persona o a varias personas. El efecto de la aplicación del Concurso Ideal o Formal que disponía el artículo 36 del Código Penal 144-83, es la imposición de una sola pena siguiendo el Sistema de Absorción (imposición de una sola pena al responsable de varios delitos), la cual será el resultado del aumento de un cuarto (1/4) de la pena más grave seleccionada de los delitos concurrentes en el concurso, entendiéndose como la más grave aquella que tenga señalada el máximo abstracto más alto. Ahora bien, la norma legal citada no propone solución en los supuestos que el delito que tenga el máximo abstracto más alto tenga además el mínimo abstracto más bajo en comparación con el de otro u otros delitos que compongan el concurso ideal; ante ello y en consideración que el concurso no puede tener un efecto beneficiante para el autor, deberá de tomarse el extremo abstracto mínimo más elevado de las diversas penas como base para el aumento de la proporción que ordenaba el artículo 36, eliminando así el riesgo de que el autor sea sancionado por concurso ideal con una pena igual a la que le correspondería si solo hubiese cometido un único delito. B. Del Concurso Ideal Impropio o Medial De conformidad a lo que disponía el párrafo primero del artículo 36 del código penal 144-83 el concurso ideal impropio o medial se producía cuando se un sujeto activo ejecutaba una acción delictiva como medio necesario para la perpetración de otro u otros delitos; se trata de un concurso que se forma por conductas delictivas distintas pero que dada su conexidad son sancionadas como un solo delito. Como lo señala el Diccionario de Jurisprudencia penal: “es un estado intermedio entre la acumulación material de infracciones y el nacimiento de dos o más delitos de un solo hecho, siendo necesario que los delitos estén vinculados por el nexo de medio a fin, por lo que si éste no existe no debe aplicarse el precepto invocado.” (María dolores Márquez de Prado y Noriega y Francisco Javier Gómez de Liaño y Botella, Diccionario de Jurisprudencia Penal,1981-1993,Pag.400). Fenoménicamente el sujeto activo realiza un delito que se vuelve instrumento necesario para la ejecución de un segundo delito, de allí entonces el nombre de “concurso medial”, dado que el primer delito es medio para cometer el segundo delito, debiendo entenderse como “necesario” el equivale a imprescindible o indispensable, siendo dicha necesidad en sentido objetivo real y concreto, esto es, para casos específicos o individuos determinados, que se representen las infracciones como estrechamente realizadas, de tal forma el delito medio sea instrumento real indispensable para la perpetración del delito o delitos. (María dolores Márquez de Prado y Noriega y Francisco Javier Gómez de Liaño y Botella, Diccionario de Jurisprudencia Penal,1981-1993,Pag.401). Sobre el respecto Mir Puig condiciona que existirá “sólo en el caso concreto un delito no pudiera producirse sin el otro. Por supuesto, esta necesidad debe existir objetivamente, y no basta que el sujeto crea que se da”. (Mir Puig, Santiago, Derecho Penal, Parte General, 8 edición, 2 da Reimpresión, Editorial IB de F, Montevideo-Buenos Aires, 2009, Pág. 649). El concurso medial parte de que las diversas acciones no sólo aparezcan concatenadas por un propósito delictivo penal, sino que resulta inexcusable que se hallen ligadas por elementos lógicos, temporales y espaciales, o, como lo expresa el texto legal, que uno de los delitos sea medio necesario para cometer el otro; conexidad de medio a fin que dota de unidad a la plural iniciativa delictuosa. El medio necesario a que alude el precepto no ha de entenderse bajo un prisma de subjetividad, en un plano puramente psíquico, sino que 8una vez más) en un sentido objetivo, o sea, real y concreto, con referencia a la particular situación fáctica. Una de las conductas delictivas se apreciará como necesaria cuando aparezca en apreciación racional de los hechos, como vehículo o instrumento caracterizado e idóneo para la comisión con éxito de la segunda conducta delictiva. Entonces para que proceda la estimación del concurso medial no basta la preordenación psíquica, o sea que la necesidad no ha de ser contemplada en el aspecto subjetivo o atendiendo al proceso psicológico o intencional del agente para llegar a conseguir el fin o resultado que se había propuesto, sino en el aspecto objetivo o real, de manera que al aplicar el juicio hipotético resulte que el segundo delito no se hubiere producido de no haber realizado previamente el o los que le hubiesen precedido, pues el precepto atiende a la unidad del hecho en el aspecto ontológico del ser y su causalidad efectiva y no en el orden teleológico individual. (María Dolores Márquez de Prado y Noriega y Francisco