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Sentencia CP-445-18 — Registro 15440

Resumen

En primera instancia se condenó al imputado por el delito de Homicidio Simple, resolviendo en segunda instancia No Ha Lugar el recurso de casación y se Declara la No Procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"...DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO. EL RECURSO NO ES DE RECIBO. El sistema judicial da respuesta a los requerimientos de justicia que hagan las partes, quienes con la obligación de conducirse con lealtad procesal formulan peticiones a fin de alcanzar sus particulares pretensiones; Por tanto constituye un acto de deslealtad procesal el reservarse la supuesta concurrencia de un vicio para hacer su alegato en un proceso de impugnación, sorprendiendo al sistema de algo que pudo haberse corregido de manera previa, o contrario sensu, alegar en el proceso de impugnación la existencia de un supuesto vicio que en realidad es inexistente y que por ello no había sido alegado antes.- Lo anterior es en referencia al alegato de violación al derecho de defensa que la Defensa Pública plantea en su recurso, oponiendo como motivo un vicio que debió haberse advertido en la instancia. El proceso penal que nos ocupa dio inicio mediante la presentación del requerimiento fiscal en fecha 29 de Julio de 2016, imputando al Señor Elmer Moisés Zuazo Andara, la comisión como autor de dos delitos consumados de Homicidio, en perjuicio de los Señores Edwin Ramon Corea Ramirez y Marcos Antonio Corea Alvarado.- En un momento procesal posterior el Ministerio Público solicito el recibimiento anticipado de las declaraciones de los testigos, presenciales de los hechos C1 y C2, bajo el protocolo de prueba anticipada; petición que no encontró oposición en la defensa pública, practicándose así la audiencia de evacuación el 21 de diciembre de 2017, en donde las partes tuvieron la oportunidad de interrogar a los dos testigos. Al día siguiente, es decir el 22 de diciembre, fue celebrada la audiencia inicial, en donde el agente fiscal propuso las declaraciones de los testigos con identidad reservada C1 y C2, introducidas por lectura; propuesta que de nuevo no encontró oposición de la Defensa Pública (f. 43).- Más adentrado el proceso, en fecha 22 de mayo de 2018 tuvo lugar la audiencia de proposición de medios de prueba, en la cual el Ministerio Público propuso para ser evacuados en la audiencia de debate, la declaración de los testigos con identidad reservada C1 y C2, declaraciones que fueron admitidas por el tribunal de sentencia al no haber objeción por parte de la defensa pública (f. 96). En la audiencia preliminar, celebrada el 20 de marzo de 2018, el Ministerio Público formalizó cargos, enlistando la carga probatoria obtenida tras finalizarse el proceso de investigación, siendo una de ellas las declaraciones de los testigos protegidos C1 y C2, sin que en la contestación de cargos la Defensa Pública hiciera protesta por la condición de reserva de identidad de los dos testigos en que descansaba la formalización de la acusación (f. 65) .Finalmente, el proceso penal llego a la audiencia de debate en fecha 19 de junio de 2018, en donde la Defensa Pública no hizo planteamiento de incidente en relación a la reserva de identidad de los testigos protegidos, los que comparecieron a la audiencia, declarando sobre los hechos que conocían y después respondiendo las preguntas que tuvieron a bien formular las partes, para luego en conclusiones la defensa pública refutarlos respecto a su credibilidad, pero sin formular agravio sobre violación al debido proceso o al derecho de defensa en torno a la medida de protección de reserva de identidad. Es así que llegamos a única instancia, donde la Defensa Pública plantea como razón en la interposición del recurso de casación la supuesta violación al debido proceso judicial y, en específico, la violación al ejercicio de la defensa, como consecuencia de haberse dictado una sentencia condenatoria en donde los jueces indican que la certeza de culpabilidad descansa en la declaración de dos testigos protegidos con reserva de identidad; alega la defensa que el desconocer dicha identidad repercutió en el ejercicio del contradictorio, sin que se haya hecho tal reclamo en los momentos procesales en donde teóricamente se materializó dicha circunstancia, como ser en la audiencia inicial tras la deposición del testigo protegido, a partir de donde la Defensa Pública conocía de su existencia, del contenido de su declaración pero que aun así no planteo objeción sobre éste en las conclusiones de la audiencia inicial, tampoco en la audiencia preliminar en donde el Ministerio Público fundó la formalización de cargos en la declaración de los dos testigos con identidad reservada; igual omitió presentar objeción cuando el Ministerio Público propuso las declaraciones de estos dos testigos en la audiencia de proposición de medios de prueba; mucho menos en la audiencia de debate, ni siquiera después de haber realizado el contrainterrogatorio o en la etapa de conclusiones de ésta audiencia, cuando teóricamente la limitación al ejercicio de contradicción y con ella la violación al derecho de defensa y al debido proceso ya se había materializado. Por tanto, colige la Sala de lo Penal que el alegato de la violación al derecho de defensa es improcedente, dado que la defensa pública no formulo oposición a la evacuación de dos testigos con la medida de reserva de identidad, tampoco formulo agravio que tal medida había provocado limitación en el ejercicio de defensa, mucho menos presentó petición formal que dichas declaraciones testificales no fuesen tomadas en consideración, como fuentes de prueba decisivo por vulneración al derecho de defensa.- El alegato de la señora Defensora no es atendible al haber consentido las condiciones de juzgamiento sin formular protesta en los momentos procesales oportunos, siendo la instancia de casación el único momento en que tales alegatos fueron planteados.."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

"... PONDERACIÓN EN EL CASO CONCRETO En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso al Señor Elmer Moisés Zuazo Andara, como autor del delito de homicidio (Art. 116 cp 144-83) en perjuicio de los Señores Edwin Ramón Corea Ramírez y Marco Antonio Corea Alvarado, las sanciones siguientes: i.- pena principal de reclusión por 30 años; ii.- Penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil durante el tiempo de la pena de reclusión; iii.- Demás consecuencias legales por la condena. Conforme las disposiciones del Código Penal 130-2017, el delito de homicidio (Art. 192 NCP 130-2017), tiene una pena principal de 15 a 20 años de prisión para el autor del delito consumado. La comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que la pena concreta impuesta al acusado Elmer Moisés Zuazo Andara se encuentra dentro del marco abstracto de la pena que contempla la nueva legislación penal; por otro lado, en ambas legislaciones se determina un máximo de cumplimiento de 30 años para las penas acumuladas, por lo que el nuevo código penal no representa una norma más favorable al acusado, no siendo procedente su aplicación retroactiva. .."

