Sentencia CP-329-18 — Registro 17366
Resumen
En primer instancia se condena a los imputados como autores del delito de secuestro, se declara sin lugar el recurso de casación interpuesto por su defensa. Procede la aplicación retroactiva de la ley penal
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."El recurso no es de recibo. Establece la recurrente que el Tribunal de Sentencia vulneró la presunción de inocencia al condenar a su representado con una escasa actividad probatoria, ya que el sentenciador no contaba con la suficiente prueba por tener la certeza de culpabilidad. A través de un motivo de casación basado en la infracción del derecho a la presunción de inocencia, la tarea de esta Sala de lo Penal no puede consistir en realizar una nueva valoración de las pruebas practicadas a presencia del juzgador de instancia, porque a este solo corresponde esa función valorativa, pero si puede este Tribunal de Casación verificar que, el A Quo contó con suficiente prueba de signo acusatorio sobre la comisión del hecho y la participación del acusado en él. Esta Sala de lo Penal considera que el que alega vulneración del derecho a la presunción de inocencia, debe comprobar lo siguiente: a) Si hay prueba en sentido material (prueba personal o real); b) Si estas pruebas son de contenido incriminatorio; c) Si ha sido constitucionalmente obtenida, esto es, si fue incorporada lícitamente al juicio oral; d) Si ha sido practicada con regularidad procesal; e) Si es suficiente para enervar la presunción de inocencia; y f) Si ha sido racionalmente valorada por el Tribunal sentenciador. Esta sala estima que en el juicio se recibió como prueba de cargo los medios de prueba siguientes: Medios de Prueba de Cargo: 1) Prueba Testifical: a) Testigo Protegido “B”, en calidad de ofendida; b) Testigo Protegido “A”, c) testigo protegido “C”, d) Enrique Salatiel Gonzáles Vallecillo; 2) Prueba Documental: a) Acta de Registro personal; b) acta de decomiso; c) acta de reconocimiento y álbum fotográfico; 3) Prueba pericial: Intervención y vaciado telefónico: Medios de Prueba de descargo: 1) Prueba Testifical: a) Miguel Angel Perdomo Becerra; b) Keilyn Vanessa Cardona Estrada. Derivado de lo declarado en juicio se estableció que el Testigo Protegido “B” (perjudicada), en su deposición se estableció en el acta de debate (F585) que en la noche llegaba un muchacho delgado y le cuidaban de manera permanente dos personas, uno de ellos andaba jeans, botas, pasamontañas, de nariz gruesa, cejas gruesas y ojos claros, luego supe que su nombre era Wilfredo, le daban bastante café y sopa instantánea,; a preguntas del Ministerio Público, en el acta de debate contesto (f.450): eran dos personas que la cuidaban día y noche describiendo las apariencias físicas, de esas personas que le llevaban alimentos, había un señor y que una vez que fue a orinar, lo miro, era blanco, alto y me dijo, va que tú me miraste y le dije que no, si me miraste me dijo ahorita mismo te pico, ese señor siempre me llevaba la comida allí y otro me llevaba para adentro, nunca entraba él., de alimentos me daban café bien espeso, con una galleta, a veces sopas instantáneas la comía todo el día, ; El testigo protegido “c”, en le acta de debate (f.455) estableció: “Era un 05 de diciembre un viernes por la tarde. Faltando 15 minutos para las 5:00 p., entró un joven al local, me miró y sonrió entonces yo ,e levante a hablarle para ver que deseaba, entonces sacó un arma de la parte de adelante del pantalón, andaba con jean azul, andaba una camiseta blanca, no era tan alto de estatura, media 1.60 a 1.65 mts, claro, pelo negro y lo andaba parado con gelatina, luego la señora fue secuestrada, salió del área de caja, entonces le agarraron a ella por la mano y le dieron vuelta apuntándole con el arma, luego hicieron un disparo, me asuste y me escondí…, entonces salimos afuera, cuando salí a la puerta del local, ví un carro rojo, tenía una franja blanca y la placa no la logre ver.” A preguntas de las partes, contestó: eran dos personas que se llevaban la persona secuestrada, reconoció a uno de ellos. Con el testigo Enrique Salatiel Gonzáles Vallecillo, agente de la unidad antisecuestros, en su declaración entre otras cosas manifestó, que se informó el día 6 de diciembre de 2014, a la unidad sobre el secuestro del testigo protegido “B” el día 05 de diciembre de 2014, informándoles que unos sujetos se la llevaron de su trabajo, pidiéndoles rescate a los familiares, estableciendo que de las investigaciones se determinó que Erlin Jaciel Gómez es de mediana estatura, fornido y ojos claros, Wilmer Chirinos es fornido, frentudo, nariz ancha y Wilfredo Maradiaga , usaba botas, nariz ancha y le iba a dejar la comida a la víctima, en el caso de Wilfredo Maradiaga se le siguió investigación por otro delito de secuestro en el cual tuvo en cautiverio en esa misma casa a otra persona, de las investigaciones que realizó del caso se tuvo conocimiento por una fuente humana quien dio los nombres de los acusados y les manifestó que en la casa de Wilfredo se reunían los secuestradores, fue así como se ubico la casa en que se mantuvo en cautiverio a la testigo protegido “B” y que ella reconoció, una casa de bloque, techo de zinc, puerta de tabla yeso, casa que pertenecía a Wilfredo o a un familiar de él, misma que se encuentra a unos 20 metros de la casa de habitación de Wilfredo Maradiaga Rodríguez, a preguntas de las partes, respondió que la casa en que se mantuvo en cautiverio a la testigo protegido “B” , esta en la aldea río debajo de Ilanga y frente a la casa que habita el señor Wilfredo Maradiaga Rodríguez; con el Acta de Reconocimiento con su álbum fotográfico número dos, realizado por la testigo protegido “B” en la que reconoce al numero 6, que es quién le daba la comida y andaba con botas y corresponde al nombre de ese listado de Wilfredo Maradiaga Rodríguez. Con la prueba pericial propuesta por el Ministerio Público, se evacuó como prueba pericial la intervención y vaciado telefónico (f 152 al 201) y ampliado a folios 447 al 463, en la que concluye que los secuestradores utilizaron los números telefónicos 98888474 y 97787665 de donde realizaron sus exigencias económicas (L.5,000,000.00) a cambio de la liberación de la víctima, estas llamadas fueron recibidas por los números telefónicos de los familiares de la víctima números 96157601 y 98894475, de acuerdo con la información brindada por la compañía telefónica TIGO, se identifica que el abonado celular 97727665 que era utilizado por uno de los secuestradores que sostuvo comunicación con varios números telefónicos perteneciente a diferentes sujetos uno de ellos el número 99985782 perteneciente a Wilman Omar Chirinos Pineda, en diferentes horas el 06 de diciembre de 2014 y en casi todo el mes de noviembre de ese mismo año y en la que presentó ubicación en el sector de la celda de Ilanga para las fechas 05/12/2014, 08/12/2014 y 11/12/2014, y el 05 de diciembre de 2014 se generaron varias llamadas de ese número. Esta Sala de lo Penal aprecia que no es correcto el planteamiento del censor cuando afirma que la sentencia condenatoria, es fundamentada por el A quo, solamente en base al testimonio del testigo protegido “B”, pues se comprueba que la sentencia se ha basado en la valoración individual y conjunta de la prueba de cargo, y que tales pruebas, fueron incorporadas y valoradas en el proceso conforme a las normas y garantías constitucionales y procesales necesarias para su validez. Además, aprecia esta Sala que las mismas son congruentes, concordantes, inequívocas y además suficientes para quebrantar el estado de inocencia, habiendo tenido la defensa acceso a todas las oportunidades procesales para ejercer una adecuada y equilibrada defensa técnica, en razón de lo cual no se observa la infracción de precepto constitucional alguno.."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 361 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."El recurso no es de recibo. La Sala de lo Penal en reiteradas sentencias se ha pronunciado en el sentido que la no conformidad del recurrente con lo resuelto por el sentenciador no es motivo de casación, sino la violación a las reglas de la sana crítica, que analiza el iter de pensamiento del juez mediante el cual ha llegado a una conclusión de condena. Cuando se interpone el recurso de casación por quebrantamiento de forma cuyo motivo es la infracción a las reglas de la sana crítica (como es el caso que nos ocupa), el censor delimita su análisis a la fundamentación probatoria y la trascendencia que pueda tener ésta en la fundamentación fáctica y el posterior fallo; deberá identificar primeramente qué regla de la sana crítica es la infringida (ver sentencias de la Sala de lo Penal de fecha 17 de enero de 2013, recaída en el expediente SP 131-2011; y de fecha 27 de junio de 2013, recaída en el expediente SP 132-2011); posteriormente, deberá identificar el silogismo judicial que considera transgrede la regla previamente identificada, segregar su premisa mayor, su premisa menor y su posterior conclusión, para después explicar y comprobar porqué la conclusión inferida de aquellas premisas, es malograda y no tiene la cualidad de ser respetuosa de nuestro sistema de valoración probatorio, siendo este precisamente el proceso de identificación, explicación y comprobación del vicio que exige una buena técnica recursiva. (Ver sentencia de la Sala de lo Penal de fecha 2 de abril de 2019, recaída en el expediente SP 174-2015). Hoy por hoy, el recurso de casación por quebrantamiento de forma planteando como motivo la violación las reglas de la sana crítica ocupa un gran de porcentaje de los recursos que resuelve esta Sala de lo Penal; desafortunadamente, no en pocos casos, el recurrente acude a tal alegato como una forma de disfrazar la verdadera pretensión de reexamen o revalorización de la actividad probatoria como medio de atacar el juicio valorativo hecho por el tribunal de sentencia, pretendiendo así que los jueces de casación, sin contar con inmediación (entre otros principios faltantes), valoren un medio de prueba determinado, extraigan conclusiones probatorias y luego las compare con aquellas a las que arribó el a quo, decidiendo finalmente si lo hecho por los jueces de la instancia está bien o mal a depender si coincide la valoración de la prueba hecha en única instancia, todo ello impropio en sede casacional. No existe una previa determinación de pruebas, por lo que éste debe de ser asignado por el juzgador de la instancia haciendo mano de las reglas de la sana critica, evaluándolas y determinando el grado de convencimiento que le genera cada una de ellas y en su conjunto en relación a la imputación, lo que constituye un proceso directo de los jueces de instancia y ajeno a los jueces de casación. Por ello, el recurso de casación no provoca un nuevo examen probatorio de los medios que fundan la decisión judicial impugnada; la casación no es una segunda instancia, sino una única instancia encargada de revisar la mera legalidad de la decisión judicial, quedando fuera de tal esfera de competencia la revaloración de la prueba; las partes en la interposición del recurso no pueden pretender que esta Sala de lo Penal declare el acierto o desacierto del Tribunal de Sentencia sobre sus criterios valorativos, pues ello sería rebasar las potestades legales conferidas por la ley a los jueces de casación. En el caso subjudice, cuando se cuestiona la violación a las reglas de la sana critica, es incorrecto lo expuesto por los recurrentes, dado que identifican contradicciones e inexactitudes, no en el razonamiento judicial (que es el que se controla en casación), sino que lo hace a los medios de prueba, lo que no puede ser objeto de revisión por la Sala de lo Penal, pues ello implicaría valoración de prueba. Exponen una reflexión que parte de una valoración privada y personal de los medios de prueba, olvidando que el tribunal de casación no hace valoración de prueba, mucho menos una ponderación conjunta de la carga probatoria para determinar acreditación de delitos y de responsables; como se ha indicado ut supra, la potestad legal de la Sala de lo Penal se limita exclusivamente a determinar si el razonamiento judicial se encuentra dentro del canon de las normas que pautan el recto entendimiento, determinación que se hace partiendo exclusivamente de lo que definen los recurrentes como aspectos sujetos a impugnación, que en el presente caso resultaron no demostrativos de vicio e impropios de una correcta técnica recursiva casacional. A partir de lo expuesto, la Sala Penal destaca que el recurrente no puede pretender con éxito, que este tribunal de casación sustituya la valoración probatoria realizada por la instancia, pues no es su competencia sustituir dicha valoración o realizar una alternativa homologando la primera en la medida que una y otra sean coincidentes. Mucho menos, podrá sustituir esa función valorativa de la instancia el recurrente, pues aquellos son los únicos autorizados por la norma procesal para llevar a cabo esa función, realizando los principios de inmediación, contradicción, oralidad y publicidad que rigen la actividad de la prueba. En conclusión, la Sala de lo Penal se encuentra imposibilitada de hacer un pronunciamiento de fondo para resolver el objeto de impugnación, dado que éste no fue debidamente definido por el recurrente, esto por una deficiente técnica recursiva..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362, Numeral 3 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."El recurso no es de recibo. El Censor señala que la sentencia viola el artículo 82 de la Constitución de la República que reconoce el derecho fundamental a la defensa; artículo89 relativo al derecho de presunción de inocencia, artículo 90 al debido proceso legal sin explicar los alcances de dichos derechos fundamentales. El recurrente presentó Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, denunciando que la sentencia era producto de la violación de tres derechos fundamentales. La denuncia inicia así con un importante defecto de forma, pues bajo un mismo título se denuncian tres violaciones que debieron ser planteadas de manera independiente y, aún más, desarrollarlas por separado, a efecto de demostrar la existencia de los vicios que hacen invalidada la sentencia. Es de tener presente que una adecuada técnica recursiva obliga al recurrente, no solamente a identificar debidamente el recurso que interpone, el motivo en que se basa y el concepto de la infracción o vicio que se alega, sino que además un debido desarrollo argumentativo que explique dicho vicio con claridad y precisión: la claridad radica en la exposición del vicio de manera individualizada y separada, descomponiendo sistemáticamente todas sus aristas hasta desentrañar sus aspectos más básicos; la precisión implica la no mutación del alegato en aspectos ajenos al vicio que se ha identificado.- Sumado a lo anterior, el Censor debe hacer la debida comprobación de la existencia del vicio, haciendo la confrontación entre el aspecto contenido en la sentencia o resolución impugnada y la norma o doctrina legal que revela la contrariedad y la explicación de la aplicación que debió hacerse de dicha norma y que es la pretensión que se persigue con el recurso, es decir como considera el Recurrente que debió haber sido aplicada la norma o por qué no debió haber sido aplicada. En el recurso que ahora se resuelve, nada de lo anterior es aportado por el Censor, pues en un lacónico planteamiento, se limita a señalar que fueron violentados los artículos 82, 89 y 90 de la Constitución de la República, sin explicar en concreto cual es el vicio, como fue supuestamente producido, cuáles fueron las consecuencias de éste y cuál es el remedio procesal que se pretende, además de establecer alegatos de instancia y confrontar los elementos de prueba entre sí,. La sola mención de que la prueba presentada en el debate fue indebidamente valorada no satisface los requerimientos necesarios de claridad y precisión expuestos, debiendo por tanto declararse sin lugar el recurso..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 361 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."El recurso no es de recibo. Debe tener presente que habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o de doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido una norma penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada para la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo. El recurso interpuesto obliga a respetar el relato de hechos probados en la sentencia recurrida, pues en estos casos se discuten problemas de aplicación de la norma jurídica y tales problemas han de plantearse y resolverse sobre unos hechos predeterminados, que han de ser fijados al efecto por el tribunal de instancia. El recurso de casación por infracción de ley se articula a partir de las precisiones fácticas que haya establecido el Tribunal de instancia, por no constituir una apelación ni una revisión de prueba. Se trata, en todo caso, de un recurso de carácter sustantivo penal cuyo objeto exclusivo es el enfoque jurídico que, a unos hechos dados, ya inalterables, se pretende aplicar, en discordancia con el sentenciador. Establece el recurrente en su motivo casacional que el Tribunal de Sentencia ha incurrido en motivo de error In Iudicando por la aplicación indebida del artículo 192 del Código Penal, ya que alcanza la duda, y se evidencia la falta de elementos objetivos y subjetivos consecuente con la participación del mi representado Erlin Jaciel Gómez Padilla como autor en el delito de secuestro, sin embargo, en su deposición no confronta los hechos probados con la norma penal que menciona como infringida. Como el recurso presentado por el censor es Infracción de Ley, nuestro estudio se circunscribirá en la relación de hechos probados que ha establecido el Sentenciador, efectuando un encuadre mental conforme a los elementos objetivos de cada tipo penal y verificando su presencia en el cuadro fáctico. La fundamentación fáctica de la sentencia revela que: “PRIMERO: El día cinco de diciembre del año dos mil catorce, siendo aproximadamente las cuatro y treinta de la tarde, la ofendida TESTIGO PROTEGIDO "B" se encontraba en su negocio ubicado en el barrio la Flores, de la ciudad de Tocoa, Colón, junto a varios empleados y algunos clientes, cuando ingresaron los acusados WILMAN OMAR CHIRINOS PINEDA y ERLIN JACIEL GOMEZ BUSTILLO, sin usar pasamontañas quienes los amenazaron con armas de fuego, dirigiéndose ERLIN JACIEL GOMEZ BUSTILLO hacia la TESTIGO PROTEGIDO "B" tomándola de la mano bajo intimidación y conduciéndola hacia un vehículo doble cabina, color rojo con una franja blanca, en el cual se encontraban dos personas más, en donde la vendaron, seguidamente se dirigieron a la rivera de un rio donde esperaron que se hiciera de noche; trasladándola a una casa vieja en construcción ubicada en la aldea Rio Arriba de Ilanga Trujillo, pernoctando esa primera noche en una silla tapándose con un toldo por el frio, luego le dieron un colchón delgado, permaneciendo en cautiverio en ese lugar por siete días diciéndole que si no entregaban el dinero le harían picadillo a sus hijos, siendo cuidada de manera permanente por dos personas, una era el acusado WILFREDO MARADIAGA RODRIGUEZ, quien vivía frente a ese lugar y era quien le llevaba la comida la cual siempre estaba caliente, siendo alimentada por café y sopas instantáneas; en algunas ocasiones llegaban otras personas quienes cubrían sus rostros con pasamontañas, sin embargo un día olvidaron cubrirse identificando ella a WILMAN OMAR CHIRINOS PINEDA; mientras estaba en cautiverio, durante la noche no era vendada y en ocasiones escuchaba las voces de sus captores y el llanto de un niño, escuchando en una oportunidad nombrar a unos como WILMAN Y ERLIN. SEGUNDO: En fecha seis de diciembre del año dos mil catorce el TESTIGO PROTEGIDO "A", recibió llamada telefónica de los captores de la testigo PROTEGIDO "B" a eso de las diez de la mañana, pidiendo rescate de cinco millones de lempiras para la liberación de la víctima, caso contrario la matarían, por lo cual interpuso la denuncia correspondiente ante la Unidad Nacional Anti Secuestro, iniciando este ente las diligencias correspondientes para intervenir las líneas telefónicas de donde se originaban y destinaban las llamadas recibiendo durante el transcurso de los días varias llamadas así como otros familiares de la víctima a quien les hacían las mismas exigencias, llamadas realizadas de los números telefónicos 98888474 y 97727665, y que de este último número se generó comunicación con el número telefónico 99985782 registrado a nombre de WILMAN OMAR CHIRINOS PINEDA; A petición de la víctima, los captores la pusieron en comunicación con su familia, pidiéndoles ella a su familiares que pagaran los valores exigidos que ya no aguantaba esa situación; es así que en fecha once de diciembre del mismo año el testigo PROTEGIDO "A" acuerda con los captores pagar la cantidad de un millón y medio de lempiras y por sus instrucciones lo deja en una cuneta ubicada en el desvió de Braulio, de Tocoa, Colón entre doce y una de la madrugada, liberándose a la TESTIGO PROTEGIDO "B" horas después ya en fecha 12 de diciembre a eso de las cuatro de la madrugada en la caseta de buses de la aldea Lorelay, sector de Sonaguera, Colón.”Estos hechos probados revelan sin lugar a dudas la participación del imputado Erlin Jaciel Gomez Bustillo, Wilman Omar Chirinos Pineda y Wilfredo Maradiaga Rodríguez, en el delito de secuestro, pues encontramos en ellos los elementos objetivos y subjetivos de este tipo penal, en primer lugar el “Intimidación”, que utilizó el acusado en la que se establece “…ingresaron los acusados Wilman Omar Chirinos Pineda y Erlin Jaciel Gómez Bustillo, sin usar pasamontañas quienes los amenazaron con armas de fuego, dirigiéndose Erlin Jaciel Gómez Bustillo hacia la testigo protegido “B” tomándola de la mano bajo intimidación y conduciéndola hacia un vehículo doble cabina..” para trasladar a la ofendida testigo Protegido “B”, “en donde la vendaron, seguidamente se dirigieron a la rivera de un río donde esperaron que se hiciera de noche; trasladándola a una casa vieja en construcción ubicada en la aldea río arriba Ilanga, Trujillo, pernoctando esa primera noche en una silla tapándose con un toldo por el frío, permaneciendo en cautiverio en ese lugar por siete días…” constituyéndose ahí el segundo elemento de tipo, “retuvieron, desplazaron, ocultaron y privaron de su libertad” a la testigo protegido “B”, posteriormente “…el testigo protegido “A” en fecha 06 de diciembre de 2014, recibió llamada telefónica de los captores de la testigo protegido “B”, pidiendo rescate de cinco millones de Lempiras para la liberación de la víctima, caso contrario la matarían…”, estableciéndose ahí otro elemento del tipo, es decir el “propósito” que se señala en el numeral “a” del artículo 192 del Código Penal; por último establecen que en fecha once de diciembre del mismo año el testigo protegido “A” acuerda con los captores pagar la cantidad de un millón y medio de Lempiras y por sus instrucciones lo deja en una cuneta ubicada en el desvío de Braulio, de Tocoa, Colón, liberándose a la testigo protegido “B”, horas después ya en fecha 12 diciembre a so de las cuatro de la madrugada en la caseta de buses de la aldea Lorelay, sector de Sonaguera, Colón.”, conformándose ahí el otro elemento del tipo, que lo constituye el hecho de “conseguir o no su propósito”, pues fue liberada después del pago de un millón y medio de Lempiras. Para esta Sala de lo Penal los hechos probados revelan claramente que los imputados Erlin Jaciel Gomez Bustillo, Wilman Omar Chirinos Pineda y Wilfredo Maradiaga Rodríguez, actuaron por un plan preconcebido entre varias personas, como suele suceder en estos tipos penales, en los cuales existe una distribución de funciones entre las personas que deciden cometer un secuestro, de forma tal que algunos la privan de su libertad, otros piden el rescate y algunos individuos se dedican al cuidado del secuestrado, por tanto resulta evidente que el acusado participó de manera activa con acciones tendientes a lograr su objetivo de privar de la libertad a la ofendido a cambio de dinero, debiendo responder penalmente, cumpliéndose con su propósito. Por todos estos argumentos considera este Tribunal de Casación que los hechos probados son armónicos y encajan de manera perfecta con el tipo penal de secuestro utilizado por el Juzgador, razones suficientes para desestimar el presente recurso de casación.."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 360 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."De La Aplicación Retroactiva Del Código Penal Decreto 130-2017 Principio de Legalidad El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra declarado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y regulado en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal 130-2017 en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos de retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir una pena de cinco a diez años de prisión). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado, disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrará en vigor y cuándo es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo con la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento del juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución Política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme y mientras se esté ejecutando, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas en su totalidad, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. Reglas Generales de Ponderación de la norma más favorable que define el NCP decreto 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigor del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo código sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). Por tanto, la ponderación tendrá una variante a depender de la instancia en que se haga: En la primera instancia, al momento del juzgamiento por el tribunal, la ponderación de los cuerpos normativos parte de la comparación de las penas abstractas, pero sin dejar de tener en consideración la total de los cuerpos normativos como un todo; o En la segunda o única instancia, al resolverse un recurso devolutivo interpuesto en contra de sentencia definitiva la ponderación se realizará entre la pena concreta impuesta y la pena abstracta que corresponda para el mismo hecho e igualmente reparando respecto a la totalidad de los cuerpos normativos. En ambos casos el proceso de ponderación se realiza siguiendo las reglas que se señalan en este apartado. Es importante insistir que la ponderación de la norma más favorable deberá de realizarse al momento del juzgamiento en primera instancia, en segunda instancia o en única instancia; por ello no es procedente aplicación retroactiva en estadios previos del proceso, como ser la audiencia de declaración de imputado, la audiencia inicial, la audiencia preliminar o en la etapa de saneamiento de la etapa de juicio. El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibida la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017; a tal consideración se le suma las siguientes: Penas Conjuntas: No procede la ponderación parcial de penas principales; la ponderación deberá de realizarse tomando en consideración todas las penas conjuntas impuestas por los mismos hechos (Art. 617 NCP).Penas privativas de Libertad: No se realizará aplicación retroactiva del NCP cuando la pena privativa de la libertad (reclusión) con todas sus circunstancias, impuesta de conformidad con el VCP 144-83, fuese también imponible con arreglo al NCP 130-2017 (Art. 616). Ello ocurre cuando la pena concreta impuesta se encuentre dentro marco abstracto de la pena que para el mismo hecho se deba de imponer de conformidad con el NCP 130-2017 (Art. 621). Pena de Multa: No se realizara aplicación retroactiva del NCP cuando la pena impuesta de conformidad con el VCP 144-83, sea la de multa y la que corresponda imponer conforme al NCP 130-2017, igualmente sea una pena de multa.- La aplicación retroactiva se realizara excepcionalmente cuando: a.- No se hubiese hecho abono alguno de la pena de multa impuesta de conformidad al VCP 144-83; y b.- la concreta cuantía impuesta conforme al VCP 144-83 no fuese posible imponer de acuerdo con el NCP 130-2017 desde una perspectiva abstracta (Art. 619). Penas privativas de Derechos: Las penas principales de inhabilitación absoluta y especial se compararán atendiendo a la duración de la pena concreta impuesta en la sentencia y la máxima que pueda imponerse de conformidad con el NCP 130-2017 (Art. 620). Medidas de Seguridad: Respecto a las medidas de ejecución impuestas de acuerdo con el VCP 144-83 que estén pendientes de ejecución o que estén siendo ejecutadas, deberán de ser objeto de revisión y adecuación de conformidad con las normas que regulan las mismas en el NCP 130-2017; (Art. 625). Reglas de Particulares de Ponderación por Concurso de Delitos y Por ausencia de Éste A nivel de punibilidad se regulan los concursos de delitos; ante la colisión temporal de normas sustantivas el juzgador llamado a resolver la acción penal interpuesta en base al rigor del VCP 144-83, deberá de establecer si existe o no concurso de delitos, identificar cual es el que concurre y luego hacer el cálculo de pena abstracta de conformidad a dicho concurso; seguidamente el juzgador deberá de hacer la ponderación de la pena más beneficiosa determinando si conforme a lo probado igualmente se aprecia un concurso según las normas del NCP130-2017, y de ser así deberá de proceder a calcular la pena abstracta, siendo el tercer y último paso la comparación de penas que deban de ser impuestas según cada código penal, reflejándose así cuál de ellos es el que debe de ser aplicado por ser más beneficioso para el procesado o reo. Lo descrito es un proceso general que tiene sus matices a depender cada uno de los concursos, lo que obliga hacer un estudio individualizado: A. Concurso Ideal Cuando conforme a los hechos imputados se deba de aplicar un Concurso Ideal (Art. 67 en relación con el párrafo 6 del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: Ponderación de la norma más favorable se realizará de manera global: comparación de la pena impuesta conforme al concurso ideal según las reglas del VCP144-83 con la pena que correspondería conforme las reglas del concurso ideal del NCP130-2017.- Es contra legem hacer una comparación individual de las penas que conforman el concurso ideal; Cuando una de las penas concursadas corresponda a un delito despenalizado, primero se deberá hacer el nuevo cálculo de la pena agravada del VCP144-83 y luego hacer la comparación global con el NCP130-2017; comparación que debe de hacerse según se explicó en el numeral anterior; o Si con el delito despenalizado desapareciere el concurso ideal, la comparación se deberá de realizar conforme las reglas de las penas no concursadas, que se explican más adelante. Es aplicable en la ponderación de penas impuestas al delito continuado la observancia de los límites de cumplimiento de pena conforme las reglas del concurso real: i.- Limite Subjetivo, ii.- Limite Objetivo Ordinario y iii.- Limite Objetivo Extraordinario, explicado igualmente líneas adelante. b. Delito Continuado En el caso de que la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un delito continuado la ponderación debe hacerse en relación a la pena agravada y no respecto a las penas por cada delito; (Art. 617 NCP). Al apreciarse un concurso continuado (Art. 68 en relación con el párrafo 6 del artículo 616 NCP) se procederá conforme a las mismas reglas señaladas previamente para el delito continuado. En los supuestos en donde conforme el VCP 144-83, corresponda aplicar un concurso real pero conforme el NCP 130-2017 se deba de aplicar un delito continuado, el juzgador deberá de proceder de la siguiente manera: En primera instancia: i. Primero se procederá a realizar el cálculo abstracto de las penas conforme el VCP144-83, las que serán tomadas globalmente, para luego comparar el mismo con el marco abstracto de la pena que corresponda en aplicación del delito continuado según el NCP130-2017, develándose así que código es el más beneficioso en su conjunto. Recuérdese que la comparativa es global (suma de todas las penas abstractas) y no individual por cada pena; ii. En caso de que lo anterior no defina cual es la pena más favorable, el juzgador deberá de proceder a la individualización de la pena concreta de conformidad con el VCP-144-83 y paralelamente a la individualización de la pena concreta de conformidad con el BCP130-2017, de cuya comparación se decidirá que codificación es la más beneficiosa; o En segunda instancia y única instancia: la comparativa parte de la confrontación de las penas que en concurso real hayan sido impuestas en la sentencia impugnada en aplicación del VCP144-83, con el marco abstracto de la única pena que de conformidad al NCP-130-2017 deba de imponerse como consecuencia de la aplicación del delito continuado; así entonces: i. Si las penas individualizadas en concurso real tomadas globalmente (la sumatoria de todas las penas), se encuentra dentro del marco abstracto de la pena del delito continuado, no se aplicará retroactivamente el NCP130-2017; ii. Si las penas individualizadas en concurso real están fuera de la escala de la pena abstracta que deba de imponerse en delito continuado según el NCP130-2017, se aplicara la pena que le sea más favorable al procesado. c. Concurso Real Los supuestos en donde la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un Concurso Real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: La ponderación deberá de realizarse conforme al límite único de cumplimiento de pena que establece el artículo 35 del VCP 144-83 versus los limites objetivo ordinario o limite objetivo extraordinario, según corresponda, y luego de ello conforme al límite subjetivo que prevé el artículo 66 NCP 130-2017, debiendo excluir las penas de delitos que hayan sido despenalizados en la nueva normativa.- Es importante tener presente que ningún límite es preferente a otro y por tanto se aplicará el límite que marque menor pena; así entonces: Cuando entre en acción el Límite Objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá de realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al VCP144-83 y los límites del concurso real que regula el NCP130-2017, siguiendo los siguientes pasos: i. Si ambas legislaciones determinan un mismo límite de cumplimiento, se aplicará el principio de identidad, es decir el VCP 144-83; y ii. Si las legislaciones definen límites de cumplimiento distinto, se aplicará aquel que le sea más beneficioso al acusado o reo (ello sin perjuicio de lo que se señala en el siguiente literal); y/o Para hacer efectivo el Limite Subjetivo, que regula el NCP 130-2017 se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, develando así el límite máximo que puede cumplir el condenado: i.- Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años: la pena se adecuara a dicho límite de conformidad con lo señalado en el literal anterior; ii.- Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años; implica que el resultado matemático será el límite máximo de cumplimiento, el que deberá de ser objeto de comparación con el limite objetivo de cumplimiento del VCP144-83. Cuando las penas consideradas globalmente no superasen ninguno de los límites a los que se refiere el numeral anterior, el juzgador procederá a realizar la comparación de las penas que corresponda en una y otra legislación: En primera instancia la comparación se realizará entre las penas abstractas definidas en cada cuerpo sustantivo; el tribunal sumará todas las penas abstractas que correspondan imponer en concurso real de conformidad con el VCP 144-83 y todas las penas abstractas que prevea el NCP130-2017, las cuales comparará. Si de la comparación no es posible determinar cuál es más beneficiosa para el procesado, el tribunal deberá de proceder a realizar la individualización de las penas de cada delito primero conforme el VCP144-83 y después conforme el NCP130-2017, luego la suma global de dichas penas por cada código será comparadas entre sí, determinando cual es el cuerpo normativo más beneficioso (siempre teniendo presente además el resto de las regulaciones normativas). Finalmente, si aun con las penas individualizadas no existe claridad cuál en su conjunto es más beneficiosa para el acusado, el tribunal le consultara para que éste señale cual le favorece más. En segunda y única instancia la comparación se realizará entre la suma de todas las penas concretas impuestas en concurso real en la sentencia impugnada bajo el VCP 144-83 y la suma de todas las penas abstractas que define el NCP 130-2017. De dicho resultado el tribunal resolverá: i. Si las penas concretas en concurso real VCP 144-83 están dentro de la suma del margen abstracto de las penas del NCP 130-2017, no procederá la aplicación retroactiva de este último; ii. Si la suma de las penas concretas VCP 144-83 no se encuentra dentro del marco abstracto de la suma de penas en concurso real del NCP 130-2017, se aplicará el cuerpo normativo que fije comparativamente las penas más leves, sin dejar de tener en consideración el resto de las disposiciones de cada codificación para efectos comparativos; iii. Si el concurso real está compuesto por Penas Conjuntas, en donde algunas de ellas sean más beneficiosas y otras más gravosas respecto a la comparación hecha con el otro cuerpo legal; el órgano jurisdiccional deberá de tomar como pena definitoria de aplicación la pena de privación de libertad, a menos que el propio acusado señale que a su conveniencia deba de tomarse las otras penas como definitorias. Ejemplo de esto último sería un concurso real con pena global de reclusión por 25 años y multa por L. 700,000.00 conforme el VCP 144-83 y por otro lado una pena de prisión de 17 a 20 años y multa de L. 1,000,000.00 a L. 5,000,000.00 conforme el NCP 130-2017, caso en donde la pena privativa de libertad deberá de definir el código penal a aplicar, siempre que además los beneficios penitenciarios que regule ese mismo código fuesen igualmente más favorables. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Limite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Limite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Limite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos limites no se observaran cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. d. Concurso Medial El concurso medial constituyó una institución penal por muchos años, reglada por el artículo 36 del VCP 143-83, misma que desaparece en el NCP 130-2017. Por tanto, cuando conforme los hechos imputados en base al VCP144-83 deba de aplicarse un Concurso Medial (Art. 66 en relación con el párrafo séptimo del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: Se realizará la comparación global de la pena que corresponda en concurso medial según el VCP144-83 con las penas que correspondería aplicar en concurso real conforme al NCP130-2017, en consideración a los limites subjetivo, objetivo ordinario y objetivo extraordinario, del que hemos hablado en el apartado anterior; Es improcedente hacer comparación individual de las penas que conforman el concurso medial del VCP144-83 y las penas en concurso real del NCP130-2017; Cuando una de las penas corresponda a un delito despenalizado, haciendo desaparecer el concurso Medial, la comparación se deberá de realizar conforme las reglas de las penas no concursadas, lo que se aborda en el apartado siguiente. e. Penas Conjuntas No Concursadas Finalmente, cuando corresponda imponer a una persona una Pena No Concursada, se procederá a la comparación de la pena concreta o de las penas conjuntas (en su caso) impuesta conforme VCP144-83 con la pena abstracta (o penas conjuntas) que correspondan según el NCP130-2017, bajo las siguientes reglas: Si existe coincidencia en la naturaleza de las penas contempladas como sanción en ambas legislaciones: i. No procederá la aplicación retroactiva cuando la nueva legislación prevea una pena más grave que la anterior legislación; ii. No procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada impuesta conforme el VCP144-83 se encuentre dentro del margen abstracto del NCP130-2017; iii. Procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada sea más grave en comparación con el margen abstracto previsto en la nueva legislación; Si el hecho definido como delito tiene previstas Penas Conjuntas (varias penas principales, siendo una de ellas la privativa de libertad) donde una de ellas es más beneficiosa y la otra es más gravosa en comparación con el otro cuerpo legal, el órgano jurisdiccional deberá de tomar como pena definitoria de aplicación la de privación de libertad, a menos que el propio acusado señale que a su conveniencia deba de tomarse las otras penas como definitorias. Ejemplo de esto último sería pena de reclusión por 9 años y multa del 10% de lo defraudado equivalente a L. 50,000.00 conforme el VCP 144-83 en comparación con una pena de prisión de 2 a 3 años y multa 400 días multa equivalente de hasta L. 2,000.000.00 por defraudación a las telecomunicaciones, caso en donde la pena privativa de libertad deberá de definir el código penal a aplicar, siempre que además los beneficios penitenciarios que regule ese mismo código fuesen igualmente más favorables; o Si la sanción impuesta conforme el VCP144-83 es de distinta naturaleza a la prevista en el NCP130-2017, se procederá a hacer una ponderación en atención al caso concreto, incluyendo la situación personal del condenado/a, para determinar cuál de ellas le es más beneficiosa y con esto si procede o no la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal.- En caso de requerirse estudios para determinar cuál de las sanciones es más beneficiosa, éstos deberán de ser ordenados por el Tribunal previo a la decisión. Finalmente, si aun con los estudios realizados no existe claridad cuál de las penas es más beneficiosa para el acusado, el tribunal le consultara a éste para que señale la que más le favorece. Escrito Suplementario Señala el artículo 624 del Código Penal 130-2017 que, en el trámite de un recurso contra una resolución definitiva, las partes podrán presentar un escrito suplementario a efecto de que el tribunal ad-quem lo tome en consideración al momento que corresponda hacer la ponderación de la norma penal más favorable entre el Código Penal vigente al momento del hecho (CP 144-83) y el Código Penal vigente al momento del juzgamiento (CP 130-2017). En el presente caso no se presentó por parte de la defensa privada escrito complementario en el que estableciera su parecer sobre la aplicación retroactiva de la nueva normativa penal; tampoco el Ministerio Público hizo pronunciamiento al respecto, por lo que la Sala de lo Penal se ve obligada a realizar el análisis de oficio tal y como prevé el numeral 3 de la misma norma citada, en relación al acusado señalado. Ponderación en el caso concreto El Tribunal de Sentencia, basado en el Código Penal 144-83, declaró responsable a los acusados Wilman Omar Chirinos Pineda y Wilfredo Maradiaga Rodríguez, del delito de Secuestro a la pena de 23 años de reclusión y en el caso del imputado Erlin Jaciel Gómez Bustillo, se lo condenó también del delito de Secuestro, a la pena de 22 años de reclusión; como penas accesorias se impuso a los acusados la inhabilitación absoluta, la interdicción civil, y la responsabilidad civil. Conforme a la nueva Legislación Penal decreto 130-2017, el artículo 240 regula el delito de secuestro agravado pues conforme a los hechos probados la privación de libertad de la ofendida se extendió por más de 72 horas; así como el pago por la cantidad de un millón y medio de Lempiras ( L. 1,500,000.00), por lo que concurren dos de las circunstancias agravantes : la del numeral 1) “El autor logra el cumplimiento de la condición” y se cumple la del numeral 3 “La privación de libertad excede las 72 horas”; por lo tanto si concurrieran dos (29 o más de las circunstancias se debe imponer la pena de prisión de quince (15) a veinte (20) años y prohibición de residencia por el doble del tiempo de la condena, quien fue condenado solo por el delito de secuestro, al hacer la comparativo de penas se concluye que le es más beneficioso la aplicación de la nueva ley penal decreto 130-2017. Para determinar la pena concreta, debe considerarse las circunstancias agravantes que se encuentran reguladas en el artículo 32 del nuevo Código Penal, tomando en consideración las circunstancias que consideró el Tribunal Sentenciador, siempre y cuando las mismas aparezcan igualmente reguladas en la nueva disposición legal; para esta Sala de lo Penal concurre las circunstancia del numeral 4 “Ejecutar el hecho aprovechando las circunstancias de tiempo y lugar para facilitar su ejecución” y la del numeral 5) “Cometer el hecho por precio, recompensa o promesa remuneratoria”, según los hechos probados los acusados (Wilman Omar Chirinos Pineda y Erlin Jaciel Gómez Bustillo), entraron al negocio, en la que se encontraban varios empleados y clientes y sin usar pasamontañas los amenazaron con armas de fuego, tomándola uno de ellos la mano bajo intimidación y conduciéndola hacía un vehículo doble cabina, color rojo con una franja blanca, en el cual se encontraban dos personas más, en donde la vendaron y se dirigieron a la rivera de un río donde esperaron a que se hiciera de noche, luego la trasladaron a una casa vieja en construcción, permaneciendo en cautiverio por 7 días, diciéndole que si no entregaba el dinero le harían picadillo sus hijos, siendo cuidada de manera permanente por dos personas, una era el acusado Wilfredo Maradiaga Rodríguez, quien vivía frente a su lugar, y en fecha 11 de diciembre de 2014, el testigo protegido “A” acuerda con los captores pagar la cantidad de un millón y medio de Lempiras y por instrucciones lo dejo en una cuneta ubicada en el desvío de Braulio, Tocoa, Colón. Librándose a la testigo protegido “B” horas después ya en la fecha 12 de diciembre del mismo año. por lo que conforme el artículo 70 numeral 1 inciso b, si solo concurre 1 o 2 circunstancias agravantes y ninguna atenuante, se aplica la pena media hasta el límite máximo, esta Sala de lo Penal considera procedente imponer a los acusados Wilman Omar Chirinos Pineda, Wilfredo Maradiaga Rodríguez y, por el delito de secuestro a una pena de 18 años de prisión y prohibición de residencia por el doble del tiempo de la condena. En el caso del acusado Erlin Jaciel Gómez Bustillo, al momento de cometer el hecho contaba con la edad de 20 años, por lo que conforme al artículo 70 numeral f) del Código Penal, establece que cunado concurren circunstancias atenuantes y agravantes se compensan unas y otras para la individualización de la pena, por lo que esta Sala de lo Penal considera imponer al acusado Erlin Jaciel Gómez Bustillo, por el delito de secuestro a una pena de 17 años de prisión y prohibición de residencia por el doble del tiempo de la condena..."
