Sentencia CP-41-19 — Registro 17555
Resumen
En primera instancia se absolvió al imputado por delito de Facilitación Intencional del Medio de Transporte para el Consumo Ilícito de Droga, en perjuicio de la Salud de la Población del Estado de Honduras, resolviendo en segunda instancia Ha Lugar el recurso de casación.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"... DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO.- EL RECURSO ES DE RECIBO La Sala de lo Penal, tras leer con detenimiento y analizar el discurso judicial contenido en la sentencia que se impugna vía casación, logra identificar la existencia del vicio que ha motivado al Censor acudir a la única instancia; el A-Quo, haciendo mano de un criterio desatinado, procedió a excluir indebidamente un conjunto de medios de prueba por considerar que se realizó una actuación policial ilícita, cuando en realidad tal actuación se realizó dentro del canon de la ley. Debemos recalcar, como se ha señalado en el apartado anterior, que existe una obligación del Estado de brindar seguridad a toda persona nacional o extranjera que se encuentre dentro del territorio nacional; razón por la cual el legislador ha concedido la potestad a la autoridad policial a ejecutar actos que si bien pueden significar restricciones a derechos fundamentales, se encuentran enteramente justificados en aras de cumplir con aquella obligación general, siempre que dichas actuaciones se realicen en estricto apego a lo reglado en la ley. Así entonces un agente de la policía incurriría en violación de sus deberes cuando omitiese cumplir con su función de prevenir actuaciones reñidas con la ley que aseguren la seguridad personal de los habitantes, tal y como se lo mandaba la otrora vigente Ley Orgánica de la Policía Nacional (Decreto 067-2008) en su artículo 22 y que ahora dispone la Ley Orgánica de la Secretaría de Estado en los Despachos de Seguridad Pública y de la Policía Nacional de Honduras (Decreto 018-2017), en su artículo 30. En el caso de mérito el Tribunal de Sentencia declaró como probado que el 21 de febrero de 2017, siendo las 08_10 p.m. el Señor Celin enrique Flowers Velásquez, caminaba por la carretera CA13, a la altura de la Posta Policial de Satuye, ubicada en la Ciudad de La Ceiba; cuando “sin motivo legal previo” fue retenido y sometido a un registro personal por la Policía Nacional Preventiva.- Para los Señores Jueces tal registro y posterior aprehensión fue ilegitimo; explican que se violentó el artículo 81 de la Constitución de la República que establece el derecho a la libertad ambulatoria como consecuencia del requerimiento policial y el artículo 76 de la misma norma superior (derecho a la intimidad) como consecuencia del registro personal realizado ajeno al debido proceso (Art. 90 de la Constitución de la República); agrega que el hallazgo de cinco bolsitas conteniendo lo que se suponía en ese momento droga y su incautación no son hechos controvertidos, pero si cuestionable por la forma en que se llegó a él. Invita esta Sala de lo Penal a reflexionar que en los razonamientos de los Señores Jueces de Sentencia no se hace una ponderación de los derechos en conflicto (seguridad pública versus intimidad personal), sino que solo se apela exclusivamente a los derechos del acusado Celin Enrique Flowers Velásquez, sin tomar en consideración que dichos derechos no son absolutos y que pueden ser limitados en aras de la salvaguarda de los derechos de otras personas o de la colectividad, como ser la seguridad pública. Es correcto señalar que el registro que se practica a una persona puede comprometer la libertad ambulatoria de manera momentánea y hasta la intimidad, pero tal compromiso es de tan poca entidad cuando se trata de un registro personal externo (Cacheo), que la ley lo admite cuando se busca con él mantener la seguridad de la población mediante actos de prevención del delito que particularmente deben de realizar los agentes de policía según dispone el artículo 5.2 de la Ley de Policía y Convivencia Social. Los Agentes de Policía en el caso concreto, tenían la obligación de realizar actos preventivos de carácter general, pues así se los mandaba el artículo 24.22 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional; por ello al ver a una persona con una actitud ambivalente y nerviosa (comportamiento sospechoso) cuando transitaba frente a un puesto de control (Posta Policial) se genera un fundamento razonable para requerirle e invitarle a realizar un cacheo; véase que existe proporcionalidad entre el antecedente motivador (comportamiento sospechoso) y la reacción d ellos agentes de policía (cacheo), comprobándose que la actitud ambivalente y nerviosa era como consecuencia de estar en posesión y transportando en ese momento cinco bolsas conteniendo una planta alucinógena. Los Agentes de policía no podían solicitar al Señor Celin Enrique Flowers Velásquez entregase un objeto determinado pues no se trataba de una persona de la cual se tuviesen antecedentes para sospechar de él como responsable de un acto concreto, sino que simplemente era un acto de control ciudadano circunstancial y que recayó en una persona que transitaba casualmente por el lugar por donde los agentes de policía se encontraban. El Censor tiene razón al señalar que el acto de registro personal es lícito, esto por haber sido practicado cumpliendo los requisitos legales pertinentes: a. El registro fue realizado por agentes de policía, en el cumplimiento de sus funciones preventivas del delito; b. El registro fue motivado por el comportamiento observado por el acusado al momento de disponerse cruzar frente a la posta policial, advirtiendo la presencia de agentes del orden; dicho comportamiento constituyo el fundamento razonable para realizar una medida de prevención al delito proporcional como ser el cacheo; c. El Señor Celin Enrique Flowers Velásquez, fue informado por los agentes de policía de la práctica del registro personal; d. El registro personal fue realizado por agentes de policía del mismo sexo y no comprometió zonas anatómicas que afectasen el pudor del Señor Celin Enrique Flowers Velásquez; e. Tras el registro personal y al habérsele encontrado al Señor Celin Enrique Flowers Velásquez, en posición de una planta de apariencia alucinógena, los agentes de policía procedieron a cumplir con el deber legal ante el fundamento razonable de la probable comisión de un delito, ejecutando la aprehensión del acusado por un hecho en flagrancia, informando de tal hecho al Ministerio Público, quien posteriormente presento requerimiento fiscal poniendo a la orden de autoridad judicial al detenido; y f. Los agentes de policía documentaron lo actuado mediante actas escritas, mismas que fueron propuestas y admitidas como medios probatorios documentales del proceso. Los Señores Jueces de Sentencia, al señalar que el acto de registro era ilícito, excluyeron a su vez todo medio de prueba que consideraron derivado de dicho acto, siendo éstos: i.- declaración testifical de la agente de policía Selena Patricia Castellano; ii.- Declaración testifical del agente de policía Selvin Mody Saison; iii.- Acta de Incautación de cinco bolsitas conteniendo supuesta marihuana; iv.- Dictamen Toxicológico realizado al contenido de cinco bolsitas plásticas conteniendo supuesta marihuana; v.- Evidencia física consistente en cinco bolsitas plásticas conteniendo restos de una planta supuestamente marihuana.- Medios de prueba enumerados que debieron ser objeto de valoración (positiva o negativa) contenida en una correcta motivación descriptiva e intelectiva, a la luz de la sana crítica y en conjunción con el resto de la prueba allegada a la audiencia, a efecto de dar respuesta de fondo a las pretensiones que formularon las partes en la audiencia de debate. La exclusión indebida de los medios de prueba provocó una falta de tutela judicial efectiva a las partes, pues la decisión de fondo contenida en la sentencia que ahora se conoce en casación, no se basa en todo el acervo probatorio ofertado y admitido, sino que en la valoración parcial de éste..