Sentencia CP-449-18 — Registro 15196
Resumen
En primera instancia se absolvió al imputado por el delito de Difamación derivados de Actos Constitutivos de Calumnias e Injurias, resolviendo No Ha Lugar el recurso de casación.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"...
DE LA PROCEDENCIA DEL ÚNICO MOTIVO.- EL ÚNICO MOTIVO NO ES DE RECIBO. - El caso que nos ocupa es un recurso de casación por quebrantamiento de forma, mediante el cual se denuncia la violación de las reglas de la sana critica; lo que hace dirigir la atención exclusivamente a la valoración intelectiva de los medios de prueba (razonamiento judicial), pues es en ese proceso en donde los jueces de sentencia pueden incurrir en el vicio que se está denunciando. La Sala de lo Penal ha señalado que en casación, como única instancia, solo puede hacer un análisis y en su caso censura, del proceso intelectivo de la sentencia cuando ésta contenga razonamientos que riñan con las reglas de la sana critica; debe de entenderse entonces que el foco de estudio no es la prueba, no es lo que dejó de acreditar o se acreditó los medios probatorios, sino ese razonamiento plasmado por los/as jueces/zas y los cuales les llevaron a construir los hechos declarados probados. Ya ha señalado esta Sala de lo Penal en un apartado de esta sentencia lo que debe de entenderse por una debida técnica recursiva, deseando agregar que, en el caso particular del recurso de casación por quebrantamiento de forma, su confección parte del proceso básico: 1. Lectura de la sentencia e identificación de los razonamientos judiciales intelectivos, en donde se haga análisis y valoración de la prueba; Normalmente se encuentran en el apartado de “Fundamentación Probatoria”, lo que no obsta para que de igual modo puedan ser encontrados en el apartado de “Fundamentación Jurídica”; El razonamiento es un proceso de la lógica mediante el cual, partiendo de uno o más juicios, se deriva la validez, la posibilidad o la falsedad de otro juicio distinto, que en nuestro caso es la prueba. 2. Determinación que en la sentencia existen razonamientos judiciales mal construidos por colisionar con el recto entendimiento humano; 3. Identificación de las reglas de la sana critica que fueron inobservadas o mal aplicadas en el razonamiento judicial; 4. Confrontación de los principios o reglas de la sana critica con el razonamiento judicial, a efecto de demostrar que éste último no sigue lo mandado por el primero; 5. Determinación del porque el razonamiento judicial resulta relevante para la formación del convencimiento judicial que llevo a la decisión adoptada. La exactitud en la confección del recurso de casación por quebrantamiento de forma, tratándose de violaciones a las reglas de la sana crítica debe ser alta; nos referimos a una debida técnica recursiva, pues a cada razonamiento judicial debe hacerse el examen sobre su propiedad.- La exigencia técnica del recurso se eleva aún más cuando la regla de la sana crítica que se alega como inobservada es la de derivación por falta de razón suficiente dado que adiciona la tarea de identificar el silogismo judicial que considera indebidamente construido e identificar en éste la premisa mayor, la premisa menor y luego, lo más importante, demostrar que la inferencia realizada (deductiva, inductiva, analógica a pari o analógica a fortiori) es incorrecta (por una de las razones señaladas ut supra) y que por ello la conclusión que se construye a partir de la premisa mayor y premisa menor y que se dice necesaria, en realidad no lo es; tarea que no termina allí pues además debe explicar por qué tal conclusión malograda es relevante para la decisión final y por ello dicha decisión fue indebidamente adoptada. Por tanto, es irrelevante el criterio que pueda generar la prueba al querellante o al querellado o inclusive al propio Tribunal de Casación; lo que consideren las partes o la Sala de lo Penal que debió haber sido la valoración de la prueba no es vinculante, sino que lo determinante es el criterio probatorio del Tribunal de Sentencia y si éste fue construido en respeto a las reglas de la sana crítica; ergo, se insiste, el motivo de casación debe concentrarse única y exclusivamente en demostrar que el criterio (valoración intelectiva) del juzgador fue erigido con inobservancia de esas reglas y principios que componen el recto entendimiento humano y no tratar de superponer otra valoración que se considera más propia. Desafortunadamente el Censor se aleja de lo anterior, expone su criterio personal respecto de la prueba presentada en contra de la acusada Sonia Elizabeth Martínez, valorando la prueba directamente pues comparte lo que considera fue probado y no apreciado por el a-quo, luego de lo cual denuncia la violación al principio lógico de derivación por la falta de declaratoria de responsabilidad penal.- Es entonces el recurso contiene apreciaciones personales de los hechos y no un análisis de los razonamientos judiciales, los que únicamente fueron referidos para indicar su disconformidad; la impugnación se basa en los aspectos que el Censor considera fueron acreditados y la única forma de poder comprobarlo es que la Sala de lo Penal lea el contenido de la prueba y proceda a valorarla, pero además tendría que censurar la valoración hecha por el a-quo y reemplazarla por la valoración de la Sala de Casación; en otras palabras, la Sala de lo Penal tendría que convertirse en tribunal de segunda instancia. Lo presentado por el Censor no es un recurso de casación que busque examinar la propiedad del razonamiento judicial que contiene la sentencia; el Censor lo que hace es una valoración privada, subjetiva y personal de la prueba, siendo su reclamo que su valoración no fue asumida por el Tribunal de Sentencia, lo que cataloga como violación de las reglas de la sana crítica. Lo presentado nos lleva a afirmar que el Censor acude a esta única instancia con el objeto de conseguir un reexamen o revalorización (revisio de facto) de la actividad probatoria, como medio de atacar el juicio valorativo hecho por el tribunal, pretendiendo que los jueces de casación, sin contar con inmediación (entre otros principios faltantes), valoren prueba, extraigan conclusiones probatorias y las impongan en la sentencia.- Como hemos explicado, no existe una previa determinación de pruebas, por lo que ésta debe ser asignado por el juzgador de la instancia haciendo mano de las reglas de la sana crítica, evaluándolas y determinando el grado de convencimiento que le genera cada una de ellas y en su conjunto, en relación a la imputación, lo que constituye un proceso directo (inmediación) ajeno a los jueces de casación. Por ello el recurso de casación no provoca un nuevo examen probatorio de los medios que fundan la decisión judicial impugnada; la casación no es una segunda instancia, sino una única instancia encargada de revisar la mera legalidad de la decisión judicial, quedando fuera de tal esfera de competencia la revaloración de la prueba. A esta Sala de lo Penal le preocupa que aun a pesar de existir una robusta y sostenida doctrina legal sobre la naturaleza de la casación, el Censor no haya procurado empoderarse leer dichas sentencias y familiarizarse con la debida técnica recursiva, sino que pierde la oportunidad de poder comprobar la legalidad de la sentencia como consecuencia de un mal planteamiento. Es así entonces que la sentencia adquiere el carácter de firme y lo decidido debe ser ejecutado, sin que haya sido objeto de análisis y revisión en única instancia, pues el escrito que debía contener la identificación de los razonamientos judiciales que se consideren viciosos, en análisis técnico de las reglas de la sana crítica y la demostración de que los primeros fueron construidos en ajena observancia a los segundos, fue sustituido por uno colmado de alegatos personales inadmisibles en casación..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362, N.3 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
"...DE LA PROCEDENCIA DEL PRIMER Y SEGUNDO MOTIVO.- EL PRIMER Y SEGUNDO MOTIVO NO SON DE RECIBO. El recurso de casación por infracción de ley, en sus dos motivos, han sido mal planteados por el Censor, lo que no permite dar una respuesta de fondo. De inicio es importante notar que el planteamiento del motivo primero es contradictorio con aquel hecho en el motivo segundo: El primer motivo denuncia una aplicación errónea de los artículos 160 en relación con el artículo 157, ambos del código penal 144-83, y el segundo motivo una falta de aplicación de esas mismas normas; por tanto, no es posible aplicar erróneamente y dejar de aplicar al mismo tiempo normas de carácter sustantivo. El desarrollo del libelo igualmente es improcedente: véase que el Censor aun a pesar de declarar que los hechos declarados probados para efectos del recurso de casación por infracción de ley, deben de ser considerados como una verdad incuestionable (tal como lo manda el artículo 360 del código procesal penal), se aparta de esa idea y procede a identificar como “hechos probados” a la valoración personal de la actividad probatoria; es pues que lo que el Censor identifica como “factum”, no el contenido de los hechos probados, sino el contenido de la prueba a la cual da una valoración personal, siendo en base a ello que presenta su recurso. En sus dos motivos el Censor hace un análisis jurídico de los delitos, pero tal análisis no lo entrelaza con aquello que efectivamente fue declarado probado, sino con actividad probatoria, y peor aún, con aquello que considera fue probado como se dijo; esta forma de planteamiento hace que ambos motivos sean improcedentes. .."