Legislación citada
- Código Penal No. 130-17, art. 615 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “ En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintinueve días del mes de septiembre del año dos mil veintidós, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los integrado por los Magistrados José Olivio Rodríguez Vásquez en su calidad de coordinador, Rafael Bustillo Romero y Alma Consuelo Guzmán García pronuncian, En nombre del Estado de Honduras La siguiente sentencia en los Recursos de Casación SP 329-2018 por Infracción de Precepto Constitucional, por Quebrantamiento de Forma y por Infracción de Ley, interpuestos contra la sentencia de fecha veinticuatro de enero del año dos mil dieciocho, dictada por el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, mediante la cual falló: Primero: Condenó al señor Wilman Omar Chirinos Pineda, como autor del delito de Secuestro, en perjuicio de Testigo Protegido “B”, a la pena de veintitrés años de reclusión.- Segundo: Condenó al señor Erlin Jaciel Gómez Bustillo, como autor del delito de Secuestro, en perjuicio de Testigo Protegido “B”, a la pena de veintidós años de reclusión.- Tercero: Condenó al señor Wilfredo Maradiaga Rodríguez, como autor del delito de Secuestro, en perjuicio de Testigo Protegido “B”, a la pena de veintitrés años de reclusión.- Cuarto: Condenó a los señores Wilman Omar Chirinos Pineda, Erlin Jaciel Gómez Bustillo y Wilfredo Maradiaga Rodríguez, a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil, por el tiempo que dure la pena principal.- Quinto : Se declaró a los señores Wilman Omar Chirinos Pineda, Erlin Jaciel Gómez Bustillo y Wilfredo Maradiaga Rodríguez, la responsabilidad civil. Sexto: No procedió decretar el comiso. - Séptimo: No procedió condenar en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por juicio. SON PARTES: Los Abogados Dinabel López Durón y Arnaldo Alcides García, en su condición de defensores públicos del señor Wilfredo Maradiaga Rodríguez, como Recurrente No 1, el Abogado Luis Fernando Padilla Castellanos, en su condición de defensor privado del señor Wilman Omar Chirinos Pineda, como Recurrente No 2, el Abogado Oscar A. Luna, en su condición de defensor privado del señor Erlin Jaciel Gómez Bustillo, como Recurrente No 3, como parte recurrente y la abogada Ligia Cristina Roque Gómez, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, como parte recurrida. HECHOS PROBADOS Valorando las pruebas practicadas en el acto del Juicio Oral, de acuerdo a los criterios de la Sana Crítica, este Tribunal declara expresa y terminantemente probados los hechos siguientes: PRIMERO: El día cinco de diciembre del año dos mil catorce, siendo aproximadamente las cuatro y treinta de la tarde, la ofendida TESTIGO PROTEGIDO "B" se encontraba en su negocio ubicado en el barrio la Flores, de la ciudad de Tocoa, Colón, junto a varios empleados y algunos clientes, cuando ingresaron los acusados WILMAN OMAR CHIRINOS PINEDA y ERLIN JACIEL GOMEZ BUSTILLO, sin usar pasamontañas quienes los amenazaron con armas de fuego, dirigiéndose ERLIN JACIEL GOMEZ BUSTILLO hacia la TESTIGO PROTEGIDO "B" tomándola de la mano bajo intimidación y conduciéndola hacia un vehículo doble cabina, color rojo con una franja blanca, en el cual se encontraban dos personas más, en donde la vendaron, seguidamente se dirigieron a la rivera de un rio donde esperaron que se hiciera de noche; trasladándola a una casa vieja en construcción ubicada en la aldea Rio Arriba de Ilanga Trujillo, pernoctando esa primera noche en una silla tapándose con un toldo por el frio, luego le dieron un colchón delgado, permaneciendo en cautiverio en ese lugar por siete días diciéndole que si no entregaban el dinero le harían picadillo a sus hijos, siendo cuidada de manera permanente por dos personas, una era el acusado WILFREDO MARADIAGA RODRIGUEZ, quien vivía frente a ese lugar y era quien le llevaba la comida la cual siempre estaba caliente, siendo alimentada por café y sopas instantáneas; en algunas ocasiones llegaban otras personas quienes cubrían sus rostros con pasamontañas, sin embargo un día olvidaron cubrirse identificando ella a WILMAN OMAR CHIRINOS PINEDA; mientras estaba en cautiverio, durante la noche no era vendada y en ocasiones escuchaba las voces de sus captores y el llanto de un niño, escuchando en una oportunidad nombrar a unos como WILMAN Y ERLIN. SEGUNDO: En fecha seis de diciembre del año dos mil catorce el TESTIGO PROTEGIDO "A", recibió llamada telefónica de los captores de la testigo PROTEGIDO "B" a eso de las diez de la mañana, pidiendo rescate de cinco millones de lempiras para la liberación de la víctima, caso contrario la matarían, por lo cual interpuso la denuncia correspondiente ante la Unidad Nacional Anti Secuestro, iniciando este ente las diligencias correspondientes para intervenir las líneas telefónicas de donde se originaban y destinaban las llamadas recibiendo durante el transcurso de los días varias llamadas así como otros familiares de la víctima a quien les hacían las mismas exigencias, llamadas realizadas de los números telefónicos 98888474 y 97727665, y que de este último número se generó comunicación con el número telefónico 99985782 registrado a nombre de WILMAN OMAR CHIRINOS PINEDA; A petición de la víctima, los captores la pusieron en comunicación con su familia, pidiéndoles ella a su familiares que pagaran los valores exigidos que ya no aguantaba esa situación; es así que en fecha once de diciembre del mismo año el testigo PROTEGIDO "A" acuerda con los captores pagar la cantidad de un millón y medio de lempiras y por sus instrucciones lo deja en una cuneta ubicada en el desvió de Braulio, de Tocoa, Colón entre doce y una de la madrugada, liberándose a la TESTIGO PROTEGIDO "B" horas después ya en fecha 12 de diciembre a eso de las cuatro de la madrugada en la caseta de buses de la aldea Lorelay, sector de Sonaguera, Colón.” RECURSO DE CASACION, MOTIVOS Y ARGUMENTOS
Los recurrentes Abogado Tania Henríquez, como recurrente No 1, procedió a formalizar su Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional; Abogado Luis Fernando Padilla Castellanos, como recurrente No 2, procedió a formalizar su Recurso de Casación Por quebrantamiento de Forma; Abogado Oscar A. Luna, como recurrente No 3, procedió a formalizar su Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, por Quebrantamiento de Forma y por Infracción de Ley, de la manera siguiente: “La Recurrente Abogada Tania Henríquez, procedió a formalizar su Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional de la manera siguiente: EXPOSICION DEL MOTIVO DE CASACIÓN MOTIVO ÙNICO: Violación del artículo 89, 90 de Constitucional de la Republica. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 361 del Código Procesal. EXPLICACION DEL MOTIVO La norma Constitucional que se invoca como infringida es el artículo 89 que reza: "Toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente." En íntima relación al 90 el que literalmente dice: Nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece. En tal virtud para que dicha autoridad llegue al convencimiento sobre la responsabilidad penal de un ciudadano debe contar con la prueba suficiente que garantice y no le deje duda sobre la vulneración el Estado de inocencia que asiste a un imputado. PRIMERO: De lo anterior se desprende que es una obligación de los jueces hacer una valoración de la prueba, sin escatimar ningún esfuerzo en la búsqueda de la verdad, para garantizarle a quien lo enfrenta, un Juicio Justo y apegado a derecho. SEGUNDO: En el caso de marras utilizar fuentes humanas de las cuales se desconoce su origen, identificación, así como de su existencia real, para alegar en juicio oral y público lo siguiente: a.- Que la propiedad donde estuvo privada de su libertad la ofendida le pertenece a Wilfredro Maradiaga Rodríguez. En cuanto a la acreditación de la propiedad de dicho inmueble ha debido el acusatorio demostrarle al juzgador dicho extremo con las debidas garantías indubitables que le generen certeza al responsable de la impartición de justicia que efectivamente mi patrocinado es propietario de esa vivienda y que este ha tenido conocimiento de la permanencia de la ofendida en dicho lugar, para el caso el señalamiento o presentación de título de propiedad o testigos (fuentes humanas reales) que dejaren por acreditado este extremo. Considero esta valoración como una flagrante violación a las formalidades y garantías que debe privar en la prueba para que esta pueda vulnerar al DERECHO DE INOCENCIA que nuestra carta magna le concede a todo ciudadano hondureño. Es uno de los yerros que reclamo en el presente recurso, resulto inútil el ejercicio del Ministerio Publico en actuar con absoluta objetividad, no pudiendo incorporar al juicio oral dichos o medios de prueba que demuestren este punto de la investigación, resulta más fácil envolverlo en el anonimato de “fuentes humanas”. TERCERO: En este punto debemos considerar tal como lo ha dejado claro la ofendida que ella en todo momento permaneció con los ojos vendados, (si hacemos el ejercicio de cerrar nuestros ojos y que alguien nos conduzca algunos pasos dar la ubicación en que estamos seria inexacta), la víctima fue conducida en un vehículo con sus ojos vendados por una cantidad no precisa de tiempo, desconociendo la ruta que llevaban; por lo cual que ella brinda una ubicación de donde exactamente estuvo esos siete días es sino difícil imposible; sin embargo son los agentes de investigación los que le señalan cual fue esa vivienda y le dicen que ahí ha permanecido. Como pueden los agentes determinar exactamente el lugar donde estuvo secuestrada la ofendida si de ella la información es muy limitada, y si sabían de la existencia de este lugar porque no actuar en rescate de la víctima, consideramos que no existió ningún tipo de vigilancia o investigación al momento del secuestro. Para ser más concreta la ofendida describe una habitación por la parte de dentro porque fue lo que pudo ver y manifiesta que es una casa vieja de una habitación en construcción, con un solo cuarto techado, piso de tierra y la puerta tapada con tabla yeso, ya en ese lugar había maíz... sin embargo el acta de diligencia policial practicada por el agente ENRIQUE SALATIEL GONZALES VALLECILLO no describe ninguna de esas descripciones que provee la testigo protegida B, única sabedora del lugar donde estuvo ¿Nos preguntamos estaremos ante el mismo lugar? CUARTO: Otro hecho por lo cual consideramos que no debió vulnerarse la inocencia de mi representado es por la inconsistencia que la ofendida hace en cuanto a la identificación de mi representado. Recordemos que la ofendida estuvo vendada durante el tiempo que permaneció privada de su libertad, describe a una de las personas que le daba sus alimentos... que andaba de jeans, botas, pasamontañas, de nariz gruesa, cejas gruesas y ojos claros luego supe que se llamaba Wilfredo... características muy ambiguas y que no individualizan a ninguna persona... el testigo ENRIQUE SALATIEL GONZALES VALLECILLO describe a WILFREDO MARADIAGA como usa bigote y nariz ancha esta es una descripción aún más vaga y no hace alusión a los ojos claros que podría ser una característica muy particular; y esta seña de tener ojos claros estos según el agente ENRIQUE SALATIEL le corresponden a ERLIN JACIEL GOMEZ. Vulnerando de forma arbitraria y con escasez de prueba el estado de inocencia que le asiste a mi representado siendo un yerro que este Alto Tribunal debe enmendar. Establecer un cuadro factico fidedigno que no deje lugar a dudas sobre la vulneración del ESTADO DE INOCENCIA de mi patrocinado, llegar al fondo de los hechos, en este caso no será posible debido a la insuficiencia probatoria que se ha aportado a la investigación por parte de los que están obligados a traer al juicio oral y público todo lo permitente para que los Juzgadores puedan impartir justicia. TERCERO: La conocida jurista española Maria Félix Tena Aragón, en su obra MANUAL DE DERECHO CONSTITUCIONAL pagina 34 inciso 7 establece: Este Derecho, en su vertiente de regla de juicio que es la que vamos tratar en este tema, más allá de su contenido material, que será objeto de exposición en tema 5, se configura como el derecho a no ser condenado sin pruebas de cargo valida".- Tal como ocurre en el caso de mi representado no existe prueba que acredite la el cruce de llamadas o que respalde el cuadro factico al que han arriba los Juzgadores, esto no puede ser corroborado o dado por válido por ningún otro medio de prueba; Sigue Diciendo la jurista Tena Aragón “Por tanto, solo cabra constatar la vulneración de inocencia cuando haya pruebas de cargo validas, es decir, cuando los órganos judiciales hayan valorado una actividad probatoria lesiva de otros derechos fundamentales o carentes de garantías, o cuando no se motivó el resultado de dicha valoración o finalmente cuando por ilógico o insuficiente no sea razonable el iter discursivo que conduce de la prueba al hecho probado".- En el caso que nos ocupa resulta insuficiente la pericia extracción forense, este carece de prueba que lo de por válido. Para concluir con lo dicho por la Jurista Aragón “A falta de prueba directa, la prueba de cargo puede ser indiciaria, siempre que se cumplan con los siguientes requisitos, que permiten distinguirla de las simples sospechas: que parta de hechos plenamente probados y que los hechos constitutivos de delito se deduzcan de esos indicios a través de un proceso mental razonado y acorde con las reglas del criterio humano, explicitado en la sentencia condenatoria”. En el caso de nos ocupa el Tribunal Juzgador no ha corroborado con prueba científica las fuentes humanas que refiere el agente ENRIQUE SALATIEL GONZALES VALLECILLO con ningúna otra prueba, lo cual es una clara violación al correcto entendimiento humano, es por ello que el dicho constitucional de presunción de inocencia se ve violentado al condenar a mi representado con una escasa actividad probatoria, el sentenciador no contaba con la suficiente prueba para tener la certeza de culpabilidad. CUARTO: Si sacamos mentalmente de la declaración del agente ENRIQUE SALATIEL GONZALES VALLECILLO, fuentes humanas referidas, nos encontramos que las diligencias realizadas por este no tienen ningún sustento ya que la supuesta investigación está fundada en estos dichos, y se hace en violación al principio de inocencia, y la única forma de poder enmendar dicha vejación es mediante la interposición del presente recurso casación. En ese sentido y siendo que dicho yerro lo constituye una Violación grave a una norma Constitucional como ser el Principio de Inocencia, le solicitamos a la Honorable Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, se dicte una Sentencia Absolutoria como en Derecho corresponde.” “El Recurrente Abogado Luis Fernando Padilla Castellanos, procedió a formalizar su Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma de la manera siguiente: RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA. MOTIVO PRIMERO Infracción del artículo 202 del Código Procesal Penal, transgresión a las reglas de la sana crítica el referido artículo 202 dice: ''Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana critica. El órgano jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida". PRECEPTO AUTORIZANTE El motivo se encuentra autorizado Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal; que dice: "El recurso de casación por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de alguno de los vicios siguientes: 1) …3) Que carezca de motivaciones fácticas o jurídicas, que dichas motivaciones sean insuficientes o contradictorias o si en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana critica". EXPOSICIÓN DEL MOTIVO La sana crítica es la operación intelectual realizada por el Juez y destinada a la correcta apreciación del resultado de las pruebas judiciales, realizada con sinceridad y buena fe. Ha sido definida como "la lógica interpretativa y el común sentir de las gentes" y como la combinación de criterios lógicos y de experiencia que debe aplicar el juzgador. En otras palabras, la sana crítica es el método de apreciación de la prueba, donde el juez la valorará de acuerdo a la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados. Las reglas de la sana crítica no constituyen un sistema probatorio distinto de los que tradicionalmente se han venido reconociendo. Se trata más bien de un instrumento que el Juez está obligado lógicamente a utilizar para la valoración de las pruebas en las únicas circunstancias en que se encuentra en condiciones de hacerlo, esto es, cuando la legislación no lo sujeta a un criterio predeterminado. El principio exige que el juez motive y argumente sus decisiones. Dado que se aplica exclusivamente en aquellos casos en los que el legislador ha entregado al Juez el poder de valorizar libremente dicho resultado, se opone, en este sentido, al concepto de prueba legal o tasada, donde es la Ley la que fija el valor de la prueba o la del libre convencimiento que es propia para los jurados legos. En la búsqueda de esa verdad en el proceso, el Juez tiene a su alcance los medios probatorios, que, según nuestro ordenamiento, su valoración se rige por las reglas de la "sana crítica" que no son otras que la lógica y las máximas de experiencia. La sana crítica no se basa en apreciaciones meramente conjeturales, sin advertir que de tal modo consagran una solución manifiestamente contraria al correcto entendimiento judicial. “El Proceso penal se constituye por una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes intervinientes, mismo que normalmente desemboca en una sentencia, en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivado del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no sólo para la emisión de la misma, sino también en lo que concierne a la sustanciación del procedimiento penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio.- Las normas del derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el juzgador debe subordinar su actividad, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. Si no se cumple con los requisitos establecidos por la ley y se garantiza un juicio justo con observancia de todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que la norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo”. La Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia ha considerado pertinente recordar que el artículo 362 No 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes... 3) Que ( ...en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana critica." Al respecto, se ha señalado que “…la sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciado de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva... “. (Fallo de fecha 30 de noviembre de 2001, en el Exp 194-2009 y de fecha 30 de noviembre de 2011, en el Exp 297-09, también en ese sentido el fallo de fecha 20 de octubre de 2011, contenido en el Exp 360-09 y de fecha 05 de abril de 2011, del Exp 385-09). En cuanto a la Sana Crítica como sistema de Valoración de la Prueba, esta sala ha señalado que en "...la valoración de la prueba, impera la plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones a las que arriben sean el fruto razonado de las pruebas en que se apoyen. En este sistema, el juzgador no tiene reglas legales que le establezca el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia conviccional de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común ... " (Fallo de fecha 30 de noviembre de 2011, del Exp 125. 2010). De este modo “… las reglas de la sana crítica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraría, subjetiva o antojadiza ... " (Fallo Sala Penal de fecha 20 de octubre del 2011, en el Exp 88-09) Al revisar la valoración de la prueba que hace el Honorable Tribunal de Sentencia consideramos oportuno refutar que en los aspectos que procedo a señalar se han inobservado las Reglas de la Sana Critica en la Valoración de la Prueba; observemos: I. LA FUNDAMENTACIÓN FACTICA de la presente sentencia definitiva recurrida, está formada indudablemente por los hechos declarados como probado que están construidos de la siguiente manera: "PRIMERO: " el día 5 de diciembre el año 2014, siendo aproximadamente las cuatro y treinta de la tarde, la ofendida TESTIGO PROTEGIDO B se encontraba en su negocio ubicado en el barrio Las Flores, de la ciudad de Tocoa, Colón, junto a varios empleados y algunos clientes, cuando ingresaron los acusados WILMAN OMAR CHIRINOS PINEDA Y ERLIN JACIEL GOMEZ BUSTILLO, si usar pasamontañas quienes los amenazaron con armas de fuego, dirigiéndose ERLIN JACIEL GOMEZ BUSTILLO hacia la TESTIGO PROTEGIDO B tomándola de la mano bajo intimidación y conduciéndola hacía un vehículo doble cabina, color rojo con una franja blanca, en el cual se encontraban dos personas más, en donde la vendaron, seguidamente se dirigieron a la ribera de un río donde esperaron que se hiciera de noche; trasladándola a una casa vieja en construcción ubicada en la aldea río arriba de Ilanga, Trujillo, pernoctando esta primera noche en una silla tapándose con un toldo por el frío, luego le dieron un colchón delgado, permaneciendo en cautiverio en ese lugar por siete días diciéndole que si no entregaban el dinero le harían picadillo a sus hijos, siendo cuidada de manera permanente por dos personas, una era el acusado WILFREDO MARADIAGA RODRÍGUEZ, quien vivía frente a ese lugar y quién le llevaba la comida la cual siempre estaba caliente, siendo alimentada por café y sopas instantáneas; en algunas ocasiones llegaban otras personas quienes cubría sus rostros con pasamontañas, sin embargo un día olvidado cubrirse identificando ella WILMAN OMAR CHIRINOS PINEDA; mientras estaba en cautiverio, durante la noche no era vendada y en ocasiones escuchaba las voces de sus captores y el llanto de un niño, escuchando tengo una oportunidad nombrar a unos como WILMAN y ERLIN. SEGUNDO: En fecha 6 de diciembre del año 2014 el TESTIGO PROTEGIDO A recibió llamada telefónica de los captores de la TESTIGO PROTEGIDO B a eso de Zas 10 de la mañana, pidiendo rescate de 5 millones de lempiras para liberación de la víctima, caso contrario la matarían, por lo cual interpuso la denuncia correspondiente ante la unidad nacional anti secuestros, iniciando este entre las diligencias correspondientes para intervenir las líneas telefónicas de donde se originaban y destinaban la llamadas recibiendo durante el transcurso de los días varias llamadas así como otros familiares de la víctima a quienes les hacía las mismas exigencias, llamadas realizadas de los números telefónicos 98888474 y 97727665, y que de este último número se generó comunicación con el número telefónico 99985782 registrado a nombre de WILMAN OMAR CHIRINOS PINEDA; a petición de la víctima, los captores la pusieron en comunicación con su familia, pidiéndoles ella a sus familiares que pagarán los valores exigidos que ya no aguantaba esa situación; esa así que en fecha 11 de diciembre del mismo año el testigo protegido a acuerda con los captores pagar la cantidad de 1 millón y medio de lempiras Y por sus instrucciones lo deja en una cuneta ubicada en el desvío de Braulio, Tocoa, Colón entre 12 y una de la madrugada, liberándose a la TESTIGO PROTEGIDO B horas después ya en fecha 12 de diciembre a eso de las cuatro de la madrugada en la caseta de buses de la aldea Lorelay, sector de Sonaguera, Colon"
II. En materia de casación y especialmente en materia penal, es ya conocido que a los fines de la sentencia penal los hechos declarados como probados no son y no pueden ser objeto de cuestionamiento alguno, a los fines de esa sentencia penal se tienen como ciertos.- Una sentencia penal que tiene como los anteriormente citados, hechos declarados como probados, debe presumir que si el hecho se pretende hacer ver tan evidente, hace presumir que todo el proceso valorativo del juzgador y Sentenciador es así de fácil y concluyente, pero en el presente caso nos aprestamos a dar a conocer ciertas incongruencias entre esa valoración de prueba y los hechos declarados como probados, que dejan total duda que la sentencia penal en este caso sea absolutamente justa y correcta. III. DECLARACION TESTIGO PROTEGIDO B: A los fines del presente recurso de casación por quebrantamiento de forma es necesario resaltar algunos aspectos de relevancia dichos por LA VICTIMA Y TESTIGO PROTEGIDO B: A. En la noche escuché el nombre de una persona, la que me agarró de la mano ERWIN, escuché la noche, noches después, en la madrugada escuché el nombre de WILMAN. B. A pregunta fiscal quienes ingresan a su lugar de trabajo contesta dos personas, es un chaparrito y un muchacho fornido alto, uno blanco, uno trigueño, los identifico porque yo escuché su nombre estando allí con ellos. C. A pregunta fiscal el día que llega a su negocio, descríbame a la otra persona y contesta fornido, alto como un copete en el pelo y él fue la persona que disparó. A siguiente pregunta que nombre tenía esa persona contesta que no hombre que yo escuché ese día, por WILMAN. D. A pregunta fiscal descríbame las apariencias físicas de esas personas que la cuidaban y como caminaban vestidas esas personas, contesta que una andaba con pantalón jeans, unas botas, siempre andaban con pasamontañas, las manos yo no se las vi, siempre andaban protegido, lo que yo si le vi a él, la nariz bien gruesa, las cejas bien gruesas y ojos como claros, por qué él siempre se protegía lo más que podía, cuando yo oí la noticia yo lo encontré por el nombre y dice que es WILMAN. E. A pregunta fiscal cada cuanto le vendaban los ojos contesta que cada vez que ellos se metían a la casa ellos me vendaban los ojos y cuando se salían me quitaban la venda y ellos se ponían el pasamontaña. F. A pregunta de la defensa 2 de cómo puede Ud. identificar a estas personas si manifiesta que ellos permanecían vendados contesta que ellos un día se descuidaron, se les olvido, se metió adentro y dijo, ya me miro esta vieja. G. A pregunta de la defensa 3 de cómo podría Ud. indicarle al tribunal cuales son los nombres de las personas que se la llevaron de su negocio contesta el nombre lo supe después, no es que en el momento yo lo supe pero fueron dos personas que entraron ERLIN Y WILMAN, siempre a pregunta de la defensa 3 sobre cuántas veces ha visto Ud. a WILMAN contesta que sucesivamente después del problema él volvió al negocio con un pariente, él se quedó en una columna y andaba con el pariente comprando, después cuando salió en la prensa y por último en el álbum fotográfico- H. A pregunta de por qué Ud. reconoce a WILMAN contesta porque el entro en el negocio sin protección y nuevamente se descuidó en el lugar que me tenían secuestrada. I. A pregunta de por qué en la primera audiencia no vinculo a WILMAN al hecho contesta que no es que no lo vincule yo lo identifique en la foto; J. Consideramos oportuno a los fines del presente recurso al honorable JOSE I. CAFFERATA NORES que en su reconocida obra la prueba en el proceso penal nos enseña lo siguiente sobre la valoración de la prueba testifical. 1)Como ya se señaló antes, la amplia capacidad testimonial aceptada por el C.P.P, solo se concibe frente a la correspondiente partida de una valoración rigurosa. Sobre todo, desde que se pude verificar que, además de la mendacidad deliberada, también los “testimonios de personas insospechables que narran con plena buena fe y con el propósito honesto de decir la verdad”, pueden estar plagados de errores. 2) No es el caso repetir aquí las distintas recetas que se han brindado para lograr establecer cuando un testimonio es verdadero y cuando es erróneo o mendaz. Sin embargo, puede ser útil sintetizar las pautas más frecuentemente citadas por los autores, que tienen un común denominador: parten de la base de que la fe en un testimonio se basa en dos presunciones la presunción de que los sentidos no han engañado al testigo y la presunción de que el testigo no quiere engañar. Consecuentemente, la tarea de apreciación critica debe de concentrarse en esos dos aspectos. 3) En relación a la fidelidad de la percepción y de la trasmisión de lo percibido, es preciso reparar en los siguientes aspectos: > El desarrollo y calidad de las facultades mentales del testigo, ya que ... o perturbaciones de estas afectaran la credibilidad. > Obviamente, el funcionamiento de los sentidos también tendrá importancia. > Asimismo, habrá que reparar en las condiciones en que se produjo a percepción, pues factores tanto físicos (luz, distancia, etc.) como psíquicos (atención, miedo, ira, etc.) pueden afectar la fidelidad. > No se debe descuidad, tampoco las características del objeto percibido. Sobre el punto existe coincidencia que hay ciertas realidades que son percibidas mejor que otras (v.gr, la percepción del tiempo, distancia y volumen, suelen ser pocos exactas. > Las condiciones de lo percibido también deben tomarse en cuenta. El tiempo transcurrido entre este momento y el de la percepción, puede determinar que la evocación de lo percibido sea fragmentaria, con el consecuente peligro de su complementación con juicio, deducciones, versiones de otros testigos o noticias periodísticas. 4) Relativo a la sinceridad del testimonio, resulta de significativa importancia las siguientes consideraciones: > Es preciso descubrir si no existe algún interés que pueda influir sobre la voluntad del deponente u otras circunstancias que, influyendo en su ánimo, puedan hacerlo apartar, consciente o inconscientemente, de la verdad. > El control interno de la declaración resulta sumamente eficaz para evaluar la veracidad del testigo el relato dubitativo, contradictorio o producido por medio de un discurso premeditado, puede resultar sospechoso. se ha desconfiado tradicionalmente de los testigos que... resultan mendaces en algunas partes de sus declaraciones, y de allí la regla de razón natural: mendax in uno, mendax in totum (el que es mentiroso en una parte, será mentiroso en el todo.) K. ¿Porque la defensa y en este caso en nuestras condiciones de Cursores afirmamos que el Tribunal de Sentencia recurrido ha infringido las reglas de las sanas críticas en la valoración de la prueba de la testigo protegido B: veamos: 1) ¿Por qué los sentidos de testigo protegido B solo le permiten identificar a ERLIN y WIMAN?; es inconcebible pensar que los secuestradores se hayan equivocado solo en mencionar estos dos nombres. 2) ¿Como interpretar que los secuestradores siempre andaban con pasamontañas?; reconoce que él siempre se protegía lo más que podía, y que hasta que escucho las noticias yo lo encontré por el nombre de WILMAN. 3) Estas noticias fueron posterior a su relato de que WILMAN en compañía de su abuelo habían vuelto a su negocio; la máxima de las experiencias ante una persona secuestrada es que debió entrar en pánico, en shock pero la testigo protegido B narra ese episodio como algo de lo más natural y sorprendentemente no lo comunica a la policía de que uno de los supuestos secuestradores regreso a su negocio; lo importante de lo anterior es porque en su declaración de Folio 21 vuelto no se refiere a esta persona que haya ingresado posteriormente a su negocio con el nombre de WILMAN, dice que acompañaba a su tio, que a su vez era cliente de su negocio, la lógica y las máximas de la experiencia nos indican que lo mínimo que hubiese optado por hacer es así comunicarlo a la autoridad policial que se encontraba investigando el hecho .4) Porque la testigo protegido B no refiere nada ni describe en absoluto vestimentas, características de los dos supuestos secuestradores que en el vehículo rojo esperaban a las personas que la habían extraído de su negocio. 5) Honorable Sala de lo Penal la testigo en mención dice: no, yo no lo identifico, simplemente sé que esa noche escuche su nombre o sea que honorable sala que en análisis de la prueba según el tribunal recurrido basta que alguien escuche un nombre para ser vencida su presunción de inocencia. 6) Paralelo a ello lo anterior tiene lógica cuando a pregunta de la defensa la testigo reconoce que en su primera declaración no identifica a esta persona de nombre WILMAN, admite que le conoce el nombre hasta el momento de las noticias y ya en sus posteriores declaraciones ya si lo menciona con su nombre; en consecuencia siguiendo a CAFFERATA NORES esta defensa considera que en aplicación de las reglas de las sanas críticas sobre la valoración de la prueba lo correcto y ajustado a derecho era considerar a este testigo no concluyente y no vinculante para determinar la identificación de WILMAN como uno de los secuestradores de su persona- DICTAMEN PERICIAL DE DIDDIER MUÑOZ SOBRE VACIADO TELEFONICO: En el ánimo de ser concretos con Vos Honorable Sala de lo Penal según los hechos declarados como probados que repetimos se deban de tener como cierto a los efectos del presente recurso de casación, esta prueba arroja dos conclusiones en el juicio del Tribunal Recurrido: La primera que en días donde la secuestrada permanecía en esa situación, del teléfono identificado como propiedad de WILMAN recibe una llamada del teléfono 99472934 que a su vez es uno de los teléfonos utilizados para exigir el rescate; y el otro aspecto supuestamente relevante sobre esta pericia es que durante la época del secuestro surgieron llamadas entrantes y salientes de las antenas que a su vez coinciden con el lugar donde estuvo secuestrada la víctima: al respecto la defensa en el presente recurso hace las siguientes observaciones: A. La máxima de las experiencias, el sentido común y porque creemos que nos ha pasado y así lo aseguramos a todos los que portamos teléfono celular; que en más de alguna ocasión hemos recibido una llamada telefónica de un número desconocido, incluso los hemos contestado, incluso esa conversación errónea pudo durar algunos minutos; pero solo ese hecho no determina que una persona es parte activa de un hecho criminal en este caso el secuestro investigado. B. La conclusión correcta del Tribunal sentenciador de haber seguido las reglas de la sana critica en la valoración de la prueba hubiera determinado que efectivamente en el teléfono identificado como propiedad de WILMAN se recibió una llamada del teléfono en el que se negociaba la liberación de la secuestrada; pero solo este extremo no es suficiente para concluir que WILMAN sea actor del secuestro enjuiciado.