Sentencia CP-42-21 — Registro 17575
Resumen
En primera instancia se condenó al imputado por los delitos de Asesinato y Asesinato en su grado de Ejecución de Tentativa, resolviendo en segunda instancia No Ha Lugar el recurso de casación y se Declara la no procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"...DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO. EL MOTIVO NO ES DE RECIBO. El recurso es defectuoso pues señala en la valoración de la prueba, los Juzgadores flagrantemente violan las reglas de la sana crítica en su ley lógica de la derivación, en su principio de razón suficiente; pero en el desarrollo de su recurso reproduce parcialmente las declaraciones testificales del Testigo Protegido JM, Testigo Protegido X1, Testigo Rony Fabricio Ferrufino Flores y del Testigo Carlos Adolfo Laínez Salgado, Transcribe fragmentos de la valoración conjunta de la prueba testifical, haciendo el recurrente su propio alegato de instancia sobre los mismos y no sobre la valoración intelectiva hecha por el juzgador y no establece cual fue el perjuicio que le ha causado a su defendido dicha inobservancia. El recurso que hoy nos ocupa, por elección del recurrente, es el de casación por quebrantamiento de forma, mediante el cual se denuncia la concurrencia de un vicio in procedendo consistente en una incorrecta valoración intelectiva de los medios de prueba que fueron reproducidos en juicio, al ser colisionante con el principio lógico de derivación en su postulado de razón suficiente. El recurrente de esta forma fija la competencia de la Sala de lo Penal, pues es lo señalado lo que se identifica como el objeto de la impugnación al que debe de darle respuesta, no pudiendo extenderse el pronunciamiento judicial a otros aspectos no alegados, ello al tenor de lo mandado en el artículo 350 del Código Procesal Penal. Es de tener presente que conforme la naturaleza del recurso de casación resulta irrelevante el criterio que pueda generar la prueba al Ministerio Público, al acusador privado, a la defensa, etc. e inclusive al propio Tribunal de Casación; lo que consideren las partes o la Sala de lo Penal que debió haber sido la valoración de la prueba no es vinculante, sino que lo determinante es el criterio probatorio contenidos en los razonamientos judiciales del Tribunal de Sentencia y si éstos fueron construidos en respeto a las reglas de la sana crítica; ergo el motivo de casación debe concentrarse única y exclusivamente en demostrar que el criterio (valoración intelectiva) del juzgador fue erigido con inobservancia de esas reglas y principios que componen el recto entendimiento humano y no tratar de superponer otra valoración que se considera más propia.- La Sala de lo Penal ha señalado que en casación, como única instancia, solo puede hacer un análisis, y en su caso, censura del proceso intelectivo de la sentencia cuando ésta contenga razonamientos que riñan con las reglas de la sana critica; debe entenderse entonces que el foco de estudio no es la prueba, no es lo que dejó de acreditar o acreditaron los medios probatorios (valoraciones de instancia), sino el razonamiento plasmado por los jueces y los cuales les llevaron a construir los hechos declarados probados. Como consecuencia de lo anterior la exactitud en la confección del recurso de casación por quebrantamiento de forma, tratándose de violaciones a las reglas de la sana crítica debe ser alta: se requiere: i.- identificación del razonamiento judicial vicioso; ii.- la identificación de la regla de la sana crítica que se considere violentada; iii.- exposición del porqué el razonamiento judicial (no la prueba) contiene un vicio de inobservancia o de mala aplicación de la regla de la sana crítica, llegando a su demostración y finalmente; iv.- la explicación del porqué dicha violación tiene una repercusión negativa en la decisión adoptada por el tribunal.- Es un trabajo técnico, bastante preciso, pues a cada razonamiento judicial señalado como vicioso debe hacerse el examen sobre su propiedad y además se debe explicar por qué la conclusión judicial malograda es relevante para la decisión final y por ello dicha decisión fue indebidamente adoptada. Desafortunadamente el recurrente, se da la tarea en exponer lo que considera fueron contradicciones entre el contenido probatorio, limitándose a increpar que los jueces de sentencia no advirtieron éstas en su valoración, pero no procuró reprender la valoración intelectiva, demostrando porque las conclusiones arribadas fueron erróneamente derivadas, tal y como lo había prometido en el planteamiento hecho en el preámbulo del escrito. El recurso contiene análisis probatorio y no análisis de los razonamientos judiciales; la impugnación se apoya en su mayoría en transcribir las declaraciones testificales y no atacar la valoración intelectiva que hace el juzgador sobre esos medios de prueba, lo que solo podría constatarse mediante una revalorización de la carga probatoria a realizarse mediante la lectura del contenido de la prueba, pero además se tendría que censurar la valoración hecha por el a-quo y reemplazarla por la valoración de la Sala de Casación; en otras palabras, la Sala de lo Penal tendría que convertirse en tribunal de segunda instancia. Esto nos lleva a afirmar que el recurrente acude a esta única instancia con el objeto de conseguir un reexamen o revalorización (revisio de facto) de la actividad probatoria, como medio de atacar el juicio valorativo hecho por el tribunal, pretendiendo que los jueces de casación, sin contar con inmediación (entre otros principios faltantes), valoren un medio de prueba determinado, extraigan conclusiones probatorias y las impongan en la sentencia. En el caso actual, la defensa privada se dedica a elaborar alegatos propios de instancia que resultan insuficientes para autorizar la potestad revisora del control de racionalidad de la actividad valorativa de instancia, pues si la prueba es insuficiente para acreditar la responsabilidad penal del acusado en los hechos que se le imputa, no es una cuestión que atañe al motivo invocado por el recurrente. O bien, el concluir que el sentenciador a vertido fundamentación inconsistente para restar valor probatorio y que los testigos no han sido concordantes con la prueba pericial o documental, es una apreciación subjetiva del recurrente en la que pasa por alto la labor intelectiva del juzgador y la cual debe ser su objeto de impugnación. A partir de lo alegado, la Sala de lo Penal no tiene duda que el recurrente presenta queja sobre la valoración, no porque identifique un defecto de construcción en un silogismo judicial, análisis de premisas y demostración de una mala inferencia que termine en una indebida conclusión derivada, o la exposición de dos argumentos judiciales sobre un mismo hecho o aspectos que sean contradictorios, sino porque la prueba fue valorada de forma diferente a como pretendía la defensa privada, todo ello impropio de sede casacional. El defecto de interposición de recurso es insalvable, por lo que debe de ser desestimado..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362, N.3 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
"...Ponderación en el Caso Concreto El Tribunal de Sentencia, basado en el Código Penal según decreto 144-83, declaró responsable al acusado Manuel Meza de: 1.- Delito: Asesinato Ofendidos: Wilfredo Ramón Cerrato Cruz, Rigoberto Hernández Flores, Teófilo Cruz, Olman Idec Cruz Pineda, Marcelino Antonio Galo Pérez y Marco Antonio Galo Pérez. Pena: 20 años por cada delito, lo que hace un total de 120 años de reclusión. 2.- Delito: Asesinato en su grado de ejecución de tentativa. Ofendido: Testigo Protegido X1 y Testigo Protegido JM Pena: 13 años 4 meses de reclusión por cada delito, lo que hace un total de 26 años 8 meses de reclusión. Todo conforme al concurso real hace un total de 146 años 8 meses de reclusión, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil. En cuanto al decreto 130-2017, las acciones cometidas por el acusado Manuel Meza se enmarcan así: 1.- Artículo 193 Delito: Asesinato Ofendidos: Wilfredo Ramón Cerrato Cruz, Rigoberto Hernández Flores, Teófilo Cruz, Olman Idec Cruz Pineda, Marcelino Antonio Galo Pérez y Marco Antonio Galo Pérez. Pena: 20 a 25 años de prisión por cada delito cometido, lo que hace un margen abstracto de 120 a 150 años de prisión. 2.- Artículo 193; Artículo 21 numeral b) Tentativa acabada Delito: Asesinato en su grado de ejecución de tentativa. Ofendido: Testigo Protegido X1 y Testigo Protegido JM Pena: 15 a 20 años por cada delito cometido, lo que hace un margen abstracto De 30 a 40 años de prisión. Al hacer la suma de las penas máximas y mínimas con el nuevo código penal decreto 130-2017, nos da un resultado de penas mínimas de 150 años y como penas máximas de 190 años, vemos que con el viejo código penal decreto 144-83 el total de las penas impuestas al acusado Manuel Meza es de 146 años 8 meses de reclusión, lo cual la pena es menor que las establecidas Enel Código Penal según decreto 130-2017. Además, el limite objetivo extraordinario que en el Código Penal derogado decreto 144-83 el acumulado de penas era de 30 años y en la nueva ley penal decreto 130-2017 es de 40 años; por lo que resulta más beneficioso para el acusado Manuel Meza ser condenado con la disposiciones del código penal derogado, pues solo tendrá que cumplir 30 años de penas acumuladas y con el nuevo código tendría que cumplir 40, por tanto no procede la aplicación retroactiva de la nueva ley penal..."