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 360 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia recaída en el expediente del Recurso de Casación SP-41-2019 que literalmente dice: “Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintidós (22) días del mes de septiembre de dos mil veintidós (2022), el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados José Olivio Rodríguez Vásquez en su condición de Coordinador, Rafael Bustillo Romero y Miguel Alberto Pineda Valle, por ausencia justificada de la Magistrada Alma Consuelo Guzmán García pronuncian, En Nombre Del Estado De Honduras La sentencia en el Recurso de Casación SP 41-2019, conociendo del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha veintitrés de octubre de dos mil dieciocho, dictada por el Tribunal de Sentencia de La Ceiba, departamento de Atlántida, mediante la cual falló: Primero: Absolvió al señor Celin Enrique Flowers Velásquez, del delito de Facilitación Intencional del Medio de Transporte para el Consumo Ilícito de Droga, en perjuicio de la Salud de la Población del Estado de Honduras. Segundo: No procedió condenar en costas al Ministerio Publico. Tercero: Se ordenó la destrucción de una bolsa plástica transparente que contiene en su interior cinco bolsas plásticas conteniendo hierba seca marihuana con un peso de 40.1 gramos, que se encuentra en poder del Ministerio Publico de la Ceiba. Son Partes En La Única Instancia: Abogada Mercedes Dubon, Agente fiscal del Ministerio Público, en su condición de Censora y los abogados Gladys Lamar Ortiz y Arnaldo Alcides García, agentes de la defensa pública, representando al acusado Celin enrique Flowers Velásquez, en su condición de recurridos. Hechos Probados De La Instancia Primero: En fecha 21 de febrero del año 2017, a las 08_10 de la noche, Celin Enrique Flowers Velásquez caminaba por la carretera CA13 a la altura de la posta policial de Satuye, ubicado en La Ceiba, Atlántida, cuando sin motivo legal previo fue retenido y sometido a un registro personal por miembros de la policía preventiva de dicha posta.- Segunda: En fecha 22 de febrero del año 2017, la Dra. Martha Nohelia Pinel, recibió y analizó el contenido de 5 bolsas plásticas y determinó que su contenido es hierba seca marihuana con un peso de cuarenta punto uno gramos. Recurso De Casación. - Motivos Y Argumentos Motivo Único: “Exclusión de Pruebas de Valor Decisivo” Precepto Autorizante: Articulo 362, numeral 2) del Código Procesal Penal. Exposición Del Motivo De Casación. Primer Motivo: “Haber Excluido el Juzgador, Prueba de Valor Decisivo”. Precepto Autorizante: El presente motivo de casación se encuentra comprendido el Articulo 362 numeral 2, del Código Procesal Penal. Explicación Del Motivo: Al analizar la sentencia que hoy se impugna por esta vía recursiva, se advierte que la valoración de los medios probatorios que ha realizado el Tribunal, no ha sido completa ni integral, pues ha omitido apreciar, ciertos elementos de prueba testimonial, pericial y documental, de carácter incriminatorio y valor decisivo; que, de haber sido considerados, le hubieran conducido a una decisión distinta a la que arribó. En tal sentido; resulta de transcendencia explicar en qué consiste el vicio supra referido, al respecto. la Sala de Lo Penal a través de fallo de fecha 4 de Febrero del año 2013 (SP 90-2011), en relación a la exclusión de prueba de valor decisivo ha expresado lo siguiente: "...El motivo invocado resulta en concreto de dos hipótesis, el primero (exclusión de prueba) supone un rechazo expreso sin esperar las razones de esa decisión o bien se le considere ilícita sin serlo ... " posición que se encuentra respaldada por el fallo de fecha 27 de Enero del año 2011, recaído en el recurso de Casación Penal S. P No 322-2009. (Lo resaltado es nuestro). En el caso en estudio, fueron admitidos e incorporados en el momento procesal oportuno como medio de prueba testimonial, las deposiciones de los policías preventivos Selvin Mody Saison y Selena Patricia Castellano, quienes en una parte de su declaración refieren, que el día martes 21 de Febrero en horas de la noche el procesado Celin Enrique Flowers fue encontrado portando 5 bolsitas plásticas transparentes conteniendo marihuana, esto a partir del registro personal que ellos le realizan, en razón de evidenciar su conducta indecisa de pasar frente a la posta de control de Satuye, Medio de prueba Documental: Acta de Decomiso de cinco bolsitas transparentes conteniendo droga-marihuana realizada en fecha 21 de febrero de 2017, al procesado Celin Flowers; ratificada y explicada en Juicio por el Policía Preventivo Selvin Mody Saison. Se incorporó además como Prueba Pericial el Dictamen Toxicológico, del cual se deriva que el contenido en las cinco bolsas de plástico corresponde a 40.1 gramos de marihuana no compatible con el consumo personal inmediato; y como evidencia física; cinco bolsas plásticas transparentes conteniendo hierba seca marihuana; medios probatorios que no fueron considerados expresamente por el Tribunal, Excluyéndoles del acervo probatorio, al estimar que son prueba ilícita al haber sido realizadas al margen de las reglas procedimentales señaladas en la ley penal Adjetiva y en vulneración de derechos y garantías constitucionales y convencionales. El fundamento planteado por el Juzgador en el fallo que ahora se impetra, para excluir estos medios probatorios. en lo esencial expresa: "los policías no estaban facultados para retener y registrar al imputado en la vía pública, el día del hecho, pues lo prohíbe la Constitución y las leyes convencionales en materia de Derechos Humanos, habida cuenta que contraviene el derecho a la libertad, intimidad y la garantía al debido proceso penal... Lo policías que retuvieron y registraron al acusado manifestaron que lo vieron sospechoso, pero objetivamente no se acreditó ninguna conducta sospechosa relacionada con algún ilícito, porque no era visible que el acusado portaba algún objeto ilícito ex ante al registro personal[1]”. Estimó además el Tribunal para excluir de valoración estos medios probatorios "no es posible valorar para determinar responsabilidad penal del acusado Celin Enrique Flowers Velásquez, lo referido por los policías respecto a que llevaba droga prohibida, así como el Acta de registro, el Dictamen toxicológico y la evidencia consistente en: una bolsa plástica transparente que contiene hierba seca marihuana con un peso neto de 40. 1 gramos; porque son el resultado de diligencias realizadas en vulneración de derechos y garantías constitucionales y convencionales…[2]. Resulta evidente, que las razones expuestas por el Juzgador para negar valor probatorio al decomiso y registro realizado a Celin Enrique Flowers Velásquez, carecen de soporte jurídico, pues no están amparados en circunstancias legalmente válidas que autoricen su descalificación, muy por el contrario, de la causa en estudio se desprende. que al procesado Celin Flowers se le han respetado las garantías judiciales, la libertad, la intimidad y el debido proceso penal. En tal sentido, el registro corporal a él realizado por autoridades policiales, cuya práctica ha establecido el Tribunal, constituye el núcleo central que vicia la probanza a la que le ha cercenado valor probatorio; bajo ningún término conculca el derecho a la libertad de Celin Flowers, ya que, esta actuación policial, no constituye una detención, y si bien, hubo retención policial inicial para realizarlo, lo cual pudo ocasionarle molestias al procesado, en virtud que este tipo de diligencias inevitablemente conllevan algún tipo de limitaciones o restricciones, estas tenían objetivos muy concretos enmarcados dentro de la propia prevención e investigación policial, tomada por los agentes Selvin Mody Saison y Selena Patricia Castellano, una vez que han percibido signos externos en el encausado, que dieron pie a la sospecha inicial. En tal sentido, la policía Selena Castellanos al deponer ante el Tribunal manifestó: "eso fue a las 20:10; decidimos requerirlo porque estaba sospechoso, lo notamos nervioso por lo que le hicimos registro. Al momento de pasar estaba con duda de pasar por enfrente de la posta por lo que le hicimos el registro. Es una posta de control donde controlamos todo lo que pasa en la posta”[3] extremo que es robustecido ante el Sentenciador, con lo expuesto por el policía Selvin Mody. En esa misma línea de pensamiento ante la existencia de comportamiento inusual en el acusado al pasar por la posta de control de Satuyé, los policías Selena Castellano y Selvin Mody, no sólo estaban facultados por la normativa adjetiva para requerirlo, solicitarle y realizarle registro corporal, aun mas allá, estaban obligados a practicarlo, en su deber de defender la seguridad y el orden[4] y asimismo a realizar una serie de gestiones o corroboraciones previas, con el fin de compulsar esa sospecha inicial; la cual resultó fundamentada bajo sobradas razones, al consolidarse la racionalidad de esta duda, cuando le son encontrados al acusado Celín Flowers: 40.1 gramos de droga-marihuana. El registro como acto que busca descubrir objetos ilícitos sin traspasar la esfera de la integridad, y la libertad personal, la identificación y el registrar, como toda intervención policial, debe guiarse por la oportunidad, la congruencia y la proporcionalidad, en ese mismo orden de ideas, mediante Sentencia TS"º, S 20-12-1993 el Tribunal Supremo, estableció" lo único exigible para que sea licita la suspensión de la libertad de circulación por el breve plazo de la práctica de una diligencia de control o registro callejero es, de un lado, que exista una norma que ampare la actuación de la autoridad o sus agentes y, de otro, que se respeten los