Javier Gómez de Liaño y Botella, Diccionario de Jurisprudencia Penal, 1981-1993,pag.400). El tratamiento penal del concurso ideal propio e ideal impropio (medial) que ofrecía el artículo 36 del Código Penal es la regla general del principio de acumulación por exasperación de la pena que correspondía al delito más grave aumentada en una cuarta parte, y la regla subsidiaria inclinada al principio de acumulación por asperación, que sancionaba los delitos por separado, cuando la pena única agravada excede de la suma obtenida por aquellas susceptibles de imponerse en régimen de punición separada de las infracciones (vid. arts. 37 párrafos tercero y cuarto del Código Penal). Finalmente, el Concurso Ideal desde la perspectiva procesal, aplicado que sea en una sentencia genera el efecto de Cosa Juzgada en relación a todos los delitos que conformen el concurso. C. Delito Continuado El delito Continuado estaba previsto en el artículo 37 del Código Penal 144-83, regulando ésta la ficción legal que consideraba como un solo delito y previendo la imposición de una sola pena agravada, a los responsables de la comisión material de varios hechos delictivos que encuadran en una misma tipificación y que protege el bien jurídico propiedad, ejecutados en un solo momento o en momentos diversos, siempre que hubiese sido en respuesta a un plan preconcebido o aprovechando identificas o similares circunstancias de ejecución. La pena única que debía imponerse era el resultado del aumento de dos tercios (2/3) a la pena abstracta más grave de los delitos contra la propiedad cometidos, advirtiendo la misma norma que el concurso de delito continuado no era aplicable en los casos en que la suma de las penas por los diversos delitos cometidos contra la propiedad sea menor a la cuantía de la única pena agravada impuesta con ocasión del concurso de delito continuado. Eran los requisitos de este tipo de concurso: a. Unidad de Bien Jurídico Protegido: Los delitos cometidos debían ser de aquellos que protegían el bien jurídico propiedad, ya sea bienes corporales (bienes muebles, bienes inmuebles o bienes inmuebles por destino) o incorporales (derechos personales); b. Unidad de Tipo Penal: Las diferentes conductas penales debían de subsumirse en un solo tipo penal en perjuicio de la propiedad, ergo no podía existir concurso continuado cuando las diferentes conductas eran subsumibles a varios tipos penales, aun cuando éstos sean en perjuicio de la propiedad; c. Unidad de Sujeto Activo: Exigía que, en los diversos delitos, debía de figurar siempre el mismo sujeto activo; d. Unidad o Pluralidad de Sujetos Pasivos: Los delitos en contra de la propiedad podían realizarse en perjuicio de un mismo sujeto pasivo en varios momentos, en perjuicio de varios sujetos pasivos en un mismo momento o en perjuicio de varios sujetos pasivos en varios momentos; e. Unidad de fin: En virtud de la cual exigía que el sujeto activo actuara con dolo en todos los delitos cometidos; f. Diversidad de Conducta Humana, la cual podía realizarse mediante acciones u omisiones; g. Diversidad de título de participación: Al no exigir el artículo 37 las mismas calidades del sujeto activo en los diversos delitos, éste podía participar en ellos de manera diversa como autor, autor mediato, co-autor, cómplice, cómplice necesario o inductor; h. Identidad del Comportamiento Delictivo: Requería que el sujeto activo realizará las diferentes conductas delictivas basado en un mismo modus operandi, a saber: i) Realizando las conductas delictivas en un solo momento; ii) Realizando las conductas delictivas en diversos momentos mediante acciones u omisiones ejecutadas en cumplimiento a un plan preconcebido; iii) Realizando las conductas delictivas en diversos momentos aprovechando idénticas o similares circunstancias en la ejecución. El concurso continuado o delito continuado, era una forma especial de ejecución reiterada de diversos tipos penales mediante un plan preconcebido o aprovechando las mismas o similares circunstancias, haciendo el legislador una presunción de que todos ellos constituyen un solo delito para efectos de imposición de una sola pena, constituyéndose en una disposición político criminal del legislador orientada a favorecer al sujeto activo con una pena más favorable. La aplicación del concurso in comento daba paso a la presunción de que todos estos delitos independientes debían de ser considerados como uno solo “continuado” y por tanto las diferentes penas que correspondería imponer al responsable por las diversas conductas delictivas, eran sustituidas por una sola pena atenuada. Del Concurso Real Descartándose la existencia de un concurso ideal, de un concurso medial o de un concurso continuado, manda la ley que corresponde conjugar las diversas