Sentencia CP-256-17 — Registro 15657
Resumen
En primera instancia se condenó al imputado como autor del delito de Extorsión, resolviendo en segunda instancia No Ha Lugar el recurso de casación y Declarando la no procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017 .
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"...De la procedencia del recurso. EL ÚNICO MOTIVO NO ES DE RECIBO. Manda el artículo 360 del Código Procesal Penal que el recurso de casación por infracción de ley debe erigirse a partir de los hechos que fueron fijados como probados; es así que el factum deberá ser considerado como una verdad histórica absoluta e incuestionable, a partir de lo cual se estudiará la aplicación del derecho sustantivo que debe gobernar. Partiendo de tal mandado la Sala de lo Penal, en ésta y en todas la sentencias en que resuelve el recurso de casación por infracción de ley, hace una breve explicación de su naturaleza, de los motivos que le componen y de las pretensiones que pueden ser perseguidas con su interposición; sin embargo, y desafortunadamente, el recurrente, al momento de plantear su único motivo, desoyó lo mandado por la norma procesal in comento, y procedió a formular su recurso en torno a la prueba, refutando aquello que se declaró por probado, dando a conocer lo que en lo personal consideró que se dio como probado debido a la parcialidad de los juzgadores con el Ministerio Público, bajo el temor fundado de que si no condenan este tipo de delitos, pueden ser separado de sus cargos. Es así entonces que, al estar construido el único motivo de manera ajena a una correcta técnica recursiva, se ha imposibilitado a esta Sala de lo Penal el poder hacer un estudio de la sentencia y si en ésta se ha realizado una correcta o incorrecta aplicación de las normas sustantivas. .."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 360 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
"...De la procedencia del recurso. EL RECURSO NO ES DE RECIBO. La Sala de lo Penal ha señalado que en casación, como única instancia, solo puede hacer un análisis y en su caso censura, del proceso intelectivo de la sentencia cuando ésta contenga razonamientos que riñan con las reglas de la sana crítica; debe entenderse entonces que el foco de estudio no es la prueba, no es lo que dejó de acreditar o acreditaron los medios probatorios (valoraciones de instancia), sino ese razonamiento plasmado por los jueces y los cuales les llevaron a construir los hechos declarados probados. La exactitud en la confección del recurso de casación por quebrantamiento de forma, tratándose de violaciones a las reglas de la sana crítica debe ser alta: se requiere de la identificación del razonamiento judicial, la identificación de la regla de la sana crítica que se considere violentada, la explicación del porqué el razonamiento judicial contiene un vicio de inobservancia o de mala aplicación de la regla de la sana crítica y finalmente, la explicación del porqué dicha violación tiene una repercusión negativa en la decisión adoptada por el tribunal; es un trabajo técnico, bastante preciso, pues a cada razonamiento judicial debe hacerse el examen sobre su propiedad.- La exigencia técnica del presente recurso es señalar que regla de la sana critica es la que se encuentra violentada, no es suficiente, solo señalar “inobservancia del principio de razón suficiente” “violación a reglas del recto entendimientos humano” y por último “violación a las reglas de la lógica y las máximas de experiencia”. No ha sido claro ni preciso el recurrente en cual regla se acoge como agraviada, pues de ello depende la resolución de esta Sala de lo Penal, aun y cuando, se asuma que la regla de la sana crítica que se alega como inobservada es la de derivación por falta de razón suficiente, la recurrente, debió darse a la tarea de identificar el silogismo judicial que considera indebidamente construido e identificar en éste la premisa mayor, la premisa menor y luego, lo más importante, demostrar que la inferencia realizada (deductiva, inductiva, analógica a pari o analógica a fortiori) es incorrecta (por una de las razones señaladas ut supra) y que por ello la conclusión que se dice necesaria en realidad no lo es; tarea que no termina allí pues además debió explicar por qué tal conclusión malograda es relevante para la decisión final y que por ello dicha decisión fue indebidamente adoptada, nada de eso desarrolla el recurrente. Así las cosas, cuando se cuestiona la violación a las reglas de la sana critica, es incorrecto lo expuesto por la recurrente, dado que su señalamiento recursivo, no es, en el razonamiento judicial (que es el que se controla en casación), sino que lo hace a los medios de prueba, lo que no puede ser objeto de revisión por la Sala de lo Penal, pues ello implicaría valoración de prueba. Expone el recurrente, una reflexión que parte de una valoración privada y personal de los medios de prueba, olvidando que el tribunal de casación no hace valoración de prueba, mucho menos una ponderación conjunta de la carga probatoria para determinar acreditación de delitos y de responsables; como se ha indicado ut supra, la potestad legal de la Sala de lo Penal se limita exclusivamente a determinar si el razonamiento judicial se encuentra dentro del canon de las normas que pautan el recto entendimiento, determinación que se hace partiendo exclusivamente de lo que define el censor como aspectos sujetos a impugnación, que en el presente caso resultaron no demostrativos de vicio e impropios de una correcta técnica recursiva casacional. Como consecuencia, al ser falto de la debida técnica recursiva el recurso planteado, ninguno de los argumentos tiene la propiedad para poder darles una respuesta de fondo.."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362, N.3 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
"...Ponderación en el caso concreto En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso al señor Rubén Gabino González Durón, la pena principal de quince (15) años de reclusión, como autor responsable penalmente de un delito de extorsión, en perjuicio de Testigo Protegido AX694, más una multa de cincuenta (50) salarios mínimos; además de las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil, por el tiempo de la pena privativa de libertad, y las consecuencias penales trabajo penitenciario y responsabilidad civil derivada del delito. La conducta reprochada al acusado está prevista en el Título XX, Capítulo VII, del Libro II del Código Penal 130-2017, reformado mediante decreto legislativo 93-2021 de fecha 07 de octubre del año 2021 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta número 35,760 de fecha 01 de noviembre de 2021, tipificado como delito de extorsión (Art. 373), cuya pena es de quince (15) a veinte (20) años de prisión y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto; marco abstracto dentro del cual se encuentra la pena privativa de libertad impuesta al acusado. Por tanto, no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del nuevo Código Penal. .."