principios de proporcionalidad y exclusión de la arbitrariedad, de modo que la actuación que la ley autoriza de manera general aparezca racionalmente indicada en el caso concreto y se practique sin excederse de lo necesario para su buen fin, esto es, que no rompa el equilibrio entre el derecho y su limitación", en consonancia se pronuncia mediante Sentencia TS 2°, S 02-02-1996, TS 2ª, S 04-02-1994 y el Auto TC 28/1/91, al reconocer el derecho de la policía a registrar a las personas, aun cuando no existan previos indicios de infracción, siempre y cuando dicha acción policial se enmarque en el curso de la actividad preventiva e indagatoria de hechos delictivos. Disentimos, además, con el Tribunal Sentenciador cuando expresa: "pero objetivamente no se acreditó ninguna conducta sospechosa relacionada con algún ilícito. porque no era visible que el acusado portaba algún objeto ilícito ex ante al registro personal[5]… " pues como sabemos: la sospecha comprende únicamente una creencia o suposición a partir de conjeturas fundadas en ciertos indicios o señales[6], lo cual como mencionamos líneas arriba, ocurrió en el presente caso. Atinente al respeto la intimidad de Celin Flowers. al momento de ser requerido por la policía y de serle practicado registro personal, debemos partir por puntualizar, que la actuación realizada por la policía al registrarle, constituyó únicamente una inspección externa sobre su cuerpo, bajo ningún punto se extendió más allá de lo indicado; en ese mismo orden de ideas, tal diligencia se practicó en observancia a los principios de adecuación, proporcionalidad y necesidad, por cuanto este registro resultó eficaz al encontrársele al acusado a través del mismo, 40.1 gramos de marihuana, lo que significa que es un medio adecuado en la investigación policial, que no ha producido perjuicios a sus derechos, en virtud, que difícilmente esta medida pueda ser suplida por otra igualmente efectiva, que no restrinja derechos fundamentales o que lo haga de una manera menos gravosa; existiendo una acertada ponderación entre el interés del Estado en la Persecución Penal y/o Seguridad y los derechos subjetivos que posee Celin Flowers Velásquez. De esa forma, la diligencia de registro personal, que tiene su base en disposiciones internas Hondureñas de carácter procesal, como reserva de ley de normas fundamentales; fue realizado, bajo los parámetros definidos en la legislación; asimismo, Celin Flowers dispuso de sus garantías mínimas al momento de serle realizado, requerimiento que fue efectuado en base a una sospecha que pendía sobre su persona, por autoridades facultadas para realizarla y por persona del mismo sexo, bajo su anuencia, no fue objeto de controversia en audiencia de Debate Oral su negativa para acceder a la práctica de ese registro y mucho menos, que éste haya solicitado la presencia de una tercera persona cuya asistencia fuera posible durante el desarrollo de la misma, por lo tanto, corresponde a un medio probatorio legítimo. que debe ser objeto de inclusión y valoración probatoria.
No obstante lo anterior, el Tribunal Sentenciador resuelve quitar valor a esta probanza de naturaleza decisiva para vincular al imputado con el delito que se les atribuye, bajo el sustento de un criterio totalmente desacertado y meramente formalista y es bajo el razonamiento transcrito anteriormente que excluye de valoración del resto de medios probatorios que se derivan de dicho registro personal, probanza igualmente decisiva denominada testifical: Selvin Mody Saison y Selena Patricia Castellano, atinente a la parte de su declaración en la cual dejan establecido, que a partir de este registro el acusado fue encontrado en posesión de marihuana; evidencia física y Dictamen Toxicológico, que establece que la sustancia encontrada al imputado es droga- marihuana, en una cantidad no apta para el consumo personal; prueba, que de haber sido incluida por el juzgador en su valoración, lo hubieran conducido a una decisión distinta. por ser de carácter decisivo. Tocante a lo expresado, la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, ha señalado en el Recurso de Casación 151-10 que “debe determinar en concreto si dicha omisión probatoria es o no decisiva para la litis, es decir capaz de alterar o modificar el resultado del juicio. Sobre el tema del “Defecto Decisivo”, el Jurista argentino F. de la Rúa, sostiene que: “Que la prueba omitida, hemos señalado, debe ser decisiva; si carece de eficacia, la omisión no puede afectar la motivación”. Mas adelante el mismo autor agrega: “Para determinar la decisividad de la prueba eliminada, el Tribunal de casación debe acudir al método de supresión hipotética: una prueba será decisiva, y su invalidez afectara de manera fundamental a la motivación, cuando -si mentalmente se la suprimiera- las conclusiones hubieran sido necesariamente distintas…. “cuando se trae de un vacío inverso, es decir, de omisión de prueba esencial, aquella operación critica deberá invertirse, y consistirá, en tal caso, en la inclusión mental hipotética de la prueba no producida. La anulación puede ser parcial.3”. en el caso subjudice, si efectuamos la inclusión mental hipotética de la totalidad de lo expuesto ante el Tribunal por los policías Selvin Mody Saison y Selena Patricia Castellano, el Acta de Registro de comiso, la evidencia física y el Dictamen Toxicológico 2017-0101-0506-1262, indefectiblemente el resultado hubiese sido una condena, ya que dichas probanzas incriminan directamente al encausado. Así las cosas, resulta evidente el grave error en que incurrió el Tribunal sentenciador al excluir en toda su dimensión esta probanza, la cual como ya se indicó, reúne los requisitos de legalidad, licitud y es de carácter decisivo. Finalmente, instamos ante Vosotros Honorables Magistrados de la Sala de lo Penal nuestro reproche casacional a efecto que, una vez estudiado el caso, decidan con la sapiencia que los caracteriza y casen el fallo que ahora genera inconformidad a este ente acusador: igualmente enfatizamos que no hablamos reclamado previamente este vicio, pues se produce en el acto mismo de sentenciar. Fundamentación Jurídica Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma El Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio (Art. 90 de la Constitución de la República). Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso (Art. 9 cpp). Si no se cumple con los requisitos establecidos en la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos y, por el contrario, se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando: a. No se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), b. Se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o c. Se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; La inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción (vicio in procedendo) y que debe de ser objeto de saneamiento cuando proceda (Art. 171 cpp), de subsanación cuando concurran sus presupuestos (Art. 170 cpp) o, en su caso y como remedio último de nulidad 165 cpp). El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la denuncia hecha por algunas de las partes de una actividad procesal defectuosa que compromete la decisión final, dada en los actos procesales de la etapa de juicio o en la propia sentencia que le contiene y que tiene como sanción prevista por la ley su nulidad ante la imposibilidad de saneamiento o de subsanación, ergo no basta entonces con la presencia de un vicio, sino que se requerirá además: i.- Que la Recurrente haya presentado protesta contra el vicio, en el momento procesal oportuno, procurando sanearlo sin éxito (Art. 363 párrafo tercero de cpp); ii.- Que el vicio tampoco sea posible tenerlo por subsanado; iii.- Que el vicio sea de aquellos que tenga como sanción legal la nulidad de la actividad que lo contiene (Art. 362 cpp), planteados como motivos para recurrir.- Los dos primeros requisitos no serán necesarios cuando el defecto se produzca en la sentencia, pues la única forma de protesta sería el mismo recurso de casación. Además de los requisitos señalados, la Recurrente debe de tener presente que la instancia impugnativa en casación está munida de importantes recaudos formales determinados por la ley que deben de cumplirse en su interposición (Art. 363 párrafo tercero cpp) y que pueden ser de diferente naturaleza en atención al defecto procesal denunciado (Art. 362 cpp); Ello se debe a que se trata de un recurso extraordinario, que tiene como fin auditar la legalidad de la sentencia y por ende de una gran exigencia técnica. Es de esta forma que con la individualización del motivo se dan las siguientes consecuencias: a. La competencia de la Sala de lo Penal queda circunscrita a los aspectos objetos de impugnación (Art. 350 cpp); b. Es inaplicable el principio Iura Novit Curia, al no poderse suplir las omisiones de la Recurrente; y c. Es posible la concesión parcial del Recurso, cuando la razón solo aparezca en parte de lo alegado en el motivo. Censor: Ministerio Público.