figuras delictivas en un concurso real (conocido en la doctrina también bajo el nombre de concurso material) previsto en el artículo 35 del código penal. Existe concurso real cuando, ante una pluralidad de hechos delictivos, cada uno de ellos se subsume en una figura delictiva distinta, apreciable de manera independiente, llamados a ser juzgados en un único proceso penal, y sancionados con penas independientes. Son requisitos del concurso real: a. Pluralidad de Hechos: Producción de una pluralidad de hechos (por ausencia de una unidad de natural o una unidad jurídica de conducta), realizados en un solo momento, o en momentos diversos, siempre que no hayan sido objeto de juzgamiento previo; las conductas pueden ser de acción u omisión, realizadas con dolo o mediante imprudencia; b. Múltiple desvaloración de la ley penal: Concurrencia de múltiples delitos, sin que ninguno excluya a otro; los delitos pueden obedecer a una sola figura delictiva o a distintas, pudiendo algunas ser consumadas y otras en grado de tentativa; c. Unidad de Sujeto Activo: Deberá existir identidad en la persona del sujeto activo, como aquel que realizó la pluralidad de hechos que dan lugar a los diversos delitos, en cualquiera de los grados de participación: autor directo o material, autor mediato, coautores, inductor, cómplice y cómplice necesario; d. Unidad o Pluralidad del Sujetos Pasivos: Los diversos delitos podrán tener a una persona o a personas distintas como sujeto pasivo; y e. Unidad de Proceso Penal: Los diferentes delitos deben ser objeto de juzgamiento en un mismo proceso penal, mediante una única sentencia. El concurso real puede ser homogéneo o heterogéneo: el primero se presenta cuando los diversos injustos penales corresponden a una solo tipificación, entretanto el segundo concurre cuando los diversos injustos penales corresponden a diversas tipificaciones. La pena a aplicar en el concurso real corresponderá a la prevista para cada uno de los tipos penales; penas que se cumplirán de manera independiente una de la otra, pudiendo ser simultánea, en caso de que no sean incompatibles (Ejemplo: pena de multa y reclusión) o sucesivas cuando por su naturaleza no puedan ser cumplidas por el reo al mismo tiempo (Ejemplo: las diversas penas de reclusión, o pena de reclusión e inhabilitación especial). El artículo 35 del código penal, mandaba en su último párrafo que la acumulación de penas dispuestas por diversos tipos penales, impuestas en concurso real, no podían exceder de 30 años; así pues y aun cuando en una sentencia condenatoria se hayan impuesto varias penas de reclusión que en suma sobrepasaran dicho límite, el cumplimiento efectivo no podía superar los 30 años de reclusión, observable para el concurso real ordinario y para el concurso real retrospectivo: 1. Es concurso real ordinario aquel que acontece en un mismo proceso penal; y 2. Es concurso real retrospectivo aquel que se aprecia tomando en consideración las penas impuestas en sentencias que son producto de varios procesos penales. Esto ocurre cuando se descubre que la persona que tiene ya una sentencia condenatoria firme, es culpable además de otros delitos, declarado así en una nueva sentencia condenatoria por hechos cometidos con anterioridad a la primera sentencia condenatoria (Art. 68.5 del CPP) y que por alguna razón (no identificación de delitos conexos por deficiencia del sistema, separación de procesos por conveniencia investigativa, etc.), no fueron objeto de acumulación de procesos por conexidad al tratarse de la misma persona imputada. En estos casos, la persona condenada no deberá cumplir más de 30 años de reclusión, aun cuando la suma de las diversas penas impuestas en las dos o más sentencias condenatorias superen dicho termino. El límite de cumplimiento de la reclusión por penas acumuladas no era aplicable para los tipos penales en donde el legislador del código penal 144-83 había previsto una pena de reclusión con límites abstractos que sobrepasaban los 30 años (Ejemplo: art. 118, 118-A, 192, 318, 322, entre otros del Código Penal), por tanto el concurso real donde exista un tipo penal con una pena abstracta que superase los 30 años, no se observaba el límite de cumplimiento de la pena de reclusión por acumulación de que hablaba el artículo 35 del Código Penal. En el tiempo de la vigencia del código penal 144-83 era clara la intención del legislador de que la regla contenida del artículo 35 del Código Penal no era absoluta, encontrando como excepciones los delitos cuyas penas que por sí solas superaban los treinta años, siendo una de ellas la pena de reclusión de por vida, la cual resulta constitucional por estar prevista en el artículo 97 de la Constitución de la República. De la Procedencia del Recurso. El