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Sentencia CP-40-19 — Registro 17554

Resumen

En primera instancia se condenó al imputado como autor, del delito de Portación Ilegal de Arma Comercial, en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras, resolviendo en segunda instancia Con Lugar el recurso de casación.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"... DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO.- EL RECURSO ES DE RECIBO. El Censor 1 ha planteado como punto de discusión el ingreso realizado por la Policía Nacional preventiva a la morada del acusado Roger Nahum Vásquez, pues considera que los agentes del Estado no tenían causa de justificación para ello, convirtiendo tal incursión en un acto ilícito por contrariar el artículo 99 de la Constitución de la República, lo que se replica respecto a todas las fuentes de prueba derivada, consistente en la incautación de cuatro armas de fuego, así como el estudio pericial practicado a cada una de ellas. Como contenido del alegato señala el Censor 1 que no existía condición de flagrancia y que además la autorización dada por la señora Marlen Granados es inválida pues ésta no era moradora de la habitación donde residía el acusado y que además cuando declaró señaló haber sido engañada. El argumento recursivo lleva a la Sala de lo Penal a hacer examen del proceso penal.- En la sentencia, los juzgadores indicaron que la declaración del agente de policía Wilmer Joel López merecía credibilidad, y que entretanto la declaración de la señora Marlen Waleska Rodríguez no era de crédito; pero además y en la valoración intelectiva, los jueces señalaron que el acusado rentaba una habitación en la edificación allanada y que aun cuando los agentes de policía solicitaron autorización para el ingreso, que esta autorización no era necesaria pues estaban dando respuesta a una denuncia recibida de personas que se encontraban en el área infundiendo miedo y por ende investigando la comisión de un delito; los jueces subrayan que se trato de “una persecución en caliente” es decir producto de un delito cometido infraganti y que por ello los agentes de policía estaban legitimados a ingresar al domicilio. Lo indicado por los juzgadores determina que dan por cierto que la policía procuró obtener una autorización de ingreso a la vivienda, pero considera que ésta no era necesaria dado que los agentes se vieron ante un delito flagrante, lo que les autoriza a realizar el allanamiento según la legislación vigente; empero este razonamiento requiere ser estudiado de manera templada.- La base de lo decidido por el Tribunal de Sentencia es la declaración del agente de policía Wilmer Joel López Gómez, al que se le dio pleno crédito de sus dichos; este testigo refirió que el 31 de agosto de 2016 realizaba un patrullaje cuando fueron notificados por radio de una denuncia ciudadana que en la Colonia Ayestas, en el séptimo pasaje estaban dos ciudadanos, supuestos miembros de una pandilla, atemorizando a las personas; esta primera parte de la declaración explica por qué los agentes de policía acudieron al lugar pero deja claro que la denuncia era de dos personas “atemorizando”, sin que ello en si mismo implique la descripción del cometimiento de un delito, por lo que la autoridad estatal correctamente acude pero sin conocimiento de si lo denunciado se trata o no, de un hecho delictivo.- El testigo López Gómez, sigue su relato señalando que al llegar divisaron a dos personas, y que éstas, al percatarse de la presencia policial salieron corriendo internándose en una cuartería, por lo que como policía les dieron persecución; el testigo dejó claro como consecuencia de una pregunta del agente fiscal que se les dio persecución a razón de haber salido corriendo. Esta parte del relato describe a dos personas que deciden correr para alejarse de la policía, lo cual si bien constituye una conducta sospechosa, en si misma no es un delito; así entonces ni la llamada de radio avisando la existencia de dos personas atemorizando, ni el hecho de que al llegar al lugar dos personas salieron corriendo al ver la policía constituye un hecho delictivo flagrante, pues el testigo no señala en tal relato que hayan observado que las personas que corrían estuviesen realizando en ese momento un acto delictivo y específicamente que estuviesen portando algún arma de fuego. El testigo indica que siguieron a las personas a una cuartería, con lo cual tenían claro que en el inmueble existían varios cuartos ocupados de manera independiente como morada por personas. Al continuar con su relato el testigo López Gómez señala que previo solicitaron la autorización para el ingreso a la habitación del acusado a una señora hija de la dueña del inmueble; tal actuación descarta lapidariamente que no se trataba de una situación en flagrancia pues los propios agentes de policía evaluaron la necesidad de pedir una autorización para poder ingresar; de tratarse de una situación flagrante, en donde se hubiese estado cometiendo un delito, los agentes de policía hubiesen procedido al ingreso inmediato a la morada para evitar su consumación o para aprehender a los responsables del ya consumado.- Respecto a la autorización el agente de policía, testigo de la causa, señala que fue solicitada no a los moradores, sino a la hija de la dueña del inmueble, es así que le era clara la identidad de la persona que rendía esa autorización, que era distinta a aquellas que ocupaban el cuarto como morada; para la Sala de lo Penal es importante resaltar que, tal y como manda la norma constitucional, el ingreso a una morada solo puede ser concedido por quienes le habiten, por tanto y aun cuando la autorización la hubiese dado la persona dueña del inmueble (que tampoco fue así en el caso concreto), el ingreso a la habitación del acusado no estaba amparado en ley pues no fue éste quien concedió dicho permiso u otra persona que viviese en el mismo lugar.- Como última parte de la declaración del testigo López Gómez, éste indica que fue hasta que realizaron el ingreso en el espacio donde tenía la morada el acusado, se produce el hallazgo de las armas de fuego, las que fueron incautadas, motivo por el cual se le dio aprehensión al acusado en ese momento, presentado ante un órgano jurisdiccional la acción penal, misma que generó la sentencia condenatoria que hoy es objeto de impugnación. Concluye la Sala de lo Penal que, tal como lo señala el Censor 1, no existió ningún hecho de delito flagrante que justificara el ingreso a la vivienda del acusado sin autorización de éste o sin autorización judicial; tampoco se considera válido el permiso obtenido por la policía para realizar el ingreso y registro pues tal permiso no fue dado por alguno de los moradores del espacio que fue irrumpido por la policía.- Ello trae como consecuencia que el Ministerio Público previo a presentar el requerimiento fiscal, el Juzgado de Letras y el Tribunal de Sentencia en conocimiento del proceso penal debieron declarar como un acto ilícito el allanamiento realizado el 31 de agosto de 2016 en a vivienda del acusado Roger Nahum Vásquez Contreras, ubicada en la Colonia Ayestas, sector de la Aldea de El Carmen, en el Municipio de San Pedro Sula, departamento de Cortés; pero además declarar ilícita toda la prueba que necesariamente se derivo de dicho allanamiento, como ser: i.- La inspección ocular realizada por la policía a la morada del acusado y su documentación en el Acta No. 2074-2016, ii.- La incautación de cuatro armas de fuego: arma tipo fusil AK-47, un arma tipo pistola calibre 9mm, marca Ruger, propiedad del señor Silberio Jovel López, un arma tipo escopeta marca Mossberg calibre 12mm sin serie y un arma de fuego tipo pistola, calibre 9mm, marca Bersa, serie 581880; iii.- El dictamen pericial balístico No. 2016-0501-0502-3996 que deriva directamente de la incautación de las armas de fuego que a su vez derivan del allanamiento ilícito. Finalmente la Sala de lo Penal señala que la aplicación de la cláusula de exclusión de prueba por ilicitud opera plenamente al no identificarse en el caso concreto la concurrencia de ninguna de las excepciones a esta, pues no existe una fuente independiente que llevase a la incautación de las armas, tampoco la existencia de una cadena causal independiente que llevase a un hallazgo inevitable, mucho menos que un vínculo atenuado entre el allanamiento ilícito y la incautación de las armas pues son consecuentes directamente, ni tampoco una actuación policial de buena fe, pues como explicó el agente de policía no existía apariencia de un delito flagrante y además se estaba consciente de que el permiso se solicitó a una persona distinta a aquella que moraba en el lugar que se quería allanar..."