- Único Motivo Normas Autorizantes: Artículo 362 numeral 2 del Código Procesal Penal. Normas Procesales que se denuncian Infringidas: Sin determinar por el Censor; Motivo: El Órgano Sentenciador excluyó prueba de valor decisivo; Concepto de la Infracción: Exclusión de las declaraciones testificales de los Señores Selvin Saison y Selena Castellano, Acta de decomiso de supuesta droga, dictamen pericial toxicológico y evidencia física. Reclamación Ex ante: Imposibilidad dado que el vicio esta contenido a la Sentencia; Pretensión: Casar la sentencia. Plantea el Censor que el tribunal e sentencia ha omitido apreciar ciertos elementos de prueba testimonial pericial y documenta, los cuales son de carácter incriminatorio y de valor decisivo.- En el desarrollo el Censor identifica a los medios de prueba testifical (declaraciones de los Señores Selvin Mody Saison y Selena Patricia Castellanos), medios de prueba documental (acta de incautación de cinco bolsas conteniendo supuesta droga), prueba pericial (Dictamen toxicológico de cinco bolsas conteniendo supuesta droga), y evidencia física (cinco bolsas plásticas conteniendo supuesta droga), los que considera fueron excluidos indebidamente.- Señala el Censor que para el tribunal de sentencia los agentes de policía no estaban facultados para retener y registrar al imputado en vía pública y que ello contrario la Constitución de la República, las normas convencionales en materia de derechos humanos.- Argumenta el Censor que las razones expuestas por el tribunal de sentencia carecen de soporte jurídico pues el registro hecho por los agentes de policía no violenta el derecho de libertad del Señor Celin Flowers, dado que lo hecho no constituye detención, y si bien existió retención policial inicial para realizarlo, lo cual pudo ocasionar molestias al proceso, ello es inevitable en ese tipo de diligencias , éstas están enmarcadas dentro de la prevención e investigación policial. Relaciona que conforme lo señalaron los agentes el acusado mostro un comportamiento inusual al pasar por la posta de control de Satuye, por lo que los agentes no solo estaban facultados por la normativa adjetiva para requerirle y hacerle un registro corporal, sino que estaban obligados hacerlo en defensa de la seguridad y el orden. Agrega el Censor que el respeto a la intimidad del acusado Celin Flowers no se vio quebrantada pues la diligencia constituyo únicamente inspección externa de su cuerpo sin extenderse. Finaliza el Censor acusando que el tribunal de sentencia aplicó un criterio desacertado y meramente formalista; que si se efectuara la inclusión mental hipotética de los medios probatorios excluidos la decisión hubiese sido totalmente distinto. De los Registros Personal/Corporales El registro personal/corporal es un acto de investigación, con o sin control jurisdiccional consistente en auscultar a una persona para verificar si lleva en su cuerpo, en sus ropas o pertenencias, algún objeto de tenencia ilícita o relacionado con un delito en particular. Sin duda el registro corporal/personal constituye una limitación a principios constitucionales básicos como el de la libertad y la intimidad, justificable en casos específicos en pro de la seguridad colectiva, empero también puede significar la violación del derecho básico a la dignidad humana cuando es realizado con abuso por parte de la autoridad actuante, por ello se encuentran en la ley regulaciones específicas y estrictas para su práctica.- Existen dos clases de registro a razón de su intromisión a la intimidad de la persona: i).- El registro personal externo o cacheo; ii).- Registro Corporal. i).- El Registro Personal externo o Cacheo Procedimiento mediante el cual se palpa por encima de las ropas a una persona, sin comprometer zonas púdicas, en busca de objetos prohibidos o relacionados con el delito. Este registro personal se practica sin control fiscal ni jurisdiccional, con o sin consentimiento de la persona: a. Existe consentimiento cuando la persona expresamente manifiesta su aquiescencia para que se le haga dicho registro, o tácitamente cuando consciente y voluntariamente se coloca en una situación en donde será objeto de registro, como por ejemplo al ingresar a un centro deportivo o a un concierto; b. El registro se realizará sin el consentimiento cuando la autoridad pública, basado en un fundamento razonable que descanse en la licitud, requiere a una persona para la realización del registro. Sin duda alguna en esta clase de registros personales, hecho en contra de la voluntad de la persona, la libertad ambulatoria y la intimidad pueden resultar momentáneamente restringida pues el individuo no solo debe de someterse a las indicaciones policiales respecto al registro deteniendo su marcha sino que además debe de soportar una intromisión a su intimidad al tener que dejar que la autoridad policial palme externamente su cuerpo aun cuando sea en zonas que no comprometan el pudor, todo ello justificable en pro de la seguridad pública, lo que obliga a toda persona a someterse al derecho de policía ejercido por los agentes; entiéndase que tal sometimiento no constituye privación de la libertad, sino un mero constreñimiento provisional durante el tiempo indispensable para que la autoridad realice el control de seguridad. Recordemos que mediante artículo 61 de la Constitución de la República el Estado de Honduras se compromete a garantizar la seguridad personal de los nacionales y extranjeros que se encuentren dentro del territorio nacional; Tal seguridad en parte se logra garantizar mediante el derecho policial y el derecho penal, siendo parte del primero la ejecución de medidas preventivas que si bien pueden causar molestia y hasta restricciones momentáneas a ciertos derechos, ello es admisible constitucionalmente en aras de la salvaguarda de la exigencia de seguridad pública; Sobre esto Chávez (Chávez, Orlan Arturo, en Derechos Fundamentales y la Investigación Criminal, Editorial O.I.M., Honduras, 2011), explica que “… como todo derecho es necesario que tenga limitaciones para salvaguardar otros derechos de la misma naturaleza y hallar el equilibrio o la tensión entre el bien protegido y el que aparece como limitado.”. La prevención del delito constituye un mandato legal vigente al momentos de los hechos: la Ley Orgánica de la Policía Nacional de Honduras, en el segundo párrafo del artículo 3 y 22 disponía que: Artículo 3.- […] “Por medio de la Policía Nacional le compete velar por la conservación del orden público; la prevención, control y combate de los delitos, faltas e infracciones; proteger la seguridad de las personas, su vida, su integridad física, síquica y moral, sus libertades, bienes y derechos; auxiliar en la preservación del medio ambiente, de la moralidad pública y de los bienes estatales; […] la represión del crimen organizado, el narcotráfico y el lavado de activos; […] el registro y control de actividades potencialmente riesgosas para el mantenimiento del orden público tales como la producción, comercialización y tenencia de químicos, armas, explosivos y similares así como otras actividades susceptibles de ser instrumentadas para la comisión de delitos.”. Artículo 22.- La Policía Nacional de Honduras es una Institución profesional y permanente del Estado, […] encargada de velar por la conservación del orden público; la prevención, control y combate al delito; protección de la seguridad de las personas y sus bienes; […], todo con estricto respeto a La Ley en general y a los Derechos Humanos. Entre las acciones preventivas están por ejemplo: la potestad de la policía de exigir a toda persona mayor de edad se identifique plenamente mediante un documento oficial, pudiendo la autoridad policial conducirle a su casa o a la oficina estatal más cercana para efectos de proceder a la debida identificación (Art. 45 Ley de Policía y Convivencia Social); también la policía nacional puede “ […] establecer controles en las vías, lugares o establecimiento públicos, […], al objeto de este proceder a la identificación de las personas que transiten o se encuentren en ellos, al registro de los vehículos y al control superficial de los efectos personales con el fin de comprobar que no se portan sustancias o instrumentos prohibidos o peligrosos. […].” (Art. 55 Ley de Policía y Convivencia Ciudadana). En específico la practicar registro personal In Situ, deberá de realizarse cuando concurran las siguientes circunstancias: i.- Existencia de un fundamento razonable que aconseje la necesidad a la autoridad policial de realizar dicho registro derivado de la sospecha que se tenga de que una persona lleva en su cuerpo, en sus ropas o pertenencias, objetos, señales o vestigios relacionados con un delito; tal fundamento razonable puede desprenderse de la forma como la persona se conduce en vía pública, del lugar específico donde se encuentre al tratarse de una zona en donde con recurrencia se den actos delictivos, de la proximidad de la persona al lugar en donde se ha cometido un delito, u otra circunstancia análoga; ii.