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Sentencia CP-397-18 — Registro 15433

Resumen

En primera instancia se condenó a los imputados por los delitos de Asesinato y por el delito de Posesión Ilegal de Arma Comercial, resolviendo en segunda instancia No Ha Lugar y se Declara la No Procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"...DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO. EL MOTIVO NO ES DE RECIBO. Conforme al Principio de Debida Técnica Recursiva explicado en el apartado anterior, observa esta Sala de lo Penal que la censora no ha hecho uso correcta de dichas reglas mínimas para la presentación de la impugnación, pues en primer lugar establece como precepto infringido el decreto 184-2013 contentivo de la Ley de Control de Armas de Fuego, cuando lo correcto y conforme a la primacía constitucional debe señalarse la norma constitucional que considera violentada, pues la especie del presente recurso contiene todos aquellos preceptos constitucionales que tengan relación con el derecho penal y derecho procesal penal; pero es incorrecto señalar una norma sustantiva como precepto infringido en un recurso donde se denuncia la infracción de una norma constitucional. De igual forma en el desarrollo del recurso la recurrente plantea que “la norma sustantiva infringida es el ya mencionado decreto 184-2013” para luego establecer que conforme a los hechos probados el Sentenciador olvidó la aplicación de leyes intermedias; todos estos argumentos son propios de un recurso de casación por infracción de ley, mediante el cual, tomando como base la fundamentación fáctica de la Sentencia, el recurrente debe explicar cómo el A-quo aplicó incorrectamente, dejó de aplicar o interpretó erróneamente una norma penal; pero en el recurso que enuncia la censora debe desarrollar en primer término la norma constitucional que considera infringida y explicar como se violentó y cual es el agravio que ese error judicial provocó en su representado. Ahora bien, consideramos importante señalar que, en relación a los decretos de veda o amnistía que aprobado el Congreso Nacional, esta Sala de lo Penal ha sentado ya jurisprudencia en relación a los alcances y consecuencias jurídicas de referido decreto y sus prorrogas; en relación a la relevancia jurídico-penal de la acción realizada por los señores Martil Nicolás Castro Castro y Marvin Javier Brizuela Flores, es necesario abordar el contenido del artículo 332-B del Código Penal decreto 144-83, “Quien sin permiso de la autoridad competente fabrique, almacene, transporte, posea, use, ingrese o saque del país, suministre o venda armas de fuego y municiones para el uso personal o deportivas y explosivos comerciales, incurrirá en una pena de tres a seis años de reclusión, sin perjuicio del comiso de dichas armas, municiones, explosivos y otros materiales relacionados con ellas. Se entenderá por armas de uso personal, defensa o deportivas, municiones, explosivos y similares, las descritas en la ley especial.” Asimismo, mediante el decreto legislativo No. 184-2013: artículo 2 establecía un año de veda para que toda persona que tuviese en su poder cualquier tipo de arma de fuego comercial procediera a realizar los trámites correspondientes para su registro, presentando la documentación respectiva con excepción a la factura de venta de La Armería, la cual no sería necesario presentar en dicho tiempo. En el primer párrafo del artículo 2, regulaba la posibilidad de inscripción de armas de fuego sin la necesidad de la presentación de factura de compra, refiriéndose a aquellas armas que la ley catalogaba como permitidas su tenencia y portación previo permiso de autoridad competente, enumeradas en el artículo 7 de la Ley de Armas. El plazo de un año de “veda” o de gracia que anunciaba el artículo 2, comenzó a correr en fecha 5 de octubre de 2013 y venció el 5 de octubre de 2014. Ante los desacertados argumentos de la censora, es necesario recordar cual es el criterio de esta Sala de lo Penal al respecto y que ha establecido jurisprudencia en el sentido de que, la letra y espíritu del decreto 184-2013 y de sus anteriores y posteriores prórrogas es para que las autoridades de la Unidad del Registro Balístico adscrita a la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, durante la vigencia del mencionado decreto, permitan a los particulares propietarios de armas comerciales que no hayan registrado su artillería por carecer de factura de la Armería, pasen a registrarlas a su nombre y así éstas pasen a ser legales. Todo ello con el propósito de que una gran cantidad de armas no continúen siendo ilegales en posesión de sus propietarios y tener el debido registro del parque de armas para seguridad de la población. Para determinar si existe o no responsabilidad penal por el delito de porte ilegal de arma de fuego comercial durante el periodo de vigencia del decreto 184-2013 y sus anteriores y posteriores prórrogas, no debe tomarse en cuenta únicamente el elemento temporal para declarar la atipicidad de la conducta esgrimida en el artículo 332-B del Código Penal, sino que también, deben tomarse en cuenta pautas objetivas que conlleven a colegir sin ningún género de dudas, que la persona que portaba un arma de fuego comercial sin autorización durante el tiempo de la veda, tenía la intencionalidad de ir a registrarla, pues el permiso o veda es para registrar el arma y no para su simple portación, lo que va en contra de la voluntad del legislador al emitir y prorrogar dicho decreto. Por las razones expuestas se declara no ha lugar el presente recurso de casación..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

"... Ponderación en el caso concreto El Tribunal de Sentencia, basado en el Código Penal decreto 144-83, declaró responsable a los acusados Martil Nicolás Castro Castro y Marvin Javier Brizuela Flores, del delito de Asesinato a la pena de 23 años de reclusión y por Posesión Ilegal de Arma Comercial a la pena de 4 años, por lo que vistos en concurso real suman 27 años de reclusión; como penas accesorias se impuso a los acusados la inhabilitación absoluta, la interdicción civil; además se hizo la declaratoria de responsabilidad civil derivada del delito. De acuerdo al decreto legislativo 130-2017, el Artículo 193 regula el delito de Asesinato estableciendo una pena de 20 a 25 años de prisión; y en relación a la Tenencia Ilegal de Armas, regulado en el artículo 580 la pena para el delito de tenencia es de 1 a 4 años de prisión más localización permanente de hasta 2 años. En ese sentido al hacer la suma de las penas nos dan un margen abstracto de 21 a 29 años de prisión; de lo que se deduce que la pena total impuesta conforme el Código Penal derogado que es de 27 años, se encuentra dentro del margen establecido en la nueva legislación penal, por lo que no procede la aplicación retroactiva del Código Penal decreto 130-2017..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