Legislación citada
- Código Penal, art. 615 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
Certificación
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA la sentencia, que literalmente dice: “I. SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta y un días del mes de marzo del año dos mil veintidós, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados, José Olivio Rodríguez Vásquez en su calidad de coordinador, Rafael Bustillo Romero y Alma Consuelo Guzmán García, pronuncian EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente sentencia en el expediente SP 256-2017, conociendo del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, Infracción de Ley y por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha dieciséis de febrero del año dos mil diecisiete, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, mediante la cual falló: PRIMERO: Condenó al señor Rubén Gabino González Durón, como autor del delito de Extorsión, en perjuicio de Testigo Protegido AX694, a la pena de quince años de reclusión, más una multa de cincuenta salarios mínimos; Segundo: Condenó al señor Rubén Gabino González Durón, a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil, por el tiempo que dure la condena principal; Tercero: Declaró la responsabilidad civil del señor Rubén Gabino González Durón; Cuarto: No procede condenar en costas procesales, personales ni gastos ocasionados por el juicio al señor Rubén Gabino González Durón; Quinto: No procede decretar el comiso por no haber sido puestas a disposición del Tribunal piezas de convicción ni de ejecución alguna. Interpuso el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, Infracción de Ley y por Quebrantamiento de Forma, el Abogado Luis Alonso Mejía Rivera, en su condición de defensor privado del acusado Rubén Gabino González Durón. Son partes en única instancia: El Abogado Luis Alonso Mejía Rivera, defensor Privado, en sus condición de recurrente; y la Abogada Diana Elizabeth Rodríguez Corea, agente fiscal del Ministerio Público, en su condición de recurrida. II. HECHOS PROBADOS DE LA INSTANCIA “PRIMERO: Desde el día 23 de diciembre del año 2013, cuatro individuos desconocidos, llegaron al negocio del testigo protegido AX694, identificándose como miembros de la banda de Los Chirizos o El Combo que no se Deja, portando armas de fuego le amenazaron con quitarle la vida o con matar a uno de sus empleados, exigiéndole en el acto les entregara la suma de cinco mil lempiras exactos (Lps5,000.00) y que semanalmente tendría que darles quinientos lempiras exactos (Lps500.00), denunciando el testigo protegido AX694 en la misma fecha el hecho ante la Sección Antiextorsión. SEGUNDO: El día jueves 03 de julio del año 2014, el señor RUBEN GABINO GONZALEZ DURON ocupando el asiento frontal del pasajero en un vehículo color gris sin placa llego acompañado de tres personas a traer los quinientos lempiras (Lps500.00) exigidos al testigo protegido AX694 como cuota semanal, dinero que el testigo protegido entrego a dos personas que bajaron del vehículo automotor. El viernes 04 de julio de 2014, el testigo protegido AX694 fue informado que cuatro individuos habían sido detenidos y que pertenecían a la banda de Los Chirizos, el testigo protegido identificó al señor Rubén Gabino Gonzales Durón como una de las personas que el día anterior llego a recoger el dinero exigido.” III. RECURSO DE CASACIÓN. MOTIVOS Y ARGUMENTOS El recurrente Abogado Luis Alonso Mejía Rivera, defensor privado, procedió a formalizar su recurso de casación de la manera siguiente: “CASACION POR VIOLACION DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL MOTIVO ÚNICO: Por violación al debido proceso. PRECEPTO AUTORIZANTE: Para esta parte recurrente el presente motivo se encuentra comprendido en el artículo 361 del Código Procesal Penal. Exposición del Motivo.- Resulta que todo Tribunal de Sentencia al momento de proferir un fallo, se encuentra en la obligación de observar y aún más cuando le ha sido señalada una violación, a observar si no se ha violentado el orden constitucional por el ente acusador (Ministerio Publico), pues en esto se enmarca La Tutela Judicial. El hecho de observar todas y cada una de las garantías constitucionales en relación al inculpado. Esta observación debe ampliarse hacía Las Leyes que conforman el derecho interno y que son tratados Internacionales, verbigracia, las garantías mínimas consignadas en el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que contrastan perfectamente con las primeras, pues tiene el mismo nivel constitucional, en ese orden de ideas y tratando el caso sub judice, esta defensa alegó en juicio, donde encontró una parcialidad manifiesta de la Sala Juzgadora, Sala Cuarta. Alegamos que nuestro representado, no podía ser sentenciado con un medio de prueba que violenta los principios de Contradicción, consignado en el artículo 4 del Código Procesal Penal. La sentencia que hoy impugno está sustentada en una prueba anticipada que no reúne los requisitos esenciales para su legitimidad, es por ello que esta defensa estima necesario que no se considere, por varias razones: Cuando se realiza la prueba anticipada (folio 23 de la primera pieza), el testigo protegido, responde únicamente a las preguntas del Ministerio Público, y se niega a responder la interrogantes de la defensa. Además se contradice en la misma, al manifestar que la primera vez que llegaron a extorsionarlo, fue el 23 de diciembre del año 2013, fecha cuando interpuso la denuncia y a la ves manifiesta que tiene cuatro a cinco año de ser extorsionado, si se toma la fecha de la denuncia hacia atrás, el hecho es falso, y su dicho sigue el mismo camino. No hay congruencia en su dicho, así lo reconoce la misma Sala cuestionada, al manifestar en su fundamentación jurídica, que el testigo no es claro en su declaración, y aun así le da credibilidad. Olvidó la Sala Cuarta al momento de valorar el medio de prueba, que el único interviniente en el proceso que tiene derecho a guardar silencio, es el imputado. La Víctima tiene otros derechos pero no el de guardar silencio a las preguntas de las partes. Si la víctima quiere demostrar imparcialidad y únicamente decir verdad debe declarar libremente y responder a las interrogantes de la defensa que igual que todos los operadores, no tiene otro propósito que la búsqueda de la verdad. El artículo 14 del Código Procesal Penal, enuncia que el derecho a la defensa es inviolable, por lo que en su párrafo segundo dice “El Imputado y su defensor tiene derecho a estar presente en los actos del proceso que incorporen elementos de prueba y a formular la peticiones y observaciones que consideren oportunas. Nuestra petición y observación oportuna fue que ese elemento de prueba de Prueba anticipada no fuera considerado por la Sala sentenciadora, pues no cumple los elementos esenciales de una verdadera prueba, pues el testigo nunca contestó las preguntas de la defensa, pues él no goza del beneficio del silencio, como lo tiene el procesado. Es por ello que consideramos Violentado el Artículo 90 Constitucional, del debido proceso.” Continúa manifestando el recurrente en su Recurso de Casación por: INFRACCION DE LEY MOTIVO ÚNICO: Interpretación errónea del artículo 222, Párrafo segundo del Código Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: Considero que este motivo se encuentra comprendido en el artículo 360, Párrafo Primero del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: Resulta señoría que, en la sentencia que hoy impugno por la vía casacional, se ha trasgredido el ordenamiento jurídico al interpretar erróneamente el tipo penal de Extorción, consignado en el Articulo 222 del Código Penal, como ley sustantiva infringida. El fallo proferido por los miembros de la Sala Cuarta del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, aduciendo que mi patrocinado participo en el Ilícito penal aludido con anterioridad. De la lectura de los hechos La Sala Cuarta del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, expresa como probados, si bien es cierto no pueden ser cuestionados, de los mismos se colige, una interpretación errónea del tipo penal aplicado en la sentencia por lo siguiente: a) Aparenta incriminar a mi patrocinado el señor RUBEN GABINO GONZALEZ DURON, realizando una actividad de extorción, en fecha 3 de julio del año 2014, aunque dice que su declaración no es clara. b) No menciona el primer hecho considerado probado la actividad delictiva que realizaba mi representado. Los que bregamos en materia penal, desde hace algún tiempo sabemos y debemos saber que, el tipo penal cualesquiera