Legislación citada

Sentencia

Certificación

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA la sentencia, que literalmente dice: “I. Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticuatro (24) días del mes de febrero del año dos mil veintidós (2022), el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los magistrados José Olivio Rodríguez Vásquez en su calidad de coordinador, Rafael Bustillo Romero y Alma Consuelo Guzmán García, pronuncian, En nombre del Estado de Honduras La siguiente sentencia en los Recursos de Casación SP-445-2018 por Infracción de Precepto Constitucional, interpuesto contra la sentencia de fecha treinta y uno de julio del año dos mil dieciocho, dictada por el Tribunal de Sentencia de Yoro, departamento de Yoro, mediante la cual falló: Primero: Condenó al señor Elmer Moisés Zuazo Andara, como autor del delito de Homicidio, en perjuicio de Edwin Ramón Corea Ramírez a la pena de quince años de reclusión.- Segundo: Condenó al señor Elmer Moisés Zuazo Andara, como autor del delito de Homicidio, en perjuicio de Marco Antonio Corea Alvarado, a la pena de quince años de reclusión.- Tercero: Condenó al señor Elmer Moisés Zuazo Andara, a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo que dure la condena principal.- Cuarto: Se declaró la responsabilidad civil del señor Elmer Moisés Zuazo Andara.- Quinto: No procedió condenar en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio al señor Elmer Moisés Zuazo Andara.- Sexto: No procedió decretar el comiso. Son partes en única instancia: Los abogados Arnaldo Alcides García y Mario Reiniery Amador Espinal, en su condición de defensores públicos del señor Elmer Moisés Zuazo Andara, como parte recurrente y el abogado Foad Alejandro Castillo Ferrufino, en su condición de fiscal del Ministerio Público, como parte recurrida. II. Hechos probados de la instancia Único: El Domingo Primero de Diciembre de año 2013 a las Cinco de la tarde en la carretera que hay para llegar a una plancha del rio Cuyamapa en la aldea de Subirana, el imputado Elmer Moisés Zuazo Andara les disparó a los señores Edwin Ramón Corea Ramírez en el área del tórax y Marco Antonio Corea Alvarado en la espalda, lo cual les provocó 2 heridas cada uno y eventualmente la muerte. III. Recurso de Casación.- Motivos y Argumentos Recurso De Casación Por Infracción de Precepto Constitucional Único: Infracción de los preceptos constitucionales contenidos en los artículos 82 y 90 (Derecho De Defensa Y Debido Proceso), en relación con los artículos 16 de la misma Constitución de la República; 8.2.f de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 del Código Procesal Penal. Autoriza la interposición de este recurso el artículo 361 del Código Procesal Penal. Explicación Del Motivo: Primero: Las normas constitucionales y legales que se denuncian como infringidas por el Tribunal de juicio, entre otras disposiciones, señalan que: 1) El derecho de defensa es inviolable; 2) Ninguna persona podrá ser condenada ni sometida a una medida de seguridad sino en virtud de sentencia firme dictada par el órgano jurisdiccional competente, después de haberse probado los hechos en un juicio oral y público llevado a cabo conforme los principios establecidos en la Constitución de la República, las Tratados Internacionales de los cuales Honduras forma parte y el Código Procesal Penal; 3) Durante el proceso, toda persona inculpada de delito tiene derecho, en plena igualdad a interrogar a los testigos presentes en el tribunal. Segundo: El Juzgador al dictar sentencia condenatoria en contra del señor Elmer Moisés Zuazo Andara por el delito de Homicidio en perjuicio de Edwin Ramón Corea Ramírez Y Marco Antonio Corea Alvarado infringe gravemente los fundamentales derechos de defensa y del debido proceso que le asisten al imputado por mandato constitucional, porque dicho fallo condenatorio no cuenta con un adecuado respaldo probatorio que lo sustente. Tercero: En la audiencia de juicio oral se evacuaron, como pruebas decisivas de cargo las declaraciones de los Testigos Protegidos Claves “C- 01” y “C-002” con las que el Juzgador declaró terminantemente acreditado que el imputado Elmer Moisés Zuazo Andara disparó un arma de fuego contra las humanidades de los señores Edwin Ramón Corea Ramírez Y Marco Antonio Corea Alvarado ocasionándoles la muerte. Cuarto: El vicio que denunciamos se produce, porque la prueba en que se apoya el hecho antes referido no es suficiente para acreditarlo ya que, dicha prueba está constituida, decisivamente, por las declaraciones de los Testigos Protegidos Claves”'001” Y “002” de quienes el Tribunal considera que con ellas, de manera real y objetiva, se establecen las agresiones con arma de fuego que realizó el imputado en contra de los occisos Edwin Ramón Corea Ramírez Y Marco Antonio Corea Alvarado, pues aseguraron haber observado, desde diferentes ubicaciones, cuando el imputado disparaba en contra de ambas víctimas, por lo que, para el Tribunal, no existe ninguna duda que los hechos ocurrieron tal como lo relataron los testigos protegidos; la anterior apreciación del Juzgador es inapropiada, porque tratándose de testigos protegidos (ocultos y con identidades reservadas) impidió que la defensa del imputado ejerciera un verdadero examen de los testigos de cargo respecto a posibles intereses ilegítimos, no pudiendo ejercer plenamente el principio de contradicción, el cual conlleva la posibilidad del inculpado de examinar a los determinantes testigos de cargo en iguales condiciones que las que detenta el ente acusador, pero el desconocimiento de la identidad de los decisivos testigos por parte del imputado lo dejó, a él y a su defensa, en un claro desequilibrio procesal, violatorio de sus derechos de defensa y debido proceso, sumado a ello el imputado ofreció prueba de descargo consistente en las declaraciones de otros dos testigos (Denis Danilo Ramírez Garmendia y Ángel Alexis Galo Estrada) quienes, de manera coincidente y creíble, relataron que el día y a la hora en que lamentablemente perdieron la vida los señores Edwin Ramón Corea Ramírez Y Marco Antonio Corea Alvarado el imputado se encontraba con los testigos en otro lugar. Quinto: En las condiciones antes referidas la decisión de condena del Juzgador quebranta los fundamentales derechos de defensa y del debido proceso de los que legalmente goza el señor Elmer Moisés Zuazo Andara, porque lo declarado probado en el fallo impugnado está sustentado en un medio de prueba en cuya evacuación no se observaron plenamente los principios procesales de publicidad y contradicción, infringiendo los derechos de defensa y al debido proceso del referido imputado, ya que, como reiteradamente lo hemos dicho, la prueba básica en la que se sustenta el fallo de condena son las declaraciones de los Testigos Protegidos “C-01” y “C-02” (testigos ocultos y con identidades reservadas), mismas que no cuentan con corroboradores periféricos que las respalden y por tanto insuficientes para justificar, válidamente, un fallo de condena. Sexto: La referida decisión, en las condiciones señaladas, también es violatoria de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y de la jurisprudencia que sobre el mismo ha sentado la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, quienes en relación a sustentar fallos de condena en declaraciones de testigos de identidad oculta, reiteradamente han resuelto que: “Incluso cuando se hayan adaptado medidas de contrapeso que parecen suficientes, la condena no puede estar fundada únicamente a en grado decisivo en declaraciones realizadas por testigos de identidad reservada. De lo contrario, se podría llegar a condenar al imputado utilizando desproporcionadamente un medio probatorio que fue obtenido en detrimento de su derecho de defensa. Par tratarse de prueba obtenida en condiciones en las que los derechos del inculpado han sida limitados, las declaraciones de testigos con reserva de identidad deben tratarse can extrema precaución...b)..., la condena penal del señor Pichón Paillalao como autor del delito de amenaza de incendio terrorista ... estuvo fundada en grado decisivo en la declaración de un testigo de identidad reservada (el “testigo protegido No.1”), pues si bien se hace referencia a otros medios de prueba, éstos por sí solos no hubiesen bastado para llegar a la condena, ya que las otras tres personas que rindieron testimonio solo tenían un conocimiento indirecto.... Par las razones expuestas, la Corte concluye que para determinar la condena se otorga valor decisivo a la declaración de un testigo de identidad reservada, lo que constituye una violación del derecho de la defensa a interrogar testigos, consagrado en el artículo 8.2.h de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio del señor Pascual Huentequeo Pichón Paillalao. [1]“...este Tribunal considera que tanta el contenido como la amplitud de las preguntas formuladas por la defensa fue restringida considerablemente por la decisión del Tribunal de mantener el anonimato la identidad del declarante. En tanto que la defensa desconozca la identidad de la persona que pretende cuestionar se encuentra imposibilitada para conocer particularidades del testigo que le permitirían demostrar que el dicho de él o ella no es confiable, es hostil a se encuentra viciado de prejuicios”[2] SÉPTIMO: La Corte Interamericana de Derechos Humanos, con lo resuelto respecto a la protección de testigos no pretende que se les niegue la misma, pues en el caso antes referido, declara que es deber estatal el garantizar los derechos a la vida, la integridad, la libertad y la seguridad personal de quienes declaran en el proceso penal, lo que justifica la adopción de medidas de protección, pero ello no debe traducirse en un menoscabo al derecho de defensa de los imputados. En el caso de mérito, al igual que en el del señor Pascual Huentequeo Pichón Paillalao, se violentó lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en perjuicio del señor Elmer Moisés Zuazo Andara, porque a él se le condenó con base en las declaraciones de Testigos Protegidos (ocultos y con identidades reservadas) frente a quienes, por esa condición de protegidos, la defensa no tuvo la oportunidad de realizarles un verdadero contra examen y, si bien en la audiencia de juicio oral se evacuaron otros medios de prueba propuestos por el ente acusador, pero tales medios de prueba no aportan datos que incriminen al imputado, por lo anterior, legítimamente, lo que corresponde, en armonía con lo dispuesto en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es el dictado de un fallo absolutorio a favor del señor Elmer Moisés Zuazo Andara como lo ha propugnado la defensa durante todo el proceso. IV. Fundamentación Jurídica Recurso de Casación por Infracción Precepto Constitucional El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional; Esta Sala de lo Penal ha entendido que se trata de una tercera vía recursiva distinta a las tradicionales de fondo (infracción de ley) y forma (quebrantamiento de forma). Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior[3]. En general toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso deberá denunciar la infracción de un derecho fundamental, un derecho reconocido en el bloque constitucional o de doctrina legal constitucional, cuando dicha violación haya tenido una influencia decisiva en la decisión del Órgano Jurisdiccional; En este último sentido Llorente Fernández expresa que (Llorente Fernández De La Reguera, Ángel, en Los Recursos, Cuadernos de Estudios Judiciales, Rafael Alvarado Manzano, Liticom, Tegucigalpa, 2001, págs. 113-115): “la jurisprudencia española ha puesto de manifiesto que este cauce impugnatorio no está previsto para alegar, bajo su cobertura, la vulneración de cualquier norma constitucional, sino específicamente la infracción de aquellas que tienen una estrecha y directa relación con el objeto del proceso en que son invocados. Serán, por tanto, los derechos fundamentales ligados al proceso con carácter general los que tengan cabida en esta vía impugnativa y de un modo especial aquellos que el recurrente entienda que han sido conculcados en el caso concreto...”. Entonces los motivos a plantear en este Recurso de Casación, presentados bajo Numerus Apertus, son: 1. Negación de un Derecho Constitucional o que integre el bloque constitucional, o de Doctrina Legal Constitucional, de carácter procesal penal o penal sustantivo; 2. Aplicación Restrictiva de un Derecho Constitucional o que integre el bloque constitucional, o de Doctrina Legal Constitucional, de carácter procesal penal o penal sustantivo; 3. Interpretación errónea sobre la naturaleza y/o alcance de un derecho Constitucional del bloque Constitucional, o sobre una Doctrina Legal Constitucional, que atañe al derecho procesal penal o al derecho penal sustantivo. En una buena técnica recursiva, el recurrente debe hacer mano de este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional de amplia aplicación (Recurso Ordinario), en contraposición con los recursos de Infracción de Ley, Infracción de Doctrina Penal y Quebrantamiento de Formas Procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores (Recursos Extraordinarios). La esencia del recurso de Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del Principio de Convencionalidad y el Principio de Primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. Motivo Único Norma Autorizante: 361 del Código Procesal Penal; Normas que se denuncian infringidas: Artículos 82 y 90 de la Constitución de la República, en relación con el artículo 16 de la misma constitución y 8.2.f de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; Concepto de la infracción: Violación al Derecho de Defensa y Violación al Debido Proceso Judicial; Motivo: Basarse la sentencia condenatoria en la declaración de un testigo con identidad reservada; Reclamo Ex Ante al Recurso de Casación: Sin determinar por la recurrente; Pretensión: Se dicte a favor del acusado Elmer Moisés Zuazo Andara, una sentencia absolutoria. Recuerda la Defensa Pública que toda persona inculpada de un delito tiene el derecho, en plena igualdad, a interrogar a los testigos presentes en el tribunal.- Explica que en caso de marras se ha dictado una sentencia condenatoria contra el acusado Elmer Moisés Zuazo Andara, como autor de dos delitos consumados de homicidio, en perjuicio de los Señores Edwin Ramón Corea Ramírez y Marco Antonio Corea Alvarado, con grave infracción al derecho de defensa y al debido proceso, ello porque la decisión tiene su sustento decisivamente en una prueba testifical en la que el acusado tuvo limitación para realizar un verdadero contradictorio. Desarrolla que en la audiencia de debate se recibió la declaración de los testigos protegidos C1 y C2, a partir de los cuales el a-quo declaro por probado la participación del acusado en los delitos; que el vicio se produce porque la decisión no esta respaldada por prueba suficiente apta para acreditar los hechos, pues la prueba de cargo se reduce a la declaración de los testigos protegidos, cuya condición impidió a la defensa un verdadero examen, pues el desconocimiento sobre la identidad puso al acusado en un claro desequilibrio procesal respecto al ente acusador, violentándose así los derechos fundamentales in comento, y contrariando sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Del Debido Proceso Legal La Garantía del debido Proceso se encuentra regulada por el artículo 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 90 de la Constitución de la República, conocida como el Debido Proceso Legal, el cual refiere a los parámetros normativos bajo los cuales deben dispensarse todas las garantías necesarias en el proceso (con independencia de su naturaleza).-La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el Informe No. 1/95 de fecha 07 de Febrero de 1995, del caso 11,006, referente al proceso de Alan García, Perú, indicó: “El artículo 8 de la Convención Americana en su inciso primero establece que toda persona tiene derecho a ser oído con las debidas garantías en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada en su contra. - Así mismo, el mencionado artículo en su inciso segundo prevé que durante el trámite del proceso toda persona tiene derecho a que se respeten ciertas garantías mínimas. La enumeración contenida en esta cláusula ha sido interpretada como una nómina de garantías mínimas no taxativas. De este modo, se ha considerado que existen otras garantías reconocidas en el derecho interno de los Estados que, si bien no están incluidas explícitamente en el texto de la Convención, igualmente se encuentran amparadas por el contenido amplio del inciso 1 del artículo 8 de la Convención”. El Principio del Debido Proceso Legal más que garantizar el respecto a la ritualidad en la dinámica de juzgamiento, es uno de los pilares del derecho procesal penal dirigido a que la persona sometida a la jurisdicción sea juzgada por un juez o jueza natural, competente, imparcial e independiente, pero adicionalmente es un mandato para que éste juez o jueza además de respetar las formas procesales, reproduzca en cada una de ellas los derechos consagrados en la Constitución de la República y en los Tratados y Convenciones de los que Honduras forme parte, así pues los llamados Principios Procesales o Principios Informadores del proceso, no son más que medios conductores para materializar aquellos derechos y garantías fundamentales que son agrupados bajo la titulación del debido proceso legal, y que constituyen reglas mínimas de juzgamiento, como ser: i.- prohibición de ser procesado mediante la aplicación de leyes retroactivas peyorativas; ii.- derecho a ser informado de los cargos criminales en su contra; iii.- a un juez/a predeterminado por la ley; iv.- a la imparcialidad del juez/a; v.- a la independencia del juez/a; vi.- derecho a la defensa material y técnica y a utilizar los medios de prueba pertinentes; vii.- a la igualdad de armas procesales; viii.- a un proceso público sin dilaciones indebidas; ix.- respeto al principio de presunción de inocencia; x.- a un debido proceso probatorio; xi.- posibilidad de recurrir ante un tribunal para obtener una revisión de la legalidad de la orden de privación de la libertad provisional; xii.- derecho a ser oído en un plazo razonable; xiii.- deber de los tribunales de emitir fallos razonados, motivados y con información sustancial; xiv.- el derecho a impugnar las resoluciones judiciales definitivas para que sean revisadas por un tribunal superior; xv.- a una justicia gratuita; En fin el derecho a un debido Proceso exige la materialización del Principio de Legalidad. La CIDH, en su informe No. 30/97 del caso 10,087 de fecha 30 de septiembre de 1997, referente a Gustavo Carranza, Argentina, indicó: “67.- El artículo 8 de la Convención Americana impone la existencia de “debidas garantías” durante el proceso de determinación de derechos […] En efecto, el mencionado artículo no contiene un recurso judicial propiamente dicho, sino el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales. Este artículo reconoce el llamado “Debido proceso legal” que abarca las condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquellos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial.”. Por su parte la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en sentencia de 02 de febrero de 2001, en el caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá, afirmó que: “Si bien el artículo 8 de la Convención Americana se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto “sino [al] conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales” a efectos de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier tipo de acto del Estado que pueda afectarlos. Es decir, cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea administrativo, sancionatorio o jurisdiccional, deben respetar el debido proceso legal.”. El Debido Proceso Legal se ve materializado cuando se observan estrictamente las normas contenidas en el Código Procesal Penal, el que señala en el Título IV de su Libro Tercero como debe de substanciarse la etapa de Juicio y en particular el debate, ergo la transgresión a cualquiera de esas normas legales constituiría vicio in procedendo siempre que por su carácter esencial socave la validez de la sentencia y esto es cuando transgrede o disminuye los principios mencionados. En conclusión, la resolución definitiva debe ser el resultado de la celebración de un proceso penal en el cual se respeten el conjunto de reglas esenciales que le sustentan en una base de legalidad, de lo contrario, cuando el mismo se realiza a espaldas de una de esas reglas, la resolución definitiva se convierte en un fruto viciado. Del Derecho a la Defensa La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que el Derecho de Defensa “obliga al Estado a tratar al individuo en todo momento como un verdadero sujeto del proceso, en el más amplio sentido de este concepto, y no simplemente como objeto del mismo” (Ver casi Barreto Leiva vs. Venezuela, sentencia del 17 de Noviembre de 2009, párrafo 29 y caso López Mendoza Vs Venezuela, sentencia del 01 de septiembre de 2011, párrafo 117), señalando además que “es preciso que un justiciable pueda hacer valer sus derechos y defender sus intereses en forma efectiva y en condiciones de igualdad procesal con otros justiciables” (Ver caso Hilaire, Constantine, Benjamín y otros vs Trinidad y Tobago, sentencia del 21 de Junio del 2002, párrafo 146). Por su parte la Sala de lo Penal en Sentencia de fecha 02 de noviembre del 2011, en el Exp 342-09, ha señalado que: “... uno de los requisitos Constitucionales del Proceso Penal, lo constituye el Derecho de Defensa como presupuesto básico para todo pronunciamiento en materia penal, plasmado en principio como un instrumento de reacción del individuo frente a la acción punitiva del Estado, erigiéndose como el poder de oposición a la acción y por lo tanto, constituye uno de los elementos esenciales del moderno proceso penal, en ese sentido, al garantizar la carta magna que el derecho de defensa es inviolable, lleva implícito que la instancia penal deba permitir a toda persona que interviene en juicio, los medios efectivos y necesarios para la concreción de la defensa en juicio, de tal forma que la normativa procesal reguladora del debate público deba comprender la observación de tal derecho en cada una de las circunstancias o incidencias que se presenten durante el juicio, como una manifestación del denominado derecho al debido proceso que “supone un conjunto de auto limitaciones constitucionales y legales que el Estado se impone a sí mismo, para racionalizar dentro de los marcos infranqueables de la dignidad humana, el ejercicio del ius puniendi, que se logra con el establecimiento de una serie de garantías mínimas, que son el escudo protector del ciudadano frente a la arbitrariedad del funcionario o a la omnipotencia del Estado” (Véase Pavón Gómez German. De la Casación y la Revisión Penal. 