Sentencia CP-400-14 — Registro 17607
Resumen
Se declara con lugar el recurso de casación interpuesto por la defensa de los imputados, contra la sentencia de primer instancia que los condena como cómplices de los delitos de homicidio, Abuso de Autoridad y Violación a los Deberes de los funcionarios
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."El Motivo Segundo es de Recibo con Efecto Extensivo. La motivación sobre hechos (fáctica) supone la parte esencial de la exigencia motivadora, en tanto es aquella por la que se conoce el proceso de convicción del órgano jurisdiccional sobre la culpabilidad o inocencia de una persona, en el sentido de la participación o no en el hecho delictivo imputado, la que justifica el ejercicio de la jurisdicción. Esta función solo puede realizarla el órgano jurisdiccional que ha percibido la prueba con la derivada practica de esta. El incumplimiento de dicho deber o su cumplimiento defectuoso, ya no solo puede suponer un defecto o vicio interno de la resolución que compromete su validez, sino que constituye una lesión directa al derecho a la tutela judicial efectiva que puede arrastrar como consecuencia la nulidad de la sentencia. La motivación actúa para permitir el más completo ejercicio del derecho de defensa por parte de los justiciables, quienes pueden conocer así los criterios jurídicos en los que se fundamenta la decisión judicial, y actúa también, como elemento preventivo de la arbitrariedad en el ejercicio de la jurisdicción; más no obliga a exigir un razonamiento exhaustivo y pormenorizado en todos los aspectos y perspectivas que las partes pueden tener en la cuestión que se decide. Por esta razón, la sentencia judicial debe considerarse como existencia de motivación, cuando contenga en primer lugar, los elementos y razones de juicio que permitan conocer cuáles han sido los criterios jurídicos esenciales fundamentadores de la decisión; y, en segundo lugar, una fundamentación en derecho. La Sala de lo Penal ha hecho estudio de la sentencia que ahora se impugna, concluyendo que la misma no fue construida en respeto de los artículos 141 y 338 del Código Procesal Penal. Para la acreditación de la participación de los acusados en los hechos fue presentado por parte del Ministerio Público la única declaración testifical del Testigo Protegido clave “P”, medio de prueba que requerían ser motivado, en especial si con éste, se lograba acreditar que los acusado eran responsable de los delitos imputados; empero en lugar de ello los Juzgadores realizaron una motivación vacía de contenido, sin hacer, comentario intelectivo al respecto. Completa el andamiaje probatorio propuesto por la acusación pública, 05 medios de pruebas periciales debidamente ratificadas por los peritos que las emitieron y 12 medios de prueba documental; por parte de la defensas privadas, fue evacuado la declaración testifical de la señora Luz Gabriela Villeda y el medio de prueba reconstrucción de hechos. De los anteriores medios probatorios, nada explican los juzgadores, porque unos son merecedores de crédito y porque otros no, cuales son los elementos de hecho que se extraen de las declaraciones testificales o del resultado del resto de prueba evacuada, como se relaciona tal contenido con la demás prueba y, principalmente, como esto permite vincular a los acusados con la muerte del Señor Simón Bayardo Santos Lamothe ocurrida el 04 de febrero de 2009; En resuman cual es esa “Verdad Real” que según los Juzgadores fue encontrada, producto de la evacuación de todo el andamiaje probatorio, limitandose los juzgadores a describir en la sentencia recurrida lo siguiente:“ Este Tribunal pudo apreciar el lugar y la hora en que sucedieron los hechos, según las declaraciones del testigo protegido con clave P, el cual se ubico y explico el lugar en el cual el se encontraba, determinando este Juzgador que si podía apreciar los hechos que se suscitaron, desde el lugar próximo o la distancia en la cual el se encontraba dicho testigo, quedando identificados que las personas que cometieron estos hechos son los imputados los cuales eran miembros de la Policía Nacional, atribuyéndoles la responsabilidad de los hechos. Este Tribunal después de analizar todo el engranaje probatorio allegado al proceso, establece que los señores imputados SANTOS VENTURA MEDINA LOPEZ, EDWIN ORLANDO CRUZ, JAIRO NOE GALVEZ, RUBEN HERNANDEZ CASTRO, WILMER ISABEL HERRERA, JOSE MAURICIO VALIENTE Y JOSE ERNESTO VELASQUEZ, son responsables a titulo de cómplices en los delitos de HOMICIDIO en perjuicio del señor SIMON BAYARDO LAMOTHE y ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOLACION DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS ADMINISTRACION PUBLICA. en perjuicio de LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. Así mismo que en el proceso a los imputados también se les ha venido acusando por el delito de TORTURAS en perjuicio del señor SIMON BAYARDO LAMOTHE, este Tribunal en base que en el expediente de merito a folio 444 del expediente 132-2011, existe una resolución por parte de la Sala Constitucional en donde ordena que este Tribunal debe abstenerse de dictar sentencia, hasta que se resuelva sobre la acción del Recurso de Amparo, este Tribunal no puede entonces pronunciarse sobre este delito de TORTURAS y será la Sala Constitucional que se referirá a tal extremo. OCTAVO: Por todo lo anterior, es criterio de este Tribunal Sentenciador que hay prueba de cargo suficiente para dar por acreditado que los señores SANTOS VENTURA MEDINA LOPEZ, EDWIN ORLANDO CRUZ, JAIRO NOE GALVEZ, RUBEN HERNANDEZ CASTRO, WILMER ISABEL HERRERA, JOSE MAURICIO VALIENTE Y JOSE ERNESTO VELASQUEZ. cometieron los injustos penales de cómplices en el delito de HOMICIDIO en perjuicio del señor SIMON BAYARDO LAMOTHE y cómplices en el delito de ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOLACION DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS, en perjuicio de la ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS; por tanto este Tribunal ha tomado a bien condenar de toda responsabilidad penal a dichos señores, en vista que considerar que el ente acusador con su actuar ha logrado destruir el estado de inocencia que constitucionalmente favorece a los imputados.” Sin duda, existe una carencia de motivación del examen valorativo intelectivo que debio hacerse a todo el andamiaje probatorio, desconociendose la razón que llevo a los juzgadores, del convencimiento para determinar la participación de cada uno de los acusados a titulo de complice en los hechos acusados, por los delitos de Homicidio, Abuso de Autoridad y Violación de los Deberes de los Funcionarios, en conclusión, no existe un rigor analítico en el tratamiento del cuadro probatorio, menos se consigna el proceso de valoración intelectivo. Adicional, esta Sala de lo Penal, se ve en la obligación de señalar, que existe una ausencia total de motivación descriptiva de los medios de prueba periciales, dado que los juzgadores solo se limitaron a describir: “SEGUNDO: A instancias del Ministerio Publico se evacuó a los peritos: 1.-ROSA MILAGRO GALO MACOTA, quien ratifico el dictamen que emitió. 2.-HENRY JEOVANY RODRIGUEZ EUCEDA, quien ratifico el dictamen que emitió. 3.-JUAN CARLOS VELASQUEZ VELASQUEZ, quien ratifico el dictamen que emitió. 4.-VICTORIA MEJIA LOPEZ, quien ratifico el dictamen que emitió. 5.-EDITH FUNEZ MARTINEZ, asignada a la fiscalia de Derechos Humanos, quien ratifico el acta de secuestro que realizo.” Se insiste, que la sentencia debe de ser autosuficiente, de su lectura cualquier persona debe de poder llegar a obtener la información que fue presentada a los Jueces para así acompañar a éstos en el proceso de valoración intelectiva. El solo enumerar prueba sin hacer una síntesis de su contenido, impide ese control social de la decisión judicial, pues a la postre se desconoce qué es lo que está valorando el Órgano Jurisdiccional y así poder determinar si esta valoración es consecuente o inconsecuente. Sin lugar a dudas los Jueces de Sentencia de la Ciudad de Juticalpa, departamento de Olancho, han construido una sentencia que contiene vicio in procedendo, que solo es corregible mediante la nulidad de la resolución. Tal defecto no solo se aprecia en perjuicio de los acusados Santos Ventura Medina López, Edwin Orlando Cruz Sierra, Jairo Noé Gálvez Galindo, Rubén Hernández Castro y Wilmer Isabel Herrera Sánchez, del cual se interpuso el presente recurso de Casación, sino también en perjuicio de los acusados José Mauricio Valiente Herrera y José Ernesto Velásquez Rodríguez. Siendo ser de recibo el recurso de casación por Quebrantamiento de Forma en su segundo motivo con efecto extensivo a los imputados José Mauricio Valiente Herrera y José Ernesto Velásquez Rodríguez, interpuesto por los Abogados Ronal Quinter Murillo Ruiz y Silvia Marina Ordoñez Sánchez, actuando en su condición de Defensores Privados de los encausados Santos Ventura Medina López, Edwin Orlando Cruz Sierra, Jairo Noe Gálvez Galindo, Rubén Hernández Castro y Wilmer Isabel Herrera Sánchez; y a efecto de mantener la coherencia en el pronunciamiento judicial de esta Única Instancia, resulta no oportuno hacer un análisis en cuanto a la denuncia hecha por el resto de motivos del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, asimismo por el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su único motivo. Recurso de Casación por Infracción de Ley. Interpuesto por el Abogado Denys Alberto Funes Laínez, en su condición de defensor privado del señor Jose Mauricio Valiente Herrera. Al haber prosperado con efecto extensivo a los acusados José Mauricio Valiente Herrera y José Ernesto Velásquez Rodríguez, el segundo motivo del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, planteado por la defensa privada de los señores Santos Ventura Medina López, Edwin Orlando Cruz Sierra, Jairo Noé Gálvez Galindo, Rubén Hernández Castro y Wilmer Isabel Herrera Sánchez; por los efectos jurídicos subsiguientes que conlleva, se exime el estudio y pronunciamiento del único motivo del Recurso de Casación por Infracción de Ley planteado por el abogado Denys Alberto Funes Laínez..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia recaída en el expediente del Recurso de Casación SP-400-2014, que literalmente dice: “Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta un día del mes de marzo del año dos mil veintidós, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados, José Olivio Rodríguez Vásquez en su calidad de coordinador, Rafael Bustillo Romero y Alma Consuelo Guzmán García, pronuncian En nombre del Estado de Honduras La siguiente sentencia en el expediente SP 400-2014, conociendo del Recurso de Casación por Infracción de Ley y por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha diecinueve de noviembre del año dos mil doce, dictada por el Tribunal de Sentencia de Juticalpa, departamento de Olancho, mediante la cual falló: PRIMERO: Condenó de toda responsabilidad penal a los señores Santos Ventura Medina López, Edwin Orlando Cruz, Jairo Noe Gálvez, Rubén Hernández Castro, Wilmer Isabel Herrera, Jose Mauricio Valiente y Jose Ernesto Velásquez, a título de cómplices del delito de Homicidio, en perjuicio del señor Simón Bayardo Lamothe, imponiéndoles una pena concreta de diez (10) años de reclusión, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil, durante el tiempo que dure la pena principal de reclusión. SEGUNDO: Condenó de toda responsabilidad penal a los señores Santos Ventura Medina López, Edwin Orlando Cruz, Jairo Noe Gálvez, Rubén Hernández Castro, Wilmer Isabel Herrera, Jose Mauricio Valiente y Jose Ernesto Velásquez, a título de cómplices del delito de Abuso de Autoridad y Violación a los Deberes de los funcionarios, en perjuicio de La Administración Pública del Estado de Honduras, imponiéndoles una pena concreta de dos (2) años de reclusión, mas las penas que en derecho correspondan. TERCERO: No procedió condenar en costas procésales ni personales ocasionados por el juicio al Ministerio Público. CUARTO: No procedió declarar la responsabilidad Civil, ni tampoco ordenar ningún comiso. Interpuso el Recurso de Casación por Infracción de Ley y por Quebrantamiento de Forma, los Abogados Ronal Quinter Murillo Ruiz y Silvia Marina Ordoñez Sánchez, en su condición de defensores privados de los imputados Santos Ventura Medina López, Edwin Orlando Cruz Sierra, Jairo Noe Gálvez Galindo, Rubén Hernández Castro y Wilmer Isabel Herrera Sánchez; por Infracción de Ley el Abogado Denys Alberto Funes Laínez, en su condición de defensor privado del señor Jose Mauricio Valiente Herrera. Son partes en única