de que se trate, el juzgado al momento de emitir su fallo, debe entre otras cosas observar la Teoría del delito, como analizamos en este apartado el delito de Extorción, se debe analizar, La Acción, como elemento de la teoría del Delito. Según Ignacio Berdugo Gómez de La torre, en su libro, Lecciones de Derecho Penal, Parte General Elementos del Tipo. Página 126, dice que: Que el elemento más importante del tipo lo Constituye La Acción, entendida como comportamiento en sentido y por lo tanto compresivo de conductas activas y omisivas. Los comportamientos externos e internos de la acción quedan comprendidos en los elementos objetivos y subjetivos del tipo. La Aparición externa en del hecho es lo que se describe en el elemento objetivo y por el contrario lo psíquico viene a ser lo subjetivo. Con esa declaración que La Sala, considera no clara, no se sabe cuál es el accionar de mi representado en la supuesta participación, que se le atribuye, es decir la fundamentación jurídica, a la luz de la Teoría del delito, la cual está obligada a realizar, no aparece, por lo tanto el tipo penal de Extorción no existe. En virtud de que sin acción u omisión no puede haber delito. Cuando incursionamos en un campo jurídico, los operadores, debemos saber elementos esenciales, tales como el Objeto del delito que es parte de la teoría del delito al cual nos venimos refiriendo. En el caso concreto cuando esta defensa propone como medio de prueba, Las Actas de decomiso, practicadas a mi patrocinado al momento de su detención, en un negocio ubicado en el Metro Mall, es para acreditar si existía este elemento (Acción) del tipo del delito de Extorción, es decir si se le había encontrado alguno objeto que relacionara a mi representado con el delito por el cual fue traído a juicio, pretensión que no se logró debido a la parcialidad de la sala con el ministerio público, bajo el temor fundado de que si no condenan este tipo de delitos que por ahora afecta a la sociedad hondureña, pueden ser separado de sus cargos, por lo que aun con prueba incorporada por lectura se emitió la sentencia en contra de mi patrocinado. No puede haber delito si no se configuran los elementos del tipo. Por lo que, un de ellas que falte no existe delito. Por lo tanto es preciso que el Tribunal Supremo en materia penal, evite esta injusticia por aplicación errónea del artículo 222 del Código Penal, por lo que la Honorable Sala Penal y Declare con Lugar este Único Motivo de Casación Por Infracción de Ley. Por lo que estimo necesario que debe ser analizada por el Tribunal supremo, como garante de injusticas jurídicas y como último observador de la ley penal.” Finalmente, manifestó el recurrente en su Recurso: POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA PRIMER MOTIVO. Por contener vicios de nulidad por incorporar elementos de prueba por Lectura. PRECEPTO AUTORIZANTE: Considero que este motivo se encuentra comprendido en el artículo 362, preámbulo y numeral 2), del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: Hoy pretendemos demostrar a la máxima autoridad Jurisdiccional uno de los vicios que adolece la sentencia cuestionada, dicho vicio consiste en que al momento del juicio oral y público, El Ministerio Propuso la incorporación mediante lectura de la declaración de la supuesta víctima, manifestando que la misma se había salido del país. En su oportunidad me opuse a la prueba, manifestando que dicho acto violentaba derechos constitucionales de mi patrocinado, a cual me debo, tales como el debido proceso (Artículo 90 de La Constitución). Empero La Sala hizo caso omiso a mi pretensión, presente recurso de reposición para documentar mi petición el cual de igual manera fue denegado. Es por ello que no existiendo otra instancia previa, busco ante vos honorable, Corte Suprema la tutela judicial, que me fue denegada por un tribunal, temeroso de aplicar la norma jurídica al caso concreto. En el caso efectivamente existe una declaración de la supuesta víctima, bajo la modalidad de prueba anticipada. La figura de prueba anticipada para la mayoría de juristas, es violatoria de derechos fundamentales, pues se lleva de encuentro el Principio de Contradicción e inmediatez que debe existir, ante un tribunal que decidirá sobre la libertad actual y a futuro de una persona, y aún más cuando la pena a aplicar es elevada, como el caso que nos ocupa. Como toda regla tiene su excepción y contempla algunas de ellas, pero en el caso concreto, no existe peligro de la perdida de la prueba, del fallecimiento de la víctima. La víctima es tenida como testigo protegido, ya cerró su negocio, por el supuesto temor. No mira esta defensa el argumento de que haya salido del país por esta causa. Son supuestos del Ministerio Público, a los cuales no tiene acceso la defensa para comprobar dicho extremo, y esto de no poder tener acceso a estos hechos violenta el derecho de defensa, pero estamos en Honduras, país donde flota el acero y se hunde el corcho. Nos encontramos ante dos posibles posturas, proteger a la supuesta víctima artículo 277 del Código Procesal Penal o Violenta los Derechos del Procesado, Articulo 362 numeral 2 del mismo cuerpo legal. Recordare en este apartado la institución del Indubio Pro Reo. Según Marco Antonio Díaz de León, en su obra Diccionario de Derecho Procesal Penal, que es la materia que en el caso concreto nos ocupa, define la figura de Indubio Pro Reo de la manera siguiente: Vos latina que significa que el proceso penal debe estarse a lo que más favorece al reo. Este principio establece que la interpretación de la Leyes penales debe hacerse en lo que más ayuda al acusado. Principalmente, el vocablo determina que en caso de duda se debe absolver al procesado. Empero con este fallo, el criterio de la Sala es anti Indubio Pro Reo.” “SEGUNDO MOTIVO. Dejar de considerar en el fallo prueba de valor decisivo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Considero que este motivo se encuentra comprendido en el artículo 362, preámbulo y numeral 2), del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: Nos permitiremos en este motivo dejar muy en claro otro de los vicios que adolece la sentencia que recurrimos, el vicio consiste en que al momento del juicio oral y público, se presentaron varios medios de prueba: Testifical la declaración de los señores: En primer lugar como defensa material el testimonio del señor imputado RUBEN GABINO GONZALEZ DURON, RAYMUNDO ANTONIO FLORES ESCOTO, ELVIN OTILIO LUQUE TORRES Y MARCO TULIO VASQUEZ DURON, testigos que manifestaron ante el tribunal y de manera contundente, el lugar donde laboraba, mi patrocinado, desde cuando laboraba, la actividad que realizaba, como la realizaba y en compañía de quien, a dicho testimonio la Sala lo encuentra congruente entre sí, y con la misma se han establecido las circunstancia directamente relacionada con la actividad laboral que desempeñaba el señor Rubén Gabino González Durón. Continúa manifestando que no le da ningún valor probatorio. Pero no manifiesta cuáles son sus argumentos del porque no le da valor probatorio a las declaraciones de los testigos. Nos deja en el espacio, flotando, sin saber, como defendernos, que no se puede definir de otra manera que indefensión. Por lo tanto este Recurso debe ser casado en este motivo, declarando la nulidad de La Sentencia y emitir un nuevo fallo por una Sala distinta, si temor a ser despedidos, guardando la imparcialidad de los jueces y bajo el único imperio que es la ley, a donde dirigirnos.” “TERCER MOTIVO. Violación de las reglas de la sana Crítica en la valoración de la prueba. Nulidad de la sentencia y del juicio en que fue dictada. Nuevo juicio con Jueces diferentes. PRECEPTO AUTORIZANTE: Considero que este motivo se encuentra comprendido en el artículo 362, preámbulo y numeral 3), del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: Nos permitiremos reproducir íntegramente lo manifestado. “En referencia a la prueba de descargo consistente en la declaración de los señores REYMUNDO ANTONIO FLORES ESCOTO, ELVIN OTILIO LUQUE TORRES Y MARCO TULIO VASQUEZ DURON, es congruente y complementaria entra sí, y con la misma se estableció las circunstancias directamente relacionadas con la actividad laboral que desempeñaba, el acusado RUBEN GABINO GONZALEZ DURON, sin aportar mayores detalles en cuanto a los hechos acusados, por ende no merece ningún valor probatorio....” A las actas de Registro personal, y las Actas de decomiso, las adjunta a la prueba de cargo, sin mencionar o referir, cuál era la pretensión de la prueba de la parte proponente. Es decir es propuesta por nosotros y se usa en contra. Se expresara las pruebas tenidas en cuenta para declarar los hechos probados, justificando, según las reglas de la sana crítica, el valor que se haya dado a las practicadas en juicio,… , al valor la Sala sentenciadora la prueba tenida como anticipada no la puede valor bajo las reglas de la sana crítica, pues no fue evacuada en juicio, no estuvieron ellos presentes, como puedo valorar con justicia un hecho no reproducido en mi presencia. Esta valoración es un grave vicio de la apreciación de la prueba, por la infracción de la reglas de la lógica de la derivación que impone la necesidad de la razón suficiente y justificada, para considerar verdadera una conclusión, lo que no sucede en el caso de autos, pues lo afirmado no resiste el peso de la prueba evacuada en juicio. Es criterio de la Sala de lo Penal que “Las reglas de la Psicología nos enseña que la credibilidad del testigo se funda en dos presunciones, que no engañe y que no quiera engañar y que su capacidad intelectiva no está afectada, ni disminuida con su capacidad moral; para no ser apreciadas por el Juzgador sus declaraciones, debe de fundamentar más contundentemente sus criterios descalificadores, en base a las reglas de la psicología aplicable y a la apreciación de la prueba testimonial.” IV. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Recurso de casación por infracción de precepto constitucional. El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior.[1] En general toda norma legal puede enlazarse con una norma constitucional, más el recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia; en una buena técnica recursiva, el peticionario debe de seleccionar este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el recurso por infracción de precepto constitucional de amplio espectro (recurso ordinario), en contraposición con los recursos de infracción de ley, infracción de doctrina penal y quebrantamiento de formas procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores (recursos extraordinarios). En este último sentido Llorente Fernández expresa que (Llorente Fernández de la Reguera, Ángel, en Los Recursos, Cuadernos de Estudios Judiciales, RAFAEL ALVARADO MANZANO, LITICOM, Tegucigalpa, 2001, págs. 113-115), “la jurisprudencia española ha puesto de manifiesto que este cauce impugnatorio no está previsto para alegar, bajo su cobertura, la vulneración de cualquier norma constitucional, sino específicamente la infracción de aquellas que tienen una estrecha y directa relación con el objeto del proceso en que son invocados. Serán, por tanto, los derechos fundamentales ligados al proceso con carácter general los que tengan cabida en esta vía impugnativa y de un modo especial aquellos que el recurrente entienda que han sido conculcados en el caso concreto...” La esencia del recurso por Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del principio de convencionalidad y el principio de primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. Del Recurso de Casación por Infracción de Ley. Establece el artículo 360 del Código Procesal Penal que “Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba de ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo…” (Lo resaltado es nuestro). De esta norma se puede determinar la configuración del recurso de casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal: 1. Respeto irrestricto a los Hechos Probados: Los hechos probados son el relato cronológico de un acontecimiento histórico anterior al proceso penal y que es objeto de debate, fijados por el Tribunal de Sentencia con base en lo que se ha probado en juicio, derivado de la valoración de los medios de prueba cuya reproducción el juzgador pudo apreciar de manera directa, colocándolo en una posición exclusiva de valoración. Por ello el artículo 369 del Código de Rito, en su tercer párrafo prohíbe al Tribunal de Casación la modificación de los hechos probados, conocido como Principio de Intangibilidad de los Hechos Probados; 2. Falta de correspondencia entre los hechos probados y el fallo por infracción de precepto sustantivo o de principio fijado por la Doctrina Legal, a consecuencia de: a. Inobservancia de la norma sustantiva o Doctrina Legal que corresponde al caso; b. Errónea aplicación de una norma sustantiva o de Doctrina Legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis; c. Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del Principio fijado en la Doctrina Legal; d. Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal; y e. Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal. En conclusión, a través del recurso de casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia; de allí que a la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva hecha por el Tribunal de Sentencia o de la Doctrina Legal que sobre el tema jurídico se haya sentado; su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia; en este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados). Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. El Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. Si no se cumple con los requisitos establecidos por la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo. El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley. Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional; Interpuesto por la Defensa Privada. Único motivo. Precepto autorizante: artículo 361 del Código Procesal Penal. Normas constitucionales que se denuncian infringidas: artículos 90 de la Constitución de la República. Concepto de la infracción: violación al debido proceso. Pretensión: Sin determinar por el recurrente. El censor del fallo, denuncia haber alegado en juicio, que su representado no podía ser sentenciado con un medio de prueba que violenta los principios de contradicción, consignado en el artículo 4 del Código Procesal Penal. Continua en su desarrollo recursivo que la sentencia que hoy se impugno está sustentada en una prueba anticipada que no reúne los requisitos esenciales para su legitimidad; ya que al realizar la prueba anticipada (folio 23 de la primera pieza), el testigo protegido, responde únicamente a las preguntas del Ministerio Público y se niega a responder las interrogantes de la defensa. Medio de prueba que según el recurrente, es contradictoria en sí misma y muestra incongruencias en sus dichos y que así lo reconoce la misma sala cuestionada, al manifestar en su fundamentación jurídica, que el testigo no es claro en su declaración y aun así le da credibilidad; concluye que ha peticionado oportunamente que ese elemento de prueba no fuera considerado por la sala sentenciadora, al no cumplir los elementos esenciales de una verdadera prueba, pues el testigo nunca contestó las preguntas de la defensa, beneficio del silencio que corresponde al procesado. Del debido proceso. La garantía del debido proceso, invocada por el pretensor como aquella que ha inobservado el Tribunal de Sentencia, se encuentra regulada por el artículo 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, artículo 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y artículo 90 de la Constitución de la República, conocida como el debido proceso legal, el cual refiere a los parámetros normativos bajo los cuales deben dispensarse todas las garantías necesarias en el proceso (con independencia de su naturaleza). La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el Informe No. 1/95 de fecha 07 de febrero de 1995, del caso 11,006, referente al proceso de Alan García, Perú, indicó: “El artículo 8 de la Convención Americana en su inciso primero establece que toda persona tiene derecho a ser oído con las debidas garantías en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada en su contra. Así mismo, el mencionado artículo en su inciso segundo prevé que durante el trámite del proceso toda persona tiene derecho a que se respeten ciertas garantías mínimas. La enumeración contenida en esta cláusula ha sido interpretada como una nómina de garantías mínimas no taxativas. De este modo, se ha considerado que existen otras garantías reconocidas en el derecho interno de los Estados que, si bien no están incluidas explícitamente en el texto de la Convención, igualmente se encuentran amparadas por el contenido amplio del inciso 1 del artículo 8 de la Convención”. El principio del debido proceso más que garantizar el respeto a la ritualidad en la dinámica de juzgamiento, es uno de los pilares del derecho procesal penal dirigido a que la persona sometida a la jurisdicción sea juzgada por un juez o jueza natural, competente, imparcial e independiente, pero adicionalmente es un