La Infrascrita Secretaria Actuante de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia que literalmente dice: “Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veinticuatro días del mes de febrero del año dos mil veintidós, el pleno de la Sala de lo Penal integrado por los Magistrados: José Olivio Rodríguez Vásquez, en su calidad de coordinador, Rafael Bustillo Romero y Alma Consuelo Guzmán García, pronuncian En nombre del Estado de Honduras La siguiente sentencia en el Recurso de Casación SP 397-2018 por Infracción de Precepto Constitucional, interpuesto contra la sentencia de fecha treinta de agosto del año dos mil diecisiete, dictada por el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, mediante la cual falló; Primero: Condenó a los señores Martil Nicolás Castro Castro y Marvin Javier Brizuela Flores, como autores del delito de Asesinato, en perjuicio del señor Arturo Ricardo Chap, a la pena de veintitrés años de reclusión. De igual manera, se les condenó por el delito de Posesión Ilegal de Arma Comercial, en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras, a la pena de cuatro años de reclusión, en concurso real con las otras penas anteriores, haciendo un total de veintisiete años de reclusión. Segundo: Condenó a los señores Martil Nicolás Castro Castro y Marvin Javier Brizuela Flores, a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil, en relación al delito de Asesinato, y a las penas de inhabilitación especial en interdicción civil por el delito de Posesión Ilegal de Arma Comercial por el tiempo que dure las condenas principales. Tercero: Se les declaró la responsabilidad civil de los señores Martil Nicolás Castro Castro y Marvin Javier Brizuela Flores. Cuarto: No procedió condenar en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio a los señores Martil Nicolás Castro Castro y Marvin Javier Brizuela Flores, ni al Ministerio Público. Quinto: Se decretó el comiso de un arma de fuego tipo Pistola, marca Star, modelo: FR, calibre 22 L.R. sin serie, con su cargador, y otra arma de fuego tipo Pistola, marca Girsa, modelo Yavuz 16 Tugra. Calibre 9mm, serie T6368-11 C00181, con su cargador, la segunda de las cuales es sin perjuicio de devolverla a un legítimo propietario no responsable en el presente caso, al momento de los hechos. Sexto: Absolvió a los señores Wilmer Ostilio Oliva Lanza y Lester Cecilio Cardona Garmendia, del delito de Asesinato, en perjuicio del señor Arturo Ricardo Chap, así como también del delito de Posesión Ilegal de Arma Comercial, en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras. Interpuso el recurso de casación por infracción de precepto constitucional, la Abogada Tesla Danelia Sibrian Dueñas, en su condición de defensora pública de los señores Martil Nicolás Castro Castro y Marvin Javier Brizuela Flores. son partes en la única instancia: Los Abogados Gladys Lamar Ortiz y Arnaldo Alcides García, en su condición de defensores públicos de los señores Martil Nicolás Castro Castro y Marvin Javier Brizuela Flores, como parte recurrente y la Abogada Iris Beatriz Fonseca Matamoros, en su condición de fiscal del Ministerio Público, como parte recurrida. Hechos Probados “PRIMERO: El día trece (13) de septiembre del año 2012 entre dos y dos y treinta (2:00 y 2:30) de la tarde el señor Arturo Chap se encontraba en su casa de habitación, más específicamente en el área donde funciona una pulpería del barrio Marejada, 20 avenida 8 calle, cuando en ese momento llegó a ese lugar los señores Martil Nicolás conduciendo una motocicleta color negro llevando como acompañando al señor Marvin Brizuela Flores, bajándose ambos de la motocicleta, el señor Martil portando un arma de fuego marca Star, modelo FR calibre 22, sin serie, con su cargador, en tanto Marvin Javier Brizuela Flores con un arma de fuego pistola Girsan, Yavus, calibre 9 mm con su cargador, ninguno de los cuales tenía permiso para tenerlas en su poder. SEGUNDO: Luego de inmediato, ingresaron ambos donde estaba el señor Arturo Chap, procediendo el señor Marvin a efectuarte varios disparos por arma de fuego al señor Arturo Chap quien a consecuencia de ellos perdió la vida, luego de lo cual salieron ambos a bordo de la motocicleta con rumbo desconocido. TERCERO: En aquellos instantes se encontraban a inmediaciones de la casa de habitación los señores Wilmer Ostilio Lanza y el señor Lester Cecilio Córdoba Garmendia a quienes como residentes del mismo barrio solían llevarse juntos, y después de los disparos estos también se fueron del lugar. CUARTO: Al día siguiente luego de tener conocimiento la policía, que en una casa del barrio Marejada, 8 calle, 20, aldea La Travesía, una cuadra antes del desvío, se encontraban personas armas y que habían participado en los hechos antes descritos, los agentes de la policía se hacen presente a eso de la 1:05 de la tarde encontrando a tres personas fuera del solar, quienes quisieron evadir la policía tirando debajo de la casa de polines el arma de fuego Star, calibre 22, ingresando la policía y donde al hacer la inspección a la casa, encontraron a una cuarta persona debajo de una cama y una pistola Girsan sobre una parte contigua a la casa, los cuatro detenidos resultaron ser Wilmer Ostilio Oliva Lanza, Lester Cecilio Cardona Garmendia, Martil Nicolás Castro Castro y Marvin Javier Brizuela Flores, encontrando además un casco de motocicleta y una camisa de rayas color verde oscuro con rayas color beige.” Recurso de Casación. Motivos y Argumentos Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional“EXPOSICION DEL MOTIVO DE CASACION MOTIVO UNICO. Infracción de Precepto Contenido en el en el decreto 184-2013 de fecha uno de septiembre del dos mil trece contentivo de Ley de control de Armas de Fuego, citado en relación con el Articulo 96 de la Constitución de la Republica. PRECEPTO AUTORIZANTE. El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 361 del Código Procesal. EXPOSICION DEL MOTIVO. La norma sustantiva Infringida es el