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 360 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario Actuante de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia recaída en el expediente del Recurso de Casación SP-449-2018 que literalmente dice: “Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticuatro (24) días del mes de febrero del año dos mil veintidós (2022), el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los magistrados José Olivio Rodríguez Vásquez en su calidad de coordinador, Rafael Bustillo Romero y Alma Consuelo Guzmán García, pronuncian, En nombre del Estado de Honduras La siguiente sentencia en los Recursos de Casación SP-449-2018 por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha once de junio del año dos mil dieciocho, dictada por el Tribunal de Sentencia de La Ceiba, Departamento de Atlántida, mediante la cual falló: Primero: Absolvió a la señora Sonia Elizabeth Martínez, del delito de Difamación derivados de Actos Constitutivos de Calumnias e Injurias, en perjuicio de los señores Gioconda Isabel Lee Tuñón y Manuel de Jesús Antúnez Pavón.- Segundo: No procedió condenar en costas a la parte querellante. Partes en única instancia: El abogado Jorge David Meza Vásquez, en su condición de Acusador Privado, como parte recurrente y las abogadas Karol Janeth Cárdenas Chinchilla y Dora Emperatriz Oliva Guifarro, en su condición de Defensoras Privadas de la señora Sonia Elizabeth Martínez, como parte recurrida. Hechos probados de la instancia Primero: El 17 de abril del año dos mil quince, por medio del Comité de Familiares y Detenidos, desaparecidos en Honduras (COFADETH) la señora Sonia Elizabeth Martínez denuncia la desaparición forzada de su esposo Donatilo Jiménez Euceda. Segundo: En fecha 16 de abril del año dos mil quince, la señora Sonia Elizabeth Martínez Presenta ante la Honorable Corte Suprema de Justicia Garantía de Habeas Corpus a favor del señor Donatilo Jiménez Euceda. Tercero: En fecha 8 de junio del año dos mil quince, mediante el Sub Procurador General de la República y Agente del Estado de Honduras ante CDH, envía comunicación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso de Donatilo Jiménez Euceda. Recurso de Casación.- Motivos y Argumentos Recurso De Casación Por Infracción De Ley Primer motivo: infracción, por interpretación errónea, del artículo 160 del código penal, en relación con el artículo 157 del mismo cuerpo legal. Precepto autorizante: el presente motivo de casación se encuentra autorizado por el artículo 360 del código procesal penal. Exposición del motivo: conforme a lo dispuesto por el artículo 360 del código procesal penal, que sirve de cauce procesal para este motivo, habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o de doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada para la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo. Pues bien honorable tribunal, la sentencia que ahora impugno, por esta vía, es violatoria por infracción o interpretación errónea del artículo 160 del código penal, en relación con el 157 del mismo texto legal, normas éstas que describen y sancionan los delitos de difamación e injurias, respectivamente, en vista que, de la declaración de hechos probados que contiene el fallo impugnado es posible concluir que la señora Sonia Elizabeth Martínez, ha incurrido en un delito de difamación por imputaciones constitutivas de injurias, delito por el cual no se le condenó. Efectivamente, al hacer el proceso de subsunción, esto es, el análisis jurídico para encuadrar la conducta estimada como probada en a una norma penal de carácter sustantivo, nos damos cuenta, y así lo comprobará la honorable sala, que aparecen descritas en aquel factum los elementos del delito por el cual se ha acusado a la imputada antes referenciada. Para comprobar lo anterior, empezaremos con transcribir aquí la declaración de hechos probados del tribunal sentenciador. Primero: el 17 de abril del año 2015, por medio del comité de familiares y detenidos desaparecidos en Honduras (cofadeh), la querellada, denuncia la desaparición forzada de su esposo Donatilo Jiménez Euceda. Segundo: en fecha 16 de abril del año 2015, la señora Sonia Elizabeth Martínez: presenta ante la honorable corte suprema de justicia, garantía de habeas corpus, a favor de Donatilo Jiménez Euceda. Tercero: en fecha 8 de junio del año 2015, mediante el subprocurador general de la república y agente del estado de Honduras, ante cdh, envía comunicación a la comisión interamericana de derechos humanos, sobre el caso de Donatilo Jiménez Euceda; hechos que el juzgador considera probados de la parte querellada, así mismo los hechos probados de la parte querellante que en la sentencia aparecen como: valoración probatoria, que el juzgador hizo el análisis individual y en conjunto de los medios de prueba practicados en el debate, mediante el resumen copiado textualmente de las declaraciones que brindan los testigos de cargo Idalmi Aracely Costa Cerna, Evangelina Trejo Sosa y Juan Carlo Donaire Espinoza, tal como aparece en la sentencia que se encuentra en el expediente demerito, en el cual quedaron acreditados los hechos realizados por la querellada en fecha 28 de abril del año 2015 en la biblioteca del CURLA, donde mediante gritos y reclamos la querellada, acompañada de Jakeline Jiménez, acusaban como autores intelectuales de la desaparición del señor Donatilo Jiménez Euceda a los señores Gioconda Isabel Lee Tuñón y Manuel de Jesús Antúnez. Así mismo pidiendo la destitución de sus cargos. Pues bien, partiremos de la descripción del delito de difamación, previsto y sancionado por el artículo 160 del penal, según el cual, se incurre en difamación, y se impondrá al culpable la pena de la calumnia o de la injuria, según proceda, aumentada en un tercio (1/3), cuando las imputaciones constitutivas de injuria o calumnia se hicieren en forma o por medios de divulgación que puedan concitar en contra del ofendido el odio o el desprecio público. Se incurre en dicha conducta cuando se calumnia o se injuria a otra persona, pero haciéndolo en forma o por medios que puedan concitar en contra del ofendido el odio o el desprecio público. La difamación, entonces, tal como está prevista en el código penal es una entidad delictiva distinta a la calumnia y la injuria, pero no autónoma, pues requiere de la existencia de cualquiera de las anteriores para su existencia. En ese orden de ideas, la difamación no es más que una figura agravada de la calumnia y la injuria, por la publicidad que de las mismas se haga. Por lo anterior es menester examinar que es la injuria como entidad delictiva, y que requiere para su completa configuración legal. De acuerdo al artículo 157 del código penal, artículo 157. Será penado por injuria, con reclusión de uno (1) a dos años, quien profiera expresión o ejecute acción en deshonra, descrédito o menosprecio de otra persona. No cabe duda que el delito de injuria es una infracción penal de mera actividad, pues basta con que el actor profiera aquellas expresiones deshonrosas contra una persona determinada, que atenta contra el honor de las personas. Es el caso honorable tribunal, que para la determinación del delito de difamación resulta necesaria la constatación de una acción calumniosa o injuriosa. Por esta razón, es prudente y lógico que los tribunales de justicia penal, al momento de calificar jurídicamente los hechos que han considerado probados tengan que realizar un análisis jurídico de los tipos penales de calumnia e injuria, según sea el caso, y es aquí donde el juzgador puede, como ocurre en este caso, interpretar mal la ley penal sustantiva. Pues bien, es partir del segundo fundamento jurídico de la sentencia impugnada que el tribunal pretende analizar el tipo penal de injurias, sosteniendo aquí, después de transcribir en la motivación jurídico primero, de manera íntegra, el precepto contenido en el artículo 157; que el tipo penal precisa para su configuración legal de dos elementos, a saber: un elemento o requisito objetivo, consistente en la acción de “proferir expresión o ejecutar acción” en deshonra descrédito o menosprecio de una persona. Dice también que se requiere de un elemento subjetivo, es decir, un ánimo de injuriar. Agrega el tribunal en el mismo fundamento jurídico de la sentencia que se impugna, que el otro requisito es el elemento subjetivo del injusto está determinado por el dolo, es decir, el conocimiento de la acción criminal y la voluntariedad de su realización. Honorable sala de casación, a partir del segundo fundamento jurídico del fallo impugnado, es donde el tribunal de sentencia analiza los hechos declarados probados respecto a las normas que se consideran infringidas y las personas acusadas. Reconoce el tribunal de sentencia que el elemento o requisito objetivo, en este caso lo sería, las expresiones que se dijo habían sido proferidas por la querellada la señora Sonia Elizabeth Martínez en el programa televisivo nocturno “el maza” y en el periódico “diario tiempo”, en las fechas del 28 y 29 de abril del año 2018 respectivamente. En sus argumentos del tribunal, no quedó absolutamente acreditado con la prueba de cargo aportada en juicio que la querellada, según el tribunal, haya proferido expresión alguna de tal índole contra los ofendidos, por lo que termina diciendo que no se cumple, en relación a esta señora, el elemento objetivo. Pues bien, en el mismo fundamento jurídico segundo de la sentencia, el tribunal se expone en su erróneo razonamiento, cuando sostiene que si bien ejecutó algunas expresiones que se dejan expuestas en los hechos probados el sentenciador manifiesta que la conducta de la querellada en este caso no se adecua a ninguna de las circunstancias prescritas por las disposiciones referidas en el art. 32, 33, del código penal, por lo que no se le puede atribuir responsabilidad alguna, porque no se recibió, supuestamente, prueba de que la querellada, pronuncio palabra en descredito o deshonra de los querellantes o les haya imputado un delito de los que dan lugar a procedimiento de oficio, como lo señala la acusación, manifestando que los testigos entran con contradicción, los que les resta credibilidad, así mismo, el juzgado manifiesta que se acreditó que las denuncias en contra de la querellante, se encuentran aún en trámite, situación que no es cierto, porque no existen tales denuncias, ni fueron llevadas a juicio ni se mencionaron, por lo que suponemos que solamente se encuentran en la mente del juzgador. Estimando que no basta que se exprese algo, o se ejecute determinada acción, que en cierto momento sea visto como injurioso, sino que es absolutamente necesario que el autor lo haga, con