-meritorio es aclarar que a los efectos del proceso penal ciertamente esto constituye un indicio de enjuiciamiento pero nunca y absolutamente nunca constituye plena prueba de que WILMAN sea autor del delito de secuestro enjuiciado. C. Algo similar sucede con la otra conclusión que a nuestro juicio de manera errónea el Tribunal de Sentencia dice obtener de esta pericia; no fue probado en este juicio cual es el radio de acción de la antena de la empresa de telefonía para el lugar donde se encontraba privada de su libertad bajo secuestro la víctima, esto solo determina en todo caso que WILMAN bajo alguna circunstancia particular que bajo la presunción de inocencia no está obligado a probar y es que su teléfono se conectó en una o varias ocasiones a esa antena a los efectos de una sentencia penal esto solo puede determinar el uso de su aparato celular con esa antena pero en ningún momento solo este hecho no determina su participación en el ilícito penal de secuestro. MEDIO DE PRUEBA RECONOCIMIENTO FOTOGRAFICO; bajo el VII capítulo I al V, articulo 198 al 262 del código procesal penal se encuentra lo relacionado a los medios de prueba, sobre el particular a los fines del presente recurso expresamos lo siguiente: A. Básicamente los medios de prueba documental, donde generalmente se recogen los actos procesales de investigación; intersección de las comunicaciones; testimonios; pericias; reconocimiento de elementos de convicción; reconocimiento de personas en rueda; etc. son los medios de prueba básicamente reconocidos en nuestra legislación. B. Reza el Articulo 253 del Código Procesal Penal lo siguiente: "RECONOCIMIENTO DE PERSONAS EN RUEDA. Para identificar a una persona o para establecer que quien la menciona efectivamente la conoce o la ha visto, deberá practicarse su reconocimiento, el cual se hará de la manera siguiente: 1) Quien lleve a cabo el reconocimiento, describirá a la persona de que se trate y manifestará si después del hecho que es objeto de investigación, la ha visto de nuevo, en qué lugar, por qué motivo y con qué propósito; 2) Se tomarán las previsiones para que el imputado no se desfigure y se le pondrá junto a otras personas que físicamente se le parezcan; 3) Se preguntará a quien lleva a cabo el reconocimiento, si entre las personas a que se refiere el numeral anterior, se halla el imputado y, en caso afirmativo, se le invitará para que lo señale en forma precisa; 4) Finalmente, quien lleve a cabo el reconocimiento, expresará las diferencias y semejanzas que observe entre el Estado actual de la persona señalada y el que tenía en la época a que se refiere la declaración. El reconocimiento procederá aun sin el consentimiento del imputado. Cuando el imputado no pueda estar presente, se podrá utilizar su fotografía u otros registros. La observación de las personas a que se refieren los numerales 1) y 2), se practicará desde un lugar en el que quien hace la identificación no pueda ser visto por aquel a quien se trata de identificar. C. Cuando el imputado no pueda estar presente, se podrá utilizar su fotografía u otros registros; no desconoce esta representación el presente recurso de casación provoca una clara discusión sobre los alcances del reconocimiento de las personas cuando el imputado no pueda estar presente. Obligado es que discutamos que se debe entender por imputado, al respecto la ley en su Artículo 101 del Código Procesal Penal establece que "imputado es toda persona a quien, en virtud de querella o requerimiento fiscal, se atribuye a participación en la comisión de un delito o falta ante los órganos encargados de la persecución penal, ya se encuentre detenido o en libertad;”. El Articulo 17 del Código Civil de Honduras establece que no podrá atribuirse a la ley, pero sentido que el que resulta explícitamente de sus propis términos. En consecuencia, de ello no hay duda: aplicado al casi nos ocupa imputado es la persona a quien se le haya presentado requerimiento fiscal; en el caso de nuestra defensa WILMAN es imputado hasta en fecha 09 de junio del 2015 Folios del 24 al 26 que es cuando se presenta el requerimiento fiscal. En consecuencia de ello a los fines del Articulo 253 del Código Procesal Penal el reconocimiento fotográfico de una persona como supuesto participante de un hecho constitutivo de delito solo puede hacerse cuando la persona adquiere el carácter de imputado y no puede estar en el Reconocimiento en Rueda; en consecuencia de ello que el Tribunal de Sentencia haya dado valor a los reconocimientos en Rueda de páginas 21 a 23 es hecho con violación de las reglas de la sana critica en la valoración de la prueba y con violación franca y flagrante del principio de legalidad Procesal Penal. D. Si lo anterior por si solo lo consideramos suficiente para casar la sentencia recurrida el acta de folios 21 al 23 confrontada con los Artículos 131,132, 133, del Código Procesal Penal es nula de pleno derecho y no pudo ser objeto de valoración en la sentencia impugnada por la falta de firma del agente fiscal, provocando con ello que no tenga el acta carácter de prueba anticipada y no constar en el expediente acta complementaria que explique o subsane esa falta procesal. Siendo así las cosas es procedente y conforme a derecho solicitar y así solicitamos se declare con Lugar el presente recurso de Casación por quebrantamiento de forma se ordene casar la sentencia, se ordene la realización de un nuevo juicio a realizarse con un Tribunal distinto al que dicto el presente fallo recurrido. Como se puede apreciar, en la valoración de la prueba no se aplicó, en lo más mínimo, las reglas elementales de la lógica, del sentido común y de la experiencia para valorar los medios de prueba ofertados por las partes, sino que siempre se buscó la íntima convicción de los hechos para orquestar el fallo, lo cual violenta el artículo 202 del Código Procesal Penal. La presente violación a la forma del proceso, surge precisamente hasta el dictado de La Sentencia Definitiva recurrida, es por ello que el remedio procesal incoado contra ella es precisamente el presente Recurso de Casación por quebrantamiento de forma en la forma establecida en el Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal.” “El Recurrente Abogado OSCAR A. LUNA, procedió a formalizar su Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, Quebrantamiento de Forma y por Infracción de Ley de la manera siguiente: EXPOSICION DE MOTIVOS DE CASACIÓN PRIMER MOTIVO DE CASACIÓN: POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL previstos en los artículos 82, 89 y 90 de la Constitución de la república. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este Motivo de Casación invocado como infringido está comprendido en el artículo 361 del código procesal penal, para los efectos de de este motivo se cita como infringidos los artículos constitucionales siguientes: Articulo 82 inviolabilidad al derecho a la defensa, artículo 89 Constitucional “Toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente”, Articulo 90 Constitucional: Nadie puede ser juzgado……. Con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece, intimados a los artículos 16, 303, 321 de la predicha Norma legal; Artículo 2 del código procesal penal “Estado de inocencia, todo imputado será considerado y tratado como inocente mientras no se declare su culpabilidad por el órgano jurisdiccional competente de conformidad con las normas de este Código; Articulo 11.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948: “toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa”, Articulo 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) del 22 de noviembre de 1969: “Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad”, Articulo 26 de la Declaración Americana de los derechos y deberes del hombre, Bogotá (1948): “Se presume que todo acusado es inocente, hasta que se pruebe que es culpable.”; Articulo 14.2.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del 19 de diciembre de 1966: “toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley. EXPOSICIÓN DEL PRIMER MOTIVO DE CASASION PRIMERO: Considerando la acepción idónea el proceso penal es el instrumento para actuar o procesar el derecho penal positivo, al que han de someterse tanto las personas naturales como jurídicas, frente al derecho a la acusación, el ordenamiento jurídico inevitablemente ha de reconocer un derecho de signo contrario: el derecho del sujeto pasivo del proceso, del acusado o del imputado, a obtener también la tutela efectiva por medio de una adecuada defensa, derecho a repeler esta agresión que pone en cuestión sus bienes jurídicos más importantes, entre ellos, su libertad, defensa, reconocido como derecho fundamental que exige un presupuesto básico: la audiencia del imputado, la contradicción procesal, con objeto de articular su adecuada intervención en el proceso, para lo que es requisito imprescindible conocer la acusación formulada contra él, el titular del derecho de defensa, derecho fundamental e inalienable, es el propio imputado, aunque su ejercicio puede llevarse a cabo tanto por él mismo como por su defensor técnico, al analizar lo anteriormente expuesto se invoca la Infracción o transgresión de las normas constitucionales citadas que representa vulneración de derechos y garantías que resguardan a mi representado que son tutelados por el derecho positivo interno e igualmente por el Derechos Internacional que constituye parte del ordenamiento jurídico positivo que tiene como pretensión la protección de los ciudadanos frente al Poder Punitivo del Estado que se puede transfigurar en infractor de preceptos jurídicos en su labor de administrar y aplicar justicia efectuándola de forma contrapuesta al contenido de las leyes que regulan los procesos como ser el derecho penal sustantivo y adjetivo, valorando que el protagonista en el proceso penal es el Imputado a quien se le procura mantener incólume el derecho a la defensa aunadamente que se considere su inocencia mientras no se demuestre lo contrario con elementos probatorios que generen certeza al jugador, consiguientemente se deberá considerar su estado de inocencia al más alto escalón que propicie un debido proceso al ser sometido a un juicio que respete las prerrogativas y garantías antedichas sin conculcar su defensa que en caso de Erlin Jaciel Gomez Bustillo fue limitado por dicha sala segunda con jurisdicción nacional en materia penal al no discurrir y valorar los elementos probatorios de cargo y descargo de manera objetiva sino que desde un plano muy subjetivo comprometiendo su garantía a un debido proceso siendo evidente la infracción constitucional que efectuó el Tribunal sentenciador al debido proceso que ampara a mi representado iniciando que la sentencia recurrida no se encuentra en concordancia a estos preceptos jurídicos constitucionales, por tanto es necesario considerar que el debido proceso presenta dos dimensiones de obligatoria observancia para el a-quo: Una procesal, porque es aquella que engloba las instituciones jurídicas necesarias para obtener un proceso formalmente valido u otra Sustancial la cual se vincula directamente con el principio de razonabilidad y proporcionalidad de los actos de poder y por consiguiente determina la prohibición de cualquier decisión arbitraria, haciéndose referencia al debido proceso como realidad sustantiva, material, necesaria para el recto ejercicio de la función jurisdiccional y el logro de la tutela judicial efectiva, máxime cuando se trata de pronunciarse sobre la responsabilidad que se le atribuya en un delito como el que nos incumbe comprendido en el título IV, “delitos contra la Libertad y Seguridad”, Capítulo I, denominado SECUESTRO que se encuentra comprendido en el artículo 192 del código penal, cabe destacar que el proceso penal acoge ciertas figuras de las cuales se valdrán las partes para formular sus pretensiones con miras a que el órgano jurisdiccional las valore consecuentemente se pronuncie sobre dichas solicitudes debiendo poseer correspondencia entre lo resuelto con los propósitos de los intervinientes, el precepto constitucional que acoge el estado de inocencia es un principio rector del proceso penal el cual solamente se logra enervar bajo los procedimientos establecidos en la ley en la evacuación del juicio por medio de los elementos de prueba legalmente incorporados al mismo, estos elementos deben de ser incuestionables para que el antedicho estado desaparezca por consiguiente que la tesis acusatoria se observe fortalecida contrario sensu deviene al juzgador proceder a la absolución, la presunción de inocencia del imputado se considera como un pilar del ordenamiento jurídico en un país democrático al favorecer al inculpado mientras no se desvanezca ese estatus a menos que se “Demuestre” indubitadamente su responsabilidad ya que el origen de la presunción de inocencia es la seguridad jurídica asegurando que no se condenara a una persona mientras no se haya demostrado de forma suficiente que destruya el predicho estatus por medio de la obtención de un fallo que se fundamente en prueba confiable que justifique la resolución que hoy se impugna, traduciéndose en un derecho subjetivo siendo inocente de cualquier delito que se le atribuya sin mediar acervo probatorio necesario como dispone lo preceptuado en el artículo 89 constitucional. SEGUNDO: Considerando que la presunción de inocencia es una prerrogativa universalmente reconocida resguardada por el sistema de administración de justicia en tutela de los bienes jurídicos a proteger como es la libertad en este caso, se entiende que la prueba de cargo complementa la culpabilidad del acusado en juicio la que debe ser proporcionada por el Ministerio Publico para probar su tesis acusatoria que al no ser concluyente el tribunal debe absolver al inculpado sometido al proceso penal, por tanto la prueba es complementaria en el proceso de culpabilidad que recae sobre el imputado y debe ser suministrada por la acusación, siendo preponderante imponerse la absolución del acusado si la culpabilidad no queda justamente demostrada, el principio acusatorio que rige nuestro ordenamiento penal sustantivo y adjetivo ampara este otro principio de presunción de inocencia en vista que corresponde al Ministerio Publico la prosecución del delito y la carga probatoria comprobando no solo la comisión de un hecho estimado como delito conforme nuestra legislación sino la participación del imputado, por consiguiente el imputado no está obligado a probar su inocencia ya que la constitución a priori le reconoce ese estado, el onus probandi (obligado a probar) recae en quien acusa o afirma la certeza de los hechos objeto de la acusación consecuentemente se deberá incorporar en juicio todos los elementos que conlleven a la actividad probatoria necesaria para derivar en una sentencia condenatoria, el principio del debido proceso acogido en el artículo 90 constitucional es otro que protege la presunción de inocencia que ampara al inculpado ya que exige que nadie será juzgado y considerado culpable hasta que sea declarado por sentencia declarativa de responsabilidad penal que representa la existencia de la suficiente actividad probatoria y garantías procesales que permitan al estado privar al inculpado bajo la preexistencia de elementos incriminatorios en juicio donde se respeten las formalidades esenciales del proceso penal, se valora el iuris tantum “la ley presume la existencia de algún hecho, salvo que se pruebe lo contrario” en los procesos deberá ejecutarse una actividad indispensable y considerable del Ministerio Publico para transfigurar los hechos atribuidos como el delito de SECUESTRO en una verdad incuestionable como la que refiere el a-quo que aconteció conforme a los hechos declarados probados, prevaleciendo los principios como contradicción e inmediación de los intervinientes con el propósito de que el Tribunal delibere en un fallo cimentado en las normas que resguardan los derechos fundamentales y prueba profusa por constituir la sentencia la forma de erigir una pena a un sujeto producto de dos elementos a) exigencia de auténticos actos de prueba y b) principio de libre valoración que poseen los juzgadores, caso contrario ante la notable insuficiencia probatoria que incide en la distribución de su carga hacia quien acusa (Ministerio Publico) el tribunal procurará la absolución valorando que respecto al segundo aspecto es sujeto a una serie de reglas para su aplicación las cuales resultaran en una consecuencia que provenga del primero (prueba) para devastar ese estado de inocencia que escuda al imputado del derecho punitivo del estado. TERCERO: Considerando los contextos arriba expuestos que proceden de disposiciones jurídicas de rango constitucional e internacional que protegen celosamente los derechos y garantías fundamentales de los ciudadanos aunado el correcto proceder de los tribunales en la administración de justicia con la finalidad que sus fallos definitivos se encuentren en sintonía con las exigencias legales evitando conculcar estas prorrogativas citadas es imperativo la interposición del presente motivo de casación ya que en la presente causa instruida contra el señor ERLIN JACIEL GOMEZ BUSTILLO se le atribuyo responsabilidad penal por parte del Ministerio Publico imputándole el delito de SECUESTRO como hemos indicado en el preámbulo del presente recurso en donde en su apartado número uno (1) de la sentencia en la “Fundamentación Jurídica” establece “Los hechos que este tribunal de sentencia ha declarado probados, sin lugar a dudas son constitutivos del delito de Secuestro, previsto y sancionado en el título IV, de los delitos contra la Libertad y Seguridad, capítulo I, articulo 192 numeral A del código penal vigente, y que según establece antedicho precepto que sanciona con una pena de reclusión de 20 año a privación de la libertad de por vida a quien con violencia, intimidación, engaño, u otra forma que vicie el consentimiento, sustraiga, retenga, desplace, oculte o prive de cualquier otra manera de su libertad a una o más personas, con cualesquiera de los propósitos siguientes: a) Obtener a cambio de la libertad de la o las personas secuestradas, dinero, bienes, títulos u otra utilidad o beneficio” según los elementos evacuados en audiencia pública de juicio en que se reprodujo prueba testifical de Testigos Protegidos A, B, C y el del agente de Investigación Policial Enrique Salatiel Gonzales Vallecillo, constituyéndose como cimiento para la sentencia condenatoria dictada por el a-quo la declaración de la ofendida Testigo Protegido B correlacionado a mi representado quien en su evacuación visible a partir de la página 19 del acta de debate manifestó que “el dia 05 de diciembre del 2014 en la ciudad de Tocoa, departamento de Colon, se encontraba en su negocio cuando ingresaron dos sujetos quienes no iban protegidos, uno se dedicó a mi, el otro al otro señor que trabajaba con nosotros, me agarraron de la mano izquierda y me llevaron al carro donde estaban dos personas más, …………… nos fuimos derecho del negocio, llegamos a esperar a una quebrada, para sacarme de ese lugar y llevarme a otro lugar yo andaba ya vendada, no los podía ver, en la noche escuche el nombre de una persona, la que me agarro de la mano ERWIN ……………….. anterior manifestación es a la que le otorga inmaculada valoración el a-quo para proceder a responsabilizar al señor ERLIN JACIEL GOMEZ BUSTILLO del delito y quien según sus manifestaciones obviamente propias de un testimonio pre/elaborado busco incriminar a mi representado, testigo protegido B quien en según su testimonio inicial del cual fue solicitada evacuación con formalidades de prueba anticipada en fecha 20 de mayo del 2015 visible a folios 21 y 22 del expediente judicial cuyo contraste quedo evidenciado en juicio por medio de lectura autorizada conforme a las disposiciones del articulo 311 # 6 del código procesal penal (se solicita remisión del audio para constatar varias circunstancias como esta que no están consignadas en acta de debate) en donde se le consulto a la TESTIGO PROTEGIDO B que aclarara porque en su primera intervención efectuada en la referida fecha expreso “que la persona que la toma de la mano a renglones 24 y 25 del reverso del folio 21 expreso describiéndolo era chaparrito y blanquito y que solo ese día del rapto lo vio y luego no volvió a verlo” posteriormente en un reconocimiento fotográfico visible a folio 22 se le coloco a la vista a la TESTIGO PROTEGIDO B una serie de imágenes diligencia efectuada en contravención a las disposiciones del artículo 253 del código procesal penal en vista que se transgredieron normas procedimentales de obligatorio cumplimiento donde en su práctica se soslayó las interrogantes que debió formular el a-quo en concordancia con referido artículo sobre si los había visto nuevamente en vista que en su testimonio en Juicio la TESTIGO PROTEGIDO B respondió que tuvo conocimiento de la detención de los imputados por los MEDIOS DE COMUNICACIÓN antes de declaración anticipada en la ciudad de San Pedro Sula consecuentemente seria infalible en su respuesta al reconocimiento fotográfico efectuado en los tribunales, valorando las anteriores observaciones este testimonio constituyo el único elemento probatorio para declarar la responsabilidad penal de mi representado a quien la ofendida en Juicio trata de incriminar de una forma incomparable a su declaración realizada con las formalidades de prueba anticipada en fecha 20 de mayo del 2015 cuanto ya tenía conocimiento sobre la información de los imputados que fue pública a través de los medios de comunicación social , obsérvese que en su declaración en juicio dice “en la noche escuche el nombre de una persona, la que me agarro de la mano ERWIN” posteriormente a preguntas del Ministerio Público respondió “dos personas un chaparrito y un muchacho fornido alto, uno blanco y otro trigueño, que los identificaba porque escucho sus nombres, siendo curioso que de su mismo argumento se desprende que no los conocía entonces como era posible que los identificara, nuevamente al ser consultada por el Ministerio Publico respondió sobre las características de ERLIN JACIEL GOMEZ BUSTILLO como una persona “chaparrito, blanco y gordito y a folio 22 a preguntas de la defensa publica en el reconocimiento fotográfico describe a Erlin Jaciel Gomez como “chaparrito, ni tan gordo, ni tan delgado, blanco, pelo musuco como colocho” pero quedo probado en juicio a solicitud del suscrito impetrante que se consignara las características físicas del joven ERLIN JACIEL GOMEZ BUSTILLO siendo las siguientes: estatura media, trigueño claro, pelo corto, ojos color negro contrariándose absolutamente a las descripciones brindadas por parte de la supuesta ofendida quien en su testimonio en página 22 del acta de debate a preguntas del Ministerio Público respondió: Que dos personas la cuidaban permanentemente de día y noche, que se cubrían siempre con pasamontañas pero en ningún momento expreso que ERLIN JACIEL GOMEZ BUSTILLO estuviera entre los sujetos que la cuidaban en el sitio donde estuvo privada de su libertad contraviniendo lo establecido como hecho probado por el a-quo de que mi representado fue uno de los sujetos que cuidaba a la ofendida donde estuvo privada de su libertad. CUARTO: Considerando que en los últimos renglones de la referida pagina 22 se le pregunta a Testigo Protegido B “cada cuanto le vendaban los ojos respondiendo “cada vez que ellos se metían a la casa me vendaban los ojos y cuando se salían me quitaban la venda y se ponían pasamontañas” siendo confrontado con la lógica común no se colige como podría haber identificado a estos sujetos bajo estas condiciones ya que ella misma expreso que se cuidaban mucho, otra circunstancia importante es que al tenor de su testimonio la Testigo Protegido B expreso que ella desde que fue subida al vehículo descrito en los hechos probados se le vendo los ojos e indico que la ruta del automotor fue en línea recta por calle pavimentada siendo de interés exteriorizar que según los hechos probados la ofendida estuvo en la aldea de Rio Arriba, Ilanga, jurisdicción del Municipio de Trujillo cuya zona de acceso es de terracería (tierra) circunstancia corroborada cuando al testigo Enrique Salatiel Gonzales se le consulto sobre los accesos a estas zonas expresando que eran caminos de tierra (no pavimentados), a interrogantes del suscrito recurrente visible a folio 25 del acta de debate respondió: si al esperar que cayera la noche continuaron la marcha en el mismo vehículo o no a lo que respondió “no lo sé porque iba vendada, y que el vehículo en que fue transportada nunca lo había visto”, sobre la persona que la sujeto de la mano llevándola hacia el vehículo se le pregunto: “Recuerda como andaba vestido la persona que la tomo de la mano cuando ingreso a su negocio, como andaba el cabello contestando “ No, Recuerdo” contrariándose nuevamente, en vista que si logra dar características físicas no obstante someramente podría haber descrito la indumentaria que portaba este sujeto pero no fue capaz de detallarlo, y quien previamente había respondido visible en la misma página del acta de debate al interrogarle sobre como identificaba que era ERLIN de quien se trataba contestando “no, yo no lo identifico, simplemente se que esa noche escuche su nombre”, posteriormente se le interrogo sobre cuántas veces estuvo vendada a lo que respondió: en la noche sin venda porque ellos andaban pasamontañas, porque era bien oscuro solo se miraba con foco adicionando que mientras estuvo privada de su libertad siempre fue acompañada por dos personas que no cambiaban, estas expresiones verificándolas con la declaración del Policía de Investigación ENRIQUE SALATIEL GONZALES son equivocas en vista que éste último que valga la aclaración es un testigo referencial expreso que tomo la declaración de la ofendida y de la Testigo Protegido C quien hizo referencia que los tipos que privaron injustamente de la libertad a la ofendida ingresaron al sitio fuertemente armados por consiguiente se interrogo sobre este aspecto a este testigo respondiendo que eso le habían dicho las testigos protegidos B y C que eran armas de fuego cortas y al consultársele sobre si había investigado si los imputados poseían armas de fuego registradas en los archivos público respondió que No lo había indagado, no obstante ninguna de estas testigos en sus testimonios dio características mínimas de armas de fuego que supuestamente utilizaron los sujetos que ingresaron a su negocio visible a página 39 del acta de debate contrariando al testigo Gonzales, posteriormente en página 40 del acta se le interroga al policía de investigación sobre las características del señor ERLIN JACIEL GOMEZ BUSTILLO respondiendo: Que es un sujeto chaparro y ojos claros discrepando con la descripción de la Testigo Protegido B y con las verdaderas características de ERLIN JACIEL GOMEZ BUSTILLO de quien como expusimos es una persona estatura media, trigueño claro y ojos negros, este testigo expresa que la persona que siempre usaba botas y que iba y regresaba era WILFREDO de quien nunca hizo referencia en su declaración la ofendida, sin embargo derivo en un hecho probado según el a-quo, aseguro el testigo Gonzales que entrevisto a fuentes humanas levantando acta policial sobre esta circunstancia que tampoco se comprobó en juicio, según su declaración ENRIQUE SALATIEL GONZALES afirmo que al obtener información él fue quien elaboro los álbumes fotográficos que obtuvo del padrón fotográfico del sistema NACMIS de la Policía Nacional de los sospechosos, manifestando que procedió a entregarlos a la Fiscalía para su posterior identificación mediante reconocimiento fotográfico con las formalidades de prueba anticipada que esta adjunto a folios 22 testigo protegido B y folio 23 del testigo protegido C quien expreso siendo importante destacar que sobredicho reconocimiento testigo protegido C manifestó “se parece al que entro” señalando la fotografía número 4 que en el listado figura como ERLIN JACIEL GOMEZ BUSTILLO describiéndolo previamente a interrogantes del Ministerio Publico como un sujeto “bajo, flaco, rellenito, pelo liso con entradas” contrastando nuevamente sus descripciones con la expresadas en juicio visible a página 40 del acta de debate cuando en su declaración libre describe a este sujeto como “no era tan alto de estatura, claro pelo negro, y lo andaba parado con gelatina y del que afirmo fue quien tomo del brazo a la señora (ofendida) patentizando con lo antes expuesto inconmensurables dudas sobre este reconocimiento fotográfico, descripción y veracidad de los testimonios, antedichos álbumes fueron elaborados por el policía de investigación ENRIQUE SALATIEL GONZALES según aseguro visible a página 43 del acta de debate quien al observarse frente a ciertas contradicciones producto del interrogatorio del suscrito en la página 41 del acta se solicitó la lectura autorizada de su testimonio en la etapa preparatoria visible a folio 50 renglones del 1 al 4 donde expreso lo siguiente “hicimos un recorrido por el lugar, hicimos vigilancias y una fuente humana (no la ofendida como afirmo ENRIQUE SALATIEL GONZALES) nos dio los nombres de Erlin Jaciel y Wilfredo Maradiaga, al tener estos nombres sacamos un cuadro fotográfico se le mostro al testigo protegido” entendiéndose que no se origina del testimonio de la ofendida que obtuvieron los nombres de los sospechosos y que obviamente cualquier diligencia posterior en vista de que previamente tuvo la ofendida a la vista imágenes de los supuestos sospechosos era indiscutible que TESTIGO PROTEGIDO B fuera a equivocarse, consecuentemente este álbum no fue entregado a la fiscalía como afirmo en juicio para efectuar el reconocimiento bajo control jurisdiccional sino que fue utilizado antes de su entrega constituyendo un mecanismo que induciría a la víctima a señalar las imágenes que le pusieran a la vista al efectuarse los antedichos reconocimientos, ante esta confrontante situación ENRIQUE SALATIEL GONZALES contesto “el informe se le presento a la fiscalía donde se lo pusieron a la vista del Testigo Protegido B y C, evidenciando su intención de soslayar la contradicción demostrada pretendiendo recaer la responsabilidad en el Ministerio Publico siendo preponderante denunciar luna supra valorización del testigo Enrique Salatiel Gonzales que no es merecedor de profusa credibilidad evidenciándose significativas inconsistencias que transfiguran estos testimonios en inverosímiles de los cuales excluimos al Testigo Protegido A como al Policía de Investigación Enrique Salatiel Gonzales en vista que son testimonios de referencia ya que estos no presenciaron los hechos mucho menos proporcionar datos de los sospechosos en vista que no fueron de su conocimiento excepto por las manifestaciones de los testigos protegidos B y C. QUINTO: Valorando que la figura penal del Secuestro conlleva a una pena de reclusión a de 20 años a privación de libertad de por vida a quien con violencia, intimidación, engaño, u otra forma que vicie el consentimiento, sustraiga, retenga, desplace, oculte o prive de cualquier otra manera de su libertad a una o más personas, con cualesquiera de los propósitos siguientes: a) Obtener a cambio de la libertad de la o las personas secuestradas, dinero, bienes, títulos u otra utilidad o beneficio”, por consiguiente este supuesto de hecho debe ser comprobado con medios probatorios indiscutibles, durante la evacuación del juicio el único medio de prueba que hace referencia este aspecto es la declaración del Testigo Protegido A visible a paginas 27, 28 y 29 del acta de debate quien se autodenomino “Arturo” quien entre lo más relevante declaro que el se encontraba en otro sector del negocio el día 05 de diciembre del 2014 cuando se llevaron a su esposa “ALEYDA” por tanto no observo a los sujetos que la privaron injustamente de la libertad, que posteriormente interpuso la denuncia ante la policía pero que no fue asistido inmediatamente sino hasta el día 06 de diciembre del 2014 que supuestamente recibió asesoría de la Policía de Investigación y que ese mismo día recibió una llamada de los supuestos captores que es relevante consignar nunca fueron identificados en donde le solicitaban la cantidad de Lps.5,000,000.00 por la liberación de su esposa, y que en total recibió tres (3) llamadas que logro negociar con estos sujetos a la cantidad de Lps.1,500,000.00 los cuales aparentemente “obtuvo por medio de un préstamo” en Banco Continental ya que menciono al señor Rosenthal Oliva infiriéndose que era esa institución bancaria adicionalmente la Testigo Protegido C en su testimonio no se vislumbró haya tenido conocimiento si entregaron alguna cantidad de dinero como rescate a cambio de la liberación de la Testigo protegido B, sin embargo es de relevancia para el suscrito impetrante expresar que esta circunstancia nunca fue comprobada en juicio de forma indiscutible (pago de rescate) aunadamente esta acción se supone fue sin la intervención de la policía de investigación como manifestó Enrique Salatiel Gonzales a página 41 del acta de debate que el TESTIGO PROTEGIDO A efectuó supuestamente el pago sin su participación consecuentemente como se podría haber verificado este hecho sino sunca se proporcionó prueba que comprobara de donde se obtuvo el dinero del rescate, cantidad otorgada por la institución bancaria, acta de diligencia policial donde se consignará esta actividad y a quien al tenor del interrogatorio respondió Enrique Salatiel Gonzales que no tuvo conocimiento de dónde provino el dinero y que sabía del pago porque el testigo protegido A se lo dijo, coligiéndose que no le consto estos hechos siendo de interés resaltar que se supone que para ese momento estaba asesorando al referido Testigo respecto a la situación que acontecía con los captores, agentes de investigación quienes procuran en toda actividad levantar las actas o constancias que certifiquen cada uno de los acontecimientos que se susciten no siendo el caso que nos incumbe en vista que nada de lo testificado por Enrique Salatiel Gonzales como testigo protegido A incuestionablemente conforme a las reglas que dispone la sana critica contenida en el artículo 202 intimado a los artículos 198, 199 y 317 del Código Procesal Penal, con respecto a los medios de PRUEBA DOCUMENTAL evacuada por exhibición visible en la página 44 del acta de debate ninguno de estos guardo relación alguna con ERLIN JACIEL GOMEZ BUSTILLO correlacionado a la comisión del reproche penal atribuido y la pericia efectuada por DIDIER MUÑOZ visible a pagina 44, 45, 46, 47, 48, 49 y 50 del acta de debate estableció que los números que utilizaron los captores eran dos describiendo 9772-7665 y 9888-8474 que en ningún momento incrimino a ERLIN JACIEL GOMEZ BUSTILLO como la persona que haya utilizado estos números de abonado celular exigiendo pago de dinero a cambio de la liberación de la supuesta ofendida predicha circunstancia que nunca fue probada en juicio refiriéndonos al que se efectuara entrega de dinero a cambio de la liberación de la testigo protegido B, consiguientemente bajo sobredichas premisas el a-quo otorgo como apuntamos una sobrevalorización probatoria a medios inconsistente siendo incomprobable la certeza inculpatoria para pronunciar una sentencia condenatoria aunadamente Enrique Salatiel Gonzales tampoco le consta este evento en vista que de su testimonio externó que supuestamente el testigo protegido A verificó el pago del rescate por la cantidad de L. 1,500,000.00 sin su conocimiento por tanto pueden ser corroboradas por ninguna otra prueba periférica que establezca que sus dichos son ciertos mucho menos que se haya realizado matriz de asociación entre los acusados que los vincule de forma directa como un grupo criminal o posean grados de afinidad que los incriminen, demostrándose de forma irrefutable la insuficiencia probatoria que sirvió de fundamento para condenar a mi representado, por consiguiente se ha vulnerado el estado de inocencia que constitucionalmente asiste al imputado configurándose el presente motivo de casación. APLICACIÓN PRETENDIDA: Considerando lo anteriormente expuesto es de interés someter a la Corte Suprema de Justicia en la Sala de lo Penal el estudio del precepto infringido al caso concreto entiéndase los yerros del a-quo que generaron una sentencia condenatoria sin suficiente fuerza probatoria (concluyente) en contravención a la tutela judicial efectiva que deben procurar los tribunales resolviendo en concordancia a los preceptos jurídicos constitucionales, desestimando la oposición formulada por la defensa en razón de la falta de los elementos probatorios o actividad probatoria complementada con los requisito de precisión, pertinencia y concordancia para postrar ese estado de inocencia contenido en el artículo 89 intimado al 90 de la constitución de la republica como las normas del derecho penal sustantivos y adjetivo que se han demandado en los apartados que preceden, siendo conducente que se declare con Lugar el motivo de Casación por haberse Vulnerado el derecho al Estado de Inocencia que el Tribunal Sentenciador obligatoriamente debía resguardar y no efectúo, desestimando los argumentos esgrimidos en el juicio por la defensa omitiendo la obligatoriedad de resolver acorde al artículo 339 del Código Procesal Penal que ordena en caso de duda la Absolución, siendo procedente que esta sala declare con lugar el motivo absolviendo a mi representado ERLIN JACIEL GOMEZ BUSTILLO de cualquier responsabilidad penal (obsérvese resolución de casación penal 255-2009 del 15 de mayo del 2012, casación penal 02-2009 de fecha 28 de octubre del 2010).” “Continúa manifestando el Recurrente en su Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. SEGUNDO MOTIVO DE CASACIÓN POR QUERANTEAMIENTO DE FORMA: ““Que carezca de motivaciones fácticas o jurídicas, que dichas motivaciones sean insuficientes o contradictorias o si en la Valoración de la Prueba no se observaron las reglas de sana critica”. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este Motivo de Casación invocado como infringido por quebrantamiento de Forma, está comprendido en el artículo 362 en su numeral 3 del Código Procesal Penal que dice Que.............. o si en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana critica”. EXPLICACION DEL MOTIVO: PRIMERO: Considerando la prueba desarrollada en juicio el suscrito es del criterio que se ignoraron las reglas de la sana critica racional al momento de valorar la prueba en su conjunto que se evacuó en juicio estimando dar como probado en la sentencia que mi representado Erlin Jaciel Gómez Bustillo fue responsable penalmente del delito de Secuestro en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO B siendo tangible que el a-quo infringió lo preceptuado en el artículo 202 del Código Procesal Penal generando un Error In Procedendo o vicio procesal e igualmente la regla 4 numeral 2 del artículo 338 de la citada norma legal, Las reglas de la Sana Crítica están integradas por principios fundamentales del intelecto humano, pilares de todo conocimiento racional e instrumento de certeza, que busca el camino hacia la verdad lógica y ontológica y por otra parte es importante expresar que son utilizables reglas empíricas denominadas máxima de experiencias, el sistema de valoración de la prueba le permite al Juzgador cierta libertad sobre la estimación de ella con irrestricto respeto a las reglas de la lógica, sicología y experiencia común, la sentencia que se impugna posee vicio que causa agravio ya que atropella las antedichas reglas que comprende la “Sana Critica” y que se encuadra a los elementos que gobiernan el entendimiento humano para determinar cuáles juicios son verdaderos o falsos por consiguiente la motivación lógica debe poseer las características de Coherencia (no ser contradictoria o equivoca), razón suficiente (sustentarse en inferencias razonables y sucesión de conclusiones que se vayan originando) y observar las normas de la sicología y máximas de la experiencia común consecuentemente se ocupa la correcta aplicación del “Principio de Razón Suficiente” como las reglas de la experiencia de un hombre común, en concordancia a los elementos que la comprenden; Reflexionando sobre el fallo que se recurre el a-quo está en la ineludible obligación de utilizar inferencias razonables cimentando su sentencia bajo los elementos expuestos anteriormente, no obstante basa su decisión únicamente en la declaración testifical de Testigo Protegido B estribando su sentencia condenatoria en este testimonio del que se realiza una peyorativa valoración desprendiéndose de los principios evocados líneas atrás, otorgándole inmaculado valor a criterio del suscrito al inconsistente testimonio de la Testigo Protegido B quien sin producir esa certeza inculpatoria que necesita el tribunal sentenciador como insumo para proferir su fallo condenatorio no determino con plena convicción que mi representado ERLIN JACIEL GOMEZ BUSTILLO fuera uno de los partícipes en su privación injusta de la libertad ocurrida en fecha 05 de diciembre del 2014 como se delato adicionalmente verse provisto el a-quo de prueba periférica que efectivamente sin lugar a dudas estableciera que fuera uno de los sujetos que en fecha 05 de diciembre del 2014 ingreso al negocio de la TESTIGO PROTEGIDO B con arma de fuego en mano forzándola a abordar un vehículo para trasladarla con rumbo desconocido siendo vendada de los ojos a partir de ese momento circunstancia admitida por el a-quo en su valoración de la prueba “Primer apartado” y posteriormente ser conducida a un lugar no establecido indubitadamente donde supuestamente era vigilada por ciertos sujetos desconocidos quienes como expuso se cubrían sus rostros con pasamontañas cuidándose permanentemente quienes la vendaban cada vez que ingresaban al sitio donde se encontraba el que describió como oscuro que solo con iluminación artificial se miraba y que cuando ingresaban los sujetos a la pieza donde estaba privada de su libertad se cubrían sus rostros, que al tratarse ellos se llamaban “Perro” según se lee a los renglones 14 al 17, 24 de la página 25 del acta de debate y 1 de la página 26 del acta de debate donde refiere la Testigo Protegido B que estos un día se les olvido y alguien los llamo por sus nombre contrariando su versión inicial de “que el día que inicio su privación de libertad fue que escucho ciertos nombres” que era “vendada de los ojos” antedichas manifestaciones son evidenciables en su declaración en juicio visible en página 20 renglones 4 y 5, página 25 renglones 3 y 4 del acta de debate donde afirma de nueva cuenta que iba en esa condición a interrogantes de la defensa donde difiere, agregando que durante esperaron en la “quebrada” hasta que se hizo de noche la abordaron a otro vehículo del cual no logro dar información porque contesto que “iba vendada”, por tanto como razonó que era otro vehículo en que la transportaban y los mismos sujetos aunado durante ese periodo de tiempo que estuvo en ese sitio (quebrada) no describe a las personas que estuvieron con ella si se supone que no tenía los ojos cubiertos según declaro en juicio a renglones 12, 13 y 14 de la página 21 del acta de debate donde manifiesta “hasta que llegamos a una quebrada, allí me quitaron la venda”, concluyéndose que esta no se encontró nunca en condición de observar quienes fueron sus captores, a interrogantes del Ministerio Público respondió que “ella identifico a los imputados porque esa noche escucho sus nombres, no obstante a pagina 20 renglones 22 y 23 al interrogarle sobre las características físicas de quienes la privaron inicialmente de su libertad respondió que eran “un chaparrito y un muchacho fornido, uno blanco, uno trigueño, los identifico porque yo escuche sus nombres”, luego a interrogantes del Ministerio Publico responde “un muchacho chaparrito, blanco gordito” visible a renglón 3 de la página 21 del acta de debate, posteriormente manifestó la ofendida que ella tuvo conocimiento del nombre de uno de los Imputados “Wilman” porque vio las noticias, que lo encontró por el nombre y dicen que es “Wilman” visible a renglones 14, 15 y 16 de la página 22 del acta de debate ratificada esta inconsistencia a renglones 14, 15 y 16 de la página 27 del acta de debate, por consiguiente esta afirmación es equivoca al tratar de entrever al a-quo quien da validez que ella escucho los nombres de dos Imputados Wilman y Erlin esa noche que fue privada de su libertad, habida cuenta que expreso al inicio de su declaración en juicio que su primer día cautiva o privada de su libertad escucho el nombre de ERWIN no teniendo ninguna correspondencia con la verdadera identidad de mi representado, contrariándose de nuevo con lo manifestado a renglones 6 y 7 de página 20 del acta de debate, esta manifestación al verificarla con las descripción que dio en el reconocimiento fotográfico visible a folio 22 renglones 16 y 17 donde expreso concerniente a ERLIN JACIEL GOMEZ “el muchacho que me agarro de la mano era, chaparrito, ni tan gordo, ni tan delgado, blanco, pelo musuco como colocho”, confrontando estas características con las ofrecidas en juicio que fueron las siguientes: Chaparrito, Blanco, Gordito, renglón 3 de pág.- 21 del acta de debate, en seguida a renglón 5, 6, 7 de la página- 25 del acta de debate a preguntas del suscrito respondió: ¿qué características recuerda de ERLIN? chaparro, blanco se que lo llamaban ERLIN por lo que yo escuche en la noche coligiéndose que no percibió por sus sentidos visuales y auditivos que así fuera llamado uno de los sujetos en ese sitio por otros participantes, cambiando su versión inicial sobre el nombre que escucho proporcionado al inicio del juicio que era ERWIN, a renglón 9 de la misma página 25 del acta de debate se le interroga ¿cómo identifica que es ERLIN? Respondiendo: No, yo no lo identifico, simplemente se que esa noche escuche ese nombre, luego se le interroga ¿recuerda cómo andaba vestida la persona que la toma de la mano? Respondiendo: No recuerdo (conforme su testimonio fue mi representado quien efectuó esta acción), las observaciones antes descritas constituyen serias inconsistencias en la descripción física de mi representado que solo vislumbran su propósito de forzar la inclusión de Erlin Jaciel Gómez en los hechos, cuando lo evidente fue la ausencia de convicción en su testimonio (ofendida) al quedar demostrada la ausencia de credibilidad y sinceridad en su participación en juicio huérfana de elementos de importancia para otorgarle valor probatorio que se eslabonara al elenco probatorio evacuado en juicio para arribar a conclusiones verdaderas el a-quo, demostrándose que no guardo relación alguna sus manifestaciones y que fue incongruente; Sumado la declaración del TESTIGO PROTEGIDO C quien a folio 23 del reconocimiento fotográfico renglones 5, 6, 7 establece que la persona que entro al negocio tomando del brazo a la víctima era “recuerdo el otro que llevaba el arma, era bajo, flaco, rellenito, pelo liso con entradas” posteriormente al ponérsele a la vista el álbum numero 3 Responde “se parece al que entro,” identificándose en la lista como número 4 con el Nombre de Erlin Jaciel Gomez” vislumbrándose la inseguridad de su identificación como las perceptibles incongruencias entre ambos testigos quienes colisionan siendo importante destacar que TESTIGO PROTEGIDO C no proporciono más datos de importancia al proceso en juicio que no ser sobre la privación injusta de la libertad de la TESTIGO PROTEGIDO B en fecha 05 de diciembre del 2014 ya que respecto a otras circunstancia especiales del delito atribuido expreso desconocerlas correlacionadas a exigencias económicas, sitio de privación de libertad, pago de algún rescate, etc, CUYA VALORACIÓN ESTÁ CONTENIDA EN EL APARTADO NUMERO 3 DE LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA, a lo antes expuesto nos incumbe subrayar sobre las descripciones de mi representado el testigo referencial ENRIQUE SALATIEL GONZALES colisiono con lo manifestado por sobredichas Testigos B y C en vista que a su interrogatorio formulado por el suscrito recurrente a pagina 40 renglón 13 al 20 del acta de debate respondió: ¿Cuáles eran las características físicas que a usted le refirieron de los sospechosos en ese momento? Un chaparro ojos claros, trigueño, frentudo, nariz gruesa, usaba botas, y una persona delgada (no define de quienes habla) se le interroga ¿tienen nombre esas personas? Según lo que manifiesta el Testigo Protegido C esta persona chaparra Ojos Claros es Erlin Gómez, distorsionando las declaraciones que se supone inicialmente en la investigación recibió según expreso como encargado de esta actividad propias de la policía de investigación según respondió a pagina 37 ultimo renglón del acta de debate y quien agrega a su respuesta la persona que siempre usaba botas, que iba y regresaba era el señor WILFREDO y la otra (WILMAN) se identificó en la prueba anticipada, siendo relevante que jamás la Testigo Protegido B menciono al imputado Wilfredo Madariaga, discrepando Enrique Salatiel Gonzales totalmente con los testigos de cargo como con las verdaderas descripciones de mi representado quien es un sujeto estatura media, trigueño, ojos negros, delgado. SEGUNDO: Durante los testimonios evacuados de los testigos B en la página 26 se contradice cuando se le pregunta por el suscrito si tuvo a la vista algún documento en la policía posteriormente a los hechos respondiendo que NO, sin embargo en las contradicciones de ENRIQUE SALATIEL GONZALES comprueban lo contrario cuando en juicio se solicitó la lectura de los renglones 1 al 4 del folio # 50 donde este agente de investigación refirió que se elaboró un álbum fotográfico que se le puso a la vista a la víctima quien ante esta inconsistencia procura evadirla tratando de aclarar que fue el Ministerio Publico quien le mostro el álbum cuando en su testimonio brindado judicialmente refirió lo contrario, así mismo la Testigo Protegido B refirió que se dio cuenta de los nombres de los imputados por los medios de comunicación contradiciéndose a lo referido sobre que ella escucho que nombraran a algunos de estos el primer día que estuvo privada de su libertad derivándose que previamente a su comparecencia a los tribunales para la evacuación de la prueba anticipada visible en los folios 21, 22 del expediente judicial conoció los nombres e imágenes de los sospechosos, sobre su privación injusta de la libertad la ofendida expreso que no supo donde se encontraba proporcionando la descripción común de un lugar en construcción que pudo ser cualquier lugar en el departamento de Colon, y que según acta policial elaborada por Enrique Salatiel Gonzales visible a folios 344 y 345 esta sitio era en la aldea de Rio Arriba, Ilanga, departamento de Colon, auto conclusión derivada de la intervención de las llamadas telefónicas las cuales se infiere provenían de esa zona sin embargo la experiencia nos demuestra que esta premisa no necesariamente suele ser verdadera no obstante el a-quo otorga inmaculada valoración, posteriormente sobre la entrega del dinero para la liberación de la testigo protegido B existe únicamente un testimonio al cual el a-quo a folio 528 vuelto apartado 2 de la “valoración de la prueba” al cual le otorga valor al margen de las reglas de la sana critica denominado TESTIGO PROTEGIDO A visible a pagina 27, 28, 29, 30 y 31 del acta de debate quien en su participación no aporto mayores elementos indiciarios sobre las responsabilidad penal de mi representado ERLIN JACIEL GOMEZ, ya que declaro que se encontraba en otro sector del negocio en fecha 05 de diciembre del 2014 del cual lo dividía una pared consiguientemente no “observo quienes privaron de la libertad a la ofendida” pero que el a-quo en su equívoca valoración de la prueba establece “que él no se encontraba en la ferretería, sino que al lado, ellos hicieron dos disparos, entraron sin máscaras, sin protegerse, en el negocio estaban cinco trabajadores y miraron bien lo que paso” y que posteriormente se presentó a las oficinas de la policía a interponer la denuncia pero que no les brindaron asistencia hecho no probado ya que no se acompañó prueba que efectivamente estableciera la interposición de la denuncia criminal ante las autoridades en la supra indicada fecha en que acontecieron los hechos que se intuye según sus relatos, refiere el a-quo que este testigo declaro que llegaron los familiares de ERLIN a solicitar que retiraran la “demanda” pero en sus testimonio de quien hace referencia es de “Wilman” forzando una premisa valida por una verdadera y que en fecha 06 de diciembre del 2014 recibió una llamada donde los supuestos captores le exigían la cantidad de Lps. 5,000,000.00 por la liberación de la víctima “logrando negociar a la cantidad de Lps. 1,500,000.00” quien ese ínterin recibió 3 llamadas únicamente de los numero 9772-7665 y 9888-8474 números que aparentemente utilizaron los sospechosos, sin embargo, es contradictorio que el testigo protegido A en ningún momento refirió sobre la asesoría o apoyo de la policía en estos hechos posteriormente a la interposición de la denuncia, refiere que llego a negociar con los sospechosos la cantidad de Lps. 1,500,000.00 sin embargo se originó un vacío en juicio en vista que los teléfonos estaban intervenidos por la UIC para ese entonces sin embargo ante esta situación provino la “supuesta negociación de referida cantidad por la liberación de la víctima” este dato se reflejó en la pericia del policía de investigación DIDIER MUÑOZ evacuada en juicio, pero quedó reflejado que frente a esta situación la policía nunca intervino, se infiere por el a-quo como hecho cierto que el TESTIGO PROTEGIDO A obtuvo la antedicha cantidad de dinero por medio de un préstamo bancario en el banco de Rosenthal oliva como respondió en su declaración (infiérase BANCO CONTINENTAL) pero estas afirmaciones nunca se comprobaron en vista que en una denuncia de esta envergadura es importante como se indicó el asesoramiento de la policía sobre todo la utilización de técnicas especiales de investigación como ser levantamiento de 1) actas de identificación del origen del dinero que sería entregado aparentemente, 2) consignación de la series de los billetes, 3) forma de entrega, 4) personas intervinientes, 5) Lugar de entrega como instrucciones para efectuarlo, solo refirió el testigo protegido A llego a ese acuerdo porque pasaba el tiempo sin resultados para localizar a la supuesta víctima y que procedió en fecha 12 de diciembre del 2014 a horas de la medianoche en el desvió de “Braulio” que conduce a la conocida como “margen Izquierda” dejar en dinero en una cuneta y que fue una decisión personal adicionando que No tenía conocimiento de quienes eran los sujetos que realizaban las exigencias económicas visible a renglones 14, 15, 16, 21 y 22 de la página 30 del acta de debate, y que posteriormente fue liberada la Testigo Protegido B alrededor de las 4 am supuestamente en una estación de buses en la aldea de Lorelay, jurisdicción del municipio de Sonaguera, siendo destacable que según las investigaciones la ofendida estuvo privada de su libertad en la aldea de Ilanga, jurisdicción del municipio de Trujillo pero esta fue liberada en el municipio de sonaguera “dos lugares bien distantes”, clausurando su participación al expresar que no sabía de quienes eran los sospechosos pero que tuvo conocimiento cuando salieron en los medios de comunicación antes de declarar en San Pedro Sula visible a renglones 5, 6, 7 y 8 de la página 31 del acta de debate; En su APARTADO NUMERO 4 de la valoración de la prueba encontramos al testigo de referencia ENRIQUE SALATIEL GONZALES quien según la valoración del a-quo este elemento de la policía de investigación se “encargo de la investigación del caso” pero se comprobó en juicio que fue hasta febrero del 2015 que inicia sus pesquisas contrariando su testimonio en juicio que “fueron informados en fecha 06 de diciembre del 2014 sobre un secuestro ocurrido en la ciudad de Tocoa, cuando dos sujetos entraron al negocio de la víctima “fuertemente armados” entre las 4:30 pm y 5 pm quienes bajo intimidación se llevaron contra su voluntad a la víctima y que posteriormente solicitaron al Testigo Protegido A la cantidad de Lps.5,000,000.00 por la liberación de la víctima habiéndole llamado de los números anteriormente relacionados, acordando sin conocimiento de la policía el testigo protegido A efectuar la entrega del dinero, manifestó que se evaluó en medicina forense a la víctima y recibió la declaración administrativa quien supuestamente narro los hechos como sucedieron manifestando que los que la trajeron del negocio a la víctima fueron WILMAN y ERLIN cuando este hecho no le consta personalmente, que lograron identificar a Wilfredo Maradiaga y Wilman Omar Chirinos por medio de fuente humana no obstante de esta afirmación tampoco se logró comprobar ya que se estila que los agentes de investigación sobre sus informantes “levantan actas de diligencia policial” o solicitan “testimonios con formalidades de prueba anticipada” para asegurar los resultados de sus labores de investigación, quedando demostrado en juicio que este intervino hasta que efectuó cierta diligencia como un acta policial que elaboró en fecha 19 de febrero del 2015 donde consigna que estuvo en un sitio donde supuestamente estuvo privada injustamente de la libertad la victima sin establecer más datos sobre este inmueble como ser comparecencia a los registros público para corroborar ubicación, jurisdicción, propiedad, colindancias, etc., refirió que intervinieron en el secuestro 4 persona pero la testigo protegido B manifestó que inicialmente vio a 4 sujetos pero que en el sitio donde se encontró privada injustamente de su libertad la cuidaban de día/noche 2 personas permanentemente y que en la noche llegaban más sujetos entre 6 o 7 personas contradiciéndose con Enrique Salatiel Gonzales (testigo de referencia) quien para ese entonces solo contaba con un (1) año de pertenecer a la Policía Nacional de Honduras, expreso que al momento de identificar al señor WILFREDO MARADIAGA fue por la declaración de la Testigo Protegido B, no obstante como síntesis que hemos efectuado del testimonio de la víctima “nunca menciono o describió a Wilfredo Maradiaga” contradiciéndose nuevamente visible a renglón 10, 11, 21 y 22 de la página 38 del acta de debate quien responde a interrogantes “que la víctima manifestó escuchar esos nombres y luego se le pregunta a la fuente humana” quien adiciono inicuamente que la casa de Wilfredo Maradiaga se encontraba cerca pero jamás se probó esta afirmación con la prueba evacuada en juicio (renglón 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 de la página 39 del acta de debate) quien anteriormente afirmo que estos sujetos que ingresaron al sitio donde sustrajeron contra su voluntad a la víctima entraron fuertemente armadas quien a preguntas del suscrito respondió: como puede asegurar que entraron armadas: según la declaración de las testigos B y c, ¿Qué descripciones le dieron sobre las armas las testigos? Dijeron que eran armas cortas pero del análisis de los referidos testimonios nunca estas dos personas B y C describieron armas de fuego quedando en evidencia nuevamente que estaba faltando a la verdad, destacando que durante las investigaciones se indago en los registros públicos si los imputados poseían armas de fuego inscritas o que al momento de su detención se les haya encontrado en posesión de armas de fuego sin respuesta favorable a su labor investigativa visible a renglón 18 y 19 de la página 41 del acta de debate, tampoco le consto personalmente a pesar de asegurar que para ese entonces se encontraban asesorando a los familiares de la víctima que haya sido testigo de las exigencias económicas, a) quien las efectuó, b) número que origino las llamadas (refiere sobre perito), así mismo describió físicamente según expreso al relato de la testigo protegido C que ERLIN GOMEZ es una persona “chaparra y ojos claros” contraponiéndose a los testimonios de los otros testigos como a las verdaderas características de mi representado (página 40, renglón 17) siendo evidente su falta de veracidad al encontrar contradicción sobre el procedimiento de identificación se incorporó por lectura autorizada su testimonio visible a folio 50 del acta de la audiencia inicial donde claramente expuso que elaboro los álbumes fotográficos y se los mostraron a los Testigos B y C para luego efectuar solicitud a los juzgados dando apariencia de legalidad a este reconocimiento en fecha 20 de mayo del 2015 visible a renglones 10 al 16 de la página 41 del acta de debate y que Testigo protegido A realizo un pago de Lps. 1,500,000.00 sin consultarles y que no tenía conocimiento donde se obtuvo la referida cantidad de dinero siendo extraño cuando se entrevé que estaba a cargo del asesoramiento e investigación perceptible a renglones 1 al 8 de la página 41 del acta de debate, desconoció que distancia había de Tocoa al sitio donde estuvo privada injustamente de la libertad la victima cuando es un hecho de relevancia establecer en este tipo de delitos estos datos, adiciono que la calle es parte pavimentada y otra tramo de tierra contrariando a lo expuesto por la testigo protegido B quien siempre mantuvo que por donde se condujeron era calle pavimentada según logro percibir, curiosamente al interrogarlo sobre la cantidad de fuentes humanas que abordo respondió No acordarse tratando como mecanismo de defensa al contradictorio asegurar que levantó un acta que entrego al Ministerio Publico que no constituyo prueba en juicio para comprobar su afirmación visible de los renglones 2 al 6 de la página 43 del acta de debate, luego refirió que esa supuesta fuente humana le compartió que en la casa de Wilfredo en diciembre se habían reunido varias personas sospechosamente constituyendo esta manifestación una conjetura subjetiva, sobre el pago respondió que solo sabía el dato por la manifestación del testigo protegido A y que a Erlin Gómez Bustillo no recordaba haberle decomisado algún elemento o indicio intimado al delito de “Secuestro” testimonios a los cuales el a-quo afirma otorgarles total credibilidad aun cuando es indiscutible las incongruencias que se perciben entre estas e infiere el a-quo que versan sobre la sustancia de los hechos resultando coherentes entre sí, sin embargo con lo expuesto se comprueba que esa coherencia no existió sumado que si quedo de manifiesto interés particular en la Testigo Protegido B y C en causar un perjuicio al expresar que habían sido objeto de ofrecimientos propios de acercamiento efectuados por ciertas personas y posteriormente expresar que fueron amenazados cuando no se probó estas afirmaciones con otros elementos que fortalecieran sus dichos aunado a que se debió a un plan previamente concertado lo que cual no se comprobó pero que conjeturan por cierto afirmando en su valoración lo siguiente a renglón 11 de la sentencia visible a folio 530 “en donde la vendaron para evitar su identificación como del lugar donde la llevaron” constituyendo esta afirmación en una evidente contradicción luego conjeturan nuevamente el a-quo al renglón 16 y 17 “permaneció en cautiverio por siete días exigiendo un beneficio económico para lograr su liberación” renglones 19 y 20 “siendo cuidada permanentemente por dos personas, una era el acusado Wilfredo Maradiaga” siendo desconcertante esta manifestación en vista que del testimonio de la víctima jamás menciono que antedicho Imputado fuera uno de los sujetos que estuvo resguardándola en el sitio donde estuvo privada injustamente de la libertad. TERCERO: Conforme al orden en que fueron evacuados los medios de prueba en el desarrollo del juicio continuo posteriormente a los testimonios la prueba documental por exhibición la cual fue ratificada por el policía de investigación ENRIQUE SALATIEL GONZALES visibles en los siguientes folios 64, 65, 344, 345 de las cuales ninguna guarda relación con mi representado ERLIN JACIEL GOMEZ BUSTILLO que lo incrimine con el delito de Secuestro pero que en su valoración no se pronuncia el a-quo que relación guardaron estos medios probatorios con mi representado ERLIN JACIEL GOMEZ BUSTILLO y arriesgadamente infieren por ejemplo que con el acta denominada “acta de diligencia policial” se acredito el sitio donde estuvo en cautiverio la víctima como el domicilio del imputado Wilfredo Maradiaga en la aldea de Rio Arriba, Ilanga, municipio de Trujillo, departamento de Colon, siendo una afirmación acéfala porque como hemos expuesto nunca se corroboro con otros medios de prueba como registros públicos o incorporación de testimonios que el indicado imputado poseyera su domicilio en ese lugar mucho menos que la edificación donde estuvo privada injustamente de su libertad la victima sea su propiedad complementando el a-quo que esto quedo sustentado con la intervención telefónica realizada donde se probó que las llamadas telefónicas que se hicieron al Testigo Protegido A se originaron de este sitio cuando a interrogantes formuladas por el consultor técnico DIDIER MUÑOZ no respondió cuantas antenas se localizaban en ese sector dejando entrever que las llamadas responden a la ubicación de la antena, potencia de la señal, clima, topografía y otros aspectos técnicos por consiguiente no se puede asumir como hecho cierto por su inconsistencia que se produce de premisas válidas para darle ese carácter que buscó el a-quo a estos elementos de prueba por premisas verdaderas que efectivamente guarde relación el sitio donde se supone estuvo injustamente privada de la libertad la víctima con la antena telefónica de donde se originaron las llamadas en vista que no se demostró en juicio que distancia hay entre ambos lugares para interrelacionarlos, sobre los reconocimientos fotográficos visibles a folios 22 y 23 del expediente judicial anteriormente nos hemos pronunciado sobre estos en tres (3) aspectos fundamentales a) se evidencia las incongruencias entres las descripciones físicas de mi representado con las verdaderas cuando fue descrito, b) Los álbumes fueron elaborados por Enrique Salatiel Gonzales lo que puso a la vista de las Testigos Protegidas B y C (esta última que sumado a su equivoca descripción expreso “se parece al que entro” sin poseer seguridad) antes de su comparecencia a los tribunales de san Pedro Sula en fecha 20 de mayo del 2015 (cinco meses después de acontecidos los hechos) transgrediendo lo contenido en el artículo 253 y 257 del código procesal penal y c) Evidencia de falta de credibilidad en la declaración de Enrique Salatiel Gonzales quien pretendió recaer la responsabilidad al observarse expuesta su contradicción en el Ministerio Publico lo que nos genera la siguiente interrogante ¿Porque motivo si había seguridad de testigo B y C sobre la identidad de los imputados por parte del Ministerio Publico no fueron objeto de señalamiento en la vista pública o juicio al girar la cabina para su plena identificación? (obsérvese casación penal 83-2009 Identificación del imputado llevada a cabo en la sala de juicio), por tanto otorgarle validez probatoria contraviene las reglas de la sana critica, posteriormente se evacuo la prueba pericial del agente de investigación DIDIER MUÑOZ de la que no se desprendió absolutamente nada sobre participación de ERLIN JACIEL GOMEZ BUSTILLO en la perpetración del delito inculpado quedando únicamente en evidencia que se efectuó una intervención aparentemente bajo control jurisdiccional circunstancia no demostrada ya que nunca se acumuló el expediente del tribunal de garantías para verificar que se realizaron los procedimientos acorde a las normas procedimentales, se trató de hacer una vinculación sobre los números telefónicos utilizados por los supuestos responsables del delito no obstante esos números 9772-7665 y 9888-8474 no se determinó a quien pertenecían en la investigación que correspondía al perito aunado la comprobación de la titularidad de los números telefónicos 9615-7601 y 9889-4475 de las personas que recibieron llamadas donde se les exigía una cantidad de dinero por la supuesta liberación de la víctima, expresa el a-quo en su equivoca valoración visible a folio 532 a renglones 24, 25 y 26 que el dictamen concluye “que las llamadas de los secuestradores se generaron en los sectores de Tocoa, quebrada de arena” contradiciendo lo que posteriormente afirman “que las llamadas se los secuestradores se originaron del sector Ilanga, municipio de Trujillo” siendo destacable que en esta pericia no indicios de incriminación de mi representado pero que no se vislumbra pronunciamiento alguno del a-quo en su errada valoración probatoria que desdichadamente como resultado de sobredicha valoración impropia se condena a mi representado por estimar que en efecto si participo en los hechos declarados como probados a título de autor mediando dolo en su contribución al establecer desacertadamente el a-quo conforme sus estipulaciones que de forma directa sin su intervención el delito no se hubiera consumado, apreciamos como recurrente que dicha valoración de probatoria como testificales, documentales y pericial reflejan serias contradicciones aunado el quebrantamiento de las reglas de la sana critica convirtiendo dicha sentencia en una serie de contravenciones como: La sentencia no obedece a las reglas de la lógica. Sus razonamientos no obedecen a las reglas de la deducción lógica formal. Que con las premisas propuestas es imposible llegar a la conclusión y consecutiva convicción de culpabilidad de los imputados. Que el tribunal forma hechos pre-constituidos para apoyar su teoría. Que las conclusiones de la sentencia obedecen al pensamiento natural e inductivo y no lógico deductivo. Sus enunciados son de orden especulativo. Por lo anterior se puede determinar que en el análisis de dicha prueba desarrollada en juicio no fueron tomados en cuenta muchos aspectos que a nuestro juicio eran de suma importancia a la hora de deliberar por parte del tribunal sentenciador, mismo que estaba en la obligación de observar irrestrictamente dichas reglas con el único fin de aplicar justicia, ya que al analizar su apartado “Valoración de la Prueba” no es preciso ni tiene el más mínimo concepto de “certeza” necesaria para justificar la afirmación de culpabilidad de ERLIN JACIEL GOMEZ BUSTILLO como referencia elemental a la clasificación de las pruebas de acuerdo al fin a que están destinadas, estos señalamientos anteriores originan un error en la estructuración del fallo pues en la motivación se decretan irrazonables conclusiones o razonamiento inválidos que no provienen de premisas verdearas como apuntamos con anterioridad, ya que el tribunal sentenciador estaba en la ineludible obligación de elaborar su fallo conforme a las disposiciones del artículo 338 del CPP al valorar los actos del debate conforme a las reglas de la sana critica racional, el razonamiento utilizado para obtener sus conclusiones, sustentando la sentencia mediante el estudio minucioso deductivo de la prueba haciendo uso de las leyes de la lógica, sicología y máximas de la experiencia común, tal y como lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal que establece que las reglas de la sana critica deben observarse en la sentencia con relación a los elementos de prueba de valor decisivo de los cuales ninguno poseyó esa característica ya que los testimonios no fue concluyentes destacándose sobre todo las inconsistencias en sus dos intervenciones tanto como prueba anticipada como en juicio, anterior motivo que demandamos significa que será objeto de recurso extraordinario cuando estas reglas que rigen lo concerniente a la interpretación y valoración para que el a-quo forme su convicción acerca del acontecimiento sometido a su discernimiento que va impactando en la conciencia generando distintos estados de conocimiento cuya proyección en el proceso tendrá distintos alcances. En relación a las reglas de la Lógica podemos establecer que la misma es la ciencia que estudia el razonamiento humano y uno de los primeros requisitos que se exige es que la lógica le impone al lenguaje en el sentido que este sea claro y que evite la ambigüedad, además la noción de demostración debe de hacer precisa la idea de “validez deductiva” ósea que el argumento es deductivamente correcto si y solo si hay una demostración, siendo esta una secuencia finita de pasos en donde el ultimo es el teorema, aunado a que cuando se pretende demostrar la participación de una persona en la comisión de un delito es imperativo el uso de la lógica formal debido a que un sencillo error puede desencadenar una sentencia errónea como la que nos ocupa.