2ª edición. Doctrina y Ley. 2003. Colombia. P 48 y 49.”. Además, esta Sala de lo Penal ha establecido que: “…el Derecho de Defensa se lesiona, verbigracia, cuando se imposibilita al acusado la oportunidad durante la totalidad del proceso, de defenderse de los cargos, o para demostrar su versión de los hechos, el acceso irrestricto a las pruebas de cargo, el derecho a hacer uso de todos los recursos legales o razonables de defensa sin sanción o censura alguna…” (En fallo de fecha 22 de septiembre del 2011, contenido en el Expediente 390-09). - El Derecho de Defensa está definido en términos generales desde el ámbito penal, como la oportunidad que tiene la parte acusadora y la parte imputada de amparar, proteger y accionar a favor de sus propios intereses subjetivos.- El Derecho de defensa es una reacción a la acción penal del Estado, vincula a las partes litigantes en contienda, quienes deberán enmarcar sus actuaciones con respeto de este derecho, en especial la encargada de sostener la acción acusadora, entretanto que el órgano jurisdiccional, reclamada su intervención, velará estrictamente por su cumplimiento, potencializando su ejercicio y sancionando su inobservancia. El Derecho General a la Defensa está compuesto por varios derechos que lo convierten en un simple enunciado a un derecho eficaz, a saber: i.- Derecho a ser informado del contenido de la acusación desde los primeros momentos del proceso; ii.- Derecho a un Intérprete o traductor si no conoce bien el idioma español; iii.- Derecho a tener el tiempo necesario para la preparación de la Defensa y además contar con los medios adecuados para ello; iv.- Derecho a requerir a los entes de investigación del Estado, la práctica y/o aseguramiento de prueba que sea de interés; v.- Derecho a la defensa material libre y a una debida Defensa Técnica en todo momento del proceso, de elección libre o, en su caso por designación gratuita; vi.- Derecho a proponer los medios de prueba que considere necesario para realizar descargo de la acusación en cualquier momento del proceso; vii.- Derecho a conocer con antelación la carga probatoria que sustenta la acusación, previo a la celebración del debate; viii.- Derecho de la persona acusada a estar presente en todos los actos que impliquen evacuación de medios de prueba, salvo excepciones establecidas en la ley; ix.- Derecho a controvertir la prueba mediante su examen directo y en iguales condiciones; x.- Derecho a que toda decisión judicial que no sea de mero trámite esté debidamente motivada; xi.- Derecho a Recurrir la decisión judicial. El Testigo Protegido con Identidad Reservada 1.- Obligatoriedad de comparecer como testigo El testigo es la persona que de manera accidental adquiere conocimiento de unos hechos determinados por conducto de sus sentidos, por encontrarse en el momento y lugar en que aquellos ocurrieron; se trata de una persona que, en la mayoría de las veces sin preverlo, presencia hechos que son de interés al derecho y que, por esa razón, es llamado para que relate lo que ha percibido, mediante su narración. Conforme al código procesal penal, toda persona que sepa de un delito está obligada a atender el llamamiento judicial para participar en un proceso judicial en su condición de testigo (Art. 226 CPP). Esta obligación, salvo las excepciones previstas en la ley (Art. 227 CPP), exige a las autoridades estatales a dictar las medidas pertinentes para asegurar que el testigo acate el llamamiento judicial, pues su participación en el proceso judicial no cae en su ámbito discrecional, sino que es una obligación legal cuya inobservancia acarrea responsabilidad. 2.- Medidas de Protección a Testigos La obligación de la persona de participar en el proceso tiene al mismo tiempo aparejada la obligación del Estado de brindarle la protección necesaria para repeler cualquier riesgo fundado que dicha participación le pueda acarrear (Art. 5 CPP). - Las medidas de protección están previstas en dos cuerpos legales distintos: a. Código Procesal Penal, bajo el control del órgano jurisdiccional competente; y b. Ley de Protección a Testigos, a cargo del director del Programa Nacional de Protección de Testigos en el Proceso Penal. El artículo 237 del Código Procesal Penal prevé una serie de medidas de protección de los testigos, siendo éste un listado ilustrativo y no excluyente de otras medidas que pueda adoptar la Policía Nacional, Ministerio Público y los órganos jurisdiccionales, pero todas ellas bajo control de éstos últimos. - Son medidas de protección está la de no hacer constar en las carpetas institucionales, llámese expediente policial, expediente del Ministerio Público y/o expediente judicial: el nombre, profesión u oficio, domicilio, centro de trabajo ni dato alguno del testigo. Estos datos deberán ser consignados en sobre sellado que estará bajo la custodia del titular del tribunal que conozca la causa. El testigo deberá ser identificado con una clave o número acorde con la dignidad humana y a la solemnidad del proceso penal, procurando que ésta sea la misma en todo el procedimiento. Por su parte, la Ley de Protección a Testigos (Decreto legislativo No. 63.-2007 del 28 de mayo de 2007), ordena que las medidas serán a favor de las personas que integren el Programa de Protección a Testigos dirigido por el Ministerio Público y, por ende, bajo el control exclusivo de éste, el que puede solicitar el auxilio de instituciones públicas y privadas para su implementación. Entre las medidas que contempla la ley in comento están las medidas de protección en el proceso penal: i.- Métodos de distorsión de voz o de aspecto físico y cualquier otro instrumento técnico que proteja la identidad y/o integridad física del testigo; ii.- Anonimato o resguardo de identidad y reserva de ésta; iii.- Videoconferencia; y, iv.- Garantía de preferencia en la tramitación del caso en el proceso jurisdiccional, asegurando su confidencialidad. Cuando la medida de protección a imponer sea la reserva de identidad, ésta será revelada al órgano jurisdiccional hasta cuando éste comparezca a rendir su declaración; el órgano jurisdiccional comprobará la identidad constatando privadamente los datos de identificación proporcionados por la parte proponente en un sobre sellado (el que será abierto en ese momento), y luego de ello devolverá dicho sobre a la parte proponente para su destrucción; el sobre de datos de identificación jamás deberá ser agregado al expediente judicial. Téngase en cuenta lo ya señalado por la Sala de lo Penal en sentencia de fecha 18 de septiembre de 2018, en el Expediente 153-2914: “Esta Sala de Casación recuerda, que la declaración de testigos protegidos […], es una práctica procesal permitida en nuestra legislación según lo regula el artículo 237 del Código Procesal Penal, puesto que, si bien los testigos gozan de medidas de protección para no conocerse sus nombres, ni revelar su apariencia física por razones de seguridad personal, los jueces de sentencia si conocen esos detalles, precisamente deben cerciorarse de las generales de ley de los testigos que se encuentran en sobres sellados, por tanto no son en ningún momento testigos anónimos, sino que protegidos debido a la existencia racional de algún peligro grave para sus personas o sus parientes...”. 3.- Necesidad de Adopción de Medidas de Protección Las instituciones del Estado, al llamar a una persona como testigo, están en el deber de identificar los factores de riesgo y emitir las medidas necesaria para evitarlos; su implementación no debe obedecer a un simple miedo natural que puede tener el llamado a atestiguar por su involucramiento en un proceso judicial, sino cuando racionalmente exista un grave peligro para la persona o bienes del testigo, de su cónyuge o compañero de vida, o de un ascendiente, descendiente o hermano de cualquiera de ellos, como consecuencia del testimonio que deba prestar o ha prestado; es una medida excepcional motivada por una concreta situación. La Corte IDH en el caso Norin Catriman, Juan Patricio Marileo Saravia, Víctor Ancalaf Llaupe y otros versus Chile, de fecha 05 de noviembre de 2010, señaló: “243. El deber Estatal de garantizar los derechos a la vida y la integridad, la libertad y la seguridad personales de quienes declaran en el proceso penal puede justificar la adopción de medidas de protección.”.- Por su parte la Sala de lo Constitucional en sentencias de fecha 19 de mayo del dos mil 2016 en el expediente 449-2015, de fecha 30 de septiembre del dos mil 2016, en el expediente 504-2015, y de fecha 30 de noviembre de dos mil 2017 en el expediente 384-2017, se ha señalado que “…con el mismo celo con que se garantizan los derechos del imputado, así habrá de actuar el Tribunal de Sentencia en relación a la persona de los testigos protegidos, recordándoles nuevamente que el derecho a la vida es inviolable, así como el respeto a la integridad física, psíquica y moral de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 65 y 68 Constitucionales, y son precisamente estos derechos entre otros los que se protegen y garantizan con la protección de testigos, en tal virtud el legislador ha previsto la figura de protección de testigos como se ha hecho alusión y que el órgano jurisdiccional no debe desconocer...”. No esta demás señalar que la figura del testigo protegido debe de ser usada con la mayor prudencia, en los casos realmente meritorios donde la amenaza a la vida propia o de los allegados de la persona que debe prestar su declaraciones o la amenaza a sus bienes, sean comprobada o al menos racionalmente previsible; y en especial los jueces deben hacer un examen particular de cada caso a efecto de evaluar la necesidad de implementar, confirmar, reformar o revocar medidas de protección a favor de testigos y peritos en el proceso penal al amparo del Código Procesal Penal; y en el caso particular de reserva de identidad: buscar un equilibrio entre la necesidad del acusado de conocer la identidad del testigo para poder ejercer plenamente el derecho de defensa y el derecho a la protección a la vida, a la integridad corporal y a la propiedad de personas a las que el Estado obliga a comparecer como testigos en una causa criminal; todo ello independientemente de la valoración que se haga a la declaración de un testigo protegido, de conformidad a la sana crítica, y más aun de conformidad con los principios constitucionales y convencionales. 