Legislación citada
- Código Penal, art. 615 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
Certificación
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA la sentencia de fecha veintiocho de junio de dos mil veintidós, recaída en el expediente con registro SP 42-2021, que literalmente dice: “Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiocho días de junio del año dos mil veintidós, el Pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados José Olivio Rodríguez Vásquez, en su calidad de Coordinador, Rafael Bustillo Romero y Alma Consuelo Guzmán García, pronuncian En nombre del Estado de Honduras La siguiente sentencia en el Recurso de Casación SP 42-2021 por Infracción de Precepto Constitucional y por Quebrantamiento de Ley, interpuesto contra la sentencia de fecha cuatro de marzo de dos mil veinte, dictada por el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, mediante la cual falló: Primero: Condenó al señor Manuel Meza, como autor, del delito de Asesinato, en perjuicio de Wilfredo Ramon Cerrato Cruz, Rigoberto Hernández Flores, Teófilo Cruz, Olman Idec Cruz Pineda, Marcelino Antonio Galo Pérez y Marco Antonio Galo Pérez a la a pena de veinte años por cada una de las victimas sumando un total de ciento veinte años de reclusión. Segundo: Condenó al señor Manuel Meza, como autor, de dos delitos de Asesinato en su grado de Ejecución de Tentativa, en perjuicio de los Testigos Protegidos X-1 Y JM a la a pena de trece años y cuatro meses de reclusión como pena principal por cada uno de dichos delitos, haciendo un total de veintiséis años ocho meses de Reclusión. Tercero: Condenó al señor Manuel Meza, a las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil. Cuarto: Se declaro civilmente responsable. Quinto: No se condenó en costas procesales, personales ni gastos ocasionados por el juicio. SON PARTES EN ÚNICA INSTANCIA: El Abogado Darwin Lindolfo García, en su condición de defensor privado del señor Manuel Meza como recurrente y el Abogado Salvador Cuestas Arévalo, en su condición de agente fiscal del Ministerio Público, como parte recurrida. HECHOS PROBADOS “Valorando las pruebas practicadas en el acto del juicio oral, de acuerdo a los criterios de la sana critica, este Tribunal declara expresa y terminantemente probados los hechos siguientes: PRIMERO: En fecha 18 de junio del 2016 el señor Olman Cruz sufrió un atentado en el que fue herido de bala en una de sus manos, razón por la cual en fecha 19 de junio del año 2016, a eso de las 2:30 de la Madrugada el testigo JM, se conducía a bordo de una motocicleta en compañía del señor Wilfredo Cerrato, a la Aldea de San José del Municipio de Reitoca, de Francisco Morazán, a ubicar a una persona que proporcionara un vehículo para trasladar a Olman Cruz a un centro asistencial, y cuando estaban estacionados contiguo a una vivienda de ese lugar, en busca de una persona para que prestara el auxilio, llegó el señor Manuel Meza a bordo de su vehículo, color Gris, Marca, Nissan, Navarra, quien luego de estacionarse por un momento se marchó del lugar a bordo del mencionado vehículo. Luego el testigo JM, y Wilfredo Cerrato se marcharon del lugar a bordo de la motocicleta, pero después de haber recorrido de 300 a 350 metros, se encontraba estacionado a esa altura, el señor Meza, en un vehículo, Navarra, color gris, en una pendiente contiguo a una balastera, quien al percatarse de la presencia de la motocicleta, conducida por Testigo JM, encendió las luces de su vehículo y empezó a pitarles llamándoles, regresando los ocupantes de la motocicleta para ver que sucedida, dirigiéndose así el testigo JM, con dirección al asiento del conductor, y luego de decirle "buenas noches señor Alcalde", el señor Manuel Meza, sacó un arma de fuego y procedió a disparar contra JM en varias ocasiones, logrando este esquivar varios de los disparos, para salvar su vida, no obstante, logró inferirle al testigo protegido JM una herida en cara posterior, tercio superior del muslo derecho, otra en tercio superior cara anterior del muslo derecho, asimismo le ocasionó lesión en la base del segundo dedo izquierdo, y otra herida en la base del primer dedo del pie izquierdo, sin embargo, el testigo protegido JM a pesar de sus heridas logró correr y ocultarse en las cercanías de dicho sitio quedando Wilfredo Cerrato en su sitio frente al señor Manuel Meza, quien entonces disparó contra Wilfredo Cerrato, infiriéndole cuatro heridas producidas por armas de fuego, que a raíz de lo cual cayó tendido en el suelo, retirándose el señor Manuel Meza a bordo del Nissan Navarra del lugar, siendo así como entonces logra ser auxiliado Wilfredo Cerrato quien aún con vida fue llevado al Centro de Salud del Municipio de Reitoca Francisco Morazán, done finalmente falleció. SEGUNDO: En fecha 19 de junio del año 2016, aproximadamente entre las 9:00 a 9:30 de la mañana, los señores Rigoberto Hernández Flores, Teófilo Cruz, Marco Antonio Galo Cruz y Marcelino Arteaga Alvarado, pastor de una iglesia, se conducían a bordo de un vehículo, tipo pick up, marca Toyota, color azul, modelo 22R, que era conducido por este último, quienes venían con dirección hacia Tegucigalpa, con el fin de auxiliar a los familiares del occiso Wilfredo Cerrato, es así que encontraron en eso al señor Olman Cruz Pineda, quien se encontraba aun herido por proyectil de arma de fuego, a quien subieron al vehículo para darle transporte. Es así como el vehículo prosiguió su camino, siendo en esos momentos rebasado a alta velocidad por el vehículo Nissan Navarra color gris propiedad del señor Manuel Meza el cual se estacionó más adelante a la altura de la Aldea Santa Cruz, antes de llegar a un desvió del mismo sitio, atravesando este vehículo en la calle y obstaculizando el paso del vehículo en el que se conducían los señores Rigoberto Hernández Flores, Teófilo Cruz, Marcelino Arteaga Alvarado y Marco Antonio Galo Cruz, junto con Olman Cruz y Testigo Protegido X-1, y al aproximarse el vehículo tipo pick up, marca Toyota, color azul, modelo 22R, se bajaron varios individuos, quienes de común acuerdo con el señor MANUEL MEZA, con armas de fuego en mano, se dirigieron al lugar del vehículo donde venia ubicado el señor Olman Cruz, a quien le infirieron Once (11) heridas producidas por proyectil de armas de fuego, quien como consecuencia de las múltiples heridas perdió su vida en el acto. Asimismo, dispararon en contra de la humanidad de los señores Rigoberto Hernández Flores, a quien le infirieron cinco heridas de armas de fuego, a Marcelino Ortega Alvarado, le infirieron dos heridas de arma de fuego, a Marco Antonio Galo, le infirieron nueve (9) heridas producidas por arma de fuego. - A Teófilo Cruz, le infirieron siete (7) heridas de armas de fuego, quienes fallecieron como consecuencia de las múltiples heridas, producidas por arma de fuego. Asimismo, dispararon en contra del testigo X-1, quien tomó el volante logrando así esquivar los disparos acelerando el vehículo Marca Toyota, color Azul, 22R, lego abandonó el automotor para ocultarse en manta salvaguardando su vida.” RECURSO DE CASACION, MOTIVOS Y ARGUMENTOS El recurrente Abogado Alex Dagoberto Maldonado, procedió a formalizar su Recurso de Casación Infracción de Precepto Constitucional y por Quebrantamiento de Forma y por Infracción de Ley, de la manera siguiente: “I. MOTIVO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL PRIMER MOTIVO Infracción del artículo 89 de la Constitución de la República que proclama y garantiza el derecho al estado de inocencia, en relación a los artículos 90 de la misma Constitución de la República, 8 numeral 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y artículo 2 del Código Procesal Penal PRECEPTO AUTORIZANTE: Autoriza la interposición del presente motivo de Casación el artículo 361 del Código Procesal Penal. FUNDAMENTACIÓN: Se desarrolla la fundamentación del motivo de la siguiente forma: Prescribe el artículo 89 de la Constitución de la República que "Toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente”. - En igual sentido señala el artículo 8 numeral 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que "Toda persona inculpada de delito tiene derecho que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. (.…..)". Y, por último, el artículo 2 del Código Procesal Penal prescribe: "Estado de inocencia. Todo imputado será considerado y tratado como inocente mientras no se declare su culpabilidad por el órgano jurisdiccional competente de conformidad con las normas de este Código". Estas disposiciones constitucionales y convencionales encuadran el principio de Estado de Inocencia, el cual se define como el principio jurídico en virtud del cual toda persona debe ser considerada inocente mientras no sea condenada por sentencia firme y sobre la base de prueba legitima practicada con las debidas garantías que acredite su culpabilidad más de toda duda razonable. - Sobre este principio-derecho, la honorable Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia ha señalado que debe comprobarse los siguientes aspectos: a) si hay prueba en sentido material (prueba personal o real); b) si estas pruebas son de contenido incriminatorio; c) si ha sido constitucionalmente obtenida, esto es, si fue in comparada lícitamente al juicio oral; d) si ha sido practicada con regularidad procesal; e) si es suficiente para enervar la presunción de inocencia; y_) si ha sido racionalmente valorada por el Tribunal Sentenciador. Como se puede apreciar, uno de los elementos indispensables que se deben observar en orden de respetar el principio de Estado de Inocencia es que exista prueba suficiente para enervar dicha garantía constitucional. En ese orden de ideas, al verificar la prueba que sirvió al honorable Tribunal de Sentencia para condenar al señor MANUEL MEZA, ha sido el testimonio aislado del testigo protegido JM, quien dice haber reconocido al imputado cuando este supuestamente lo atacó y posteriormente le dio muerte al señor WILFREDO CERRATO. La demás prueba testimonial de cargo, rendida por el testigo protegido X-1, y los señores Rony Fabricio Ferrufino y Carlos Adolfo Salgado, no dan cuenta de la participación del señor MANUEL MEZA, sino que únicamente ubican un carro Nissan Navarra gris como el vehículo que fue utilizado por los atacantes de las víctimas.- Sin embargo, esta descripción genérica del vehículo no es suficiente para atribuirle la responsabilidad de los delitos al imputado, toda vez que, de todas las pruebas científicas, como el análisis balístico, no se desprende que el señor MANUEL MEZA haya disparado contra WILFREDO CERRATO, como tampoco haya participado en la muerte de los señores RIGOBERTO HERNÁNDEZ FLORES, TEOFILO CRUZ, OLMAN IDEC CRU PINEDA, MARCELINO ORTEGA ALVARADO y MARCO ANTONIO GALO PÉREZ. Así, el fallo condenatorio se basa en una suposición, dado que lo único que coincide y de manera genérica, es la descripción del vehículo Nissan Navarra gris, sin embargo, esto no enerva la garantía constitucional de Estado de Inocencia que asiste al señor MANUEL MEZA, dado que lo dicho por el testigo protegido JM, no ha podido ser reforzado por ningún otro medio probatorio documental, pericial, testifical o científico, sino todo lo contrario, al desprenderse del análisis balístico, que el arma del imputado no fue la que disparó en contra del testigo JM y WILFREDO CERRATO.- Por lo que, en caso de que deban hacerse presunciones o suposiciones, debería ser estas a favor de la absolución, pesto que no existe una plena convicción de la participación del imputado. A través del ejercicio analítico anterior se acredita que las pruebas de cargo carecen de suficiencia para enervar el estado de inocencia del señor MANUEL MEZA por encima de la duda razonable. La ratio decidendi contenida en el fallo, se basa en una argumentación conjetural y presuntiva no apta para conducir a la condena de nuestro representado, teniendo como resultado una infracción directa a los artículos 89 de la Constitución de la República, con relación a los artículos 90 de la misma Constitución de la República, 8 numeral 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 2 del Código Procesal Penal, motivo que amerita la revisión por es honorable Sala, a efectos de procurar la más adecuada aplicación del derecho, casando la sentencia, absolviendo al señor MANUEL MEZA de toda responsabilidad penal por los hechos atribuidos.” Continúa manifestando el recurrente abogado Alex Dagoberto Maldonado en su exposición del Recurso de Casación “ II. MOTIVO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA SEGUNDO MOTIVO Infracción de lo dispuesto en el artículo 202 del Código Procesal Penal, al ser inobservadas las reglas de la sana crítica en la valoración de la prueba. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. FUNDAMENTACIÓN: En la valoración de la prueba, los juzgadores flagrantemente violan las reglas de la sana crítica en su ley lógica de la derivación, en su principio de razón suficiente, al atribuirle a la declaración de los testigos protegidos JM y X1 y testigos Rony Fabricio Ferrufino y Carlos Adolfo Salgado alcances probatorios que no poseen. - Esta violación se configura de la forma siguiente: La construcción lógica consiste en la adecuación de los razonamientos a las reglas del pensamiento, situando entre ellas la ley lógica de la derivación y en este, el principio de razón suficiente, del que se extra que para que un juicio sea verdadero, debe contar con una razón que acredite lo que el juicio establece. Por razón de un juicio debe entenderse aquello que es capaz de acreditar lo que se enuncia en el juicio. Esta razón es suficiente cuando basta por sí sola para servir de apoyo completo a lo enunciado en el juicio. - Dicho de otro modo, todo juicio, para ser realmente verdadero, necesita de una razón suficiente, ¿que justifique lo que en el juicio se afirma o niega con pretensión de verdad? Por su parte, el jurista FRANCISCO DALL'ANESE señala que para apreciar la prueba de acuerdo con el principio de razón suficiente "cada elemento aportado por un testigo, documento u otro medio, debe estar probado por los otros elementos del elenco. Esto es, cada elemento debe estar probado por otros, de manera que entre todos formen un engranaje sólido donde cada pieza es sostenida por las otras, pero a su vez aquella forma parte del conjunto que sostiene a las demás Cada elemento es prueba de los otros, y los otros de éste (lo resaltado es nuestro)"3. Al entrar en materia de la censura, en el apartado denominado VALORACIÓN DE LA PRUEBA de la sentencia recurrida, concretamente en numeral primero, página 15 y subsiguientes, donde el Tribunal de Sentencia realiza la VALORACIÓN CONJUNTA DE LA PRUEBA TESTIFICAL y arriba al siguiente razonamiento: "Todas las declaraciones recibidas como prueba de cargo, antes relacionadas, son creíbles a criterio del Tribunal, por canto son contestes en la narración sobre la dinámica de cómo y cuándo sucedieron los hechos, suscitados en fecha 18 y 19 de junio de 2016, los cuales narran circunstancias del hecho criminoso que percibieron por sus propios sentidos, y de las cuales tuvo participación el acusado. Además, todos los testigos son contestes y coherentes entre sí, quienes de manera armónica refirieron cada evento en que se dio el iter crimines, que fue perpetrado en los lugares aledaños al Municipio de Reitoca, por el acusado Manuel Meza quien se auxilió de otros individuos. Dichos que son corroborados por los medios de prueba documentales y periciales y confirmados por la misma prueba presentada por la Defensa, que más adelante se relacionan. (... )". Respecto a los hechos relatados por el testigo protegido JM, testimonio que fue incorporado al juicio a través de lectura autorizada, se señala: "[..] indicó que cuando se movilizó a buscar el carro fue como a eso de las 2:30 de la madrugada del 19 de junio, se estacionó frente de la casa de donde estaban ellos (Wilfredo Cerrato y testigo JMD. Después el alcalde Manuel Meza, volvió y arrancó su carro por la carretera donde él tenía que regresar, ya cuadro había recorrido de 300 a 350 metros, en una bajada de una "balastera" estaba el vehículo Nissan Navarra, "pito y pito" encendió las luces, y su acompañante WILFREDO CERRATO le dijo "regresemos regresemos", él le dijo varón vámonos, de tanto que insistió que regresaron y cuando iba a una distancia de 30 metros se regresaron con dirección al carro, el cual era conducido por Víctor Manuel Meza, el (testigo) lo saludo "buenas noches", y el señor Meza no respondió, lego bajo su mano derecha hacia el asiento del carro y saco un pistola color negro, tipo escuadra, le hizo el primer disparo se lo hace a la cara, y se lo esquivo, solo hizo un rozón en la oreja izquierda, el segundo disparo se lo hace a la cara, y se lo esquivo, solo hizo un rozón en la oreja izquierda, el segundo disparo, se lo esquivo haciendo a un lado su cuerpo solo le hizo perforación en la camisa, a el tercer disparo él dejo caer la moto, y se lo infirió en el pie izquierdo, y siguió disparando, el andaba con las puras manos ya cuadro iba a l orilla de la calle en una subidita, sintió el otro disparo en el pie derecho y se lanzó a una "'hondonada". Respondió, además, que el señor Wilfredo Cerrato, le dijo que no le hiciera daño, el señor Meza le dijo respondió que para que andaba de metido, y le infirió de 4 a 5 disparos, y cayó de espaldas, quedando tendido. (...]" El testigo protegido X-1, cuyo testimonio fu igualmente incorporado al juicio a través de lectura autorizada, señaló en lo relevante: "[...] como a las seis de la mañana nosotros salimos nuevamente junto con la Iglesia para el lugar de nosotros para Curare y mientras nosotros viajábamos determinamos que queríamos ayudar a las personas que son de escasos recursos, la esposa de Wilfredo es de escasos recursos y nosotros queríamos colaborar en algo como el ataúd, entonces el Pastor determinó que sí, que podíamos ayudaría de esa forma, nosotros fuimos hasta Curaren a dejar a los hermanos que andaban con nosotros y luego decidió tomar el carro del Ministerio, es un carro 22-R, Toyota, color azul, que tiene el nombre de la iglesia y el Ministerio, entonces salimos de Curare como a las nueve y diez de la mañana o más temprano, con la misión de llevar el ataúd y venir hasta Choluteca y llevar el ataría que era para Wilfredo, nosotros ya nos habíamos comunicado con el Pastor Adán Euceda, que le íbamos a colaborar de esa forma, veníamos tranquilos en el camino con la misión de llegar. antes de subir a los Tablones más debajo hay unas casas, allí se encontraban dos personas a la orilla de la calle, pidiendo jalón, so es normal en nosotros que alguien esté en las calles pidiendo jalón, el Pastor se detuvo en las calle sin peguntar nada, porque nunca se hace forma, a las personas se les da jalón y nunca se les pregunta quienes son, el Pastor paro el carro y monto al muchacho que estaba herido en una mano y la tenía envuelta en una sábana y lo subimos a la parte de atrás del carro, hasta allí todo iba normal, subimos toda la calle, después de llegar al Rio El Tamarindo, hay unas casas, allí nos alcanzó una Nissan Navara, arriba del Rio El Tamarindo, se nos pasó porque iba de prisa ese carro, yo lo pude ver en la parte de atrás que la marca que tiene de Nissan Navarra, entonces ese carro se nos adelantó, iba de prisa y no le pusimos atención, antes de llegar al desvió de Santa Cruz, hay una vuelta precisamente en esa vuelta estaba la misma ¿Nissan Navarra, atravesada en la calle y ya estaban dos sujetos armados en ese lugar y no nos quedaba más opción que detenernos porque no había paso de calle, ellos obstruyan el paso y con armas en mano nosotros no nos podíamos mover, el Pastor paró el carro sin mediar palabras ellas se fueron en contra en la parte de atrás de la paila y al primero que atacaron fue a la persona que iba herida de la mano, yo solamente escuché un grito fuerte y un mar de balas atrás, no sé cuanto tiros escuché pero fueron varios, en la parte de atrás se conducía Rigoberto Antonio Galo, que son hermanos en Cristo y los dos señores que les dimos jalón, entonces estas personas acabaron con ellos sin mediar palabra, yo no escuche ninguna palabra que hayan dicho, solamente hicieron todo esto y los hermanos lamentablemente fracasaron también, después de esto uno de ellos le dijo al Pastor que se fuera para el desvió de Santa Cruz, en el nerviosismo de él por la situación en la que estábamos todos, él metió la primera en el carro, porque se iba a desviar por donde ellos decían, pero en ese momento a él los nervios lo atacaron él acelero a fondo, la primera del carro y el carro "se espant6" para arriba, paso cerquita del otro carro y ellos dispararon a la cabina, por la parte de atrás, dispararon al lado donde iba el Pastor, yo iba a la par de él en la cabina. como pude le tomé el volante del carro y él todavía podía pisar el acelerador y luego más arriba en la siguiente vuelta el carro perdía fuerza, yo me tire del carro y corrí al monte para salvar mi vida, me calmé un poco, porque me ataco el nerviosismo de lo que estaba pasando yo creí que era un sueño lo que estaba viviendo, pero era la realidad, seguidamente tome mi teléfono allí hay poca señal de teléfono. Dios me ayudo y pude hacer una llamada al 911, un joven que le respondió la llamada le dijo que se calmara, y que le diera información más concreta y me pude calmar un poco. Le dijo que un Nissan Navarra, nos había interceptado y que había agarrado para atrás nuevamente (...]". Por su parte, el testigo RONY FABRICIO FERRUFINO FLORES quien es agente de investigación de la DPI: "Quien declaró que es agente de investigación y labora para la DPI, el día 19 de junio estaban de turno con el quipo y como a las cuatro de la mañana, se trasladaron al centro de Salud de Reitoca, una vez que realizaron el levantamiento, se trasladaron al lugar done había ocurrido los hechos, encontrando indicios, como ser casquillos, y un zapato. En la salida a la Venta encontraron un vehículo Nissan Navarra, lego siguieron subiendo salió una persona del monte pidiendo auxilio, ya que habían atacado el vehículo en el cual se trasladaba, el liar donde salió la persona había casquillos tirados, la persona que salió del monte les dijo que el vehículo que habían atacado se había ido a una hondonada, que había mucha maleza. Lego se trasladaron al lugar donde estaba el vehículo, y al ver que estaban llegando personas procedieron a la escena done estaban los casquillos, los recolectaron y embalaron y se enviaron a Medicina Forense. Que los cuerpos fueron enviados a medicina Forense. (...)" Finalmente, el testigo CARLOS ADOLFO L.AINEZ SALGADO, quien declaró lo siguiente: "el día sábado 18 de junio de 2016, se encontraba de turno en I Colonia Kennedy asignados en la unidad de los delitos contra la vida El dia domingo 19 de junio de 2016, siendo las 4:30 de la mañana, el oficial supervisor le llamo a su compañera Lozano, notificándole que en la Clínica de Reitoca habia una persona se encontraba sin vida, por tal razón la compañera, tomo dos grupos, y a eso de las 4:40 se trasladaron a dicho lugar, llegando como a las 7:30 de la mañana a la Clínica de Reitoca, donde se encontraba la persona, al estar en la clínica estaba la persona en una camilla, al hacer el levantamiento se identificó el cadáver como Wilfredo Cerrato Cruz, después del levantamiento cadavérico, como a so de las 8:30 de la mañana, la abogada Fiscal Melissa Lagos, se le acercó un policía preventivo y le dijo que en la Aldea San José de Reitoca se encontraba una motocicleta y que habían varios casquillos, que supuestamente la motocicleta era de Wilfredo Cerrato Cruz, por lo que a ellos se les instruyó para que se trasladaran con todo el equipo al lugar a levantar todos los indicios que se encontraban en dicho lugar, llegando a dicho lugar como a las 8:50 de la mañana. Cuando ya se habían levantado los indicios, se percataron que venía un vehículo color azul, y decía iglesia, y le dieron pasada, después cuando terminaron de realizar la requisa, ya cuando habían avanzado bastante para salir de la aldea observaron n vehículo Nissan Navarra Color Gris, que venía a alta velocidad y venia en la misma carretera de ellos, en ese momento la compañera Marylin Posadas, como pudo giro el vehículo hacia la derecha para evitar un accidente. Ese vehículo Navarra no se paró, y siguió en gran velocidad. Después que ellos habían avanzado de 20 a 30 minutos, observaron que en una hondonada estaba el vehículo al cual ellos le habían dado la pasada, Y pensaron que había un accidente. Pero se percataron y miraron que no se trataba de un accidente que había sido un asesinato, con armas de fuego, por las heridas que tenían las personas. (..)". Así, a partir de estos cuatro testimonios, el Tribunal