pleno conocimiento de que lo que está haciendo es ejecutando lo injusto y además debe querer causar un daño, es decir, querer injuriar a otro, es decir debe cumplir también con el otro requisito que es el requisito elemento subjetivo del injusto determinado en este caso específico con un animus injuriandi. Razona el tribunal de manera errónea, que en el caso concreto no se logró establecer la existencia de este elemento subjetivo, pues en el caso de la señora Sonia Elizabeth Martínez, lo dicho por ésta, en el periódico no es creación suya, sino que de la persona que transmitió la noticia obtenida con la información que tuvo que haber sido proporcionada por la entrevistada, quien con la intención de querer injuriar a los querellantes de la desaparición de Donatilo Jiménez Euceda realiza declaraciones ante los medios de comunicación, sobre hechos específicos que se relacionan con el objeto del proceso. En cuanto que, no se cumple con los elementos objetivos ni subjetivos del tipo de injurias. Estoy plenamente convencida, y así lo estará el tribunal supremo de justicia cuando analice este recurso, que las expresiones vertidas por la querellada, se enmarcan en el tipo penal de injurias, tal como ha quedado dicho, y que las mismas, por la forma en que fueron propagadas, constituyen un delito de difamación del artículo 160 del código penal, por lo que me permito hacer el análisis del artículo 157 que se considera infringido por el tribunal se sentencia. En cuanto al análisis realizado respecto al delito de injurias que debe preceder para que el delito de difamación cobre vida, debo decir que el mismo como dice el tribunal de sentencia requiere de un aspecto objetivo, es decir, de una acción, que en este caso es la de “proferir expresión o ejecutar acción” en deshonra, descrédito o menosprecio de otra persona. Sin lugar a dudas, las expresiones vertidas por la querellada afectan la honra y la reputación de los señores Gioconda Isabel Lee Tuñón y Manuel de Jesús Antúnez, los desacreditan y hacen que la fama y valía que ellos proyectaban hacia las demás personas se vea menoscabada o limitada en demasía. Con las acciones injuriosas se pone en precario el honor de las personas, que es garantizado por la constitución de la república en el artículo 76. El honor es un bien jurídico, a la vez que un derecho fundamental, que el sistema legal está obligado a proteger. Como tal, el honor es un atributo propio de la persona humana, que, como emanación de la dignidad, es proclamado como un valor superior. El honor como atributo de las personas físicas puede verse desde dos dimensiones así: objetivamente es la fama o reputación de una persona, es decir, lo que piensan los demás de otro; y subjetivamente, es la autoestima, o lo que es lo mismo, el valor que la misma persona se atribuya y que espera que los demás miembros del grupo social piensen de ella. Sin lugar a dudas que, cuando la querellada Sonia Elizabeth Martínez expresó el marco de un programa televisivo de amplia audiencia en el territorio nacional: que los señores Gioconda Isabel Lee Tuñón y Manuel de Jesús Antúnez Pavón, como autoridades universitarias (jefe de personal y jefe de vigilancia respectivamente) eran los responsables de la desaparición Donatilo Jiménez Euceda se les estaba lesionado su honor, reputación y fama como profesionales calificados. Se puede concluir con facilidad en ese momento se puso en seria duda, no solamente la capacidad profesional los querellantes, también su honorabilidad, pues se le estaba considerando como personas que capaces de cometer ilícitos. En lo antes dicho se encuentra el requisito subjetivo del injusto, determinado en este caso específico con un “animus injuriandi”. El tribunal de sentencia ha dicho que esta parte del injusto no se encuentra presente en las expresiones vertidas por la querellada, por lo que cabe remitirnos ahora a lo dicho antes, sobre que el carácter injurioso de la acción material ejecutada por la querellada, aparece de manera patente del cuadro fáctico, por el hecho de haber proferido aquellas expresiones en el marco de un programa televisivo, a sabiendas de que este tiene una amplia audiencia a nivel nacional, por ende, de esta manera una inmensa masa poblacional iba a tener conocimiento de los hechos en contra de mis representados. Para descartar el elemento subjetivo del injusto, es decir, la intención dolos o ánimo de injuriar, el tribunal sentenciador sostiene que la querellada hizo un reclamo justo por tener interés familiar, por ser su esposo el desaparecido. Reclamos que la pusieron en el margen de ley. Quedó acreditado con prueba llevada al juicio oral, lo que, a su juicio, descarta el elemento objetivo, así como el subjetivo del injusto. No obstante, lo anterior, el tribunal sentenciador en sus hechos probados no hizo declaración de esas “otras verdades” que neutralizarían o descartarían los elementos del delito. Como podrá observar el honorable tribunal supremo, solamente en los hechos probados por la parte querellada fueron valorados en la sentencia. Aplicación pretendida. Al haberse determinado, de manera palparía el elemento objetivo y subjetivo del delito de injuria, puede hablarse entonces de un delito de difamación, y al no haber sido estimado este ente delictivo por el tribunal imputándoselo a los acusados arriba referenciados, es evidente que el tribunal ha infringido, por interpretación errónea, las normas que contienen las infracciones penales, es decir, los artículos 160 y 157 del código penal, pues de acuerdo a los hechos probados se configura el delito de difamación. Procede en consecuencia, con la estimación de este motivo de casación, que la sala de lo penal declare la existencia del delito de difamación, en consecuencia, condene a la señora Sonia Elizabeth Martínez imponiéndoles las penas que establecidas en el código penal. Segundo motivo. Infracción, por falta de aplicación del artículo 160 y 157 del código penal. Precepto autorizante: el presente motivo de casación se encuentra autorizado por el artículo 360 del código procesal penal. Explicación del motivo: para este recurso de casación debemos partir de la declaración de hechos probados de la sentencia impugnada, la cual respetaremos en lo absoluto, teniéndola como una verdad incuestionable, que solamente para los efectos de la explicación del recurso queda transcrito supra. El precepto penal sustantivo que se invoca como infringido por falta de aplicación dispone lo siguiente: artículo 160. Se incurre en difamación, y se impondrá al culpable la pena de la calumnia o de la injuria, según proceda, aumentada en un tercio (1/3), cuando las imputaciones constitutivas de injuria o calumnia se hicieren en forma o por medios de divulgación que puedan concitar en contra del ofendido el odio o el desprecio público. Estimo que el tribunal de sentencia ha infringido el precepto penal antes relacionado, por falta de aplicación, en vista que en la sentencia impugnada tras analizar de manera errónea el artículo 157 del código penal, como ha quedado además expuesto en el anterior motivo de casación, concluye que resulta irrelevante analizar el tipo penal de difamación, ya que deviene de la existencia de aquel otro delito, es decir, de la injuria. De esta manera, el tribunal de sentencia no aplicó el artículo 160 invocado estando obligado a hacerlo dada la declaración de hechos probados de la sentencia. Analizaré ahora lo que respecta al delito de difamación, previsto en el artículo 160 del código penal, antes transcrito. Para que se pueda incurrir en dicha conducta es necesario que se calumnia o se injuria a otra persona, pero haciéndolo en forma o por medios que puedan concitar en contra del ofendido el odio o el desprecio público. Como ha quedado expuesto en el presente caso, el delito de difamación tal como está prevista en el código penal es una entidad delictiva distinta a la calumnia y la injuria, pero no autónoma, pues requiere de la existencia de cualquiera de las anteriores conductas para su existencia. La difamación no es más que una figura agravada de la calumnia y la injuria, por la publicidad que de las mismas se haga, y ello parece ser cierto. Ya se han reseñado antes, los elementos objetivo y subjetivo de la injuria a la cual está supeditada la difamación como entidad delictiva, se debe entender que aquellos son trasladables a este último delito. Pero la característica básica y fundamental de la difamación la establece el ya citado artículo 160, en cuanto al modo y medios para propagar las imputaciones lesivas al honor de las personas. En efecto, es la manera y el modo de divulgar las imputaciones las que determinan la sobrevalorada infracción. En el presente caso, la querellada, dio a conocer los hechos atribuidos a mis representados, utilizando un medio de comunicación masivo, tal es el caso de la televisión y el periódico, que en las circunstancias actuales tiene la capacidad de llegar a la inmensa mayoría de la población hondureña. Aplicación pretendida. Según el análisis que he realizado anteriormente, sin lugar a dudas ha quedado expresada la manera como deben ser interpretadas las normas en cuestión. Como el tribunal dejó de aplicar el artículo 160 del código penal, al honorable tribunal de casación se pide que, interpretada aquellas normas como lo ha sido, se le de aplicación al caso concreto. Debe considerarse que los hechos declarados probados se adecuan a lo dispuesto en dichas normas, por ende, conforme a la interpretación y aplicación correcta del antes invocado artículo 160, deberá considerarse a Sonia Elizabeth Martínez, coautor del delito de difamación de actos constitutivos de calumnia e injuria en perjuicio del honor de los señores Gioconda Isabel Lee Tuñón y Manuel de Jesús Antúnez Pavón. Fundamentos de derecho. Me fundo en los artículos 82 y 90, párrafo primero de la constitución de la republica artículo, 359, 360, 363 y 364 del código procesal penal, petición a vos, honorable tribunal de sentencia, respetuosamente pido: admitir el presente recurso de casación por quebrantamiento de fondo y de ser, este, denegado, subsidiariamente se interpone, darle el trámite que