- Para la lógica formal las conclusiones están cimentadas sobre premisas o presupuestos que se dividen a su vez en premisas o presupuestos válidos y premisas o presupuestos verdaderos; Valido es lo preferido , una premisa valida es aquélla que obedece a la voluntad del que la construye concluyendo en un razonamiento sin restricción y construido a la medida del autor; VERDADERO es lo infalible, lo auténtico, lo indiscutible por lo que una premisa verdadera exige ser comprobada y científica, excluye valoraciones fingidas, por tanto la construcción de una conclusión, juicio o dictamen basado en premisas validas pero no en premisas verdaderas se denomina inferencia o derivación, así es que la verdad, se busca a través del uso de la lógica deductiva, acorde a lo anteriormente expuesto con respecto a la definición sobre las premisas que debe de aplicar el a-quo en su ponderación previo a dictar un fallo, es en este caso la inadecuada valoración que se le dio a la prueba de cargo desarrollada en juicio en sus apartados visible a folio 527 reverso al 536 donde se consideró subjetivamente los elementos probatorios pronunciando que mi representado es responsable de la comisión del delito SECUESTRO nunca hubo desavenencia que fue privada injustamente de la libertad la TESTIGO PROTEGDIO B en la ciudad de Tocoa, Colon, pero es suspicaz que para efectos de su liberación ni la policía tuvo conocimiento destacando que había una intervención telefónica en curso en ese momento, sin embargo expresó Enrique Salatiel Gonzales en su testimonio que el TESTIGO PROTEGIDO A por decisiones unilaterales llego a un acuerdo con los supuestos captores de pagar a cambio de la libertad de la víctima la cantidad de Lps.1,500,000.00 y porque no intervino la policía si estaban a cargo de la situación y sobre como las instrucciones para su entrega la que según manifestó éste último hizo en el desvió de “Braulio” sitio que está ubicado en la ciudad de Tocoa justamente a la salida que conduce a la ciudad de Trujillo, fue perceptible en las intervenciones de los testigos A, B ( quien era imposible que estuviera atenta de todo lo que ocurre por el grado de afectación sicológica y emocional a la que se infiere estaba sometida”, y C la desavenencia entre estos como con el TESTIGO DE REFERENCIA Enrique Salatiel Gonzales, ya que no fueron contestes dejando entrever la falta de congruencia entre sus dichos y falta de precisión sobre los datos o las circunstancias referentes a la participación de ERLIN JACIEL GOMEZ BUSTILLO tanto en la supuesta sustracción de la víctima de su negocio y como en el sitio donde estuvo privada de la libertad en vista que no pudo ser corroborado con otros medios probatorios como registros públicos o archivos públicos como el Instituto de la Propiedad o Catastro Municipal que el sitio que describe la Testigo Protegido B sea el mismo que fue consignado en un acta evacuada como prueba documental visible a folios 344 y 345 que ratifico Enrique Salatiel Gonzales en juicio quien afirmo que esa edificación donde mantuvieron privada de la libertad a la víctima que pertenecía a WILFREDO MARADIAGA posteriormente se contraria manifestando que a un familiar de WILFREDO MARADIAGA quien vivía enfrente de ese sitio siendo la razón por la que supuestamente le llevaban alimentos calientes a la TESTIGO PROTEGIDO B restándole valor a todas las inconsistencias que se suscitaron en el desarrollo del juicio, Testigo Protegido B efectuó su participación en juicio rindiendo una declaración que en vez de ser orientada fue practicada con el ánimo de responsabilizar a los imputados quien no fue infalible ofertando datos inexactos ya que habla de diferentes circunstancias que se contradicen con su testimonio rendido y prueba anticipada, no existe relación de causalidad (necesidad de concurrencia de dos variables implicando además que guarden una correlación positiva) al examen de la improcedente valoración de la Prueba realizada, al momento de la detención de los imputados nunca se demostró su domicilio o que se hubiesen efectuado allanamiento o inspecciones para requisar indicios que guardaran relación con el delito inculpado que evidenciara a mi representado de forma directa y reciproca con otros medios probatorios haya participado discrepando con lo argüido por el a-quo en relación a la incorrecta apreciación que le otorgo a la prueba sin consonancia alguna con las reglas de la sana critica desechando las observaciones oportunas con respecto a los medios de prueba antepuestos ya que no tenían correspondencia los elemento de prueba de forma incuestionable en relación al secuestro y pago de rescate por la liberación de Testigo Protegido B demostrándose ausencia de prueba indiciaria, sentencia que valoramos inicua por las inferencias de juicios negativos que buscaban adecuar sus equivocadas valoraciones en la sentencia que hoy se recurre que derivó en un análisis menesteroso buscando la forma de acomodar juicios inciertos y poco probables a la sentencia condenatoria. contradicciones como las expuestas son las que se pueden apreciar en la valoración de la prueba que son totalmente incongruentes como se ha explicado ampliamente y que deben concurrir los elementos del tipo penal y determinar el grado de participación, los cuales no se constituyeron en ningún momento, por tanto es contrario a derecho estimar una conducta que no está debidamente probada y no es tarea del Tribunal por el contrario la hace contraria a sus funciones, rebasa la lógica y la acción punitiva del estado, reflexionando que los testimonios son manipulables a conveniencia de quien lo efectúa, el a-quo en la sentencia impugnada buscar darle sentido extrayendo apartados que realmente no reflejan el análisis exhaustivo de elenco probatorio evacuado en juicio y siendo ausente en la valoración descriptiva e intelectiva de la prueba sin quedar demostrado efectivamente “sin lugar a dudas” la verdad histórica de los hechos mediante la reconstrucción de los mismos por medio de la prueba examinada bajo las reglas de la sana critica (verdad formal, conforme la cual la conclusión de un razonamiento será verdad en tanto sea verdad el contenido de las premisas) entiéndase que el nexo causal o lógico que liga el hecho mediato del inmediato ha de ser fruto de un proceso inductivo racional “no de una simple suposición” de tal modo que nadie puede ser condenado sobre la base de un proceso de inferencia que solo ofrezca simples conjeturas “es necesaria la certeza” ya que si esta falta o es “dudosa” la estructura procedimental es inútil, no responder a las reglas del recto entendimiento humano (lógica, experiencia y sicología) incluyendo dentro de las reglas de la lógica las leyes fundamentales de la derivación que constituye que las conclusiones deben ser concordante y principio de razón suficiente, según Fernando de la Rua (La Casación Penal), la motivación debe respetar el principio de razón suficiente, para lo cual “el razonamiento debe estar constituido por inferencias razonables deducidas de las pruebas y de la sucesión de conclusiones que en virtud de ellas se vayan determinando”, para ello, la motivación debe ser “concordante”, a cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder convenientemente un elemento de convicción del cual se pueda inferir aquella, de tal suerte, y como lo sostiene la Ley de la Razón Suficiente, cada elemento probatorio debe de estar sustentado por otros elementos de pruebas, permitiendo que cada probanza sirva de soporte a otras pruebas, consiguientemente se transgrede el principio Lógico de Razón Suficiente, que en la doctrina se explica adecuadamente diciendo como: “Todo debe tener un fundamento, una razón, es decir no puede tenerse algún hecho por cierto como un artículo de fe, por el contrario toda afirmación debe ser demostrada o fundamentada”, este principio exige que la prueba en que se cimente una sentencia, sólo permita arribar a una única conclusión y no a otra, el tribunal estaba en la obligación de establecer premisas verdaderas ya que es lo infalible, autentico, indiscutible que excluye valoraciones fingidas o acomodadas en ningún momento se desprende cual fue la o las acciones cometidas por mi representado, acondicionando funciones que no se demostraron por tanto la imprecisión, insuficiencia u oscuridad en la identificación de ERLIN JACIEL GOMEZ BUSTILLO como responsable del delito de Secuestro n perjuicio de la Testigo Protegido B debió traer como consecuencia lógica una sentencia de carácter absolutoria (observar casación penal 161-2010, 211-2009, 257-2008, 53-2009). APLICACION PRETENDIDA: Estimando que el A-quo ha incidido en error In Procedendo por incurrir en “En Inobservancia de las reglas de la sana critica en la Valoración de la prueba” discurridas en los apartados que preceden es nuestra pretensión que se enmiende anulando el fallo recurrido (reenvió) siendo sustanciado nuevo juicio conforme a la ley penal adjetiva con Tribunal distinto al sentenciador.” VII. “Sigue manifestando el Recurrente en su Recurso de Casación por Infracción de Ley. TERCER MOTIVO DE CASACION POR INFRACCION DE LEY. - APLICACIÓN INDEBIDA DE NORMA PENAL SUSTANTIVA: Aplicación indebida del artículo 192 armonizado al artículo 194 del código penal, que prevé lo relativo a la participación a título de autor en el delito de SECUESTRO. PRECEPTO AUTORIZANTE: Articulo 360 párrafo primero del código Procesal Penal, por concurrir error In Iudicando en la sentencia que se recurre, cuyo contenido de la citada norma literalmente expresa “Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada para la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo”. EXPLICACION DEL MOTIVO: PRIMERO: Considerando que según los hechos declarados probados por el a-quo en la sentencia que se recurre por este vía en la que a mi representado ERLIN JACIEL GOMEZ BUSTILLO se le atribuyo responsabilidad penal por el delito de SECUESTRO en perjuicio del TESTIGO PROTEGIDO B (victima) conforme las disposiciones del artículo 192 literal A del código penal correlacionadas a los artículos 13, 32 de la misma normativa jurídica que sanciona a estas acciones como un tipo penal contra la LIBERTAD Y LA SEGURIDAD JURÍDICA, al estudio de la sentencia el a-quo en la valoración probatoria colige su sentencia contra mi representado de lo que logra extraer de los incongruentes testimonios de los Testigos Protegido B y C, Enrique Salatiel Gonzales ya que la prueba documental como pericial no sirvió para tales efectos, sobre los hechos narrados en juicio se infiere que la víctima fue sustraída de su negocio en fecha 05 de diciembre del 2014 por dos sujetos que llegaron armados a su negocio en el barrio la Flores de la ciudad de Tocoa, departamento de Colon, testigos de los cuales solo presenciaron este hecho B y C esta última quien fue imprecisa en la descripción de los sujetos que ingresaron al sitio agregando a su testimonio que se “escondió” detrás de unos materiales contraponiéndose a lo descrito por la victima quien previamente testifico en fecha 20 de mayo del 2015 y donde ambas realizaron un reconocimiento fotográfico describiendo de forma distinta a la persona que fue identificada como Erlin Jaciel Gómez no sin antes responder al interrogatorio de la defensa que tuvieron conocimiento de los datos de los imputados por los medios de comunicación previo a comparecer ante los tribunales de San Pedro Sula, estas inconsistencias en sus declaraciones considerando que según los hechos probados ambas personas se encontraban ubicadas en tiempo y espacio, por consiguiente tendrían que haber sido infalibles circunstancia que no aconteció en sus relatos desprovistos de coherencia, estas testigos no fueron contestes respecto a los datos físicos de mi representado contrastando totalmente con los verdaderos de Erlin Jaciel Gómez como hemos apuntado anteriormente, en su narración refirieron ambas testigos que uno de los sujetos tomo del brazo a la víctima quien posteriormente se le traslado a un vehículo no identificado con rumbo desconocido por una trayectoria recta en calle en calle pavimentada según se extrae del testimonio de la víctima la que fue vendada, posteriormente la condujeron a una quebrada en lugar no precisado donde esperaron que oscureciera sin adicionar que ocurrió durante ese espacio de tiempo y describir quienes estaban con la victima luego continuó manifestando que fue conducida a una edificación en construcción donde permaneció al cuidado de ciertos sujetos pero que se mantenía vendada cuando estos ingresaban al sitio y que se protegían mucho y que al salir se colocaban “pasamontañas para cubrirse el rostro, que siempre “se trataban de perro” pero que un día en ese ínterin de su privación injusta de la libertad alguien olvido esta medida de seguridad entre los sujetos y menciono un nombre sin precisar qué nombre escucho en esa puntual ocasión siendo discordante en vista que se desprende de su mismo relato en el primer día que estuvo privada injustamente de la libertad fue que escucho un nombre “ERWIN”….. para posteriormente exteriorizar que había escuchado el nombre de “WILMAN” y que el primero solo estuvo esa primer noche, pero en los hechos probados el a-quo estableció que la víctima escucho no solo una vez el nombre Erlin cuando previamente se determinó que el nombre que escucho inicialmente y solo ese día 05 de diciembre del 2014 fue “ERWIN” no escuchándolo nuevamente y estableciéndose que los sujetos que la tenían en ese sitio se protegían, que era un lugar oscuro que solo con focos de luz se podía observar, que cuando ingresaban a verla la vendaban y que estos se cubrían con pasamontañas, contrariando la declaración de Enrique Salatiel Gonzales quien acotamos fue un testigo de referencia al igual que Testigo Protegido A con respecto a los hechos en que se le atribuye participación a mi representado, Enrique Salatiel Gonzales quien expuso que el sitio donde estuvo supuestamente privada de su libertad la víctima es de terracería y los accesos observables en las gráficas que están visibles a folio 345 del expediente judicial que corresponde al acta de diligencia policial ratificada por antedicho testigo que formo parte del elenco probatorio se corrobora la superficie del sitio en que se infiere estuvo privada injustamente de la libertad la victima por sujetos desconocidos que obviamente se colige que es una zona rural, concatenando la prueba se probó que hubo una intervención telefónica que inicio a partir del 08 de diciembre del 2014 donde supuestamente se generaron llamadas de dos números telefónicos 9772-7665 y 9888-8474 utilizados por los secuestradores a los numero 9615-7601 y 9889-4475 que se supone eran de los familiares de la víctima, en estas grabaciones e intervenciones tanto en su contenido como en la información brindada por las compañías telefónicas nunca se proporcionó que el señor Erlin Jaciel Gómez Bustillo fuera abonado celular de alguno de los indicados números telefónicos como que este “se haya comunicado con los familiares de la víctima solicitando dinero a cambio de su liberación” en los lugares inspeccionados como al momento de su detención a mi representado se le requiso elementos o pruebas que llevaran a concluir que participo en los hechos descritos como probados por el a-quo ya que en el único momento que se le menciona de forma acéfala es al inicio del testimonio de la testigo protegido B quien no fue precisa con respecto a este según lo que hemos expuesto durante la explicación del correspondiente recurso por los motivos que preceden aunado a la imprecisión de la testigo protegido C. SEGUNDO: Considerando que frente a este tipo de delitos de lesa humanidad como apuntamos deben concurrir los elementos objetivos del delito penal entre estos que se ejecute la acción ya sea sustrayendo, ocultando, trasladando, retenga, desplace o prive de la libertad d una o más personas, habida cuenta los medios probatorios estos no fueron suficientes para enmarcar la acción atribuida a mi representado en estos supuestos de hecho ya que no se logró demostrar incuestionablemente que haya participado en la ejecución de cualquiera de los verbos que anteceden aunadamente que este haya prestado colaboración trascendental para la ejecución del delito de secuestro como se ejemplifico en los hechos probados por el a-quo quien atribuye una participación a ERLIN JACIEL GOMEZ BUSTILLO en lo que se le denomina “codominio del hecho expreso” para valorar que su participación haya sido de gran relevancia para la comisión de delito, no hubo certeza respecto sobre la identificación de mi representado sobre los hechos delatados al ser sustraída la victima de su negocio en la sobredicha fecha mucho menos que este estuviera en el sitio donde se le privo de la libertad, no se demostró en juicio que este haya sido poseedor o portador de algún aparato telefónico o titular de numero de abonado celular que estuviera incriminado en la sobredicha intervención telefónica que fue ejecutada a partir del 08 de diciembre del 2014 donde se exigió dinero aparentemente a cambio de la liberación de la víctima, no se comprobó que se haya realizado pago de rescate de la víctima como hemos apuntado anteriormente aun y cuando se supone que la policía ya estaba interviniendo en la investigación de los hechos en ese momento, ya que se conjetura por el a-quo que así se efectuó solo con lo testificado por el testigo protegido A quien no proporciono otra prueba mas que su testimonio correlacionado a como obtuvo la cantidad de Lps.1,500,000.00 como su entrega de lo cual no hay otra prueba que fortalezca su testimonio consecuentemente no se le puede otorgar total credibilidad como evoca el a-quo, así como también durante las investigaciones se comprobó que vinculación poseían los imputados entre sí que los relacionara como un grupo criminal permanente o grupo estructurado (convención de Palermo articulo 2 literal a y c) como la aplicación de otras técnicas de investigación que coligieran que estos (imputados) tenían reciprocidad de alguna naturaleza o por medio de allanamientos a sus viviendas plenamente identificadas se buscara indicios o pruebas físicas que los incriminaran directamente en los hechos delatados al momento de su detención y no formar conclusiones de conjeturaciones como se ha argüido sin comprobarse los elementos objetivos del tipo penal ejecutados por mi representado; Con relación al elemento subjetivo es importante deslindar que su génesis proviene de la Voluntad en atención a dos elementos a) cognitivo y b) volitivo sobreentiéndase que el sujeto activo tiene conocimiento que su accionar está penado por la ley pero aun al poseer ese conocimiento persiste en ejecutarlo, argumenta en el apartado denominado “FUNDAMENTACION JURIDICA” visible a partir del folio 536 del expediente judicial en sus apartados 3, 4 y 5 el a-quo en su sentencia que mi representado participo a título de co/autor material del delito al valorar su intervención como destacada en la sustracción de la víctima quien estuvo privada de su libertad viciando su consentimiento esperando recibir una retribución o compensación pecuniaria a cambio de liberar a la víctima pero al contrario en la vista pública no se comprobó que Erlin Jaciel Gomez exigiera, ocultara, desplazara, sustrajera, desplazara o haya privado de la libertad a la Testigo Protegido B a cambio del aparente rescate que entrego Testigo Protegido A en fecha 11 de diciembre del 2014 del cual tampoco existió indicios que se ejecutó exhortándonos a discutir por medio del presente recurso sobre la aplicación indebida del precepto jurídico utilizado por el tribunal sentenciador para proveer una sentencia condenatoria a mi representado como referimos (art.- 192 del código penal) ya que si bien es cierto no es necesario conseguir el propósito, y que basta con la solicitud o exigencia de una contraprestación como dinero, bienes, títulos u otra utilidad o beneficio predichas circunstancias que no se le comprobaron a mi representado y que haya respondido a un plan preconcebido como arguye el a-quo en vista que tampoco con el elenco probatorio se demostró que así fuera, en la evacuación del testimonio de la víctima se evidencia la falta de congruencia de su testimonio quien mantuvo muchos desaciertos sobre su sustracción del sitio intimado a los sujetos activos que ingresaron donde se encontraba en fecha 05 de diciembre del 2014, no nunca determino cuales fueron los motivos de ese evento furtivos o abyectos para ser víctima de un flagelo como el delatado, no se demostró en juicio indubitadamente que mi representado haya sido efectivamente una de las dos personas que sustrajo a la ofendida de su negocio y que la haya trasladado a lugar incierto manteniéndola privada de su libertad, aunadamente es importante sobresalir que para que el delito de SECUESTRO se perpetre se necesita la concurrencia de los elementos objetivos del tipo y subjetivos como hemos expresado, suele acontecer en este tipo de flagelos que su propósito es “exigencias de naturaleza económica” según el texto del artículo 192 literal A del código penal, estos elementos que son los objetivos del tipo penal necesarios que concurran los cuales se desprenderán de la prueba que evacue en juicio no sobre conjeturas siendo relevante expresar que no quedo incuestionablemente probado con los testimonios de cargo en concordancia a los dos motivos que preceden que se determinará “persistencia y firmeza de los testimonio en la audiencia de juzgamiento, quienes fueron examinados y contra examinados donde obviamente se apreciaron diferencias en sus relatos, consecuentemente la ley al ser taxativa conforme la dispone el artículo 17 del código civil al no cumplirse los presupuestos exigidos (elementos objetivos del tipo penal en su art.- 192 literal A) alcanza la sola duda “para evidenciar la falta de los elementos objetivos o subjetivos consecuente participación de mi representado en el delito siendo necesaria la certeza para decretar la culpabilidad”, era improcedente dictar una sentencia condenatoria por Secuestro considerando los elementos exigidos por la ley (el principio de legalidad dentro del cual los servidores públicos se encuentran limitados y subordinados al imperio de la ley), al aplicar la ley penal sustantiva debe ser bajo la observancia del respeto a los derechos y garantías que acogen al procesado basado en el principio pro homine que implica que la interpretación jurídica debe buscar el mayor beneficio para el ser humano, es decir, que debe acudirse a la norma más amplia o a la interpretación extensiva cuando se trata de derechos protegidos y, por el contrario, a la norma o a la interpretación más restringida, cuando se trata de establecer límites a su ejercicio, que se contempla en los artículos 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el a-quo al unisonó yerra en su fallo que asume como una verdad Intangible a su juicio cuya interpretación insistimos errada en la audiencia de juzgamiento, en conclusión el suscrito discrepa con la resolución equivoca del tribunal sentenciador “artículo 3 del código civil “solo toca al legislador explicar o interpretar la ley de un modo generalmente obligatorio”, articulo 17 “no podrá atribuirse a la ley otro sentido que el que resulta explícitamente de sus propios términos, dada la relación que entre los mismos debe existir y la intención del legislador”, por lo que a nuestro juicio no pueden interpretare la ley de manera que perjudique al inculpado siendo nuestro criterio que se aplicó indebidamente la supra indicada normal penal (art.- 192) siendo lo procedente de los hechos comprobados producto de los medios probatorios que los elementos que hubiesen concurrido son los determinados en el artículo 193 del código penal “quien fuera de los casos previstos en el artículos anterior prive injustamente a otro de su libertad, será sancionado con reclusión de tres (3) a seis (6) años, por tanto de forma concordante a la constitución y armónicamente sobre lo solicitado por la defensa al no acreditarse el tipo penal de Secuestro razón que nos lleva a interponer el presente recurso con motivo de la infracción señalada (obsérvese casación penal 38-2009). APLICACIÓN PRETENDIDA: Del análisis de la sentencia se concluye que se ha incurrido en motivo de error In Iudicando por la aplicación indebida del artículo 192 del código penal debiendo por tanto casar la presente sentencia declarando con lugar el motivo expuesto procediendo a dictar fallo Absolutorio a favor de Erlin Jaciel Gómez Bustillo por el delito de Secuestro en perjuicio de Testigo Protegido B, sirviendo como norma aplicable al caso concreto el artículo 339 del código procesal penal.” Fundamentación Del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. Esta Sala de lo Penal ha entendido que se trata de una tercera vía recursiva distinta a las tradicionales de fondo (infracción de ley) y forma (quebrantamiento de forma). Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior[1]. En general toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso deberá denunciar la infracción de un derecho fundamental, un derecho reconocido en el bloque constitucional o de doctrina legal constitucional, cuando dicha violación haya tenido una influencia decisiva en la decisión del Órgano Jurisdiccional. En este último sentido Llorente Fernández expresa que (Llorente Fernández De La Reguera, Ángel, en Los Recursos, Cuadernos de Estudios Judiciales, Rafael Alvarado Manzano, Liticom, Tegucigalpa, 2001, págs. 113-115): “La jurisprudencia española ha puesto de manifiesto que este cauce impugnatorio no está previsto para alegar, bajo su cobertura, la vulneración de cualquier norma constitucional, sino específicamente la infracción de aquellas que tienen una estrecha y directa relación con el objeto del proceso en que son invocados. Serán, por tanto, los derechos fundamentales ligados al proceso con carácter general los que tengan cabida en esta vía impugnativa y de un modo especial aquellos que el recurrente entienda que han sido conculcados en el caso concreto...”. Entonces los motivos a plantear en este Recurso de Casación, presentados bajo Numerus Apertus, son: Negación de un Derecho Constitucional o que integre el bloque constitucional, o de Doctrina Legal Constitucional, de carácter procesal penal o penal sustantivo; Aplicación Restrictiva de un Derecho Constitucional o que integre el bloque constitucional, o de Doctrina Legal Constitucional, de carácter procesal penal o penal sustantivo; Interpretación errónea sobre la naturaleza y/o alcance de un derecho Constitucional del bloque Constitucional, o sobre una Doctrina Legal Constitucional, que atañe al derecho procesal penal o al derecho penal sustantivo. En una buena técnica recursiva, el recurrente debe hacer mano de este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional de amplia aplicación (Recurso Ordinario), en contraposición con los recursos de Infracción de Ley, Infracción de Doctrina Penal y Quebrantamiento de Formas Procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores (Recursos Extraordinarios). La esencia del recurso de Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del Principio de Convencionalidad y el Principio de Primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. RECURRENTE No 1 Del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional. Interpuesto por la defensa pública. Único Motivo .Norma autorizante: Artículo 361 del Código Procesal Penal. Norma sustantiva que se denuncia infringida: Artículos 89 y 90 de la Constitución de la República. Concepto de la infracción: Violación al estado de inocencia y al debido proceso. Reclamación Ex Ante: Se produce en la sentencia misma. Pretensión: Que se dicte una sentencia absolutoria. Establece la recurrente que el Tribunal de Sentencia vulneró la presunción de inocencia al condenar a su representado con una escasa actividad probatoria, ya que el sentenciador no contaba con la suficiente prueba por tener la certeza de culpabilidad. Del Estado de Inocencia. El derecho al Estado de Inocencia, proclamado y reconocido por la Constitución de la República en su artículo 89, establece que toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente, este derecho-principio constituye una regla de juicio, pues opera en el ámbito de la jurisdicción penal, condicionando el derecho del acusado a no sufrir una condena a menos que la culpabilidad haya quedado establecida superando cualquier duda razonable, en virtud de las pruebas obtenidas y reproducidas en juicio con todas las garantías. De lo anterior resulta entonces que la condena proferida contra una persona acusada de delito será válida, sin infracción del derecho al Estado de Inocencia, cuando se sustente en al menos una mínima actividad probatoria considerada de cargo practicada de modo no arbitrario, que permita arribar certeza de la culpabilidad del acusado. El Estado de Inocencia, por tanto, es un derecho fundamental de la persona humana a no ser condenada sin pruebas de cargo válidas. El Principio de Inocencia está íntimamente relacionado con el Debido Proceso Probatorio: El proceso penal tiene por objeto descubrir la verdad real sobre la hipótesis delictiva que constituye su objeto mediante los medios probatorios que las partes aporten al proceso; es precisamente en virtud de ella que el tribunal se forma la certeza acerca del acontecimiento sometido a su juzgamiento. La prueba es el medio jurídico para adquirir la certeza, que se define como la firme convicción de estar en posesión de la verdad. Para el pronunciamiento de la sentencia condenatoria, en donde se desafora a la persona acusada de su estado material de inocencia, debe haberse producido un amplio haz probatorio, sólido y concreto, que permita al juzgador, sin vacilaciones y sin duda establecer la responsabilidad penal del imputado con certeza absoluta, más allá de cualquier duda razonable. Mediante el fallo de fecha catorce de mayo del 2007, en el Expediente 312-2006, esta Sala de lo Penal ha declarado que el Estado de Inocencia es “… es un estado inherente a la persona humana …”, este derecho fundamental se encuentra reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Art. 11.1), en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Art.14.2) y de la Convención Americana de Derechos Humanos (Art. 8.2), además es norma pilar de la Constitución de la República (Art. 89 Superior) que es ampliamente desarrollada en normas legales secundarias (Arts. 1 y 2 CPP) y que desde el ámbito penal se define como el derecho de todo acusado a ser absuelto si no se ha practicado una mínima actividad probatoria de cargo, acreditativa de los hechos en que se funda la hipótesis acusatoria. “La condición jurídica de inocencia dispuesta en la norma constitucional a favor del imputado, establece claramente una presunción legal juris tantum, por cuanto solo puede ser enervada mediante la producción de una mínima de prueba de cargo, aportada por el acusador, en juicio oral y público, con estricta observancia de las reglas del debido proceso. En general, corresponde al ente acusador investigar el ilícito, presentar la acción penal pública y probar la imputación criminal; por su parte a la defensa del acusado le atañe censurar la actividad probatoria de cargo y ajustarla a la inobservancia de las formalidades, derechos y garantías dispuestos en las leyes a favor del aquel. Lo anterior no impide a la defensa producir prueba de descargo, no para probar la inocencia del acusado, que ya se encuentra tutelada por la norma constitucional, sino para desvanecer la imputación presentada en su contra.” (Fallo de la Sala de lo Penal de fecha 30 de mayo del 2011, en el Exp 304-2010). En sede de casación, al alegarse la vulneración de la presunción de inocencia, la Sala de lo Penal tendrá la tarea de verificar si existió una adecuada formación de la convicción de culpabilidad como resultado de la práctica de prueba válida y suficiente, entendiéndose como tal aquella que, aunque mínima, ha sido recibida en la vista pública bajo las debidas garantías, y valorada prudentemente por el tribunal de sentencia según las reglas de la sana crítica, así pues en casación se deberá examinar: a) Licitud de la Prueba: si las pruebas fueron obtenidas y reproducidas con el respeto a los derechos fundamentales y a los derechos humanos, b) Debido Proceso Probatorio: Si las pruebas fueron practicadas en el juicio con sujeción a los principios de oralidad, inmediación, contradicción, concentración y publicidad; incluye también verificar que las pruebas practicadas excepcionalmente en la etapa preparatoria, fueron introducidas al debate por el cauce previsto por el artículo 311 del Código Procesal Penal; c) Debida Motivación: Si las conclusiones probatorias del tribunal sentenciador han sido debidamente motivadas descartando la arbitrariedad; d) Debido Razonamiento Probatorio: Si el razonamiento de la convicción obedece a criterios lógicos, razonables y vinculantes a la prueba practicada; y e) Suficiente Carga Probatoria: Si durante el debate se reprodujeron los suficientes medios de prueba que hayan abarcado los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal reprochado, así como la participación del acusado en el hecho y su grado de culpabilidad en ellos. (Ver al respecto el fallo de fecha 05 de abril del 2011, en el Exp 042-2009 de la Sala de lo Penal)[2]. De la Procedencia del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su Único Motivo. El recurso no es de recibo. Establece la recurrente que el Tribunal de Sentencia vulneró la presunción de inocencia al condenar a su representado con una escasa actividad probatoria, ya que el sentenciador no contaba con la suficiente prueba por tener la certeza de culpabilidad. A través de un motivo de casación basado en la infracción del derecho a la presunción de inocencia, la tarea de esta Sala de lo Penal no puede consistir en realizar una nueva valoración de las pruebas practicadas a presencia del juzgador de instancia, porque a este solo corresponde esa función valorativa, pero si puede este Tribunal de Casación verificar que, el A Quo contó con suficiente prueba de signo acusatorio sobre la comisión del hecho y la participación del acusado en él. Esta Sala de lo Penal considera que el que alega vulneración del derecho a la presunción de inocencia, debe comprobar lo siguiente: a) Si hay prueba en sentido material (prueba personal o real); b) Si estas pruebas son de contenido incriminatorio; c) Si ha sido constitucionalmente obtenida, esto es, si fue incorporada lícitamente al juicio oral; d) Si ha sido practicada con regularidad procesal; e) Si es suficiente para enervar la presunción de inocencia; y f) Si ha sido racionalmente valorada por el Tribunal sentenciador. Esta sala estima que en el juicio se recibió como prueba de cargo los medios de prueba siguientes: Medios de Prueba de Cargo: 1) Prueba Testifical: a) Testigo Protegido “B”, en calidad de ofendida; b) Testigo Protegido “A”, c) testigo protegido “C”, d) Enrique Salatiel Gonzáles Vallecillo; 2) Prueba Documental: a) Acta de Registro personal; b) acta de decomiso; c) acta de reconocimiento y álbum fotográfico; 3) Prueba pericial: Intervención y vaciado telefónico: Medios de Prueba de descargo: 1) Prueba Testifical: a) Miguel Angel Perdomo Becerra; b) Keilyn Vanessa Cardona Estrada. Derivado de lo declarado en juicio se estableció que el Testigo Protegido “B” (perjudicada), en su deposición se estableció en el acta de debate (F585) que en la noche llegaba un muchacho delgado y le cuidaban de manera permanente dos personas, uno de ellos andaba jeans, botas, pasamontañas, de nariz gruesa, cejas gruesas y ojos claros, luego supe que su nombre era Wilfredo, le daban bastante café y sopa instantánea,; a preguntas del Ministerio Público, en el acta de debate contesto (f.450): eran dos personas que la cuidaban día y noche describiendo las apariencias físicas, de esas personas que le llevaban alimentos, había un señor y que una vez que fue a orinar, lo miro, era blanco, alto y me dijo, va que tú me miraste y le dije que no, si me miraste me dijo ahorita mismo te pico, ese señor siempre me llevaba la comida allí y otro me llevaba para adentro, nunca entraba él., de alimentos me daban café bien espeso, con una galleta, a veces sopas instantáneas la comía todo el día, ; El testigo protegido “c”, en le acta de debate (f.455) estableció: “Era un 05 de diciembre un viernes por la tarde. Faltando 15 minutos para las 5:00 p., entró un joven al local, me miró y sonrió entonces yo ,e levante a hablarle para ver que deseaba, entonces sacó un arma de la parte de adelante del pantalón, andaba con jean azul, andaba una camiseta blanca, no era tan alto de estatura, media 1.60 a 1.65 mts, claro, pelo negro y lo andaba parado con gelatina, luego la señora fue secuestrada, salió del área de caja, entonces le agarraron a ella por la mano y le dieron vuelta apuntándole con el arma, luego hicieron un disparo, me asuste y me escondí…, entonces salimos afuera, cuando salí a la puerta del local, ví un carro rojo, tenía una franja blanca y la placa no la logre ver.” A preguntas de las partes, contestó: eran dos personas que se llevaban la persona secuestrada, reconoció a uno de ellos. Con el testigo Enrique Salatiel Gonzáles Vallecillo, agente de la unidad antisecuestros, en su declaración entre otras cosas manifestó, que se informó el día 6 de diciembre de 2014, a la unidad sobre el secuestro del testigo protegido “B” el día 05 de diciembre de 2014, informándoles que unos sujetos se la llevaron de su trabajo, pidiéndoles rescate a los familiares, estableciendo que de las investigaciones se determinó que Erlin Jaciel Gómez es de mediana estatura, fornido y ojos claros, Wilmer Chirinos es fornido, frentudo, nariz ancha y Wilfredo Maradiaga , usaba botas, nariz ancha y le iba a dejar la comida a la víctima, en el caso de Wilfredo Maradiaga se le siguió investigación por otro delito de secuestro en el cual tuvo en cautiverio en esa misma casa a otra persona, de las investigaciones que realizó del caso se tuvo conocimiento por una fuente humana quien dio los nombres de los acusados y les manifestó que en la casa de Wilfredo se reunían los secuestradores, fue así como se ubico la casa en que se mantuvo en cautiverio a la testigo protegido “B” y que ella reconoció, una casa de bloque, techo de zinc, puerta de tabla yeso, casa que pertenecía a Wilfredo o a un familiar de él, misma que se encuentra a unos 20 metros de la casa de habitación de Wilfredo Maradiaga Rodríguez, a preguntas de las partes, respondió que la casa en que se mantuvo en cautiverio a la testigo protegido “B” , esta en la aldea río debajo de Ilanga y frente a la casa que habita el señor Wilfredo Maradiaga Rodríguez; con el Acta de Reconocimiento con su álbum fotográfico número dos, realizado por la testigo protegido “B” en la que reconoce al numero 6, que es quién le daba la comida y andaba con botas y corresponde al nombre de ese listado de Wilfredo Maradiaga Rodríguez. Con la prueba pericial propuesta por el Ministerio Público, se evacuó como prueba pericial la intervención y vaciado telefónico (f 152 al 201) y ampliado a folios 447 al 463, en la que concluye que los secuestradores utilizaron los números telefónicos 98888474 y 97787665 de donde realizaron sus exigencias económicas (L.5,000,000.00) a cambio de la liberación de la víctima, estas llamadas fueron recibidas por los números telefónicos de los familiares de la víctima números 96157601 y 98894475, de acuerdo con la información brindada por la compañía telefónica TIGO, se identifica que el abonado celular 97727665 que era utilizado por uno de los secuestradores que sostuvo comunicación con varios números telefónicos perteneciente a diferentes sujetos uno de ellos el número 99985782 perteneciente a Wilman Omar Chirinos Pineda, en diferentes horas el 06 de diciembre de 2014 y en casi todo el mes de noviembre de ese mismo año y en la que presentó ubicación en el sector de la celda de Ilanga para las fechas 05/12/2014, 08/12/2014 y 11/12/2014, y el 05 de diciembre de 2014 se generaron varias llamadas de ese número. Esta Sala de lo Penal aprecia que no es correcto el planteamiento del censor cuando afirma que la sentencia condenatoria, es fundamentada por el A quo, solamente en base al testimonio del testigo protegido “B”, pues se comprueba que la sentencia se ha basado en la valoración individual y conjunta de la prueba de cargo, y que tales pruebas, fueron incorporadas y valoradas en el proceso conforme a las normas y garantías constitucionales y procesales necesarias para su validez. Además, aprecia esta Sala que las mismas son congruentes, concordantes, inequívocas y además suficientes para quebrantar el estado de inocencia, habiendo tenido la defensa acceso a todas las oportunidades procesales para ejercer una adecuada y equilibrada defensa técnica, en razón de lo cual no se observa la infracción de precepto constitucional alguno. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Establece el artículo 362 del Código Procesal Penal que el recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de algunos de los vicios siguientes: 1. Que falte la declaración de los hechos que el tribunal estime aprobados, que tal declaración no sea clara y terminante o que sea contradictoria. 2. Que se base en medios o elementos probatorios no incorporados legalmente al juicio o incorporados por su lectura en violación de las normas contenidas en el Título IV del Libro Segundo de este Código o excluya o deje de considerar alguna prueba de valor decisivo. 3. Que carezca de motivaciones fácticas o jurídicas, que dichas motivaciones sean insuficientes o contradictorias o sí en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica; 4. Que en la parte resolutiva se omitan elementos esenciales, tales como la individualización precisa del imputado, la resolución de todas las cuestiones debatidas y la determinación exacta de la pena en caso de condena; 5. La inobservancia de las reglas establecidas en el presente Código para la realización del juicio oral y público; 6. La incongruencia entre la sentencia y las pretensiones de las partes según el artículo 337; 7. Que falte la firma de alguno de los miembros del Tribunal de Sentencia salvo los casos previstos en el artículo 145. Es así como la ley procesal vigente, refleja que el proceso penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivado del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio.
Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. Si no se cumple con los requisitos establecidos por la ley procesal y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo. El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley. RECURRENTE NUMERO 2 Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Interpuesto por la defensa privada. Primer Motivo. Norma autorizante: Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. Norma sustantiva que se denuncia infringida: Artículo 202 del Código Procesal Penal. Concepto de la infracción: Violación a las reglas de la sana critica. Reclamación Ex Ante: El vicio se produce en el acto de mismo de sentenciar. Pretensión: Que se declare ha lugar el motivo. Establece el recurrente que el Tribunal de Sentencia al hacer la valoración de la prueba no observó las reglas de la sana critica, en su desarrollo del recurso expone que existe incongruencia entre la valoración de la prueba y los hechos declarados como probados, considera que la declaración del testigo protegido “B” no es concluyente ni vinculante para la identificación de Wilman como uno de los partícipes del secuestro, al igual ocurre con el medio de prueba pericial denominado vaciado telefónico, finalizando su exposición cuestionando el medio de reconocimiento fotográfico, estableciendo que dicha valoración lo realizó no solo en total de la violación de las reglas de la sana crítica sino también al principio de legalidad procesal penal. De las Reglas de la Sana Crítica. El Código Procesal Penal da exclusiva competencia a los Jueces de Sentencia para la estimación valorativa de las pruebas y las conclusiones fácticas que de ellas extraigan, siendo ello inatacable por la vía recursiva casacional, siendo solamente controlable el proceso seguido por los jueces para la construcción de tales conclusiones. El artículo 362 No. 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes… 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica.”. Esta Sala de lo Penal ha considerado que: “… La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva…”. (Fallos de fecha 30 de noviembre del 2001, en el Exp. 194-2009 y de fecha 30 de noviembre del 2011, en el Exp. 297-09; también en ese sentido el fallo de fecha 20 de octubre del 2011, contenido en el Exp. 360-09 y de fecha 05 de abril del 2011, del Exp. 385-09, todos de la Sala de lo Penal). Valoración de la Prueba. En el apartado de la valoración intelectiva el juzgador debe valorar la prueba, conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la Prueba: Íntima Convicción (Propio del Sistema de Juzgamiento por Jurados), Prueba Legal o Tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe de darle el Juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias) y la Sana Crítica, es este último el que debe observar el juzgador penal hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. En el sistema de la Sana Crítica en la valoración de la prueba, existe plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones guarden una necesaria relación con las premisas que le sustentan, las cuales son a su vez construidas como fruto razonado de las pruebas. En este sistema, el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia de convicción de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común; De este modo “… las reglas de la sana crítica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza…” (Fallo Sala Penal de fecha 20 de octubre del 2011, en el Exp 88-09). La sana critica como sistema de valoración de la prueba se asienta en tres pilares fundamentales: 1) REGLAS DE LA EXPERIENCIA COMÚN O MÁXIMAS DE LA EXPERIENCIA. Se refieren a juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el juzgador, relevados de demostración probatoria por adquirirse a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por este hecho son compartidas con las demás personas, aun cuando no formen parte de su mismo grupo social. Nos referimos a fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión o hechos de la cultura común, siendo el antónimo de éstos los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realiza solo un grupo determinado de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior, el conocimiento privado del juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. El juzgador deberá analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común, entre otros: Cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca del hecho. Cuando cite como común un hecho que no lo sea, por no ser aprehensibles de manera espontánea por el profano, sino que solo mediante experiencias extraordinarias o mediante estudios especializados; o Cuando afirme como común un hecho que exija demostración probatoria. Las reglas de la experiencia común se basan en la probabilidad, es decir, al momento en que el juzgador valora un hecho, considerará el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos por qué lo considera así. 2) LAS REGLAS DE LA PSICOLOGÍA. Están referidas, no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento empírico adquirido del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquél. Las Reglas de la Psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo en relación al grupo social, se requiere que el juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la Experiencia Común, las reglas de la Psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado; y 3) LAS REGLAS DE LA LÓGICA.
La Lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatoria para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. La lógica aplicable es la “Lógica no formal”, llamada en el ámbito como Razón del Juicio donde las conclusiones se muestran bajo el espectro que irradia la prueba. Las leyes de la Lógica se fundamentan sobre leyes universales: a) La Coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí. La coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente. De la Ley de la Coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: i. El Principio de Identidad: Que exige que toda noción empleada en el razonamiento debe tener una sola y única significación en el todo contextualizado, es decir: una proposición sólo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y”. ii. El Principio de Contradicción: Las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En valoración de prueba: un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. iii. El Principio de Tercero Excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí: una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera y ninguna tercera posibilidad es posible. b) La Derivación: Exige que cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; cada pensamiento debe provenir de otro, con el cual está relacionado, salvo que se trate de un principio, es decir de un juicio inicial. Pero, además, la conclusión debe derivar de elementos suficientes para que justifique la producción de aquella. Existirá omisión al principio lógico de derivación: i. Cuando la conclusión no encuentre correspondencia con el medio de prueba por una indebida inferencia. ii. Cuando la conclusión no sea producto derivado de un medio de prueba, debiendo serlo por tratarse de la afirmación o negación de un hecho de carácter no notorio. iii. Cuando la conclusión sea construida en base a medios de pruebas inexistentes; o iv. Cuando la conclusión está basada en el contenido de un medio de prueba cuyo contenido este falseado. De la derivación se extrae el Principio de Razón Suficiente, por el cual toda conclusión requiere una razón suficiente que justifique su existencia; la conclusión debe ser el final del iter lógico seguido en la valoración de las pruebas apoyándose en inferencias razonables; cada conclusión expuesta puede formar una sucesión que al final lleven a una conclusión última en donde se afirme o niegue el hecho juzgado. De la Rúa (Fernando de la Rúa, La Casación Penal, Ediciones Depalma, Buenos Aires, Argentina, pág. 156), señala que la motivación para ser lógica debe responder a las referidas leyes que presiden el correcto entendimiento humano, observando como características: 1.Congruente: En donde las afirmaciones, deducciones y conclusiones guarden una adecuada correlación y concordancia entre sí. 2.Concordante: Cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella. 3. No Contradictoria, por estar libre de razonamientos que al oponerse se anulen entre sí al reflejar verdades incompatibles. 4.Inequívoca: al no dejar margen para cuestionar el alcance y significado de los razonamientos y de las conclusiones que le deriven; y 5.Suficiente: al estar constituida por un entramado de conclusiones interrelacionadas, que se deriven de múltiples cadenas de pensamientos, todos ellos aptos para producir razonablemente un convencimiento. Del Principio de Debida Técnica en el recurso de casación penal. Este Tribunal de Casación viene sosteniendo reiteradamente que el Principio de Debida Técnica se desprende de los requisitos formales para la interposición del recurso, “los que constituyen los mínimos requerimientos que debe contener la demanda de casación a efectos de ser tenida como un verdadero juicio técnico de impugnación, valorativo y preciso” (Véase Germán Pabón Gómez. De la Casación y la Revisión Penal. Colombia 2003. Ediciones Doctrina y Ley. P. 144). Este principio aparece recogido en el artículo 363 del Código Procesal Penal, con los requisitos obligatorios propios del rigor del recurso extraordinario de casación, estableciendo imperativamente que “El recurrente deberá indicar separadamente cada motivo” y “En lo que respecta a la Casación en el Fondo, deberá citar, concretamente, en forma clara y precisa, los preceptos legales que considere infringidos, el sentido en que lo hubieren sido, y expresará, también concretamente, la aplicación o interpretación que pretende…” No se trata de una simple rigidez de la naturaleza del recurso impuesta por un formalismo procesal sin sentido, antes bien, la norma pretende orientar al censor de tal forma que su reproche recursivo se encause dentro de los parámetros establecidos en la normativa procesal con el propósito de precisar mediante este instrumento la falencia del vicio de juicio o de la actividad procesal que agravia al justiciable, convirtiéndose las exigencias del recurso en garantía procesal del reclamo que se intenta, en tanto estos pretenden allanar el camino a la respuesta jurisdiccional mediante el planteamiento de un recurso claro y preciso que importe la aprehensión del recurso ante el Tribunal de Casación a efectos de favorecer la respuesta más congruente ante el recurso, por ello esta Sala de lo Penal ha venido reiterando que el principio de debida técnica requiere observarse en los siguientes sentidos: a) Elegir con puntualidad la causal. b) No salirse ni desbordarse con sus alegaciones, de los extremos y contenidos conceptuales o valorativos, o ámbitos propios de la causal elegida. c) Elaborar planteamientos con claridad y precisión. (En ese mismo sentido sentencia 24 de agosto de 2010 SP 273-08; sentencia 28 de octubre de 2010 SP 199-09; sentencia 18 de enero 2011 SP 351-09). Aun intentando la sala abordar el estudio desde la explicación del censor, no puede colegirse la infracción pretendida, de manera que la falta de claridad y precisión no permite a la Sala de lo Penal arribar al estudio deseado que hubiese permitido un recurso interpuesto observando los requisitos de ley[3]. De la Procedencia del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su Único Motivo. El recurso no es de recibo. La Sala de lo Penal en reiteradas sentencias se ha pronunciado en el sentido que la no conformidad del recurrente con lo resuelto por el sentenciador no es motivo de casación, sino la violación a las reglas de la sana crítica, que analiza el iter de pensamiento del juez mediante el cual ha llegado a una conclusión de condena. Cuando se interpone el recurso de casación por quebrantamiento de forma cuyo motivo es la infracción a las reglas de la sana crítica (como es el caso que nos ocupa), el censor delimita su análisis a la fundamentación probatoria y la trascendencia que pueda tener ésta en la fundamentación fáctica y el posterior fallo; deberá identificar primeramente qué regla de la sana crítica es la infringida (ver sentencias de la Sala de lo Penal de fecha 17 de enero de 2013, recaída en el expediente SP 131-2011; y de fecha 27 de junio de 2013, recaída en el expediente SP 132-2011); posteriormente, deberá identificar el silogismo judicial que considera transgrede la regla previamente identificada, segregar su premisa mayor, su premisa menor y su posterior conclusión, para después explicar y comprobar porqué la conclusión inferida de aquellas premisas, es malograda y no tiene la cualidad de ser respetuosa de nuestro sistema de valoración probatorio, siendo este precisamente el proceso de identificación, explicación y comprobación del vicio que exige una buena técnica recursiva. (Ver sentencia de la Sala de lo Penal de fecha 2 de abril de 2019, recaída en el expediente SP 174-2015). Hoy por hoy, el recurso de casación por quebrantamiento de forma planteando como motivo la violación las reglas de la sana crítica ocupa un gran de porcentaje de los recursos que resuelve esta Sala de lo Penal; desafortunadamente, no en pocos casos, el recurrente acude a tal alegato como una forma de disfrazar la verdadera pretensión de reexamen o revalorización de la actividad probatoria como medio de atacar el juicio valorativo hecho por el tribunal de sentencia, pretendiendo así que los jueces de casación, sin contar con inmediación (entre otros principios faltantes), valoren un medio de prueba determinado, extraigan conclusiones probatorias y luego las compare con aquellas a las que arribó el a quo, decidiendo finalmente si lo hecho por los jueces de la instancia está bien o mal a depender si coincide la valoración de la prueba hecha en única instancia, todo ello impropio en sede casacional. No existe una previa determinación de pruebas, por lo que éste debe de ser asignado por el juzgador de la instancia haciendo mano de las reglas de la sana critica, evaluándolas y determinando el grado de convencimiento que le genera cada una de ellas y en su conjunto en relación a la imputación, lo que constituye un proceso directo de los jueces de instancia y ajeno a los jueces de casación. Por ello, el recurso de casación no provoca un nuevo examen probatorio de los medios que fundan la decisión judicial impugnada; la casación no es una segunda instancia, sino una única instancia encargada de revisar la mera legalidad de la decisión judicial, quedando fuera de tal esfera de competencia la revaloración de la prueba; las partes en la interposición del recurso no pueden pretender que esta Sala de lo Penal declare el acierto o desacierto del Tribunal de Sentencia sobre sus criterios valorativos, pues ello sería rebasar las potestades legales conferidas por la ley a los jueces de casación. En el caso subjudice, cuando se cuestiona la violación a las reglas de la sana critica, es incorrecto lo expuesto por los recurrentes, dado que identifican contradicciones e inexactitudes, no en el razonamiento judicial (que es el que se controla en casación), sino que lo hace a los medios de prueba, lo que no puede ser objeto de revisión por la Sala de lo Penal, pues ello implicaría valoración de prueba. Exponen una reflexión que parte de una valoración privada y personal de los medios de prueba, olvidando que el tribunal de casación no hace valoración de prueba, mucho menos una ponderación conjunta de la carga probatoria para determinar acreditación de delitos y de responsables; como se ha indicado ut supra, la potestad legal de la Sala de lo Penal se limita exclusivamente a determinar si el razonamiento judicial se encuentra dentro del canon de las normas que pautan el recto entendimiento, determinación que se hace partiendo exclusivamente de lo que definen los recurrentes como aspectos sujetos a impugnación, que en el presente caso resultaron no demostrativos de vicio e impropios de una correcta técnica recursiva casacional. A partir de lo expuesto, la Sala Penal destaca que el recurrente no puede pretender con éxito, que este tribunal de casación sustituya la valoración probatoria realizada por la instancia, pues no es su competencia sustituir dicha valoración o realizar una alternativa homologando la primera en la medida que una y otra sean coincidentes. Mucho menos, podrá sustituir esa función valorativa de la instancia el recurrente, pues aquellos son los únicos autorizados por la norma procesal para llevar a cabo esa función, realizando los principios de inmediación, contradicción, oralidad y publicidad que rigen la actividad de la prueba. En conclusión, la Sala de lo Penal se encuentra imposibilitada de hacer un pronunciamiento de fondo para resolver el objeto de impugnación, dado que éste no fue debidamente definido por el recurrente, esto por una deficiente técnica recursiva. Fundamentación Del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. Esta Sala de lo Penal ha entendido que se trata de una tercera vía recursiva distinta a las tradicionales de fondo (infracción de ley) y forma (quebrantamiento de forma). Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior[4]. En general toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso deberá denunciar la infracción de un derecho fundamental, un derecho reconocido en el bloque constitucional o de doctrina legal constitucional, cuando dicha violación haya tenido una influencia decisiva en la decisión del Órgano Jurisdiccional. En este último sentido Llorente Fernández expresa que (Llorente Fernández De La Reguera, Ángel, en Los Recursos, Cuadernos de Estudios Judiciales, Rafael Alvarado Manzano, Liticom, Tegucigalpa, 2001, págs. 113-115): “La jurisprudencia española ha puesto de manifiesto que este cauce impugnatorio no está previsto para alegar, bajo su cobertura, la vulneración de cualquier norma constitucional, sino específicamente la infracción de aquellas que tienen una estrecha y directa relación con el objeto del proceso en que son invocados. Serán, por tanto, los derechos fundamentales ligados al proceso con carácter general los que tengan cabida en esta vía impugnativa y de un modo especial aquellos que el recurrente entienda que han sido conculcados en el caso concreto...”. Entonces los motivos a plantear en este Recurso de Casación, presentados bajo Numerus Apertus, son: Negación de un Derecho Constitucional o que integre el bloque constitucional, o de Doctrina Legal Constitucional, de carácter procesal penal o penal sustantivo; Aplicación Restrictiva de un Derecho Constitucional o que integre el bloque constitucional, o de Doctrina Legal Constitucional, de carácter procesal penal o penal sustantivo; Interpretación errónea sobre la naturaleza y/o alcance de un derecho Constitucional del bloque Constitucional, o sobre una Doctrina Legal Constitucional, que atañe al derecho procesal penal o al derecho penal sustantivo. En una buena técnica recursiva, el recurrente debe hacer mano de este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional de amplia aplicación (Recurso Ordinario), en contraposición con los recursos de Infracción de Ley, Infracción de Doctrina Penal y Quebrantamiento de Formas Procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores (Recursos Extraordinarios). La esencia del recurso de Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del Principio de Convencionalidad y el Principio de Primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. RECURRENTE No 3 Del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional. Interpuesto por la defensa pública. Único Motivo. Norma autorizante: Artículo 361 del Código Procesal Penal. Norma sustantiva que se denuncia infringida: Artículos 82, 89 y 90 de la Constitución de la República. Concepto de la infracción: Violación al derecho de defensa, estado de inocencia y al debido proceso. Reclamación Ex Ante: Se produce en la sentencia misma. Pretensión: Que se dicte una sentencia absolutoria. Establece el recurrente que el Tribunal Sentenciador ha vulnerado el estado de inocencia que constitucionalmente asiste al imputado ya que existe insuficiencia probatoria para su condena, en relación al debido proceso acogido en el artículo 90 Constitucional es otro que protege la presunción de inocencia que ampara al inculpado; el recurrente establece en su exposición que es imperativo la interposición del presente motivo de casación ya que se le atribuyo la responsabilidad penal de secuestro indicado en el apartado numero uno de la sentencia en la fundamentación jurídica; estableciendo el recurrente que con la declaración de la testigo protegido “B” contraviene lo establecido en el hecho probado por le A-quo de que su representado fue uno de los sujetos que cuidaba a la ofendida donde estuvo privada de libertad; en el numeral quinto el recurrente valora la figura penal del secuestro con la declaración del testigo protegido “A” , “B” y “C” . Del derecho a la defensa Una de las posibles consecuencias de la inobservancia a un debido proceso es la violación al derecho de defensa, al crearse un desbalance de oportunidad entre las partes provocado por el órgano jurisdiccional. La inobservancia de las normas procesales penales provoca indefensión cuando el órgano jurisdiccional niega el espacio de petición, cuando no procura la contradicción o cuando rechaza pretensiones basados en criterios contrarios a la legalidad, mermando así la oportunidad de sustento de la teoría del caso que presenta una de las partes, con la indefectible consecuencia de un fallo contrario a sus intereses. Es importante señalar que el derecho de defensa no es exclusivo de la persona imputada, pues le asiste a cada una de las partes, dado que cada una de ellas acuden al proceso penal en defensa de intereses subjetivos: 1. La parte acusadora en defensa de los intereses de la víctima; 2. El Ministerio Público en defensa de los intereses sociales; 3. La Procuraduría General de la República en defensa de los intereses del Estado como persona jurídica; y, 4. El acusado en defensa de los intereses individuales. Como consecuencia, cualquiera de las partes podrá alegar violación al derecho de defensa cuando el órgano jurisdiccional reduzca su participación procesal a un mero acompañamiento, sin oportunidad de solicitar, controvertir y obtener resoluciones favorables conforme a un debido proceso legal. Del Derecho/Principio del Estado Material de Inocencia El Derecho/Principio de Inocencia es proclamado y reconocido por la Declaración Universal Sobre los Derechos Humanos en el artículo 11.1, por el Paco Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el artículo 14.2, por la Convención Americana Sobre Derechos Humanos en el artículo 8.2 y por la Constitución de la República en su artículo 89, desarrollado por el Código Procesal Penal en los artículos 2, 191.2 y 282.5, cuyo contenido establece que toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente y que no solo debe estar presente en el proceso penal, sino que debe respetarse por todo poder público en el desarrollo de sus funciones; Ahora bien, en la esfera jurisdiccional este derecho-principio constituye una regla de juicio, endosando el derecho del acusado a no sufrir una condena, a menos que la culpabilidad haya quedado establecida superando cualquier duda razonable, en virtud de las pruebas obtenidas y reproducidas en juicio con todas las garantías. Por su importancia tal principio ha sido plasmado en el Estatuto de Roma, que establece la necesidad de que los Magistrados de la Corte Penal Internacional estén convencidos, más allá de toda duda razonable, de la culpabilidad que se imputa para dictar una sentencia condenatoria (Art. 66.3) De lo anterior resulta entonces que la condena proferida contra una persona acusada de delito será válida, sin infracción del derecho al estado de inocencia, cuando se sustente en al menos una mínima actividad probatoria considerada de cargo practicada de modo no arbitrario, que permita arribar certeza de la culpabilidad del acusado o acusada. El Derecho/Principio de Inocencia, por tanto, es un derecho fundamental de la persona humana a no ser condenada sin pruebas de cargo válidas. (Ver al respecto el fallo de fecha 04 de octubre del 2005 en Exp. 2597-2004 de la Sala de lo Penal). El Derecho/Principio de Inocencia está íntimamente relacionado con la base fáctica que dicta la realidad del hecho y la participación que en él haya tenido el acusado, incluyendo juicios de inferencia sobre el animus, que en conjunto autorizan la aplicación del Ius Puniendi, pues ningún elemento del delito, sea objetivo o subjetivo, pueden ser presumido en contra de la persona acusada; por ello el Derecho/Principio de Inocencia está relacionado con el debido proceso probatorio, pues solo los hechos de culpabilidad pueden arrebatarle el estado de inocencia a una persona; recuérdese que el proceso penal tiene por objeto descubrir la verdad real sobre la hipótesis delictiva que constituye su objeto mediante los medios probatorios que las partes aporten al proceso; es precisamente en virtud de ella que el Tribunal se forma la certeza acerca del acontecimiento sometido a su juzgamiento. La prueba es el medio jurídico para adquirir la certeza, que se define como la firme convicción de estar en posesión de la verdad; para el pronunciamiento de la sentencia condenatoria, en donde se desafora a la persona acusada de su estado material de inocencia, debe haberse producido un amplio haz probatorio, sólido y concreto, que permita al juzgador, sin vacilaciones y sin dudas establecer la responsabilidad penal del imputado con certeza absoluta, más allá de cualquier duda razonable. En el informe No. 50/00 del caso 11,298 del 13 de abril de 2000, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha señalado que: “118 […] De todas las garantías judiciales propias del ámbito penal, la más elemental es, quizás, la presunción de inocencia […].”; por su parte este Tribunal de Casación en fallo de fecha 14 de mayo del 2007 del Expediente 312-2006, declaró que el Estado de Inocencia “… es un estado inherente a la persona humana …”, éste derecho fundamental se encuentra reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (art. 11.1), en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art.14.2) y de la Convención Americana de Derechos Humanos (art. 8.2), además es norma pilar de la Constitución de la República (Art. 89 Superior) que es ampliamente desarrollada en normas legales secundarias (Arts. 1 y 2 CPP), y que desde el ámbito penal se define como el derecho de todo acusado a ser absuelto si no se ha practicado una mínima actividad probatoria de cargo, válida y acreditativa de los hechos en que se funda la hipótesis acusatoria. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en la sentencia de fecha 01 de septiembre de 2011, dictada con ocasión del caso López Mendoza vs. Venezuela ha indicado: 128.- En el ámbito penal esta Corte ha señalado que el principio de presunción de inocencia constituye un fundamento de las garantías judiciales. La presunción de inocencia implica que el acusado no debe demostrar que no ha cometido el delito que se le atribuye, ya que el onus probando corresponde a quien acusa. Así, la demostración fehaciente de la culpabilidad constituye un requisito indispensable para la sanción penal, de modo que la carga de la prueba recae en la parte acusadora y no en el acusado. Además, la falta de prueba plena de la responsabilidad en una sentencia condenatoria constituye una violación al principio de presunción de inocencia, el cual es un elemento esencial para la realización efectiva del derecho de defensa y acompaña al acusado durante toda la tramitación del proceso hasta que una sentencia condenatoria que determine su culpabilidad quede firme […].”.Es de considerar además que esta Sala de lo Penal ha señalado en sentencia del 30 de mayo de 2011, en expediente 304-2010: “La condición jurídica de inocencia dispuesta en la norma constitucional a favor del imputado, establece claramente una presunción legal juris tantum, por cuanto solo puede ser enervada mediante la producción de una mínima prueba de cargo, aportada por el acusador, en juicio oral y público, con estricta observancia de las reglas del debido proceso. En general corresponde al ente acusador investigar el ilícito, presentar la acción penal pública y probar la imputación criminal; por su parte a la defensa del acusado le atañe censurar la actividad probatoria de cargo y ajustarla a la inobservancia de las formalidades, derechos y garantías dispuestos en las leyes a favor del aquel. Lo anterior no impide a la defensa producir prueba de descargo, no para probar la inocencia del acusado, que ya se encuentra tutelada por la norma constitucional, sino para desvanecer la imputación presentada en su contra.”.En sede de casación, al alegarse la vulneración de la presunción de inocencia, la Sala de lo Penal tendrá como competencia el verificar si existió una adecuada formación de la convicción de culpabilidad como resultado de la práctica de prueba válida y suficiente, entendiéndose como tal aquella que aunque mínima, ha sido recibida en la vista pública bajo las debidas garantías, y valorada prudentemente por el tribunal de sentencia según las reglas de la sana crítica; así pues en casación se deberá examinar, en la medida que las partes lo expongan como motivo: (Ver al respecto el fallo de fecha 05 de abril del 2011, en el Exp. 042-2009 de la Sala de lo Penal): Licitud de la Prueba: Si las pruebas fueron obtenidas y reproducidas con el respeto a los derechos fundamentales y a los derechos humanos; Debido Proceso Probatorio: Si las pruebas fueron practicadas en el juicio con sujeción a los principios de oralidad, inmediación, contradicción, concentración y publicidad; Incluye también verificar que las pruebas practicadas excepcionalmente en la etapa preparatoria, fueron introducidas al debate por el cauce previsto por el artículo 311 del CPP; Debida Motivación: Si las conclusiones probatorias del Tribunal sentenciador han sido debidamente motivadas descartando la arbitrariedad (Art. 141 CPP); Debido Razonamiento Probatorio: Si el razonamiento de la convicción obedece a criterios lógicos, razonables y vinculantes a la prueba practicada, sin involucrar los aspectos que exigen inmediación, de la cual carece el tribunal de casación; y Suficiente Carga Probatoria: Si durante el debate se reprodujeron los suficientes medios de prueba que hayan abarcado los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal reprochado, así como la participación en el hecho del acusado y su grado de culpabilidad en ellos, con la virtualidad de arrebatarle el estado material de inocencia a la persona acusada. Al respecto la Corte IDH en sentencia de fecha 26 de noviembre de 2010, en el caso Cabrera García y Montiel Flores Vs. México, determinó que: “183. Asimismo, el Tribunal ha sostenido que tal y como se desprende del artículo 8.2 de la Convención, dicho principio exige que una persona no pueda ser condenada mientras no exista prueba plena de su responsabilidad penal. Si obra contra ella prueba incompleta o insuficiente, no es procedente condenarla, sino absolverla. Así, la falta de prueba plena de la responsabilidad penal en una sentencia condenatoria constituye una violación al principio de inocencia, […].”.Un Estado que se llame así mismo democrático de derecho, no puede asumir como un riesgo permitido, la condena a personas inocentes para evitar la posibilidad de absolver a personas culpables, pues lo primero implica un abuso intolerable de autoridad en contra de la propia condición humana, mientras que lo segundo es la consecuencia que se debe sufrir como producto de un proceso penal con endeble carga probatoria; absolver a un culpable es el fracaso de un proceso penal, pero condenar a un inocente es un fracaso de la sociedad entera. Del Debido Proceso Legal La Garantía del Debido Proceso se encuentra regulada por el artículo 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 90 de la Constitución de la República, conocida como el Debido Proceso Legal, el cual refiere a los parámetros normativos bajo los cuales deben dispensarse todas las garantías necesarias en el proceso (con independencia de su naturaleza).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el Informe No. 1/95 de fecha 07 de febrero de 1995, del caso 11,006, referente al proceso de Alan García, Perú, indicó: “El artículo 8 de la Convención Americana en su inciso primero establece que toda persona tiene derecho a ser oído con las debidas garantías en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada en su contra. - Así mismo, el mencionado artículo en su inciso segundo prevé que durante el trámite del proceso toda persona tiene derecho a que se respeten ciertas garantías mínimas. La enumeración contenida en esta cláusula ha sido interpretada como una nómina de garantías mínimas no taxativas. De este modo, se ha considerado que existen otras garantías reconocidas en el derecho interno de los Estados que, si bien no están incluidas explícitamente en el texto de la Convención, igualmente se encuentran amparadas por el contenido amplio del inciso 1 del artículo 8 de la Convención”. El Principio del Debido Proceso Legal más que garantizar el respecto a la ritualidad en la dinámica de juzgamiento, es uno de los pilares del derecho procesal penal dirigido a que la persona sometida a la jurisdicción sea juzgada por un juez o jueza natural, competente, imparcial e independiente, pero adicionalmente es un mandato para que este juez además de respetar las formas procesales, reproduzca en cada una de ellas los derechos consagrados en la Constitución de la República y en los Tratados y Convenciones de los que Honduras forme parte; así pues los llamados Principios Procesales o Principios Informadores del proceso, no son más que medios conductores para materializar aquellos derechos y garantías fundamentales que son agrupados bajo la titulación del debido proceso legal, y que constituyen reglas mínimas de juzgamiento, como ser: i.- Prohibición de ser procesado mediante la aplicación de leyes retroactivas peyorativas; ii.- Derecho a ser informado de los cargos criminales en su contra; iii.- A un juez predeterminado por la ley; iv.- A la imparcialidad del juez; v.- A la independencia del juez; vi.- Derecho a la defensa material y técnica y a utilizar los medios de prueba pertinentes; vii.- A la igualdad de armas procesales; viii.- A un proceso público sin dilaciones indebidas; ix.- Respeto al principio de presunción de inocencia; x.- Posibilidad de recurrir ante un tribunal para obtener una revisión de la legalidad de la orden de privación de la libertad provisional; xi.- Derecho a ser oído en un plazo razonable; xii.- Deber de los tribunales de emitir fallos razonados, motivados y con información sustancial; xiii.- El derecho a impugnar las resoluciones judiciales definitivas para que sean revisadas por un tribunal superior; ivx.- A una justicia gratuita. En fin, el derecho a un Debido Proceso exige la materialización del Principio de Legalidad. La CIDH, en su informe No. 30/97 del caso 10,087 de fecha 30 de septiembre de 1997, referente a Gustavo Carranza, Argentina, indicó: “67.- El artículo 8 de la Convención Americana impone la existencia de “debidas garantías” durante el proceso de determinación de derechos […] En efecto, el mencionado artículo no contiene un recurso judicial propiamente dicho, sino el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales. Este artículo reconoce el llamado “Debido proceso legal” que abarca las condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquellos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial.”. Por su parte la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en sentencia de 02 de febrero de 2001, en el caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá, afirmó que: “Si bien el artículo 8 de la Convención Americana se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto “sino [al] conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales” a efectos de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier tipo de acto del Estado que pueda afectarlos. Es decir, cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea administrativo, sancionatorio o jurisdiccional, deben respetar el debido proceso legal.”