- El Registro sea realizado bajo el procedimiento legal y con estricto respeto de la dignidad humana. La policía, primero debe de informar a la persona sobre la necesidad de realizar el registro, y en los casos en que se tenga sospecha preexistente de que éste porta un objeto ilícito o relacionado con el delito se le invitará para que haga entrega de él, invitación que claramente no puede realizarse cuando el registro se realice como un acto de control de seguridad espontaneo. El registro personal se practicará por encima de las ropas evitando palpar zonas corporales que afecten el pudor, por personal del mismo sexo que el sujeto a registro y en su caso por persona del mismo género que sea designada por la autoridad policial en el momento, lo que puede ocurrir cuando en el operativo policial solo se encuentren agentes del sexo masculino y exista la necesidad de realizar registro a una persona del sexo femenino, por lo que el agente policial de mayor rango podrá solicitar la colaboración ciudadana a cualquier dama que se encuentra próxima para que haga la palpación. Este tipo de registro podrá realizarse por la Policía Nacional Preventiva en vía pública y sin orden judicial, debiendo presenciar la diligencia dos testigos (personas no relacionadas con la agencia policial) cuando pudiesen ser habidos sin demora. De todo lo actuado se levantará acta, la que firmaran las personas que hayan intervenido. 2).- El Registro Corporal Se realizará cuando se sospeche que la persona porta consigo objetos de tenencia ilícita o relacionados con el delito en partes del cuerpo que afecten el pudor. Esta diligencia se llevará a cabo en un lugar reservado, por persona del mismo sexo y con presencia de alguien de confianza de aquel que será registrado, siempre que pueda ser habida sin demora. Cuando el registro afecte directamente zonas corporales intimas que requieran experticia, el registro deberá de ser realizado por un médico o personal sanitario capacitado. Para la práctica de este tipo de registros es necesario orden de órgano jurisdiccional el que evaluara que la necesidad de la medida justifique la intromisión a la intimidad, sin perjuicio de que pueda ser dispuesta por el Ministerio Público por razones de urgencia, debiendo solicitar su convalidación judicial en forma inmediata. Solo le es permitido a la Policía Nacional Preventiva la práctica de este tipo de registros sin orden fiscal o judicial, cuando se tenga conocimiento cierto de que la persona esconde algún objeto que pueda ser utilizado en forma ofensiva contra la autoridad, contra terceras personas o contra la vida de la propia persona sospechosa; sin embargo, siempre deberá de ser practicado por una persona del mismo sexo y, en la medida de lo posible, en un lugar reservado o alejado de la vista pública. Los Agentes de Policía, además, deberán de solicitar la convalidación judicial en forma inmediata, por conducto del Ministerio Público. Tanto en los registros personales externos o sobre las ropas (Cacheos) como, y especialmente, en los registros corporales, la autoridad estatal dispondrá lo relativo a lugar, tiempo, forma y personas intervinientes en atención a las circunstancias particulares del momento pero siempre en estricto respeto a la dignidad humana.- Recuérdese que “La libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana” (Preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos); la dignidad humana es el primer valor a tener en cuenta cuando se estudia a la persona, por derivar de sus más íntimos y específicos componentes de racionalidad y libertad; desde una perspectiva iusnaturalista la persona humana es un individuo físico, indiviso, único y distinto de sus pares (Principio de Individualidad), que con su inteligencia toma conciencia de sí y accede al conocimiento del ser del mundo circundante, produciéndose su apetito de mejorarse a sí mismo y de buscar condiciones tangibles e intangibles que le ayuden a alcanzar esa meta, para ello debe de gozar de una autonomía para escoger los medios que le permitan la obtención de esos fines naturales, esa autonomía es punto de convergencia de derechos y deberes para con otras personas humanas que buscan el mismo objetivo y que por tanto merece un respeto mutuo. La dignidad humana es el valor de la persona humana por su carácter autónoma, individual y racional, el que debe de ser reconocido y respetado recíprocamente entre los seres humanos, quienes además deben de tolerar, aceptar y valorar las diferencias entre ellos; Hurtas Martín (Huertas Martin, Isabel, El sujeto pasivo del Proceso Penal como objeto de la prueba, Primera Edición, Editorial BOSCH, Barcelona-España, 1999. Pág. 374), al referirse al principio de la dignidad, dice: "…la dignidad ha de permanecer inalterada, cualquiera que sea la situación en que la persona se encuentre, constituyendo en consecuencia un mínimum invulnerable que todo estatuto jurídico debe asegurar, de modo que las limitaciones que se impongan en el disfrute de los derechos individuales no conlleven un menosprecio para la estima, que en cuanto ser humano, merece la persona". La dignidad humana se le considera como un límite al Estado, para ordenar cualquier medida que implique la restricción de un derecho fundamental; al ser la base del sistema, este principio no puede verse vulnerado por ningún acto de investigación que se lleve a cabo dentro del proceso, debe tenerse entonces como límite infranqueable. Este principio es de carácter absoluto y no admite excepciones, reconocido en el artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 11.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, 59 y 63 de la Constitución de la República. De la Prueba Ilícita Señala el artículo 1 de la Constitución de la República que Honduras es un Estado de Derecho, ello es ciertamente la base de todo el sistema estatal, por cuanto los Poderes del Estado, instituciones centralizadas, descentralizadas y desconcentradas y con ello: todo funcionario/a y empleado/a público/a debe de desarrollar sus funciones, asir su comportamiento, bajo lo preceptuado en las normas legales válidas y vigentes, a efecto de que éstas sean positivas y eficaces. El Estado de Honduras, no puede basarse en actuaciones realizadas al margen de la ley o contrarias a la ley, por cuanto sería un contrasentido que queriendo hacer prevalecer el imperio de la ley, se valga de actos ejecutados al margen de ésta. Particularmente en el proceso penal, el respecto al derecho, a la ley, constituye su fundamento existencial, es a través del proceso penal que el Estado de Honduras imputa a una persona un acto contrario a la ley, debiendo celebrar dicho proceso con estricto ajuste a las normas para que la consecuencia del juicio sea válida. – Concretamente interesa que en el proceso penal la prueba que se reproduzca sea de carácter lícita y de carácter legal. La doctrina ha elaborado muchos conceptos en torno a la actividad probatoria defectuosa, llamándola pruebas prohibidas, pruebas ilícitas, prueba ilegalmente obtenida, etc., empero conforme a nuestra legislación procesal la denominación a usar es la de Pruebas Prohibidas o Ilícitas, según dispone el artículo 200 del Código Procesal Penal. La prueba es de carácter licita cuando ha sido obtenida mediante un acto o procedimiento estipulado o permitido por la ley, sin comprometer derechos fundamentales o derechos humanos, ergo, la prueba es de carácter ilícita cuando para su obtención se ha contrariado la ley, causando la violación o la disminución ilegitima de derechos fundamentales establecidos en la Constitución de la República o violación o disminución ilegitima de los Derechos Humanos establecidos en los Tratados y Convenios que formen parte del derecho interno hondureño y que compongan el bloque constitucional, apreciable materialmente. De lo anterior se concluye que para la existencia de prueba ilícita se requiere los siguientes presupuestos: a. Que se haya obtenido una prueba o una fuente de prueba; b. Que dicha obtención haya sido contraria a la ley, es decir no amparada por la ley; incluye aquí el prevalecimiento de la supremacía de la Constitución de la República o de las normas que integran el bloque constitucional, por cuanto aun cuando un reglamento o una ley autorice la obtención de la fuente de prueba, ésta se considerara ilícita si se contradice con normas fundamentales o de Derechos Humanos; c. Que la obtención de la fuente de prueba haya significado la violación o disminución ilegitima de garantías fundamentales o de derechos humanos, reconocidos en la Constitución de la República o en los Tratados y Convenios que formen parte del derecho interno del Estado, respectivamente; d. Que la violación o disminución ilegitima de ese derecho fundamental o de ese derecho humano, sea en perjuicio de una persona o un grupo de personas determinadas, ya sea que estas personas participen como actores del proceso o que sean terceros desligados a éste; e. Que sin la inobservancia o disminución ilegitima del derecho fundamental o del derecho humano, no hubiese sido posible la obtención de la prueba; y, f. Que la inobservancia o disminución ilegitima del derecho fundamental o del Derecho Humano sea anterior o simultánea a la obtención de la prueba. La prueba contaminada con la ilicitud puede ser de dos clases y tener a su vez tres orígenes distintos: 1.