instancia: Los Abogados Ronal Quinter Murillo Ruiz, Silvia Marina Ordoñez Sánchez y Denys Alberto Funes Laínez, defensores privados, en su condición de recurrentes. HECHOS PROBADOS DE LA INSTANCIA “UNICO: Que en fecha cuatro (4) de febrero del año dos mil nueve (2009), siendo aproximadamente las ocho y nueve de la noche, el ofendido SIMON BAYARDO SANTOS LAMOTHE, llego al cervecero El Mango, ubicado en el barrio Zunilapa de la ciudad de Catacamas de este departamento de Olancho, el cual al salir de dicho lugar realizo unos disparos con el arma de fuego que portaba, por lo que un vecino del lugar acudió a hacer una llamada telefónica a miembros de la policía preventiva, los cuales llegaron al lugar antes mencionado, en la patrulla RPM 1534, los señores RUBEN CASTRO, WILMER HERRERA, EDWIN CRUZ Y JAIRO GALVEZ y en la RPM 1508 JOSE MAURICIO VALIENTE al mando, JOSE VELASQUEZ quien era el conductor y en la patrulla 1525 llego SANTOS MEDINA al mando y BYRON GARCIA como conductor, por lo que el señor SIMON BAYARDO SANTOS LAMOTHE al percatarse de la presencia policial se refugió en la parte trasera de la pulpería Nahomy, el occiso realizo unos disparos a los miembros de la policía, acción que fue contestada por los policías, finalmente los imputados lograron desarmar a la víctima y la persona ofendida fue traída hacia un lugar claro, fue subido a una de las patrullas por parte de los imputados en la patrulla RPM 1534 y fue llevado a la Jefatura departamental de la ciudad de Catacamas, posteriormente el ofendido no presentaba signos vitales, donde fue llevado a la clínica Samaritana donde se confirmó el fallecimiento de la víctima.” RECURSO DE CASACIÓN. MOTIVOS Y ARGUMENTOS Los recurrentes Abogados Ronal Quinter Murillo Ruiz y Silvia Marina Ordoñez Sánchez, en su condición de defensores privados de los imputados Santos Ventura Medina López, Edwin Orlando Cruz Sierra, Jairo Noe Gálvez Galindo, Rubén Hernández Castro y Wilmer Isabel Herrera Sánchez, procedió a formalizar su Recurso de Casación de la manera siguiente: “ANTECEDENTES. 1.- El juicio inició a través de requerimiento Fiscal, presentado por la Fiscalía Especial de Derechos Humanos, donde se le solicitó al Juez instructor del Juzgado de Letras Seccional de Catacamas departamento de Olancho, se procediera al enjuiciamiento de los señores SANTOS VENTURA MEDINA LOPEZ, EDWIN ORLANDO CRUZ SIERRA, JAIRO NOE GALVEZ GALINDO, RUBEN HERNANDEZ CASTRO Y WILMER ISABEL HERRERA SANCHEZ Y otros; por considerar el ente acusador, que los imputados son responsables del delito de homicidio producido en la persona de SIMON BAYARDO SANTOS LAMOTHE; Abuso de Autoridad e Incumplimiento de los Deberes de los Funcionarios, en contra la Administración Pública; según las pesquisas realizadas por la Dirección Nacional de Investigación Criminal de aquella ciudad, por lo que con los datos recabados por tal dependencia, consideraron pertinente presentar el respectivo Requerimiento contra mis representados y otros agentes policiales. 2.- Los hechos por el cual mis representados han sido llevados a juicio son bajo el supuesto de que según las investigaciones el día 4 de febrero del año dos mil nueve, siendo aproximadamente entre las ocho a nueve de la noche, el señor SIMON BAYARDO SANTOS LAMOTHE, se encontraba en el barrio Zunilapa a inmediaciones del Bar Cervecero El Mango, de la ciudad de Catacamas haciendo disparos con una arma de fuego que portaba, lo que provocó que un ciudadano aun no conocido llamara a la Policía Nacional Preventiva poniendo en conocimiento lo que pasaba, lo que unos minutos después se personaron al lugar tres Patrullas con varios Policías en cada una de ellas; estos al llegar al lugar, fueron recibidos a balazos por Santos Lamothe, repeliendo el ataque los Policías con sus armas de reglamento; y según postura de la acusación, los uniformados después de reducir a la impotencia al ahora occiso, empezaron a golpearlo hasta quedar inconsciente lo que horas después le provocó la muerte. 2.- El Juzgado instructor con la prueba aportada al juicio, como ser declaraciones testificales, y otros medios probatorios documentales que fueron allegados al proceso, dicto el respectivo auto de prisión por los delitos antes mencionados y aplico varias medidas sustitutivas de la Prisión Preventiva en favor de todos los acusados, elevando en su momento a Juicio Oral las diligencias recabadas, trasladando las actuaciones a este Tribunal de Sentencia, para la realización del juicio oral o debate para determinar el grado de responsabilidad de los encausados, plenario o juicio que se desarrolló ante dicho órgano, el día veinticuatro de julio del año dos mil doce, resultando los señores antes citados, condenados como Cómplices en los delitos de Homicidio Simple en perjuicio de SIMON BAYARDO SANTOS LAMOTHE, Abuso de Autoridad e Incumplimiento de los Deberes de los Funcionarios, en perjuicio de la Administración Publica; imponiéndoles una pena de diez años de reclusión por el primero y dos años por el segundo de los delitos. EXPRESION DE LOS MOTIVOS DE CASACION: PRIMER MOTIVO: Infracción de Ley por Aplicación Indebida de los artículos 116 y 349 numerales 2 y 3, en relación con el articulo 33, todos del Código Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de Casación se encuentra comprendido en el artículo 360 del Código Procesal Penal. EXPOSICION DEL MOTIVO: La primer norma que se cita como infringida por Aplicación Indebida prescribe: Articulo 116: Quien de muerte a una persona sin concurrir las circunstancias que se mencionan en los siguientes artículos del presente capitulo, comete el delito de homicidio simple, e incurrirá en la pena de quince (15) a veinte (20) años de reclusión.... Por su parte la segunda norma infringida expresa: Articulo 349: Sera castigado con reclusión de tres (3) a seis (6) años e inhabilitación especial por el doble tiempo que dure la reclusión, el funcionario o empleado público que: 2) Dicte o ejecute órdenes, sentencias, providencias, resoluciones, acuerdos o decretos contrarios a la Constitución de la República o a las Leyes o se abstenga de cumplir lo dispuesto por dichos ordenamientos jurídicos. 3) Omita, rehúse o retarde algún acto que deba ejecutar de conformidad con los deberes de su cargo. Y la Norma que se cita como infringida en relación expresa: Articulo 33: Son cómplices los que, no hallándose comprendidos en el artículo anterior cooperan en la Ejecución del hecho por actos anteriores o simultáneos. Si de las circunstancias particulares del proceso resultare que el acusado de complicidad no quiso cooperar sino en un acto menos Grave que el cometido por el autor, la pena será aplicada al cómplice solamente en razón del acto que pretendió ejecutar. El Tribunal Juzgador ahora recurrido, con el fin de sustentar su fallo dictado estableció como hechos probados los siguientes: UNICO: Que en fecha cuatro (4) de febrero del año dos mil nueve (2009), siendo aproximadamente las ocho y nueve de la noche, el ofendido SIMON BAYARDO SANTOS LAMOTHE, llego al cervecero El Mango, ubicado en el barrio Zunilapa de la ciudad de Catacamas de este departamento de Olancho, el cual al salir de dicho lugar realizo unos disparos con el arma de fuego que portaba, por lo que un vecino del lugar acudió hacer una llamada telefónica a miembros de la Policía Preventiva, los cuales llegaron al lugar antes mencionado, en la Patrulla RPM 1534, los señores RUBEN CASTRO, WILMER HERRERA, EDWIN CRUZ Y JAIRO GALVEZ y en la rpm 1508 JOSE MAURICIO VALIENTE al mando, JOSE VELASQUEZ quien era el conductor y el la Patrulla 1525 llego SANTOS MEDINA al mando y BAYRON GARCIA como conductor, por lo que el señor SIMON BAYARDO SANTOS LAMOTHE al percatarse de la presencia policial se refugió en la parte trasera de la Pulpería Nahomy, el occiso realizo unos disparos a los miembros de la Policía, acción que fue contestada por los Policías, finalmente los imputados lograron desarmar a la víctima y la persona ofendida fue traída hacia un lugar claro, fue subido a una de las Patrullas por parte de los imputados en la Patrulla RPM 1534 y fue llevado a la Jefatura Municipal de la ciudad de Catacamas, posteriormente el ofendido no presentaba signos vitales, donde fue llevado a la clínica Samaritana donde se confirmó el fallecimiento de la víctima. PROCEDEREMOS A CONTINUACION A EXPLICAR LA FLAGRANTE INFRACCION AL ARTICULO 116 RELACIONADO CON EL 33 AMBOS DEL CODIGO PENAL, EN LA CUAL SE CONDENA A LOS ENCAUSADOS COMO COMPLICES DE HOMICIDIO Como se puede apreciar de la narración literal del Hecho Único que el Tribunal sentenciador a declarado como probado, lo cual para efectos. de Casación en el fondo constituyen verdades intangibles, claramente sin ningún esfuerzo se puede determinar que los imputados SANTOS VENTURA MEDINA LOPEZ, EDWIN ORLANDO CRUZ SIERRA, JAIRO NOE GALVEZ GALINDO, RUBEN HERNANDEZ CASTRO, WILMER ISABEL HERRERA SANCHEZ y compañía, no han realizado ninguna acción o actividad de las que describe el articulo 116 en relación con el 33 ambos del Código Penal, en virtud de los cuales el Tribunal Juzgador llego a la conclusión de condenar a los señores antes mencionados, como responsables primeramente de Cómplices en el Homicidio producido en la persona de SIMON BAYARDO SANTOS LAMOTHE; pues tal como se aprecia del cuadro factico que el juzgador estableció como verdad innegable, del mismo únicamente se desprenden o se plasman tres circunstancias acreditadas que son: a) Que en fecha 4 de febrero del 2009 siendo entre las ocho y nueve de la noche, el señor SIMON BAYARDO SANTOS LAMOTHE, llego al cervecero El Mango, ubicado en el barrio Zunilapa de la ciudad de Catacamas, al salir de este lugar realizo unos disparos con el arma de fuego que portaba, un vecino del lugar llamo a la Policía informando que lo que estaba sucediendo, minutos después llegaron tres Patrullas al lugar con varios Policías, entre ellos mis representados antes mencionados. b) El señor SANTOS LAMOTHE, al percatarse de la presencia policial se refugió en la parte trasera de la pulpería Nahomy, realizando el occiso unes disparos a los Policías, los Policías respondieron el ataque de la víctima haciendo uso de sus armas de reglamento. c) Que posteriormente los uniformados lograron desarmar al ahora ofendido lo subieron a una de las patrullas, fue llevado a la Jefatura departamental de la ciudad de Catacamas, y al percatarse los Policías que el ofendido no presentaba signos vitales, fue llevado a la clínica Samaritana donde falleció. Ahora bien, de conformidad a lo que tipifica el artículo 116 del Código Penal que establece Quien de muerte a una persona sin concurrir las circunstancias que se mencionan en los siguientes artículos del presente capitulo, comete el delito de homicidio simple, e incurrirá en la pena de quince (15) a veinte (20) años de reclusión; y el articulo 33 del mismo Código que se cita como infringido en relación prescribe: Son cómplices los que, no hallándose comprendidos en el artículo anterior cooperan en la Ejecución del hecho por actos anteriores o simultáneos. Como podrán apreciar Honorables Magistrados de la Sala Penal, del cuadro factico o hechos declarados como robados por el Tribunal sentenciador no se desprende acción, actividad o expresión alguna que indique que los señores SANTOS VENTURA MEDINA LOPEZ, EDWIN ORLANDO CRUZ SIERRA, JAIRO NOE GALVEZ GALINDO, RUBEN HERNANDEZ CASTRO, WILMER ISABEL HERRERA SANCHEZ, hayan realizado actos propios de Cooperación que hayan tenido como consecuencia la muerte violenta producida en La persona de SIMON BAYARDO SAANTOS LAMOTHE; pues como vosotros podréis observar del hecho probado Único que el Juzgador estableció como tal, solo se indica que mis representados y compañía, respondieron con sus armas de reglamento el ataque de que fueron victima por parte del ahora occiso, pero nada se indica si fos Policías hirieron o no al ofendido, que posteriormente fue desarmado y llevado a la Jefatura policial y al no presentar signos de vida fue llevado a una clínica donde falleció. Honorables Magistrados, esta defensa es de la firme convicción que para que a los señores EDWIN ORLANDO SANTOS VENTURA MEDINA LOPEZ, CRUZ SIERRA, JAIRO NOE GALVEZ GALINDO, RUBEN HERNANDEZ CASTRO, WILMER ISABEL HERRERA SANCHEZ y compañía, se les dictara una sentencia de condena por Complicidad en el delito de Homicidio, era necesario e inminentemente indispensable, que el Tribunal sentenciador en sus hechos probados describiera los actos de Cooperación que los imputados hayan tenido en relación con el o los autores materiales del delito de Homicidio acaecido en la persona de SIMON BAYARDO SANTOS LAMOTHE, pues como ustedes