de Sentencia concluye (ver página 18 de la sentencia) que: "Acreditándose con sus dichos, sin lugar a duda, la participación del imputado, pues se infiere que este tuvo el dominio del hecho criminoso desde el 18 de junio de 2016, desde el momento que llega a bordo de su vehículo en la cercanías de la iglesia la Esperanza, y fue observado por el testigo protegido M, cuando iba manejando y baja de su automotor a dos individuos, tiempo después resultó herido por disparos de armas de fuego el occiso Olman Cric (lo subrayado es nuestro). Como se puede apreciar, del relato de estos testigos de cargo, el Tribunal de Sentencia ha basado su fallo condenatorio, haciendo un ejercicio de inferencia de todo lo dicho, puesto que en lo único que coinciden todos los testigos es en la identificación de un vehículo Nissan Navarra color gris, el cual han hecho suposición que era conducido por el señor MANUEL, MEZA, ya que es duelo de uno con características similar. No obstante, no existe ninguna prueba fehaciente, contundente o científica que demuestre que el señor MANUEL MEZA haya sido quien participó en los hechos acaecidos entre fechas 18 y 19 de junio de 2016. Según el relato del testigo protegido JM, el imputado fue quien disparó contra él y el difunto WILFREDO CERRATO, usando un arma color negro tipo escuadra y cuyos casquillos serían los recolectados por la DPI, diligencia investigativa que consta en el Acta de Reconocimiento de Cadáver y Recolección de Indicios No. 1017-2016, done se consigna la recolección de seis casquillos metálicos color amarillo que en sus bases se lee 9x19 S&B 13. Asimismo, en la Acta de Reconocimiento de Cadáver y Recolección de Indicios No. 1018-2016, ubicados en la escena donde fue atacado el grupo que se conducía con el Pastor Marcelino Arteaga Alvarado, se recolectaron los indicios número: uno, cinco, 4B, 6A y 7A, todos los cuales consisten en casquillo de metal color amarillo que en sus bases se lee 9X19 S&B 13, encontrándose otros casquillos que corresponden a otro tipo de bala. Resulta aqui relevante, ya que en el hecho donde resultó la muerte de WILFREDO CERRATO fue utilizada la misma bala que las utilizadas para atacar al grupo de personas que se conducían con el referido Pastor. Sin embargo, del Dictamen Balístico número 4916 ratificado por Marvin Urquía, no se pudo concluir que ninguno de los proyectiles recolectados por la autoridad investigativa fue disparado del arma decomisada al señor MANUEL MEZA, siendo esta un arma tipo pistola color negro, modelo tanfoglio, serie AB79129. Se asevera que el Tribunal de Sentencia infringe las reglas de la sana critica en su ley lógica de la derivación, en su principio de razón suficiente, toda vez que lo declarado por el testigo protegido JM no se apoya en ninguna otra prueba que sirva de sustento a lo argüido, sirviendo los testigos X1, Rony Fabricio Ferrufino y Carlos Adolfo Salgado en concretar que las personas que atacaron a RIGOBERTO HERNÁNDEZ FLORES, TEOFILO CRUZ, OLMAN IDEC CRUZ PINEDA, MARCELINO ORTEGA ALVARADO y MARCO ANTONIO GALO PEREZ se conducían en un vehículo Nissan Navarra color gris, sin aportar ningún otro elemento definitorio, lo que decae en una descripción genérica de un tipo de vehículo que no es único en la zona, como fue reconocido por el propio Tribunal. De manera que se colige, de manera indefectible, que el Tribunal de Sentencia ha otorgado a la prueba testimonial de cargo un alcance probatorio que no poseen, ya que lo dicho por el testigo JM en canto la participación del señor MANUEL MEZA no se apoya en ningún otro medio probatorio, por lo que el órgano jurisdiccional decidió hacer uso de la suposición e inferencia, pero basándose en un testimonio aislado, lo que denota la falta de razón suficiente que debe observarse en la valoración de toda la prueba. INCIDENCIA DEL VICIO EN EL FALLO: El vicio reprochado incide de manera determinante en el fallo, al plasmarse en la declaración de hechos probados que el señor MANUEL MEZA fue el responsable de atentar contra los testigos protegidos JM y X1, así como de la muerte de los señores RIGOBERTO HERNÁNDEZ FLORES, TEOFILO CRUZ, OLMAN IDEC CRUZ PINEDA, MARCELINO ORTEGA ALVARADO y MARCO ANTONIO GALO PEREZ utilizando como base un testimonio aislado de todo el acervo probatorio, sin que se le vincule a través de la prueba científica u otros testimonios, por lo que existe una clara falta de prueba. RECLAMACIÓN HECHA PARA LA SUBSANACIÓN DEL VICIO DENUNCIADO: Siendo que el yerro que provoca la interposición del presente motivo se produce en el fallo mismo, solo es posible su corrección a través de esta vía y de ello resulta que no hubo reclamación ex-ante.” FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional. El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior. En general toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia; en una buena técnica recursiva, el peticionario debe hacer mano de este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional de amplio espectro (Recurso Ordinario), en contraposición con los recursos por Infracción de Ley, Infracción de Doctrina Penal y Quebrantamiento de Formas Procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores (Recursos Extraordinarios). En este último sentido Llorente Fernández expresa que (Llorente Fernández De La Reguera, Ángel, en Los Recursos, Cuadernos de Estudios Judiciales, RAFAEL ALVARADO MANZANO, LITICOM, Tegucigalpa, 2001, págs. 113-115), “la jurisprudencia española ha puesto de manifiesto que este cauce impugnatorio no está previsto para alegar, bajo su cobertura, la vulneración de cualquier norma constitucional, sino específicamente la infracción de aquellas que tienen una estrecha y directa relación con el objeto del proceso en que son invocados. Serán, por tanto, los derechos fundamentales ligados al proceso con carácter general los que tengan cabida en esta vía impugnativa y de un modo especial aquellos que el recurrente entienda que han sido conculcados en el caso concreto...” La esencia del recurso por Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del Principio de Convencionalidad y el Principio de Primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. Del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional. Interpuesto por la defensa privada. Único Motivo. Norma autorizante: Artículo 361 del Código Procesal Penal. Norma sustantiva que se denuncia infringida: Artículos 89 y 90 de la Constitución de la República, en relación con el artículo 8 numeral 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y Artículo 2 del Código Procesal Penal. Concepto de la infracción: Violación al estado material de inocencia y del debido proceso. Reclamación Ex Ante: Sin determinar por el pretensor. Pretensión: Que se absuelva al señor Manuel Meza de toda responsabilidad de los hechos atribuidos. Establece el recurrente que no existe prueba suficiente para enervar el estado de inocencia del señor Manuel Meza, estableciendo que la prueba que sirvió al Tribunal de Sentencia para condenar al señor Meza fue el testimonio aislado del testigo protegido JM, quien dice haber reconocido al imputado cuando este supuestamente lo atacó y posteriormente le dio muerte al señor Wilfredo Cerrato, al igual con la prueba testimonial del testigo protegido X1 y los señores Rony Fabricio Ferrufino y Carlos Adolfo Salgado, no dan cuenta de la participación del señor Meza, sino que únicamente ubican un carro Nissan Navara gris como el vehículo que fue utilizado por los atacantes de las víctimas, tampoco del análisis balístico se desprende que el señor Meza haya disparado contra Wilfredo Cerrato , ni tampoco contra los señores Rigoberto Hernández Flores, Teófilo Cruz, Olman Idec Cruz Pineda, Marcelino Ortega Alvarado y Marco Antonio Galo Pérez. Del Estado de Inocencia y el Debido Proceso. El derecho al Estado de Inocencia, proclamado y reconocido por la Constitución de la República en su artículo 89, establece que toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente, este derecho-principio constituye una regla de juicio, pues opera en el ámbito de la jurisdicción penal, condicionando el derecho del acusado a no sufrir una condena a menos que la culpabilidad haya quedado establecida superando cualquier duda razonable, en virtud de las pruebas obtenidas y reproducidas en juicio con todas las garantías. De lo anterior resulta entonces que la condena proferida contra una persona acusada de delito será válida, sin infracción del derecho al Estado de Inocencia, cuando se sustente en al menos una mínima actividad probatoria considerada de cargo practicada de modo no arbitrario, que permita arribar certeza de la culpabilidad del acusado. El Estado de Inocencia, por tanto, es un derecho fundamental de la persona humana a no ser condenada sin pruebas de cargo válidas. El Principio de Inocencia está íntimamente relacionado con el Debido Proceso Probatorio: El proceso penal tiene por objeto descubrir la verdad real sobre la hipótesis delictiva que constituye su objeto mediante los medios probatorios que las partes aporten al proceso; es precisamente en virtud de ella que el tribunal se forma la certeza acerca del acontecimiento sometido a su juzgamiento. La prueba es el medio jurídico para adquirir la certeza, que se define como la firme convicción de estar en posesión de la verdad. Para el pronunciamiento de la sentencia condenatoria, en donde se desafora a la persona acusada de su estado material de inocencia, debe haberse producido un amplio haz probatorio, sólido y concreto, que permita al juzgador, sin vacilaciones y sin duda establecer la responsabilidad penal del imputado con certeza absoluta, más allá de cualquier duda razonable. Mediante el fallo de fecha catorce de mayo del 2007, en el Expediente 312-2006, esta Sala de lo Penal ha declarado que el Estado de Inocencia es “… es un estado inherente a la persona humana …”, este derecho fundamental se encuentra reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Art. 11.1), en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Art.14.2) y de la Convención Americana de Derechos Humanos (Art. 8.2), además es norma pilar de la Constitución de la República (Art. 89 Superior) que es ampliamente desarrollada en normas legales secundarias (Arts. 1 y 2 CPP) y que desde el ámbito penal se define como el derecho de todo acusado a ser absuelto si no se ha practicado una mínima actividad probatoria de cargo, acreditativa de los hechos en que se funda la hipótesis acusatoria. “La condición jurídica de inocencia dispuesta en la norma constitucional a favor del imputado, establece claramente una presunción legal juris tantum, por cuanto solo puede ser enervada mediante la producción de una mínima de prueba de cargo, aportada por el acusador, en juicio oral y público, con estricta observancia de las reglas del debido proceso. En general, corresponde al ente acusador investigar el ilícito, presentar la acción penal pública y probar la imputación criminal; por su parte a la defensa del acusado le atañe censurar la actividad probatoria de cargo y ajustarla a la inobservancia de las formalidades, derechos y garantías dispuestos en las leyes a favor del aquel. Lo anterior no impide a la defensa producir prueba de descargo, no para probar la inocencia del acusado, que ya se encuentra tutelada por la norma constitucional, sino para desvanecer la imputación presentada en su contra.” (Fallo de la Sala de lo Penal de fecha 30 de mayo del 2011, en el Exp 304-2010). En sede de casación, al alegarse la vulneración de la presunción de inocencia, la Sala de lo Penal tendrá la tarea de verificar si existió una adecuada formación de la convicción de culpabilidad como resultado de la práctica de prueba válida y suficiente, entendiéndose como tal aquella que, aunque mínima, ha sido recibida en la vista pública bajo las debidas garantías, y valorada prudentemente por el tribunal de sentencia según las reglas de la sana crítica, así pues en casación se deberá examinar: a) Licitud de la Prueba: si las pruebas fueron obtenidas y reproducidas con el respeto a los derechos fundamentales y a los derechos humanos, b) Debido Proceso Probatorio: Si las pruebas fueron practicadas en el juicio con sujeción a los principios de oralidad, inmediación, contradicción, concentración y publicidad; incluye también verificar que las pruebas practicadas excepcionalmente en la etapa preparatoria, fueron