Legislación citada

Sentencia

Certificación

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA la sentencia, que literalmente dice: “Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los ocho días de septiembre de dos mil veintidós, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Rafael Bustillo Romero en su condición de coordinador, Alma Consuelo Guzmán García y Edwin Francisco Ortez, por excusa justificada del magistrado José Olivio Vásquez Rodríguez. pronuncian, en nombre del estado de honduras La sentencia en el Recurso de Casación SP 40-2019, conociendo de los Recursos de Casación por Infracción de Precepto Constitucional y por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha veintidós de junio de dos mil dieciocho, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, departamento de Cortés, mediante la cual falló: Primero: Absolvió al señor Roger Nahum Vásquez Contreras, del delito de Posesión de Municiones de Guerra de uso Prohibido, en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras. Segundo: Condenó al señor Roger Nahum Vásquez Contreras, como autor, del delito de Portación Ilegal de Arma Prohibida, en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras, a la pena de ocho años de reclusión más una multa de cinco mil lempiras (L.. 5,000.00). Tercero: Condenó al señor Roger Nahum Vásquez Contreras a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo que dure la condena principal. Cuarto: Condenó al señor Roger Nahum Vásquez Contreras, como autor, del delito de Portación Ilegal de Arma Comercial, en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras, a tres años de reclusión. Quinto: Condenó al señor Roger Nahum Vásquez Contreras a las penas accesorias de inhabilitación especial e interdicción civil por el tiempo que dure la condena principal, asimismo, se declaró la responsabilidad civil del señor Roger Nahum Vásquez Contreras. Sexto: No procedió la condena en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio. Séptimo: Se ordenó el comiso y destrucción del arma de fuego tipo fusil AK-47, serie no legible y de las armas de fuego: tipo pistola, marca RUGER, serie 315-08267; arma de fuego tipo escopeta calibre 12 mm, color negra y gris y arma de fuego tipo pistola, marca BERSA, serie 581880 calibre 9mm, color negra sin perjuicio de la devolución de las mismas a quien acredite su legítima propiedad. son partes en la única instancia: Censor 1: Abogados Arnaldo Alcides García Alvarado y Mario Renieri Amador Espinal, agentes de la Defensa Pública, apoderados legales del acusado Roger Nahum Vasquez Contreras; y Censor 2: Abogada Marla Iris Cárdenas Guardado, agente fiscal del Ministerio Público. hechos probados de la instancia Único: El treinta y uno de agosto del año dos mil dieciséis, a las 10:20 de la mañana, agentes de la Policía Nacional realizaban un patrullaje de rutina en el segundo anillo de circunvalación de esta ciudad de San pedro sula, cuando recibieron una denuncia vía radio de la Central de Comunicaciones, manifestando que en la Colonia Ayestas, sector Aldea El Carmen, se encontraban dos personas armadas infundiendo el temor, por lo que se desplazaron a dicho lugar, logrando divisar a dos personas del sexo masculino, quienes al percatarse de la presencia policial salieron en veloz carrera, siendo perseguidos por los agentes, quienes al observar que se introdujeron en una vivienda, ingresaron inmediatamente a la misma, requiriendo al Señor Roger Nahum Vasquez Contreras, encontrando en el interior del cuarto donde habitaba un arma tipo fusil AK-47, un arma tipo pistola calibre 9mm, marca Ruger, propiedad del Señor Silberio Jovel López, un arma tipo escopeta marca Mossberg calibre 12mm sin serie y un arma de fuego tipo pistola, calibre 9mm, marca Bersa, serie 581880, sin la respectiva autorización administrativa para poseer las armas comerciales. Recurso de Casación. - Motivos y Argumentos Censor 1.- Recurso De Casación Por Infracción de Precepto Constitucional MOTIVO UNICO: Infracción del precepto constitucional contenido en los artículos 89, 90 y 99 de la Constitución de la república; y 212 Código Procesal P. Precepto Autorizante: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 361 del Código Procesal Penal. Exposición Del Motivo. Las normas sustantivas infringidas son los artículos 89, 90 y 99 de la constitución de la República que establecen: Artículo 89. "Toda Persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente". Artículo 90.- "Nadie puede ser Juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece”. Artículo 99.- "El domicilio es inviolable. Ningún ingreso o registro podrá verificarse sin consentimiento de la persona que lo habita o resolución de autoridad competente. No obstante, puede ser allanado, en caso de urgencia, para impedir la comisión o impunidad de delitos o evitar daños graves a la persona o a la propiedad”. - En relación con el Articulo 212 Código procesal Penal: "Requisitos para practicar allanamiento de morada… Lo dispuesto en el párrafo anterior no será aplicable en el caso de flagrancia o cuando la medida sea necesaria para impedir la comisión de un delito, para evitar la fuga de un delincuente o la destrucción, pérdida u ocultamiento de la pruebas o evidencias con miras a lograr la impunidad de los responsables y no sea posible esperar el tiempo necesaria para solicitar la autorización judicial. Artículos estos que han sido violentados por el Tribunal de Sentencias, por una parte al manifestar: Que considera que no existió violación al domicilio del acusado, en vista que existió una denuncia previa de la posible comisión de un ilícito, que motivo a la Policía Nacional a realizar diligencias de investigación y la persecución del sospechoso, por lo que incluso no ameritaba la autorización de ningún juez para poder ingresar a la habitación, ya que se cumplió con uno de los requisitos exigidos tanto por la Constitución de la República en su artículo 99 como por el Código Procesal Penal en el artículo 212 párrafo segundo, al tratarse de una medida necesaria.- Por lo cual se declaró sin lugar el incidente de nulidad planteado por la parte defensora al inicio del juicio. La defensa del Imputado al analizar el expediente en su conjunto observo desprenderse del mismo que el Tribunal Sentenciador debió declarar nulo lo relacionado a la prueba recabada en el lugar del hecho con respecto al allanamiento de la vivienda del señor Roger Nahún Vasquez Contreras y que erróneamente lo consideró como prueba de valor para condenar a mi representado, en vista que al momento de ingresar a la vivienda no existió autorización por el habitante de esta, donde obtuvieron la evidencia supuestamente decomisada, invadiéndose de esta forma el domicilio del señor Roger Nahúm Vásquez, lugar donde se encontraba el imputado sentado, según la declaración del testigo de cargo policía Wilmer López rendida en juicio oral, desprendiéndose de la misma que nuestro representado no estaba realizando ningún acto de flagrancia de delito alguno, por lo que el salir corriendo no representa ninguna actividad criminal, considerándose para tal efecto que la autorización realizada por la señora Marlen GRANADOS para ingresar al domicilio de nuestro representado, fue arbitraria en vista que la misma no estaba facultada para dar dicha autorización, en tal sentido toda la prueba recolectada en dicha vivienda es nula por ser producto de un acto viciado.- Por lo que la ilegalidad de dicho acto proviene no solo de la vulneración de una norma de orden procesal o de una simple omisión de una formalidad, sino por el contrario de un comportamiento que compromete el respeto del marco constitucional, al vulnerarse directamente lo que la constitución no tolera ni permite, que se procediera a la entrada y registro de una morada, sin el previo control de legalidad del acto efectuado en este caso por el tribunal sentenciador, cuando esta situación acontecía, por lo que el acto cuestionado debía ser declarado nulo, porque la vulneración de una garantía constitucional acarrea de pleno derecho, nulidad del acto viciado, por imperativo constitucional. Consideramos y como se manifestó antes el Tribunal sentenciador debió declarar nulo lo relacionado al Allanamiento de Morada propiedad del señor Roger Nahúm Vásquez y que la evidencia encontrada erróneamente se consideró como prueba de valor por parte del Tribunal, lo cual no es cierto y nos deja la duda razonable si observamos detenidamente la declaración del policía Wilmer López y prueba documenta Autorización de ingreso firmada por la señora Marlen Granados quien al comparecer a juicio estableció que si firmó la autorización para que ingresara la policía, aunque dijo que fue engañada, este ingreso de la policía a la morada de Roger Nahúm Vásquez sin autorización del mismo es objeto de injerencias arbitrarías o abusivas del domicilio, debiendo cualquier persona respetar el área destinada de manera exclusiva al particular, por lo que la recolección de esa prueba se hizo irrespetando garantías constitucionales, en el entendido que la ley limita el uso de ese tipo de actuaciones para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos. Honorables Magistrados consideramos que la prueba recolectada por la Policía Nacional proveniente de una acción ilegal por parte de estos, y la cual fue vertida en juicio es prueba ilícita (espuria) o prohibida, que es aquél medio de prueba que resulta por sí mismo capaz de proporcionar elementos que permitan llegar a constatar la existencia de un hecho deducido en proceso, pero que el ordenamiento jurídico prohíbe utilizar, es decir que estaríamos ante una prueba ilícita testifical y documental por vinculo procesal por la forma en que se obtuvo, por lo que creemos que la prueba es el elemento procesal más susceptible de ser alterada, pues su manipulación se puede dar en varios momentos: a) a la hora de formarla, b) a la hora de aplicarla; y, c) al momento de decisión Judicial. Queremos manifestar que la prueba en materia penal es sinónimo de garantía y como tal debe manejarse tanto en la fase de formación, como al introducirla en el proceso y finalmente al momento de apreciarle por parte del Juzgador quien debe acudir a los más estrictos criterios dentro del esquema de la libre convicción (sana critica) para no mancillar esa condición, pues la naturaleza de garantía la convierte en imperativa, de ahí que cada vez que la prueba venga vulnerada y se le niegue este carácter de garantía en el proceso penal, la consecuencia lógica es la Nulidad Absoluta de esta. Y como es lógico, los efectos que de ella profanan, por lo que no podemos dudar que cuando el Juzgador basa su decisión en una prueba ilícita no viola la norma que disciplina el método para adquirir, aplicar o valorar la prueba, sino que viola directamente la norma que lo vincula a juzgar conforme a pruebas legítimas.