lo verificaran ni en el cuadro factico ni en ningún otro apartado de la sentencia recurrida se expresa quien es el autor directo del delito, es decir, no se indica quien le dio muerte a la víctima, ni mucho menos se indica cuales fueron esos actos de cooperación o participación que mis representados hayan tenido con el autor o en el hecho cometido. Lo anterior como ha quedado circunstanciado en autos en el cuadro factico de la sentencia censurada, no se plasma o se inserta circunstancia, hecho o declaración, que valla encaminada a describir una posible acción que encuadre con la decisión o fallo dictado por el órgano jurisdiccional; lo anterior señores Jueces Supremos trae como Consecuencia una enorme transgresión al aplicar indebidamente las normas de fondo que hemos indicado como violadas en el presente motivo; los Abogados y especialmente los ilustres Magistrados de la Sala Penal, saben y conocen a cabalidad las consecuencias que contrae o se derivan cuando un sentenciador o juzgador no plasma o no describe en sus hechos probados la acción o actividad delictiva realizada por el acusado, consecuencias que no son otras que el vicio de Casación en el fondo y por ende la revocación del fallo dictado, tal es el presente caso que nos ocupa, en la cual como ustedes lo podrán verificar, el Tribunal sentenciador únicamente declara en su cuadro factico que el dia del hecho, el ofendido llego al Cervecero El Mango, salió e hizo unos disparos, un vecino del lugar llamo a la Policía informando lo sucedido, al poco tiempo llegaron tres Patrullas policiales con varios elementos, el ofendido realizo unos disparos a los Policias, estos contestaron el fuego, después lograron desarmarlo, lo subieron a una de las Patrullas y lo llevaron a la Jefatura, luego al no presentar signos de vida fue llevado a una clinica local donde falleció. Entonces la pregunta que se hace esta defensa es si ese es el cuadro factico del sentenciador, a donde esta la actividad o actos de cooperación anteriores o simultáneos que los acusados hayan realizado y que han tenido como efecto la muerte de la victima?; si de acuerdo al hecho probado único los Policías que acudieron al llamado ciudadano lo único que hicieron fue lograr desarmar a la persona que estaba haciendo disparos al aire, subirlo a la Patrulla y al ver que no presentaba signos vitales, lo llevaron a una clínica donde falleció. En relación lo antes dicho si bien es cierto el hecho probado censurado declara que los Policías respondieron al fuego con sus armas de reglamento debido a los disparos que les realizada la víctima, pero también es cierto que ni en la sentencia ni en ninguno de los medios de prueba incorporados al debate, se hace mención alguna que los uniformados al repeler el ataque hayan herido a la víctima; pues ni de la prueba testifical ni del examen de autopsia, se desprende circunstancia alguna de la cual se pueda deducir que los Policías hayan lesionado con sus armas de fuego al señor SIMON BAYARDO SANTOS LAMOTHE, por lo que tal circunstancia de descarta absolutamente quedando únicamente la incógnita por una parte cuales fueron los actos de cooperación que pudieron haber realizado los imputados y por otra quien es el autor o autores materiales del delito, puesto que si los Policías ahora condenados su participación en el hecho fue a título de complicidad según el sentenciador, por lógica tiene que haber un autor directo o material, del hecho, es decir de la muerte del ahora difunto SIMON BAYARDO SANTOS LAMOTHE, pero nada absolutamente nada de esto último se ha mencionado ni en la sentencia ni en los autos. Es así Honorables Magistrados del Alto Tribunal de Justicia que este censor quiere exponerles su punto de vista para dejar al descubierto la infracción por aplicación indebida o incorrecta del articulo 116 relacionado con el 33 ambos del Código Penal, por parte del Tribunal de Sentencia del departamento de Olancho, en la cual establece como probados unos hechos y de ese cuadro fáctico, no se refleja o desprende participación o actividad alguna realizada por parte de nuestros representados, con la consecuente abierta violación o transgresión a las normas de fondo citadas, e impone una condena por complicidad en el delito de homicidio, dando lugar sin margen de dudas al motivo de Casación por Infracción de Ley mediante Aplicación Indebida que por este acto hemos planteado, manteniendo esta defensa la firme convicción que el Alto Tribunal hará las correcciones de Ley correspondientes, declarando la infracción de fondo que estamos alegando y por ende haciendo justicia declarando inocentes a nuestros representados. EXPLICACION A LA INFRACCION DEL ARTICULO 349 EN SUS NUMERALES 2 Y 3 RELACIONADO CON EL 33 AMBOS DEL CODIGO PENAL, EN LA CUAL SE CONDENA A LOS ENCAUSADOS COMO COMPLICES DEL DELITO DE ABUSO DE AUTORIDAD e INCUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS. La norma antes citada que se considera infringida prescribe: Sera castigado con reclusión de tres (3) a seis (6) años e inhabilitación especial por el doble tiempo que dure la reclusión, el Funcionario o empleado público que: 1) .......2) Dicte o ejecute órdenes, sentencias, providencias, resoluciones, acuerdos o decretos contrarios a la Constitución de la República o a las Leyes o se abstenga de cumplir lo dispuesto por dichos ordenamientos jurídicos. 3) Omita, rehúse o retarde algún acto que deba ejecutar de conformidad con los deberes de su cargo. Según el Tratadista Guillermo Cabanellas en su Diccionario de Derecho Usual, Abuso de Autoridad "Es el exceso o desviación de mando, Jefatura o Potestad, ya sea en un ejercicio público o en sus manifestaciones privadas". Como nuestros clientes los señores SANTOS VENTURA MEDINA LOPEZ, EDWIN ORLANDO CRUZ SIERRA, JAIRO NOE GALVEZ GALINDO, RUBEN HERNANDEZ CASTRO, WILMER ISABEL HERRERA SANCHEZ y sus acompañantes, fueron condenados como cómplices de los delitos de Homicidio y Abuso de Autoridad, volveremos a referirnos al hecho probado único que el sentenciador declaro como una verdad irrefutable; partiendo de lo que textualmente se expresa en el cuadro factico de la sentencia recurrida, vemos que mis representados acudieron al lugar del suceso por un llamado ciudadano donde se les informaba que un individuo estaba realizando disparos al aire, poniendo en grave peligro la integridad física de los vecinos del lugar, que al llegar los uniformados al lugar de la delación, fueron recibidos con disparos por parte de la persona protagonista del escándalo público, lo que por lógica los Policías tuvieron que hacer uso de sus armas de reglamento, para repeler el ataque de que estaban siendo objeto sin herir al individuo que les disparaba, posteriormente los agentes del orden desarmaron al disparador lo detuvieron y lo llevaron a la Jefatura policial y al observar que no presentaba signos de vida lo llevaron a una clínica donde un tiempo después falleció. Entonces si lo descrito anteriormente son los hechos que el Tribunal juzgador declaro como probados los cuales constituyen una vedad intangible, a donde estará el Abuso de Autoridad cometido por mis representados a título de complicidad o el incumplimiento de sus deberes, si los Policías encausados lo único que hicieron según el cuadro factico, fue acudir a un llamado de emergencia en virtud de un escándalo público, mediante disparos de arma de fuego; lógico, que al ser recibidos a tiros tenían que hacer uso necesariamente de sus armas que portaban sin herir o lesionar con su acción a la persona que les disparaba, lográndolo desarmar, detener y conducido a la Jefatura policial; todo lo anterior su Señoría está muy lejos de constituir Abuso de Autoridad ni mucho menos incumplimiento de deberes, ya que como ustedes verán lo hecho por los uniformados según el hecho probado, esta dentro de las atribuciones o facultades que la Ley otorga a los agentes del orden cuando se produce un incidente de tal naturaleza y por ende su actividad realizada en el presente caso, lejos de constituir un incumplimiento de sus deberes como autoridad, al contrario, cumplieron con sus deberes u obligaciones como garantes de la Seguridad Publica a que todos los ciudadanos del País tenemos derecho. Por otra parte llama mucho la atención la figura o el grado de participación en el delito de Abuso de Autoridad que el órgano sentenciador a aplicado a los acusados, pues de acuerdo a la lógica y la experiencia común, existen varios tipos penales los cuales solo admiten un grado de participación, es decir la autoría y no la complicidad, entre ellos tenemos el de Abuso de Autoridad, las Amenazas etc, delitos en los cuales solo el autor directo los puede cometer, esto debido a que no es posible cooperar con alguien para Que amenace a otro o a un funcionario para que abuce de su mando; pero el sentenciador sin tomar en cuenta una serie de aspectos o circunstancias declaro a nuestros representados como participes a título de cómplices tanto de Homicidio Simple como de Abuso de Autoridad, transgrediendo como ya se ha plasmado anteriormente las normas sustantivas que se citan como infringidas en el presente motivo. Los numerales 2 y 3 del artículo 349 del Código Penal son claros en describir las acciones que pueden llegar a constituir Abuso de Autoridad por parte de un Servidor Público; describiendo varios verbos rectores como ser: Dictar o ejecutar órdenes, sentencias, providencias, resoluciones, acuerdos o decretos contrarios a la Constitución de la República o a las Leyes o se abstenga de cumplir lo dispuesto por dichos ordenamientos jurídicos. De aquí y siempre tomando en cuenta la declaración de los hechos probados, se concluye que ninguna de tales actividades a que hace mención el numeral dos de dicha norma, hayan sido realizados por los imputados, pues al contrario al acudir los acusados a un llamado ciudadano como consecuencia de un escándalo público mediante disparos de arma de fuego, su accionar esta remarcada o dentro de la facultades o atribuciones que la Ley le confiere a los Policías Preventivos. En cuanto al numeral tercero de la norma en referencia del cual según la acusación los imputados incumplieron sus deberes; queremos expresar que nuestros representados en ningún momento Omitieron, rehusaron o retardaron algún acto que debían ejecutar en Cumplimiento de sus deberes, pues al contrario como ya lo explicamos anteriormente al acudir al lugar del escándalo público y desarmar al disparador, estaban cumpliendo con su deber de garantes de la Seguridad pública y ciudadana, pues fue un ciudadano que temeroso porque alguien podía resultar lesionado, llamo a la autoridad para que realizara lo que la Ley ordena y eso exactamente fue lo que hicieron nuestros representados. APLICACIÓN QUE SE PRETENDE. Tomando en cuenta los hechos declarados como probados por el Tribunal de Instancia, la aplicación que debió hacer el A-quo y que pretende el impetrante, es la de absolver de responsabilidad penal a nuestros representados SANTOS VENTURA MEDINA LOPEZ, EDWIN ORLANDO CRUZ SIERRA, JAIRO NOE GALVEZ GALINDO, RUBEN HERNANDEZ CASTRO, WILMER ISABEL HERRERA SANCHEZ, de conformidad a lo que ordena el artículo 339 del Código Procesal Penal; ya que repetimos el juzgador no establece o plasma acción alguna en el cuadro fáctico la sentencia de mérito en la cual se describa o establezca que los imputados hayan realizado o participado en actividad alguna, que se pueda conceptuar como responsables de cómplices en los delitos de Homicidio Simple y Abuso de Autoridad e Incumplimiento de los Deberes de los Funcionarios; como ya se explicó anteriormente para que a un imputado o acusado de un determinado delito se le pueda destruir el estado de inocencia sin violentar ninguna norma de fondo, su acción además de estar debidamente acreditada en el elenco probatorio, tiene que encuadrarse o reflejarse en los hechos probados que el sentenciador estime como tal si eso no sucede, como ya los Honorables Magistrados lo saben la consecuencia o efecto lógico que deriva una flagrante omisión como la que ha ocurrido en esta oportunidad, es la aplicación indebida de las normas de fondo que el juzgador haya utilizado como fundamento para sustentar su decisión tal sucede en la sentencia que se recurre, donde se ha trasgredido por aplicación indebida de los artículos 116, 349 numerales 2 y 3, en relación con el articulo 33 todos del Código Penal. En todo caso estima esta defensa, que de haberse conceptuado o plasmado en los hechos probados alguna acción de violencia ejercida por los imputados sobre la víctima, a lo sumo que podría conceptuárseles responsabilidad seria a titulo de Riña Tumultuaria de acuerdo a lo que señala el artículo 119 del Código Penal que Expresa: Si la muerte se hubiera producido riñendo varias personas entre si, confusa y tumultuariamente sin que se pueda determinar el causante de las lesiones de efecto mortal, se impondrá a cuantos hubieren ejercido violencia sobre la víctima, de tres (3) a seis (6) años de reclusión; pues recuérdese que a la captura del señor SANTOS LAMOTHE, concurrieron alrededor de diez agentes policiales, el testigo protegido que concurrió a rendir testimonio expresa que los Policías lo golpearon, sin expresar nombres; ello implica que no se sabe a ciencia cierta quién pudo haber causado las lesiones de efecto mortal a la víctima, pero repetimos, del cuadro factico que el juzgador estableció como verdad innegable, no aparece actividad alguna realizada por los acusados, por lo que en conclusión tomando en consideración todo los expresado en el presente Motivo y siendo evidente la flagrante infracción de las normas de fondo antes mencionadas, la aplicación y consecuente decisión que debe adoptarse al respecto es de de declarar inocentes o absolver de responsabilidad penal de los señores SANTOS VENTURA MEDINA LOPEZ, EDWIN ORLANDO CRUZ SIERRA, JAIRO NOE GALVEZ GALINDO, RUBEN HERNANDEZ CASTRO, WILMER ISABEL HERRERA SANCHEZ. SEGUNDO MOTIVO: No haberse observado en la valoración de la prueba, las reglas de la Sana Critica. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de Casación se encuentra comprendido en la última parte del numeral 3 del artículo 362 del Código procesal Penal. EXPOSICIÓN DEL MOTIVO. El artículo 336 primer párrafo del Código Procesal Penal prescribe: El Tribunal para resolver, solo tendrá en cuenta las pruebas que se hayan ejecutado durante el debate, las que serán apreciadas en su conjunto y de acuerdo con las reglas de la Sana Crítica. Por su parte el artículo 202 del mismo Código establece: Valoración de las Pruebas. La Sana Crítica. Las Pruebas serán valoradas con arreglo a la Sana Crítica. El órgano Jurisdiccional formara su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida. Las reglas de la Sana Critica o Sana Critica Racional, como lo afirma la doctrina, consisten en que el Juzgador esta obligado a respetar los principios del recto entendimiento humano, es decir las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común. La lógica lleva consigo las siguientes Leyes: a) Ley de Identidad, b) Ley de contradicción, c) Ley de tercero excluido y d) Ley de razón suficiente, contenida en el principio lógico de la Derivación. El sistema procesal que implementa nuestro Código Procesal Penal, le permite al sentenciador cierta libertad en la estimación de las pruebas que determinen su convencimiento, pero es obligación ineludible para el juzgador respetar las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común. La sentencia que por este acto se cuestiona por esta vía impugnativa, contiene un vicio grave que atenta contra las reglas de la sana critica a observarse en la valoración de la prueba y que se convierte en consecuencia en la violación de los artículos antes mencionados. El artículo 338 del Código Procesal Penal, que regula la forma de estructurar el fallo, ordena al Juez Sentenciador: "Valoración de la prueba". Seguidamente se expresan las pruebas tenidas en cuenta para declarar probados los hechos que según el juzgador estima como tales, justificando según las reglas de la sana crítica, el valor que se haya dado a las practicadas en juicio.." Los hechos probados de una sentencia deben estar sustentados en el acervo probatorio que se plasma en la fundamentación probatoria, que se divide en las fases descriptiva e intelectiva; en la primera el Tribunal debe describir cada una de las pruebas que le dan sustento a su decisión, en la segunda denominada fundamentación intelectiva el juzgador, debe explicar porque un medio probatorio le merece fe y porque otro no, y además, porque determinado elemento de prueba le llevan arribar a determinada conclusión.- Sobre esta segunda operación, es a la que se dirige el reproche del presente motivo planteado, de tal suerte que la violación a esas reglas que rigen el correcto entendimiento humano, claramente constituye un problema de fundamentación de la sentencia impugnada; y es por ello que el Legislador en el artículo 338 del CCP, ubica dentro de la fundamentación del fallo (regla cuarta) la valoración de la prueba. En el sistema de sana critica racional, que implementa nuestro sistema Procesal Penal, en cuanto a la valoración de la prueba se refiere, impera la plena libertad de convencimiento de los Jueces, pero siempre exigiéndoles que las conclusiones a las que arriben sean el fruto razonado de las pruebas que hayan tenido a su disposición para llegar a tales conclusiones; en tal sentido, en este sistema el juzgador no tiene reglas precisas que le establezcan el valor que deba darle a cada una de ellas, pero esa libertad tiene límites y esos límites son las normas que gobiernan el correcto pensamiento humano, lo que equivale a decir, respetando los principios de la recta razón que la integra las normas de la lógica, la Sicología y la experiencia común, lo cual según Fernando de La Rúa en su obra La "Casación Penal", para que una conclusión sea verdadera la motivación del Juzgador debe respetar el principio o Ley de razón suficiente, para lo cual el razonamiento debe estar constituido por inferencias razonables deducidas de las pruebas y de la sucesión de conclusiones que en virtud de ellas se hayan determinado. Estima la defensa de los señores SANTOS VENTURA MEDINA LOPEZ, EDWIN ORLANDO CRUZ SIERRA, JAIRO NOE GALVEZ GALINDO, RUBEN HERNANDEZ CASTRO, WILMER ISABEL HERRERA SANCHEZ, que el Tribunal sentenciador en el presente fallo en primero lugar a violentado la Ley Lógica de Identidad, pues como se puede apreciar de la declaración del único testigo de cargo identificado como la Clave P, este únicamente refiere que el estaba en el lugar de los hechos, que llegaron los Policías, lo agarraron, lo golpearon y lo metieron a una patrulla, y que solo reconoce a uno de ellos que lo identifica como el Teniente Valiente porque lo miraba en la tele, que a los demás no los reconoce; de allí, es donde se desprende la violación a la Regla de la Lógica de Identidad, ya que como se aprecia las personas que en esta oportunidad represento y que responden a los nombres de SANTOS VENTURA MEDINA LOPEZ, EDWIN ORLANDO CRUZ SIERRA, JAIRO NOE GALVEZ GALINDO, RUBEN HERNANDEZ CASTRO, WILMER ISABEL HERRERA SANCHEZ, no han sido identificados por el único testigo de cargo que compareció a la audiencia de debate a rendir testimonio; la Ley de Identidad se viola específicamente cuando en un proceso Penal, no se logra identificar al participe o participes en el delito cometido no obstante, el órgano juzgador determina declarar culpable a o los imputados, tal es el caso que nos ocupa, en la cual del elenco probatorio evacuado en el juicio, no se pudo identificar a mis representados como participes en el hecho acaecido, pues la prueba testifical no logra señalar a mis clientes como los Policías que llegaron el día cuatro de febrero del dos mil nueve a dar detención al señor SIMON BAYARDO SANTOS LAMOTHE, quien posteriormente falleció a causa de golpes en su cuerpo. Por otra parte, el sentenciador viola con su decisión el principio de la Derivación que consiste que de cada elemento probatorio se tiene que derivar una conclusión, debiendo existir coherencia entre el primero y el segundo, no debiendo violarse en el razonamiento ninguna de las reglas de la sana critica específicamente la lógica" Pues el sentenciador en el párrafo segundo del numeral sexto de la supuesta valoración de prueba, hace declaración por una parte que el testigo con clave P, de donde está ubicado pudo apreciar los hechos, y por otra parte expresa el Juzgador que por el hecho que el testigo pudo apreciar tales hechos, por ello las personas que los cometieron quedaron identificadas, siendo los imputados miembros de la Policía Nacional. Señores Jueces Supremos el sentenciador con esta apreciación violenta el principio de la derivación que impera bajo la Ley de razón Suficiente, pues como esta defensa ya lo señalo anteriormente, el único testigo de cargo que compareció a debate identificado con la clave P, en ninguna parte de su declaración, hace mención alguna donde exprese que haya reconocido a los Policías que acudieron al llamado ciudadano donde se produjo la captura de la víctima; el testigo claramente expresa que el vio el desenlace de los hechos, que fueron varios los Policías que llegaron (más de doce), pero sin mencionar nombre o identificar personas a excepción de un oficial al cual llamo el testigo como Teniente valiente, los demás no fueron identificados; pero el juzgador violando el principio en referencia, a declarado que con la declaración que rindió el testigo con clave P, los imputados han quedado plenamente identificados y por ello se les declara responsabilidad en Los hechos realizados. Por otro lado como aparece e la sentencia que se recurre, el sentenciador no razona o explica en lo absoluto los motivos que lo llevaron al convencimiento de su decisión, es decir no enlaza cada elemento probatorio con el hecho cometido, esto último, esta defensa lo explicara razonadamente en el siguiente motivo que se planteara en este recurso, pero desde ya queremos dejar plasmado e indicar la obligación ineludible que tiene cada juzgador en razonar o explicar suficientemente su fallo a través de la motivación intelectiva de su sentencia, de la cual fácilmente se deriven todas y cada una de las conclusiones a las que haya arribado el decisor como consecuencia de la prueba incorporada o evacuada en debate, para finalmente llegar à la conclusión definitiva bien sea de condena o de absolución según sea el caso, pero en esta oportunidad como los Honorables Magistrados lo podrán apreciar con su propios sentidos, el Tribunal de Sentencia del departamento de Olancho, específicamente al redactar la presente sentencia no hace otra cosa que transcribir literalmente todo lo que se consignó en el acta que levanto la Secretaria al momento de la audiencia olvidándose que el juzgador está obligado a explicar adecuadamente su fallo de tal modo que cada elemento probatorio sea objeto de un análisis valorativo y explicativo, de lo contrario el efecto inevitable es la violación a las reglas de la sana crítica y consecuente procedencia del vicio denunciado. - TERCER MOTIVO; Por Carecer la Sentencia recurrida, de Motivaciones Fácticas. PRECEPRO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el numeral 3 del artículo 362 del Código Procesal Penal. EXPOSICIÓN DEL MOTIVO De conformidad a lo que prescribe el articulo 141 párrafos segundo y tercero del Código Procesal Penal, las sentencias, tanto interlocutorias como definitivas, contendrán bajo pena de nulidad, una clara y precisa motivación; y que la motivación expresará los hechos y fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido; todo ello en relación con lo prescrito en los numerales 2 y 3 regla cuarta del articulo 338 de la misma Ley Adjetiva. Pues bien tal y como lo indicamos en el motivo que antecede del presente recurso, el Tribunal recurrido se entretiene en su sentencia transcribiendo literalmente todo lo consignado en el acta de debate, asi en el apartado de antecedentes del fallo recurrido, el sentenciador consigna en forma literal todo lo que expusieron las partes en sus conclusiones finales del debate, en la motivación fáctica de la prueba se limita únicamente a señalar la prueba documental, pericial y testifical que fue allegada al juicio, pero omite en lo absoluto hacer valoraciones o motivaciones fácticas de la prueba, lo que comúnmente se conoce como valoración intelectiva, es allí precisamente donde recae el reproche del presente motivo, como se puede ver el Tribunal decisor limita su valoración a lo que declara en el párrafo segundo del apartado sexto de la supuesta valoración de prueba en la cual dice textualmente: "Que este Tribunal pudo apreciar el lugar y la hora en que sucedieron los hechos, según las declaraciones del testigo con clave P, el cual se ubicó y explico el lugar en el cual el se encontraba, determinando este Juzgador que si podía apreciar los hechos que se sucintaron, desde el lugar próximo a la distancia en la cual se encontraba dicho testigo quedando identificados que las personas que cometieron estos hechos son los imputados los cuales eran miembros de la Policía Nacional, atribuyéndoles la responsabilidad de los hechos". Con ese simple enunciado el cual para el sentenciador es