4.- Medidas de Protección y el Derecho de Defensa La Convención Americana sobre Derechos Humanos, señala que toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter, siendo una de esas garantías igualdad plena de poder interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos (Art. 8 CADH); agregando la Corte IDH que: “187. Para que en un proceso se respeten verdaderamente las garantías judiciales protegidas en el artículo 8 de la Convención es preciso que se observen todos los requisitos que “sirvan para proteger, asegurar o hacer valer la titularidad o el ejercicio de un derecho”, es decir, las “condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquellos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial”. El referido artículo 8 contempla un sistema de garantías que condicionan el ejercicio del ius puniendi del Estado buscando asegurar que el inculpado o imputado no sea sometido a decisiones arbitrarias.” (Norin Catrumán y otros vs. Chile). Entonces puede ocurrir que en casos concretos se presente la dicotomía entre la necesidad de protección de un testigo, ordenando el tribunal de justicia que su identidad se mantenga en reserva y el derecho de defensa que tiene la persona acusada, que incluye conocer la identidad de los testigos a efecto de poder formular las observaciones sobre su personalidad. Por ello, ante la presencia de fundamentos razonables que señalen la existencia de posible peligro a la vida, integridad corporal o los bienes de una persona llamada a declarar como testigo en el proceso judicial o de cualquiera de su núcleo familiar, es deber del órgano jurisdiccional el brindarle la protección, cuya necesidad justifica que se vean limitados algunos de los principios informadores del proceso penal; es claro que -en particular- la medida de reserva de identidad del testigo no solo excluye el principio de publicidad respecto a ésta, sino que puede limitar en diversos grados el ejercicio del principio de contradicción y con éste, el ejercicio de derecho de defensa, pues la representación legal de la persona imputada puede verse limitada de controvertir lo señalado por el testigo ante el valladar de conocer su identidad, y por ende la imposibilidad de saber sus antecedentes personales, relaciones con los demás testigos, ofendidos y acusado, y veracidad de algunos de los hechos concretos que informa en su declaración;“242.-…la reserva de identidad del testigo limita el ejercicio de este derecho puesto que impide a la defensa realizar preguntas relacionadas con la posible enemistad, prejuicio y confiabilidad de la persona misma del declarante, así como otras que permitan argumentar que la declaración es falsa o equivocada” (Corte IDH: Norin Catrumán y otros vs. Chile). Resulta ilustrativo lo que explica el procesalista español Cubillo López[4], al referirse a las declaraciones rendidas por testigos durante la etapa preparatoria del proceso, señalando que tales declaraciones siguen las reglas generales en materia de prueba testifical y para que alcancen valor probatorio habrán de reproducirse en la fase de enjuiciamiento, esto es: ante el tribunal sentenciador (inmediación), con eventual asistencia de personas distintas a las partes o sus representantes (publicidad), y en la presencia del acusado, con su letrado, quien debe tener la oportunidad de interrogar al testigo (contradicción), añadiendo que: “...no existe un régimen especial cuando se trata de un testigo que ha estado sujeto a medidas protectoras…de tal manera que los testigos protegidos deben comparecer al juicio, como cualquier otro, sin que su condición de tales determine una modificación del régimen ordinario de prueba, en el sentido de que pudiese considerarse que es suficiente con la declaración sumarial, liberándoles de la declaración personal en el juicio oral…el testigo protegido debe comparecer en el juicio oral para ratificar la declaración que efectuó durante la instrucción, y este testimonio será valorado…según las reglas del criterio racional…”. La práctica forense determina que pueden presentarse tres situaciones distintas en torno a la participación de testigos con identidad reservada en el proceso; cada una de ellas con repercusiones igualmente distintas al derecho fundamental a la Defensa: a. Declaración introducida por lectura a la audiencia de debate de un testigo protegido con identidad reservada, con base en el numeral 2 del artículo 311 del código procesal penal, por la imposibilidad o alto grado de dificultad de hacer llegar al testigo, a la audiencia: El supuesto se presenta cuando en la audiencia de debate se ordena la introducción por lectura de la declaración de testigos con protección de identidad sin protocolo de prueba anticipada, con base en el artículo 311 numeral 2 del Código Procesal Penal, dado que fue extremadamente difícil o imposible su localización; circunstancia que suma dos aspectos que limitan al mínimo el ejercicio del derecho de defensa: i. La situación ya abordada sobre la restricción que puede presentarse para la defensa, por el desconocimiento de las generales del testigo y; ii. La imposibilidad de poder examinar directamente al testigo, de ejercer contradictorio en la audiencia en donde se produce la prueba que sirve para la toma de la decisión de fondo: la audiencia de debate. La Sala de lo Penal, en un caso concreto en donde se apreció esta dualidad de circunstancias donde el testigo protegido no fue presentado a debate porque no podía ser localizado, señaló en sentencia del tres de marzo dos mil quince en el Expediente 106-2012, “que declarándose a una persona como testigo protegido pasa a estar bajo el resguardo del Estado, por lo que es un contrasentido que se señale en la audiencia de debate que es imposible localizar a dicho testigo o que su incomparecencia se debe a que pende riesgo en contra de su vida, su integridad física o de sus bienes, pues se parte de que la condición de protección no solo obliga a los agentes del Estado a saber dónde se encuentra el testigo, sino que además las medidas de protección deberían contrarrestar cualquier posible riesgo, permitiendo que el testigo pueda comparecer al debate de manera segura para informar lo que conoce.”. Por tanto, sería inadmisible un medio de prueba de introducción por lectura de la declaración rendida en fase preparatoria de un testigo de identidad reservada, obtenida fuera de protocolo de prueba anticipada, pues la dualidad de las condiciones ya apuntadas haría de dicho medio, violatorio al derecho de defensa. b. Declaración recibida en etapas previas al debate bajo protocolo de prueba anticipada de un testigo protegido con identidad reservada: i. Introducida por lectura al debate con base en el numeral 1 del artículo 311 del Código Procesal Penal, por haberse materializado el riesgo previsto; o ii. Introducida al debate con base en el numeral 7 del artículo 311 del código in comento, por tratarse de un testigo en condición de vulnerabilidad. Los supuestos del numeral 1 y numeral 7 del artículo 311 del Código Procesal Penal tienen en común la introducción al debate de la declaración del testigo con identidad reservada tomada en una etapa anterior al debate, evacuada bajo el protocolo de prueba anticipada; introducción que se hace para efecto de ser valorada dicha declaración conforme a las reglas de la sana crítica, teniendo como diferencia que en el numeral 1 la introducción se hace como consecuencia de haberse materializado el riesgo que motivó la toma de la prueba de forma anticipada, entretanto en el numeral 7 la introducción es porque el testigo se encuentra en condición de vulnerabilidad. En estos casos la introducción por lectura es lícita por estar acorde al derecho de defensa, siempre que: i. Tratándose del numeral 1 del 311 la limitación de la reserva de la identidad del testigo haya sido acordada como consecuencia de riesgo fundado; o tratándose del numeral 7, que el testigo se encuentre dentro de aquellos testigos en condición de vulnerabilidad que taxativamente prescribe el artículo 237-A del Código Procesal Penal; y ii. Que el Tribunal de Sentencia procure que la limitación al ejercicio de contradicción tenga como límite lo estrictamente necesario para resguardar la identidad del testigo en riesgo, velando porque los demás principios sigan incólumes y que permitan retomar el equilibrio de derechos que la limitación a la defensa haya provocado; en ese sentido, para la Corte IDH[5] son medidas de contrapeso a observar al momento de la deposición del testigo de identidad reservada: Que la autoridad judicial conozca la identidad del testigo y tenga la posibilidad de observar su comportamiento durante el interrogatorio, con el objeto de que pueda formar su propia impresión sobre la confiabilidad del testigo y de su declaración; Que la representación técnica de la persona acusada tenga una amplia oportunidad de interrogar directamente al testigo en alguna de las etapas del proceso (cuando se tomó la prueba anticipada), sobre cuestiones que no estén relacionadas con su identidad o paradero actual; lo anterior con el objeto de que la defensa pueda apreciar el comportamiento del testigo bajo interrogatorio, de modo que pueda desacreditarlo o, por lo menos, plantear dudas sobre la confiabilidad de su declaración; en ese sentido el tribunal de sentencia deberá ser tolerante respecto a las preguntas que en condiciones normales podrían ser calificadas como impertinentes, pero que en el caso del testigo con identidad reservada resultan ser necesarias para auscultar lo señalado, siempre -se insiste- que dichas preguntas no estén dirigidas a revelar su identidad; y Respecto a la decisión judicial: determinar la suficiencia probatoria, identificando fuentes de información distintas a la proporcionada por el testigo con identidad reservada de la que se derive la participación del acusado. En la valoración de la prueba testifical deberá existir especial pronunciamiento por parte del tribunal de justicia sobre: i.- Limitaciones en la valoración intelectiva generadas por la falta de inmediación; y ii.