decreto 184-2013 de fecha uno de septiembre del dos mil trece contentivo de Ley de control de Armas de Fuego, que establece que a partir de la vigencia del presente Decreto y por el término de un año, un periodo de Veda para que toda persona que tenga en su poder cualquier tipo de arma de fuego comercial y que no posea factura de venta de la Armería, proceda con la documentación respectiva a excepción de dicha factura, realizar los trámites correspondientes de registro ante la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad; por su parte la norma legal relacionada en relación señala: Articulo 96 de la Constitución de la Republica manda que la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal cuando la nueva Ley favorezca al delincuente o procesado. El Tribunal A-quo declaro como probado el siguiente. HECHO CUARTO: Al día siguiente luego de tener conocimiento la policía, que en una casa del barrio Marejada, 8 calle aldea la Travesía, una cuadra antes del desvío, se encontraban personas, armas y que habían participado en los hechos antes descritos, los agentes de la policía se hacen presentes a eso de la 1:05 de la tarde encontrando a tres personas fuera del solar, quienes quisieron evadir la policía tirando debajo de casa de polines el arma de fuego Star, calibre 22, ingresando la policía y donde al hacer la inspección a la casa, encontraron a una cuarta persona debajo de una cama y una pistola Girsan sobre una parte contigua a la casa, de los cuatro detenidos resultaron MARTIL NICOLAS CASTRO CASTRO Y MARVIN JAVIER BRIZUELA FLORES, encontrando además un casco de motocicleta y una camisa de rayas color verde oscuro con rayas color beige. Al analizar este contenido del hecho cuarto probado como verdad incuestionable, a mis representados se les detuvo con armas de fuego sin contar con permiso alguno; se observa que la Sala Primera del Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal al condenar a mis representados MARTIL NICOLAS CASTRO CASTRO Y MARVIN JAVIER BRIZUELA FLORES olvido la eficacia de las denominadas Leyes intermedias que no estuvieron en vigor en el momento de la comisión de los hechos; sino, que ha tenido vigencia entre uno y otro, es decir, que su aplicación proviene del hecho de que la valoración contenida en dicha Ley no era mantenida por el Legislador cuando se cometió la conducta, pese a ello si la Ley intermedia resulta mas beneficiosa para el reo, se acepta su aplicación en atención a que este pudo ser Juzgado con arreglo a la misma si el Juicio se hubiera celebrado bajo su vigencia y si esto ha ocurrido, no deben aplicarse la consecuencias de la Ley que le perjudica; todo ello en virtud de la retroactividad en materia penal cuando la nueva disposición le favorezca al procesado, a este efecto con las emisiones de los Decretos 184-2013 de fecha uno de septiembre del dos mil trece contentivo de Ley de control de Armas de Fuego; Decreto 63-14 publicado en fecha cinco de abril del dos mil quince; Decreto 60-2015 publicado en Diario Oficial la Gaceta en fecha ocho de septiembre del dos mil quince que deja en suspenso la aplicación de la norma contenida en los artículos 332-B del Código Penal.- Desde ese punto de vista se puede sostener que el Estado al dictar una nueva norma ha decidido cambiar el sentido de aquella de la manera mas favorable, lo que da lugar a que los supuestos de hechos realizados se beneficien de esta nueva orientación de la Política Legislativa y Criminal; las Leyes penales intermedias se reconoce por las mayorías que en Justicia el Juez debe también tomar en cuenta estas Leyes entre la fecha de comisión del hecho delictivo y la fecha de la sentencia, debe el Juez aplicar aquella de entre esas tres o mas Leyes que sea mas favorable al reo, pues la retroactividad obedece o bien a razones humanitarias de políticas criminal. La sala Segunda de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia en casos similares ha manifestado……si bien el Decreto no menciona expresamente que deroga la normativa penal que sanciona la Aportación Ilegal de Armas, la cual importa una derogatoria tacita temporal derivada de la naturaleza de la norma intermedia pues si entendiéramos que la pretensión del Legislador era dejar vigente el artículo 332-B del Código Penal, al regir los Decretos 184-2013 de fecha uno de septiembre del dos mil trece contentivo de Ley de control de Armas de Fuego; Decreto 63-14 publicado en fecha cinco de abril del dos mil quince; Decreto 60-2015 publicado en Diario Oficial la Gaceta en fecha ocho de septiembre del dos mil quince el articulo 2 del Decreto 69-007; para que todos aquellos ciudadanos que no hayan realizado el registro de cualquier tipo de arma de fuego comercial y que no poseen la factura de venta de la armería, para que procedan con la documentación restante a realizar dicho registro por la disposición intermedia. Así se desprende del contenido del precepto autorizante (Art.361 Código Procesal Penal) cuando dice: Habrá lugar al recurso de casación por Infracción de precepto Constitucional. En todos los casos en que, con arreglo al Código Procesal Penal, pueda interponerse recurso de casación contra una resolución Judicial, será suficiente para fundamentarlo, la infracción de precepto constitucional. En el caso de autos el artículo 96 de la Constitución de la Republica ya que no se aplicó la retroactividad de los Decretos citados con antelación que refiere de la Veda en la sentencia proferida por el A-quo. Examinando lo anterior, somos del criterio que en los casos de Recurso de Casación por Infracción de precepto Constitucional como el presente por disposición del artículo 361 del Código Procesal Penal, el Tribunal de Casación en ningún caso podrá modificar los hechos que la sentencia recurrida tenga como probados, sin embargo, mientras estos no se modifiquen, es posible revisar si se aplican las normas denunciada infringidas, siendo esta la pretensión del presente Recurso de Casación en el que la decisión del Juzgador no se ajusta a las previsiones del Legislador al regula una Veda de la Posesión Ilegal de Armas de Fuego; debiéndose para tal efecto declarar sin lugar el fallo contra mis representados MARTIL NICOLAS CASTRO CASTRO Y MARVIN JAVIER BRIZUELA FLORES, por el delito de POSESION ILEGAL DE ARMAS, en perjuicio de la SEGURIDAD INTERNA DEL ESTADO HONDUREÑO. Pretendiendo para tal efecto que se anule la sentencia del A-quo y que se declare con lugar el Recurso de Casación por