corresponda, conceder a la parte recurrida a efecto de que puede pronunciarse sobre el contenido del mismo y consecuentemente remitir las actuaciones a la honorable corte suprema de justicia después de haber emplazado a las partes para que se personen ante ese tribunal, dentro del quinto día hábil siguiente a la notificación respectiva y en definitiva darle el curso legal correspondiente a los presentes recursos a su conocimiento y decisión por ley, corresponde a la corte suprema de justicia. Recurso De Casación Por Quebrantamiento De Forma Motivo único no haber observado, el sentenciador, en la valoración de la prueba, las reglas de la sana critica. Precepto autorizante: el presente motivo de casación se encuentra comprendido en la parte final del numeral 3 del art. 62 y 360 del código procesal penal. Explicación del motivo: el tribunal comprendió la calidad de su fallo en la valoración de la prueba que le fue llevada a juicio, puesto que llegó a un convencimiento al margen de las reglas de la sana critica. En ese sentido, el sistema de valoración de prueba del sistema procesal penal, le permite al juzgador una cierta libertad en la estimación de pruebas que lo lleven a su convencimiento, pero siempre, su razonamiento debe estar constituido por las deducciones obtenidas a partir de la prueba, así como de los principios de la psicología y el sentido común. Voluntad del legislador determinada en las normas adjetivas según lo señala el artículo 202, y numeral 2 de la regla cuarta, del artículo 338 del código procesal penal. En el presente caso, con la finalidad de acreditar los hechos, se desarrollaron como prueba testimonial, las declaración de los testigos de cargo: Idalmi Araceli Acosta, Evangelina Trejo y Juan Carlo Donaire, quienes, al momento de rendir su deposición en la audiencia de juicio, manifestaron que: efectivamente la querellada, la señora Sonia Elizabeth Martínez, portando una pancarta, entró a la biblioteca del CURLA, en fecha 28 de abril del 2015, pidiendo la destitución de los señores Gioconda Isabel Lee Tuñón como jefe de personal y Manuel de Jesús Antúnez Pavón como jefe de vigilancia del centro universitario regional del litoral atlántico, pidiendo a gritos ante todo el personal administrativos, de campo, de mantenimiento y docentes que se encontraban en el recinto universitario y los señalaron como responsables por la desaparición del señor Donatilo Jiménez Euceda, provocando inmediatamente el desprecio y descredito de los que se encontraban en ese mismo lugar. Así mismo la testigo declaró la testigo Idalmi Araceli Acosta que efectivamente, la querellada, entró en esa echa a la biblioteca portando una pancarta, donde no se leía claramente lo que estaba escrito, pero si escuchó y se escuchaban las frases y gritos de reclamo que se le hacían a las autoridades, pidiendo la destitución de los señores Gioconda Isabel Lee Tuñón y Manuel de Jesús Antúnez Pavón. De la misma forma, la testigo Evangelina Trejo, manifestó que la señora Sonia Elizabeth Martínez, llegó con un cartel pidiendo el esclarecimiento de la desaparición del señor Donatilo Jiménez Euceda, el día 28 de abril del 2015, frente a los medios de comunicación televisivos, radiales y escritos, nacionales e internacionales así mismo declaró, que la señora en cuestión se identificó ella misma, como la esposa del señor Donatilo Jiménez Euceda mientras daba declaraciones a los medios de comunicación. En cuanto a la declaración del testigo Juan Carlo Donaire, quien manifestó que él también estuvo presente en la reunión y que efectivamente vio en la biblioteca de la universidad el 28 de abril del año 2015 a la querellada, Sonia Elizabeth Martínez, portando una pancarta, entrando junto a Jakeline Jiménez, haciendo escándalo, reclamando y gritando que los autores intelectuales de la desaparición del señor Donatilo Jiménez Euceda eran los señores Gioconda Isabel Lee Tuñón y Manuel de Jesús Antúnez Pavón, por lo que quería la destitución de ambos estando los medios de comunicación presentes en el lugar antes mencionado, como ser la ceiba canal 45 y telecieba internacional, y otros que no recuerda y es a raíz de esa acción, suscitada en la biblioteca, es que se toma la decisión de querellarla. Al hacer la valoración de la prueba, el sentenciador, estimó que los relatos de los testigos no eran confiables, pues a su criterio los testigos no mencionan que Sonia pronuncio palabras que vayan en contra de la dignidad y el honor de los querellantes cuando declararon que las vieron y escucharon proferir en sus declaraciones los delitos que se les imputa, acciones contrarias a lo establecido en el art. 155, 157, 160 del código penal y el art. 360 del código procesal penal. En relación a la publicación del periódico, “diario tiempo” de san pedro sula, de fecha 29 de abril del 2015, en la página no- 80. El sentenciador consideró que dicho “documento” es inútil por sí solo, indicando que, la prueba practicada en el juicio ha resultado insuficiente para acreditar alguna participación de la querellada en el delito por la cual fue llevada a juicio. Por lo que se considera que ese medio de prueba es útil y vinculante con el objeto del proceso, porque efectivamente se comprobó con dicha prueba documental que la señora Sonia Elizabeth Martínez, estuvo presente en la biblioteca y dio declaraciones a los periódicos, acusando a las autoridades del CURLA de mostrar desinterés en las investigaciones y que estrían confabuladas con algunos trabajadores en el desaparecimiento del señor Donatilo Jiménez Euceda, así mismo acusando a los querellantes de estar promoviendo las desapariciones y haciendo que regrese la década de los 8œs cuando desaparecían a la gente. Así se reseña en el periódico previamente mencionado. En virtud de lo anterior, debo señalar que las apreciaciones hechas por el juzgador, las consideramos como una infracción a la regla de la lógica de la derivación, integrado por el principio de razón suficiente, en su característica de suficiencia, el cual como sabemos, debe estar constituido por inferencias que se desprenden de pruebas allegadas al debate en legal y debida forma, así, como de conclusiones razonables, deducidas de las pruebas y la sucesión de estas que se vallan determinando, principio que se encuentra vulnerado al establecer, el juzgador, como conclusión derivada de las pruebas portadas en el juicio, mismas que se relacionan directamente entre sí. La no de la querellada Sonia Elizabeth Martínez en el delito de difamación de actos constitutivos de calumnias e injurias por los cuales fue querellada, tampoco pudo ser demostrada, pues le corresponde a la querellada, probar efectivamente que los querellantes son los responsables de la desaparición del señor Donatilo Jiménez Euceda, y que, hasta la fecha, no lo han podido demostrar. Esto, por estimar que la probanza allegada no le crea al juzgador la certeza, de que la querellada no participó en la comisión de los hechos juzgados. Si se hace una valoración conjunta de los medios probatorios allegados al proceso, concluimos que los mismos se complementan en su conjunto, prueba que, aunque no es abundante, si es suficiente para sostener la pretensión acusatoria, pues de ella se desprende lo siguiente: *los relatos de los testigos fueron coherentes y verosímiles, detallan además una conducta atribuible a la querellada, perfectamente subsumibles en cada uno de los elementos objetivos y subjetivos de la norma sustantiva, art. 366. Y contrario a lo que dejó plasmado el juzgador, en la sentencia cuestionada, los relatos sí tienen corroboraciones objetivas, tanto entre sí mismas, como en la esencia de los hechos relatados, en las circunstancias que acontecieron y con el resto de la probanza ofertada, como ser, el haberse acreditado en juicio, mediante prueba documental y evidencia física la existencia de una publicación en el periódico diario tiempo de fecha veintinueve de abril del año dos mil quince donde aparece la querellada quien se encontraba en la biblioteca del CURLA lo que viene a reforzar lo dicho por los testigos de cargo de la publicación en el periódico. *los testigos de cargo han comparecido a rendir su deposición de forma espontánea, es decir, que sus testimonios están carentes de incredibilidad subjetiva, puesto que no se aprecia que tengan un interés o un móvil para mentir, solo relatan hechos que fueron directamente percibidos por sus sentidos y conocidos en razón de sus funciones. Existe además persistencia en sus dichos, en todo el proceso, hasta la audiencia de juicio. Esto, junto a su calidad de verosímiles; los vuelven testimonios confiables y prueba suficiente para comprobar hipótesis acusatoria que señala a Sonia Elizabeth Martínez como responsable del delito de difamación de actos constitutivos de calumnia e injurias del que se le ha venido atribuyendo. *el tribunal de sentencia arriba a la conclusión de que, los señores, a rendir su declaración no tienen credibilidad. En ese orden de ideas, la operación intelectual realizada por el tribunal, está alejada de la correcta apreciación del resultado de estas pruebas. Ya que transgreden la regla de la lógica en el principio de derivación en el apartado de razón suficiente y su característica de concordancia. Al arribar, el tribunal a un convencimiento alejado de inferencias razonables que los sustenten, puesto que el mismo no fue el resultado de la prueba de cargo. *al respecto, muy por el contrario, a lo afirmado por el tribunal sentenciador, en el apartado: valoración de la prueba de sentencia recurrida, los testimonios de los testigos de cargo, no resultan indicativos de realización de un mal procedimiento en contravención a la norma adjetiva 175; en ese orden de ideas: la prueba practicada en el debate, señala claramente la participación de la querellada en los delitos que se le imputan. Porque los 3 testigos, tal como lo hace en su valoración, el juzgador, coinciden en sus deposiciones respecto a la fecha, hora, y lugar, donde observaron a la querellada. Coincidiendo en lo que efectuó la querellada, en compañía de Jakeline Jiménez, fue exigir mediante el uso de pancartas y de viva voz que se esclareciera la desaparición de Donatilo Jiménez Euceda, pero también es cierto que gritaba y acusaban a los querellantes, de ser los autores intelectuales de dicha desaparición, vulnerando de esta manera el honor de los querellantes.