introducidas al debate por el cauce previsto por el artículo 311 del Código Procesal Penal; c) Debida Motivación: Si las conclusiones probatorias del tribunal sentenciador han sido debidamente motivadas descartando la arbitrariedad; d) Debido Razonamiento Probatorio: Si el razonamiento de la convicción obedece a criterios lógicos, razonables y vinculantes a la prueba practicada; y e) Suficiente Carga Probatoria: Si durante el debate se reprodujeron los suficientes medios de prueba que hayan abarcado los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal reprochado, así como la participación del acusado en el hecho y su grado de culpabilidad en ellos. (Ver al respecto el fallo de fecha 05 de abril del 2011, en el Exp 042-2009 de la Sala de lo Penal)[1]. De la Procedencia del Recurso. El Motivo no es de Recibo. Esta Sala de Casación ante el recurso interpuesto ha realizado una revisión exhaustiva del fallo recurrido y no encuentra que en las actuaciones y argumentos del Sentenciador se haya conculcado derecho alguno que merezca reproche casacional. En el apartado “Valoración de la Prueba” el Juzgador razona las declaraciones testificales del Testigo Protegido JM, ubicando varios escenarios respecto a la dinámica del hecho criminoso, estableciendo que en fecha 18 de junio de 2016, cuando se encontraba en la Iglesia Evangélica Voz de La Esperanza, en la aldea el Higuerito de Reitoca, departamento de Francisco Morazán, observó a cierta distancia que se conducía el Alcalde Manuel Meza en su carro Nissan Navara, lo cual le pareció sospechoso porque habían amenazas a muerte en contra de Olman Cruz. Ante tal situación tomó su moto y se traslado a bordo de la misma con las luces apagadas, ya cuando había recorrido 500 metros, en una curva el señor Manuel Meza detuvo la marcha de su vehículo sitio donde se bajaron de dicho automotor dos individuos con mochilas en los hombros. Ante tal situación que al ver algo anormal y teniendo conocimiento de las amenazas de atentar contra la vida de Olman Cruz, por parte del señor Meza, se traslado a la casa del papá del ofendido, preguntándole por él y respondiendo su papa que desde mediodía no había regresado. Otro punto que estableció es que dicho testigo protegido JM, se regreso a la iglesia donde se celebraba un culto religioso, y media hora después de haber llegado a dicha iglesia, le avisaron que el señor Olman Cruz estaba herido de su mano izquierda, por lo cual dispuso ir a buscar al ofendido y al preguntarle que le había sucedido, le respondió que dos individuos le habían salido y le habían disparado. El mismo testigo protegido JM, estableció que la tener conocimiento que Olman Cruz, se encontraba herido de bala en uno de sus brazos, dispuso ir a buscar ayuda a bordo de una motocicleta en compañía de Wilfredo Cerrato, hasta la aldea San José, para que una persona de esa aldea lo auxiliara con un vehículo y así poder llevar al ofendido a que le prestaran auxilio médico, por tal razón se trasladaron hasta dicho sitio a eso de las 2: 00 de la madrugada del día 19 de junio de 2016, lo cual al estar en dicho lugar llegó el acusado Manuel Meza a bordo de su vehículo, estacionando el mismo frente a ellos, instantes después se marcho a bordo de su automotor,. Luego al pasar cierto tiempo los ofendidos JM y Wilfredo Cerrato se marcharon a bordo de su motocicleta y después de haber recorrido unos 300 metros en una bajada se encontraba estacionado el vehículo Navara color gris, conducido por el acusado Meza, quién comenzó a pitar con la bocina de automotor en reiteradas ocasiones, por lo que en creencia que le sucedía algo se regresaron, quienes al dirigirse al señor Manuel Meza y saludarle, este de manera inopinada tomó su arma procediendo a disparar en contra de los ofendidos. Recibiendo el testigo protegido JM varias heridas producto los disparos que le realizó quién no perdió la vida, en razón que este realizó movimientos con su cuerpo, para que los disparos no impactaran en órganos vitales, lo que dio lugar a salir corriendo de dicho sitió, luego de lo cual se oculto en un lugar para no ser visualizado por el imputado. Aspectos que son coincidentes con el dictamen de evaluación física, en el cual describe las heridas y confirma la versión del testigo protegido JM. En tanto que el occiso Wilfredo Cerrato recibió varias heridas producidas por proyectil de arma de fuego, por parte del acusado, quedando en dicho sitio gravemente herido siendo trasladado posteriormente a un centro de salud del municipio de Reitoca, donde falleció a causa de las múltiples heridas con proyectil de arma de fuego, aspectos corroborados con el dictamen de levantamiento de cadáver y recolección de indicios. Igualmente, en la valoración de la prueba del Testigo Protegido X1, relata la secuencia de cómo y cuando sucedieron los hechos, ya que este nos ubica en fecha 18 de junio de 2016, cuando se esta llevando a cabo una actividad religiosa, y establece que entre 8:00 a 9:00 de la noche, le avisaron que había una persona herida y que salió de la iglesia a auxiliar a dicha persona, y que posteriormente se dieron cuenta que Wilfredo Cerrato había fallecido, lo cual son coincidentes con o narrado por el testigo protegido JM, es decir que su relato se armoniza entre sí, desde el momento que se dan cuenta que Olman Cruz se encuentra herido y salen a buscarlo para prestarle auxilio. Manifiesta también el testigo protegido que el pastor de la iglesia recibió una llamada donde le manifestaban del fallecimiento de Wilfredo. El pastor junto al testigo protegido, esperaron hasta horas de la mañana para ir en busca de un ataúd para el occiso, por lo cual dispusieron trasladarse a bordo de un vehículo marca Toyota, color azul, 22R, fue cuando al transitar por la carretera observó a dos personas pidiendo jalón, deteniendo el pastor el automotor y llevarlos a bordo, ya que uno de ellos iba herido de la mano izquierda, y que también coincide con el dictamen de evaluación médica. También acredito este testigo que cuando transitaban por la altura del río tamarindo, le rebasó el vehículo Navara, conducido por el acusado y llegando a inmediaciones de la aldea santa Cruz, de Reitoca, en la vuelta el mismo automotor estaba atravesado en medio de la calle, lo que obstaculizó que ellos siguieran su marcha y al estar cerca de ellos de inmediato se bajaron dos individuos con armas de fuego, dirigiéndose en ese instante a la persona que venía herida, es decir, A Olman Cruz, luego de lo cual solo se escuchó una infinidad de disparos, en tanto que el pastor quien venia manejando el vehículo metió el pie em el acelerador, posteriormente los individuos dispararon en la dirección que venía el pastor, logrando de común acuerdo con el señor Meza, quitarle la vida a los señores Rigoberto Hernández Flores, Teófilo Cruz, Olman Cruz Pineda, Marcelino Antonio Galo Pérez y Marco Antonio Galo. En la valoración se establece que con la declaración del testigo Rony Fabricio Ferrufino, ¡quién es uno de los agentes de investigación confirma los dichos esgrimidos por el testigo protegido X!, pues los mismos son coincidentes respecto al lugar y dinámica, donde y cuando sucedieron los hechos, ¡además confirma los dichos que le refirió del testigo protegido X1, en el momento que este lo entrevistó. Así mismo, con la declaración del testigo Carlos Adolfo Salgado, quien era agente de investigación, se acreditó que en fecha 19 de junio de 2016, se recibió notificación de su superior sobre la muerte de una persona en el municipio de Reitoca, por lo que se desplazaron al centro de salud de dicho lugar constatando que se trataba de Wilfredo Cerrato, por lo que se hizo el respectivo levantamiento de cadáver, luego de realizar dicha diligencia se trasladaron a la Aldea san José de Reitoca, a realizar el levantamiento de indicios, que consistía en una motocicleta y varios casquillos. Aspectos que se armonizan con la declaración del testigo protegido JM, respecto al lugar donde fueron atacados a disparos por el señor Manuel Meza, confirmando, además, que en efecto se conducían a bordo de una motocicleta, como lo refirió el testigo protegido JM. Otro punto importante que estableció este testigo , que cuando estaban realizando la recolección de indicios en la Aldea san José, a eso de las 8:50 de la mañana, observaron pasar el vehículo color azul, 22 R y que tenía la leyenda de la iglesia; que ellos los agentes le dieron la pasada, luego de lo cual al terminar dicha diligencia se van del lugar, y posteriormente de haber recorrido un lapso de tiempo, observaron que en la carretera se conducía a alta velocidad un vehículo Nissan Navara, color gris, luego de haber recorrido de 20 a 30 minutos observaron al vehículo color azul 22R, el cual estaba en una hondonada, que era el mismo automotor que le habían dado paso al momento de la recolección de indicios. Indicando también este testigo que el vehículo Navara color gris, era el mismo que había observado posteriormente en el estacionamiento de la Dirección Nacional de Investigación, que al relacionarlo con el acta de decomiso es el que fue decomisado al acusado Manuel Meza. En la valoración se establece en el acta de levantamiento y recolección de indicios número 1018-2016, se describe el lugar, fecha y hora que se hizo el levantamiento de los cuerpos de los occisos, además, de todos los indicios recolectados en la escena del crimen, siendo entre ellos los diferentes casquillos los cuales fueron periciados por el perito Marvin Urquía, y con el cual se acreditó el tipo de arma que percutió los mismos. Describiéndose además en dicha acta también el vehículo tipo pick up, color azul, marca Toyota, siendo el mismo que describen los testigos de cargo, en el cual se transportaban las víctimas, Es importante establecer que, en la valoración conjunta de la prueba testifical hecha por el Tribunal de Sentencia, respecto de los hechos ocurridos el 18 y 19 de junio de 2016, estableció una pluralidad de indicios que lo llevaron a la certeza sobre la participación del señor Manuel Meza, durante el iter crimines y por lo cual fue traído a juicio: 1) El occiso Olman Cruz, en fecha 18 de junio de 2016, a eso de las 9:00 a 9:30 de la noche fue herido, en las cercanías de la iglesia Nueva Esperanza, sitio cercano a donde el acusado Manuel Meza bajo de su automotor a dos individuos que no son parte en este proceso. 2) La enemistad conocida que existía por parte del señor Manuel Meza, en contra del occiso, a quien en varias ocasiones lo buscan para quitarle la vida. 3) El día 19 de junio de 2016, a eso de la 1:30 de la madrugada cuando el Testigo Protegido JM y Wilfredo Cerrato cuando se conducían a bordo de una motocicleta andaban buscando auxilio para que le prestaran atención médica a Olman Cruz, el imputado fue visto en dos ocasiones. Es así que, la primera vez fue cuando el testigo protegido JM y Wilfredo Cerrato se encontraban buscando el vehículo en la Aldea San José, sitio al cual de pronto llegó el imputado, estacionado su vehículo enfrente de ellos. Y por segunda vez, ese mismo día en horas de la madrugada, siempre en la Aldea San José del Municipio de Reitoca, el acusado lo esperaba en determinado lugar por una curva a quienes le pito con su bocina de su vehículo, encendió las luces de su vehículo, en tanto que los ofendidos Testigo Protegido JM y el occiso Wilfredo Cerrato, en la creencia que le sucedía algo, se dirigieron a donde estaba él, este sin mediar palabra desenfundó un arma que portaba en su vehículo, para dispararles en contra de la humanidad de Testigo JM y Wilfredo Cerrato, este último quedó gravemente herido en el mismo sitio, falleciendo instantes después en el centro de salud, por su parte el testigo JM, a quién le infirió varios disparos, pudo sobrevivir dada las maniobras que este hizo para esquivar los disparos que le realizó el señor Meza. Indicio que confirma que la finalidad del señor Manuel Meza era quitarle la vida a Olman Cruz, como así sucedió. 4) Cuando fue interceptado el vehículo, color azul, marca Toyota, Modelo 22R, a la altura de la Aldea Santa Cruz, la primera acción fue dirigida al occiso Olman Cruz, tal como se acreditó con la declaración del Testigo Protegido X1 y donde fallecieron Rigoberto Hernández Flores, Teófilo Cruz, Marcelino Antonio Galo Pérez y Marco Antonio Galo, Olman Idec Cruz. Indicio que confirma la enemistad que existía entre el acusado Manuel Meza y Olman Cruz, lo cual denota que la intención era terminar con la vida de este como así sucedió. 