Infracción de precepto Constitucional, por haber infringido el Decreto Legislativo número 184-2013 de fecha uno de septiembre del dos mil trece (01-01-13) supra indica. Fundamentación Del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior[1]. En general toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia; En una buena técnica recursiva, el peticionario debe hacer mano de este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional de amplio espectro (Recurso Ordinario), en contraposición con los recursos de Infracción de Ley, Infracción de Doctrina Penal y Quebrantamiento de Formas Procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores (Recursos Extraordinarios). En este último sentido Llorente Fernández expresa que (Llorente Fernández De La Reguera, Ángel, en Los Recursos, Cuadernos de Estudios Judiciales, RAFAEL ALVARADO MANZANO, LITICOM, Tegucigalpa, 2001, págs. 113-115), “la jurisprudencia española ha puesto de manifiesto que este cauce impugnatorio no está previsto para alegar, bajo su cobertura, la vulneración de cualquier norma constitucional, sino específicamente la infracción de aquellas que tienen una estrecha y directa relación con el objeto del proceso en que son invocados. Serán, por tanto, los derechos fundamentales ligados al proceso con carácter general los que tengan cabida en esta vía impugnativa y de un modo especial aquellos que el recurrente entienda que han sido conculcados en el caso concreto...”La esencia del recurso de Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del Principio de Convencionalidad y el Principio de Primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. Único Motivo Norma autorizante: artículo 361 del Código Procesal Penal. Norma constitucional que se denuncia infringida: artículo 184-2013 de fecha 01 de septiembre de 2013 de la Ley de Control de Armas de Fuego, citado en relación con el artículo 96 de la Constitución de la República. Concepto de la infracción: infracción del precepto contenido en el decreto 184-2013. Pretensión: que se declare el fallo sin lugar contra los acusados por el delito de portación ilegal de armas. Explicó la recurrente que la norma sustantiva infringida es el decreto 184-2013 de fecha 01 de septiembre de 2013 contentivo de la Ley de Control de Armas de Fuego, que establece que a partir de la vigencia de ese decreto y por el termino de un año, se de un periodo de veda para que toda persona que tenga en su poder cualquier tipo de arma de fuego comercial y que no posea factura de venta de la armería, proceda al registro de armas ante la Secretaria de Seguridad. Del Principio de Debida Técnica Recursiva El Código Procesal Penal prevé que, en contra de las resoluciones definitivas dictadas por los Tribunales de Sentencia procede interponer recurso de casación, cuyo objeto por una parte es velar por el respeto del principio de legalidad, con la correcta aplicación de normas constitucionales, normas penal sustantivas y normas procesales y, por otra parte, la unificación de los criterios legales en el sistema jurisdiccional del Estado mediante la definición de la doctrina legal. Importante es recordar que conforme a las normas del Código Procesal Penal se ha eliminado lo que antes era la fase de admisión del recurso, que consistía en un examen preliminar que se hacía de éste a efecto de resolver si era admitido o no para su estudio de fondo; tal cambio obedece al cumplimiento del artículo 25.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, el cual establece que: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales…”; para lo cual los Estados partes se han comprometido: “a) Garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) Desarrollar las posibilidades de recurso judicial; y c) Garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.”. Ahora bien, tal disposición convencional no exime al pretensor a cumplir con los requisitos legales establecidos en aras de que el Tribunal de Casación pueda dar una respuesta pertinente, propia y útil al conflicto jurídico que se plantea, siendo éstos los siguientes: 1|. Legitimidad objetiva: existencia de un derecho impugnatorio, para lo cual se requerirá que la ley procesal determine que la resolución puede ser impugnada vía recurso de casación; 2. Legitimidad subjetiva: que el recurrente este legitimado a impugnar la resolución por causarle agravio lo resuelto por el revés (total o parcial) al interés jurídico en conflicto como consecuencia de una infracción a la ley; y 3. Satisfacción de requisitos de interposición: El recurrente deberá observar los requisitos de lugar, tiempo, modo y forma al interponer el recurso, pues éste sigue siendo un acto procesal sujeto a la observancia del debido proceso y respeto a los derechos fundamentales de todas las partes contendoras. De la Rúa (Fernando de la Rúa, en La Casación Penal, Editorial Depalma, Buenos Aires, Argentina, 1994, pág. 217), explica que el recurso de casación es un acto procesal complejo, integrado por dos elementos esenciales: la expresión de la voluntad de impugnar; y la fundamentación de la impugnación; añade el autor que ambos elementos deben de confluir al mismo acto y en el mismo momento, el cual es en la presentación del escrito de interposición. Una vez presentado el recurso de casación, corresponde al Tribunal de Sentencia hacer estudio sobre la existencia de la legitimidad objetiva y subjetiva, además de la observancia de las condiciones de lugar, tiempo y modo, restando solo a la Sala de lo Penal revisar la satisfacción del requisito de forma de interposición, mismo que se realiza al tiempo en que se resuelve el recurso, siendo éste el aspecto que analizaremos con detenimiento. El recurso de casación es la manifestación expresa de una de las partes de no encontrarse conforme con lo resuelto por el Tribunal de Sentencia por contener un vicio (de fondo o de forma), que debe ser corregido, siendo esto su pretensión; el recurrente debe necesariamente individualizar la resolución que contiene el o los vicios, su deseo de impugnarla mediante el recurso de casación y el tipo de recurso que se interpone. Además, el recurso de casación debe estar debidamente motivado con la identificación, explicación y demostración del vicio: 1. Identificación del vicio/motivo/recurso: Al momento de la interposición de un recurso de casación, el pretensor deberá señalar en primer término el tipo de recurso de casación, seguidamente el motivo en que lo fundamentó