*la prueba analizada y valorada en su conjunto nos establece por probado los siguientes aspectos: a) en fecha 28 de abril del año dos mil quince la querellada: Sonia Elizabeth Martínez estuvo presente en biblioteca del CURLA b) la anterior acción también la estaba presenciando los testigos Idalmy Araceli Acosta, Evangelina Trejo y Juan Carlo Donaire c) a raíz de esa acción se procede a la acusación de la querellada. *la prueba antes descrita nos conduce a tener por acreditada sin lugar a dudas la existencia del ilícito, así como la participación de la querellada Sonia Elizabeth Martínez, como coautora del hecho tipificado como delito de difamación por actos constitutivos de calumnia e injurias. En este orden de resultados obtenidos de la prueba evacuada en el proceso, la parte querellante, no logra extraer la razón por la cual el sentenciador dejo de valorar el contenido de la misma, ya que el testimonio es congruente, preciso y claro, la prueba fue legalmente incorporada, y al ser analizada de manera conjunto y armónica, conduce toda ella a la inexorable conclusión de que la querellada si perpetró el hecho delictivo por el cual fue enjuiciada; por ende, por el proceso intelectivo de valoración del material probatorio de cargo, se vulneró como antes se expuso, las reglas de la sana critica, que debió observar el juzgador al momento de valorar la prueba antes señalada, infringiendo el postulado de la derivación integrado por el principio de razón suficiente, en su característica de suficiencia. Por lo anteriormente expuesto, solicito se declare procedente el presente motivo anulando el fallo recurrido y ordenando la devolución de los antecedentes al respectivo tribunal de sentencia, para que el trámite de que se trate, sea substanciado de conformidad con la ley por haberse producido el vicio in procediendo en el presente motivo en el acto mismo de sentenciar. No ha podido efectuarse reclamación alguna para la sustanciación del mismo. Del Sistema de Impugnación Penal Recurso es la actuación procesal mediante la cual, la parte a la que una resolución judicial impugnable causa agravios, provoca que el mismo u otro tribunal previamente asignado, revise lo actuado, a fin de enmendar o confirmar lo recurrido, pudiendo quedar en suspenso o no, lo ordenado mientras esto ocurre. El artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que toda “persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior, conforme a lo prescrito por la ley”.- Se concluye a partir de lo anterior, que los recursos son interpuestos en contra de la parte dispositiva o resolutiva y no contra la fundamentación jurídica, ya que solo la parte dispositiva causa un agravio efectivo, lo que no impide atacar la motivación o fundamentación jurídica como medio de controlar la parte dispositiva, todo ello a instancia de parte. Los recursos abren un paréntesis dentro del curso procedimental; paréntesis ciertamente regido por reglas particulares, sin perjuicio de que en ciertos casos ese procedimiento pueda continuar, a reserva de los efectos que pueda producir sobre la decisión de la impugnación recursiva. En la legislación hondureña, el derecho a que una resolución judicial sea examinada por dos órganos jurisdiccionales distintos y jerárquicamente dispuestos en el organigrama judicial es recogido por el artículo 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, esto en relación con el artículo 310 de la Constitución Política, referente a la garantía de doble instancia. En particular, el Código Procesal Penal (CPP) realiza un tratamiento unitario y sistemático del sistema de recursos, dedicando el Libro Tercero para ello, bajo el epígrafe “De los Recursos”, clasificándolos en: 1) Recurso de reposición; 2) Recurso de apelación; 3) Recurso de Casación; 4)- Recurso de hecho o de queja. Son características de los recursos: Recurso abierto, cuando la ley procesal no establece un abanico de resoluciones impugnables y cerrado cuando así lo hace. En el sistema penal hondureño, los recursos de apelación y casación son cerrados, dado que la ley procesal señala taxativamente las resoluciones susceptibles a estos recursos, siendo el recurso de reposición el único de carácter abierto o libre, pudiendo ser interpuesto en contra de cualquier resolución judicial, salvo las sentencias definitivas. Recursos ordinarios y extraordinarios: Los primeros, cuando pueden fundamentarse en cualquier motivo de impugnación y los segundos, cuando la ley fija supuestos de impugnación. El CPP establece como recurso ordinario el de reposición, apelación y casación por infracción de precepto constitucional, siendo el recurso extraordinario el de casación por infracción de ley, infracción de doctrina legal y quebrantamiento de la forma procesal. Devolutivos y No Devolutivos: Atendiendo a si el conocimiento del recurso corresponde al mismo órgano que dictó o no la resolución impugnada, se distingue los recursos devolutivos, cuando el recurso ha de ser conocido por un órgano distinto al que emitió la resolución atacada por el recurso y los no devolutivos cuando el recurso es conocido por el mismo órgano judicial que profirió la resolución. En el CPP regla como recurso no devolutivo el de reposición y recursos devolutivos el de apelación y casación. Los recursos, por el efecto pueden ser devolutivos, suspensivos, extensivo y restrictivo. - Por efectos de la apelación debe entenderse los resultados que se producen en cuanto a la competencia del juez que dictó la resolución impugnada: i.- Devolutivo, como ya se dijo, responde a que el recurso interpuesto debe ser conocido y resuelto por otro tribunal previamente establecido; ii.- Suspensivo, determina la imposibilidad de ejecutar la resolución judicial recurrida mientras se sustancie el recurso, suspendiendo la competencia del tribunal sobre lo resuelto, mientras no haya un pronunciamiento sobre la impugnación, siendo este efecto -la excepción- en el sistema de impugnación hondureño, pues la regla general es el efecto no suspensivo, es decir que el recurso no paraliza la ejecución de la resolución impugnada. Es una de esas excepciones: los recursos interpuestos en contra de una resolución definitiva; iii.- Extensivo, ocasiona que la resolución favorable de un recurso interpuesto por uno de los procesados favorece a los demás, aun cuando aquellos no hayan promovido la impugnación, siempre que se encuentren en iguales circunstancias; se justifica por la necesidad de evitar resoluciones contradictorias, máxime si se trata de un mismo caso, dado el principio de Igualdad. (Art. 349 CPP); iv.- Restrictivo, el cual establece que la resolución desfavorable en un recurso interpuesto por el ente acusador en contra de uno de los procesados, no se extiende a los demás, aun cuando se encuentren en iguales circunstancias. En el sistema procesal hondureño, se regula expresamente el efecto suspensivo y extensivo, debiendo derivarse -por efecto negativo- lo referente al efecto devolutivo y restrictivo. En conclusión, los recursos se interponen en contra de una resolución que aún no goza de inmutabilidad (firme y con efecto de cosa juzgada), de manera que el proceso continúa en un estadio diferente, bajo la mismas reglas de acción que motivaron su inicio; su esencia responde en definitiva a tres pilares: que se trate de una resolución no firme, cuya protesta (impugnación) pueda ser presentada por una o todas las partes procesales y la revisión de la resolución recurrida con la oportunidad de proceder a su anulación o modificación. De la Debida Técnica Recursiva de Casación El Código Procesal Penal prevé que en contra de las resoluciones definitivas dictadas por los tribunales de sentencia procede interponer recurso de casación, cuyo objeto por una parte es velar por el respeto del Principio de Legalidad, con la correcta aplicación de normas constitucionales, normas penales sustantivas y normas procesales y, por otra parte, la unificación de los criterios legales en el sistema jurisdiccional del Estado mediante la definición de la Doctrina Legal. Importante es recordar que conforme a las normas del Código Procesal Penal se ha eliminado lo que antes era la fase de admisión del recurso, que consistía en un examen preliminar que se hacía de éste a efecto de resolver si era admitido o no para su estudio de fondo; tal cambio obedece al cumplimiento del artículo 25.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, que establece que: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales…”. Para lo cual los Estados parte se han comprometido: “a) A garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) A desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y c) A garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.”