- Sabemos que el Tribunal sentenciador le dio valor probatorio a la prueba recolectada por la Policía Nacional quienes allanaron propiedad privada sin previa autorización de su dueño, lo cual nos lleva a dudar de la veracidad de la declaración de los testigos de cargo que fueran valorados por la el Tribunal para condenar al imputado, por lo que consideramos que esta praxis también violento derechos fundamentales, que unidos a otros elementos corroboran los hechos, considerándose como se dijo antes una injerencia arbitraria o abusiva en el domicilio, por lo que toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o ataques, por consiguiente no puede constituir prueba acusatoria si este es el único medio de prueba. Si queremos hacer realidad nuestro anhelo de tener un proceso ajustado a derecho, necesariamente, debemos respetar la forma que la Constitución nos indica. Todo ello para lograr una tutela eficaz de la persona humana y de sus derechos fundamentales, debemos "Venerar" nuestra ley fundamental y defenderla de quienes no quieran acatarla. Es la única manera de lograr la efectiva vigencia del derecho constitucional al debido proceso que toda persona tiene. No puede aceptarse que la lucha procesal sea como una guerra en la cual el "fin justifique los medios" de manera que se pueda recurrir aun a las peores atrocidades con el pretexto de querer encontrar la verdad para aplicar la sentencia. Partimos del hecho que un testimonio es una prueba licita; una confesión es una prueba licita; una confesión es una prueba licita; pero si aquel o esta se obtiene mediante la violación a un derecho fundamental como lo es la violación a la privacidad del domicilio, se convierte en un medio ilícito de administrar justicia. En una palabra, será ilícito todo aquel elemento probatorio que sea consecuencia de un procedimiento irrespetuoso de las formas que la ley establece para la obtención de la prueba. El hacerlo así sería pretender hacer justicia violando la ley, lo que sería una “paradoja jurídica”, por lo que el único camino hacia la justicia es el respeto a nuestra carta magna. Y los únicos vehículos que nos llevaran a aquel destino son las garantías. Por consiguiente, haciéndolo así haremos que sea la justicia Judicial realmente un instrumento de tutela y no un instrumento de agravio. Dicho lo anterior se colige que es una obligación del Estado y especialmente impartiendo justicia en un proceso penal el no escatimar ningún esfuerzo en la búsqueda de la verdad real, para garantizar a quien lo enfrenta, un juicio justo, el hecho de tomar en cuenta la prueba supra indicada para basar su fallo y condenar por Portación Ilegal De Arma Prohibida a mi representado ROGER Nahum Vasquez Contreras manifestando el Tribunal considerarla como prueba de valor, esto es una flagrante violación al derecho de defensa del imputado, lo cual solo puede ser subsanado a través del presente recurso de casación.- asimismo tomando en cuenta lo que establece el ordenamiento procesal penal en la doctrina denominada teoría de los frutos del árbol envenenado según la cual todo lo que sea resultado de un acto ilícito, será igualmente ilícito, y tratándose de actos de prueba no podrán ser valorados como tales para enervar el estado de inocencia del imputado. Reclamación Hecha Para La Subsanación Del Yerro. Siendo que el Tribunal de Sentencias tomo en cuenta una prueba ilícita propuesta por el ente acusador admitida en tiempo y forma, basando por una parte su fallo el tribunal bajo el argumento de considerarlo como prueba de valor, para así condenar a mi representado por Portación Ilegal De Arma Prohibida en perjuicio de La Seguridad Interior Del Estado De Honduras, resolución con la cual no está de acuerdo la defensa del indiciado, por violentarse no solo garantías constitucionales como ser el artículo 99, procesales artículo 200; sino que también convenios internacionales como ser el artículo 12 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos, y artículo 17 No.1 del Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos, lo cual únicamente puede ser subsanado a través del presente recurso. Censor 2.- Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma Único Motivo: “No haber observado el sentenciador, en la Valoración de la prueba las reglas de la Sana Critica”. Precepto Autorizante: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Articulo 362 numeral 3, del Código Procesal Penal. Explicación Del Motivo: La sentencia que hoy se cuestiona por esta vía impugnativa. contiene un vicio grave que atenta contra las reglas de la sana crítica al no haberse respetado las mismas en la valoración probatoria. Al hacer la valoración de la prueba el Tribunal estimó "En este sentido en relación a la cartuchería de municiones AK-47 que le fue decomisada al acusado. Siendo que se le ha dictado una Sentencia Condenatoria por el delito de Portación Ilegal de Arma Prohibida, estiman estas juzgadoras que dicha conducta se encuentra inmersa en el tipo penal referido, por lo que no se puede penalizar doblemente el accionar antijurídico realizado por el encausado. Por lo que deviene el Tribunal en la obligación de dictar a un fallo absolutorio a favor del procesado por el delito de Posesión Ilegal De Municiones Prohibidas, al no haberse logrado destruir el estado de inocencia con respecto a dicha imputación criminal" (ver la sentencia pagina 13 párrafo primero renglón 6 en su apartado de la Fundamentación Jurídica). En virtud de lo anterior, debemos señalar que las apreciaciones hechas por el Juzgador las consideramos como una infracción a Regla Lógica de la Derivación integrado por el principio de Razón Suficiente, en su característica de suficiencia, pues aunque el juzgador concede credibilidad a la prueba de cargo, no logra llegar a la convicción de que Roger Nahum Vasquez Contreras es autor de la comisión del delito de Posesión Ilegal De Municiones Prohibidas, en perjuicio de La Seguridad Interior Del Estado De Honduras conclusión a la que hubiese llegado de haber valorado la prueba de forma conjunta y armónica, pues con la misma se logró acreditar sin lugar a dudas los siguientes hechos; Con el dictamen balístico quedo científicamente establecido que lo encontrado en la habitación del imputado son municiones calibre 7.62 por 39 mm correspondientes al arma de fuego tipo fusil AK-47 también se encontró esta arma en la habitación del imputado corresponde a un arma AK-47 por lo cual es obvio que tiene poseer la munición para usar el arma de fuego. Se pudo determinar mediante el acta de Inspecciones Oculares, que dentro una mochila se encontraron cartuchos calibre 7.62 por 39 mm correspondientes a un arma de fuego AK-47 a sí mismo el arma se encontraba cargada con 25 cartuchos por lo tanto el imputado poseía municiones en reserva para poder utilizarlas después, en su habitación. Así mismo la declaración del testigo de cargo Wilmer Joel Lopez Gomez, quien al darle persecución al imputado y encontrar en su habitación las municiones en una cantidad considerable, por lo que con la prueba desarrollada se ha establecido el delito de Posesión Ilegal De Municiones Prohibidas. En este orden de resultados obtenidos de la prueba evacuada en el proceso. El Ministerio Publico no logra extraer la razón por la cual el sentenciador dejo de valorar el contenido de la misma, ya que el testimonio es congruente, preciso y claro, la prueba fue, legalmente incorporada, y al ser analizada de manera conjunta y armónica, conduce toda ella a la conclusión de que el imputado sí perpetro el hecho delictivo de Posesión Ilegal De Municiones Prohibidas por ende con el proceso intelectivo de valoración del material probatorio de cargo, se vulneró, como antes se expuso, la Sana Critica que debió observar el juzgador al momento de valorar la prueba antes señalada, infringiendo el postulado de la Derivación integrado por el principio de la Razón Suficiente en su característica de suficiencia. Por lo anteriormente expuesto solicitamos se declare procedente el motivo de casación anulando el fallo recurrido, ordenando la devolución de los antecedentes al respectivo Tribunal de Sentencia, para que el trámite de que se trate sea substanciado de conformidad con la ley. Por haberse producido el vicio in procedendo denunciado en el acto mismo de sentenciar, no ha podido efectuarse reclamación alguna para la subsanación del mismo. Fundamentación Jurídica Recurso de Casación por Infracción Precepto Constitucional El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional; Esta Sala de lo Penal ha entendido que se trata de una tercera vía recursiva distinta a las tradicionales de fondo (infracción de ley) y forma (quebrantamiento de forma). Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior[1]. En general toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso deberánunciar la infracción de un derecho fundamental, un derecho reconocido en el bloque constitucional o de doctrina legal constitucional, cuando dicha violación haya tenido una influencia decisiva en la decisión del órgano jurisdiccional; En este último sentido Llorente Fernández expresa que (Llorente Fernández De La Reguera, Ángel, en Los Recursos, Cuadernos de Estudios Judiciales, RAFAEL ALVARADO MANZANO, LITICOM, Tegucigalpa, 2001, págs. 113-115): “la jurisprudencia española ha puesto de manifiesto que este cauce impugnatorio no está previsto para alegar, bajo su cobertura, la vulneración de cualquier norma constitucional, sino específicamente la infracción de aquellas que tienen una estrecha y directa relación con el objeto del proceso en que son invocados. Serán, por tanto, los derechos fundamentales ligados al proceso con carácter general los que tengan cabida en esta vía impugnativa y de un modo especial aquellos que el recurrente entienda que han sido conculcados en el caso concreto...”. Entonces los motivos a plantear en este Recurso de Casación, presentados bajo Numerus Apertus, son: 1. Negación de un Derecho Constitucional o que integre el bloque constitucional, o de Doctrina Legal Constitucional, de carácter procesal penal o penal sustantivo; 2. Aplicación Restrictiva de un Derecho Constitucional o que integre el bloque constitucional, o de Doctrina Legal Constitucional, de carácter procesal penal o penal sustantivo; 3. Interpretación errónea sobre la naturaleza y/o alcance de un derecho Constitucional del bloque Constitucional, o sobre una Doctrina Legal Constitucional, que atañe al derecho procesal penal o al derecho penal sustantivo. En una buena técnica recursiva, el recurrente debe hacer mano de este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional de amplia aplicación (Recurso Ordinario), en contraposición con los recursos de Infracción de Ley, Infracción de Doctrina Penal y Quebrantamiento de Formas Procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores (Recursos Extraordinarios). La esencia del recurso de Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del Principio de Convencionalidad y el Principio de Primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. Censor 1: Acusado Roger Nahum Vasquez Contreras.- Motivo Único. Norma Autorizante citado: 361 del Código Procesal Penal; Normas que se denuncian Infringidas: Artículos 89, 90 y 99 de la Constitución de la República, en relación con el artículo 212 del Código Procesal Penal; Concepto de la Infracción: allanamiento ilegal y derivación de fuentes de prueba ilícita; Reclamo Ex Ante al Recurso de Casación: Sin determinar por el Censor 1; Pretensión: Sin determinar por el Censor 1. El Censor 1 denuncia que los agentes de policía ingresaron ilícitamente a la vivienda del acusado en donde encontraron armas de fuego que son objeto de la condena pronunciada por el tribunal de sentencia; replica que según el A-quo “… no existió violación al domicilio del acusado en vista que existió una denuncia previa de la posible comisión del ilícito que motivo a la policía nacional a realizar diligencias de investigación y la persecución del sospechoso, por lo que incluso no ameritaba la autorización de ningún juez para poder ingresar a la habitación…”, siendo el criterio de la defensa que se debió declarar nulo lo relacionado a la prueba recabada en el lugar del hecho con respecto al allanamiento de la vivienda del acusado, siendo un error que el a-quo la haya considerado como prueba de valor.- Afirma el Censor 1: a.- Que el hecho que el acusado saliera corriendo no representa ninguna actividad criminal; b.- Que se consideró la autorización dada por la señora Marlen Granados para ingresar al domicilio del acusado, quien no estaba facultada para extender la misma. Señala el Censor 1 que la prueba recolectada por la Policía Nacional proviene de una acción ilegal por parte de éstos; que a esa prueba el tribunal le ha dado valor, prueba que es producto del allanamiento hecho por la policía nacional sin la autorización del dueño, lo que es una injerencia arbitraria y abusiva en el domicilio. De la Aprehensión Flagrante En sentencia del 21 de Septiembre de 2006, en el caso Servellón García y otros vs. Honduras, la Corte IDH, señaló que: “89.