5) El vehículo tipo Pick Up Navara, propiedad del imputado fue observado por los agentes de investigación, cuando iba a alta velocidad, instantes después de haberse perpetrado el hecho criminoso, en la Aldea santa Cruz, visto cuando venían de realizar el acta de levantamiento del occiso Wilfredo Cerrato, así como con la recolección de indicios de la Aldea San José. Extremo que fue confirmado por el agente Laínez, cuando en su intervención en el debate de manera clara y precisa manifestó, que era el mismo vehículo que observó en el estacionamiento de la Dirección Nacional de Investigación ya que presentaba las mismas características, de todo lo cual al relacionar dichos aspectos resulta ser el mismo vehículo que fue decomisado al señor Manuel Meza, tal como se confirma con dicha acta de decomiso. 6) El Testigo Protegido JM, en fecha 19 de junio 2016, al haber transcurrido media hora, de darse cuenta de la muerte de las personas en la Aldea Santa Cruz, observa pasar el vehículo Nissan Navara, cuando s encontraba en la casa de sus familiares, indicando en su intervención en el debate que era el vehículo que conducía Manuel Meza y que era el mismo que manejaba el acusado cuando le quito la vida a Wilfredo Cerrato e intentó quitarle la vida a él, lo que coincide con la versión rendida por el testigo Carlos Adolfo Laínez, ya que observa este mismo vehículo momentos inmediatos al hecho. Lo que confirma la participación del acusado en los hechos. Todo lo anterior hace concluir al Tribunal de que todas estas circunstancias, y cadenas de indicios, resultan en la certeza de que toda la dinámica de iter criminis se encuentran interrelacionadas y vinculadas entre sí. La Sala de lo Penal establece que los razonamientos del Sentenciador son correctos. También es posible verificar que toda la prueba fue obtenida respetando las garantías procesales contenidas en nuestra Constitución de la Republica y en los instrumentos internacionales de los que nuestro país es parte; además los medios probatorios fueron presentados y evacuados mediante los procedimientos que establece nuestra ley procesal, misma que fue sometida al contradictorio por las partes y fue capaz de enervar el estado de inocencia que poseía el señor Manuel Meza; en ese sentido no es cierta la posición del recurrente al considerar que se han violentado dichas garantías constitucionales, sino que la misma fue sometida ante la contundencia y abundancia probatoria, todo lo cual quedó debidamente expuesto por el A-quo en su sentencia la cual está debidamente razonada expresando los argumentos de hecho y de derecho para el dictado de una sentencia condenatoria, motivos suficientes para desestimar el presente recurso de casación. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Establece el artículo 362 del Código Procesal Penal que el recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de algunos de los vicios siguientes: 1. Que falte la declaración de los hechos que el tribunal estime aprobados, que tal declaración no sea clara y terminante o que sea contradictoria. 2. Que se base en medios o elementos probatorios no incorporados legalmente al juicio o incorporados por su lectura en violación de las normas contenidas en el Título IV del Libro Segundo de este Código o excluya o deje de considerar alguna prueba de valor decisivo. 3. Que carezca de motivaciones fácticas o jurídicas, que dichas motivaciones sean insuficientes o contradictorias o sí en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica; 4. Que en la parte resolutiva se omitan elementos esenciales, tales como la individualización precisa del imputado, la resolución de todas las cuestiones debatidas y la determinación exacta de la pena en caso de condena; 5. La inobservancia de las reglas establecidas en el presente Código para la realización del juicio oral y público; 6. La incongruencia entre la sentencia y las pretensiones de las partes según el artículo 337; 7. Que falte la firma de alguno de los miembros del Tribunal de Sentencia salvo los casos previstos en el artículo 145. Es así como la ley procesal vigente, refleja que el proceso penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivado del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. Si no se cumple con los requisitos establecidos por la ley procesal y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo. El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley. Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Interpuesto por la defensa privada. Único Motivo. Norma autorizante: Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. Norma sustantiva que se denuncia infringida: Artículo 202 del Código Procesal Penal Concepto de la infracción: Violación a las reglas de la sana crítica. Reclamación Ex Ante: el vicio se produce en el fallo mismo de la sentencia. Pretensión: Que se anule el fallo recurrido. El recurrente interpuso su motivo casacional, señalando que en la sentencia se ha violentado las reglas de la sana critica en su ley lógica de derivación, en su principio de razón suficiente, al haber atribuido a la declaración de los testigos protegidos JM y X1 y testigos Rony Fabricio Ferrufino y Carlos Adolfo salgado alcances probatorios que no poseen. El recurrente desarrolla su único motivo casacional por quebrantamiento de forma, haciendo un análisis del contenido de la prueba especialmente de las pruebas testificales (tal y como lo anuncia): Reproduce parcialmente las declaraciones testificales del Testigo Protegido JM, Testigo Protegido X1, Testigo Rony Fabricio Ferrufino Flores y del Testigo Carlos Adolfo Laínez Salgado. Transcribe fragmentos de la valoración conjunta de la prueba testifical, haciendo el recurrente su propio alegato de instancia sobre los mismos. Hace mención del acta de reconocimiento de cadáver y recolección de indicios N° 1017-2016 y N° 1018-2016, Dictamen Balístico número 4916, haciendo su propio análisis y alegatos. De las Reglas de la Sana Crítica El Código Procesal Penal da exclusiva competencia a los jueces de sentencia la estimación valorativa de las pruebas y las conclusiones fácticas que de ellas extraigan, siendo ello inatacable por la vía recursiva casacional, siendo solamente controlable el proceso seguido por los jueces para la construcción de tales conclusiones. El artículo 362 No. 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes… 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica.”. - Al respecto, se ha señalado que: “… La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva…”. (Fallo de fecha 30 de noviembre del 2001, en el Exp. 194-2009 y de fecha 30 de noviembre del 2011, en el Exp. 297-09, también en ese sentido el fallo de fecha 20 de octubre del 2011, contenido en el Exp. 360-09 y de fecha 05 de abril del 2011, del Exp. 385-09, todos de la Sala de lo Penal). En el apartado de la valoración intelectiva el juzgador debe valorar la prueba, conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la Prueba: Íntima Convicción (Propio del Sistema de Juzgamiento por Jurados), Prueba Legal o Tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe de darle el Juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias) y la Sana Crítica; es este último el que debe observar el juzgador penal hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. En el sistema de Sana Critica, en la valoración de la prueba existe plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones guarden una necesaria relación con las premisas que le sustentan, las cuales son a su vez construidas como fruto razonado de las pruebas. En este sistema, el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia conviccional de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común (al respecto ver Fallo de fecha 30 de noviembre del 2011, del Exp 125-2010 de la Sala de lo Penal). De este modo “… las reglas de la sana crítica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza…” (Fallo Sala Penal de fecha 20 de octubre del 2011, en el Exp 88-09). Componen la Sana Crítica: 1) Reglas de la Experiencia Común o Máximas de la Experiencia: Se refieren juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el juzgador, relevados de demostración probatoria por adquirirse a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por este hecho son compartidas con las demás personas, aun cuando no formen parte de su mismo grupo social. Nos referimos a fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión o hechos de la cultura común, siendo el antónimo de éstos los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realizan solo un grupo determinados de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior, el conocimiento privado del juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. El juzgador deberá analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común, entre otros: i. Cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca del hecho. ii. Cuando cite como común un hecho que no lo sea, por no ser aprehensibles de manera espontánea por el profano, sino que solo mediante experiencias extraordinarias o mediante estudios especializados; o iii. Cuando afirme como común un hecho que exija demostración probatoria. Las reglas de la Experiencia Común se basan en la probabilidad, es decir, al momento en que el juzgador valora un hecho, considerará el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos él porqué lo considera así. 2) Las reglas de la Psicología: Están referidas, no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento empírico adquirido del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquél. Las reglas de la Psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo con relación al grupo social, se requiere que el juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la Experiencia Común, las reglas de la Psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado; y 3) Las Reglas de la Lógica: La Lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatorio para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. La lógica aplicable es la “Lógica no formal”, llamada en el ámbito como Razón del juicio donde las conclusiones se muestran bajo el espectro que irradia la prueba. Las leyes de la Lógica informan sobre leyes universales, a saber: a. La Coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí. La coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente. De la Ley de la Coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: i. El Principio de Identidad: Una proposición solo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y” ii. El Principio de Contradicción: Las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En valoración de prueba: un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. iii. El Principio de Tercero Excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera y ninguna tercera posibilidad es posible. b. La Derivación: Exige que cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; cada pensamiento provenir de otro, con el cual está relacionado, salvo que se trate de un principio, es decir de un juicio inicial. Pero además la conclusión debe derivar de elementos suficientes para que justifique la producción de aquella. Existirá omisión al principio lógico de derivación: i. Cuando la conclusión no encuentre correspondencia con el medio de prueba por una indebida inferencia; ii. Cuando la conclusión no sea producto derivado de un medio de prueba, debiendo serlo por tratarse de la afirmación o negación de un hecho de carácter no notorio. iii. Cuando la conclusión sea construida con base en medios de pruebas inexistentes. iv. Cuando la conclusión esté basada en el contenido de un medio de prueba cuyo contenido este falseado. De la derivación se extrae el Principio de Razón Suficiente, por el cual toda conclusión requiere una razón suficiente que justifique su existencia; la conclusión debe ser el final del iter lógico seguido en la valoración de las pruebas apoyándose en inferencias razonables; cada conclusión expuesta puede formar una sucesión que al final lleven a una conclusión última en donde se afirme o niegue el hecho juzgado. De la Rúa (Fernando de la Rúa, La Casación Penal, Ediciones Depalma, Buenos Aires, Argentina, pág. 156), señala que la motivación para ser lógica debe responder a las referidas leyes que presiden el correcto entendimiento humano, observando como características: 1. Congruente: En donde las afirmaciones, deducciones y conclusiones guarden una adecuada correlación y concordancia entre sí; 2. Concordante: Cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; 3. No Contradictoria, por estar libre de razonamientos que al oponerse se anulen entre sí al reflejar verdades incompatibles; 4. Inequívoca: al no dejar margen para cuestionar el alcance y significado de los razonamientos y de las conclusiones que le deriven; y 5. Suficiente: al estar constituida por un entramado de conclusiones interrelacionadas, que se deriven de múltiples cadenas de pensamientos, todos ellos aptos para producir razonablemente un convencimiento. El autor citado (Ob. Cit, pág. 157), explica que la sentencia carecerá de motivación cuando los razonamientos son contrastados advirtiendo oposición entre ellos y/o entre ellos y la parte resolutiva, destruyéndose recíprocamente dejando vacía la fundamentación de la decisión. De La Debida Técnica Recursiva El Código Procesal Penal prevé que en contra de las resoluciones definitivas dictadas por los Tribunales de Sentencia procede interponer recurso de casación, cuyo objeto por una parte es velar por el respeto del Principio de Legalidad, con la correcta aplicación de normas constitucionales, normas penal sustantivas y normas procesales y por otra parte la unificación de los criterios legales en el sistema jurisdiccional del Estado mediante la definición de la Doctrina Legal. Importante es recordar que conforme a las normas del Código Procesal Penal se ha eliminado lo que antes era la fase de admisión del recurso, que consistía en un examen preliminar que se hacía de éste a efecto de resolver si era admitido o no para su estudio de fondo; tal cambio obedece al cumplimiento del artículo 25.