valoración o motivación suficiente de su fallo, tomo la decisión de condena, expresando que el Tribunal después de analizar todo el engranaje probatorio allegado al proceso, establece que los señores imputados SANTOS VENTURA MEDINA LOPEZ, EDWIN ORLANDO CRUZ SIERRA, JAIRO NOE GALVEZ GALINDO, RUBEN HERNANDEZ CASTRO, WILMER ISABEL HERRERA SANCHEZ y compañía, son responsables a título de cómplices en los delitos de Homicidio en perjuicio de Simón Bayardo Lamothe y de Abuso de Autoridad y Violación de los Deberes de los Funcionarios, en perjuicio de la Administración Pública; sin ni siquiera tomarse la molestia el sentenciador de explicar en su fallo la razón que lo llevo al convencimiento de que los acusados su participación fue a título de complicidad, ni mucho menos motivar o razonar cada elemento probatorio relacionándolo con los hechos acaecidos, sustrayendo de cada probanza la o las conclusiones a que arribaron los Jueces juzgados y que dio como resultado la condena de los encausados. Su Señoría esa escasa o nula motivación del fallo que se recurre, es lo que provoca la censura por medio de este motivo, pues como todos los profesionales del derecho sabemos, en materia de valoración de prueba en un fallo de esta naturaleza, existe lo que se llama la fundamentación probatoria y la fundamentación jurídica, la fundamentación probatoria o valoración de prueba, es la fase de la sentencia que debe contener tanto la valoración descriptiva como la valoración intelectiva; en la primera, el Sentenciador se limita a describir todos y cada uno de los medios de prueba que incorporo tanto la acusación como la defensa y en la segunda es donde el órgano decisor valora propiamente dicho la prueba que le sirve de base o fundamento para decidir el asunto conforme su apreciación desde las máximas de la experiencia, la lógica y respetando por supuesto las reglas de la sana crítica o del recto entendimiento humano; lo anterior equivale a decir que es la parte del fallo donde el sentenciador motiva, razona o explica de una forma clara y sencilla porque determinados medios o elementos de prueba le merecen credibilidad y porque considera son aptos para demostrar bien sea la culpabilidad o bien la inocencia del acusado, lo anterior, es una tarea que el juzgador debe respetar o mejor dicho no debe omitir en todo fallo, especialmente en materia penal, de lo contrario la consecuencia próxima e inevitable, es la anulación del fallo juntamente con el juicio o debate que se haya realizado, como efecto del vicio de Casación en la Forma contenido en la primera parte del numeral 3 del artículo 362 del Código Procesal Penal; en tal sentido, Honorable Tribunal de Alzada, el A-quo en esta sentencia que se recurre, no explica en lo absoluto los motivos o razones que lo llevaron a formar su convicción y que trajo como efecto la condena de los imputados; es decir el juzgador en la parte valorativa e intelectiva de la prueba de su sentencia, no especifica o exterioriza cuales fueron las razones por el cual le dio valor probatorio suficiente a la prueba de la acusación. Lo anterior Señoría a los tiempos modernos que el derecho Penal vive y la sociedad en general lo consideramos como una arbitrariedad, pues nuestra Ley Procesal por una parte en sus artículos 141 y 338 le dan los parámetros al sentenciador de cómo debe estructurar cada fallo, es decir valorando o motivando suficientemente el mismo en relación a la prueba que se haya incorporado al debate, todo ello bajo pena de nulidad como lo expone el 141 ya citado y por otra parte, los Jueces que integran los Tribunales de Sentencia en nuestro País, han recibido suficiente e intensa capacitación relacionada con su actividad jurisdiccional que desempeñan y especialmente en lo que se refiere a la estructuración o redacción de sentencias, por lo que la falencia o mejor dicho la ausencia de motivación de la sentencia que se recurre, no sería ninguna excusa para los Jueces que integraron este juicio o debate; en tal sentido esta defensa considera procedente el presente Motivo de Casación en la forma, al igual que los Motivos anteriormente planteados, por lo que solicitamos al Honorable Tribunal Supremo de la Nación, se analice cada uno de ellos y con el mérito de lo que resulte se dicte la resolución respectiva declarando la procedencia de este Recuso, casando la sentencia impugnada y dictando la que corresponda conforme a derecho.” El recurrente Abogado Denys Alberto Funes Laínez, en su condición de defensor privado del señor Jose Mauricio Valiente Herrera, procedió a formalizar su Recurso de Casación de la manera siguiente: “EXPOSICION DEL MOTIVO DE CASACION. 1.-POR INFRACCION DE LEY MOTIVO PRIMERO: Aplicación Indebida del Precepto Penal, contenida en los artículos 33, 116, 349, del Código Penal PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente Motivo de Casación se encuentra comprendido en el artículo 360 Párrafo Primero del Código Procesal Penal. Por no haber observado el Sentenciador hechos que fueron declarados probados y haber infringido un Precepto Penal. EXPLICACION DEL MOTIVO: La conducta descrita en los hechos declarados probados, no se subsumen en la acreditación de participación o responsabilidad en el tipo penal de Cómplice del delito de Homicidio Simple, (en perjuicio del bien jurídico Vida), pues no se establecieron en estos hechos, como el imputado JOSE MAURICIO VALIENTE HERRERA, coopero en la ejecución del hecho por actos anteriores o simultáneos, al no establecerse en qué momento realizo una conducta ilícita directa o indirectamente en el instante que se realizaba la muerte de una persona a consecuencia de la acción perpetrada, y mucho menos en su accionar individual al no establecer con claridad y precisión si él coopero en las causas que le produjeron la muerte (lesiones) al ofendido SIMON BAYARDO LAMOTHE, ya que el Tribunal de Sentencia de Departamento de Olancho, en su fundamentación adolece de un vicio en esencia en la decisión adoptada en su parte resolutiva de la Sentencia, siendo incompatible y ajena de la verdad enunciada en la fáctica, al invocar las normas que no debieron aplicarse al caso narración concreto al declarar expresa y terminante probado en el Hecho UNICO que dice: "Que en fecha cuatro (4) de Febrero del año dos mil nueve (2009) siendo aproximadamente las ocho y nueve de la noche, el ofendido SIMON BAYARDO LAMOTHE, llego al Cervecero El Mango, ubicado Barrio en el Zunilapa de la ciudad de Catacamas de este departamento de Olancho, el cual al salir de dicho lugar realizo unos disparos con el arma de fuego que portaba, por lo que un vecino del lugar acudió a hacer una llamada telefónica a miembros de la policía preventiva, los cuales llegaron al lugar antes mencionado en la patrulla RPM 1534, los señores RUBEN CASTRO, WILMER HERRERA, EDWIN CRUZ, Y JAIRO GALVEZ, y en la HERRERA al Mando y JOSE en la Patrulla 1525 llego RPM 1508 JOSE MAURICIO VALIENTE VELASQUEZ quien era el conductor, y SANTOS MEDINA al mando y de BAYRON GARCIA, por lo que el señor SIMON BAYARDO LAMOTHE, al percatarse de la presencia policial se refugió en la parte trasera de la pulpería Nohemi, el occiso realizo unos policía, acción que fue contestada disparos por a los miembros de la los policías, finalmente los imputados lograron desarmar a la víctima y la persona ofendida traida hacia un lugar claro, fue subido a una parte de los imputados en la patrulla RPM 1534 y fue de las patrullas por fue llevado a la Jefatura ofendido departamental de la ciudad de Catacamas, posteriormente el no presentaba signos vitales, donde fue llevado a la clinica Samaritana donde se confirmo el fallecimiento de la víctima. Les ruego a los Honorables Magistrados, leer detenidamente sobre el Aspecto determinante que El Tribunal de Sentencia se basó en el Hecho probado Único ya que al apartarse de la verdad de una manera patente viola el Principio de Inmediatez que es la piedra angular del Proceso Penal de Honduras: Dicen en la Sentencia recurrida que el testigo protegido con la "clave P" expreso manifestaciones ante ellos que jamás se realizaron en el Juicio Oral y Público (poniendo a mi representado en el lugar donde se desarrolló el hecho, al mando de una patrulla, y de ser partícipe de dar muerte al ofendido )según se desprende de la simple lectura de la declaración del testigo protegido con la Clave P, se aprecia que en el Juicio Oral nunca declaro sobre esos extremos, entonces de dónde obtuvieron como elemento esencial para condenar al Comisionado JOSE MAURICIO VALIENTE HERRERA, ya que conforme a la Sentencia esta incurre en un razonamiento inexacto al tomar en consideración lo afirmado por EL AGENTE FISCAL EN SUS CONCLUSIONES: Que se acreditó la participación de los imputados (incluyendo JOSE MAURICIO VALIENTE HERRERA) a través del testimonio del testigo protegido con la Clave P quien dijo: Cuando él se encontraba observo sentado cuando en una banca afuera de la pulpería de Nohemí el ofendido salió hacer unos disparos afuera del Cervecero el Mango, y que posteriormente mientras llego la policía trascurrió aproximadamente diez minutos, que se fue a presenciar muro, el cual un amigo de nombre Roberto le ayudo a el hecho a un subirse para presenciar dicha escena en ese muro, indicando que el lugar donde se detuvo al señor SIMON BAYARDO había un aproximado de Sesenta metros, que el occiso recuerda, andaba de pantalón jean y que la camisa no la que el occiso hizo de tres a cinco disparos a los policías, que vio cuando llegaron tres patrullas que describió uno como un camión, la segunda como cucaracha y la tercera como un 3.0, que no recuerda el numero de las patrullas, y que a SIMON le hicieron como veinte a veinticinco disparos los policías, después de los disparos transcurrieron aproximadamente veinte minutos, que describió que SIMON andaba un revolver y un machete, que la captura fue atrás de la pulpería Nohemí, que SIMON les decía que lo soltaran que ya lo habían detenido, y que no lo golpearan, que se quejaba, que después "LO SACARON A UNA PARTE ILUMINADA" y lo golpearon con las botas y uno solo lo golpeo con el arma tipo machete que identificar porque golpeaban escucho portaba la víctima, "que no los pudo no sabe los nombres de ellos" y que cuando lo a los policías que le agarrado a este Hijo de P, que encontraba desarmado, decían que por fin cuando golpeaban a don Simón así mismo que dentro de los policías que golpeaban al ofendido reconoció por haberlo visto en televisión a don JOSE MAURICIO VALIENTE, en vista de que este señor era el Jefe Policial, y quien trasmitía las noticias por televisión, era una persona conocida y "POR ESO LE HIZO FACIL A EL IDENTIFICARLO EN ESE MOMENTO" asimismo refirió que conoce a otro policía a quien describió con el apellido VENTURA, que era trigueño y que era quien este policía llego en la patrulla 1525, que en la Reconstrucción identifico al imputado VALIENTE como una persona delgada, alta de bigote con estradas y trigueño, y que se lo habían llevado a la posta policial, siguiente se enteró de que había aparecido muerto que le se preguntó al testigo "Que cuando se referia que todos lo había golpeado" el testigo dijo: que todos lo que estaba en el circulo lo golpearon, y dijo que desde el muro ( en el juicio durante la Reconstrucción de los hechos se determinó que mide 2.90 metros) un amigo que se llama OSMAN que hace la salvedad porque al principio cree que dijo ROBERTO, de lo anterior se aprecia varias inconsistencias como ser: ¿Cómo es posible que el testigo viera el momento de la captura que fue atrás de la pulperia de Nohemi que estaba como a sesenta metros ya que tuvo que subirse a un muro para ver como lo detenian?, ¿Como pudo escuchar lo que se decía tanto por el ofendido y los policias a esa distancia que el señala estaba?, ¿Como pudo ver su captura si era un lugar oscuro, ya que el indico que lo sacaron hacia un lugar iluminado, y que el decidió subirse a un muro?, ¿Como afirma que no pudo ver los números de las patrullas y quiénes eran los policías que lo golpeaban con la botas y que uno que lo golpeo con el machete?, ¿Por qué no expreso golpeaban al ofendido que entre los policías que vio que uno era mi poderdante JOSE MAURICIO VALIENTE acaso dijo que le era fácil identificarlo? Como afirma el testigo con la clave P haber escuchado que los policias le hicieron más de veinte disparos, entonces porque ΠΟ producida por un disparo? y al ser presento el ofendido ninguna lesión comparado este UNICO con el Numeral Tercero de la Sentencia en Hecho Probado su Valorización de la prueba: por lo que es imprescindible referirnos taxativamente al testimonio del Testigo Protegido estuvo