.El Debido Proceso Legal se ve materializado cuando se observan estrictamente las normas contenidas en el Código Procesal Penal, el que señala en el Título IV de su Libro Tercero como debe substanciarse la etapa de juicio y en particular el debate, ergo la transgresión a cualquiera de esas normas legales constituiría vicio in procedendo siempre que por su carácter esencial socave la validez de la sentencia y esto es cuando transgrede o disminuye los principios mencionados. En conclusión, la resolución definitiva debe ser el resultado de la celebración de un proceso penal en el cual se respeten el conjunto de reglas esenciales que le sustentan en una base de legalidad, de lo contrario, cuando el mismo se realiza a espaldas de una de esas reglas, la resolución definitiva se convierte en un fruto viciado. Cuando se interpone un Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, alegando violación al debido proceso legal, el recurrente lo que está prometiendo es demostrar que uno de esos principios informadores del proceso fue inobservado por el órgano jurisdiccional, aplicado parcialmente o mal interpretado; por lo que deberá ser especifico en señalar el principio informador que considera violentado, el acto procesal cuestionado, explicar cómo debió haberse realizado la actuación procesal si se hubiese respetado el principio de legalidad y, por último, como la violación a ese principio informador, contenido en el debido proceso, afectó a la decisión tomada por el Tribunal. De la Procedencia del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su Único Motivo. El recurso no es de recibo. El Censor señala que la sentencia viola el artículo 82 de la Constitución de la República que reconoce el derecho fundamental a la defensa; artículo89 relativo al derecho de presunción de inocencia, artículo 90 al debido proceso legal sin explicar los alcances de dichos derechos fundamentales. El recurrente presentó Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, denunciando que la sentencia era producto de la violación de tres derechos fundamentales. La denuncia inicia así con un importante defecto de forma, pues bajo un mismo título se denuncian tres violaciones que debieron ser planteadas de manera independiente y, aún más, desarrollarlas por separado, a efecto de demostrar la existencia de los vicios que hacen invalidada la sentencia. Es de tener presente que una adecuada técnica recursiva obliga al recurrente, no solamente a identificar debidamente el recurso que interpone, el motivo en que se basa y el concepto de la infracción o vicio que se alega, sino que además un debido desarrollo argumentativo que explique dicho vicio con claridad y precisión: la claridad radica en la exposición del vicio de manera individualizada y separada, descomponiendo sistemáticamente todas sus aristas hasta desentrañar sus aspectos más básicos; la precisión implica la no mutación del alegato en aspectos ajenos al vicio que se ha identificado.- Sumado a lo anterior, el Censor debe hacer la debida comprobación de la existencia del vicio, haciendo la confrontación entre el aspecto contenido en la sentencia o resolución impugnada y la norma o doctrina legal que revela la contrariedad y la explicación de la aplicación que debió hacerse de dicha norma y que es la pretensión que se persigue con el recurso, es decir como considera el Recurrente que debió haber sido aplicada la norma o por qué no debió haber sido aplicada. En el recurso que ahora se resuelve, nada de lo anterior es aportado por el Censor, pues en un lacónico planteamiento, se limita a señalar que fueron violentados los artículos 82, 89 y 90 de la Constitución de la República, sin explicar en concreto cual es el vicio, como fue supuestamente producido, cuáles fueron las consecuencias de éste y cuál es el remedio procesal que se pretende, además de establecer alegatos de instancia y confrontar los elementos de prueba entre sí,. La sola mención de que la prueba presentada en el debate fue indebidamente valorada no satisface los requerimientos necesarios de claridad y precisión expuestos, debiendo por tanto declararse sin lugar el recurso. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Establece el artículo 362 del Código Procesal Penal que el recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de algunos de los vicios siguientes: 1. Que falte la declaración de los hechos que el tribunal estime aprobados, que tal declaración no sea clara y terminante o que sea contradictoria. 2. Que se base en medios o elementos probatorios no incorporados legalmente al juicio o incorporados por su lectura en violación de las normas contenidas en el Título IV del Libro Segundo de este Código o excluya o deje de considerar alguna prueba de valor decisivo. 3. Que carezca de motivaciones fácticas o jurídicas, que dichas motivaciones sean insuficientes o contradictorias o sí en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica; 4. Que en la parte resolutiva se omitan elementos esenciales, tales como la individualización precisa del imputado, la resolución de todas las cuestiones debatidas y la determinación exacta de la pena en caso de condena; 5. La inobservancia de las reglas establecidas en el presente Código para la realización del juicio oral y público; 6. La incongruencia entre la sentencia y las pretensiones de las partes según el artículo 337; 7. Que falte la firma de alguno de los miembros del Tribunal de Sentencia salvo los casos previstos en el artículo 145. Es así como la ley procesal vigente, refleja que el proceso penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivado del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. Si no se cumple con los requisitos establecidos por la ley procesal y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo. El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley. Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Interpuesto por la defensa privada. Único Motivo. Norma autorizante: Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. Norma sustantiva que se denuncia infringida: Artículo 202 del Código Procesal Penal., relacionado con el artículo 338 regla 4 numeral 2. Concepto de la infracción: Violación a las reglas de la sana critica. Reclamación Ex Ante: El vicio se produce en el acto de mismo de sentenciar. Pretensión: Que se declare ha lugar el motivo. Establece el recurrente que el Tribunal Sentenciador irrespeto las reglas de la sana crítica, transgrediendo el principio lógico de razón suficiente, estableciendo el recurrente que existen inconsistencias en la declaración testifical del testigo protegido “B”, incongruencia entre la declaración del testigo protegido “B” y la declaración del testigo protegido “C”, en el numeral segundo del motivo casacional establece contradicciones entre el testimonio evacuado por la testigo protegido “B” y el testigo Enrique Salatiel Gonzales, el álbum fotográfico, testigo protegido “A”, testigo protegido “C”; en el apartado tercero establece que no hubo corroboración con otros medios de pruebas referentes a la prueba documental, los vaciados telefónicos, reconocimientos fotográficos en la que hubo incongruencias en la descripción física de su representado, aprecia el recurrente que la sentencia no obedece a las reglas de la lógica, sus razonamientos no obedecen a las reglas de la deducción lógica formal, que con las premisas propuestas es imposible llegar a la conclusión y consecutiva convicción de culpabilidad de los imputados, que el tribunal forma hechos pre-constituidos para apoyar su teoría, que las conclusiones de la sentencia obedecen al pensamiento natural e inductivo y no lógico deductivo, sus enunciados son de orden especulativo. De las reglas de la sana crítica El Código Procesal Penal da exclusiva competencia a los jueces de sentencia la estimación valorativa de las pruebas y las conclusiones fácticas que de ellas extraigan, siendo ello inatacable por la vía recursiva casacional, siendo solamente controlable el proceso seguido por los jueces para la construcción de tales conclusiones. El artículo 362 numeral 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes… 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica.”. Al respecto, se ha señalado que: “… La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva…”. (Fallo de fecha 30 de noviembre del 2001, en el expediente 194-2009 y de fecha 30 de noviembre del 2011, en el expediente 297-09, también en ese sentido el fallo de fecha 20 de octubre del 2011, contenido en el expediente 360-09 y de fecha 05 de abril del 2011, del expediente 385-09, todos de la Sala de lo Penal). En el apartado de la valoración intelectiva, el juzgador debe valorar la prueba conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la prueba: Íntima Convicción (propio del sistema de juzgamiento por jurados), Prueba Legal o tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe darle el juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias) y la Sana Crítica; es este último el que debe observar el juzgador penal hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. En el sistema de sana crítica, en la valoración de la prueba existe plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones guarden una necesaria relación con las premisas que le sustentan, las cuales son a su vez construidas como fruto razonado de las pruebas. En este sistema, el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia conviccional de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común (al respecto ver Fallo de fecha 30 de noviembre del 2011, del expediente 125-2010 de la Sala de lo Penal); de este modo “… las reglas de la sana crítica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza…” (Fallo Sala Penal de fecha 20 de octubre del 2011, en el expediente 88-09). Componen la sana crítica: 1) Reglas de la experiencia común o máximas de la experiencia: Se refieren a juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el juzgador, relevados de demostración probatoria por adquirirse a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por este hecho son compartidas con las demás personas, aun cuando no formen parte de su mismo grupo social. Nos referimos a fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión, o hechos de la cultura común, siendo el antónimo de éstos los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realiza solo un grupo determinados de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior, el conocimiento privado del juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. El juzgador deberá analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común, entre otros: Cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca del hecho. Cuando cite como común un hecho que no lo sea, por no ser aprehensibles de manera espontánea por el profano, sino que solo mediante experiencias extraordinarias o mediante estudios especializados; o, Cuando afirme como común un hecho que exija demostración probatoria. Las reglas de la experiencia común se basan en la probabilidad, es decir, al momento en que el juzgador valora un hecho, considerará el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos él porque lo considera así. 2) Las reglas de la psicología: Están referidas, no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento empírico adquirido del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquél. Las reglas de la psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo en relación al grupo social, se requiere que el juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la experiencia común, las reglas de la psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado; y, 3) Las reglas de la lógica: La lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatoria para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. La lógica aplicable es la lógica no formal, llamada en el ámbito como razón del juicio donde las conclusiones se muestran bajo el espectro que irradia la prueba. Las leyes de la lógica informan sobre leyes universales, a saber: La Coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí. La coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente. De la ley de la coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: El principio de identidad: Una proposición solo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y” El principio de contradicción: Las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En la valoración de prueba: un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. El principio de tercero excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera y ninguna tercera posibilidad es posible. La derivación: Exige que cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; cada pensamiento provenir de otro, con el cual está relacionado, salvo que se trate de un principio, es decir de un juicio inicial. Pero además la conclusión debe derivar de elementos suficientes para que justifique la producción de aquella. Existirá omisión al principio lógico de derivación: Cuando la conclusión no encuentre correspondencia con el medio de prueba por una indebida inferencia; Cuando la conclusión no sea producto derivado de un medio de prueba, debiendo serlo por tratarse de la afirmación o negación de un hecho de carácter no notorio. Cuando la conclusión sea construida con base en medios de pruebas inexistentes. Cuando la conclusión esté basada en el contenido de un medio de prueba cuyo contenido este falseado. De la derivación se extrae el principio de razón suficiente, por el cual toda conclusión requiere una razón suficiente que justifique su existencia; la conclusión debe ser el final del iter lógico seguido en la valoración de las pruebas apoyándose en inferencias razonables; cada conclusión expuesta puede formar una sucesión que al final lleven a una conclusión última en donde se afirme o niegue el hecho juzgado. De la Rúa (Fernando de la Rúa, La Casación Penal, Ediciones Depalma, Buenos Aires, Argentina, pág. 156), señala que la motivación para ser lógica debe responder a las referidas leyes que presiden el correcto entendimiento humano, observando las siguientes características: Congruente: En donde las afirmaciones, deducciones y conclusiones guarden una adecuada correlación y concordancia entre sí; Concordante: Cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; No Contradictoria: por estar libre de razonamientos que al oponerse se anulen entre sí al reflejar verdades incompatibles; Inequívoca: al no dejar margen para cuestionar el alcance y significado de los razonamientos y de las conclusiones que le deriven; y Suficiente: al estar constituida por un entramado de conclusiones interrelacionadas, que se deriven de múltiples cadenas de pensamientos, todos ellos aptos para producir razonablemente un convencimiento. El autor citado (Ob. Cit., pág. 157), explica que la sentencia carecerá de motivación cuando los razonamientos son contrastados advirtiendo oposición entre ellos o entre ellos y la parte resolutiva, destruyéndose recíprocamente dejando vacía la fundamentación de la decisión. Del Principio de Debida Técnica en el recurso de casación penal. Este Tribunal de Casación viene sosteniendo reiteradamente que el Principio de Debida Técnica se desprende de los requisitos formales para la interposición del recurso, “los que constituyen los mínimos requerimientos que debe contener la demanda de casación a efectos de ser tenida como un verdadero juicio técnico de impugnación, valorativo y preciso” (Véase Germán Pabón Gómez. De la Casación y la Revisión Penal. Colombia 2003. Ediciones Doctrina y Ley. P. 144). Este principio aparece recogido en el artículo 363 del Código Procesal Penal, con los requisitos obligatorios propios del rigor del recurso extraordinario de casación, estableciendo imperativamente que “El recurrente deberá indicar separadamente cada motivo” y “En lo que respecta a la Casación en el Fondo, deberá citar, concretamente, en forma clara y precisa, los preceptos legales que considere infringidos, el sentido en que lo hubieren sido, y expresará, también concretamente, la aplicación o interpretación que pretende…” No se trata de una simple rigidez de la naturaleza del recurso impuesta por un formalismo procesal sin sentido, antes bien, la norma pretende orientar al censor de tal forma que su reproche recursivo se encause dentro de los parámetros establecidos en la normativa procesal con el propósito de precisar mediante este instrumento la falencia del vicio de juicio o de la actividad procesal que agravia al justiciable, convirtiéndose las exigencias del recurso en garantía procesal del reclamo que se intenta, en tanto estos pretenden allanar el camino a la respuesta jurisdiccional mediante el planteamiento de un recurso claro y preciso que importe la aprehensión del recurso ante el Tribunal de Casación a efectos de favorecer la respuesta más congruente ante el recurso, por ello esta Sala de lo Penal ha venido reiterando que el principio de debida técnica requiere observarse en los siguientes sentidos: a) Elegir con puntualidad la causal. b) No salirse ni desbordarse con sus alegaciones, de los extremos y contenidos conceptuales o valorativos, o ámbitos propios de la causal elegida. c) Elaborar planteamientos con claridad y precisión. (En ese mismo sentido sentencia 24 de agosto de 2010 SP 273-08; sentencia 28 de octubre de 2010 SP 199-09; sentencia 18 de enero 2011 SP 351-09). Aun intentando la sala abordar el estudio desde la explicación del censor, no puede colegirse la infracción pretendida, de manera que la falta de claridad y precisión no permite a la Sala de lo Penal arribar al estudio deseado que hubiese permitido un recurso interpuesto observando los requisitos de ley[5]. De la Procedencia del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su Único Motivo. El recurso no es de recibo. En lo que respecta al reclamo interpuesto, la Sala de lo Penal en reiteradas sentencias se ha pronunciado en el sentido que la no conformidad del recurrente con lo resuelto por el sentenciador no es motivo de casación, sino la violación a las reglas de la sana crítica, que analiza el iter de pensamiento del juez mediante el cual ha llegado a una conclusión de condena. Cuando se interpone el recurso de casación por quebrantamiento de forma cuyo motivo es la infracción a las reglas de la sana crítica (como es el caso que nos ocupa), el censor delimita su análisis a la fundamentación probatoria y la trascendencia que pueda tener ésta en la fundamentación fáctica y el posterior fallo; deberá identificar primeramente qué regla de la sana crítica es la infringida (ver sentencias de la Sala de lo Penal de fecha 17 de enero de 2013, recaída en el expediente SP 131-2011; y de fecha 27 de junio de 2013, recaída en el expediente SP 132-2011); posteriormente, deberá identificar el silogismo judicial que considera transgrede la regla previamente identificada, segregar su premisa mayor, su premisa menor y su posterior conclusión, para después explicar y comprobar porqué la conclusión inferida de aquellas premisas, es malograda y no tiene la cualidad de ser respetuosa de nuestro sistema de valoración probatorio, siendo este precisamente el proceso de identificación, explicación y comprobación del vicio que exige una buena técnica recursiva. (Ver sentencia de la Sala de lo Penal de fecha 2 de abril de 2019, recaída en el expediente SP 174-2015). Hoy por hoy, el recurso de casación por quebrantamiento de forma planteando como motivo la violación las reglas de la sana crítica ocupa un gran de porcentaje de los recursos que resuelve esta Sala de lo Penal; desafortunadamente, no en pocos casos, el recurrente acude a tal alegato como una forma de disfrazar la verdadera pretensión de reexamen o revalorización de la actividad probatoria como medio de atacar el juicio valorativo hecho por el tribunal de sentencia, pretendiendo así que los jueces de casación, sin contar con inmediación (entre otros principios faltantes), valoren un medio de prueba determinado, extraigan conclusiones probatorias y luego las compare con aquellas a las que arribó el a quo, decidiendo finalmente si lo hecho por los jueces de la instancia está bien o mal a depender si coincide la valoración de la prueba hecha en única instancia, todo ello impropio en sede casacional. No existe una previa determinación de pruebas, por lo que éste debe de ser asignado por el juzgador de la instancia haciendo mano de las reglas de la sana critica, evaluándolas y determinando el grado de convencimiento que le genera cada una de ellas y en su conjunto en relación a la imputación, lo que constituye un proceso directo de los jueces de instancia y ajeno a los jueces de casación. Por ello, el recurso de casación no provoca un nuevo examen probatorio de los medios que fundan la decisión judicial impugnada; la casación no es una segunda instancia, sino una única instancia encargada de revisar la mera legalidad de la decisión judicial, quedando fuera de tal esfera de competencia la revaloración de la prueba; las partes en la interposición del recurso no pueden pretender que esta Sala de lo Penal declare el acierto o desacierto del Tribunal de Sentencia sobre sus criterios valorativos, pues ello sería rebasar las potestades legales conferidas por la ley a los jueces de casación. A partir de lo expuesto, la Sala de lo Penal identifica que el recurrente se ha dedicado a establecer contradicciones entre sí de los medios de prueba como las declaraciones testificales y entre estas y los demás pruebas evacuadas, el recurrente hace una valoración particular y subjetiva de la prueba, en la que expresa el alcance valorativo que según él tiene cada medio probatorio de tanto de manera individual y como en su conjunto con los otros medios de prueba, en su desarrollo hace alegatos de instancia, lo que devela una queja sobre la valoración probatoria, no porque identifique la mala construcción de un silogismo judicial valorativo cuya formación transgreda alguna regla de la sana crítica, sino porque no está de acuerdo con ella, lo que no es propio de la única instancia en sede casacional. No puede ni debe la Sala de lo Penal, sustituir la función valorativa del juez de instancia, pues es éste quien debe realizarla con arreglo a las reglas de la sana crítica y en apago a los principios de inmediación, contradicción, oralidad y publicidad que rigen la actividad de la prueba; función que constituye un proceso directo del juzgador según los artículos 202, 336 y 338 del Código Procesal Penal. Mucho menos, podrían sustituirla las partes (entre ellos, la defensa), pues tienen vetada esa posibilidad de sustituir el criterio objetivo e imparcial de los jueces de instancia, por el suyo propio, debiendo prevalecer el practicados por éstos al contar con mayor objetividad que el parcial y subjetivo llevado la defensa en beneficio de sus particulares intereses. La Sala de lo Penal, identifica entonces que el censor del fallo nada nos dice de la disconformidad entre la valoración intelectiva de la prueba con el contenido de las reglas citadas como infringidas, y no debe ni puede esta Sala de lo Penal, hacer las veces del impugnante e identificar oficiosamente aquellos postulados intelectivos que no sean congruentes con la reglas citadas como infringidas, pues el artículo 350 del Código Procesal Penal es claro en apuntar que la sentencia que resuelva un recurso solo podrá recaer sobre las cuestiones que hayan sido de impugnación. Por lo anterior, el motivo debe ser desestimado. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Recurso de Casación por Infracción de Ley. Establece el artículo 360 del Código Procesal Penal que “Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba de ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo…” (Lo resaltado es nuestro). De esta norma se puede determinar la configuración del recurso de casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal: Respeto irrestricto a los Hechos Probados: Los hechos probados son el relato cronológico de un acontecimiento histórico anterior al proceso penal y que es objeto de debate, fijados por el Tribunal de Sentencia con base en lo que se ha probado en juicio, derivado de la valoración de los medios de prueba cuya reproducción el juzgador pudo apreciar de manera directa, colocándolo en una posición exclusiva de valoración. Por ello, tratándose de recurso por infracción de ley o de doctrina legal, se debe guardar absoluto respeto a los hechos que se declaren probados en la sentencia, trasladando el control judicial al ámbito de la juridicidad, así señalado en el artículo 369 del Código de Rito, en su tercer párrafo cuando prohíbe al Tribunal de Casación la modificación de los hechos probados, conocido como Principio de Intangibilidad de los Hechos Probados; Falta de correspondencia entre los hechos probados y el fallo por infracción de precepto sustantivo o de principio fijado por la Doctrina Legal, a consecuencia de: Inobservancia de la norma sustantiva o Doctrina Legal que corresponde al caso; Errónea aplicación de una norma sustantiva o de Doctrina Legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis; Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del Principio fijado en la Doctrina Legal; Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal; y Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal. Es importante anotar que debe entenderse como norma sustantiva: a toda aquella que defina tipos penales o que le sean llamadas para conformar una conducta delictiva, aun cuando no tengan la categoría de una norma penal (como es el caso de las normas extrapenales de remisión por una norma penal en blanco), quedando excluidas las normas con contenido procesal. En conclusión, a través del recurso de casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el tribunal de instancia; de allí que a la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia o de la Doctrina Legal que sobre el tema jurídico se haya sentado; su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio -en esencia- consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados). Recurso de Casación por Infracción de Ley. Interpuesto por la defensa privada. Único Motivo. Norma autorizante: Artículo 360 del Código Procesal Penal. Norma que se denuncia infringida: Artículos 192 armonizado al art.194 de del Código Penal. Concepto de la infracción: Aplicación indebida del Artículo 192 al 194 del Código Penal. Acciones de saneamiento o subsanación del vicio denunciado: El vicio se produce en el fallo mismo. Pretensión: Que se emita un fallo absolutorio.Establece el recurrente que el Tribunal de Sentencia ha incurrido en motivo de error In Iudicando por la aplicación indebida del artículo 192 del Código Penal, ya que alcanza la duda, y se evidencia la falta de elementos objetivos y subjetivos consecuente con la participación del mi representado Erlin Jaciel Gómez Padilla como autor en el delito de secuestro, siendo necesaria la certeza para decreta la culpabilidad en perjuicio del testigo protegido “B”, sirviendo como aplicable al caso concreto el artículo 339 del Código Procesal Penal. Del Tipo Penal de Secuestro Extorsivo Interpretando la Declaración Universal de los Derechos Humanos, esta Sala de lo Penal indica que la vida (Art. 3), la dignidad humana (Art. 1) y la libertad (Art.3), constituyen los derechos primarios por excelencia, de los que derivan las cuatro generaciones de derechos humanos reconocidos. La Libertad también constituye un derecho de primera categoría para la Constitución de la República, (arts. 69, 70 y 81), para la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 7.1 y 7.2) y para el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Art. 9.1), que en resumen reconocen un la libertad como un derecho inherente de la persona humana, entendida como un “… atributo de la capacidad que tiene una persona para decidir lo que quiere o no quiere hacer y para trasladarse de un lugar a otro o situarse por sí mismo en el espacio, sin que su decisión se vea constreñida o mediatizada por otras personas.”[6]; La libertad atañe a todos los ámbitos de actuación de la persona humana así por ejemplo, tenemos la libertad de pensamiento, de expresión, de reunión, de asociación, de religión, libertad sexual, libertad ambulatoria, entre otras, cada una de ellas, como lo indica el artículo 70 Constitucional, solo están limitadas por el ejercicio de ese mismo derecho por otras personas, permitiendo así la convivencia social. Particularmente la libertad ambulatoria implica la potestad poder desplazarse libremente de un lugar a otro o el de poder permanecer en un lugar a la libre voluntad, siempre que, como ya se dijo, que no implique la trasgresión del derecho de otros. Con el afán de proteger éste derecho el legislador nacional ha previsto en el Título VI del Libro Segundo del Código Penal, delitos que protegen la libertad, es decir que reprochan el ataque a otro bien jurídico del que su goce solo es posible cuando se tiene libertad, entre estos el Secuestro que reprocha cuando una o más personas privan de su libertad ambulatoria a otra con el propósito de obtener algún provecho o utilidad injusta, por ello Diego Diez[7] señala que “… El delito de coacciones es el género, mientras que la detención ilegal es la especie y el secuestro es la especie agravada. Las coacciones actúan sobre el derecho a la libertad, la detención ilegal sobre la libertad ambulatoria y el secuestro sobre la libertad ambulatoria con un propósito determinado…”. El bien jurídico que de manera primaria se protege el delito de secuestro es, como se dijo, la libertad ambulatoria y al mismo tiempo el delito de secuestro contemplado en el artículo 192 del Decreto legislativo No.125-2003 vigente al momento del hecho que nos ocupa protege el bien jurídico patrimonio de manera secundaria, entendido como todos aquellos intereses que el hombre aprecia fuera de sí mismo, de su vida y de su libertad y que son susceptibles de apropiación. Señala el artículo 192 reformado mediante decreto legislativo No.125-2003 (vigente a partir del 16 de Enero de 2004) del Código penal que se castigara “[…] quien con violencia, intimidación, engaño u otra forma que vicie el consentimiento, sustraiga, retenga, desplace, oculte o prive de cualquier manera de su libertad a una o más personas con cualquiera de los siguientes propósitos: a).- Obtener a cambio de la libertad de la o las personas secuestradas dinero, bienes, títulos u otra utilidad o beneficio; b)… c)…”. Son los ELEMENTOS OBJETIVOS del tipo penal citado: Sujeto Activo: Se trata de un tipo penal común donde los autores o participes no requieren tener una cualidad específica, por ello el delito puede ser cometido por cualquier persona; Sujeto Pasivo igual forma puede ser cualquier individuo, tenga o no tenga vínculos consanguíneos con el sujeto activo, quien por acción de éste/a es privado de su libertad ambulatoria; Por otra parte, tendrá el carácter de perjudicado la persona que como consecuencia de la petición hecha por los secuestradores se vio obligada a entregar u otorgar un beneficio injusto; Objeto Material Del Delito: es la libertad ambulatoria como bien jurídico principal y el patrimonio como bien jurídico secundario; Conducta Criminosa: centrada en el verbo rector, que en este caso son las conductas de sustraer, retener, desplazar, ocultar y privar de la libertad a una persona; Entendidos como: Sustraer: Es la acción de sacar a la persona del lugar en que se encuentre, del lugar al que pertenece, donde desenvuelve su vida en libertad, o bajo la guarda de terceros (Ejemplo: Persona cumpliendo condena de reclusión); Retener: es obligar a la persona a permanecer en un lugar determinado durante un lapso que puede ser más o menos prolongado, que lo saca de su ámbito de libertad; La retención puede realizarse en un lugar hasta donde el sujeto pasivo ha llegado voluntariamente, pero del que no puede alejarse a consecuencia de alguna acción del sujeto activo; Desplazar: Es trasladar a la persona de un lugar a otro sin su conocimiento consentido; Ocultar, que equivale a esconder a la persona, lo cual se logra trasladándola a un lugar desconocido por terceros, de modo que se dificulte la acción de encontrarla o negando conocimiento de su paradero; y Privar: Es quitar o despojar de la libertad a una persona, es decir del poder decisión de alguien de poder ir, permanecer o alejarse; Este verbo rector es en realidad el efecto de los antes enumerados. Modalidad Criminosa, entendida como la forma de llevar a cabo el verbo rector; La acción de secuestrar puede ser realizada por diversas maneras, siempre que ésta vaya en contra de la voluntad del sujeto pasivo, ya que no podríamos hablar de privación de libertad en el caso de que la persona ofendida voluntariamente accediera a dicha condición, es por ello que en la acción de secuestro debe de observarse violencia, intimidación, engaño o aprovechamiento del sujeto activo de una condición particular de la víctima que no le permita oponer resistencia: Violencia (Vis Física): Existente cuando se ejerce fuerza en el sujeto pasivo; Intimidación (Vis compulsa o Psíquica): Que ocurre cuando el sujeto activo provoca en el sujeto pasivo un estado mental de vulnerabilidad que le hace temer por su seguridad o por la de un tercero importante en su vida; Entonces existe intimidación cuando el sujeto activo ejerce violencia en contra de algún familiar del sujeto pasivo o amenaza con hacerlo o cuando estas amenazas son proferidas a la víctima directamente; Engaño: Donde el Sujeto Activo representa una falsa realidad al sujeto pasivo, quien incurriendo en error realiza acciones u omisiones en perjuicio de su propia libertad ambulatoria; y Sin consentimiento Pleno: Dados en los casos donde el sujeto pasivo es menor de edad, padece de algún trastorno mental o se encuentra privado del raciocinio temporalmente por la ingesta de alcohol u otras drogas. Como elemento subjetivo el tipo penal de secuestro se compone por un lado el dolo que es dar vida a los elementos objetivos del tipo con conocimiento y la voluntad de hacerlo, pero además debe de existir un propósito específico y es obtener a cambio de la libertad de la persona secuestrada dinero, bienes, títulos o documentos que produzcan un provecho o utilidad, lo que nos lleva a varias consideraciones: Una privación de libertad preexistente ilegítima puede transformarse en secuestro ulteriormente, mediante la agregación de la exigencia de obtener un beneficio a cambio de su libertad; El provecho injusto puede solicitarse a la propia persona privada de libertad o a un tercero; Existe delito aun cuando se haya producido la muerte del ofendido en el proceso de sustracción, desplazamiento, retención o cuando se le tenga oculto, debido a que el tipo penal no exige que dicha persona sea efectivamente liberada, sino que la privación de la libertad se haya realizado con el propósito de obtener el beneficio injusto, propósito que podría perseguirse ocultando a terceros a los que se les exige “el rescate” que aquella persona cuya liberación se promete y que en realidad ya ha fallecido. Finalmente, en cuanto a la penalidad del delito de secuestro está fijada por el legislador en varias escalas a depender de los hechos: De 10 a 20 años de reclusión, si el sujeto pasivo es liberado voluntariamente por los sujetos activos sin que éstos hubiesen obtenido el beneficio o utilidad reclamada; De 20 años a privación de la libertad de por vida si los sujetos activos liberasen a la persona privada de su libertad después de haber obtenido el beneficio o utilidad reclamado; De 20 años a privación de la libertad de por vida, cuando en el proceso de rescate de la persona secuestrada, ésta u otra persona sufrieren lesiones; Si bien el artículo no establece que clase de lesiones, deben de entenderse que éstas al menos deben de ser alguna de aquellas que el Código Penal tipifica como delito, sin que puedan considerarse aquellas tipificadas como faltas; Todo ello con independencia si han o no obtenido el beneficio o utilidad pretendida; De 30 años de reclusión a privación de la libertad de por vida, si la persona secuestrada u otra persona muriese en el proceso de rescate, con independencia si los sujetos activos haya o no el beneficio o utilidad reclamada; y De 40 años de reclusión a privación de la libertad de por vida, en el caso de que los sujetos activos ocasionaren o dieren muerte al secuestrado, en cualquier momento desde que éste es privado de su libertad, con independencia si han o no obtenido el beneficio o utilidad pretendida; Partiendo de lo anterior, se identifican como CARACTERÍSTICAS del tipo penal de Secuestro Extorsivo contenido en el artículo 192 reformado por Decreto 125-2003: Según Su Estructura: Tipo Penal Especial, al contener en los elementos del tipo penal básico de detención ilegal, al que se le suman elementos especiales; Tipo Penal Complejo: Ya que describe cinco modelos de comportamiento diferentes, cualquiera de los cuales puede dar vida al delito; Según su Contenido; Tipo Penal de Resultado, dado que la conducta debe de ir aparejada con un resultado en el mundo físico misma que al final es la privación de la libertad ambulatoria de una persona, aun cuando los sujetos activos no hayan obtenido el beneficio o utilidad; Tipo de Conducta Permanente, debido a que la conducta reprochada se renueva continuamente durante todo el tiempo en que la persona éste privada de su libertad o, en su caso, durante el tiempo en que aun cuando la persona privada de su libertad haya fallecido, los sujetos activos continúen con su pretensión de obtener un beneficio injusto por parte de un tercero bajo la promesa de liberar a la persona secuestrada; Tipo Penal de Acción: Porque la conducta criminosa descrita cinco verbos rectores, describen un modelo de comportamiento comisivo; Tipo Penal cerrado al estar determinada la conducta objeto de reproche de manera precisa. Según el Sujeto Activo: Unisubjetivo al describir una conducta que puede ser realizada con la concurrencia de un solo sujeto activo, sin desconocer de que la casuística revela que casi en la totalidad se trata de delitos cometidos por dos o más personas y frecuentemente a cargo del crimen organizado; Tipo Penal de Sujeto Activo Común ya que determina que el sujeto activo puede ser cualquier persona distinta al sujeto pasivo, sin que se requiera ninguna cualificación especial o particular; Según el Bien Jurídico Tutelado: Tipo Penal Pluriofensivo, al proteger principalmente la libertad ambulatoria como bien jurídico, pero además complementariamente protege el patrimonio; Es importante insistir en que el bien jurídicamente tutelado primario es la libertad, por ello es que el delito se produce cuando la persona ha sido coartada de ella, aun cuando no se haya obtenido ni se obtenga el beneficio o utilidad;Tipo Penal de Lesión: El tipo penal describe conductas que lesionan el bien jurídico libertad ambulatoria, por lo que es de considerar que es posible que el tipo penal se presente en su grado de ejecución de tentativa, cuando por causas ajenas a la voluntad de los sujetos activos no logren privar de la libertad a una persona con el propósito de recibir a cambio de su liberación un beneficio injusto. De la Procedencia del Recurso de Casación por Infracción de Ley, interpuesto por la defensa privada en su Único Motivo. El recurso no es