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, que establece que: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales…”. Para lo cual los Estados parte se han comprometido: “a) A garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) A desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y c) A garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.”. Ahora bien, tal disposición Convencional no exime al Recurrente de cumplir con requisitos legales establecidos en aras de que el Tribunal de Casación pueda dar una respuesta pertinente, propia y útil al conflicto jurídico que se plantea, siendo éstos: a. Legitimidad Objetiva: Existencia de un derecho impugnatorio, para lo cual se requerirá que la ley procesal determine que la resolución puede ser impugnada vía recurso de casación. b. Legitimidad Subjetiva: Que la Recurrente este legitimado a impugnar la resolución por causarle agravio lo resuelto por el revés (total o parcial) al interés jurídico en conflicto como consecuencia de una infracción a la ley; y c. Satisfacción de Requisitos de Interposición: La Recurrente deberá observar los requisitos de lugar, tiempo, modo y forma de interponer el recurso, pues éste sigue siendo un acto procesal sujeto a la observancia del debido proceso y respeto a los derechos fundamentales de todas las partes contendoras. De la Rúa (Fernando de la Rúa, en La Casación Penal, Editorial Depalma, Buenos Aires, Argentina, 1994, pág. 217), explica que el recurso de casación es un acto procesal complejo, integrado por dos elementos esenciales: i) La expresión de la voluntad de impugnar; y ii) La Fundamentación de la impugnación; añade el autor que ambos elementos deben confluir al mismo acto y en el mismo momento, el cual es en la presentación del escrito de interposición. Una vez presentado el Recurso de Casación, corresponde al Tribunal de Sentencia hacer estudio sobre la existencia de la legitimidad objetiva y subjetiva, además de la observancia de las condiciones de lugar, tiempo y modo, restando solo a la Sala de lo Penal revisar la satisfacción del requisito de forma de interposición, mismo que se realiza al tiempo en que se resuelve el recurso, siendo éste el aspecto que analizaremos con detenimiento en el presente caso. El recurso de casación es la manifestación expresa de una de las partes de no encontrarse conforme con lo resuelto por el Tribunal de Sentencia por contener un vicio (de fondo o de forma), que debe ser corregido, siendo ésta su pretensión; la Recurrente debe necesariamente individualizar la resolución que contiene el o los vicios, su deseo de impugnarla mediante el recurso de casación y el tipo de recurso que se interpone. Además, el recurso de casación debe estar debidamente motivado con la identificación, explicación y demostración del vicio: 1. Identificación del Vicio/Motivo/Recurso: Al momento de la interposición de un recurso de Casación, la Recurrente deberá señalar en primer término el tipo de recurso de casación, seguidamente el motivo en que lo fundamentó en los casos de Infracción de Ley y quebrantamiento de forma (el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional es ordinario) y luego el vicio que denuncia. Ante una resolución definitiva emitida por el Tribunal de Sentencia, la Recurrente deberá identificar si existe vicio que justifique la impugnación de aquello resuelto que le causa agravio; el vicio es el defecto de ley concreto y material que contiene la resolución y cuya corrección es la que persigue mediante el recurso; hecho esto la Recurrente deberá encuadrar el vicio en uno de los motivos previstos en la ley como aquellos autorizados para presentar impugnación. Los motivos son enunciados abstractos de posibles vicios que puede contener la resolución, previsto por la ley procesal, operando éstos bajo el sistema de Numerus Clausus, por tanto no es posible alegar vicios cuyos motivos no estén taxativamente señalados, salvo en el caso del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, en cual opera bajo el sistema de Numerus Apertus, siempre que se alegue un vicio relacionado material o formalmente con la decisión adoptada por el A-quo; la identificación del motivo de casación lleva al Recurrente a derivar el tipo de recurso de casación a interponer. La ley procesal prevé tres tipos de recursos de casación: i) Recurso de Casación por Infracción de Ley, cuyo objeto es la denuncia de vicios In Iudicando; ii) Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, mediante el cual se denuncias vicios In Procedendo; y iii) Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, mediante el cual se pueden denunciar vicios In Iudicando o In Procedendo, contenidos en las normas fundamentales. El proceso de identificación se cumple cuando la Recurrente señala: i) El tipo de Recurso de Casación; ii) La norma autorizante del recurso que identifica el motivo mediante el cual se denunciara el vicio; el Motivo debe de ser de aquellos previstos a ser planteados por el tipo de recurso elegido; iii) Norma o doctrina legal infringida, cuya indebida aplicación o inobservancia provoca la existencia del Motivo; iv) Concepto de la Infracción, que es el enunciado sobre el vicio concreto observado, que debe ser consecuente con el motivo elegido; y v) Aplicación pretendida: es la aplicación o interpretación que se pretende de la norma o doctrina legal infringida o mal aplicada. 2. Explicación del Vicio: Es ineludible para la Recurrente su deber de explicar en qué consiste el vicio que produce la resolución que se impugna, y como éste se subsume en uno de los motivos previstos en la ley. La explicación debe ser clara y precisa: La claridad radica en la exposición del vicio de manera individualizada y separada, descomponiendo sistemáticamente todas sus aristas hasta desentrañar sus aspectos más básicos; La Precisión implica la no mutación del alegato a aspectos ajenos al vicio que se ha identificado. La ley procesal exige en el artículo 363 del Código Procesal Penal que cada motivo debe ser planteado de manera separada, ello se justifica por la necesidad de individualizar de manera concreta y precisa cada agravio, por lo que su inobservancia meya en la efectividad del recurso. Recordemos que el artículo 350 del Código Procesal Penal prohíbe al órgano jurisdiccional que resuelve un recurso, pronunciarse sobre aspectos distintos a los que se hayan planteado dentro de la impugnación y para ello entonces, se requiere que dicha impugnación sea clara en cuanto al vicio, pues la falta de claridad pone en riesgo al Tribunal de Casación de hacer pronunciamiento de algo distinto de lo que realmente se está impugnando, siendo entonces lo consecuente declarar sin lugar el motivo, cuando la falta de claridad sea absoluta. 3. Demostración del Vicio: La Recurrente, aun cuando haya identificado el vicio, explicado en que consiste el mismo, no verá prosperar el recurso si no demuestra su existencia; ello solo se puede hacer cuando se hace la debida confrontación entre el aspecto contenido en la sentencia o resolución impugnada y la norma o doctrina legal que revela la contrariedad y la explicación de la aplicación que debió hacerse de dicha norma y que es la pretensión que se persigue con el recurso, es decir cómo considera la Recurrente que debió haber sido aplicada la norma o por qué no debió haber sido aplicada. El vicio debe ser relevante, debe superar los aspectos meramente formales pasando a ser un aspecto material que interfiere en la legalidad de la resolución y que justifica la impugnación. Esta Sala de lo Penal ha sido del criterio que los defectos de la forma que adolezca un recurso de Casación deberán ser estudiados siempre teniendo en consideración el Principio de Tutela Judicial contenido en el artículo 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos y que permiten a quien pretende hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba, obtener una resolución fundada en Derecho que verse sobre las pretensiones planteadas en juicio y que sea ejecutada. Por ello a dicho Principio interesa lo referente a: a. Derecho de Acceso a la Justicia; b. Derecho a una resolución fundada en derecho; c. Derecho de acceso a los recursos, no solo por previsión legal de los mismos, sino de obtener una respuesta ante su interposición; d. Derecho a la Tutela Cautelar; y e. Derecho a la ejecución. Los Recursos son instrumentos para la obtención de una Tutela Judicial Efectiva, garantía de Rango Constitucional: Indica el artículo 82 de la Constitución de la República que “… los habitantes de la república tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes.”, agregando el artículo 314 Superior que “… es facultad privativa de los Tribunales de Justicia, juzgar y ejecutar lo juzgado…”. Por todo lo anterior, mediante Doctrina Legal de esta Sala de lo Penal, se ha establecido que aun cuando en el planteamiento de un Recurso de Casación se presentasen errores de forma (Cita de Precepto Autorizante, Norma Infringida, concepto de la infracción de manera individualizada y diferenciada, aplicación pretendida) o incluso en algunos casos, errores en la exposición de conceptos jurídicos, ello no podría significar el rechazo Ad Portas del conocimiento del recurso, siempre que aun a pesar del desacierto pueda entreverse cuál es el concepto de la infracción, dando respuesta en la medida y extensión de la coherencia, claridad y precisión de los argumentos recursivos con la naturaleza del recurso planteado; El único caso en donde el Tribunal de Casación no podría dar respuesta a un recurso sería cuando éste fuese presentado en grado tan confuso que no sea posible, aun con un gran esfuerzo, deducir cual es el sentido del reclamo que realiza la Recurrente, pues ello podría acarrear violación del artículo 350 del Código Procesal Penal, tal y como se ha explicado Ut Supra. (Así establecido en las Sentencias de Sala de lo Penal del 29 de abril de 2014 en Exp 348-2011; del 27 de mayo 2014 en Exp 057-2012; del 04 de febrero de 2014 en el Exp 439-2011; del 23 de octubre de 2013 en Exp 172-2011; del 17 de septiembre de 2013 en Exp 228-2011, entre otras.). De la Procedencia del Recurso. El Motivo no es de Recibo. El recurso es defectuoso pues señala en la valoración de la prueba, los Juzgadores flagrantemente violan las reglas de la sana crítica en su ley lógica de la derivación, en su principio de razón suficiente; pero en el desarrollo de su recurso reproduce parcialmente las declaraciones testificales del Testigo Protegido JM, Testigo Protegido X1, Testigo Rony Fabricio Ferrufino