con la "CLAVE P", quien expreso: "Que el día que le hicieron la ejecución al occiso, fue un Cuatro de Febrero del año Dos Mil Nueve, y estaba sentado en una banca de la pulpería donde lo agarraron a él, que salió huyendo y cuando la policía llego, llegaron furiosos y salió corriendo, don SIMON andaba bolo ese día, alguien de la cervecera llamo a la policía y la policía entre unos diez a quince minutos se hizo presente, que cuando miro que llego la policía salió corriendo de alli, después fue cuando los policías se pusieron agresivos y comenzaron a disparar y don SIMON salió por detrás de la casa huyendo, después el se subió a un muro tapial como de unos setenta metros de distancia, de donde ellos se encontraban, que el miro todo cuando lo agarraron detrás de la casa, escucho que don Germán les pidió que lo soltaran y lo agarraron a él y se fueron para la claridad y después lo tiraron al suelo y lo empezaron a golpear entre todos y lo subieron patrulla como que fuera que a partir de este a la un animal". No es posible Tribunal Ad-quem relato se condene a una persona, Juzgadores en la Sentencia, debió en sus hechos probados concluir lo menos en una probabilidad rayana posibilidad concreto, evitación equivalente un peligro, atribuírsele de cuál era la Los por Certeza de que el acusado JOSE MAURICIO VALIENTE HERRERA haya tenido efectiva de realizar la acción o por lo menos o de de haberse causalidad hipotética a su falta a su de acción esperada establecido que permitiera para controlar efectiva causación, y por algún grado de responsabilidad omisión, ya que únicamente se limitó a establecer que con la prueba evacuada en el presente juicio llega a la convicción de que el señor JOSE MAURICIO VALIENTE HERRERA sea responsable de la comisión del delito de Cómplice de Homicidio Simple, en perjuicio de SIMON BAYARDO LAMOTHE cometieron la pero en ningún momento establecen quien o quienes acción principal en la condición de al ofendido, ya que su principio de lo valorado por el inmediación es que ese "AUTOR MATERIAL" Tribunal de grado de dar muerte Sentencia en participación de COMPLICIDAD se le atribuye por el indicio de expresar que desde el lugar y hora en que sucedieron los hechos, y según las declaraciones del testigo con la clave P" el lugar en que este se ubicó y explico que se encontraba al momento de suceder el hecho, determinaron al juzgador que si pudo apreciar el testigo los hechos que se suscitaron desde el lugar próximo personas que o la distancia cometieron estos hechos quedando identificados que las son los imputados, los cuales. eran miembros de la policia nacional, atribuyéndoles la responsabilidad de los hechos, no compartimos tal valorización ya que nunca el testigo "Clave P" se refirió que en preciso instante o momento en que acontecia el hecho ilicito ubico a mi poderdante para poderlo identificar, y mucho menos en qué lugar acción cometida de forma VALIENTE HERRERA; los delitos de de espacio, tiempo y modo coopero individual En iguales en la por parte de JOSE MAURICIO términos considero el Juzgador en ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOLACION DE LOS DEBERES se fundamentó exclusivamente por la disposición de la Ley por su condición de Funcionario Público, al indicar que era "Garante" al consignar que al llegar al lugar de la escena, el era uno de los miembros Nacional Preventiva, de la Policía andaba al mando de una de las patrullas" y por consiguiente ser responsable de cumplir y hacer cumplir lo que la constitución de la Republica establece con respecto a la protección de los derechos y garantías que la misma consagra como es la vida, la seguridad e integridad de las personas, en este caso la del señor SIMON BAYARDO LAMOTHE, es necesario establecer que el delito de Homicidio Simple es un delito de mera actividad, que se su ejecución aunque sea otro el lugar ya que consuma en el acto de falleció en las instalaciones de la Jefatura Policial, es imprescindible señalar que el policía está obligado al cumplimiento de sus funciones siempre y cuando no ponga en riesgo su propia vida y de personas inocentes y en eso descansa el hacer uso de las armas de reglamento cuando su vida se encuentra en peligro frente a quienes quebrantan el orden público y el derecho. pacificas, ofendido ya que el único hecho probado de las personas se estableció que el estuvo haciendo disparos en la calle, por lo que fue solicitada la presencia policial, quien posteriormente hace acto del por lo que al percatarse el señor SIMON BAYARDO esconderse disparando presencia al lugar, salió corriendo a con su arma de fuego que portaba policia la cual tuvo que repeler la agresión se origina una situación típica es decir una hacia la al dispararles, con tal acción amenaza o peligro para el que se encontraba en bien juridico vida de los policías y otras personas el lugar, originándose un foco de peligro o riesgo de que murieren por la acción del los disparos provocados por el ofendido SIMON BAYARDO LAMOTHE, es un hecho no controvertido que el acusado JOSE MAURICIO VALIENTE, Nacional fue llamado en su condición de ser Miembro de la Policía para prevenir la acción que estaba provocando el ofendido en ese momento como fuego ser el escándalo público al disparar con un arma de en la calle, consideramos que el artículo 293 de la Constitución de la Republica prevé que la Policía Nacional del Estado, encargada es una institución profesional de velar por la conservación del orden público, la prevención, el control y combate del delito, así como también de proteger la seguridad de las personas y sus bienes; El articulo 10 numeral 2), de la Ley Orgánica de la Policía. Nacional, establece entre otras atribuciones, que para el logro de sus objetivos y cumplimiento de sus responsabilidades le corresponde la de proteger la vida, bienes, derechos y libertades de las personas, el articulo 22 numeral 3) En el cumplimiento de sus funciones los miembros de la Policia Nacional deberán cuidar y proteger la salud fisica y mental de las personas detenidas, del precepto constitucional y legal antes citado es necesario señalar que mi poderdante no fue garante ya que nunca tuvo la voluntad ni la posibilidad. de realización de la conducta debida de acción esperada y la evitarlo, ya que no se aprecia en todo el juicio oral un vinculo detención del imputado su desarrollo y culminación con el nexo. que se le imputa, en conclusión si no se demostró por via para desde la del ilícito parte del Ente Acusador algún grado de participación en el delito de Cómplice de Homicidio Simple por lo que al no concurrir este, los delitos de Violación de autoridad ya que en preciso los deberes caso tampoco pudo haber cometido de los funcionarios y abuso de son subsidiarios; Siguiendo con un orden Cronológico del análisis de los medios de prueba al respecto: El Acta de Decomiso del libro de novedades de la Jefatura de la ciudad de Catacamas, para acreditar quienes fueron policias que participaron en la detención del ofendido y los vehículos que se utilizaron para trasportarse, en donde se indican el instante en que llegaron cada uno de los vehículos al lugar de los hechos, este es un hecho no controvertido por las partes, cuanto Al Peritaje realizado por el técnico JUAN CARLOS VELASQUEZ, técnico de marcas y patrones, siendo una de sus funciones establecer las marcas en superficie, quien vino a deponer sobre un procedimiento que llevo a cabo en la piel de un cerdo, por ser la piel que más se asemeja a la piel humana, de su deposición se desprende que era la primera vez que realizaba esta práctica de prueba, evidenciándose su falta de experiencia en este tipo de análisis que le solicitaran practicar, solo realizo un análisis macroscópico pero ninguna comparación microscópico con las lesiones que presentaba el ofendido, no estableció que conocimientos técnicos realizo en su procedimiento para practicar dicha prueba, como ser que tipo de arma blanca utilizo, ya que existen diferentes tipo de machete, tamaños peso, grosor, no estableció el material de que estaba hecho el arma, qué cantidad de fuerza utilizo la persona para dejar una impresión en la piel como la que se dejó en el ofendido por parte de quien supuestamente la infringió, no establece en qué posición estaba el ofendido de su agresor impresión en la parte de al momento de recibir el impacto al recibir dicha su abdomen, tenía que el ofendido, contextura física, peso, las máximas de la tamaño, entre otros aspectos experiencia establece que estos conocimiento se adquiere no solo por lo aprendido en la práctica, sino que también por estudios y enseñanzas hechas por personas expertas en este campo, por lo que este conocimientos se obtiene de la noche a la mañana, pero de manera no inconcebible el Tribunal de Sentencia considero haberse acreditado que las lesiones que presenta el abdomen del occiso en la región lumbar izquierda de 6X1cm (parte ancha de la impresión) muestra similitud con las impresiones que dejo el arma blanca tipo machete en la piel del ejemplar porcino 7cm. (parte ancha de la impresión) que fue utilizada en la prueba de campo, dicha similitudes se observan tanto en la morfología como también en las dimensiones del técnico de marca patrón, de Marcas patrones, por fundamentándose lo que credibilidad ya que sus resultados no son tener un valor probatorio; Si analizamos forense Doctora MERCY GRACIELA la Autopsia en dicho dictamen no debió dársele ninguna confiables y por consiguiente lo expuesto por la Médico GUEVARA SALGADO quien realizo numero A-225-009 en fecha 05 de Febrero del 2009, perteneciente al señor SIMON BAYARDO LAMOTHE, describe : Dictamen Médico legal: Causa cavidad de muerte: HEMOPERITONEO (hemorragia abdominal) LESIONES ENCONTRADAS: 1. Torácico con: Escoriación de coloración en la Traumatismo rojiza, localizada en la parte baja de la espalda ( región lumbar) que se extiende superior de ambos glúteos de 46X36 cm, pelvis de 12x5cm, hasta la región en el lado izquierdo de la en la región lumbar izquierda de 6X1cm, en el lado izquierdo de la espalda de 5X15cm, equimosis de color rojizo y forma irregular localizada en el lado izquierdo se extiende hasta la región lateral reproduce una marca patrón abdomen de 5X0.5 cm, izquierda de 33X9cm, en la parte del abdomen que del mismo en el lado derecho que del central del tórax de 6X 1.5 cm en la parte baja del abdomen la espalda de 7x9 cm, en el lado izquierdo de en forma longitudinal con un área de excoriación que se extiende hacia la superficie derecha de la espalda( región escapular derecha) que reproduce una marca patrón de 36x6cm, fractura de la cuarta séptima y octava costilla izquierda, contusión pulmonar izquierda, contusión del peritoneo, contusión del intestino grueso, laceración de la aorta abdominal con hemoperitoneo (hemorragia en la cavidad abdominal). II. Traumatismo Cráneo facial con equimosis rojiza en la región labial inferior del lado derecho de 2.5x0.7cm, seis heridas contusas localizadas en:1) La mucosa labial superior, laceración del frenillo labial superior de 2 cm, lado izquierdo de la mucosa labial de 0.4 cm en el ángulo izquierdo de la mucosa labial de 1.5 cm, en el lado izquierdo de la mucosa labial inferior de 0.3 cm, en el ángulo izquierdo de la mucosa labial inferior de 0.4 cm con fractura del incisivo izquierdo, hematoma epicraneano (hemorragia entre el cráneo y el cuero cabelludo) excoriación frontal izquierdo de 5x3cm y occipital 3x3.5 cm de forma irregular.- OTRAS LESIONES: Surcos blandos de antebrazo derecho, en su cara inferior incompleto de 12x0.6.-ALTERACIONES ENCONTRADAS: Ninguna al momento de la autopsia. MANERA DE MUERTE: Homicida desde el punto de vista Médico Forense.