- Limitantes sufridas por las partes al derecho de defensa como consecuencia de la reservada de la identidad del testigo. Ambas situaciones se deberán tomar en consideración al momento de tomar la decisión de fondo; aspectos deben de ser objeto de pronunciamiento obligatorio por parte del tribunal de justicia, porque ambos tienen repercusión en la valoración de la declaración del testigo. c. Declaración de testigo protegido con identidad de reserva, rendida de manera directa en la audiencia de debate (Como en el caso que nos ocupa en este recurso de casación). En este caso la inmediación, la oralidad y la concentración son observadas directamente por el tribunal de sentencia, entretanto la contradicción se desarrolla de manera limitada dada la reserva de la identidad del testigo. Persiste entonces la obligación del tribunal de sentencia de advertir el grado de repercusión que la reserva de identidad del testigo tuvo en el ejercicio del derecho de defensa en general, y en el ejercicio de la contradicción en particular. d. Consideraciones Comunes Hasta el momento el tema tratado ha sido la admisión como medio de prueba de un testigo protegido con identidad reservada; toca turno referirse a su legitimidad para sustentar una decisión condenatoria.- Ha advertido la Corte IDH que cuando se presenten los supuestos explicados en el segundo o tercer numeral, la sentencia condenatoria no debe de basarse en grado decisivo en la declaración del testigo con identidad reservada: “247.-… aun cuando se hayan adoptado medidas de contrapeso que parecen suficientes, la condena no puede estar fundada únicamente o en grado decisivo en declaraciones realizadas por testigos de identidad reservada. De lo contrario, se podría llegar a condenar al imputado utilizando desproporcionadamente un medio probatorio que fue obtenido en detrimento de su derecho de defensa. Por tratarse de prueba obtenida en condiciones en las que los derechos del inculpado han sido limitados, las declaraciones de testigos con reserva de identidad deben tratarse con extrema precaución, ser valoradas en conjunto con el acervo probatorio, las observaciones u objeciones de la defensa y las reglas de la sana crítica. La determinación de si este tipo de pruebas ha tenido un peso decisivo en el fallo condenatorio dependerá de la existencia de otro tipo de pruebas que corrobore aquellas de tal forma que, a mayor prueba corroborativa, menor será el grado decisivo que el fallador otorga al testimonio de identidad reservada.”. (Lo resaltado no aparece en el original de Norin Catrumán y otros vs. Chile). En resumen y conforme la Corte IDH, no es posible que un tribunal de justicia condene a una persona teniendo como base únicamente una declaración de testigo con identidad reservada.- Esto es consecuente con lo preceptuado en los artículos 14.3.e del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que indica que durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho, en plena igualdad, a interrogar y hacer interrogar a los testigos de cargo en las mismas condiciones; así mandado también en los artículos art. 8.1 y 8.2.f de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, Art. 82 de la Constitución de la República y art. 14 y 101 del Código Procesal Penal. Este criterio ha sido fijado por la Corte IDH en las sentencias: Palamara Iribarne versus Chile de fecha 22 de noviembre de 2005 (Párrafos 176 a 179); Lori Berenson Mejía versus Perú, de fecha 25 de noviembre de 2004 (párrafos 183 a 186); García Asto y Ramírez versus Perú, de fecha 25 de noviembre de 2005 (Párrafos 152 a 154); y Norin Catriman, Juan Patricio Marileo Saravia, Víctor Ancalaf Llaupe y otros versus Chile, de fecha 05 de noviembre de 2010 (Párrafos 187, 236 a 239, 241, 250 a 253) Las Sentencias relacionadas permiten determinar las siguientes máximas, que constituyen aspectos del debido proceso penal: a. La persona acusada, directamente o por conducto de su representante legal, tiene el derecho de examinar las pruebas de cargo en igualdad de condiciones con las otras partes, o de decidir no hacerlo; b. Para ejercer el derecho de examen de testigos, el acusado debe poder conocer la identidad de los testigos de cargo con suficiente antelación, para preparar su defensa y poder formular preguntas, cuestionar y en general controvertir en la audiencia de debate la declaración del testigo, salvo el caso excepcional del siguiente numeral; c. En ciertos casos, es necesario adoptar medidas de protección a favor de los testigos ante los riesgos de que su vida, su integridad corporal, sus bienes o a de sus familiares pudiesen generar su participación en el proceso; una de esas medidas es la reserva de su identidad, la cual es de carácter lícita en el proceso penal hondureño tanto por disposición constitucional como por disposición convencional; d. El testigo con identidad reservada da paso a un ejercicio limitado al derecho fundamental a la defensa; la falta de identidad hace imposible a la persona acusada o a su apoderado legal poder determinar relaciones de amistad, parentesco, amistad, enemistad con el acusado, la víctima u otros sujetos procesales; e. Como consecuencia de lo señalado en el numeral c y d, convencionalmente se ha dispuesto que, si bien es lícito el uso de testigos con identidad reservada, un pronunciamiento condenatorio no puede descansar de manera decisiva en la declaración dada por un testigo con este tipo de protección, cuando tal reserva haya repercutido en el ejercicio del derecho fundamental a la defensa. Por ello, una sentencia condenatoria carecerá de validez cuando se base en una solitaria prueba de un testigo con reserva de identidad o cuando la decisión descanse de manera decisiva en dicha declaración (de todo el conjunto probatorio, la declaración sea la que determine la responsabilidad de la persona acusada), siempre que dicha reserva haya repercutido en el ejercicio material del derecho de defensa. Para ello entonces se deberá identificar el perjuicio material concreto, o cuando menos, potencial que ha sufrido la persona acusada en el ejercicio del mencionado derecho. Finalmente, es de señalar que el derecho a interrogar en igualdad de condiciones a los testigos de cargo en el proceso penal es de carácter renunciable; por tanto, el silencio de la defensa en cuanto al ejercicio de este derecho puede ser considerado una aceptación de dicha circunstancia; criterio que se desprende de la opinión del Comité de las Naciones Unidas en el caso Glenmore Compass c. Jamaica, U.N. Doc. CCPR/C/49/D/375/1989 (1993) párrafo 10.3, en donde se indica: “En lo que respecta a la alegación del autor de que en su caso se violó lo dispuesto en el párrafo 3 del artículo 14, dado que no tuvo ocasión de efectuar el contrainterrogatorio de uno de los principales testigos de la acusación, el detective McNab, el Comité observa que es indiscutible que el testigo no pudo prestar declaración durante el juicio puesto que había salido de Jamaica. El Comité observa, no obstante, que las actuaciones del juicio demuestran que el autor estuvo presente durante la audiencia preliminar, cuando McNab prestó declaración jurada, y que en esa ocasión el abogado del autor efectuó el contrainterrogatorio del testigo. La deposición del testigo, así como sus respuestas en el contrainterrogatorio, se presentaron al Tribunal como prueba durante el juicio; ni el autor, ni su abogado objetaron, en el juicio o en la apelación, la presentación de esta prueba. El Comité observa que el apartado e) del párrafo 3 del artículo 14 protege la igualdad de condiciones entre la acusación y la defensa en lo que se refiere al interrogatorio de los testigos, pero no impide a la defensa renunciar a su derecho a efectuar el contrainterrogatorio de un testigo de la acusación durante el juicio, o no ejercer este derecho. En cualquier caso, el Comité toma nota de que el detective McNab fue examinado por la defensa.”. Así entonces y para evitar la subsanación del defecto conforme lo estipula el artículo 170 en relación con el artículo 167 último párrafo, del Código Procesal Penal, la defensa deberá plantear objeción, declarando la existencia de un perjuicio en el ejercicio del derecho de defensa por una contradicción disminuida como consecuencia de la reserva de la identidad del testigo en los momentos procesales oportunos, pues en caso de silencio se entenderá que el derecho de defensa no fue comprometido. No esta demás recordar que conforme el Control de Convencionalidad, lo señalado por la Corte IDH prima por sobre normativa legal interna del Estado de Honduras y doctrina legal proferida por la propia Corte Suprema de Justicia a través de sus distintas Salas.- Recordemos que se debe de entender por control de convencionalidad señalado por la propia Corte IDH, en una sentencia en donde precisamente se condenó al Estado de Honduras por su inobservancia[6]: “307.- … la Corte recuerda que cuando un Estado es parte de un tratado internacional como la Convención Americana, todos sus órganos, incluidos sus jueces, están sometidos a aquél, lo cual les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermados por la aplicación de normas contrarias a su objeto y fin. Los jueces y órganos vinculados a la administración de justicia en todos los niveles, están en la obligación de ejercer ex officio un “control de convencionalidad” entre las normas internas y la Convención Americana, evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes. En esta tarea, los jueces y órganos vinculados a la administración de justicia deben tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana.”[7]. Sobre la obligatoria observancia del control de convencionalidad ha indicado la Corte Suprema de Justicia por conducto de la Sala de lo Constitucional[8]: “…la interpretación del artículo 63 constitucional se establece que el catálogo de derechos es un numerus apertus, lo cual conlleva al reconocimiento del ejercicio de derechos no desarrollados por nuestra Constitución, sino que abarca todo texto normativo ya sea de orden legal o internacional suscrito por nuestro país, que amplié el catálogo de derechos humanos, rompiendo con esto con el principio de interpretación inclusio unius est exclusio alterius, es decir que la inclusión de uno supone la exclusión del otro, dado el mandado constitucional y convencional, que ha determinado que “una Convención o Tratado Internacional son, de hecho y deben ser observados por los jueces como normas de derecho fundamental, que forman parte de nuestro bloque de constitucionalidad”[9] de manera que aseguren una eficaz protección a los derechos humanos; estando apegado los tribunales no solo a conocer la interpretación última y definitiva de la Constitución que realice ésta Sala, sino también tomando en consideración las interpretaciones que de ellos hagan los Tribunales Internacionales a los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos.”