- Prueba Preconstituida: *. - Obtenida por particulares, mediante un acto ilícito, como ser un robo, un allanamiento, etc.; **. - Obtenida por operadores de justicia en la etapa de investigación preliminar; 2.- Prueba Constituida, obtenidas mediante un acto fiscal o judicial, previo al requerimiento fiscal o una vez presentado éste. Cláusula de Exclusión: El legislador hondureño, ha previsto que cuando se reproduzca un medio de prueba ilícito en el proceso, la sanción procesal será el desconocimiento de cualquier valor probatorio de ésta (Árbol Envenenado); pero además el legislador hondureño ha establecido que también carecerán de eficacia probatoria todo medio de prueba que se derive directamente de aquella que ha sido obtenida mediante la violación o disminución ilegitima de garantías fundamentales o derechos humanos (Frutos del Árbol Envenenado [7]). Un medio de prueba se deriva de otro ilícito, cuando suprimiendo hipotéticamente el segundo, automáticamente el primero se vería igualmente suprimido debido a su dependencia existencialista.- El propósito de esta pérdida de valor de la prueba es por un lado el rechazo del Estado de hacer uso de medios obtenidos ilícitamente, pero además como una forma de disuadir a la autoridad encargada del proceso de investigación de asir sus actuaciones a la legalidad, con la prevención de que cualquier acto ilícito tendrá como consecuencia la perdida de prueba que le derive. Ahora bien y como excepción a la cláusula de exclusión podrán apreciarse los medios de pruebas derivados (los frutos de ese árbol envenenado) aun cuando subsista la condición de ilicitud del acto que les genero (árbol envenenado) en los siguientes casos: cuando se de alguna de las siguientes circunstancias que como se ha señalado son excepcionales: a.- fuente independiente; b.- hallazgo inevitable, c.- vinculo atenuado y, d.- acto de buena fe: a. Fuente independiente: Cuando la prueba derivada se desprenda al mismo tiempo e inevitablemente de otro medio de prueba lícito e independiente al de carácter ilícito. Entre la fuente independiente y la prueba ilícita no debe de haber dependencia existencial, relación o subordinación. Se trata entonces de una convergencia de fuentes que apuntan a una misma prueba: una de ellas ilícita pero otra lícita. El estudio por desarrollar por los juzgadores es la relación causal entre la prueba ilícita y la fuente independiente y al determinarse que no existe ninguna, la ilicitud de la prueba no alcanza la prueba derivada, por cuanto ésta última se desprende igualmente de una fuente independiente lícita. La fuente independiente debe producirse previo o coetáneamente a la prueba derivada y nunca posterior o coetánea; b. Hallazgo inevitable o descubrimiento inevitable: Cuando la prueba derivada, con o sin la el acto ilícito, estaba destinada a ser encontrada; dependerá aquí hacer una relación suficientemente razonada del porqué la prueba derivada hubiese sido inevitablemente encontrada, aun cuando no hubiese existido la prueba ilícita derivada.- Se debe de identificar entonces un curso causal, el cual puede ser anterior, simultaneo o posterior a la producción de la prueba derivada, que de haber culminado hubiese dado inevitablemente con ésta, de modo que tal curso le valida. La tesis del hallazgo inevitable implica un ejercicio de inclusión hipotética de un curso causal; c. Vinculo Atenuado: De las excepciones a la cláusula de exclusión es el llamado “Vinculo Atenuado” el más casuístico.- La excepción fue planteada por primera vez en 1939 por el fallo Nardone versus Estados Unidos (308U.S. 338), al que le siguió en 1963 el caso Won Sun vs. Estados Unidos (371 U.S. 471) y en 1975 Brown vs. Illinois (422 U.S. 590); excepción que ha sido adoptada por muchos tribunales de Iberoamérica.- Esta excepción se da en un contexto muy específico: la existencia de un acto ilícito que genera una prueba que debe de ser considerada lícita pues entre uno y otro el vínculo “atenuado”, es decir la conexidad es tan exigua que no invalida la prueba derivada. Supone un hecho en donde la vinculación entre el acto lícito con la prueba requiere procesos intelectivos muy elaborados para poder trazar dicho nexo causal; procesos sin los cuales tal vinculación no sería evidente y pasaría desapercibido, siendo ello precisamente lo acontecido: la autoridad estatal que presenta la prueba derivada en un primer momento no advirtió la vinculación con el acto ilícito. Ferreira Fajardo y Rodríguez Ferreira (Ferreira Fajardo, Olga Lucía y Rodríguez Ferreira, Luis Ariel; en La excepción del vínculo atenuado como instrumento de evitación de la expulsión probatoria dentro del derecho procesal penal. Defectos de inconstitucionalidad; Maestría en Derecho Procesal Penal, Bogotá D. C., 2015, Pag 17), ejemplifican un caso en donde un empresario le es interceptado una comunicación sin orden judicial, en donde se evidencia actividades de lavado de activo; como consecuencia de tal intervención y de otras actuaciones de investigación que se realizan en las siguientes semanas el empresario es detenido, siendo interrogado por los agentes de policía con asistencia de un abogado, momento en que el empresario de manera libre y debidamente informado de sus derechos, procede a confesar el delito dándole datos sobre la operación delictiva a los agentes. Los autores referidos identifican las distintas circunstancias que deben de concurrir para apreciar esta excepción: i.- Falta de Proximidad Temporal: El espacio temporal de producción existente entre el acto ilícito y la prueba derivada debe de ser separado, pues entre mayor proximidad temporal existente entre ambos más fácil es identificar el vínculo; ii.- Extensa Cadena Causal: Entre el acto ilícito y la prueba derivada no deben ser eslabones continuos de una cadena causal; por el contrario deben de ser eslabones no continuos y aparentemente separados, cuya vinculación solo es posible determinar gracias a un proceso de identificación de cadena causal elaborada con alto costo intelectivo; iii.- Acto libre de voluntad: Entre el acto ilícito y la prueba derivada debe de anteponerse como eslabón en la cadena causal un acto voluntario de la persona que atenúe la vinculación entre uno y otro; aquí no debe de confundirse con la excepción de fuente independiente en donde convergen dos cadenas causales; en el “vinculo atenuado” se trata de una misma cadena causal; y iv.- Naturaleza de la Prueba Derivada: la prueba derivada debe de obedecer a una naturaleza que permita su saneamiento como consecuencia del acto libre de voluntad; típicamente el testimonio libre de coacción y debidamente asesorado de la persona imputada. En resumen, esta excepción a la cláusula de exclusión busca validar la prueba derivada como consecuencia a que esa derivación es difusa o tenue lo que no permitió a la autoridad estatal identificarla sino después de un proceso intelectivo laborioso; por ello la aplicación de esta excepción debe de ser aplicada con extrema prudencia y debidamente motivada por los órganos jurisdiccionales. d. Actuación de Buena Fe: La Prueba derivada será válida cuando aun proviniendo de un acto ilícito, su obtención sea como consecuencia de una actuación de buena fe realizada por un agente del Estado.- Debe de repararse que no se trata de actuaciones realizadas bajo manto de ignorancia, pues éstas no califican como actuaciones de buena fe; sino aquellas que realiza la autoridad en claro conocimiento de la ley y que realiza por ello de buena fe, aun cuando conduzcan a un resultado ilícito.- Ejemplo de ello es la ejecución de una orden de allanamiento en donde la autoridad judicial haya errado la dirección del domicilio; domicilio en donde casualmente fueron encontrados piezas de convicción de otros delitos.