- La restricción del derecho a la libertad persona, como es la detención, debe darse únicamente por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas o por las leyes dictadas conforme a ellos (aspecto material), y además con estricta sujeción a los procedimientos objetivamente definidos en la misma (aspecto formal). “.- Agrega la sentencia que “90.- Asimismo la Convención prohíbe la detención o encarcelamiento por métodos que pueden ser legales, pero que en la práctica resultan irrazonables, o carentes de proporcionalidad. La Corte ha establecido que para que se cumplan los requisitos necesarios para restringir el derecho a la libertad personal, deben de existir indicios suficientes que permitan suponer razonablemente la culpabilidad de la persona sometida a un proceso y que la detención sea estrictamente necesaria para asegurar que el acusado no impedirá el desarrollo eficiente de las investigaciones ni eludirá la acción de la justicia. “. Por su parte la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su informe No. 35/08, caso 12,019 Antonio Ferreira Brega Brasil, del 18 de julio de 2008, señaló que: “68.- La Comisión entiende, que una detención es arbitraria e ilegal cuando es practicada al margen de los motivos y formalidades que establece la ley, cuando se ejecuta sin observar las normas exigidas por la ley y cuando se ha incurrido en desviación de las facultades de detención, es decir cuando se practica para fines distintos a los previstos y requeridos por la Ley. Este órgano ha señalado también que la detención para fines impropios es, en sí misma, un castigo o pena que constituye una forma de pena sin proceso o pena extralegal que vulnera la garantía del juicio previo, lo cual propicia a que el término “arbitrario” sea considerado sinónimo de “irregular, abusivo, contrario a derecho”.”. Conforme a la legislación hondureña, solo es procedente la detención de una persona por orden escrita emitida por autoridad competente o en los casos de flagrancia. 1. Orden Escrita Emitida Por Autoridad Competente: La orden deberá ser emitida por un órgano jurisdiccional con competencia objetiva para conocer el caso concreto (Orden de Aprehensión) o, en los casos expresamente señalados por la ley, por el Ministerio Público (Orden de Detención Preventiva). (Art. 1, 61, 69 y 84 de la Constitución de la República; 173.1 y 176 del Código Procesal Penal). Además la orden deberá ser escrita (no verbal), en la cual deberá consignarse el nombre y apellidos completos de la persona o persona que se solicita sea objeto de aprehensión, agregando las generales de identidad que sean conocidas hasta el momento; el delito por el cual está siendo procesado o por el cual se le ha condenado; e identificación de la persona natural o jurídica que sea víctima y/o perjudicada.- Será indispensable que cuando se trate de la primera aprehensión de una persona procesada, que la orden contenga además una relación sucinta de los hechos objeto de imputación, a efecto de darlos a conocer a la persona al momento de la aprehensión (tercer párrafo del artículo 84 de la Constitución de la República). El motivo de la orden de aprehensión o de detención preventiva, deberá estar tipificado como delito que merezca pena privativa de libertad, fijado así con anterioridad al hecho que se le impute a la persona requerida. Por otra parte, la orden deberá ser dirigida para que sea ejecutada por la Policía de Investigación de la Secretaría de Estado en los Despachos de Seguridad Pública o a la Agencia Técnica de Investigación o a la Dirección Nacional de Lucha contra el Narcotráfico, dependientes del Ministerio Público cuando el hecho sea de aquellos que indica la ley deben de ser investigados por estas agencias y, en defecto de todos estos, a la Policía Preventiva. 2.- Personas en Delito Flagrante: La Flagrancia, conforme la doctrina científica procesal, es una condición mediante la cual un tercero observa las acciones delictivas realizadas por una persona mientras acontecen, es pues que se trata de un evento casual donde converge la acción delictiva y la contemplación de dichas acciones por el tercero que las percibe directamente. Por ello la condición de flagrancia es condicionada, puesto que depende precisamente de la concurrencia del tercero que observa y/o sorprende al sujeto activo del delito, instante en que se le etiqueta como In fraganti.- Es así que requiere de tres elementos: a. Inmediatez Causal: Que el delito se esté cometiendo en ese momento o que apenas instantes antes se haya cometido; b. Inmediatez Personal: Que sujeto activo sea observado al momento de la ejecución del delito o inmediatamente después de ello por un tercero. c. Inmediatez Temporal: Que el tercero reaccione ante la situación que observa, ya sea directamente, aprehendiendo a la persona o dándole persecución, ya sea dando aviso inmediato de la situación a otros, quienes a su vez aprehende o persiguen a la persona. Como tercero se debe entender incluida la víctima, quien en realidad no es un observador del delito, sino quien lo sufre, y por tanto quien presencia la flagrante acción del sujeto activo, pudiendo detenerle en ese momento o perseguirle para el mismo efecto. Sin embargo, el legislador hondureño ha dado aún mayor contenido al concepto de flagrancia, señalando en el artículo 175 CPP los casos en que nos encontraremos ante una Flagrancia Material y una Flagrancia Presunta: Flagrancia Material: a. Flagrancia Propia: La persona que sea sorprendida cometiendo el delito o en el momento de ir a cometerlo; y b. Flagrancia por Evasión: La persona que se haya evadido de una aprehensión, detención o prisión ordenada por autoridad competente de manera legítima. Flagrancia Presunta (Ficción Legal): a. Flagrancia por Inmediatez Personal: La persona que sea sorprendida inmediatamente después de cometido el delito; (Supuesto de Cuasi-Flagrancia) b. Flagrancia por Inmediatez Causal: Cuando la persona de la que se presuma ha cometido un delito, sea perseguida inmediatamente por la fuerza pública, por el ofendido o por otras personas; (Supuesto de Cuasi-Flagrancia) c. Flagrancia por Inmediatez Material: Cuando existan indicios muy fundados de haberse cometido un delito y la persona aprehendida haya sido sorprendida teniendo en su poder armas, instrumentos o efectos procedentes del delito o falta, o presente señales o vestigios que permitan inferir la participación del aprehendido en la infracción cometida o intentada; d. Aprehensión Precautoria: Cuando existan indicios muy fundados de haberse cometido un delito, de haber participado en él la persona aprehendida y que ésta pueda tratar de ocultarse, fugarse o ausentarse del lugar. Requiere de una investigación previa, la cual permita establecer el peligro de ocultación o fuga de la persona sospechosa. No es admisible en estos casos simple suposición del peligro de ocultación o fuga, sino que requiere de elementos materiales que constituyan evidencia de ello; y e. Retención Para Aseguramiento: Cuando al iniciarse las investigaciones, en la imposibilidad de distinguirse entra las personas presentes en el lugar, a los partícipes en el hecho y a los testigos, exista necesidad urgente de impedir que alguna de ellas se ausente, o se comuniquen entre sí, así como evitar que puedan modificar en cualquier forma, el Estado de las cosas o el lugar del delito. Se trata de casos en donde en un lugar determinado ha ocurrido un delito, encontrándose en el varias personas, sin que exista hasta el momento elementos probatorios para discernir quienes son los testigos de los posibles responsables. Requiere entonces primero que en un lugar determinado ocurra un hecho de interés al derecho penal y además que en el mismo se encuentre un conjunto de personas cuya participación esté pendiente por definir, ya sea como responsables del delito o como simples testigos de éste. El artículo 84 de la Constitución de la República autoriza para que cualquier persona pueda detener al delincuente en flagrancia, a efecto de ponerlo de manera inmediata a la orden de la autoridad competente; entendiéndose que tal facultad legal es cuando nos encontramos ante los supuestos contenidos en los numerales 1 y 2 del artículo 175, tal y como lo dispone el artículo en mención, al hacer una diferencia en el proceder respecto a los dos primeros numerales en relación con los tres restantes (numerales 3, 4 y 5), en cuyos casos las detenciones solo podrán realizarla agentes de policía y/o de investigación. En resumen, la posibilidad de que cualquier persona capture a otra, sin orden escrita, está limitada para los casos de flagrancia material y los casos de cuasi-flagrancia (flagrancia por inmediatez personal y flagrancia por inmediatez causal), entretanto en los casos de flagrancia por inmediatez material, aprehensión precautoria y retención para aseguramiento, las aprehensiones podrán realizarse aun sin orden escrita de autoridad competente, pero solo por agentes de policía o de investigación del Estado. Del Allanamiento de Morada El constituyente hondureño determinó la necesidad de declarar en el artículo 99 superior la inviolabilidad del domicilio, como instrumento para la salvaguarda el derecho a la intimidad, en este específico ámbito. El domicilio es el espacio físico delimitado estructuralmente, bajo el dominio, uso o goce de una o más personas determinadas, destinado para realizar en él, de manera permanente o temporal, un conjunto de actos privados, generalmente emancipados de las normas sociales imperantes en el exterior. El domicilio comprende no solo el lugar o edificación de la residencia, sino cualquier extensión que la componga, como patios interiores, bodegas, sótanos, etc. que se interconecten entre sí y en donde se evidencia que forman parte de un todo. Son elementos del Domicilio: a. Elementos Objetivos: i.- Espacio físico, debidamente delimitado y separado del exterior por una estructura de cualquier tipo; ii.- Que se impida desde el exterior acceso visual de todos los espacios internos de la estructura; iii.- Que sea apto para el desarrollo de la vida privada. b. Elementos Subjetivos: i.- Que el espacio físico esté siendo usado –permanente o temporalmente- para el desarrollo de la esfera privada de la vida; iii.- Aprovechar las condiciones físicas estructurales para excluir la participación de terceros en las actividades de la vida personas, segregando los mismos a dicho espacio. En conclusión, el domicilio, con independencia de la relación jurídica entre el lugar y sus moradores, puede consistir en una estructura natural o artificial, mueble o inmueble, siempre que sea un ambiente cerrado al cual solo tenga acceso aquellas personas que moran en él, usándolo para resguardar sus actos y posesiones intimas. Como consecuencia del derecho reconocido por la Constitución de la República sobre la inviolabilidad del domicilio, ningún ingreso o registro podrá verificarse sin el consentimiento de cualquiera de las personas que lo habitan, o sin que sea por cumplimiento de orden emanada de autoridad competente, es decir que como regla general el ingreso a un domicilio debe ser mediando consentimiento de sus moradores y excepcionalmente como cumplimiento de una orden emitida por autoridad competente o cuando exista una causa de gravedad calificada, de allí la diferencia entre un ingreso y/o registro autorizado, un allanamiento como acto investigativo y un allanamiento ante un estado de necesidad o delito flagrante: a. Ingreso y/o registro Autorizado es el permiso otorgado por cualquier persona mayor de edad que more en el domicilio para que un tercero ajeno a éste ingrese y, en algunas ocasiones, pueda hacer un registro como acto de investigación, pudiendo efectuarse a cualquier hora, en cualquier día y que tendrá validez para efectos procesales siempre que se sigan las siguientes reglas: i).