y luego el vicio que denuncia, sin embargo, el proceso de construcción del recurso por parte del recurrente es en el sentido inverso: identificación del vicio, encuadramiento del motivo y finalmente tipo de recurso de casación. Ante una resolución definitiva emitida por el Tribunal de Sentencia, el pretensor deberá identificar si existe vicio que justifique la impugnación de aquello resuelto que le causa agravio; el vicio es el defecto de ley concreto o material que contiene la resolución y cuya corrección es la que persigue mediante el recurso; hecho esto el pretensor deberá encuadrar el vicio en uno de los motivos previstos en la ley como aquellos autorizados para presentar impugnación; los motivos son enunciados abstractos de posibles vicios que puede contener la resolución, previsto por la ley procesal, operando éstos bajo el sistema de numerus clausus, por tanto, no es posible alegar vicios cuyos motivos no estén taxativamente señalados, salvo en el caso del recurso de casación por infracción de precepto constitucional, el cual opera bajo el sistema de numerus apertus, siempre que se alegue un vicio relacionado material o formalmente con la decisión adoptada por el a quo. La identificación del motivo de casación lleva al pretensor a derivar el tipo de recurso de casación a interponer; la ley procesal prevé tres tipos de recursos de casación: recurso de casación por infracción de ley, cuyo objeto es la denuncia de vicios in iudicando; recurso de casación por quebrantamiento de forma, mediante el cual se denuncias vicios in procedendo; y, recurso de casación por infracción de precepto constitucional, mediante el cual se pueden denunciar vicios in iudicando o in procedendo, contenidos en las normas fundamentales. El proceso de identificación se cumple cuando el pretensor señala: el tipo de recurso de casación; la norma autorizante del recurso que identifica el motivo mediante el cual se denunciara el vicio; el motivo debe ser de aquellos previstos a ser planteados por el tipo de recurso elegido; norma o doctrina legal infringida, cuya indebida aplicación o inobservancia provoca la existencia del motivo; concepto de la infracción, que es el enunciado sobre el vicio concreto observado, que debe ser consecuente con el motivo elegido; y la aplicación pretendida, la cual consiste en la aplicación o interpretación que se pretende de la norma o doctrina legal infringida o mal aplicada. 2. Explicación del vicio: Es ineludible para el recurrente su deber de explicar en qué consiste el vicio que produce la resolución que se impugna, y como éste se subsume en uno de los motivos previstos en la ley. La explicación debe ser clara y precisa: la claridad radica en la exposición del vicio de manera individualizada y separada, descomponiendo sistemáticamente todas sus aristas hasta desentrañar sus aspectos más básicos; la precisión implica la no mutación del alegato a aspectos ajenos al vicio que se ha identificado. La ley procesal exige en el artículo 363 del Código Procesal Penal que cada motivo debe ser planteado de manera separada, ello se justifica por la necesidad de individualizar de manera concreta y precisa cada agravio, por lo que su inobservancia meya en la efectividad del recurso. Recordemos que el artículo 350 del Código Procesal Penal prohíbe al órgano jurisdiccional que resuelve un recurso pronunciarse sobre aspectos distintos a los que se hayan planteado dentro de la impugnación y para ello entonces se requiere que dicha impugnación sea clara en cuanto al vicio, pues la falta de claridad pone en riesgo al Tribunal de Casación hacer pronunciamiento de algo distinto de lo que realmente se está impugnando, siendo entonces lo consecuente declarar sin lugar el motivo, cuando la falta de claridad sea absoluta. 3. Demostración del vicio: El recurrente, aun y cuando haya identificado el vicio, explicado en qué consiste el mismo, no verá prosperar su recurso si no demuestra su existencia; ello solo se puede hacer cuando se hace la debida confrontación entre el aspecto contenido en la sentencia o resolución impugnada y la norma sustantiva o procesal que revela la contrariedad y la explicación de la aplicación que debió hacerse de dicha norma y que es la pretensión que se persigue con el recurso, es decir, como considera el recurrente que debió haber sido aplicada la norma o por qué no debió haber sido aplicada. El vicio debe ser relevante, debe superar los aspectos meramente formales pasando a ser un aspecto material que interfiere en la legalidad de la resolución y que justifica la impugnación. Por lo anterior, el Tribunal de Casación no podría dar respuesta a un recurso cuando éste fuese presentado en grado tan confuso que no sea posible, aun con un gran esfuerzo, deducir cual es el sentido del reclamo que realiza el censor, pues ello podría acarrear violación del artículo 350 del Código Procesal Penal, tal y como se ha explicado ut supra. (Sentencias de Sala de lo Penal del 29 de abril de 2014 en el expediente SP 348-2011; del 27 de mayo 2014 en expediente 057-2012; del 04 de febrero de 2014 en el expediente 439-2011, del 23 de octubre de 2013 en expediente 172-2011; del 17 de septiembre de 2013 en el expediente SP 228-2011). De los decretos legislativos de gracia o de veda o amnistía El legislador hondureño ha dispuesto en varias ocasiones emitir leyes y normas temporales con el objeto de establecer reglas especiales, algunas veces exonerando de requisitos, para que las personas dueñas y poseedoras de armas de fuego regularicen su tenencia o, en su caso, hagan entrega de aquellas que la ley ha catalogado como prohibidas. Estas normas legales, de naturaleza administrativa, tiene el propósito de motivar a los particulares a que se ajusten a las leyes que regulan el tema de arma de fuego, no debiendo entenderse que buscan como propósito exonerar de responsabilidad penal por delitos relacionados con estos objetos. Desde el año 2001 han estado en vigencia 09 leyes distintas que regulan tiempos de exención, siendo éstas: a. La Ley de Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros similares: En el artículo 62 se estableció un período de gracia de 12 meses, a contar a partir de su vigencia, para que las personas que estuvieran en posesión de armas permitidas pudieran hacer el trámite para la obtención del permiso correspondiente sin la necesidad de presentar documentos de propiedad alguno; Dentro del mismo plazo las personas que tuvieran en su