Flores y del Testigo Carlos Adolfo Laínez Salgado, Transcribe fragmentos de la valoración conjunta de la prueba testifical, haciendo el recurrente su propio alegato de instancia sobre los mismos y no sobre la valoración intelectiva hecha por el juzgador y no establece cual fue el perjuicio que le ha causado a su defendido dicha inobservancia. El recurso que hoy nos ocupa, por elección del recurrente, es el de casación por quebrantamiento de forma, mediante el cual se denuncia la concurrencia de un vicio in procedendo consistente en una incorrecta valoración intelectiva de los medios de prueba que fueron reproducidos en juicio, al ser colisionante con el principio lógico de derivación en su postulado de razón suficiente. El recurrente de esta forma fija la competencia de la Sala de lo Penal, pues es lo señalado lo que se identifica como el objeto de la impugnación al que debe de darle respuesta, no pudiendo extenderse el pronunciamiento judicial a otros aspectos no alegados, ello al tenor de lo mandado en el artículo 350 del Código Procesal Penal. Es de tener presente que conforme la naturaleza del recurso de casación resulta irrelevante el criterio que pueda generar la prueba al Ministerio Público, al acusador privado, a la defensa, etc. e inclusive al propio Tribunal de Casación; lo que consideren las partes o la Sala de lo Penal que debió haber sido la valoración de la prueba no es vinculante, sino que lo determinante es el criterio probatorio contenidos en los razonamientos judiciales del Tribunal de Sentencia y si éstos fueron construidos en respeto a las reglas de la sana crítica; ergo el motivo de casación debe concentrarse única y exclusivamente en demostrar que el criterio (valoración intelectiva) del juzgador fue erigido con inobservancia de esas reglas y principios que componen el recto entendimiento humano y no tratar de superponer otra valoración que se considera más propia.- La Sala de lo Penal ha señalado que en casación, como única instancia, solo puede hacer un análisis, y en su caso, censura del proceso intelectivo de la sentencia cuando ésta contenga razonamientos que riñan con las reglas de la sana critica; debe entenderse entonces que el foco de estudio no es la prueba, no es lo que dejó de acreditar o acreditaron los medios probatorios (valoraciones de instancia), sino el razonamiento plasmado por los jueces y los cuales les llevaron a construir los hechos declarados probados. Como consecuencia de lo anterior la exactitud en la confección del recurso de casación por quebrantamiento de forma, tratándose de violaciones a las reglas de la sana crítica debe ser alta: se requiere: i.- identificación del razonamiento judicial vicioso; ii.- la identificación de la regla de la sana crítica que se considere violentada; iii.- exposición del porqué el razonamiento judicial (no la prueba) contiene un vicio de inobservancia o de mala aplicación de la regla de la sana crítica, llegando a su demostración y finalmente; iv.- la explicación del porqué dicha violación tiene una repercusión negativa en la decisión adoptada por el tribunal.- Es un trabajo técnico, bastante preciso, pues a cada razonamiento judicial señalado como vicioso debe hacerse el examen sobre su propiedad y además se debe explicar por qué la conclusión judicial malograda es relevante para la decisión final y por ello dicha decisión fue indebidamente adoptada. Desafortunadamente el recurrente, se da la tarea en exponer lo que considera fueron contradicciones entre el contenido probatorio, limitándose a increpar que los jueces de sentencia no advirtieron éstas en su valoración, pero no procuró reprender la valoración intelectiva, demostrando porque las conclusiones arribadas fueron erróneamente derivadas, tal y como lo había prometido en el planteamiento hecho en el preámbulo del escrito. El recurso contiene análisis probatorio y no análisis de los razonamientos judiciales; la impugnación se apoya en su mayoría en transcribir las declaraciones testificales y no atacar la valoración intelectiva que hace el juzgador sobre esos medios de prueba, lo que solo podría constatarse mediante una revalorización de la carga probatoria a realizarse mediante la lectura del contenido de la prueba, pero además se tendría que censurar la valoración hecha por el a-quo y reemplazarla por la valoración de la Sala de Casación; en otras palabras, la Sala de lo Penal tendría que convertirse en tribunal de segunda instancia. Esto nos lleva a afirmar que el recurrente acude a esta única instancia con el objeto de conseguir un reexamen o revalorización (revisio de facto) de la actividad probatoria, como medio de atacar el juicio valorativo hecho por el tribunal, pretendiendo que los jueces de casación, sin contar con inmediación (entre otros principios faltantes), valoren un medio de prueba determinado, extraigan conclusiones probatorias y las impongan en la sentencia. En el caso actual, la defensa privada se dedica a elaborar alegatos propios de instancia que resultan insuficientes para autorizar la potestad revisora del control de racionalidad de la actividad valorativa de instancia, pues si la prueba es insuficiente para acreditar la responsabilidad penal del acusado en los hechos que se le imputa, no es una cuestión que atañe al motivo invocado por el recurrente. O bien, el concluir que el sentenciador a vertido fundamentación inconsistente para restar valor probatorio y que los testigos no han sido concordantes con la prueba pericial o documental, es una apreciación subjetiva del recurrente en la que pasa por alto la labor intelectiva del juzgador y la cual debe ser su objeto de impugnación. A partir de lo alegado, la Sala de lo Penal no tiene duda que el recurrente presenta queja sobre la valoración, no porque identifique un defecto de construcción en un silogismo judicial, análisis de premisas y demostración de una mala inferencia que termine en una indebida conclusión derivada, o la exposición de dos argumentos judiciales sobre un mismo hecho o aspectos que sean contradictorios, sino porque la prueba fue valorada de forma diferente a como pretendía la defensa privada, todo ello impropio de sede casacional. El defecto de interposición de recurso es insalvable, por lo que debe de ser desestimado. DECISIÓN No Ha lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo, interpuesto por la defensa privada. No ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo, interpuesto por la defensa privada. De la procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal Decreto 130-2017. A. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello. Los tipos retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir de cinco a diez años de prisión una pena). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrara en vigencia y cuando es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento de juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas de manera completa por la persona, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el Código Penal Decreto 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo Código, sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibido la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un concurso real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse, primero conforme al límite objetivo ordinario o limite objetivo extraordinario, según corresponda, y luego de ello conforme al límite subjetivo. Empero uno no es preferente sobre el otro, se aplicará el límite que sea menor; b. La ponderación deberá realizarse, primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el CP-130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a. Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b. Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no los 30 años (limite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (limite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años, la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años, se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y aun así en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Limite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Limite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Limite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. C. Ponderación en el Caso Concreto El Tribunal de Sentencia, basado en el Código Penal según decreto 144-83, declaró responsable al acusado Manuel Meza de: 1.- Delito: Asesinato Ofendidos: Wilfredo Ramón Cerrato Cruz, Rigoberto Hernández Flores, Teófilo Cruz, Olman Idec Cruz Pineda, Marcelino Antonio Galo Pérez y Marco Antonio Galo Pérez. Pena: 20 años por cada delito, lo que hace un total de 120 años de reclusión. 2.- Delito: Asesinato en su grado de ejecución de tentativa. Ofendido: Testigo Protegido X1 y Testigo Protegido JM Pena: 13 años 4 meses de reclusión por cada delito, lo que hace un total de 26 años 8 meses de reclusión. Todo conforme al concurso real hace un total de 146 años 8 meses de reclusión, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil. En cuanto al decreto 130-2017, las acciones cometidas por el acusado Manuel Meza se enmarcan así: 1.- Artículo 193 Delito: Asesinato Ofendidos: Wilfredo Ramón Cerrato Cruz, Rigoberto Hernández Flores, Teófilo Cruz, Olman Idec Cruz Pineda, Marcelino Antonio Galo Pérez y Marco Antonio Galo Pérez. Pena: 20 a 25 años de prisión por cada delito cometido, lo que hace un margen abstracto de 120 a 150 años de prisión. 2.- Artículo 193; Artículo 21 numeral b) Tentativa acabada Delito: Asesinato en su grado de ejecución de tentativa. Ofendido: Testigo Protegido X1 y Testigo Protegido JM Pena: 15 a 20 años por cada delito cometido, lo que hace un margen abstracto De 30 a 40 años de prisión. Al hacer la suma de las penas máximas y mínimas con el nuevo código penal decreto 130-2017, nos da un resultado de penas mínimas de 150 años y como penas máximas de 190 años, vemos que con el viejo código penal decreto 144-83 el total de las penas impuestas al acusado Manuel Meza es de 146 años 8 meses de reclusión, lo cual la pena es menor que las establecidas Enel Código Penal según decreto 130-2017. Además, el limite objetivo extraordinario que en el Código Penal derogado decreto 144-83 el acumulado de penas era de 30 años y en la nueva ley penal decreto 130-2017 es de 40 años; por lo que resulta más beneficioso para el acusado Manuel Meza ser condenado con la disposiciones del código penal derogado, pues solo tendrá que cumplir 30 años de penas acumuladas y con el nuevo código tendría que cumplir 40, por tanto no procede la aplicación retroactiva de la nueva ley penal. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 82, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 361,362, 363 y 369 del Código Procesal Penal FALLA: PRIMERO: Declara NO HA LUGAR el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo y por Quebrantamiento de Forma en su único motivo, interpuesto por el Abogado Alex Dagoberto Maldonado, en su condición de defensor privado del señor Manuel Meza, por los delitos de Asesinato en perjuicio de Wilfredo Ramon Cerrato Cruz, Rigoberto Hernández Flores, Teófilo Cruz, Olman Idec Cruz Pineda, Marcelino Antonio Galo Pérez y Marco Antonio Galo Pérez y por los delitos de asesinato en su grado de ejecución de tentativa en perjuicio de Testigo Protegido X1 y Testigo Protegido JM. Segundo: Declara la no procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017.- TERCERO: Declara firme y ejecutable la sentencia de fecha cuatro de marzo de dos mil veinte, dictada por el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal. Y MANDA: Que la Secretaría del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE. Firmas y Sello. José Olivio Rodríguez Vásquez. Magistrado Coordinador. Rafael Bustillo Romero. Magistrado. Alma Consuelo Guzmán García. Magistrada. Firma y Sello. Lety Emelda Posadas Rodríguez. Secretaria Actuante. Sala de lo Penal.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en fecha veintiséis de octubre de dos mil veintidós. Certificación de la sentencia dictada el veintiocho de junio de dos mil veintidós, recaída en el expediente SP 42-2021.
JOSÉ RAMÓN CRUZ FERRERA
Secretario Sala de lo Penal
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[1] Ver Sentencia Penal N° SP 175-2011, dictada por la Sala de lo Penal, de la Corte Suprema de Justicia, en fecha veintisiete de junio del dos mil trece.