mandato para que este juez además de respetar las formas procesales, reproduzca en cada una de ellas los derechos y garantías consagrados en la Constitución de la República y en los Tratados y Convenciones de los que Honduras forme parte, así pues los llamados principios procesales o principios informadores del proceso, no son más que medios conductores para materializar aquellos derechos y garantías fundamentales que son agrupados bajo la titulación del debido proceso legal, y que constituyen reglas mínimas de juzgamiento, como ser: I. Prohibición de ser procesado mediante la aplicación de leyes retroactivas peyorativas; II. Derecho a ser informado de los cargos criminales en su contra; III. A un juez predeterminado por la ley; IV. A la imparcialidad e independencia del juez; V. Derecho a la defensa material y técnica y a utilizar los medios de prueba pertinentes; VI. A la igualdad de armas procesales; VII. A un proceso público sin dilaciones indebidas; VIII. Respeto al principio de presunción de inocencia; IX. Posibilidad de recurrir ante un tribunal para obtener una revisión de la legalidad de la orden de privación de la libertad provisional; X. Derecho a ser oído en un plazo razonable; XI. Deber de los tribunales de emitir fallos razonados, motivados y con información sustancial; XII. El derecho a impugnar las resoluciones judiciales definitivas para que sean revisadas por un tribunal superior; XIII. A una justicia gratuita; en fin, el derecho a un debido proceso exige la materialización del principio de legalidad. La CIDH, en su informe No. 30/97 del caso 10,087 de fecha 30 de septiembre de 1997, referente a Gustavo Carranza, Argentina, indicó: “67.- El artículo 8 de la Convención Americana impone la existencia de “debidas garantías” durante el proceso de determinación de derechos […] En efecto, el mencionado artículo no contiene un recurso judicial propiamente dicho, sino el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales. Este artículo reconoce el llamado “Debido proceso legal” que abarca las condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquellos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial.”. Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en sentencia de 02 de febrero de 2001, en el caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá, afirmó que: “Si bien el artículo 8 de la Convención Americana se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto “sino [al] conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales” a efectos de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier tipo de acto del Estado que pueda afectarlos. Es decir, cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea administrativo, sancionatorio o jurisdiccional, deben respetar el debido proceso legal.”. El debido proceso se ve materializado cuando se observan estrictamente las normas contenidas en el Código Procesal Penal, el que señala en el Título IV de su Libro Tercero como debe de substanciarse la etapa de juicio y en particular el debate, ergo la transgresión a cualquiera de esas normas legales constituiría vicio in procedendo siempre que por su carácter esencial socave la validez de la sentencia y esto es cuando transgrede o disminuye los principios mencionados. En conclusión, la resolución definitiva debe ser el resultado de la celebración de un proceso penal en el cual se respeten el conjunto de reglas esenciales que le sustentan en una base de legalidad, de lo contrario, cuando el mismo se realiza a espaldas de una de esas reglas, la resolución definitiva se convierte en un fruto viciado. De la procedencia del recurso. El Recurso no es de recibo. El Código Procesal Penal prevé que en contra de las resoluciones definitivas dictadas por los Tribunales de Sentencia procede interponer recurso de casación, cuyo objeto por una parte es velar por el respeto del Principio de Legalidad, con la correcta aplicación de normas constitucionales, normas penal sustantivas y normas procesales y por otra parte la unificación de los criterios legales en el sistema jurisdiccional del Estado mediante la definición de la Doctrina Legal, para ello el legislador a previsto tres tipos de recursos de casación: Infracción de Precepto Constitucional, Infracción de Ley Penal Sustantiva y Quebrantamiento de las Formas Procesales. En una debida técnica recursiva, el censor en primer lugar debe precisar el tipo de recurso de casación que interpone, elegido conforme al vicio que considere adolece la sentencia que impugna, seguidamente debe de explicar los defectos legales y materiales que provoca el vicio mediante el desarrollo de motivos, planteados de manera separada uno de otro, con un argumento claro que permitirá al Tribunal de Casación entender el sentido de la impugnación y dar una respuesta precisa a éste. Tratándose particularmente del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, el censor deberá: 1. Justificar la interposición del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, (recurso ordinario), como consecuencia de la falta de previsión del vicio a denunciar en las causales previstas en los recursos de casación por Infracción de Ley, de doctrina legal o de quebrantamiento de forma (recursos extraordinarios); Es pues que el recurso de casación por infracción de precepto constitucional deberá de ser planteado siempre en defecto de la imposibilidad de interponer aquellos recursos que de manera especial prevén el vicio que se pretenda denunciar; 2. Indicar la norma constitucional o del bloque constitucional que se considere ha sido violada por: inobservancia, indebida aplicación, indebida interpretación o aplicación con alcances restrictivos no contemplados en ella; 3. Exponer de manera clara y precisa el vicio denunciado, como éste se relaciona con la norma constitucional o del bloque constitucional que se considera violentada y principalmente cuales son los efectos legales y necesariamente materiales de dicha violación; 4. En el caso de que el vicio sea de carácter procesal penal, el censor/a deberá de enumerar los remedios legales o materiales intentados para subsanar o sanear el vicio; 5. Expresión clara de la pretensión perseguida con la interposición del recurso; Tal pretensión deberá de ser consecuente con la naturaleza norma constitucional o de bloque constitucional y con el vicio denunciado. En todos los casos será indispensable que el censor sea claro en su exposición y preciso en su argumentación, por ello, en caso de considerar la violación de más de una norma constitucional o del bloque constitucional y/o la concurrencia de más de un vicio, deberá de hacer la denuncia con la debida separación de cada uno de sus argumentos, a efecto de que se distinga con claridad cada uno de ellos y las consecuentes pretensiones. En el presente caso, el impetrante cita como concepto de la infracción violación del debido proceso legal, el cual refiere a los parámetros normativos bajo los cuales deben dispensarse todas las garantías necesarias en el proceso (con independencia de su naturaleza), en opinión de esta Sala de lo Penal, se aprecia que el desarrollo recursivo se desborda de la infracción denunciada y además lo que muestra es un desacuerdo del censor en la forma en que el juzgador ha valorado la prueba y ha arribado determinadas conclusiones; en resumen, el recurrente presenta un desarrollo recursivo basado en haberse violentado los principio de contradicción y no reunir los requisitos esenciales para su legitimidad al momento de evacuarse mediante las formalidades de prueba anticipada la declaración del testigo protegido AX694, quien se rehusó a contestar algunas preguntas de la defensa privada, sin embargo, al momento de dicha evacuación, quien ostentaba la defensa privada no mostro oposición, menos de presentar recurso alguno que mostrara su inconformidad, pues en el desarrollo de la audiencia inicial (F.26) al ser propuesto dicha declaración por la representación del Ministerio Público, a su turno refirió “…y en cuanto a los medios probatorio no objeto los mismo…” dejando precluir la oportunidad de subsanación, por lo cual consintió el acto, resultando improcedente denunciarlo al momento del debate y pretender de igual manera a través de este recurso. Como falta de debida técnica recursiva, ha señalado el recurrente, “…que la declaración del Testigo Protegido AX694 fue contradictoria e incongruente, confirmado por los sentenciadores en su fundamentación jurídica, al describirse que el testigo no es claro en su declaración y que aun así le dio plena credibilidad…”; de la simple lectura de la fundamentación jurídica de la