poder armas de guerra, automáticas, explosivos, municiones o accesorios prohibidos, podían entregarlas a la autoridad pública sin responsabilidad alguna. El término referido en el artículo 62 transcurrió del 29 de julio del 2000 hasta el 29 de julio del 2001. b. Decreto No. 257-2002: El artículo 2 estableció que las personas que estaban en posesión de armas de fuego permitidas por la ley, entendiéndose como tales las enumeradas en el artículo 7 de la Ley de Armas, tenían un plazo de seis (06) meses para su registro y obtención del permiso, sin la necesidad de presentación de documento alguno sobre la procedencia del arma. El período de gracia establecido en esta ley fue del 07 de octubre de 2002 hasta el 06 de abril de 2003. c. Decreto No. 101-2003: El artículo 3 establecía un término de noventa (90) días para que las personas que estuviesen en posesión de armas de fuego de guerra o reservadas para uso de las Fuerzas Armadas de Honduras y armas de fabricación artesanal (Art. 8 de la Ley de Armas), las entregaran a la autoridad competente sin responsabilidad penal o civil. Los 90 días comenzaron a correr desde el 11 de julio hasta el 08 de octubre de 2003. Durante dicho tiempo quedó en suspenso la vigencia del artículo 4 del decreto 101-2003, que creaba un nuevo tipo penal de Tenencia y Almacenamiento de Armas de Fuego de Guerra y de Fabricación Artesanal y que entró en vigor precisamente al vencerse el plazo, es decir el 09 de octubre de 2003, hasta su fecha de derogación el 15 de enero de 2004. d. Decreto No. 274-2005: En el artículo 1 establece que es permitida la inscripción de armas de fuego de marcas y calibres específicos, siempre que sean de los modelos de fusiles semiautomáticos y carabinas, sin la necesidad de documentación de origen, en un período de gracia que no fue determinado en el decreto, lo que llevó como consecuencia a que dicho decreto no tuviese efectividad alguna. e. Decreto No. 069-2007: Este decreto además de reformar el artículo 27 y adicionar los artículos 27-A, 27-B y 27-C a la Ley de Armas, estableció en su artículo 2 un plazo de seis (06) meses para que las personas pudieran registrar las armas de fuego que tuvieren en posesión de manera irregular; conjuntamente establecía el artículo 3 que el decreto entraría en vigor 20 días después de la publicación oficial, misma que fue hecha el 29 de agosto de 2007; el término de seis meses establecido comenzó a correr el 18 de septiembre del año 2007 y venció el 18 de marzo del 2008, a media noche. f. Decreto No. 184-2013: El artículo 2 establecía un año de veda para que toda persona que tuviese en su poder cualquier tipo de arma de fuego comercial procediera a realizar los trámites correspondientes para su registro, presentando la documentación respectiva con excepción a la factura de venta de La Armería, la cual no sería necesario presentar en dicho tiempo. En el primer párrafo del artículo 2, regulaba la posibilidad de inscripción de armas de fuego sin la necesidad de la presentación de factura de compra, refiriéndose a aquellas armas que la ley catalogaba como permitidas su tenencia y almacenamiento previo permiso de autoridad competente, enumeradas en el artículo 7 de la Ley de Armas. El plazo de un año de “veda” o de gracia que anunciaba el artículo 2, comenzó a correr en fecha 05 de octubre de 2013 y venció el 05 de octubre de 2014. g. Decreto No. 063-2014: El artículo 1 concedió prorrogar de la vigencia del decreto No. 184-2013, por un período de seis (06) meses, a partir del vencimiento de dicho decreto, con el objeto de que toda persona que tuviera en su poder cualquier tipo de arma de fuego proceda a realizar los trámites de registro, debiendo presentar toda la documentación pertinente a excepción de la factura de compra en La Armería. El término de prórroga comenzó a correr el día siguiente al vencimiento del plazo señalado en el decreto 184-2013, es decir el 06 de octubre de 2014, venciéndose el 06 de abril de 2015. h. Decreto No. 060-2015: El Legislador nuevamente, dispone en el artículo 1 prorrogar el decreto No. 063-2014, a partir de su vencimiento y hasta el 31 de diciembre de dos mil quince, con los mismos efectos. i. Decreto No. 052-2017: El legislador decretó conceder el beneficio de amnistía desde el 04 de agosto de 2017 y hasta el 31 de diciembre de 2018, para que todas las personas que no hayan realizado el registro de cualquier tipo de arma de fuego comercial y que no posean la factura de la venta de La Armería, procedan con la documentación restante a realizar dicho registro. Existe controversia sobre los alcances que en materia penal han tenido los decretos legislativos enumerados durante el tiempo en que estuvieron en vigencia (no se olvide que se trata de leyes temporales); controversia que ha sido sometida a conocimiento y resolución de la Corte Suprema de Justicia en no pocas ocasiones, existiendo ya a la fecha un criterio definido, tanto en la Sala de lo Constitucional como en la Sala de lo Penal. A. Sala de lo Constitucional: en sentencias del 09 de agosto de 2017 emitidas en los expedientes números 0283-2015 y 0688-2015 y en sentencias del 16 de mayo de 2017 de los Exp 198-2016 y 329-2016 la Sala de lo Constitucional, tras haber desarrollado posturas diferentes sobre el tema, declaró apartarse de su propia doctrina legal, refiriendo que el dilema es una cuestión de mera legalidad que debe ser resuelto en instancia y no mediante la garantía constitucional de Amparo, por lo que consideró que a partir de esa fecha lo procedente es sobreseer todas las acciones que se refieran a este tema en específico; de este modo la Sala de lo Penal es la llamada para resolver el diferendo de criterios jurídicos. B. Sala de lo Penal: a partir del año 2018, apelando al método dogmático de interpretación de las normas jurídicas, ha determinado que los Decretos Legislativos In Comento son normas de índole administrativas cuyo ámbito de aplicación son en esa materia sin que tengan conexidad, mucho menos incidencia en el derecho penal. Recordemos que manda el artículo 17 del Código Civil que “No podrá atribuirse a la ley otro sentido que el que resulta explícitamente de sus propios términos, dada la relación que entre los mismos debe existir y la intención de legislador”. Los decretos de veda o amnistía tuvieron como propósito establecer condiciones especiales para motivar a la población del territorio hondureño regularizar su posesión de armas de fuego, sea obteniendo