- Que la persona a ingresar se identifique de manera previa como autoridad en el ejercicio de su cargo, explicándole las consecuencias en caso de encontrar dentro del interior de la vivienda indicios relacionados con un delito; ii).- Que una persona mayor de edad que more el domicilio se manifieste de acuerdo con el ingreso, documentando su consentimiento en acta u hoja de autorización donde estampe su firma o huella dactilar; iii).- Hacerse acompañar los agentes de la autoridad, de ser posible, de dos personas que sirvan de testigo de la diligencia, ajenos al domicilio y ajenos a la institución donde trabajen las personas que solicitan el ingreso; iv).- Solo podrán ingresar al domicilio las personas autorizadas por el morador, por lo que vecinos, medios de comunicación y demás no podrán ingresar si no están autorizados; v).- Que se le permita a uno de las personas moradores, mayor de edad, presenciar el acto de ingreso y registro, siempre que no exista peligro para la vida y que no vaya a entorpecer el resultado de la diligencia; vi).- El ingreso y, en su caso, registro se limite a los espacios que compongan la morada del que ha dado autorización; No será válida la autorización para espacios que aun cuando formen parte de la misma edificación, constituyan espacios independientes en donde moren personas distintas (apartamentos o habitaciones en alquiler); vii).- Los agentes de la autoridad deberán abandonar el domicilio de manera inmediata y en cualquier momento, a petición de la persona que autorizó el ingreso, salvo en los casos donde en el proceso de registro se revele la perpetración de un delito, sus instrumentos o efectos; viii).- Dejar constancia en acta, de todo lo actuado inventariando los objetos que hayan sido incautados, de la cual tendrá derecho a una copia la persona que autorizó el ingreso al domicilio. No será necesario la convalidación de ingreso a una vivienda cuando sea consecuencia de un ingreso autorizado por uno de sus moradores. - Del resultado del ingreso y, en su caso registro, la autorizad policial podrá hacer las aprehensiones en el momento de la práctica cuando una persona sea identificada como sospechosa en condición de flagrancia, o podrá solicitar, por conducto del Ministerio Público, la citación o aprehensión de personas sospechosas que no tengan tal condición. b. El allanamiento por orden judicial: Es el acto de investigación consistente en la penetración de un determinado recinto aislado del exterior, sin la autorización de sus moradores, con la finalidad de buscar, identificar y recoger fuentes de investigación y/o a la propia persona del imputado. Son requisitos a cumplirse: i.- Que la orden sea emitida por un órgano jurisdiccional; el propósito de que la ley establezca que solamente un órgano jurisdiccional podrá ordenar el allanamiento de un domicilio es debido a que el Tribunal evaluará la necesidad y proporcionalidad, entre el principio pro-societate de la persecución e investigación de un hecho delictivo y la garantía constitucional a la inviolabilidad del domicilio, para la práctica de estas diligencias. El órgano jurisdiccional, bajo su responsabilidad, podrá ordenar un allanamiento, cuando resulte la necesidad racional para su práctica, dadas las evidencias que hasta ese momento se cuenten como producto de las investigaciones realizadas por los entes policiales; ii.- Que la orden sea emitida por escrito, misma que deberá ser mostrada a los moradores de la vivienda al momento de iniciarse su práctica. El decreto judicial que ordene la práctica de un allanamiento deberá reunir los requisitos señalados en el artículo 213 del Código Procesal Penal; todas las diligencias relacionadas con las investigaciones, incluyendo el allanamiento deberán mantenerse en secretividad hasta su práctica, con el fin de garantizar el resultado del mismo, tal y como se contempla en el artículo 278 del Código Procesal Penal; iii.- Que el órgano jurisdiccional sea el competente; iii.- Que el inicio de la ejecución de la orden judicial sea entre las 06:00 a.m. y las 06:00 p.m., ello sin perjuicio de que una vez ejecutado el allanamiento e iniciado el registro de la vivienda, la ocupación de la autoridad policial se extienda más allá de las 06:00 p.m., a consecuencia del número de evidencia que se debe fijar, registrar, levantar y embalar. Establece el artículo 99 Superior que el allanamiento, aun con orden judicial deberá iniciarse entre las seis de la mañana y las seis de la tarde, apreciando el Constituyente que el Estado de Honduras, en las diligencias que practique en busca de la aplicación de la ley, deberá actuar sin ampararse de la oscuridad de la noche, ergo deberá actuar a la luz del día, posibilitando que todas las personas puedan ver y saber las acciones que realiza el Estado en aras de la seguridad pública; iv.- Aun con orden judicial, el allanamiento deberá ejecutarse observando estrictamente el protocolo contemplado para el efecto en los artículos 214 y 215 en cuanto a la ejecución del allanamiento y el protocolo de los artículos 217 y 218 respecto al secuestro de objetos, todos del Código Procesal Penal, caso contrario uno u otro tendrán el carácter de ilegal. Cuando el allanamiento y, en su caso, registro a una vivienda sea como consecuencia de una orden emitida por órgano jurisdiccional competente, no se requerirá que a posteriori se solicite convalidación por su práctica, más si el Ejecutor de la diligencia deberá rendir informe de las incidencias, así como de los resultados obtenidos. c. Allanamientos por delito flagrante, por evitar perdida de evidencia o por estado de necesidad: Establece el artículo 99 de la Constitución que se exceptúa a lo anterior, es decir que se podrá realizar el ingreso a la vivienda sin autorización de las personas que la habitan o se podrá realizar allanamiento de morada sin orden de autoridad judicial competente y aun fuera de las horas establecidas para ello, cuando sea con el objeto de: i.- Impedir la comisión de un delito; ii.- Impedir la impunidad de delitos por la pérdida de evidencia; e iii.- Impedir daños graves a la persona o a la propiedad por hechos no constitutivos de delitos. Adicionalmente y como requisito común, la autoridad pública, llámese Ministerio Público o Policía Nacional, deberá obrar con la intención de impedir el delito, de no perder la evidencia o de que no se produzcan los daños. Se trata de un requisito subjetivo que legitima la actividad por el propósito perseguido por quienes realizan el allanamiento, descartándose que se trate de un acto abusivo de poder. Lo anterior es desarrollado por el Código Procesal Penal en su artículo 212, determinando que cuando no se pueda obtener autorización judicial para la práctica de un allanamiento o cuando el trámite para la obtención de la misma represente grave peligro de perder el objetivo de su ejecución, es posible practicar un allanamiento, alguna de las tres circunstancias siguientes: i.- Allanamiento de Emergencia por Flagrancia: Cuando se trate de un hecho flagrante. Recordemos que la flagrancia existe por la convergencia de tres hechos: * Inmediatez Temporal, referida a la comisión del delito que dentro de poco se perpetrara, que se está ejecutando o que hace instantes se ejecutó; * Inmediatez Personal, que vincula a una persona determinada, ya sea porque se encuentre en el lugar con intención de cometer el delito, ejecutándolo o próximo al lugar en donde se ejecutó; * Urgencia de intervención para evitar el mal del delito o asegurar al delincuente.- Son supuestos de flagrancia que autorizan el ingreso de una vivienda sin orden judicial previa: Cuando se tengan fundamentos razonables que dentro de una vivienda se cometerá o se está cometiendo un delito; cuando de una morada, se oyen voces o gritos de alarma que pongan de manifiesto que se está cometiendo un delito o que alguien solicita auxilio; cuando exista noticia fundada de que una persona extraña a las que habitan una morada, casa, lugar en que viva una persona, fue vista en el momento en que se introducía a esta en circunstancias inusuales; o cuando la persona que es perseguida para su aprehensión, entra a una casa habitada, sea propia o ajena; ii.- Allanamiento de emergencia por peligro de perdida de evidencia: Cuando la medida sea necesaria para evitar la pérdida o destrucción de evidencia (instrumentos, productos, efectos o ganancias del delito), que se encuentren dentro de una vivienda, ya sea por la acción de personas, por efectos de la propia naturaleza de los objetos o por otro hecho externo (incendio, inundación, terremoto, etc.); en estos casos el Ministerio Público o la Policía, en su caso, deberán tener soporte indiciario no solo de la existencia de la evidencia en la vivienda sino que además y principalmente del riesgo como un hecho real y además actual o inminente a acontecer en un tiempo que no permita obtener la autorización judicial; y iii.- Allanamiento de emergencia por estado de necesidad: Cuando el allanamiento se haga necesario por causa de incendio, terremoto, inundación, epidemia u otro peligro semejante, para impedir o minimizar los daños a la vida y a los bienes. La autoridad fiscal o policial encargada del allanamiento deberá, en lo posible, hacerse acompañar de dos testigos que no tengan ninguna vinculación con los cuerpos de investigación. El acto se documentará mediante acta, en el cual se consignarán las incidencias de la diligencia, así como inventario de los bienes que hayan sido objeto de secuestro, debiendo firmar al final la autoridad encargada, los dos testigos o en su defecto consignación del porqué no fue posible haberlos, y la firma de las personas sospechosas presentes al momento del allanamiento y registro (en su caso), si las hubieren y estuvieren en el lugar, o en su defecto se deberá consignar su negativa de no hacerlo. Los agentes de policía pondrán en conocimiento inmediatamente al Ministerio Público sobre la práctica del allanamiento, cuando no haya sido ordenada por éste, para que sin demora alguna solicite su convalidación a la autoridad judicial correspondiente, explicando las razones por las cuales no se pudo obtener la autorización judicial previa, acompañando el fundamento para la práctica de la diligencia. El artículo 212 del Código de Rito ordena que la solicitud de convalidación debe realizarse inmediatamente, lo que implica que deberá ser tenida como acto prioritario (aun antes que el requerimiento fiscal que proceda) una vez terminada la diligencia, a presentar en el tiempo que aspectos como distancia, recursos disponibles y complejidad del caso lo permitan. El tribunal competente, al que se le pida la convalidación realizará estudio de la información que Ex Ante con que contaba el Ministerio Público y/o la Policía Nacional, evaluando si ella arrojaba fundamento razonable para ordenar el allanamiento, aun cuando posteriormente y como consecuencia del allanamiento se constatase que la información que se tenía era inexacta o errónea. Explicado metafóricamente, el Tribunal de Justicia se proyectará hacia el pasado posicionándose en el lugar del agente fiscal o policial hasta justo antes de ordenar el allanamiento, evaluando la información que en ese momento se tenía y si ésta daba merito para practicar el allanamiento de emergencia por flagrancia, por riesgo de pérdida de evidencia o por concurrir estado de necesidad, siendo el resultado de dicho examen la convalidación total o parcial del allanamiento o la negativa absoluta, decretando la nulidad de todo lo no convalidado y de sus consecuencias. La práctica de un allanamiento con violación a lo relacionado constituye un delito, tipificado en los artículos 271 del Código Penal, mismo que es de orden público. - Ahora bien, cuando el allanamiento ilegal se produce en perjuicio del acusado, puede tener repercusiones en dos sentidos: a. En el ámbito penal, ajeno al proceso penal que se conoce en contra de la persona acusada (que se convertiría en ofendida de un allanamiento ilegal): En este caso el Ministerio Público deberá proceder criminalmente en contra de la persona o personas que hayan cometido un allanamiento ilegal, sin que condicione tal acusación que el allanamiento sea en perjuicio de una persona que esté siendo investigada o procesada por un delito. La Sala de lo Penal quiere ser clara respecto a que un allanamiento ilegal o una detención ilegal en perjuicio del acusado no nulifica el proceso criminal en contra de éste, no lo exime de responsabilidad de los actos criminales que pudiese haber cometido y por tanto no podrán oponerse estos hechos como argumentos de defensa exculpatorios, como bien lo señala el artículo 101 del Código Procesal Penal en su último párrafo; b. En el ámbito procesal, la repercusión de un allanamiento practicado fuera del marco de la ley, tiene como imperativa consecuencia su declaratoria de ilicitud, así como todo acto de investigación, elemento u objeto de prueba que haya sido obtenida como consecuencia única e inmediata de dicho acto ilegal, ordenado así por el artículo 200 del Código Procesal Penal y en respeto de los derechos fundamentales regulados en la Constitución de la República y los Derechos Humanos reconocidos en los Tratados y Convenios suscritos internacionalmente por el Estado de Honduras.