sentencia impugnada (F.165), es posible deducir, que el recurrente omite describir en contexto a que se refiere el tribunal sentenciador cuando describe que el testigo protegido AX694 no fue claro en su declaración, esto deriva por no mostrar claridad cuantas veces el imputado Rubén Gabino González Durón llego a su negocio, al manifestar no saber, lo que no dio certeza a los juzgadores para que el delito fuera calificado como continuado y por ello la condena ha sido de un delito de extorsión simple. El recurrente presenta un recurso vació de contenido, sin realizar una exposición científica del porqué considera que la norma constitucional enumerada ha sido violentada, sino que solamente se limita a no dar mayor explicación, sin determinar con claridad la infracción provocada por los juzgadores y lo relativamente denunciado ha resultado ser improcedente. Recurso de Casación por Infracción de Ley. Interpuesto por la Defensa Privada. Único motivo. Norma Autorizante: 360 del Código Procesal Penal; Normas que se denuncian Infringidas: Artículo 222, párrafo segundo del Código Penal 144-83. Concepto de la Infracción: Interpretación Errónea del artículo que contienen el tipo penal de Extorsión; Pretensión: Declarar con Lugar. El recurrente describe que se ha interpretado erróneamente el tipo penal de extorsión, que de la lectura del hecho probado se colige dicha interpretación, sin dar mayor detalle del mismo, refiere que, con esa declaración, sin detallar de cual testigo, el sentenciador considera no clara. Luego el censor, se desborda del motivo recursivo y denuncia que cuando propuso como medio de prueba las actas de decomiso, practicadas al imputado al momento de su detención en un negocio ubicado en el Metro Mall, era para acreditar si existía este elemento (Acción) del tipo del delito de Extorción y saber si se le había encontrado alguno objeto que lo relacionara con el delito por el cual fue llevado a juicio, pretensión que según el recurrente, no se logró debido a la parcialidad de los juzgadores con el Ministerio Público, bajo el temor fundado de que si no condenan este tipo de delitos que por ahora afecta a la sociedad hondureña, pueden ser separado de sus cargos, por lo que aun con prueba incorporada por lectura se emitió la sentencia en contra de su representado. De la procedencia del recurso. El único motivo no es de recibo. Manda el artículo 360 del Código Procesal Penal que el recurso de casación por infracción de ley debe erigirse a partir de los hechos que fueron fijados como probados; es así que el factum deberá ser considerado como una verdad histórica absoluta e incuestionable, a partir de lo cual se estudiará la aplicación del derecho sustantivo que debe gobernar. Partiendo de tal mandado la Sala de lo Penal, en ésta y en todas la sentencias en que resuelve el recurso de casación por infracción de ley, hace una breve explicación de su naturaleza, de los motivos que le componen y de las pretensiones que pueden ser perseguidas con su interposición; sin embargo, y desafortunadamente, el recurrente, al momento de plantear su único motivo, desoyó lo mandado por la norma procesal in comento, y procedió a formular su recurso en torno a la prueba, refutando aquello que se declaró por probado, dando a conocer lo que en lo personal consideró que se dio como probado debido a la parcialidad de los juzgadores con el Ministerio Público, bajo el temor fundado de que si no condenan este tipo de delitos, pueden ser separado de sus cargos. Es así entonces que, al estar construido el único motivo de manera ajena a una correcta técnica recursiva, se ha imposibilitado a esta Sala de lo Penal el poder hacer un estudio de la sentencia y si en ésta se ha realizado una correcta o incorrecta aplicación de las normas sustantivas. Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Interpuesto por la Defensa Privada. Primer motivo. Normas autorizantes citadas: Artículo 362 numeral 2 del Código Procesal Penal. Normas procesales que se denuncian infringidas citadas: Sin determinar por el recurrente; Concepto de la infracción expuesto: Incorporar elementos de prueba por lectura; Acciones de saneamiento o subsanación del vicio denunciado: Sin determinar por el censor; Pretensión: Sin determinar por el recurrente. Describe el recurrente que, al momento del juicio oral y público, el Ministerio Público propuso la incorporación mediante lectura autorizada la declaración de la supuesta víctima, amparado que había salido fuera del país; argumentó haberse opuesto se autorizara su lectura, por ser un acto violatoria de derechos constitucionales, sin embargo, los sentenciadores hicieron caso omiso a su pretensión, por lo cual, interpuso recurso de reposición que de igual manera fue denegado. Argumenta el censor, que la figura de prueba anticipada para la mayoría de juristas, es violatoria de derechos fundamentales, pues se lleva de encuentro el principio de contradicción e inmediatez que debe existir ante un Tribunal, quien decidirá sobre la libertad de una persona y aún más cuando la pena a aplicar es elevada, como el caso que nos ocupa. Concluye el censor, no encontrar argumento que el testigo protegido haya salido del país, solo son supuestos del Ministerio Público, a los cuales no se tuvo acceso para comprobar dicho extremo, violentando el derecho de defensa, pero estamos en Honduras, país donde flota el acero y se hunde el corcho. De la Oralidad en el Proceso Penal y la Introducción de prueba por Lectura como su Excepción. Es oportuno establecer que uno de los principios rectores del proceso penal es la Oralidad, derivado del artículo 94 de la Constitución de la República el que determina que “A nadie se impondrá pena alguna sin haber sido oído y vencido en juicio…”, pues el ser oído implica una comunicación oral; también en los mismos términos se pronuncian los artículos 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos y 14.1 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos. La importancia de la oralidad está reflejada en su insistente regulación procesal, misma que comienza en el artículo 1 del Código Procesal Penal, más sin embargo, es el artículo 4 que señala que esta forma de comunicación será la regla general en el proceso, salvo en los casos que expresamente se determine lo contrario; especifica la norma procesal en el artículo 310 que “las declaraciones del imputado, de los testigos y peritos y las demás intervenciones que se produzcan durante el debate, así como, las resoluciones o sentencia que dicte el respectivo tribunal, serán orales…” sin perjuicio de que el registro de estas actuaciones pueda ser por escrito. El Principio de Oralidad implica entonces que el proceso penal se regirá bajo una estructura predominantemente a base de audiencias, donde los sujetos y actores del proceso se comunicaran entre sí a través de la palabra hablada como regla general, principio que adquiere más relevancia en la fase de juicio ya que posibilita que otros principios rectores sean igualmente observados, ello a causa de su interdependencia, como ser: la inmediación (Art. 306), la contradicción (Art. 4CPP), la concentración (Art. 306 y 312 CPP) y la publicidad (Art. 308CPP).- Ahora bien y como sucede normalmente en el derecho, éste Principio no es de carácter absoluto, el Código de Rito en el artículo 311 advierte que existen circunstancias, taxativamente enunciadas, que autorizan incorporar por lectura algunas actuaciones que normalmente deben de realizarse en la audiencia de debate oralmente, estas circunstancias son especialísimas, constituyen la excepción al principio de oralidad y deben ser debidamente justificadas y motivadas por el Tribunal de Sentencia; Entre estas circunstancias tenemos la prevista en el numeral 2 del artículo 311. Señala el segundo numeral que se podrán incorporar por su lectura: “Los testimonios o pericias practicadas durante la etapa preparatoria, cuando sea imposible o extraordinariamente difícil su reproducción en el acto del juicio oral.”.