. En conclusión: el criterio fijado por la Corte IDH sobre los testigos con identidad reservada, la participación de la defensa en su examen, su valoración y cuando el pronunciamiento condenatorio es admisible basado únicamente en la declaración de esta clase de testigos, es de obligatoria consideración de la propia Corte Suprema de Justicia y de todo órgano jurisdiccional con competencia en materia penal. De la procedencia del recurso. El recurso no es de recibo. El sistema judicial da respuesta a los requerimientos de justicia que hagan las partes, quienes con la obligación de conducirse con lealtad procesal formulan peticiones a fin de alcanzar sus particulares pretensiones; Por tanto constituye un acto de deslealtad procesal el reservarse la supuesta concurrencia de un vicio para hacer su alegato en un proceso de impugnación, sorprendiendo al sistema de algo que pudo haberse corregido de manera previa, o contrario sensu, alegar en el proceso de impugnación la existencia de un supuesto vicio que en realidad es inexistente y que por ello no había sido alegado antes.- Lo anterior es en referencia al alegato de violación al derecho de defensa que la Defensa Pública plantea en su recurso, oponiendo como motivo un vicio que debió haberse advertido en la instancia. El proceso penal que nos ocupa dio inicio mediante la presentación del requerimiento fiscal en fecha 29 de Julio de 2016, imputando al Señor Elmer Moisés Zuazo Andara, la comisión como autor de dos delitos consumados de Homicidio, en perjuicio de los Señores Edwin Ramon Corea Ramirez y Marcos Antonio Corea Alvarado.- En un momento procesal posterior el Ministerio Público solicito el recibimiento anticipado de las declaraciones de los testigos, presenciales de los hechos C1 y C2, bajo el protocolo de prueba anticipada; petición que no encontró oposición en la defensa pública, practicándose así la audiencia de evacuación el 21 de diciembre de 2017, en donde las partes tuvieron la oportunidad de interrogar a los dos testigos. Al día siguiente, es decir el 22 de diciembre, fue celebrada la audiencia inicial, en donde el agente fiscal propuso las declaraciones de los testigos con identidad reservada C1 y C2, introducidas por lectura; propuesta que de nuevo no encontró oposición de la Defensa Pública (f. 43).- Más adentrado el proceso, en fecha 22 de mayo de 2018 tuvo lugar la audiencia de proposición de medios de prueba, en la cual el Ministerio Público propuso para ser evacuados en la audiencia de debate, la declaración de los testigos con identidad reservada C1 y C2, declaraciones que fueron admitidas por el tribunal de sentencia al no haber objeción por parte de la defensa pública (f. 96). En la audiencia preliminar, celebrada el 20 de marzo de 2018, el Ministerio Público formalizó cargos, enlistando la carga probatoria obtenida tras finalizarse el proceso de investigación, siendo una de ellas las declaraciones de los testigos protegidos C1 y C2, sin que en la contestación de cargos la Defensa Pública hiciera protesta por la condición de reserva de identidad de los dos testigos en que descansaba la formalización de la acusación (f. 65) .Finalmente, el proceso penal llego a la audiencia de debate en fecha 19 de junio de 2018, en donde la Defensa Pública no hizo planteamiento de incidente en relación a la reserva de identidad de los testigos protegidos, los que comparecieron a la audiencia, declarando sobre los hechos que conocían y después respondiendo las preguntas que tuvieron a bien formular las partes, para luego en conclusiones la defensa pública refutarlos respecto a su credibilidad, pero sin formular agravio sobre violación al debido proceso o al derecho de defensa en torno a la medida de protección de reserva de identidad. Es así que llegamos a única instancia, donde la Defensa Pública plantea como razón en la interposición del recurso de casación la supuesta violación al debido proceso judicial y, en específico, la violación al ejercicio de la defensa, como consecuencia de haberse dictado una sentencia condenatoria en donde los jueces indican que la certeza de culpabilidad descansa en la declaración de dos testigos protegidos con reserva de identidad; alega la defensa que el desconocer dicha identidad repercutió en el ejercicio del contradictorio, sin que se haya hecho tal reclamo en los momentos procesales en donde teóricamente se materializó dicha circunstancia, como ser en la audiencia inicial tras la deposición del testigo protegido, a partir de donde la Defensa Pública conocía de su existencia, del contenido de su declaración pero que aun así no planteo objeción sobre éste en las conclusiones de la audiencia inicial, tampoco en la audiencia preliminar en donde el Ministerio Público fundó la formalización de cargos en la declaración de los dos testigos con identidad reservada; igual omitió presentar objeción cuando el Ministerio Público propuso las declaraciones de estos dos testigos en la audiencia de proposición de medios de prueba; mucho menos en la audiencia de debate, ni siquiera después de haber realizado el contrainterrogatorio o en la etapa de conclusiones de ésta audiencia, cuando teóricamente la limitación al ejercicio de contradicción y con ella la violación al derecho de defensa y al debido proceso ya se había materializado. Por tanto, colige la Sala de lo Penal que el alegato de la violación al derecho de defensa es improcedente, dado que la defensa pública no formulo oposición a la evacuación de dos testigos con la medida de reserva de identidad, tampoco formulo agravio que tal medida había provocado limitación en el ejercicio de defensa, mucho menos presentó petición formal que dichas declaraciones testificales no fuesen tomadas en consideración, como fuentes de prueba decisivo por vulneración al derecho de defensa.- El alegato de la señora Defensora no es atendible al haber consentido las condiciones de juzgamiento sin formular protesta en los momentos procesales oportunos, siendo la instancia de casación el único momento en que tales alegatos fueron planteados. V. Decisión: Declarar sin lugar el recurso de casación por infracción de precepto constitucional, interpuesto por la Defensa Pública. De la procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal Decreto 130-2017. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir de cinco a diez años de prisión una pena). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrara en vigor y cuando es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo con la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento de juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas de manera completa por la persona, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el Código Penal Decreto 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigor del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo Código sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibido la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un concurso real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse, primero conforme al límite objetivo ordinario o limite objetivo extraordinario, según corresponda, y luego de ello conforme al límite subjetivo. Empero uno no es preferente sobre el otro, se aplicará el límite que sea menor; b.- La ponderación deberá realizarse, primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el CP-130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a.- Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b.- Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no los 30 años (limite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (limite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años, la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años, se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y aun así en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Limite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Limite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Limite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. Escrito Suplementario Señala el artículo 624 del del Código Penal 130-2017 que, en el trámite de un recurso contra una resolución definitiva, las partes podrán presentar un escrito suplementario a efecto de que el tribunal ad-quem lo tome en consideración al momento que corresponda hacer la ponderación de la norma penal más favorable entre el Código Penal vigente al momento del hecho (CP 144-83) y el Código Penal vigente al momento del juzgamiento (CP 130-2017). En el presente caso no fue presentado escrito suplementario por parte de la representación legal del acusado Elmer Moisés Zuazo Andara, tampoco por el Ministerio Público, por lo que, conforme lo indica el mismo artículo 624, corresponde a la Sala de lo Penal hacer de oficio la ponderación de la norma penal más favorable en el caso concreto. Ponderación en el caso concreto En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso al Señor Elmer Moisés Zuazo Andara, como autor del delito de homicidio (Art. 116 cp 144-83) en perjuicio de los Señores Edwin Ramón Corea Ramírez y Marco Antonio Corea Alvarado, las sanciones siguientes: i.- pena principal de reclusión por 30 años; ii.- Penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil durante el tiempo de la pena de reclusión; iii.- Demás consecuencias legales por la condena. Conforme las disposiciones del Código Penal 130-2017, el delito de homicidio (Art. 192 NCP 130-2017), tiene una pena principal de 15 a 20 años de prisión para el autor del delito consumado. La comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que la pena concreta impuesta al acusado Elmer Moisés Zuazo Andara se encuentra dentro del marco abstracto de la pena que contempla la nueva legislación penal; por otro lado, en ambas legislaciones se determina un máximo de cumplimiento de 30 años para las penas acumuladas, por lo que el nuevo código penal no representa una norma más favorable al acusado, no siendo procedente su aplicación retroactiva. VI. Por Tanto: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 140 del Código Penal; 360 y 362 del Código Procesal Penal; Falla: Primero: Declara Sin Lugar el único motivo del recurso de casación por infracción de precepto constitucional interpuesto por la Defensa Pública.- Segundo: Declara la no procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017, por las conductas reprochadas al ahora condenado Elmer Moisés Zuazo Andara; Como consecuencia el proceso de ejecución deberá de realizarse conforme las normas del Código Penal 144-83. - Tercero: Declara Firme y ejecutable la sentencia de fecha treinta y uno de julio de dos mil dieciocho (f. 117), dictada por el Tribunal de Sentencia de la ciudad de Yoro, Departamento de Yoro.- Y Manda: A efecto de que se acate lo mandado, la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas en única instancia, deberá devolver los antecedentes del caso al tribunal de justicia de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento.- Notifíquese. - Firmas y Sello. José Olivio Rodríguez Vásquez. Magistrado Coordinador. Rafael Bustillo Romero. Magistrado. Alma Consuelo Guzmán García. Magistrada. Firma y Sello. Lety Emelda Posadas. Secretaria Actuante. Sala de lo Penal.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en fecha uno de noviembre de dos mil veintidós. Certificación de la sentencia dictada el veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, recaída en el expediente SP 445-2018.