. Ahora bien, tal disposición convencional no exime al recurrente de cumplir con requisitos legales establecidos, en aras de que el Tribunal de Casación pueda dar una respuesta pertinente, propia y útil al conflicto jurídico que se plantea, siendo éstos: a. Legitimidad Objetiva: Existencia de un derecho impugnatorio, para lo cual se requerirá que la ley procesal determine que la resolución puede ser impugnada vía recurso de casación. b. Legitimidad Subjetiva: Que el recurrente esté legitimado a impugnar la resolución por causarle agravio lo resuelto por el revés (total o parcial) al interés jurídico en conflicto como consecuencia de una infracción a la ley; y c. Satisfacción de Requisitos de Interposición: El recurrente debe observar los requisitos de lugar, tiempo, modo y forma de interponer el recurso, pues éste sigue siendo un acto procesal sujeto a la observancia del debido proceso y respeto a los derechos fundamentales de todas las partes contendoras. De la Rúa (Fernando de la Rúa, en La Casación Penal, Editorial Depalma, Buenos Aires, Argentina, 1994, pág. 217), explica que el recurso de casación es un acto procesal complejo, integrado por dos elementos esenciales: i) La expresión de la voluntad de impugnar; y ii) La fundamentación de la impugnación; añade el autor que ambos elementos deben confluir al mismo acto y en el mismo momento, el cual es en la presentación del escrito de interposición. Una vez presentado el Recurso de Casación, corresponde al Tribunal de Sentencia hacer estudio sobre la existencia de la legitimidad objetiva y subjetiva, además de la observancia de las condiciones de lugar, tiempo y modo, restando solo a la Sala de lo Penal revisar la satisfacción del requisito de forma de interposición, mismo que se realiza al tiempo en que se resuelve el recurso, siendo éste el aspecto que analizaremos con detenimiento en el presente caso. El recurso de casación es la manifestación expresa de una de las partes de no encontrarse conforme con lo resuelto por el Tribunal de Sentencia por contener un vicio (de fondo o de forma), que debe ser corregido, siendo ésta su pretensión; el recurrente debe necesariamente individualizar la resolución que contiene el o los vicios, su deseo de impugnarla mediante el recurso de casación y el tipo de recurso que se interpone. Además, el recurso de casación debe estar debidamente motivado con la identificación, explicación y demostración del vicio: 1. Identificación del Vicio/Motivo/Recurso: Al momento de la interposición de un recurso de Casación, el recurrente deberá señalar en primer término el tipo de recurso de casación, seguidamente el motivo en que lo fundamentó en los casos de Infracción de Ley y Quebrantamiento de Forma (el recurso por Infracción de Precepto Constitucional es ordinario) y luego el vicio que denuncia. Ante una resolución definitiva emitida por el Tribunal de Sentencia, la recurrente deberá identificar si existe vicio que justifique la impugnación de aquello resuelto que le causa agravio; el vicio es el defecto de ley concreto y material que contiene la resolución y cuya corrección es la que persigue mediante el recurso; hecho esto la recurrente deberá encuadrar el vicio en uno de los motivos previstos en la ley como aquellos autorizados para presentar impugnación. Los motivos son enunciados abstractos de posibles vicios que puede contener la resolución, previsto por la ley procesal, operando éstos bajo el sistema de Numerus Clausus, por tanto no es posible alegar vicios cuyos motivos no estén taxativamente señalados, salvo en el caso del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, en cual opera bajo el sistema de Numerus Apertus, siempre que se alegue un vicio relacionado material o formalmente con la decisión adoptada por el A-quo; la identificación del motivo de casación lleva al recurrente a derivar el tipo de recurso de casación a interponer. La ley procesal prevé tres tipos de recursos de casación: i) Recurso de Casación por Infracción de Ley, cuyo objeto es la denuncia de vicios In Iudicando; ii) Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, mediante el cual se denuncias vicios In Procedendo; y iii) Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, mediante el cual se pueden denunciar vicios In Iudicando o In Procedendo, contenidos en las normas fundamentales.El proceso de identificación se cumple cuando la recurrente señala: i) El tipo de Recurso de Casación; ii) La norma autorizante del recurso que identifica el motivo mediante el cual se denunciará el vicio; el motivo debe ser de aquellos previstos a ser planteados por el tipo de recurso elegido; iii) Norma o doctrina legal infringida, cuya indebida aplicación o inobservancia provoca la existencia del motivo; iv) Concepto de la Infracción, que es el enunciado sobre el vicio concreto observado, que debe ser consecuente con el motivo elegido; y v) Aplicación pretendida: es la aplicación o interpretación que se pretende de la norma o doctrina legal infringida o mal aplicada. 2. Explicación del Vicio: Es ineludible para la recurrente su deber de explicar en qué consiste el vicio que produce la resolución que se impugna, y como éste se subsume en uno de los motivos previstos en la ley. La explicación debe ser clara y precisa: la claridad radica en la exposición del vicio de manera individualizada y separada, descomponiendo sistemáticamente todas sus aristas hasta desentrañar sus aspectos más básicos; la Precisión implica la no mutación del alegato a aspectos ajenos al vicio que se ha identificado. La ley procesal exige en el artículo 363 del Código Procesal Penal que cada motivo debe ser planteado de manera separada, ello se justifica por la necesidad de individualizar de manera concreta y precisa cada agravio, por lo que su inobservancia mella en la efectividad del recurso. Recordemos que el artículo 350 del Código Procesal Penal prohíbe al órgano jurisdiccional que resuelve un recurso, pronunciarse sobre aspectos distintos a los que se hayan planteado dentro de la impugnación y para ello entonces, se requiere que dicha impugnación sea clara en cuanto al vicio, pues la falta de claridad pone en riesgo al Tribunal de Casación de hacer pronunciamiento de algo distinto de lo que realmente se está impugnando, siendo entonces lo consecuente declarar sin lugar el motivo, cuando la falta de claridad sea absoluta. 3. Demostración del Vicio: La recurrente, aun cuando haya identificado el vicio, explicado en que consiste el mismo, no verá prosperar el recurso si no demuestra su existencia; ello solo se puede hacer cuando se hace la debida confrontación entre el aspecto contenido en la sentencia o resolución impugnada y la norma o doctrina legal que revela la contrariedad y la explicación de la aplicación que debió hacerse de dicha norma y que es la pretensión que se persigue con el recurso, es decir cómo considera la recurrente que debió haber sido aplicada la norma o por qué no debió haber sido aplicada. El vicio debe ser relevante, debe superar los aspectos meramente formales pasando a ser un aspecto material que interfiere en la legalidad de la resolución y que justifica la impugnación. Esta Sala de lo Penal es del criterio que los defectos de la forma que adolezca un recurso de Casación deberán ser estudiados siempre teniendo en consideración el Principio de Tutela Judicial contenido en el artículo 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos y que permiten, a quien pretende hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba, obtener una resolución fundada en Derecho que verse sobre las pretensiones planteadas en juicio y que sea ejecutada. Por ello a dicho Principio interesa lo referente a: a. Derecho de acceso a la Justicia; b. Derecho a una resolución fundada en derecho; c. Derecho de acceso a los recursos, no solo por previsión legal de los mismos, sino de obtener una respuesta ante su interposición; d. Derecho a la Tutela Cautelar; y e. Derecho a la ejecución. Los Recursos son instrumentos para la obtención de una Tutela Judicial Efectiva, garantía de rango constitucional: Indica el artículo 82 de la Constitución de la República que “… los habitantes de la república tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes.”, agregando el artículo 314 Superior que “… es facultad privativa de los Tribunales de Justicia, juzgar y ejecutar lo juzgado…”. Por todo lo anterior, mediante doctrina legal de esta Sala de lo Penal, se ha establecido que aun cuando en el planteamiento de un Recurso de Casación se presentasen errores de forma (cita de precepto autorizante, norma infringida, concepto de la infracción de manera individualizada y diferenciada, aplicación pretendida) o incluso en algunos casos, errores en la exposición de conceptos jurídicos, ello no podría significar el rechazo Ad Portas del conocimiento del recurso, siempre que aun a pesar del desacierto pueda entreverse cuál es el concepto de la infracción, dando respuesta en la medida y extensión de la coherencia, claridad y precisión de los argumentos recursivos con la naturaleza del recurso planteado; el único caso en donde el Tribunal de Casación no podría dar respuesta a un recurso sería cuando éste fuese presentado en grado tan confuso que no sea posible, aun con un gran esfuerzo, deducir cual es el sentido del reclamo que realiza la recurrente, pues ello podría acarrear violación del artículo 350 del Código Procesal Penal, tal y como se ha explicado Ut Supra. (Así establecido en las Sentencias de Sala de lo Penal del 29 de abril de 2014 en Exp. 348-2011; del 27 de mayo 2014 en Exp. 057-2012; del 04 de febrero de 2014 en el Exp. 439-2011; del 23 de octubre de 2013 en Exp. 172-2011; del 17 de septiembre de 2013 en Exp. 228-2011, entre otras.). Fundamentación Jurídica Recurso de Casación por Infracción de Ley Establece el artículo 360 del Código Procesal Penal que “Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba de ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo…” (Lo resaltado es nuestro). De esta norma se puede determinar la configuración del recurso de casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal: 1. Respeto Irrestricto a los Hechos Probados: Los hechos probados es el relato cronológico de un acontecimiento histórico anterior al proceso penal y que es objeto de debate, fijados por el Tribunal de Sentencia en base a lo que se ha probado en juicio, derivado de la valoración de los medios de prueba cuya reproducción el Juzgador pudo apreciar de manera directa, colocándolo en una posición exclusiva de valoración. Por ello, tratándose de recurso por infracción de ley o de doctrina legal, se debe de guardar absoluto respeto a los hechos que se declaren probados en la sentencia, trasladando el control judicial al ámbito de la juridicidad, así señalado en el artículo 369 del Código de Rito, en su tercer párrafo cuando prohíbe al Tribunal de Casación la modificación de los hechos probados, conocido como Principio de Intangibilidad de los Hechos Probados; 2. Falta de Correspondencia entre los hechos Probados y el fallo por infracción de precepto sustantivo o de Principio fijado por la Doctrina Legal, a consecuencia de: a. Inobservancia de la norma sustantiva o Doctrina Legal que corresponde al caso; b. Errónea aplicación de una norma sustantiva o de Doctrina Legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis; c. Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del Principio fijado en la Doctrina Legal; d. Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal; y e. Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal. Es importante anotar que debe de entenderse como norma sustantiva a toda aquella de defina tipos penales o que le sean llamadas para conformar una conducta delictiva, aun cuando no tengan la categoría de una norma penal (Como es el caso de las normas extrapenales de remisión por una norma penal en blanco), quedando excluidas entonces normas con contenido procesal. En conclusión a través del recurso de casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia; De allí que a la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia o de la Doctrina Legal que sobre el tema jurídico se haya sentado; Su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia; En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados). Motivos del Censor A.- Primer Motivo Norma Autorizante: 360 del Código Procesal Penal; Normas que se denuncian infringidas: Artículo 160 en relación con el 157 del Código Penal 144-83; Motivo: Interpretación Errónea; Pretensión: Se imponga a la acusada Sonia Elizabeth Martínez las penas por los delitos de injurias difamatorias y calumnias difamatorias. Señala el Censor que la declaración de los hechos probados que contiene el fallo impugnado es posible concluir que la señora Sonia Elizabeth Martínez, ha incurrido en un delito de difamación por imputaciones constitutivas de injuria, delito por el cual no se le condeno. Explica que en la valoración probatoria se cuenta con las declaraciones de los testigos Idalmi Aracely Costa Cerna, Evangelina Trejo Sosa y Juan Carlo Donaire Espinoza, con los que quedo acreditado que la Señora Sonia Elizabeth Martínez, el 28 de abril de 2015 ingreso a la biblioteca del CURLA donde mediante gritos y reclamos, acusó como autores intelectuales de la desaparición del Señor Donatilo Jiménez Euceda, a los señores Gioconda Isabel Lee Tuñón y Manuel de Jesús Antúnez. El Censor señala que el tribunal razono erróneamente que en el caso concreto no se logró establecer la existencia de los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal; que la parte acusadora esta “completamente convencida […] que las expresiones vertidas por la querellada se enmarcan en el tipo penal de injurias”. Que las expresiones vertidas por la querellada afectan la honra y la reputación de los Señores Gioconda Isabel Lee Tuñón y Manuel de Jesús Antúnez. Agrega que el carácter injurioso de la acción material ejecutada por la querellada aparece de manera patente del cuadro factico, por el hecho de haber proferido aquellas expresiones en el marco de un programa televisivo, a sabiendas de que éste tenía amplia audiencia a nivel nacional. Concluye el Censor que por lo expresado es evidente que el tribunal ha infringido, por interpretación errónea, las normas que contiene las infracciones penales en los artículos 160 y 157 del código penal 144-83. B.- Segundo Motivo Norma Autorizante: 360 del Código Procesal Penal; Normas que se denuncian infringidas: Artículo 160 en relación con el 157 del Código Penal 144-83; Motivo: Falta de Aplicación; Pretensión: Se imponga a la acusada Sonia Elizabeth Martínez las penas por los delitos de injurias difamatorias y calumnias difamatorias. Inicial el Censor su exposición señalando que en el recurso se casación se debe de partir de la declaración de hechos probados de la sentencia con respeto absoluto, teniéndolos como una verdad incuestionable. Expone el Censor que la acusada Sonia Elizabeth Martínez dio a conocer los hechos atribuidos a los Señores Gioconda Isabel Lee Tuñón y Manuel de Jesús Antúnez, utilizando medios de comunicación masivo, tal es el caso de la televisión y el periódico, que en las circunstancias actuales tienen la capacidad de llegar a la inmensa mayoría de la población hondureña. De la Procedencia del Primer y Segundo Motivo.- el Primer y Segundo Motivo no son de Recibo. El recurso de casación por infracción de ley, en sus dos motivos, han sido mal planteados por el Censor, lo que no permite dar una respuesta de fondo. De inicio es importante notar que el planteamiento del motivo primero es contradictorio con aquel hecho en el motivo segundo: El primer motivo denuncia una aplicación errónea de los artículos 160 en relación con el artículo 157, ambos del código penal 144-83, y el segundo motivo una falta de aplicación de esas mismas normas; por tanto, no es posible aplicar erróneamente y dejar de aplicar al mismo tiempo normas de carácter sustantivo. El desarrollo del libelo igualmente es improcedente: véase que el Censor aun a pesar de declarar que los hechos declarados probados para efectos del recurso de casación por infracción de ley, deben de ser considerados como una verdad incuestionable (tal como lo manda el artículo 360 del código procesal penal), se aparta de esa idea y procede a identificar como “hechos probados” a la valoración personal de la actividad probatoria; es pues que lo que el Censor identifica como “factum”, no el contenido de los hechos probados, sino el contenido de la prueba a la cual da una valoración personal, siendo en base a ello que presenta su recurso. En sus dos motivos el Censor hace un análisis jurídico de los delitos, pero tal análisis no lo entrelaza con aquello que efectivamente fue declarado probado, sino con actividad probatoria, y peor aún, con aquello que considera fue probado como se dijo; esta forma de planteamiento hace que ambos motivos sean improcedentes. Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma El Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de esta, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio (Art. 90 de la Constitución de la República). Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso (Art. 9 cpp). Si no se cumple con los requisitos establecidos en la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos y, por el contrario, se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando: a. No se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), b. Se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o c. Se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; La inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción (vicio in procedendo) y que debe de ser objeto de saneamiento cuando proceda (Art. 171 cpp), de subsanación cuando concurran sus presupuestos (Art. 170 cpp) o, en su caso y como remedio último de nulidad 165 cpp). El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la denuncia hecha por algunas de las partes de una actividad procesal defectuosa que compromete la decisión final, dada en los actos procesales de la etapa de juicio o en la propia sentencia que le contiene y que tiene como sanción prevista por la ley su nulidad ante la imposibilidad de saneamiento o de subsanación, ergo no basta entonces con la presencia de un vicio, sino que se requerirá además: i.- Que la Recurrente haya presentado protesta contra el vicio, en el momento procesal oportuno, procurando sanearlo sin éxito (Art. 363 párrafo tercero de cpp); ii.- Que el vicio tampoco sea posible tenerlo por subsanado; iii.- Que el vicio sea de aquellos que tenga como sanción legal la nulidad de la actividad que lo contiene (Art. 362 cpp), planteados como motivos para recurrir.- Los dos primeros requisitos no serán necesarios cuando el defecto se produzca en la sentencia, pues la única forma de protesta sería el mismo recurso de casación. Además de los requisitos señalados, la Recurrente debe de tener presente que la instancia impugnativa en casación está munida de importantes recaudos formales determinados por la ley que deben de cumplirse en su interposición (Art. 363 párrafo tercero cpp) y que pueden ser de diferente naturaleza en atención al defecto procesal denunciado (Art. 362 cpp); Ello se debe a que se trata de un recurso extraordinario, que tiene como fin auditar la legalidad de la sentencia y por ende de una gran exigencia técnica. Es de esta forma que con la individualización del motivo se dan las siguientes consecuencias: a. La competencia de la Sala de lo Penal queda circunscrita a los aspectos objeto de impugnación (Art. 350 cpp); b. Es inaplicable el principio Iura Novit Curia, al no poderse suplir las omisiones de la Recurrente; y c. Es posible la concesión parcial del Recurso, cuando la razón solo aparezca en parte de lo alegado en el motivo. Motivo Único Normas Autorizantes: Artículo 362 numerales 3 del Código Procesal Penal; Motivo: No haber observado el sentenciador en la valoración de la prueba las reglas de la sana critica; Concepto de la infracción: Violación a la regla lógica de derivación, integrado por el principio de razón suficiente en su característica de suficiencia; Normas Procesales que se denuncian infringidas: Sin determinar por el Censor; Reclamación Ex Ante: Imposibilidad al haberse producido el vicio al momento de sentenciar; y Pretensión: Se declare procedente el presente motivo, anulando el fallo recurrido y ordenando la devolución de los antecedentes al respectivo tribunal de sentencia para que sea subsanado. Señala el Censor que el tribunal de sentencia llego al convencimiento al margen de las reglas de la sana critica.