de recibo. Debe tener presente que habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o de doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido una norma penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada para la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo. El recurso interpuesto obliga a respetar el relato de hechos probados en la sentencia recurrida, pues en estos casos se discuten problemas de aplicación de la norma jurídica y tales problemas han de plantearse y resolverse sobre unos hechos predeterminados, que han de ser fijados al efecto por el tribunal de instancia. El recurso de casación por infracción de ley se articula a partir de las precisiones fácticas que haya establecido el Tribunal de instancia, por no constituir una apelación ni una revisión de prueba. Se trata, en todo caso, de un recurso de carácter sustantivo penal cuyo objeto exclusivo es el enfoque jurídico que, a unos hechos dados, ya inalterables, se pretende aplicar, en discordancia con el sentenciador. Establece el recurrente en su motivo casacional que el Tribunal de Sentencia ha incurrido en motivo de error In Iudicando por la aplicación indebida del artículo 192 del Código Penal, ya que alcanza la duda, y se evidencia la falta de elementos objetivos y subjetivos consecuente con la participación del mi representado Erlin Jaciel Gómez Padilla como autor en el delito de secuestro, sin embargo, en su deposición no confronta los hechos probados con la norma penal que menciona como infringida. Como el recurso presentado por el censor es Infracción de Ley, nuestro estudio se circunscribirá en la relación de hechos probados que ha establecido el Sentenciador, efectuando un encuadre mental conforme a los elementos objetivos de cada tipo penal y verificando su presencia en el cuadro fáctico. La fundamentación fáctica de la sentencia revela que: “PRIMERO: El día cinco de diciembre del año dos mil catorce, siendo aproximadamente las cuatro y treinta de la tarde, la ofendida TESTIGO PROTEGIDO "B" se encontraba en su negocio ubicado en el barrio la Flores, de la ciudad de Tocoa, Colón, junto a varios empleados y algunos clientes, cuando ingresaron los acusados WILMAN OMAR CHIRINOS PINEDA y ERLIN JACIEL GOMEZ BUSTILLO, sin usar pasamontañas quienes los amenazaron con armas de fuego, dirigiéndose ERLIN JACIEL GOMEZ BUSTILLO hacia la TESTIGO PROTEGIDO "B" tomándola de la mano bajo intimidación y conduciéndola hacia un vehículo doble cabina, color rojo con una franja blanca, en el cual se encontraban dos personas más, en donde la vendaron, seguidamente se dirigieron a la rivera de un rio donde esperaron que se hiciera de noche; trasladándola a una casa vieja en construcción ubicada en la aldea Rio Arriba de Ilanga Trujillo, pernoctando esa primera noche en una silla tapándose con un toldo por el frio, luego le dieron un colchón delgado, permaneciendo en cautiverio en ese lugar por siete días diciéndole que si no entregaban el dinero le harían picadillo a sus hijos, siendo cuidada de manera permanente por dos personas, una era el acusado WILFREDO MARADIAGA RODRIGUEZ, quien vivía frente a ese lugar y era quien le llevaba la comida la cual siempre estaba caliente, siendo alimentada por café y sopas instantáneas; en algunas ocasiones llegaban otras personas quienes cubrían sus rostros con pasamontañas, sin embargo un día olvidaron cubrirse identificando ella a WILMAN OMAR CHIRINOS PINEDA; mientras estaba en cautiverio, durante la noche no era vendada y en ocasiones escuchaba las voces de sus captores y el llanto de un niño, escuchando en una oportunidad nombrar a unos como WILMAN Y ERLIN. SEGUNDO: En fecha seis de diciembre del año dos mil catorce el TESTIGO PROTEGIDO "A", recibió llamada telefónica de los captores de la testigo PROTEGIDO "B" a eso de las diez de la mañana, pidiendo rescate de cinco millones de lempiras para la liberación de la víctima, caso contrario la matarían, por lo cual interpuso la denuncia correspondiente ante la Unidad Nacional Anti Secuestro, iniciando este ente las diligencias correspondientes para intervenir las líneas telefónicas de donde se originaban y destinaban las llamadas recibiendo durante el transcurso de los días varias llamadas así como otros familiares de la víctima a quien les hacían las mismas exigencias, llamadas realizadas de los números telefónicos 98888474 y 97727665, y que de este último número se generó comunicación con el número telefónico 99985782 registrado a nombre de WILMAN OMAR CHIRINOS PINEDA; A petición de la víctima, los captores la pusieron en comunicación con su familia, pidiéndoles ella a su familiares que pagaran los valores exigidos que ya no aguantaba esa situación; es así que en fecha once de diciembre del mismo año el testigo PROTEGIDO "A" acuerda con los captores pagar la cantidad de un millón y medio de lempiras y por sus instrucciones lo deja en una cuneta ubicada en el desvió de Braulio, de Tocoa, Colón entre doce y una de la madrugada, liberándose a la TESTIGO PROTEGIDO "B" horas después ya en fecha 12 de diciembre a eso de las cuatro de la madrugada en la caseta de buses de la aldea Lorelay, sector de Sonaguera, Colón.”Estos hechos probados revelan sin lugar a dudas la participación del imputado Erlin Jaciel Gomez Bustillo, Wilman Omar Chirinos Pineda y Wilfredo Maradiaga Rodríguez, en el delito de secuestro, pues encontramos en ellos los elementos objetivos y subjetivos de este tipo penal, en primer lugar el “Intimidación”, que utilizó el acusado en la que se establece “…ingresaron los acusados Wilman Omar Chirinos Pineda y Erlin Jaciel Gómez Bustillo, sin usar pasamontañas quienes los amenazaron con armas de fuego, dirigiéndose Erlin Jaciel Gómez Bustillo hacia la testigo protegido “B” tomándola de la mano bajo intimidación y conduciéndola hacia un vehículo doble cabina..” para trasladar a la ofendida testigo Protegido “B”, “en donde la vendaron, seguidamente se dirigieron a la rivera de un río donde esperaron que se hiciera de noche; trasladándola a una casa vieja en construcción ubicada en la aldea río arriba Ilanga, Trujillo, pernoctando esa primera noche en una silla tapándose con un toldo por el frío, permaneciendo en cautiverio en ese lugar por siete días…” constituyéndose ahí el segundo elemento de tipo, “retuvieron, desplazaron, ocultaron y privaron de su libertad” a la testigo protegido “B”, posteriormente “…el testigo protegido “A” en fecha 06 de diciembre de 2014, recibió llamada telefónica de los captores de la testigo protegido “B”, pidiendo rescate de cinco millones de Lempiras para la liberación de la víctima, caso contrario la matarían…”, estableciéndose ahí otro elemento del tipo, es decir el “propósito” que se señala en el numeral “a” del artículo 192 del Código Penal; por último establecen que en fecha once de diciembre del mismo año el testigo protegido “A” acuerda con los captores pagar la cantidad de un millón y medio de Lempiras y por sus instrucciones lo deja en una cuneta ubicada en el desvío de Braulio, de Tocoa, Colón, liberándose a la testigo protegido “B”, horas después ya en fecha 12 diciembre a so de las cuatro de la madrugada en la caseta de buses de la aldea Lorelay, sector de Sonaguera, Colón.”, conformándose ahí el otro elemento del tipo, que lo constituye el hecho de “conseguir o no su propósito”, pues fue liberada después del pago de un millón y medio de Lempiras. Para esta Sala de lo Penal los hechos probados revelan claramente que los imputados Erlin Jaciel Gomez Bustillo, Wilman Omar Chirinos Pineda y Wilfredo Maradiaga Rodríguez, actuaron por un plan preconcebido entre varias personas, como suele suceder en estos tipos penales, en los cuales existe una distribución de funciones entre las personas que deciden cometer un secuestro, de forma tal que algunos la privan de su libertad, otros piden el rescate y algunos individuos se dedican al cuidado del secuestrado, por tanto resulta evidente que el acusado participó de manera activa con acciones tendientes a lograr su objetivo de privar de la libertad a la ofendido a cambio de dinero, debiendo responder penalmente, cumpliéndose con su propósito. Por todos estos argumentos considera este Tribunal de Casación que los hechos probados son armónicos y encajan de manera perfecta con el tipo penal de secuestro utilizado por el Juzgador, razones suficientes para desestimar el presente recurso de casación. DECISIÓN No ha lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo, interpuesto por el Recurrente número 1.No ha lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo, interpuesto por el recurrente número 2. No ha lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, por Quebrantamiento de Forma y por Infracción de Ley, todos en su único motivo, interpuesto por el recurrente número 3.De La Aplicación Retroactiva Del Código Penal Decreto 130-2017 Principio de Legalidad El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra declarado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y regulado en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal 130-2017 en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos de retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir una pena de cinco a diez años de prisión). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado, disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrará en vigor y cuándo es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo con la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento del juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución Política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme y mientras se esté ejecutando, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas en su totalidad, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. Reglas Generales de Ponderación de la norma más favorable que define el NCP decreto 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigor del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo código sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). Por tanto, la ponderación tendrá una variante a depender de la instancia en que se haga: En la primera instancia, al momento del juzgamiento por el tribunal, la ponderación de los cuerpos normativos parte de la comparación de las penas abstractas, pero sin dejar de tener en consideración la total de los cuerpos normativos como un todo; o En la segunda o única instancia, al resolverse un recurso devolutivo interpuesto en contra de sentencia definitiva la ponderación se realizará entre la pena concreta impuesta y la pena abstracta que corresponda para el mismo hecho e igualmente reparando respecto a la totalidad de los cuerpos normativos. En ambos casos el proceso de ponderación se realiza siguiendo las reglas que se señalan en este apartado. Es importante insistir que la ponderación de la norma más favorable deberá de realizarse al momento del juzgamiento en primera instancia, en segunda instancia o en única instancia; por ello no es procedente aplicación retroactiva en estadios previos del proceso, como ser la audiencia de declaración de imputado, la audiencia inicial, la audiencia preliminar o en la etapa de saneamiento de la etapa de juicio. El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibida la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017; a tal consideración se le suma las siguientes: Penas Conjuntas: No procede la ponderación parcial de penas principales; la ponderación deberá de realizarse tomando en consideración todas las penas conjuntas impuestas por los mismos hechos (Art. 617 NCP).Penas privativas de Libertad: No se realizará aplicación retroactiva del NCP cuando la pena privativa de la libertad (reclusión) con todas sus circunstancias, impuesta de conformidad con el VCP 144-83, fuese también imponible con arreglo al NCP 130-2017 (Art. 616). Ello ocurre cuando la pena concreta impuesta se encuentre dentro marco abstracto de la pena que para el mismo hecho se deba de imponer de conformidad con el NCP 130-2017 (Art. 621). Pena de Multa: No se realizara aplicación retroactiva del NCP cuando la pena impuesta de conformidad con el VCP 144-83, sea la de multa y la que corresponda imponer conforme al NCP 130-2017, igualmente sea una pena de multa.- La aplicación retroactiva se realizara excepcionalmente cuando: a.- No se hubiese hecho abono alguno de la pena de multa impuesta de conformidad al VCP 144-83; y b.- la concreta cuantía impuesta conforme al VCP 144-83 no fuese posible imponer de acuerdo con el NCP 130-2017 desde una perspectiva abstracta (Art. 619). Penas privativas de Derechos: Las penas principales de inhabilitación absoluta y especial se compararán atendiendo a la duración de la pena concreta impuesta en la sentencia y la máxima que pueda imponerse de conformidad con el NCP 130-2017 (Art. 620). Medidas de Seguridad: Respecto a las medidas de ejecución impuestas de acuerdo con el VCP 144-83 que estén pendientes de ejecución o que estén siendo ejecutadas, deberán de ser objeto de revisión y adecuación de conformidad con las normas que regulan las mismas en el NCP 130-2017; (Art. 625). Reglas de Particulares de Ponderación por Concurso de Delitos y Por ausencia de Éste A nivel de punibilidad se regulan los concursos de delitos; ante la colisión temporal de normas sustantivas el juzgador llamado a resolver la acción penal interpuesta en base al rigor del VCP 144-83, deberá de establecer si existe o no concurso de delitos, identificar cual es el que concurre y luego hacer el cálculo de pena abstracta de conformidad a dicho concurso; seguidamente el juzgador deberá de hacer la ponderación de la pena más beneficiosa determinando si conforme a lo probado igualmente se aprecia un concurso según las normas del NCP130-2017, y de ser así deberá de proceder a calcular la pena abstracta, siendo el tercer y último paso la comparación de penas que deban de ser impuestas según cada código penal, reflejándose así cuál de ellos es el que debe de ser aplicado por ser más beneficioso para el procesado o reo. Lo descrito es un proceso general que tiene sus matices a depender cada uno de los concursos, lo que obliga hacer un estudio individualizado: A. Concurso Ideal Cuando conforme a los hechos imputados se deba de aplicar un Concurso Ideal (Art. 67 en relación con el párrafo 6 del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: Ponderación de la norma más favorable se realizará de manera global: comparación de la pena impuesta conforme al concurso ideal según las reglas del VCP144-83 con la pena que correspondería conforme las reglas del concurso ideal del NCP130-2017.- Es contra legem hacer una comparación individual de las penas que conforman el concurso ideal; Cuando una de las penas concursadas corresponda a un delito despenalizado, primero se deberá hacer el nuevo cálculo de la pena agravada del VCP144-83 y luego hacer la comparación global con el NCP130-2017; comparación que debe de hacerse según se explicó en el numeral anterior; o Si con el delito despenalizado desapareciere el concurso ideal, la comparación se deberá de realizar conforme las reglas de las penas no concursadas, que se explican más adelante. Es aplicable en la ponderación de penas impuestas al delito continuado la observancia de los límites de cumplimiento de pena conforme las reglas del concurso real: i.- Limite Subjetivo, ii.- Limite Objetivo Ordinario y iii.- Limite Objetivo Extraordinario, explicado igualmente líneas adelante. b. Delito Continuado En el caso de que la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un delito continuado la ponderación debe hacerse en relación a la pena agravada y no respecto a las penas por cada delito; (Art. 617 NCP). Al apreciarse un concurso continuado (Art. 68 en relación con el párrafo 6 del artículo 616 NCP) se procederá conforme a las mismas reglas señaladas previamente para el delito continuado. En los supuestos en donde conforme el VCP 144-83, corresponda aplicar un concurso real pero conforme el NCP 130-2017 se deba de aplicar un delito continuado, el juzgador deberá de proceder de la siguiente manera: En primera instancia: i. Primero se procederá a realizar el cálculo abstracto de las penas conforme el VCP144-83, las que serán tomadas globalmente, para luego comparar el mismo con el marco abstracto de la pena que corresponda en aplicación del delito continuado según el NCP130-2017, develándose así que código es el más beneficioso en su conjunto. Recuérdese que la comparativa es global (suma de todas las penas abstractas) y no individual por cada pena; ii. En caso de que lo anterior no defina cual es la pena más favorable, el juzgador deberá de proceder a la individualización de la pena concreta de conformidad con el VCP-144-83 y paralelamente a la individualización de la pena concreta de conformidad con el BCP130-2017, de cuya comparación se decidirá que codificación es la más beneficiosa; o En segunda instancia y única instancia: la comparativa parte de la confrontación de las penas que en concurso real hayan sido impuestas en la sentencia impugnada en aplicación del VCP144-83, con el marco abstracto de la única pena que de conformidad al NCP-130-2017 deba de imponerse como consecuencia de la aplicación del delito continuado; así entonces: i. Si las penas individualizadas en concurso real tomadas globalmente (la sumatoria de todas las penas), se encuentra dentro del marco abstracto de la pena del delito continuado, no se aplicará retroactivamente el NCP130-2017; ii. Si las penas individualizadas en concurso real están fuera de la escala de la pena abstracta que deba de imponerse en delito continuado según el NCP130-2017, se aplicara la pena que le sea más favorable al procesado. c. Concurso Real Los supuestos en donde la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un Concurso Real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: La ponderación deberá de realizarse conforme al límite único de cumplimiento de pena que establece el artículo 35 del VCP 144-83 versus los limites objetivo ordinario o limite objetivo extraordinario, según corresponda, y luego de ello conforme al límite subjetivo que prevé el artículo 66 NCP 130-2017, debiendo excluir las penas de delitos que hayan sido despenalizados en la nueva normativa.- Es importante tener presente que ningún límite es preferente a otro y por tanto se aplicará el límite que marque menor pena; así entonces: Cuando entre en acción el Límite Objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá de realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al VCP144-83 y los límites del concurso real que regula el NCP130-2017, siguiendo los siguientes pasos: i. Si ambas legislaciones determinan un mismo límite de cumplimiento, se aplicará el principio de identidad, es decir el VCP 144-83; y ii. Si las legislaciones definen límites de cumplimiento distinto, se aplicará aquel que le sea más beneficioso al acusado o reo (ello sin perjuicio de lo que se señala en el siguiente literal); y/o Para hacer efectivo el Limite Subjetivo, que regula el NCP 130-2017 se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, develando así el límite máximo que puede cumplir el condenado: i.- Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años: la pena se adecuara a dicho límite de conformidad con lo señalado en el literal anterior; ii.- Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años; implica que el resultado matemático será el límite máximo de cumplimiento, el que deberá de ser objeto de comparación con el limite objetivo de cumplimiento del VCP144-83. Cuando las penas consideradas globalmente no superasen ninguno de los límites a los que se refiere el numeral anterior, el juzgador procederá a realizar la comparación de las penas que corresponda en una y otra legislación: En primera instancia la comparación se realizará entre las penas abstractas definidas en cada cuerpo sustantivo; el tribunal sumará todas las penas abstractas que correspondan imponer en concurso real de conformidad con el VCP 144-83 y todas las penas abstractas que prevea el NCP130-2017, las cuales comparará. Si de la comparación no es posible determinar cuál es más beneficiosa para el procesado, el tribunal deberá de proceder a realizar la individualización de las penas de cada delito primero conforme el VCP144-83 y después conforme el NCP130-2017, luego la suma global de dichas penas por cada código será comparadas entre sí, determinando cual es el cuerpo normativo más beneficioso (siempre teniendo presente además el resto de las regulaciones normativas). Finalmente, si aun con las penas individualizadas no existe claridad cuál en su conjunto es más beneficiosa para el acusado, el tribunal le consultara para que éste señale cual le favorece más. En segunda y única instancia la comparación se realizará entre la suma de todas las penas concretas impuestas en concurso real en la sentencia impugnada bajo el VCP 144-83 y la suma de todas las penas abstractas que define el NCP 130-2017. De dicho resultado el tribunal resolverá: i. Si las penas concretas en concurso real VCP 144-83 están dentro de la suma del margen abstracto de las penas del NCP 130-2017, no procederá la aplicación retroactiva de este último; ii. Si la suma de las penas concretas VCP 144-83 no se encuentra dentro del marco abstracto de la suma de penas en concurso real del NCP 130-2017, se aplicará el cuerpo normativo que fije comparativamente las penas más leves, sin dejar de tener en consideración el resto de las disposiciones de cada codificación para efectos comparativos; iii. Si el concurso real está compuesto por Penas Conjuntas, en donde algunas de ellas sean más beneficiosas y otras más gravosas respecto a la comparación hecha con el otro cuerpo legal; el órgano jurisdiccional deberá de tomar como pena definitoria de aplicación la pena de privación de libertad, a menos que el propio acusado señale que a su conveniencia deba de tomarse las otras penas como definitorias. Ejemplo de esto último sería un concurso real con pena global de reclusión por 25 años y multa por L. 700,000.00 conforme el VCP 144-83 y por otro lado una pena de prisión de 17 a 20 años y multa de L. 1,000,000.00 a L. 5,000,000.00 conforme el NCP 130-2017, caso en donde la pena privativa de libertad deberá de definir el código penal a aplicar, siempre que además los beneficios penitenciarios que regule ese mismo código fuesen igualmente más favorables. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Limite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Limite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Limite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos limites no se observaran cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. d. Concurso Medial El concurso medial constituyó una institución penal por muchos años, reglada por el artículo 36 del VCP 143-83, misma que desaparece en el NCP 130-2017. Por tanto, cuando conforme los hechos imputados en base al VCP144-83 deba de aplicarse un Concurso Medial (Art. 66 en relación con el párrafo séptimo del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: Se realizará la comparación global de la pena que corresponda en concurso medial según el VCP144-83 con las penas que correspondería aplicar en concurso real conforme al NCP130-2017, en consideración a los limites subjetivo, objetivo ordinario y objetivo extraordinario, del que hemos hablado en el apartado anterior; Es improcedente hacer comparación individual de las penas que conforman el concurso medial del VCP144-83 y las penas en concurso real del NCP130-2017; Cuando una de las penas corresponda a un delito despenalizado, haciendo desaparecer el concurso Medial, la comparación se deberá de realizar conforme las reglas de las penas no concursadas, lo que se aborda en el apartado siguiente. e. Penas Conjuntas No Concursadas Finalmente, cuando corresponda imponer a una persona una Pena No Concursada, se procederá a la comparación de la pena concreta o de las penas conjuntas (en su caso) impuesta conforme VCP144-83 con la pena abstracta (o penas conjuntas) que correspondan según el NCP130-2017, bajo las siguientes reglas: Si existe coincidencia en la naturaleza de las penas contempladas como sanción en ambas legislaciones: i. No procederá la aplicación retroactiva cuando la nueva legislación prevea una pena más grave que la anterior legislación; ii. No procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada impuesta conforme el VCP144-83 se encuentre dentro del margen abstracto del NCP130-2017; iii. Procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada sea más grave en comparación con el margen abstracto previsto en la nueva legislación; Si el hecho definido como delito tiene previstas Penas Conjuntas (varias penas principales, siendo una de ellas la privativa de libertad) donde una de ellas es más beneficiosa y la otra es más gravosa en comparación con el otro cuerpo legal, el órgano jurisdiccional deberá de tomar como pena definitoria de aplicación la de privación de libertad, a menos que el propio acusado señale que a su conveniencia deba de tomarse las otras penas como definitorias. Ejemplo de esto último sería pena de reclusión por 9 años y multa del 10% de lo defraudado equivalente a L. 50,000.00 conforme el VCP 144-83 en comparación con una pena de prisión de 2 a 3 años y multa 400 días multa equivalente de hasta L. 2,000.000.00 por defraudación a las telecomunicaciones, caso en donde la pena privativa de libertad deberá de definir el código penal a aplicar, siempre que además los beneficios penitenciarios que regule ese mismo código fuesen igualmente más favorables; o Si la sanción impuesta conforme el VCP144-83 es de distinta naturaleza a la prevista en el NCP130-2017, se procederá a hacer una ponderación en atención al caso concreto, incluyendo la situación personal del condenado/a, para determinar cuál de ellas le es más beneficiosa y con esto si procede o no la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal.- En caso de requerirse estudios para determinar cuál de las sanciones es más beneficiosa, éstos deberán de ser ordenados por el Tribunal previo a la decisión. Finalmente, si aun con los estudios realizados no existe claridad cuál de las penas es más beneficiosa para el acusado, el tribunal le consultara a éste para que señale la que más le favorece. Escrito Suplementario Señala el artículo 624 del Código Penal 130-2017 que, en el trámite de un recurso contra una resolución definitiva, las partes podrán presentar un escrito suplementario a efecto de que el tribunal ad-quem lo tome en consideración al momento que corresponda hacer la ponderación de la norma penal más favorable entre el Código Penal vigente al momento del hecho (CP 144-83) y el Código Penal vigente al momento del juzgamiento (CP 130-2017). En el presente caso no se presentó por parte de la defensa privada escrito complementario en el que estableciera su parecer sobre la aplicación retroactiva de la nueva normativa penal; tampoco el Ministerio Público hizo pronunciamiento al respecto, por lo que la Sala de lo Penal se ve obligada a realizar el análisis de oficio tal y como prevé el numeral 3 de la misma norma citada, en relación al acusado señalado. Ponderación en el caso concreto El Tribunal de Sentencia, basado en el Código Penal 144-83, declaró responsable a los acusados Wilman Omar Chirinos Pineda y Wilfredo Maradiaga Rodríguez, del delito de Secuestro a la pena de 23 años de reclusión y en el caso del imputado Erlin Jaciel Gómez Bustillo, se lo condenó también del delito de Secuestro, a la pena de 22 años de reclusión; como penas accesorias se impuso a los acusados la inhabilitación absoluta, la interdicción civil, y la responsabilidad civil. Conforme a la nueva Legislación Penal decreto 130-2017, el artículo 240 regula el delito de secuestro agravado pues conforme a los hechos probados la privación de libertad de la ofendida se extendió por más de 72 horas; así como el pago por la cantidad de un millón y medio de Lempiras ( L. 1,500,000.00), por lo que concurren dos de las circunstancias agravantes : la del numeral 1) “El autor logra el cumplimiento de la condición” y se cumple la del numeral 3 “La privación de libertad excede las 72 horas”; por lo tanto si concurrieran dos (29 o más de las circunstancias se debe imponer la pena de prisión de quince (15) a veinte (20) años y prohibición de residencia por el doble del tiempo de la condena, quien fue condenado solo por el delito de secuestro, al hacer la comparativo de penas se concluye que le es más beneficioso la aplicación de la nueva ley penal decreto 130-2017. Para determinar la pena concreta, debe considerarse las circunstancias agravantes que se encuentran reguladas en el artículo 32 del nuevo Código Penal, tomando en consideración las circunstancias que consideró el Tribunal Sentenciador, siempre y cuando las mismas aparezcan igualmente reguladas en la nueva disposición legal; para esta Sala de lo Penal concurre las circunstancia del numeral 4 “Ejecutar el hecho aprovechando las circunstancias de tiempo y lugar para facilitar su ejecución” y la del numeral 5) “Cometer el hecho por precio, recompensa o promesa remuneratoria”, según los hechos probados los acusados (Wilman Omar Chirinos Pineda y Erlin Jaciel Gómez Bustillo), entraron al negocio, en la que se encontraban varios empleados y clientes y sin usar pasamontañas los amenazaron con armas de fuego, tomándola uno de ellos la mano bajo intimidación y conduciéndola hacía un vehículo doble cabina, color rojo con una franja blanca, en el cual se encontraban dos personas más, en donde la vendaron y se dirigieron a la rivera de un río donde esperaron a que se hiciera de noche, luego la trasladaron a una casa vieja en construcción, permaneciendo en cautiverio por 7 días, diciéndole que si no entregaba el dinero le harían picadillo sus hijos, siendo cuidada de manera permanente por dos personas, una era el acusado Wilfredo Maradiaga Rodríguez, quien vivía frente a su lugar, y en fecha 11 de diciembre de 2014, el testigo protegido “A” acuerda con los captores pagar la cantidad de un millón y medio de Lempiras y por instrucciones lo dejo en una cuneta ubicada en el desvío de Braulio, Tocoa, Colón. Librándose a la testigo protegido “B” horas después ya en la fecha 12 de diciembre del mismo año. por lo que conforme el artículo 70 numeral 1 inciso b, si solo concurre 1 o 2 circunstancias agravantes y ninguna atenuante, se aplica la pena media hasta el límite máximo, esta Sala de lo Penal considera procedente imponer a los acusados Wilman Omar Chirinos Pineda, Wilfredo Maradiaga Rodríguez y, por el delito de secuestro a una pena de 18 años de prisión y prohibición de residencia por el doble del tiempo de la condena. En el caso del acusado Erlin Jaciel Gómez Bustillo, al momento de cometer el hecho contaba con la edad de 20 años, por lo que conforme al artículo 70 numeral f) del Código Penal, establece que cunado concurren circunstancias atenuantes y agravantes se compensan unas y otras para la individualización de la pena, por lo que esta Sala de lo Penal considera imponer al acusado Erlin Jaciel Gómez Bustillo, por el delito de secuestro a una pena de 17 años de prisión y prohibición de residencia por el doble del tiempo de la condena. Por Tanto La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 202, 338, 360, 361, 362, 363, 369 del Código Procesal Penal; 32 numeral 4, 70, 240, 580 numeral 1, 616, 624 del Código Penal decreto 130-2017. Falla: Primero: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo, interpuesto por la Abogada Tania Henríquez, en su condición de defensora privada del acusado Wilfredo Maradiaga Rodríguez. Segundo: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo, interpuesto por el Abogado Luis Fernando Padilla Castellanos, en su condición de defensor privado del acusado Wilman Omar Chirinos Pineda. Tercero: Declara No Ha Lugar los Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, por Quebrantamiento de Forma y por Infracción de Ley en sus únicos motivos, interpuesto por el Abogado Oscar A. Luna, en su condición de defensor privado del acusado Erlin Jaciel Gómez Bustillo. Cuarto: Declara la procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal decreto130-2017, por las conductas reprochadas a los acusados Wilman Omar Chirinos Pineda, Wilfredo Maradiaga Rodríguez y Erlin Jaciel Gómez Bustillo; como consecuencia Reforma la parte resolutiva de la sentencia de fecha veinticuatro de enero de dos mil dieciocho, dictada por el Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional Territorial en Materia Penal, en los siguientes términos: Primero: que debemos condenar y condenamos al señor Wilman Omar Chirinos Pineda y Wilfredo Maradiaga Rodríguez, cuyas generales de identidad se detallan en el preámbulo de esta sentencia, como coautores del delito consumado de Secuestro Agravado, en perjuicio de Testigo protegido “B”, imponiéndole a las penas principales de prisión de 18 años de prisión y prohibición de residencia por el doble del tiempo de la condena. Segundo: que debemos condenar y condenamos al señor Erlin Jaciel Gómez Bustillo, cuyas generales de identidad se detallan en el preámbulo de esta sentencia, como coautor del delito consumado de Secuestro Agravado, en perjuicio de Testigo protegido “B”, imponiéndole a las penas principales de prisión de 17 años de prisión y prohibición de residencia por el doble del tiempo de la condena. El cumplimiento de la pena de prisión impuesta a los acusados deberá ajustarse a las siguientes reglas: i) Del cómputo de la pena de prisión impuesta se deberá deducir el tiempo en que los señores Wilman Omar Chirinos Pineda, Wilfredo Maradiaga Rodríguez y Erlin Jaciel Gómez Bustillo, hayan estado privados totalmente de su libertad ambulatoria en cumplimiento de alguna medida cautelar en este proceso judicial; ii) Por efecto de la aplicación retroactiva del Código Penal decreto 130-2017, el proceso de ejecución de pena deberá hacerse conforme a sus normas, lo que incluye la resolución de cualquier solicitud de libertad condicional; iii) El lugar de cumplimiento de la pena de prisión deberá ser el centro penitenciario más próximo a su último domicilio, esto sin perjuicio de los traslados que disponga el Instituto Nacional Penitenciario con vista a la seguridad y el mejor desarrollo del proceso de rehabilitación del reo. Tercero: que debemos condenar y condenamos a los señores Wilman Omar Chirinos Pineda, Wilfredo Maradiaga Rodríguez y Erlin Jaciel Gómez Bustillo, a cumplir las siguientes penas accesorias por el tiempo de cumplimiento de la pena de prisión: inhabilitación absoluta y suspensión de la ciudadanía, por disposición constitucional (Art. 41.2). Cuarto: se impone a los reos Wilman Omar Chirinos Pineda, Wilfredo Maradiaga Rodríguez y Erlin Jaciel Gómez Bustillo, como consecuencia de su declaratoria de responsabilidad penal, la obligación de trabajar por el tiempo que se encuentren internos cumpliendo la pena de prisión en obras públicas y/o en labores dentro del establecimiento penitenciario en donde se encuentren internados, de conformidad con la Sección VII, del Capítulo IV, del Título II de la Ley del Sistema Penitenciario Nacional, la Ley del Trabajo para Personas Privadas de Libertad y de Permanencia para Reos de Alta Peligrosidad y Agresividad y sus respectivos reglamentos. Quinto: como consecuencia de su declaratoria de responsabilidad penal, se declara a los reos Wilman Omar Chirinos Pineda, Wilfredo Maradiaga Rodríguez y Erlin Jaciel Gómez Bustillo, civilmente responsable por las consecuencias resultantes de delito de secuestro; responsabilidad civil que deberá ser exigida y cuantificada ante el Juzgado de Ejecución competente. Sexto: no procede condenar a los señores Wilman Omar Chirinos Pineda, Wilfredo Maradiaga Rodríguez y Erlin Jaciel Gómez Bustillo a las costas procesales, personales, ni a la restitución de los gastos ocasionados por el presente proceso judicial. Y Manda: A efecto de que se acate lo mandado en el apartado anterior, que la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personas en única instancia, devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento. Notifíquese. FIRMAS Y SELLO José Olivio Rodríguez Vásquez Magistrado Coordinador, Rafael Bustillo Romero Magistrado, Alma Consuelo Guzmán García Magistrada, JOSE RAMON CRUZ SECRETARIO ”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve días del mes de marzo del años dos mil veintitrés (2023).- Certificación de la sentencia de fecha veintinueve (29) de septiembre de dos mil veintidós (2022) recaída en el expediente de casación con numero de ingreso S.P.329-2018.
Rina Koritza Sandoval
receptora adscrita sala de lo penal
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[1] El artículo 8.2 literal h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que, durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, entre otras garantías mínimas, la de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.
[2] Ver Sentencia Penal N° SP 175-2011, dictada por la Sala de lo Penal, de la Corte Suprema de Justicia, en fecha veintisiete de junio del dos mil trece.
[3] VID Sentencia de Casación Penal SP 41-2010 dictada por la Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia en fecha 08 de marzo del 2012
[4] El artículo 8.2 literal h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que, durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, entre otras garantías mínimas, la de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.
[5] VID Sentencia de Casación Penal SP 41-2010 dictada por la Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia en fecha 08 de marzo del 2012
[6] Muñoz Conde, Francisco; Derecho Penal Parte Especial, 14ª Edición, Tirant lo Blanch, Valencia, 2002, Pág. 154.
[7] De Diego Díez, Alfredo; Manual de Derecho Penal, Parte Especial Volumen I, Ediciones San Miguel, Tegucigalpa, Honduras, agosto del 2006, Pág. 140.