- También como ejemplo la ejecución de una orden de captura de una persona cuyo nombre es un homónimo, resultando del registro personal el hallazgo de droga; o finalmente el ingreso y registro realizado a una vivienda autorizado por una persona que se identifica como morador pero en realidad no lo es. En estos casos persiste la ilicitud del acto empero la prueba derivada esta saneada gracias a que la actuación del agente del Estado fue realizada en buena fe del cumplimiento de la legalidad. El control procesal de la prueba ilícita puede ser de previo o a posteriori: De previo inadmitiendo el medio de prueba en la audiencia de proposición de ésta a consecuencia de su ilicitud (artículo 317 del CPP) o denunciando su ilícito en la etapa de incidentes del debate por hechos nuevos o hechos antes no conocidos hasta entonces (artículo 320 CPP); o a posteriori cuando el Tribunal de Sentencia, en su valoración, niegue crédito a la prueba y a toda aquella que se derive de ésta (artículo 220 CPP); También a posteriori en el sistema de impugnación, mediante la revocación (apelación) o nulidad (casación) de la resolución cuya decisión descanse en prueba ilícita. Ahora bien, la Prueba Ilícita no debe de ser confundida con la Prueba Ilegal, puesto que, si bien la existencia de ambas es una ofensa al derecho a un debido proceso, la primera implica la transgresión directa a un derecho fundamental o un derecho humano de carácter insubsanable, en cambio la segunda implica una transgresión a una norma procesal, que puede saneada o puede tenerse por subsanada, a depender de la naturaleza de la infracción. La Prueba Ilegal es aquella que es calificada así, no como consecuencia de su origen o proceso de obtención, sino como consecuencia de la inobservancia de la ley procesal al momento de su reproducción en el proceso penal y que puede ser o no saneada o tenerla por subsanada. Una actividad probatoria ilegal se produce cuando el medio de prueba (medio por el cual se introduce la prueba al proceso), se aparta de la forma prescrita en la ley procesal (tratándose de un medio probatorio típico) o en su caso cuando no adopta la forma que los principios generales del proceso mandan para la actividad probatoria (tratándose de un medio de prueba atípico); Tal desviación puede producir varias consecuencias: a. Un Acto Valido y Eficaz; Aquellos que, adoleciendo de un vicio como consecuencia de su práctica de manera distinta a la prevista en la ley procesal, sean objeto de saneamiento posteriormente a su producción, volviéndose válidos y eficaces. Tal saneamiento puede ser por petición de parte o de oficio por el órgano jurisdiccional mediante, (Art. 171 del CPP): *. - Renovación del acto con o sin efectos retroactivos; **. - Rectificando el error en que se haya incurrido; o ***. - Cumpliendo con el acto omitido. Condiciona la norma procesal que el saneamiento será procedente siempre que no implique retrotraer el proceso a etapas o fases ya precluidas. b. Un Acto Viciado pero Eficaz: El medio probatorio tendrá eficacia, aun cuando mantenga el vicio, cuando se dé por subsanado subsanación por: *.- Preclusión para denunciar el Vicio: Cuando ninguna de las partes, conociendo el vicio, no haya reclamado oportunamente la nulidad (Art. 170.1 del CPP); **.- Consentimiento: Cuando las partes hayan aceptado los efectos del acto viciado, ya sea expresamente mediante una manifestación en ese sentido, o tácitamente cuando se aprovechen del acto probatorio (Art. 170.2 del CPP); ***.- Finalidad Cumplida: Cuando el acto probatorio, a pesar de su vicio, haya alcanzado la finalidad perseguida con el mismo (Art. 170.3 del CPP). c. Un Acto Viciado e Ineficaz: Nos referimos a los medios de prueba que no son susceptibles de subsanación, al ser sancionados por la ley procesal con la nulidad, siendo éstos los que se subsuman en los presupuestos del artículo 166 del Código Procesal Penal. De la Exclusión y Falta de Consideración de Prueba con Valor Decisivo Es importante recordar que el Proceso penal es una concatenación de actos interrelacionados entre sí, que tienen como objetivo propiciar un escenario donde el Tribunal de Sentencia, pueda pronunciarse sobre el fondo debatido en estricto respeto del principio de legalidad y del debido proceso. Entre esos actos está el proceso probatorio que va desde la proposición, pasando por la reproducción y finalizando con la valoración de los distintos medios de prueba; Éste proceso inicia con la celebración de la audiencia de proposición de medios de prueba (Art. 317 del CPP), donde las partes podrán proponer los medios de prueba que tengan a bien, siendo estos admitidos cuando superen los requisitos de admisibilidad establecidos en la Ley (Art. 199 del CPP), seguidamente se celebra la audiencia de juicio en donde solo se deben de reproducir los medios de prueba que hayan sido previamente admitidos en la audiencia de proposición de medios de prueba (primera parte del Art. 333 del CPP) y, como excepción, en la etapa de incidentes del debate (Art. 320 del CPP) o como auto para mejor proveer (Segunda parte del Art. 333 del CPP) y finalmente como resultante del debate, el Tribunal dictara sentencia en donde la totalidad de la prueba reproducida debe de ser motivada descriptiva e intelectivamente (Art. 202 y 338.2 del CPP), sin que se pueda considerar otra prueba distinta o dejar de considerar la que formó parte del proceso. Así las cosas, constituye actividad procesal defectuosa cuando el Tribunal de Sentencia irrespete el proceso probatorio, siendo uno de estos vicios el dispuesto por el Artículo 362.2 del Código Procesal Penal que reprocha cuando la sentencia “excluya o deje de considerar alguna prueba de valor decisivo”; La exclusión de prueba es distinta a la falta de consideración, de este modo: a. Existe Indebida Exclusión de Prueba cuando habiéndose admitido un medio de prueba y reproducido en la audiencia de debate conforme a las reglas procesales, el órgano juzgador en su sentencia, sin dar a conocer ningún razonamiento, le niega valor alguno al medio de prueba, es decir, hace mención del medio de prueba pero no externa si el mismo merece crédito o por el contrario carece de fiabilidad; otra forma de exclusión indebida de un medio de prueba es cuando el Tribunal de Sentencia haciendo una incorrecta aplicación o interpretación de la ley, refuta a un medio de prueba como ilícito o no apreciable por falta de cadena de custodia, descartándolo del proceso de valoración, en otras palabras, negándole valor alguno como consecuencia de un desatinado criterio jurídico. b. Existe falta de consideración de prueba cuando a pesar de haber sido admitidos durante la etapa de juicio y reproducidos en la audiencia de debate, el órgano juzgador no hace alusión alguna sobre éstos, es decir que no existe ninguna mención al medio de prueba en su sentencia. - No se trata pues de un vicio sobre el proceso de valoración del medio de prueba, sino sobre la expulsión del medio de prueba del acervo probatorio. La norma procesal además exige para la configuración del vicio que el medio de prueba excluido o dejado de considerar posea un valor decisivo en la emisión del fallo, cuya evaluación en Casación se efectúa conforme al método la Inclusión Hipotética, que consiste en agregar el medio de prueba excluido o no considerado a la ecuación valorativa, de modo de constatar si con la aportación de los datos de ese medio de prueba el fallo se hubiese afectado en alguno de sus pronunciamientos, de ser así el medio de prueba es de carácter decisivo, por el contrario aun cuando la exclusión o la falta de consideración sea indebida, si su inclusión hipotética no se traduce en la modificación de algunos de los pronunciamientos del fallo, equivale a que el mismo no es de valor decisivo, no dando paso al vicio in procedendo previsto en el artículo 362.2 del Código Procesal Penal. De la Procedencia del Recurso.- El Recurso Es de Recibo La Sala de lo Penal, tras leer con detenimiento y analizar el discurso judicial contenido en la sentencia que se impugna vía casación, logra identificar la existencia del vicio que ha motivado al Censor acudir a la única instancia; el A-Quo, haciendo mano de un criterio desatinado, procedió a excluir indebidamente un conjunto de medios de prueba por considerar que se realizó una actuación policial ilícita, cuando en realidad tal actuación se realizó dentro del canon de la ley. Debemos recalcar, como se ha señalado en el apartado anterior, que existe una obligación del Estado de brindar seguridad a toda persona nacional o extranjera que se encuentre dentro del territorio nacional; razón por la cual el legislador ha concedido la potestad a la autoridad policial a ejecutar actos que si bien pueden significar restricciones a derechos fundamentales, se encuentran enteramente justificados en aras de cumplir con aquella obligación general, siempre que dichas actuaciones se realicen en estricto apego a lo reglado en la ley. Así entonces un agente de la policía incurriría en violación de sus deberes cuando omitiese cumplir con su función de prevenir actuaciones reñidas con la ley que aseguren la seguridad personal de los habitantes, tal y como se lo mandaba la otrora vigente Ley Orgánica de la Policía Nacional (Decreto 067-2008) en su artículo 22 y que ahora dispone la Ley Orgánica de la Secretaría de Estado en los Despachos de Seguridad Pública y de la Policía Nacional de Honduras (Decreto 018-2017), en su artículo 30. En el caso de mérito el Tribunal de Sentencia declaró como probado que el 21 de febrero de 2017, siendo las 08_10 p.m. el Señor Celin enrique Flowers Velásquez, caminaba por la carretera CA13, a la altura de la Posta Policial de Satuye, ubicada en la Ciudad de La Ceiba; cuando “sin motivo legal previo” fue retenido y sometido a un registro personal por la Policía Nacional Preventiva.