JOSÉ RAMÓN CRUZ FERRERA

Secretario Sala de lo Penal

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[1] Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Norín Catriman y otros Vs Cile, Reparación y Costas, Sentencia 29 de mayo de 2014.

[2] Tribunal Europeo de Derechos Humanos, caso Kostovski Vs Países Bajos, sentencia 20 de noviembre de 1989.

[3] El artículo 8.2 literal h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que, durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, entre otras garantías mínimas, la de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.

[4] Cubillo López, Ignacio Jose, en La Protección de Testigos en el Proceso Penal, Civitas /Thomson Reuters, Editorial Aranzadi, págs. 175-187

[5] Norin Catrumán y otros vs. Chile, párrafo 246

[6] Corte IDH. Caso López Lone y otros Vs. Honduras. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de octubre de 2015. Serie C No. 302.

[7] En el mismo sentido ver caso La Cantuta Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de noviembre de 2006, párr. 173; y ver Corte IDH, caso Almonacid Arellano y otros Vs. Chile. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de septiembre de 2006. Serie C No. 1541 124.

[8] Sentencia de la Sala de lo Constitucional de fecha 19 de junio de 2017, emitida en acción de amparo con número de Expediente SCO-0409-2016-AP.

[9] Ver Considerando ocho (8) de la Sentencia de esta Sala en los expedientes acumulados SCO-1343-2014 y SCO-243-2015 RI, dictada el 22 de abril de dos mil quince.