-LABORATORIO DE CIENCIAS FORENSES: Sangre para eventual ADN, patrón tricológico para eventual comparación, niveles de alcohol. Positivo en sangre en un 0.25 g. y en orina en un 0.25 g. otras drogas de abuso: No se detectaron. COMENTARIO MEDICO LEGAL: Las lesiones presentes en el cuerpo del hoy occiso son compatibles a las producidas con objeto romo al incidir directamente sobre la piel, reproduciendo en algunas lesiones el instrumento utilizado, las excoriaciones son producidas por el roce de la piel sobre una superficie roma, los surcos descritos en antebrazos reproducen el instrumento utilizado y son compatibles a las producidas por objeto de forma circular. La Médico forense MERCY GRACIELA GUEVARA SALGADO establece que el ofendido presentaba tres tipos de traumas, laceraciones y equimosis, por lo que a una la Defensa hoy occiso superficie con respecto a si estas podrian pregunta precisa realizada por las equimosis que presenta el cuerpo ser causadas ella contesto rotundamente "dijo por una del caida sobre una que si era dejando claramente la probabilidad que al caerse al agujero el ofendido posible" este podía haberse ocasionado las laceraciones esquimos y trauma, ya que a otra pregunta de la defensa si en ese agujero había madera pudo haber ocasionado ese daño la doctora MERCY GRACIELA GUEVARA SALGADO contesto esto debido de manera contundente: honorable tribunal "QUE SI " esto debido honorable tribunal a que la doctora no aprecio en las lesiones una cola de entrada y cola de salida que es una característica individualizante producida por arma blanca tipo machete, es imprescindible referimos a este extremo vital, ya que la Inspección ocular del lugar (obra a folio 488) y el Levantamiento fotográfico, realizada por la Sub Oficial de investigación ROSA GALO adscrita la Fiscalía de Derechos humanos, confirmo la existencia de un agujero de al referirse en su renglón diez dice: Que se toma como punto de referencia para la ubicación del agujero lo que refleja el lugar de lo sucedido debido a que tomo mediciones, indicando que este queda en un pequeño campo de futbol ubicado al otro lado de la calle, versión de esta defensa, este Reconstrucción determinaron que la extremo lo cual confirma la fue más afianzado en la construcción tiene una altura de 2.90 metros, que no existe ninguna diferencia entre la parte de abajo y la parte de arriba determinaron los técnicos que no pueden asegurar si es reciente o antigua, y a la pregunta del Fiscal ¿Por qué razones no pueden dar un criterio afirmativo de visibilidad desde donde se ubica el testigo protegido "P"? contesto: No podemos dar una VISIBILIDAD COMO PERITOS ya que la ESCENA ESTA MODIFICADA, según el testigo protegido el nada mas menciona parte de arriba de que solo estaba una parte, solo era un muro, y la la segunda planta si le podemos llamar así, ya no se encontraba entonces por esa razón no se pudieron ubicar exacto donde se encontraba cuando sucedieron los hechos, y a la pregunta más importante desde donde se ubico el testigo a donde se detiene al occiso cual fue la distancia el Perito contesto: Tenemos un problema porque ahí hay una altura y no podemos crear una medida aproximada, es por todas estas inconsistencia que conforme a derecho es procedente declarar con lugar el motivo de casación invocado a favor de dicho procesado absolviéndolo de todos los cargos por los cuales fue acusado.” FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Del Recurso de Casación por Infracción de Ley. Establece el artículo 360 del Código Procesal Penal que “Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba de ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo…” (Lo resaltado es nuestro). De esta norma se puede determinar la configuración del recurso de casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal: 1. Respeto irrestricto a los Hechos Probados: Los hechos probados son el relato cronológico de un acontecimiento histórico anterior al proceso penal y que es objeto de debate, fijados por el Tribunal de Sentencia con base en lo que se ha probado en juicio, derivado de la valoración de los medios de prueba cuya reproducción el juzgador pudo apreciar de manera directa, colocándolo en una posición exclusiva de valoración. Por ello el artículo 369 del Código de Rito, en su tercer párrafo prohíbe al Tribunal de Casación la modificación de los hechos probados, conocido como Principio de Intangibilidad de los Hechos Probados; 2. Falta de correspondencia entre los hechos probados y el fallo por infracción de precepto sustantivo o de principio fijado por la Doctrina Legal, a consecuencia de: a. Inobservancia de la norma sustantiva o Doctrina Legal que corresponde al caso; b. Errónea aplicación de una norma sustantiva o de Doctrina Legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis; c. Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del Principio fijado en la Doctrina Legal; d. Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal; y e. Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal. En conclusión, a través del recurso de casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia; de allí que a la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva hecha por el Tribunal de Sentencia o de la Doctrina Legal que sobre el tema jurídico se haya sentado; su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia; en este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados). Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. El Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. Si no se cumple con los requisitos establecidos por la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo. El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley. Considera esta Sala de lo Penal, que la respuesta a cada recurso planteado por los recurrentes, debe de realizarse en consideración a su naturaleza y principalmente en razón de su incidencia en la decisión adoptada por el Tribunal de Sentencia. Es por ello que el orden de respuesta a los recurrentes, haciendo pronunciamiento de cada recurso, será en el siguiente orden: Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Interpuesto por la defensa privada de los acusados Santos Ventura Medina López, Edwin Orlando Cruz Sierra, Jairo Noé Gálvez Galindo, Rubén Hernández Castro y Wilmer Isabel Herrera Sánchez. Denominado por la defensa tercer motivo, sin embargo, corresponde al segundo motivo. Normas autorizantes citadas: Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. Normas procesales que se denuncian infringidas citadas: Artículo 141 párrafos segundo y tercero del Código Procesal Penal; Concepto de la infracción expuesto: Carecer la sentencia recurrida de motivaciones fácticas; Acciones de saneamiento o subsanación del vicio denunciado: Sin determinar por la recurrente; Pretensión: Declarar la procedencia. Denuncia los recurrentes, que el Tribunal recurrido, se entretiene en su sentencia transcribiendo literalmente todo lo consignado en el acta de debate, que en la motivación fáctica de la prueba, se limita únicamente a señalar la prueba documental, pericial y testifical que fue allegada al juicio, pero omite en lo absoluto hacer valoraciones o motivaciones fácticas de la prueba, lo que comúnmente se conoce como valoración intelectiva, es allí precisamente donde según los recurrentes recae el reproche del presente motivo, luego trascriben, lo que para los sentenciadores es la valoración intelectiva, para luego concluir, que los sentenciadores, ni siquiera se tomaron la molestia de explicar en su fallo, la razón que lo llevo al convencimiento, de que los acusados participaron en el hecho delictivo a título de complicidad, ni mucho menos motivar o razonar cada elemento probatorio relacionándolo con los hechos acaecidos, sustrayendo de cada probanza la o las conclusiones a que arribaron los Jueces juzgadores y que dio como resultado la condena de los encausados en un delito de Homicidio en su grado de participación de cómplice, asimismo de un delito de Abuso de Autoridad y Violación a los Deberes de los Funcionarios a titulo de cómplice. De la motivación En procura de dar respuesta a lo planteado, es imperativo definir qué es motivación y de ello poder deducir cuando hay carencia de motivación o insuficiencia de motivación. El artículo 141 del Código Procesal Penal señala que la motivación es la expresión de los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa una resolución judicial, y en el caso particular de las sentencias, de las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido. El artículo citado establece como antagónico al concepto de motivación la simple relación de las actuaciones que se hayan realizado en el proceso, la mención de los requerimientos o petitorias formuladas por las partes o sus apoderados legales o la cita o transcripción de preceptos legales. Ampliando lo anterior, la Sala de lo Penal hace eco al Código Iberoamericano de Ética Judicial, el que en su Capítulo III de la Parte I señala que la obligación de motivar las decisiones se orienta a asegurar la legitimidad del juez, el buen funcionamiento de un sistema de impugnaciones procesales, el adecuado control del poder del que los jueces son titulares y, en último término, la justicia de las resoluciones judiciales; señala que motivar es expresar, de manera ordenada y clara, razones jurídicamente válidas, aptas para justificar la decisión, indica que una decisión carente de motivación es una decisión arbitraria. El Código Iberoamericano de Ética Judicial además establece, que el deber de motivar adquiere una intensidad máxima en relación con decisiones privativas o restrictivas de derechos, o cuando el juez ejerza un poder discrecional; recalca que el juez debe motivar sus decisiones tanto en materia de hechos como de derecho: 1. En materia de hechos: debe proceder con rigor analítico en el tratamiento del cuadro probatorio, debe mostrar en concreto lo que aporta cada medio de prueba, para luego efectuar una apreciación en su conjunto; 2. En materia de derecho: no puede limitarse a invocar las normas aplicables, especialmente en las resoluciones sobre el fondo de los asuntos, sino que debe de señalar por qué una norma legal debe de regir un caso concreto. Añade el instrumento jurídico citado que la motivación debe extenderse a todas las alegaciones de las partes, o a las razones producidas por los jueces que hayan conocido antes del asunto, siempre que sean relevantes para la decisión a tomar. En todos los casos, las motivaciones deben estar expresadas en un estilo claro y preciso, sin recurrir a tecnicismos innecesarios y con la concisión que sea compatible con la completa comprensión de las razones expuestas. En resumen, la motivación debe de observar las siguientes características: expresa, clara, completa, legitima y respetuosa de la sana critica. Ahora bien, ordena el artículo 141 del Código Procesal Penal, que las sentencias deberán de ser debidamente motivadas, redactadas conforme lo establece el artículo 338 del mismo cuerpo legal, así pues, la falta de una motivación completa se traduce en el vicio in procedendo de insuficiente motivación y la falta de una motivación expresa, se traduce en el vicio in procedendo de carencia de motivación, provocando ambas situaciones la nulidad de la sentencia (la motivación legítima y respetuosa de la sana crítica está asociado con el motivo de casación distinto al que se resuelve en esta oportunidad, contenido en el artículo 362.3 del Código Procesal Penal). Es importante recordar que las sentencias son la forma de comunicación entre el juez y la sociedad, en donde el primero rinde cuentas al segundo de la autoridad que se le ha confiado, también la sentencia es la forma como el juez defiende la validez y vigencia del derecho objetivo, aplicando éste al caso concreto que es disputado, finalmente la sentencia concluye un conflicto surgido de la inobservancia de la ley, pronunciándose sobre las pretensiones antagónicas –condenatoria y absolutoria- que le han presentado las partes. Con lo expresado es posible derivar cuando existe insuficiencia de motivación fáctica o jurídica y cuando tales motivaciones son totalmente carentes: 1. Carencia de motivación fáctica o jurídica: acontece cuando la sentencia no posee ninguna motivación fáctica o ninguna motivación jurídica, es decir, es la total omisión de fundamento probatorio o jurídico y con ello se produce el desconocimiento de las partes y del público en general, del por qué los juzgadores tomaron la decisión final, convirtiendo el pronunciamiento en arbitrario; 2. Motivación fáctica o jurídica insuficiente: se presenta en los casos en que los juzgadores hacen un esfuerzo limitado en razonar su decisión y por ende no sea posible con la lectura de la sentencia, retomar los pasos seguidos por los juzgadores, develar sus razonamientos y análisis, que desembocaron en los pronunciamientos del fallo. Son ejemplos de éste vicio, cuando se hace una descripción de los medios de prueba, mas no se consigna el proceso de valoración intelectivo, cuando dicha valoración se limita a manifestar que tal o cual prueba merece crédito o no merece crédito, sin expresar las razones de dicha conclusión o cuando en la fundamentación jurídica solo se hace la cita de las normas legales o se transcriben las mismas, sin ninguna explicación del por qué éstas están vinculadas al caso concreto y del por qué, en su caso, las normas invocadas por las partes no son aplicables. La insuficiencia de motivación también se presenta cuando los juzgadores, en la individualización de la pena concreta, no justifican