Recurso es de recibo Parcialmente La respuesta al recurso interpuesto por el Censor parte del análisis de lo declarado como hechos probados, tomados como una verdad incuestionable. El relato histórico en cuestión señala que el acusado Rolando Ordoñez Carranza, en distintas fechas y de manera periódica, lleno en el anverso de 475 cheques información no verdadera, para después presentar cada uno de ellos en una institución bancaria en donde fueron canjeados por dinero en efectivo. Que de igual modo el acusado lleno otros 840 cheques con información no verdadera para luego ser canjeados en una institución bancaría por dinero en efectivo. Que las conductas descritas fueron realizadas entre los años 2003 y 2008, causando un perjuicio patrimonial al señor Benito Morales de L. 28,051,117.75. Los hechos entonces nos dan cuenta de un total de 2,630 conductas delictivas: 1,315 delitos de falsificación ideológica de documentos privados (475 + 840); y 1,315 delitos de estafa. Ahora bien, y concordando con el tribunal de sentencia, es claro que entre los delitos de falsificación ideológica y los delitos de estafa existió un concurso medial, ello dado que el primero (la falsificación de cheques mediante la consignación de información falsa) fue medio necesario para poder cometer los delitos de Estafa (canje de los cheques en instituciones bancarias y la consecuente obtención de dinero en efectivo); de modo que suprimiendo hipotéticamente los delitos de falsificación de cheques se puede ver que no pudo haberse cometido los delitos de estafa, comprobándose así la relación de necesaria dependencia.- Por tanto: al aplicarse el concurso medial que ocasiona como consecuencia que los dos delitos deben de ser considerados como único, correspondiendo una pena igual al delito que tenga mayor pena aumentada en un cuarto, tenemos como resultado que los 2630 delitos pasan a formar 1315 unidades por dependencia de falsificación de cheques en concurso medial con estafa, calculándose la pena abstracta por cada uno de los 1315 delitos en concurso en 7 años con 06 meses a 11 años con 03 meses, más el 12.5% de multa del valor de lo estafado. Ahora bien, siendo que el delito de estafa era el delito fin del concurso medial y habiéndose cometido éste en reiteradas ocasiones durante los años 2003 al 2008, aprovechando iguales circunstancias, se produce de éste modo un concurso continuado (concurso de segundo piso), el que aplicado al caso concreto manda que debe de considerarse los 1315 delitos concursos mediales como un solo delito continuado, al que le corresponde imponer la pena al más grave de ellos (que en este caso todos tienen la misma pena), aumentado en dos tercios, siendo entonces la pena abstracta a imponer: 12 años con 6 meses a 18 años con 09 meses, y una multa del 20.8333% del valor de lo defraudado. Retornando al caso concreto se aprecia en la parte resolutiva de la sentencia que el acusado fue condenado a las siguientes penas: i.- Pena principal de reclusión por 14 años; ii.- Pena principal de multa por L. 2,805,111.77; iii.- Pena accesoria de inhabilitación absoluta; iv.- Pena accesoria de interdicción civil; v.- Declaratoria de la obligación de trabajar el obras públicas o en labores dentro del centro penitenciario; vi.- Declaratoria de responsabilidad civil como consecuencia del delito cometido; y vii.- absolución del pago de costas. De conformidad con el artículo 241 en relación con los artículos 36 y 37 del código penal, señala esta Sala de lo Penal que la pena del delito de reclusión impuesta al acusado se encuentra dentro del marco abstracto de la sanción prevista en ese entonces código penal; empero respecto a la pena de multa el artículo 249 del código penal ordena que al responsable del delito de estafa se le impondrá como pena principal una multa correspondiente al 10% del valor de lo defraudado, ello sin perjuicio “de lo prescrito por los artículos 36, 37 y 53, cuando sean aplicables”, por tanto al valor del 10% debía de aumentarse la cuantía ordenada en los artículos 36 y 37 y que en este caso hacen que el porcentaje de la multa ascienda al 20.8333%, equivalente al L. 5,833,973.5142 del valor de lo defraudado, por lo que corresponde modificar el monto de la multa, siendo lo atendible del recurso de casación por infracción de ley que ha interpuesto el Censor. Decisión: Declarar con lugar parcialmente el recurso de casación por infracción de ley en su único motivo. En consecuencia se debe de imponer al acusado rolando Ordoñez Carranza, como autor directo responsable de 1,315 delitos de falsificación ideológica de documentos privados en concurso ideal medial con el delito de estafa, los cuales se aprecian como un solo delito continuado, a las penas siguientes: i.- Pena principal de reclusión por 14 años; ii.