- Nuevamente la Sala de lo Penal recalca que la ilicitud declarada de un allanamiento o de una detención ilegal produce efectos procesales en cuanto a que estas actuaciones y todas aquellas que le deriven por dependencia única, no podrán ser utilizadas como medios probatorios en el proceso penal en contra del acusado, más no imposibilita al Estado de Honduras de iniciar y sustentar un proceso penal en contra del acusado, basándose en todas las actuaciones y medios de prueba que hayan sido practicadas y obtenidas lícitamente, ello, como igualmente ya se indicó, sin perjuicio de la deducción de la responsabilidad penal de todas aquellas personas que hayan cometido los actos ilícitos de allanamiento, detención u otros. De la Prueba Ilícita Señala el artículo 1 de la Constitución de la República que Honduras es un Estado de Derecho, ello es ciertamente la base de todo el sistema estatal, por cuanto los Poderes del Estado, instituciones centralizadas, descentralizadas y desconcentradas y con ello: todo funcionario y empleado público debe desarrollar sus funciones, asir su comportamiento, bajo lo preceptuado en las normas legales válidas y vigentes, a efecto de que éstas sean positivas y eficaces. El Estado de Honduras, no puede basarse en actuaciones realizadas al margen de la ley o contrarias a la ley, por cuanto sería un contrasentido que queriendo hacer prevalecer el imperio de la ley, se valga de actos ejecutados al margen de ésta. Particularmente en el proceso penal, el respecto al derecho, a la ley, constituye su fundamento existencial, es a través del proceso penal que el Estado de Honduras imputa a una persona un acto contrario a la ley, debiendo celebrar dicho proceso con estricto ajuste a las normas para que la consecuencia del juicio sea válida. – Concretamente interesa que en el proceso penal la prueba que se reproduzca sea de carácter lícita y de carácter legal. La doctrina ha elaborado muchos conceptos en torno a la actividad probatoria defectuosa, llamándola pruebas prohibidas, pruebas ilícitas, prueba ilegalmente obtenida, etc., empero conforme a nuestra legislación procesal la denominación a usar es la de Pruebas Prohibidas o Ilícitas, según dispone el artículo 200 del Código Procesal Penal. La prueba es de carácter licita cuando ha sido obtenida mediante un acto o procedimiento estipulado o permitido por la ley, sin comprometer derechos fundamentales o derechos humanos, ergo, la prueba es de carácter ilícita cuando para su obtención se ha contrariado la ley, causando la violación o la disminución ilegitima de derechos fundamentales establecidos en la Constitución de la República o violación o disminución ilegitima de los Derechos Humanos establecidos en los Tratados y Convenios que formen parte del derecho interno hondureño y que compongan el bloque constitucional, apreciable materialmente. De lo anterior se concluye que para la existencia de prueba ilícita se requiere los siguientes presupuestos: a. Que se haya obtenido una prueba o una fuente de prueba; b. Que dicha obtención haya sido contraria a la ley, es decir no amparada por la ley; incluye aquí el prevalecimiento de la supremacía de la Constitución de la República o de las normas que integran el bloque constitucional, por cuanto aun cuando un reglamento o una ley autorice la obtención de la fuente de prueba, ésta se considerara ilícita si se contradice con normas fundamentales o de Derechos Humanos; c. Que la obtención de la fuente de prueba haya significado la violación o disminución ilegitima de garantías fundamentales o de derechos humanos, reconocidos en la Constitución de la República o en los Tratados y Convenios que formen parte del derecho interno del Estado, respectivamente; d. Que la violación o disminución ilegitima de ese derecho fundamental o de ese derecho humano, sea en perjuicio de una persona o un grupo de personas determinadas, ya sea que estas personas participen como actores del proceso o que sean terceros desligados a éste; e. Que sin la inobservancia o disminución ilegitima del derecho fundamental o del derecho humano, no hubiese sido posible la obtención de la prueba; y, f. Que la inobservancia o disminución ilegitima del derecho fundamental o del Derecho Humano sea anterior o simultánea a la obtención de la prueba. La prueba contaminada con la ilicitud puede ser de dos clases y tener a su vez tres orígenes distintos: 1.- Prueba Preconstituida: * Obtenida por particulares, mediante un acto ilícito, como ser un robo, un allanamiento, etc.; ** Obtenida por operadores de justicia en la etapa de investigación preliminar; 2.- Prueba Constituida, obtenidas mediante un acto fiscal o judicial, previo al requerimiento fiscal o una vez presentado éste. Cláusula de Exclusión: El legislador hondureño, ha previsto que cuando se reproduzca un medio de prueba ilícito en el proceso, la sanción procesal será el desconocimiento de cualquier valor probatorio de ésta (árbol envenenado); pero además el legislador hondureño ha establecido que también carecerán de eficacia probatoria todo medio de prueba que se derive directamente de aquella que ha sido obtenida mediante la violación o disminución ilegitima de garantías fundamentales o derechos humanos (frutos del árbol envenenado [2]). Un medio de prueba se deriva de otro ilícito, cuando suprimiendo hipotéticamente el segundo, automáticamente el primero se vería igualmente suprimido debido a su dependencia existencialista.- El propósito de esta pérdida de valor de la prueba es, por un lado el rechazo del Estado de hacer uso de medios obtenidos ilícitamente, pero además como una forma de disuadir a la autoridad encargada del proceso de investigación de asir sus actuaciones a la legalidad, con la prevención de que cualquier acto ilícito tendrá como consecuencia la pérdida de prueba que le derive. Ahora bien y como excepción a la cláusula de exclusión podrán apreciarse los medios de pruebas derivados (los frutos de ese árbol envenenado) aun cuando subsista la condición de ilicitud del acto que les generó (árbol envenenado) en los siguientes casos: cuando se de alguna de las siguientes circunstancias que como se ha señalado son excepcionales: a.- fuente independiente; b.- hallazgo inevitable, c.- vinculo atenuado y, d.- acto de buena fe: a. Fuente independiente: Cuando la prueba derivada se desprenda al mismo tiempo e inevitablemente de otro medio de prueba lícito e independiente al de carácter ilícito. Entre la fuente independiente y la prueba ilícita no debe haber dependencia existencial, relación o subordinación. Se trata entonces de una convergencia de fuentes que apuntan a una misma prueba: una de ellas ilícita pero otra lícita. El estudio por desarrollar por los juzgadores es la relación causal entre la prueba ilícita y la fuente independiente y al determinarse que no existe ninguna, la ilicitud de la prueba no alcanza la prueba derivada, por cuanto esta última se desprende igualmente de una fuente independiente lícita. La fuente independiente debe producirse previo o coetáneamente a la prueba derivada y nunca posterior o coetánea; b. Hallazgo inevitable o descubrimiento inevitable: Cuando la prueba derivada, con o sin el acto ilícito, estaba destinada a ser encontrada; dependerá aquí hacer una relación suficientemente razonada del porqué la prueba derivada hubiese sido inevitablemente encontrada, aun cuando no hubiese existido la prueba ilícita derivada.- Se debe identificar entonces un curso causal, el cual puede ser anterior, simultaneo o posterior a la producción de la prueba derivada, que de haber culminado hubiese dado inevitablemente con ésta, de modo que tal curso le valida. La tesis del hallazgo inevitable implica un ejercicio de inclusión hipotética de un curso causal; c. Vínculo Atenuado: De las excepciones a la clausula de exclusión es el llamado Vínculo Atenuado el más casuístico.- La excepción fue planteada por primera vez en 1939 por el fallo Nardone versus Estados Unidos (308U.S. 338), al que le siguió en 1963 el caso Won Sun vs. Estados Unidos (371 U.S. 471) y en 1975 Brown vs. Illinois (422 U.S. 590); excepción que ha sido adoptada por muchos tribunales de Iberoamérica.- Esta excepción se da en un contexto muy específico: la existencia de un acto ilícito que genera una prueba que debe ser considerada lícita pues entre uno y otro el vínculo atenuado, es decir la conexidad es tan exigua que no invalida la prueba derivada. Supone un hecho en donde la vinculación entre el acto lícito con la prueba requiere procesos intelectivos muy elaborados para poder trazar dicho nexo causal; procesos sin los cuales tal vinculación no sería evidente y pasaría desapercibido, siendo ello precisamente lo acontecido: la autoridad estatal que presenta la prueba derivada en un primer momento no advirtió la vinculación con el acto ilícito. Ferreira Fajardo y Rodríguez Ferreira (Ferreira Fajardo, Olga Lucía y Rodríguez Ferreira, Luis Ariel; en La excepción del vínculo atenuado como instrumento de evitación de la expulsión probatoria dentro del derecho procesal penal. Defectos de inconstitucionalidad; Maestría en Derecho Procesal Penal, Bogotá D. C., 2015, Pag 17), ejemplifican un caso en donde a un empresario le es interceptada una comunicación sin orden judicial, en donde se evidencian actividades de lavado de activo; como consecuencia de tal intervención y de otras actuaciones de investigación que se realizan en las siguientes semanas el empresario es detenido, siendo interrogado por los agentes de policía con asistencia de un abogado, momento en que el empresario de manera libre y debidamente informado de sus derechos, procede a confesar el delito dándole datos sobre la operación delictiva a los agentes. Los autores referidos identifican las distintas circunstancias que deben concurrir para apreciar esta excepción: i.- Falta de Proximidad Temporal: El espacio temporal de producción existente entre el acto ilícito y la prueba derivada debe ser separado, pues entre mayor proximidad temporal existente entre ambos más fácil es identificar el vínculo; ii.- Extensa Cadena Causal: Entre el acto ilícito y la prueba derivada no deben ser eslabones continuos de una cadena causal; por el contrario deben ser eslabones no continuos y aparentemente separados, cuya vinculación solo es posible determinar gracias a un proceso de identificación de cadena causal elaborada con alto costo intelectivo; iii.