la necesidad de la aplicación de la pena a imponer y su extensión (Artículo 2-D del Código Penal). De la procedencia del recurso. El Motivo Segundo es de Recibo con Efecto Extensivo. La motivación sobre hechos (fáctica) supone la parte esencial de la exigencia motivadora, en tanto es aquella por la que se conoce el proceso de convicción del órgano jurisdiccional sobre la culpabilidad o inocencia de una persona, en el sentido de la participación o no en el hecho delictivo imputado, la que justifica el ejercicio de la jurisdicción. Esta función solo puede realizarla el órgano jurisdiccional que ha percibido la prueba con la derivada practica de esta. El incumplimiento de dicho deber o su cumplimiento defectuoso, ya no solo puede suponer un defecto o vicio interno de la resolución que compromete su validez, sino que constituye una lesión directa al derecho a la tutela judicial efectiva que puede arrastrar como consecuencia la nulidad de la sentencia. La motivación actúa para permitir el más completo ejercicio del derecho de defensa por parte de los justiciables, quienes pueden conocer así los criterios jurídicos en los que se fundamenta la decisión judicial, y actúa también, como elemento preventivo de la arbitrariedad en el ejercicio de la jurisdicción; más no obliga a exigir un razonamiento exhaustivo y pormenorizado en todos los aspectos y perspectivas que las partes pueden tener en la cuestión que se decide. Por esta razón, la sentencia judicial debe considerarse como existencia de motivación, cuando contenga en primer lugar, los elementos y razones de juicio que permitan conocer cuáles han sido los criterios jurídicos esenciales fundamentadores de la decisión; y, en segundo lugar, una fundamentación en derecho. La Sala de lo Penal ha hecho estudio de la sentencia que ahora se impugna, concluyendo que la misma no fue construida en respeto de los artículos 141 y 338 del Código Procesal Penal. Para la acreditación de la participación de los acusados en los hechos fue presentado por parte del Ministerio Público la única declaración testifical del Testigo Protegido clave “P”, medio de prueba que requerían ser motivado, en especial si con éste, se lograba acreditar que los acusado eran responsable de los delitos imputados; empero en lugar de ello los Juzgadores realizaron una motivación vacía de contenido, sin hacer, comentario intelectivo al respecto. Completa el andamiaje probatorio propuesto por la acusación pública, 05 medios de pruebas periciales debidamente ratificadas por los peritos que las emitieron y 12 medios de prueba documental; por parte de la defensas privadas, fue evacuado la declaración testifical de la señora Luz Gabriela Villeda y el medio de prueba reconstrucción de hechos. De los anteriores medios probatorios, nada explican los juzgadores, porque unos son merecedores de crédito y porque otros no, cuales son los elementos de hecho que se extraen de las declaraciones testificales o del resultado del resto de prueba evacuada, como se relaciona tal contenido con la demás prueba y, principalmente, como esto permite vincular a los acusados con la muerte del Señor Simón Bayardo Santos Lamothe ocurrida el 04 de febrero de 2009; En resuman cual es esa “Verdad Real” que según los Juzgadores fue encontrada, producto de la evacuación de todo el andamiaje probatorio, limitandose los juzgadores a describir en la sentencia recurrida lo siguiente:“ Este Tribunal pudo apreciar el lugar y la hora en que sucedieron los hechos, según las declaraciones del testigo protegido con clave P, el cual se ubico y explico el lugar en el cual el se encontraba, determinando este Juzgador que si podía apreciar los hechos que se suscitaron, desde el lugar próximo o la distancia en la cual el se encontraba dicho testigo, quedando identificados que las personas que cometieron estos hechos son los imputados los cuales eran miembros de la Policía Nacional, atribuyéndoles la responsabilidad de los hechos. Este Tribunal después de analizar todo el engranaje probatorio allegado al proceso, establece que los señores imputados SANTOS VENTURA MEDINA LOPEZ, EDWIN ORLANDO CRUZ, JAIRO NOE GALVEZ, RUBEN HERNANDEZ CASTRO, WILMER ISABEL HERRERA, JOSE MAURICIO VALIENTE Y JOSE ERNESTO VELASQUEZ, son responsables a titulo de cómplices en los delitos de HOMICIDIO en perjuicio del señor SIMON BAYARDO LAMOTHE y ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOLACION DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS ADMINISTRACION PUBLICA. en perjuicio de LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. Así mismo que en el proceso a los imputados también se les ha venido acusando por el delito de TORTURAS en perjuicio del señor SIMON BAYARDO LAMOTHE, este Tribunal en base que en el expediente de merito a folio 444 del expediente 132-2011, existe una resolución por parte de la Sala Constitucional en donde ordena que este Tribunal debe abstenerse de dictar sentencia, hasta que se resuelva sobre la acción del Recurso de Amparo, este Tribunal no puede entonces pronunciarse sobre este delito de TORTURAS y será la Sala Constitucional que se referirá a tal extremo. OCTAVO: Por todo lo anterior, es criterio de este Tribunal Sentenciador que hay prueba de cargo suficiente para dar por acreditado que los señores SANTOS VENTURA MEDINA LOPEZ, EDWIN ORLANDO CRUZ, JAIRO NOE GALVEZ, RUBEN HERNANDEZ CASTRO, WILMER ISABEL HERRERA, JOSE MAURICIO VALIENTE Y JOSE ERNESTO VELASQUEZ. cometieron los injustos penales de cómplices en el delito de HOMICIDIO en perjuicio del señor SIMON BAYARDO LAMOTHE y cómplices en el delito de ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOLACION DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS, en perjuicio de la ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS; por tanto este Tribunal ha tomado a bien condenar de toda responsabilidad penal a dichos señores, en vista que considerar que el ente acusador con su actuar ha logrado destruir el estado de inocencia que constitucionalmente favorece a los imputados.” Sin duda, existe una carencia de motivación del examen valorativo intelectivo que debio hacerse a todo el andamiaje probatorio, desconociendose la razón que llevo a los juzgadores, del convencimiento para determinar la participación de cada uno de los acusados a titulo de complice en los hechos acusados, por los delitos de Homicidio, Abuso de Autoridad y Violación de los Deberes de los Funcionarios, en conclusión, no existe un rigor analítico en el tratamiento del cuadro probatorio, menos se consigna el proceso de valoración intelectivo. Adicional, esta Sala de lo Penal, se ve en la obligación de señalar, que existe una ausencia total de motivación descriptiva de los medios de prueba periciales, dado que los juzgadores solo se limitaron a describir: “SEGUNDO: A instancias del Ministerio Publico se evacuó a los peritos: 1.-ROSA MILAGRO GALO MACOTA, quien ratifico el dictamen que emitió. 2.-HENRY JEOVANY RODRIGUEZ EUCEDA, quien ratifico el dictamen que emitió. 3.-JUAN CARLOS VELASQUEZ VELASQUEZ, quien ratifico el dictamen que emitió. 4.-VICTORIA MEJIA LOPEZ, quien ratifico el dictamen que emitió. 5.-EDITH FUNEZ MARTINEZ, asignada a la fiscalia de Derechos Humanos, quien ratifico el acta de secuestro que realizo.” Se insiste, que la sentencia debe de ser autosuficiente, de su lectura cualquier persona debe de poder llegar a obtener la información que fue presentada a los Jueces para así acompañar a éstos en el proceso de valoración intelectiva. El solo enumerar prueba sin hacer una síntesis de su contenido, impide ese control social de la decisión judicial, pues a la postre se desconoce qué es lo que está valorando el Órgano Jurisdiccional y así poder determinar si esta valoración es consecuente o inconsecuente. Sin lugar a dudas los Jueces de Sentencia de la Ciudad de Juticalpa, departamento de Olancho, han construido una sentencia que contiene vicio in procedendo, que solo es corregible mediante la nulidad de la resolución. Tal defecto no solo se aprecia en perjuicio de los acusados Santos Ventura Medina López, Edwin Orlando Cruz Sierra, Jairo Noé Gálvez Galindo, Rubén Hernández Castro y Wilmer Isabel Herrera Sánchez, del cual se interpuso el presente recurso de Casación, sino también en perjuicio de los acusados José Mauricio Valiente Herrera y José Ernesto Velásquez Rodríguez. Siendo ser de recibo el recurso de casación por Quebrantamiento de Forma en su segundo motivo con efecto extensivo a los imputados José Mauricio Valiente Herrera y José Ernesto Velásquez Rodríguez, interpuesto por los Abogados Ronal Quinter Murillo Ruiz y Silvia Marina Ordoñez Sánchez, actuando en su condición de Defensores Privados de los encausados Santos Ventura Medina López, Edwin Orlando Cruz Sierra, Jairo Noe Gálvez Galindo, Rubén Hernández Castro y Wilmer Isabel Herrera Sánchez; y a efecto de mantener la coherencia en el pronunciamiento judicial de esta Única Instancia, resulta no oportuno hacer un análisis en cuanto a la denuncia hecha por el resto de motivos del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, asimismo por el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su único motivo. Recurso de Casación por Infracción de Ley. Interpuesto por el Abogado Denys Alberto Funes Laínez, en su condición de defensor privado del señor Jose Mauricio Valiente Herrera. Al haber prosperado con efecto extensivo a los acusados José Mauricio Valiente Herrera y José Ernesto Velásquez Rodríguez, el segundo motivo del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, planteado por la defensa privada de los señores Santos Ventura Medina López, Edwin Orlando Cruz Sierra, Jairo Noé Gálvez Galindo, Rubén Hernández Castro y Wilmer Isabel Herrera Sánchez; por los efectos jurídicos subsiguientes que conlleva, se exime el estudio y pronunciamiento del único motivo del Recurso de Casación por Infracción de Ley planteado por el abogado Denys Alberto Funes Laínez. DECISIÓN: Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su segundo motivo con efecto extensivo. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 362.3 del Código Procesal Penal. FALLA: Primero: Declara Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su segundo motivo, interpuesto por los Abogados Ronal Quinter Murillo Ruiz y Silvia Marina Ordoñez Sánchez, actuando en su condición de Defensores Privados de los encausados Santos Ventura Medina López, Edwin Orlando Cruz Sierra, Jairo Noe Gálvez Galindo, Rubén Hernández Castro y Wilmer Isabel Herrera Sánchez el cual debe ser extensivo a los imputados José Mauricio Valiente Herrera y José Ernesto Velásquez Rodríguez. Segundo: Casa la sentencia de fecha diecinueve de noviembre del año dos mil doce, dictada por el Tribunal de Sentencia de Juticalpa, departamento de Olancho, decretando su nulidad y de la audiencia de debate que le origina, de fecha veinticuatro de julio del año dos mil doce. Y MANDA: Primero: Observando estrictamente los términos señalados en el Código Procesal Penal, que el Tribunal de Sentencia de Juticalpa, departamento de Olancho, proceda a celebrar un nuevo juicio para resolver la acusación penal incoada por el Ministerio Público en contra de los señores Santos Ventura Medina López, Edwin Orlando Cruz Sierra, Jairo Noé Gálvez Galindo, Rubén Hernández Castro, Wilmer Isabel Herrera Sánchez, José Mauricio Valiente Herrera y José Ernesto Velásquez Rodríguez por los delitos de Homicidio, Abuso de Autoridad y Violación de los Deberes de los Funcionarios en perjuicio de Simón Bayarado Santos Lamothe y La Administración Pública del Estado de Honduras, en el cual deberán participar jueces distintos a aquellos que concurrieron a la audiencia de juicio que tuvo como resultado la sentencia de fecha diecinueve de noviembre del año dos mil doce. Segundo A efecto de que se acate lo mandado, la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas en única instancia, deberá devolver los antecedentes del caso al tribunal de justicia de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento. Notifíquese. – Firmas y Sello. -José Olivio Rodríguez Vásquez. Magistrado Coordinador. Rafael Bustillo Romero. Magistrado. Alma Consuelo Guzmán García. Magistrada. Firma y Sello. – Jose Ramon Cruz Ferrera. Secretario Sala de lo Penal.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cinco días del mes de junio de dos mil veintitrés. Certificación de la Sentencia dictada a los treinta y un días del mes de marzo de dos mil veintidós, recaída en el expediente de casación con número de ingreso SP-400-2014.
RINA KORITZA SANDOVAL NAVAS
RECEPTORA ADSCRITA SALA DE LO PENAL
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