- Relaciona que los testigos Idalmi Araceli Acosta, Evangelina Trejo y Juan Carlo Donaire, manifestaron que la Señora Sonia Elizabeth Martínez, portando una pancarta, entró a la biblioteca del CURLA, en fecha 28 de abril del 2015, pidiendo la destitución de los Señores Gioconda Isabel Lee Tuñón, como jefe de personal y Manuel de Jesús Antúnez Pavón, como jefe de vigilancia del Centro Universitario, pidiendo a gritos ante todo el personal administrativo, de campo, de mantenimiento y docentes que se encontraban en el recinto, y los señalaba como responsables de la desaparición del Señor Donatilo Jiménez Euceda, provocando inmediatamente el desprecio y el descredito de los que se encontraban en el lugar; declaraciones que el sentenciador califico como no confiables. También hace alusión el Censor de la publicación del periódico Diario Tiempo del 29 de abril de 2015, prueba que fue señalada como inútil por el a-quo. A continuación el Censor reprocha las valoraciones hechas pues es de la opinión que la prueba es útil y vinculante con el objeto del proceso porque comprueba que la acusada Sonia Elizabeth Martínez, estuvo presente en la biblioteca y dio declaraciones a los periódicos; que en virtud de ello el tribunal violento la regla lógica de derivación integrado por el principio de razón suficiente en su característica de suficiencia, al concluir con la no participación de la Señora Sonia Elizabeth Martínez en el delito de difamación de actos constitutivos de calumnia e injurias. El Censor indica que la valoración conjunta de los medios de prueba allegados al proceso, prueban la pretensión acusatoria, procediendo a enumerar los hechos que considera fueron acreditados, para luego concluir que la parte querellante no logra extraer la razón por la cual el sentenciador dejó de valorar el contenido de la prueba. De la Procedencia del Único Motivo.- El Único Motivo no es de Recibo. - El caso que nos ocupa es un recurso de casación por quebrantamiento de forma, mediante el cual se denuncia la violación de las reglas de la sana critica; lo que hace dirigir la atención exclusivamente a la valoración intelectiva de los medios de prueba (razonamiento judicial), pues es en ese proceso en donde los jueces de sentencia pueden incurrir en el vicio que se está denunciando. La Sala de lo Penal ha señalado que en casación, como única instancia, solo puede hacer un análisis y en su caso censura, del proceso intelectivo de la sentencia cuando ésta contenga razonamientos que riñan con las reglas de la sana critica; debe de entenderse entonces que el foco de estudio no es la prueba, no es lo que dejó de acreditar o se acreditó los medios probatorios, sino ese razonamiento plasmado por los/as jueces/zas y los cuales les llevaron a construir los hechos declarados probados. Ya ha señalado esta Sala de lo Penal en un apartado de esta sentencia lo que debe de entenderse por una debida técnica recursiva, deseando agregar que, en el caso particular del recurso de casación por quebrantamiento de forma, su confección parte del proceso básico: 1. Lectura de la sentencia e identificación de los razonamientos judiciales intelectivos, en donde se haga análisis y valoración de la prueba; Normalmente se encuentran en el apartado de “Fundamentación Probatoria”, lo que no obsta para que de igual modo puedan ser encontrados en el apartado de “Fundamentación Jurídica”; El razonamiento es un proceso de la lógica mediante el cual, partiendo de uno o más juicios, se deriva la validez, la posibilidad o la falsedad de otro juicio distinto, que en nuestro caso es la prueba. 2. Determinación que en la sentencia existen razonamientos judiciales mal construidos por colisionar con el recto entendimiento humano; 3. Identificación de las reglas de la sana critica que fueron inobservadas o mal aplicadas en el razonamiento judicial; 4. Confrontación de los principios o reglas de la sana critica con el razonamiento judicial, a efecto de demostrar que éste último no sigue lo mandado por el primero; 5. Determinación del porque el razonamiento judicial resulta relevante para la formación del convencimiento judicial que llevo a la decisión adoptada. La exactitud en la confección del recurso de casación por quebrantamiento de forma, tratándose de violaciones a las reglas de la sana crítica debe ser alta; nos referimos a una debida técnica recursiva, pues a cada razonamiento judicial debe hacerse el examen sobre su propiedad.- La exigencia técnica del recurso se eleva aún más cuando la regla de la sana crítica que se alega como inobservada es la de derivación por falta de razón suficiente dado que adiciona la tarea de identificar el silogismo judicial que considera indebidamente construido e identificar en éste la premisa mayor, la premisa menor y luego, lo más importante, demostrar que la inferencia realizada (deductiva, inductiva, analógica a pari o analógica a fortiori) es incorrecta (por una de las razones señaladas ut supra) y que por ello la conclusión que se construye a partir de la premisa mayor y premisa menor y que se dice necesaria, en realidad no lo es; tarea que no termina allí pues además debe explicar por qué tal conclusión malograda es relevante para la decisión final y por ello dicha decisión fue indebidamente adoptada. Por tanto, es irrelevante el criterio que pueda generar la prueba al querellante o al querellado o inclusive al propio Tribunal de Casación; lo que consideren las partes o la Sala de lo Penal que debió haber sido la valoración de la prueba no es vinculante, sino que lo determinante es el criterio probatorio del Tribunal de Sentencia y si éste fue construido en respeto a las reglas de la sana crítica; ergo, se insiste, el motivo de casación debe concentrarse única y exclusivamente en demostrar que el criterio (valoración intelectiva) del juzgador fue erigido con inobservancia de esas reglas y principios que componen el recto entendimiento humano y no tratar de superponer otra valoración que se considera más propia. Desafortunadamente el Censor se aleja de lo anterior, expone su criterio personal respecto de la prueba presentada en contra de la acusada Sonia Elizabeth Martínez, valorando la prueba directamente pues comparte lo que considera fue probado y no apreciado por el a-quo, luego de lo cual denuncia la violación al principio lógico de derivación por la falta de declaratoria de responsabilidad penal.- Es entonces el recurso contiene apreciaciones personales de los hechos y no un análisis de los razonamientos judiciales, los que únicamente fueron referidos para indicar su disconformidad; la impugnación se basa en los aspectos que el Censor considera fueron acreditados y la única forma de poder comprobarlo es que la Sala de lo Penal lea el contenido de la prueba y proceda a valorarla, pero además tendría que censurar la valoración hecha por el a-quo y reemplazarla por la valoración de la Sala de Casación; en otras palabras, la Sala de lo Penal tendría que convertirse en tribunal de segunda instancia. Lo presentado por el Censor no es un recurso de casación que busque examinar la propiedad del razonamiento judicial que contiene la sentencia; el Censor lo que hace es una valoración privada, subjetiva y personal de la prueba, siendo su reclamo que su valoración no fue asumida por el Tribunal de Sentencia, lo que cataloga como violación de las reglas de la sana crítica. Lo presentado nos lleva a afirmar que el Censor acude a esta única instancia con el objeto de conseguir un reexamen o revalorización (revisio de facto) de la actividad probatoria, como medio de atacar el juicio valorativo hecho por el tribunal, pretendiendo que los jueces de casación, sin contar con inmediación (entre otros principios faltantes), valoren prueba, extraigan conclusiones probatorias y las impongan en la sentencia.- Como hemos explicado, no existe una previa determinación de pruebas, por lo que ésta debe ser asignado por el juzgador de la instancia haciendo mano de las reglas de la sana crítica, evaluándolas y determinando el grado de convencimiento que le genera cada una de ellas y en su conjunto, en relación a la imputación, lo que constituye un proceso directo (inmediación) ajeno a los jueces de casación. Por ello el recurso de casación no provoca un nuevo examen probatorio de los medios que fundan la decisión judicial impugnada; la casación no es una segunda instancia, sino una única instancia encargada de revisar la mera legalidad de la decisión judicial, quedando fuera de tal esfera de competencia la revaloración de la prueba. A esta Sala de lo Penal le preocupa que aun a pesar de existir una robusta y sostenida doctrina legal sobre la naturaleza de la casación, el Censor no haya procurado empoderarse leer dichas sentencias y familiarizarse con la debida técnica recursiva, sino que pierde la oportunidad de poder comprobar la legalidad de la sentencia como consecuencia de un mal planteamiento. Es así entonces que la sentencia adquiere el carácter de firme y lo decidido debe ser ejecutado, sin que haya sido objeto de análisis y revisión en única instancia, pues el escrito que debía contener la identificación de los razonamientos judiciales que se consideren viciosos, en análisis técnico de las reglas de la sana crítica y la demostración de que los primeros fueron construidos en ajena observancia a los segundos, fue sustituido por uno colmado de alegatos personales inadmisibles en casación. Decisión: Desestimar los dos motivos de casación por infracción de ley y el único motivo de casación por quebrantamiento de forma. Por Tanto: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 140 del Código Penal; 360, 361 y 362 del Código Procesal Penal; Falla: Primero: Declara Sin Lugar los dos motivos del recurso de casación por infracción de ley y el motivo único del recurso de casación por quebrantamiento de forma, ambos interpuestos por la Abogada Vilma Lissette Ocampo Santos, apoderada legal de los Señores Gioconda Isabel Lee Tuñón y Manuel de Jesús Antúnez Pavón.- Segundo: Declara Firme la sentencia de fecha once de junio de dos mil dieciocho, dictada por el Tribunal de Sentencia Unipersonal de la Ciudad de La Ceiba, Departamento de Atlántida.- Y Manda: A efecto de que se acate lo mandado, la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas en única instancia, deberá devolver los antecedentes del caso al tribunal de justicia de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento.- Notifíquese. - Firmas y Sello. José Olivio Rodríguez Vásquez. Magistrado Coordinador. Rafael Bustillo Romero. Magistrado. Alma Consuelo Guzmán García. Magistrada. Firma y Sello. JOSE RAMON CRUZ FERRERA. Secretario Actuante. Sala de lo Penal.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecisiete días del mes de octubre del dos mil veintidós. Certificación de Sentencia dictada el veinticuatro de febrero del dos mil veintidós, recaída en el expediente de casación con número de ingreso SP-449-2018.
JOSE RAMON CRUZ FERRERA
SECRETARIO ACTUANTE
SALA DE LO PENAL
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