- Acto libre de voluntad: Entre el acto ilícito y la prueba derivada debe anteponerse como eslabón en la cadena causal un acto voluntario de la persona que atenúe la vinculación entre uno y otro; aquí no debe confundirse con la excepción de fuente independiente en donde convergen dos cadenas causales; en el “vinculo atenuado” se trata de una misma cadena causal; y iv.- Naturaleza de la Prueba Derivada: la prueba derivada debe obedecer a una naturaleza que permita su saneamiento como consecuencia del acto libre de voluntad; típicamente el testimonio libre de coacción y debidamente asesorado de la persona imputada. En resumen, esta excepción a la clausula de exclusión busca validar la prueba derivada como consecuencia a que esa derivación es difusa o tenue lo que no permitió a la autoridad estatal identificarla sino después de un proceso intelectivo laborioso; por ello la aplicación de esta excepción debe ser aplicada con extrema prudencia y debidamente motivada por los órganos jurisdiccionales. d. Actuación de Buena Fe: La Prueba derivada será válida cuando aun proviniendo de un acto ilícito, su obtención sea como consecuencia de una actuación de buena fe realizada por un agente del Estado.- Debe repararse que no se trata de actuaciones realizadas bajo manto de ignorancia, pues éstas no califican como actuaciones de buena fe; sino aquellas que realiza la autoridad en claro conocimiento de la ley y que realiza por ello de buena fe, aun cuando conduzcan a un resultado ilícito.- Ejemplo de ello es la ejecución de una orden de allanamiento en donde la autoridad judicial haya errado la dirección del domicilio; domicilio en donde casualmente fueron encontrados piezas de convicción de otros delitos.- También como ejemplo, la ejecución de una orden de captura de una persona cuyo nombre es un homónimo, resultando del registro personal el hallazgo de droga; o finalmente el ingreso y registro realizado a una vivienda autorizado por una persona que se identifica como morador pero en realidad no lo es. En estos casos persiste la ilicitud del acto empero la prueba derivada está saneada gracias a que la actuación del agente del Estado fue realizada en buena fe del cumplimiento de la legalidad. El control procesal de la prueba ilícita puede ser de previo o a posteriori: De previo inadmitiendo el medio de prueba en la audiencia de proposición de ésta a consecuencia de su ilicitud (artículo 317 del CPP) o denunciando su ilícito en la etapa de incidentes del debate por hechos nuevos o hechos antes no conocidos hasta entonces (artículo 320 CPP); o a posteriori cuando el Tribunal de Sentencia, en su valoración, niegue crédito a la prueba y a toda aquella que se derive de ésta (artículo 220 CPP); También a posteriori en el sistema de impugnación, mediante la revocación (apelación) o nulidad (casación) de la resolución cuya decisión descanse en prueba ilícita. Ahora bien, la Prueba Ilícita no debe ser confundida con la Prueba Ilegal, puesto que, si bien la existencia de ambas es una ofensa al derecho a un debido proceso, la primera implica la transgresión directa a un derecho fundamental o un derecho humano de carácter insubsanable, en cambio la segunda implica una transgresión a una norma procesal, que puede saneada o puede tenerse por subsanada, a depender de la naturaleza de la infracción. La Prueba Ilegal es aquella que es calificada así, no como consecuencia de su origen o proceso de obtención, sino como consecuencia de la inobservancia de la ley procesal al momento de su reproducción en el proceso penal y que puede ser o no, saneada o tenerla por subsanada. Una actividad probatoria ilegal se produce cuando el medio de prueba (medio por el cual se introduce la prueba al proceso), se aparta de la forma prescrita en la ley procesal (tratándose de un medio probatorio típico) o en su caso cuando no adopta la forma que los principios generales del proceso mandan para la actividad probatoria (tratándose de un medio de prueba atípico); Tal desviación puede producir varias consecuencias: a. Un Acto Válido y Eficaz; Aquellos que, adoleciendo de un vicio como consecuencia de su práctica de manera distinta a la prevista en la ley procesal, sean objeto de saneamiento posteriormente a su producción, volviéndose válidos y eficaces. Tal saneamiento puede ser por petición de parte o de oficio por el órgano jurisdiccional mediante, (Art. 171 del CPP): * Renovación del acto con o sin efectos retroactivos; ** Rectificando el error en que se haya incurrido; o *** Cumpliendo con el acto omitido. Condiciona la norma procesal que el saneamiento será procedente siempre que no implique retrotraer el proceso a etapas o fases ya precluidas. b. Un Acto Viciado pero Eficaz: El medio probatorio tendrá eficacia, aun cuando mantenga el vicio, cuando se dé por subsanado subsanación por: * Preclusión para denunciar el Vicio: Cuando ninguna de las partes, conociendo el vicio, no haya reclamado oportunamente la nulidad (Art. 170.1 del CPP); ** Consentimiento: Cuando las partes hayan aceptado los efectos del acto viciado, ya sea expresamente mediante una manifestación en ese sentido, o tácitamente cuando se aprovechen del acto probatorio (Art. 170.2 del CPP); *** Finalidad Cumplida: Cuando el acto probatorio, a pesar de su vicio, haya alcanzado la finalidad perseguida con el mismo (Art. 170.3 del CPP). c. Un Acto Viciado e Ineficaz: Nos referimos a los medios de prueba que no son susceptibles de subsanación, al ser sancionados por la ley procesal con la nulidad, siendo éstos los que se subsuman en los presupuestos del artículo 166 del Código Procesal Penal. De la procedencia del Recurso.- El recurso es de Recibo. El Censor 1 ha planteado como punto de discusión el ingreso realizado por la Policía Nacional preventiva a la morada del acusado Roger Nahum Vásquez, pues considera que los agentes del Estado no tenían causa de justificación para ello, convirtiendo tal incursión en un acto ilícito por contrariar el artículo 99 de la Constitución de la República, lo que se replica respecto a todas las fuentes de prueba derivada, consistente en la incautación de cuatro armas de fuego, así como el estudio pericial practicado a cada una de ellas. Como contenido del alegato señala el Censor 1 que no existía condición de flagrancia y que además la autorización dada por la señora Marlen Granados es inválida pues ésta no era moradora de la habitación donde residía el acusado y que además cuando declaró señaló haber sido engañada. El argumento recursivo lleva a la Sala de lo Penal a hacer examen del proceso penal.- En la sentencia, los juzgadores indicaron que la declaración del agente de policía Wilmer Joel López merecía credibilidad, y que entretanto la declaración de la señora Marlen Waleska Rodríguez no era de crédito; pero además y en la valoración intelectiva, los jueces señalaron que el acusado rentaba una habitación en la edificación allanada y que aun cuando los agentes de policía solicitaron autorización para el ingreso, que esta autorización no era necesaria pues estaban dando respuesta a una denuncia recibida de personas que se encontraban en el área infundiendo miedo y por ende investigando la comisión de un delito; los jueces subrayan que se trato de “una persecución en caliente” es decir producto de un delito cometido infraganti y que por ello los agentes de policía estaban legitimados a ingresar al domicilio. Lo indicado por los juzgadores determina que dan por cierto que la policía procuró obtener una autorización de ingreso a la vivienda, pero considera que ésta no era necesaria dado que los agentes se vieron ante un delito flagrante, lo que les autoriza a realizar el allanamiento según la legislación vigente; empero este razonamiento requiere ser estudiado de manera templada.- La base de lo decidido por el Tribunal de Sentencia es la declaración del agente de policía Wilmer Joel López Gómez, al que se le dio pleno crédito de sus dichos; este testigo refirió que el 31 de agosto de 2016 realizaba un patrullaje cuando fueron notificados por radio de una denuncia ciudadana que en la Colonia Ayestas, en el séptimo pasaje estaban dos ciudadanos, supuestos miembros de una pandilla, atemorizando a las personas; esta primera parte de la declaración explica por qué los agentes de policía acudieron al lugar pero deja claro que la denuncia era de dos personas “atemorizando”, sin que ello en si mismo implique la descripción del cometimiento de un delito, por lo que la autoridad estatal correctamente acude pero sin conocimiento de si lo denunciado se trata o no, de un hecho delictivo.- El testigo López Gómez, sigue su relato señalando que al llegar divisaron a dos personas, y que éstas, al percatarse de la presencia policial salieron corriendo internándose en una cuartería, por lo que como policía les dieron persecución; el testigo dejó claro como consecuencia de una pregunta del agente fiscal que se les dio persecución a razón de haber salido corriendo. Esta parte del relato describe a dos personas que deciden correr para alejarse de la policía, lo cual si bien constituye una conducta sospechosa, en si misma no es un delito; así entonces ni la llamada de radio avisando la existencia de dos personas atemorizando, ni el hecho de que al llegar al lugar dos personas salieron corriendo al ver la policía constituye un hecho delictivo flagrante, pues el testigo no señala en tal relato que hayan observado que las personas que corrían estuviesen realizando en ese momento un acto delictivo y específicamente que estuviesen portando algún arma de fuego. El testigo indica que siguieron a las personas a una cuartería, con lo cual tenían claro que en el inmueble existían varios cuartos ocupados de manera independiente como morada por personas. Al continuar con su relato el testigo López Gómez señala que previo solicitaron la autorización para el ingreso a la habitación del acusado a una señora hija de la dueña del inmueble; tal actuación descarta lapidariamente que no se trataba de una situación en flagrancia pues los propios agentes de policía evaluaron la necesidad de pedir una autorización para poder ingresar; de tratarse de una situación flagrante, en donde se hubiese estado cometiendo un delito, los agentes de policía hubiesen procedido al ingreso inmediato a la morada para evitar su consumación o para aprehender a los responsables del ya consumado.- Respecto a la autorización el agente de policía, testigo de la causa, señala que fue solicitada no a los moradores, sino a la hija de la dueña del inmueble, es así que le era clara la identidad de la persona que rendía esa autorización, que era distinta a aquellas que ocupaban el cuarto como morada; para la Sala de lo Penal es importante resaltar que, tal y como manda la norma constitucional, el ingreso a una morada solo puede ser concedido por quienes le habiten, por tanto y aun cuando la autorización la hubiese dado la persona dueña del inmueble (que tampoco fue así en el caso concreto), el ingreso a la habitación del acusado no estaba amparado en ley pues no fue éste quien concedió dicho permiso u otra persona que viviese en el mismo lugar.- Como última parte de la declaración del testigo López Gómez, éste indica que fue hasta que realizaron el ingreso en el espacio donde tenía la morada el acusado, se produce el hallazgo de las armas de fuego, las que fueron incautadas, motivo por el cual se le dio aprehensión al acusado en ese momento, presentado ante un órgano jurisdiccional la acción penal, misma que generó la sentencia condenatoria que hoy es objeto de impugnación. Concluye la Sala de lo Penal que, tal como lo señala el Censor 1, no existió ningún hecho de delito flagrante que justificara el ingreso a la vivienda del acusado sin autorización de éste o sin autorización judicial; tampoco se considera válido el permiso obtenido por la policía para realizar el ingreso y registro pues tal permiso no fue dado por alguno de los moradores del espacio que fue irrumpido por la policía.