- Partiendo de la norma se puede determinar que son requisitos para la incorporación de lectura de una declaración testifical o pericia rendida en la etapa preparatoria: 1. Que figure como medio de prueba a reproducir en la audiencia de debate, ya sea por haber sido admitido como tal en la audiencia de proposición de medios de prueba (Art. 317 CPP) o en la etapa de Incidentes de la audiencia de debate cuando así proceda (Art. 320 CPP); 2. Que el Testigo o el Perito no pueda ser habido a la audiencia de debate por: a. Imposibilidad, entendiéndose como tal la incapacidad sobrevenida y permanente del testigo de dar a conocer lo que sabía de los hechos, esto por muerte o por enfermedad incapacitante; b. Extraordinaria dificultad que acontece cuando el testigo pudiendo externar lo que sabe de los hechos, no es posible hacerlo llegar a la audiencia de debate el día en que se previó su comparecencia o durante un término no mayor de quince días, como es en los casos de que el testigo se encuentre fuera del país o no pueda ser localizado dentro del territorio nacional aun cuando se hayan realizado diligencias para ello; y 3. Que el testigo haya rendido su declaración o que la pericia haya sido practicada en la Etapa Preparatoria (Art. 264 CPP) del proceso penal. La valoración de la declaración introducida por lectura o del dictamen introducido por lectura deberá de conforme a las reglas de la sana critica (Art. 202 CPP), con especial cuidado a los aspectos que hayan podido limitar las garantías de contradicción e inmediación; viendo obligado el Tribunal de Sentencia, de manera ineludible, hacer un examen riguroso de dicho de medio de prueba, pues a la postre se trata de una conversión de un medio de prueba testifical o pericial por uno documental. Las partes podrán recurrir la sentencia que valore un medio de prueba introducido por lectura a la audiencia de debate: 1. Mediante la presentación del recurso de casación por quebrantamiento de forma al amparo del artículo 362.2 del Código Procesal Penal, alegando la introducción indebida por lectura del medio de prueba en violación a alguna de las reglas contenidas en el artículo 311 del mismo Código; y/o 2. Mediante la presentación del recurso de casación por quebrantamiento de forma al amparo del artículo 362.3 del Código procesal Penal, alegando una inadecuada valoración del medio de prueba introducido por lectura, colisionando con la regla contenida en el artículo 202 del Código indicado. De la procedencia del recurso. El primero motivo no es de recibo. Se ha constatado en la foliada judicial, que fue introducida la declaración del Testigo Protegido AX694 mediante lectura autorizada en la audiencia de debate de fecha 09 de noviembre de 2016 (F.148), constatándose, que la declaración del Testigo Protegido AX694, fue realizada con las formalidades de prueba anticipada (F23); declaración sometida a contradictorio tanto del Ministerio Público como de la defensa privada recaída en el Abogado Jorge Eliseo Nuñez Valderramos. En la audiencia de proposición de pruebas (F133), la representante del Ministerio Público propuso entre otros medios de prueba, la testifical, consistente en la declaración del Testigo Protegido AX694 quien depondría acerca de los hechos en los cuales fue víctima de extorsión, misma que fue admitida, sin objeción de la defensa privada. En la audiencia de juicio oral y público (F148), en la etapa incidental el Ministerio Público propuso movimientos migratorios referentes del Testigo Protegido AX694, como pretensión probatoria, su ausencia en el país para rendir su testimonio en la etapa de debate, proponiendo que la misma sea evacuada mediante lectura autorizada, al haber rendido declaración mediante las formalidades de prueba anticipada; a su turno, la defensa mostró objeción a lo solicitado por el Ministerio Público, por ser del parecer, que su admisión es violatorio de derechos constitucionales, sin desarrollar mayor detalle del agravio que le causaba, que no se cumplia con los requisitos de su incorporación, sin esbosar a que requisitos se refiere, y finalizó con referir que se trata de prueba ilícita, sin hacer el minimo desarrollo del argumentos (F.148); resolviendo por unanimidad el Tribunal Juzgador, su admisión mediante lectura autorizada la declaración que rindiera mediante las formalidades de prueba anticipada el testigo protegido AX694 (Art.311 numeral 1 C.P.P.), sustentando la resolución, que, al corroborar la constancia extendida por el Instituto de Migración y contraponerla con los datos de identificación del testigo protegido, concluye que coinciden los mismos, por lo cual, no quedó duda al Tribunal de Sentencia, que el testigo protegido salió del país a consecuencia de las amenazas que sufrió (F.36). La constancia de movimientos migratorios, concatenado con la denuncia interpuesta en la Dirección Nacional de Servicios Especiales de Investigación Fuerza Nacional Anti-Extorsión, acreditó que era extraordinariamente difícil reproducir la declaración del testigo protegido AX694 en el acto del juicio, por encontrarse fuera del país, el cual reviste de esencialidad, al tratarse de la víctima, por lo que era necesario allegar sus declaraciones a la audiencia de debate, esto con independencia a la valoración que debió hacer de las misma conforme a las reglas de la sana crítica los juzgadores, lo cual no puede ser objeto de revisión por esta Corte de Casación a través de este motivo, tal y como lo limita el artículo 350 del Código Procesal Penal. En conclusión, el Tribunal de Sentencia, estaba autorizado para incorporar por lectura autorizada la declaración del testigo en referencia, circunstancia especialísimas que constituye la excepción al principio de oralidad; En ese sentido, lo anterior son razones suficientes para declarar sin lugar el primer motivo de casación en la forma. Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Interpuesto por la Defensa Privada. Segundo motivo. Normas autorizantes citadas: Artículo 362 numeral 2 del Código Procesal Penal. Normas procesales que se denuncian infringidas citadas: Sin determinar por el recurrente; Concepto de la infracción expuesto: Dejar de considerar en el fallo prueba de valor decisivo; Acciones de saneamiento o subsanación del vicio denunciado: Sin determinar por el censor; Pretensión: Declarar a lugar este motivo. Denuncia el censor, que la declaración del acusado y de los demás testigos en descargo, los juzgadores, no manifiestan cuáles son sus argumentos del porque negó darle valor probatorio, dejándole según el recurrente en el espacio, flotando, sin saber como defenderse, que no se puede definir de otra manera que indefensión. De la Exclusión y Falta de Consideración de Prueba con Valor Decisivo Es importante recordar que el Proceso penal es una concatenación de actos interrelacionados entre sí, que tienen como objetivo propiciar un escenario donde el Tribunal de Sentencia, pueda pronunciarse sobre el fondo debatido en estricto respeto del principio de legalidad y del debido proceso. Entre esos actos está el proceso probatorio que va desde la proposición, pasando por la reproducción y finalizando con la valoración de los distintos medios de prueba; Éste proceso inicia con la celebración de la audiencia de proposición de medios de prueba (Art. 317 del CPP), donde las partes podrán proponer los medios de prueba que tengan a bien, siendo estos admitidos cuando superen los requisitos de admisibilidad establecidos en la Ley (Art. 199 del CPP), seguidamente se celebra la audiencia de juicio en donde solo se deben de reproducir los medios de prueba que hayan sido previamente admitidos en la audiencia de proposición de medios de prueba (primera parte del Art. 333 del CPP) y, como excepción, en la etapa de incidentes del debate (Art. 320 del CPP) o como auto para mejor proveer (Segunda parte del Art. 333 del CPP) y finalmente como resultante del debate, el Tribunal dictara sentencia en donde la totalidad de la prueba reproducida debe de ser motivada descriptiva e intelectivamente (Art. 202 y 338.2 del CPP), sin que se pueda considerar otra prueba distinta o dejar de considerar la que formo parte del proceso. Así las cosas, constituye actividad procesal defectuosa cuando el Tribunal de Sentencia irrespete el proceso probatorio, siendo uno de éstos vicios el dispuesto por el Artículo 362.2 del Código Procesal Penal que reprocha cuando la sentencia “excluya o deje de considerar alguna prueba de valor decisivo”; La exclusión de prueba es distinta a la falta de consideración, de este modo: 1. Existe Indebida Exclusión de Prueba cuando habiéndose admitido un medio de prueba y reproducido en la audiencia de debate conforme a las reglas procesales, el órgano juzgador en su sentencia, sin dar a conocer ningún razonamiento, le niega valor alguno al medio de prueba, es decir, hace mención del medio de prueba pero no externa si el mismo merece crédito o por el contrario carece de fiabilidad; otra forma de exclusión indebida de un medio de prueba es cuando el Tribunal de Sentencia haciendo una incorrecta aplicación de la ley, refuta a un medio de prueba como ilícito o no apreciable por falta de cadena de custodia, descartándolo del proceso de valoración, en otras palabras, negándole valor alguno como consecuencia de un desatinado criterio jurídico. 