el permiso de la autoridad sin la presentación de la documentación que normalmente se exige, sea entregando sin responsabilidad algunas armas de tenencia prohibida. En específico, el Decreto 184-2013, con cuya vigencia se procuraba que los poseedores de cualquier arma de fuego de carácter comercial que no poseían factura de venta procedente de la Armería, tuvieran la posibilidad de inscribirla en el registro correspondiente y obtener la autorización para la almacenamiento de tales armas; dicho decreto no despenaliza bajo ningún concepto la tenencia ilegal, tampoco suspende su positividad o determina suspenso de antijuricidad de la conducta (que han sido los argumentos judiciales aplicados); en general, no tiene por finalidad permitir la impunidad de esta tipología de delitos de peligro abstracto, sino que el fin expreso y taxativo del mismo es promover el registro de armas de fuego en poder de los particulares, para efectos de que el Estado obtenga control del parque de armas de fuego circulantes en el país, en efectivo cumplimiento de las políticas públicas y de la seguridad jurídica como valor constitucional fundante del Estado de Derecho. El Decreto No. 184-2013 (tema del Recurso de Casación que nos ocupa), se concedió un plazo de tiempo para que las personas pudiesen obtener su permiso de almacenamiento y tenencia de arma de fuego comercial o de uso personal, esto no debe entenderse como “carta blanca” en donde la persona pudiese desplazarse impunemente en el territorio nacional, portando un arma de fuego en lugares y en tiempos en donde revela que su intención no es hacer el trámite para su registro, sino el de poner en peligro abstracto el bien jurídicamente tutelado: la seguridad interior del Estado de Honduras. De la procedencia del recurso. El motivo no es de recibo. Conforme al Principio de Debida Técnica Recursiva explicado en el apartado anterior, observa esta Sala de lo Penal que la censora no ha hecho uso correcta de dichas reglas mínimas para la presentación de la impugnación, pues en primer lugar establece como precepto infringido el decreto 184-2013 contentivo de la Ley de Control de Armas de Fuego, cuando lo correcto y conforme a la primacía constitucional debe señalarse la norma constitucional que considera violentada, pues la especie del presente recurso contiene todos aquellos preceptos constitucionales que tengan relación con el derecho penal y derecho procesal penal; pero es incorrecto señalar una norma sustantiva como precepto infringido en un recurso donde se denuncia la infracción de una norma constitucional. De igual forma en el desarrollo del recurso la recurrente plantea que “la norma sustantiva infringida es el ya mencionado decreto 184-2013” para luego establecer que conforme a los hechos probados el Sentenciador olvidó la aplicación de leyes intermedias; todos estos argumentos son propios de un recurso de casación por infracción de ley, mediante el cual, tomando como base la fundamentación fáctica de la Sentencia, el recurrente debe explicar cómo el A-quo aplicó incorrectamente, dejó de aplicar o interpretó erróneamente una norma penal; pero en el recurso que enuncia la censora debe desarrollar en primer término la norma constitucional que considera infringida y explicar como se violentó y cual es el agravio que ese error judicial provocó en su representado. Ahora bien, consideramos importante señalar que, en relación a los decretos de veda o amnistía que aprobado el Congreso Nacional, esta Sala de lo Penal ha sentado ya jurisprudencia en relación a los alcances y consecuencias jurídicas de referido decreto y sus prorrogas; en relación a la relevancia jurídico-penal de la acción realizada por los señores Martil Nicolás Castro Castro y Marvin Javier Brizuela Flores, es necesario abordar el contenido del artículo 332-B del Código Penal decreto 144-83, “Quien sin permiso de la autoridad competente fabrique, almacene, transporte, posea, use, ingrese o saque del país, suministre o venda armas de fuego y municiones para el uso personal o deportivas y explosivos comerciales, incurrirá en una pena de tres a seis años de reclusión, sin perjuicio del comiso de dichas armas, municiones, explosivos y otros materiales relacionados con ellas. Se entenderá por armas de uso personal, defensa o deportivas, municiones, explosivos y similares, las descritas en la ley especial.” Asimismo, mediante el decreto legislativo No. 184-2013: artículo 2 establecía un año de veda para que toda persona que tuviese en su poder cualquier tipo de arma de fuego comercial procediera a realizar los trámites correspondientes para su registro, presentando la documentación respectiva con excepción a la factura de venta de La Armería, la cual no sería necesario presentar en dicho tiempo. En el primer párrafo del artículo 2, regulaba la posibilidad de inscripción de armas de fuego sin la necesidad de la presentación de factura de compra, refiriéndose a aquellas armas que la ley catalogaba como permitidas su tenencia y portación previo permiso de autoridad competente, enumeradas en el artículo 7 de la Ley de Armas. El plazo de un año de “veda” o de gracia que anunciaba el artículo 2, comenzó a correr en fecha 5 de octubre de 2013 y venció el 5 de octubre de 2014. Ante los desacertados argumentos de la censora, es necesario recordar cual es el criterio de esta Sala de lo Penal al respecto y que ha establecido jurisprudencia en el sentido de que, la letra y espíritu del decreto 184-2013 y de sus anteriores y posteriores prórrogas es para que las autoridades de la Unidad del Registro Balístico adscrita a la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, durante la vigencia del mencionado decreto, permitan a los particulares propietarios de armas comerciales que no hayan registrado su artillería por carecer de factura de la Armería, pasen a registrarlas a su nombre y así éstas pasen a ser legales. Todo ello con el propósito de que una gran cantidad de armas no continúen siendo ilegales en posesión de sus propietarios y tener el debido registro del parque de armas para seguridad de la población. Para determinar si existe o no responsabilidad penal por el delito de porte ilegal de arma de fuego comercial durante el periodo de vigencia del decreto 184-2013 y sus anteriores y posteriores prórrogas, no debe tomarse en cuenta únicamente el elemento temporal para declarar la atipicidad de la conducta esgrimida en el artículo 332-B del Código Penal, sino que también, deben tomarse en cuenta pautas objetivas que conlleven a colegir sin ningún género de dudas, que la persona que portaba un arma de fuego comercial sin autorización durante el tiempo de la veda, tenía la intencionalidad de ir a registrarla, pues el permiso o veda es para registrar el arma y no para su simple portación, lo que va en contra de la voluntad del legislador al emitir y prorrogar dicho decreto. Por las razones expuestas se declara no ha lugar el presente recurso de casación. Decisión. Se desestima el recurso de casación por infracción de precepto constitucional en su único motivo interpuesto por la Defensa Pública. de la procedencia de la aplicación retroactiva del cp decreto 130-2017. A. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos de retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir una pena de cinco a diez años de prisión). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado, disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrará en vigencia y cuándo es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento del juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución Política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas en su totalidad, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el CP Decreto 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo código, sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibida la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando en la decisión judicial de la sentencia que se impugna, se aprecie un concurso real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme a las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse, primero conforme al límite objetivo ordinario o límite objetivo extraordinario, según corresponda, y después conforme al límite subjetivo. Sin embargo, uno no es preferente sobre el otro, por lo que se aplicará el límite que sea menor; b. La ponderación deberá realizarse, primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el CP-130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a. Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b. Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no, los 30 años (límite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (límite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años, la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años, se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas, en suma, sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y, aun así, en suma, sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja, de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Límite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Límite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Límite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán, cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. C. Escrito Complementario No fue presentado ante la única instancia escrito por parte de la Defensa Pública de los acusados Martil Nicolás Castro Castro y Marvin Javier Brizuela Flores, que expusiera cuál es su criterio en cuanto a la aplicación retroactiva del nuevo cuerpo normativo penal, tal y como lo señala el artículo 624 del Código Penal 130-2017; tampoco el Ministerio Público hizo pronunciamiento al respecto, por lo que la Sala de lo Penal se ve obligada a realizar el análisis de oficio tal y como prevé el numeral 3 de la misma norma citada, en relación al acusado señalado. D. Ponderación en el caso concreto El Tribunal de Sentencia, basado en el Código Penal decreto 144-83, declaró responsable a los acusados Martil Nicolás Castro Castro y Marvin Javier Brizuela Flores, del delito de Asesinato a la pena de 23 años de reclusión y por Posesión Ilegal de Arma Comercial a la pena de 4 años, por lo que vistos en concurso real suman 27 años de reclusión; como penas accesorias se impuso a los acusados la inhabilitación absoluta, la interdicción civil; además se hizo la declaratoria de responsabilidad civil derivada del delito. De acuerdo al decreto legislativo 130-2017, el Artículo 193 regula el delito de Asesinato estableciendo una pena de 20 a 25 años de prisión; y en relación a la Tenencia Ilegal de Armas, regulado en el artículo 580 la pena para el delito de tenencia es de 1 a 4 años de prisión más localización permanente de hasta 2 años. En ese sentido al hacer la suma de las penas nos dan un margen abstracto de 21 a 29 años de prisión; de lo que se deduce que la pena total impuesta conforme el Código Penal derogado que es de 27 años, se encuentra dentro del margen establecido en la nueva legislación penal, por lo que no procede la aplicación retroactiva del Código Penal decreto 130-2017. Por Tanto:La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 82, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 359, 361, 363 y 369 del Código Procesal Penal; 66 y 616 del Código Penal decreto 130-2017. Falla: Primero: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo interpuesto por la Abogada Tesla Danelia Sibrian Dueñas, en su condición de defensora pública de los señores Martil Nicolás Castro Castro y Marvin Javier Brizuela Flores a quienes se les condenó por los delitos de Asesinato en perjuicio de Arturo Ricardo Chap y Porte Ilegal de Armas en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado. Segundo: Declara la no procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal decreto130-2017. Tercero: Declara Firme y Ejecutable la sentencia de fecha treinta de agosto del año dos mil diecisiete, dictada por el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal. Y manda: Que la Secretaría del despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. Firma y Sello José Olivio Rodríguez Vásquez Magistrado Coordinador, Rafael Bustillo Romer Magistrado, Alma Consuelo Guzmán García Magistrada. Lety Emelda Posadas. Secretaria Actuante. Sala de lo Penal.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecinueve días del mes de octubre del año dos mil veintidós. Certificación de sentencia dictada a los veinticuatro días del mes de febrero del año dos mil veintidós, recaída en el Recurso de Casación con número de ingreso SP-397-2018.

LETY EMELDA POSADAS

SECRETARIA ACTUANTE SALA DE LO PENAL

[1] El artículo 8.2 literal h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que, durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, entre otras garantías mínimas, la de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.