- Ello trae como consecuencia que el Ministerio Público previo a presentar el requerimiento fiscal, el Juzgado de Letras y el Tribunal de Sentencia en conocimiento del proceso penal debieron declarar como un acto ilícito el allanamiento realizado el 31 de agosto de 2016 en a vivienda del acusado Roger Nahum Vásquez Contreras, ubicada en la Colonia Ayestas, sector de la Aldea de El Carmen, en el Municipio de San Pedro Sula, departamento de Cortés; pero además declarar ilícita toda la prueba que necesariamente se derivo de dicho allanamiento, como ser: i.- La inspección ocular realizada por la policía a la morada del acusado y su documentación en el Acta No. 2074-2016, ii.- La incautación de cuatro armas de fuego: arma tipo fusil AK-47, un arma tipo pistola calibre 9mm, marca Ruger, propiedad del señor Silberio Jovel López, un arma tipo escopeta marca Mossberg calibre 12mm sin serie y un arma de fuego tipo pistola, calibre 9mm, marca Bersa, serie 581880; iii.- El dictamen pericial balístico No. 2016-0501-0502-3996 que deriva directamente de la incautación de las armas de fuego que a su vez derivan del allanamiento ilícito. Finalmente la Sala de lo Penal señala que la aplicación de la cláusula de exclusión de prueba por ilicitud opera plenamente al no identificarse en el caso concreto la concurrencia de ninguna de las excepciones a esta, pues no existe una fuente independiente que llevase a la incautación de las armas, tampoco la existencia de una cadena causal independiente que llevase a un hallazgo inevitable, mucho menos que un vínculo atenuado entre el allanamiento ilícito y la incautación de las armas pues son consecuentes directamente, ni tampoco una actuación policial de buena fe, pues como explicó el agente de policía no existía apariencia de un delito flagrante y además se estaba consciente de que el permiso se solicitó a una persona distinta a aquella que moraba en el lugar que se quería allanar. Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma El Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de esta, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio (Art. 90 de la Constitución de la República). Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso (Art. 9 CPP). Si no se cumple con los requisitos establecidos en la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos y, por el contrario, se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando: a. No se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), b. Se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o c. Se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; La inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción (vicio in procedendo) y que debe ser objeto de saneamiento cuando proceda (Art. 171 CPP), de subsanación cuando concurran sus presupuestos (Art. 170 CPP) o, en su caso y como remedio último de nulidad 165 CPP). El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la denuncia hecha por algunas de las partes de una actividad procesal defectuosa que compromete la decisión final, dada en los actos procesales de la etapa de juicio o en la propia sentencia que le contiene y que tiene como sanción prevista por la ley su nulidad ante la imposibilidad de saneamiento o de subsanación, ergo no basta entonces con la presencia de un vicio, sino que se requerirá además: i.- Que el Recurrente haya presentado protesta contra el vicio, en el momento procesal oportuno, procurando sanearlo sin éxito (Art. 363 párrafo tercero de CPP); ii.- Que el vicio tampoco sea posible tenerlo por subsanado; iii.- Que el vicio sea de aquellos que tenga como sanción legal la nulidad de la actividad que lo contiene (Art. 362 CPP), planteados como motivos para recurrir.- Los dos primeros requisitos no serán necesarios cuando el defecto se produzca en la sentencia, pues la única forma de protesta sería el mismo recurso de casación. Además de los requisitos señalados, el Recurrente debe tener presente que la instancia impugnativa en casación está munida de importantes recaudos formales determinados por la ley que deben de cumplirse en su interposición (Art. 363 párrafo tercero CPP) y que pueden ser de diferente naturaleza en atención al defecto procesal denunciado (Art. 362 CPP); Ello se debe a que se trata de un recurso extraordinario, que tiene como fin auditar la legalidad de la sentencia y por ende de una gran exigencia técnica. Es de esta forma que con la individualización del motivo se dan las siguientes consecuencias: a. La competencia de la Sala de lo Penal queda circunscrita a los aspectos objeto de impugnación (Art. 350 CPP); b. Es inaplicable el principio Iura Novit Curia, al no poderse suplir las omisiones de la Recurrente; y c. Es posible la concesión parcial del Recurso, cuando la razón solo aparezca en parte de lo alegado en el motivo. Censor 2: Ministerio Público.- Motivo Único Normas Autorizantes: Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. Normas Procesales que se denuncian Infringidas: Sin determinar por el recurrente; Motivo: No haber observado el sentenciador, en la valoración de la prueba, las reglas de la sana critica; Concepto de la Infracción: Violación al principio lógico de derivación; Reclamación Ex ante: Imposibilidad de reclamo previo al están contenido el vicio en la sentencia; Pretensión: Se declare con lugar el motivo, anulando el fallo. El Censor 2 denuncia violación a la regla lógica de derivación en el proceso de valoración de los medios de prueba, al no concluir el tribunal de sentencia que el acusado Roger Nahum Vásquez Contreras, es responsable del delito de posesión ilegal de municiones prohibidas en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras.- Relaciona el Censor 2 que el tribunal si concede credibilidad a la prueba de cargo y que además señala que al acusado le fue incautada cartuchería para el fusil AK-47, pero que fue de consideración que de dictarse sentencia condenatoria por el delito de portación ilegal de arma de fuego prohibida, la conducta de posesión de cartuchería estaba “inmersa” en el tipo penal de portación de arma, por lo que el a-quo consideró que no podía penalizarse doblemente el accionar antijurídico del acusado. Replica el Censor 2 que se probó sin lugar a dudas la existencia del delito y por ello debe ser declarada la responsabilidad del acusado. De la procedencia del Motivo. – El Motivo no es de Recibo. Son dos las circunstancias legales que hacen determinar que el motivo que plantea el Ministerio Público no sea de recibo. Primero, y como se ha señalado ampliamente, todo aquello que fue incautado al acusado como consecuencia de un allanamiento ilícito practicado por la autoridad judicial, es igualmente ilícito por derivación, lo que incluye la cartuchería para fusil AK-47 encontrada en la morada del acusado Roger Nahum Vásquez Contreras. Ilicitud que debió haber motivado al Ministerio Público al rechazo de dicha evidencia cuando le fue presentada por la Policía Nacional y consecuentemente no debió haber motivado la presentación del requerimiento fiscal. Adicionalmente, el motivo no es de recibo por tener un contenido improcedente; el Censor 2 acude a la vía recursiva de quebrantamiento de forma para aquejar un supuesto vicio de fondo.- El propio Censor 2 señala que la prueba fue valorada positivamente, y transcribe un segmento de la sentencia en donde el tribunal señala que efectivamente el acusado estaba en posesión de cartuchería para AK-47, por lo tanto no se trata de un vicio de valoración por inobservancia de las reglas de la sana crítica, dado que la conclusión que reclama el Censor 2 como no derivada es precisamente a la cual arribó el a-quo; el vicio es por la apreciación de doble juzgamiento (non bis in idem) del tribunal al considerar que el reproche por la posesión de la cartuchería no puede ser formulado por considerar que éste esté inmerso en el mismo reproche que se formula por la posesión de un arma de fuego prohibida; estimaron los juzgadores que de hacerse ambos reproches sería penalizar doblemente al acusado por un mismo accionar antijurídico.- Como se puede apreciar la base de la decisión judicial que el propio Censor 2 transcribe es por efecto de un criterio jurídico y no por conclusiones probatorias. El defecto de interposición del recurso es aun más claro si se anota que el razonamiento judicial que el Censor 2 transcribe no es parte de la valoración probatoria, sino de la fundamentación jurídica de la sentencia, con lo cual es claro que no tiene relación con la apreciación de la prueba y las conclusiones que de ella derivaron los jueces. Decisión: Estimar procedente el motivo único del recurso de casación por infracción de precepto constitucional interpuesto por el Censor 1; desestimar el motivo único del recurso de casación por quebrantamiento de forma interpuesto por el Censor 2. Por Tanto: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 140 del Código Penal; 360 y 362 del Código Procesal Penal; Falla: Primero: Declara Con Lugar el motivo único del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional presentado por el Abogado Marcos Antonio Velasco Mejía, en su condición de apoderado legal defensor del acusado Roger Nahum Vásquez Contreras.- Segundo: Declara Sin Lugar el motivo único del Recurso de Casación por quebrantamiento de forma interpuesto por el Ministerio Público.- Tercero: Como consecuencia del recurso de casación estimado, se casa la sentencia de fecha veintidós de junio de dos mil dieciocho dictada por el Tribunal de Sentencia de la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés, revocando los numerales segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto de la parte resolutiva de la resolución casada.- En consecuencia se debe absolver y se absuelve al señor Roger Nahum Vásquez Contreras, como autor responsable de los delitos consumados de portación ilegal de arma de fuego prohibida y portación ilegal de arma de fuego comercial, ambos delitos en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras, debiendo cesar de manera inmediata toda medida cautelar impuesta en contra del acusado como consecuencia del presente proceso penal.- Cuarto: Se declara firme y ejecutables los numerales primero y séptimo de la parte resolutiva de la sentencia impugnada .- Y Manda: A efecto de que se acate lo mandado en el apartado anterior, la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personas en única instancia, deberá devolver los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento.- Notifíquese. - Firmas y Sello. Rafael Bustillo Romero. Magistrado Coordinador por Ley. Alma Consuelo Guzmán García. Magistrada. Edwin Francisco Ortez. Magistrado. Firma y Sello. - Lety Emelda Posadas. Secretaria Actuante. Sala de lo Penal.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en fecha uno de noviembre de dos mil veintidós. Certificación de la sentencia dictada el ocho de septiembre de dos mil veintidós, recaída en el expediente SP 40-2019.

JOSÉ RAMÓN CRUZ FERRERA

Secretario Sala de lo Penal

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[1] El artículo 8.2 literal h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que, durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, entre otras garantías mínimas, la de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.

[2] Teoría originaria de los Estados Unidos de Norte América plasmada en los fallos de la Corte Suprema de Justicia: Silverthorne Lumber Co. Vrs. United State (1920), Nardone vrs. United States, (1939), Mapp vrs Ohio (1961), Escobedo vrs Illinois (1964), Miranda vrs Arizona (1966), Shapman vrs Arizona (1967), Katz vrs United Sates (1967) y Orozco vrs Texas (1969).