- Para los Señores Jueces tal registro y posterior aprehensión fue ilegitimo; explican que se violentó el artículo 81 de la Constitución de la República que establece el derecho a la libertad ambulatoria como consecuencia del requerimiento policial y el artículo 76 de la misma norma superior (derecho a la intimidad) como consecuencia del registro personal realizado ajeno al debido proceso (Art. 90 de la Constitución de la República); agrega que el hallazgo de cinco bolsitas conteniendo lo que se suponía en ese momento droga y su incautación no son hechos controvertidos, pero si cuestionable por la forma en que se llegó a él. Invita esta Sala de lo Penal a reflexionar que en los razonamientos de los Señores Jueces de Sentencia no se hace una ponderación de los derechos en conflicto (seguridad pública versus intimidad personal), sino que solo se apela exclusivamente a los derechos del acusado Celin Enrique Flowers Velásquez, sin tomar en consideración que dichos derechos no son absolutos y que pueden ser limitados en aras de la salvaguarda de los derechos de otras personas o de la colectividad, como ser la seguridad pública. Es correcto señalar que el registro que se practica a una persona puede comprometer la libertad ambulatoria de manera momentánea y hasta la intimidad, pero tal compromiso es de tan poca entidad cuando se trata de un registro personal externo (Cacheo), que la ley lo admite cuando se busca con él mantener la seguridad de la población mediante actos de prevención del delito que particularmente deben de realizar los agentes de policía según dispone el artículo 5.2 de la Ley de Policía y Convivencia Social. Los Agentes de Policía en el caso concreto, tenían la obligación de realizar actos preventivos de carácter general, pues así se los mandaba el artículo 24.22 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional; por ello al ver a una persona con una actitud ambivalente y nerviosa (comportamiento sospechoso) cuando transitaba frente a un puesto de control (Posta Policial) se genera un fundamento razonable para requerirle e invitarle a realizar un cacheo; véase que existe proporcionalidad entre el antecedente motivador (comportamiento sospechoso) y la reacción d ellos agentes de policía (cacheo), comprobándose que la actitud ambivalente y nerviosa era como consecuencia de estar en posesión y transportando en ese momento cinco bolsas conteniendo una planta alucinógena. Los Agentes de policía no podían solicitar al Señor Celin Enrique Flowers Velásquez entregase un objeto determinado pues no se trataba de una persona de la cual se tuviesen antecedentes para sospechar de él como responsable de un acto concreto, sino que simplemente era un acto de control ciudadano circunstancial y que recayó en una persona que transitaba casualmente por el lugar por donde los agentes de policía se encontraban. El Censor tiene razón al señalar que el acto de registro personal es lícito, esto por haber sido practicado cumpliendo los requisitos legales pertinentes: a. El registro fue realizado por agentes de policía, en el cumplimiento de sus funciones preventivas del delito; b. El registro fue motivado por el comportamiento observado por el acusado al momento de disponerse cruzar frente a la posta policial, advirtiendo la presencia de agentes del orden; dicho comportamiento constituyo el fundamento razonable para realizar una medida de prevención al delito proporcional como ser el cacheo; c. El Señor Celin Enrique Flowers Velásquez, fue informado por los agentes de policía de la práctica del registro personal; d. El registro personal fue realizado por agentes de policía del mismo sexo y no comprometió zonas anatómicas que afectasen el pudor del Señor Celin Enrique Flowers Velásquez; e. Tras el registro personal y al habérsele encontrado al Señor Celin Enrique Flowers Velásquez, en posición de una planta de apariencia alucinógena, los agentes de policía procedieron a cumplir con el deber legal ante el fundamento razonable de la probable comisión de un delito, ejecutando la aprehensión del acusado por un hecho en flagrancia, informando de tal hecho al Ministerio Público, quien posteriormente presento requerimiento fiscal poniendo a la orden de autoridad judicial al detenido; y f. Los agentes de policía documentaron lo actuado mediante actas escritas, mismas que fueron propuestas y admitidas como medios probatorios documentales del proceso. Los Señores Jueces de Sentencia, al señalar que el acto de registro era ilícito, excluyeron a su vez todo medio de prueba que consideraron derivado de dicho acto, siendo éstos: i.- declaración testifical de la agente de policía Selena Patricia Castellano; ii.- Declaración testifical del agente de policía Selvin Mody Saison; iii.- Acta de Incautación de cinco bolsitas conteniendo supuesta marihuana; iv.- Dictamen Toxicológico realizado al contenido de cinco bolsitas plásticas conteniendo supuesta marihuana; v.- Evidencia física consistente en cinco bolsitas plásticas conteniendo restos de una planta supuestamente marihuana.- Medios de prueba enumerados que debieron ser objeto de valoración (positiva o negativa) contenida en una correcta motivación descriptiva e intelectiva, a la luz de la sana crítica y en conjunción con el resto de la prueba allegada a la audiencia, a efecto de dar respuesta de fondo a las pretensiones que formularon las partes en la audiencia de debate. La exclusión indebida de los medios de prueba provocó una falta de tutela judicial efectiva a las partes, pues la decisión de fondo contenida en la sentencia que ahora se conoce en casación, no se basa en todo el acervo probatorio ofertado y admitido, sino que en la valoración parcial de éste. Decisión: Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de forma, en su motivo único. Por Tanto: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 362 del Código Procesal Penal Falla: Primero: Declara Con Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo, interpuesto por el Ministerio Público.- Segundo: Se casa la sentencia de fecha veintitrés de octubre de dos mil dieciocho (f. 96), dictada por el Tribunal de Sentencia de la Ciudad de La Ceiba, Departamento de Atlántida, decretando su nulidad y de la audiencia de debate que le origina, de fecha dieciséis de octubre de dos mil dieciocho.- Y Manda: Primero.- Observando estrictamente los términos señalados en el Código Procesal Penal, que el Tribunal de Sentencia de la Ciudad de La Ceiba, Departamento de Atlántida, proceda a celebrar un nuevo juicio para resolver la acusación penal incoada por el Ministerio Público en contra del Señor Celin Enrique Flowers Velásquez, en el cual deberán de participar Jueces/zas distintos/as a aquellos/as que concurrió a la audiencia de juicio que tuvo como resultado la sentencia de fecha veintitrés de octubre de dos mil dieciocho.- Segundo.- Que la Secretaria del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes.- NOTIFÍQUESE. – Firma y Sello. – Jose Olivio Rodriguez Vasquez. Magistrado Coordinador. Rafael Bustillo Romero. Magistrado. Miguel Alberto Pineda Valle. Magistrado - Firma y Sello. – Jose Ramon Cruz Ferrera. Secretario. Sala de lo Penal.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve días del mes de mayo de dos mil veintitrés. Certificación de Sentencia dictada a los veintidós días del mes de septiembre de dos mil veintidós, recaída en el expediente de casación con número de ingreso SP-41-2019.
RINA KORITZA SANDOVAL NAVAS
RECEPTORA ADSCRITA SALA DE LO PENAL
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[1] Pág. 7, Valoración Probatoria de la Sentencia
[2] Pág. 11, apartado valoración descriptiva e intelectiva de la Sentencia.
[3] Pág. 2 vuelto Acta de Debate, declaración testifical de Selena Castellano
[4] Dentro de las atribuciones policiales se encuentran, las de prevenir, disuadir, controlar y combatir toda clase de delitos faltas o infracciones, en apego al artículo 57 numeral 2) de la Ley Orgánica de la Policía Nacional de Honduras.
[5] Pág. 7, Sentencia
[6] Vid. RAE
[7] Teoría originaria de los Estados Unidos de Norte América plasmada en los fallos de la Corte Suprema de Justicia: Silverthorne Lumber Co. Vrs. United State (1920), Nardone vrs. United States, (1939), Mapp vrs Ohio (1961), Escobedo vrs Illinois (1964), Miranda vrs Arizona (1966), Shapman vrs Arizona (1967), Katz vrs United Sates (1967) y Orozco vrs Texas (1969).