- Pena principal de multa por L. 5,833,973.5142; iii.- Pena accesoria de inhabilitación absoluta; iv.- Pena accesoria de interdicción civil; v.- Declaratoria de la obligación de trabajar el obras públicas o en labores dentro del centro penitenciario; vi.- Declaratoria de responsabilidad civil como consecuencia del delito cometido; y vii.- absolución del pago de costas. De La Procedencia De La Aplicación Retroactiva Del Código Penal Decreto 130-2017. Principio de Legalidad El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra declarado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y regulado en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello. Los tipos de retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir una pena de cinco a diez años de prisión). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado, disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrará en vigor y cuándo es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo con la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento del juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución Política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme y mientras se esté ejecutando, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas en su totalidad, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el CP Decreto 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigor del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo código sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibida la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un Concurso Medial (Art. 66 en relación con el párrafo séptimo del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: Se procederá a realizar la comparación global de la penal del CP-144-83 con las penas que correspondería aplicar en concurso real conforme al CP-130-2017, en consideración a los limites subjetivo, objetivo ordinario y objetivo extraordinario; Se prohíbe hacer comparación individual de las penas que conforman el concurso medial conforme el CP-144-83 y las penas del CP-130-2017; Cuando una de las penas corresponda a un delito despenalizado, haciendo desaparecer el concurso Medial, la comparación se deberá de realizar conforme las reglas de las penas no concursadas. Recordemos y para efectos de la pena a comparar conforme el NCP 130-2017, que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Limite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Limite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Limite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos limites no se observaran cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. Escrito Suplementario Señala el artículo 624 del del Código Penal 130-2017 que, en el trámite de un recurso contra una resolución definitiva, las partes podrán presentar un escrito suplementario a efecto de que el tribunal ad-quem lo tome en consideración al momento que corresponda hacer la ponderación de la norma penal más favorable entre el Código Penal vigente al momento del hecho (CP 144-83) y el Código Penal vigente al momento del juzgamiento (CP 130-2017). En el presente caso no fue presentado escrito suplementario por el acusador privado ni por el Ministerio Público, más si por parte de la representación legal del acusado, quien expuso que correspondía aplicar retroactivamente el NCP 130-2017 en lo que respecta al delito de estafa y que no correspondía aplicar retroactivamente ese mismo cuerpo legal en relación al delito de falsificación de documentos públicos, con lo cual se solicita una fragmentación de normas sustantivas que no es permitido por la constitución de la república, tal y como se ha explicado en los apartados anteriores. Ponderación En El Caso Concreto En el presente caso la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, ha conocido y resuelto un motivo motivo de casación por infracción de ley; todo lo cual dio como resultado la modificación de la pena de multa que por el delito de delito de estafa le fue impuesta al acusado; Como consecuencia las penas que conforme al VCP 144-83 le fueron impuestas como autor directo responsable de 1,315 delitos de falsificación ideológica de documentos privados en concurso ideal medial con el delito de estafa, los cuales se aprecian como un solo delito continuado, son las siguientes: Pena principal de reclusión por 14 años; Pena principal de multa por L. L. 5,833,973.5142; Pena accesoria de inhabilitación absoluta; Pena accesoria de interdicción civil; Declaratoria de la obligación de trabajar el obras públicas o en labores dentro del centro penitenciario; Declaratoria de responsabilidad civil como consecuencia del delito cometido; y vii.- absolución del pago de costas. Conforme a los dictados del NCP 130-2017, en su artículo 463 en relación con el artículo 447, el delito de falsificación de cheques del sistema financiero se produce cuando, entre otros, el responsable altera, copia, reproduce o de cualquier otro modo, falsifica cheques del sistema financiero debiendo sancionarse al autor con las penas principales señaladas para la falsificación de moneda, siendo éstas: 6 a 10 años de prisión y multa por una cantidad igual o hasta diez (10) veces el valor aparente de la moneda. Finalmente, es de tener en consideración lo que dispone el artículo 68 que señala que quien en ejecución de un plan preconcebido o aprovechando idéntica ocasión, realiza una pluralidad de acciones u omisiones que ofenden a uno o varios sujetos e infringen el mismo precepto penal o preceptos de igual o semejante naturaleza, debe ser castigado como autor de un delito o falta continuados con la pena señalada para la infracción más grave que se debe imponer en su mitad superior, pudiendo llegarse hasta una pena superior en un tercio (1/3); por tanto en el caso concreto las penas principales que deberá de imponerse al autor del delito de falsificación de documentos públicos, en delito continuado: i.- Pena de Prisión: 08 años a 13 años con 04 meses; ii. Multa de L.28,051,117.75 como mínimo hasta L. 280,511,177.5 como máximo, más las penas accesorias correspondientes. Por otra parte, el delito de Administración Fraudulenta (en el cual se encuentran los hechos declarados probados) se encuentra tipificado en el artículo 370 del NCP 130-2019, el que contempla una pena principal de 2 a 4 años, la cual conforme el artículo 366 debe de sufrir un incremento en 1/3 por la especial gravedad a razón de la cuantía afectada, por lo que la pena abstracta serpa de 4 años a 5 años con 04 meses de prisión. A lo anterior deberá aplicarse el artículo 68 cuando se trate de un delito continuado, por lo que, al autor del delito de administración fraudulenta, en delito continuado deberá de imponérsele una pena de 04 años con 08 meses a 07 años con 1 mes y 10 días, más las penas accesorias correspondientes. En conclusión, de someterse a juicio los hechos declarados probados en base a las normas contenidas en el NCP 130-2017, el autor responsable del delito de falsificación de cheques del sistema financiero continuado y de administración fraudulenta agravada continuada, enfrentaría pena global siguiente: Pena de Prisión: 12 años con 08 meses como mínimo a hasta 20 años con 05 meses y 10 días como máximo; Multa de L.28,051,117.75 como mínimo y de hasta L. 280,511,177.50 como máximo; y Penas Accesorias. La comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que la aplicación retroactiva del NCP 130-2017 no constituye un beneficio al acusado, pues la pena abstracta de prisión señalada en el nuevo cuerpo normativo define un espectro dentro del cual se encuentra la pena concreta impuestas conforme el VCP 144-83, y la pena de multa abstracta es superior a la pena de multa concreta impuesta. Por Tanto: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 360 del Código Procesal Penal; Falla: Primero: Declara Con Lugar Parcialmente el motivo único del recurso de casación por infracción de ley interpuesto por el Abogado José Marcelino Vargas, en contra de la sentencia emitida por el tribunal de sentencia con competencia territorial nacional en fecha veinte de marzo de dos mil dieciocho.- Como consecuencia y en aplicación al último párrafo del artículo 241 del código penal 144-83, se reforma el numeral segundo de la parte resolutiva en el único sentido de modificar el monto de la pena principal de multa, el cual se fija en: L. 5,833,973.5142.-Segundo: Declara la No Procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017, por las conductas reprochadas al acusado Rolando Ordoñez Carranza.- Tercero: Declara Firme y Ejecutable los numerales primero, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo de la sentencia impugnada.- Y Manda: A efecto de que se acate lo mandado en el apartado anterior, la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personas en única instancia, deberá devolver los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento.- Notifíquese. - Firmas y Sello. -Jose Olivio Rodriguez Vasquez. Magistrado Coordinador. - Rafael Bustillo Romero. Magistrado. Alma Consuelo Guzmán García. Magistrada. -Firma y Sello. – Jose Ramon Cruz Ferrera. -Secretario. Sala de lo Penal.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en fecha nueve de noviembre de dos mil veintidós. Certificación de la sentencia dictada el diecisiete de mayo de dos mil veintidós, recaída en el expediente SP 481-2018.

JOSÉ RAMÓN CRUZ FERRERA

Secretario Sala de lo Penal

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