2. Existe falta de consideración de prueba cuando a pesar de haber sido admitidos durante la etapa de juicio y reproducidos en la audiencia de debate, el órgano juzgador no hace alusión alguna sobre éstos, es decir que no existe ninguna mención al medio de prueba en su sentencia. - No se trata pues de un vicio sobre el proceso de valoración del medio de prueba, sino sobre la expulsión del medio de prueba del acervo probatorio. La norma procesal además exige para la configuración del vicio que el medio de prueba excluido o dejado de considerar posea un valor decisivo en la emisión del fallo, cuya evaluación en Casación se efectúa conforme al método la Inclusión Hipotética, que consiste en agregar el medio de prueba excluido o no considerado a la ecuación valorativa, de modo de constatar si con la aportación de los datos de ese medio de prueba el fallo se hubiese afectado en alguno de sus pronunciamientos, de ser así el medio de prueba es de carácter decisivo, por el contrario aun cuando la exclusión o la falta de consideración sea indebida, si su inclusión hipotética no se traduce en la modificación de algunos de los pronunciamientos del fallo, equivale a que el mismo no es de valor decisivo, no dando paso al vicio in procedendo previsto en el artículo 362.2 del Código Procesal Penal. De la procedencia del recurso. El Segundo motivo no es de recibo. Resulta evidente que el recurrente ha explorado el mundo casacional sin antes haberse armado del conocimiento de la técnica, principios y contenido de sus conceptos básicos. El recurrente confunde el alcance de la falta de consideración y se sumerge en aspectos sobre la valoración de la prueba, identificando con ello, la falta de estudio del motivo invocado, pues, como se expresó en el apartado anterior, existe falta de consideración de prueba cuando a pesar de haber sido admitidos durante la etapa de juicio y reproducidos en la audiencia de debate, el órgano juzgador no hace alusión alguna sobre éstos, es decir que no existe ninguna mención al medio de prueba en su sentencia. La declaración del acusado Rubén Gabino González Durón, quien hizo uso su derecho a declarar (F.149) y de los medios de prueba propuestos por la defensa privada consistente en declaraciones testificales de los señores Reymundo Antonio Flores Escoto, Elvin Otilio Luque Torres y Marco Tulio Vásquez Durón, propuesto y admitidos en la audiencia de proposición de prueba (F.134) fueron reproducidos en el Juicio Oral y Público y finalizando como resultante del debate con la sentencia en donde, los medios de prueba testificales de Reymundo Antonio Flores Escoto, Elvin Otilio Luque Torres y Marco Tulio Vásquez Durón (F.162) y la declaración material rendida por el acusado Rubén Gabino González Durón (F.160) fueron motivados descriptiva e intelectivamente (F.163 y 164 respectivamente) por lo cual, si fueron considerados por los juzgadores y no como lo denuncia erróneamente, según su particular visión el recurrente. En resumen, el recurso presentado en su segundo motivo es vacío de contenido, por lo que deben de ser desestimados. Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Interpuesto por la Defensa Privada. Tercer motivo. Normas autorizantes citadas: Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. Normas procesales que se denuncian infringidas citadas: Sin determinar por el recurrente; Concepto de la infracción expuesto: Violación de las reglas de la sana critica en la valoración de la prueba; Acciones de saneamiento o subsanación del vicio denunciado: Sin determinar por el censor; Pretensión: Nulidad de la sentencia y del juicio en que fue dictada. Desarrolla en su recurso, que las actas de registro personal y de decomiso, fuero adjuntadas a la prueba de cargo, sin mencionar o referir, cual era la pretensión de la prueba, cuando según el recurrente fue admitida a su solicitud y fue utilizada en su contra, asimismo agrega, que los sentenciadores, dan valor a una prueba tenida como anticipada, violentando las reglas de la sana critica, pues no fue evacuada en juicio, no fue en presencia de los juzgadores, menos de la defensa privada, siendo un grave vicio de la apreciación de la prueba, por infracción a la regla de la lógica de la derivación que impone una necesidad de razón suficiente y justificada, para considerar verdadera una conclusión. De las Reglas de la Sana Crítica El Código Procesal Penal da exclusiva competencia a los jueces de sentencia para la estimación valorativa de las pruebas y las conclusiones fácticas que de ellas extraigan, siendo ello inatacable por la vía recursiva casacional, siendo solamente controlable el proceso seguido por los jueces para la construcción de tales conclusiones. El artículo 362 No. 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes… 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica.”. Al respecto, se ha señalado que: “… La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva…”. (Fallo de fecha 30 de noviembre del 2001, en el Exp. 194-2009 y de fecha 30 de noviembre del 2011, en el Exp. 297-09, también en ese sentido el fallo de fecha 20 de octubre del 2011, contenido en el Exp. 360-09 y de fecha 05 de abril del 2011, del Exp. 385-09, todos de la Sala de lo Penal). En el apartado de la valoración intelectiva el juzgador debe valorar la prueba, conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la Prueba: Íntima Convicción (propio del Sistema de Juzgamiento por Jurados), Prueba Legal o Tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe darle el juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias) y la Sana Crítica; es este último el que debe observar el juzgador penal hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. En el sistema de la Sana Crítica en la valoración de la prueba, existe plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones guarden una necesaria relación con las premisas que le sustentan, las cuales son a su vez construidas como fruto razonado de las pruebas. En este sistema, el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia de convicción de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común (al respecto ver fallo de fecha 30 de noviembre del 2011, del Exp 125-2010 de la Sala de lo Penal); de este modo “… las reglas de la sana crítica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza…” (fallo Sala Penal de fecha 20 de octubre del 2011, en el Exp 88-09). Componen la Sana Crítica: 1) Reglas de la Experiencia Común o Máximas de la Experiencia. Se refieren a juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el juzgador, relevados de demostración probatoria por adquirirse a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por este hecho son compartidas con las demás personas, aun cuando no formen parte de su mismo grupo social. Nos referimos a fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión o hechos de la cultura común, siendo el antónimo de éstos los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realiza solo un grupo determinado de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior, el conocimiento privado del juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. El juzgador deberá analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común, entre otros: i. Cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca del hecho. ii. Cuando cite como común un hecho que no lo sea, por no ser aprehensibles de manera espontánea por el profano, sino que solo mediante experiencias extraordinarias o mediante estudios especializados; o iii. Cuando afirme como común un hecho que exija demostración probatoria. Las reglas de la experiencia común se basan en la probabilidad, es decir, al momento en que el juzgador valora un hecho, considerará el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos por qué lo considera así. 2) Las reglas de la Psicología. Están referidas, no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento empírico adquirido del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquél. Las Reglas de la Psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo en relación al grupo social, se requiere que el juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la experiencia común, las reglas de la psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado; y 3) Las Reglas de la Lógica. La Lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatorio para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. La lógica aplicable es la “Lógica no formal”, llamada en el ámbito como Razón del Juicio donde las conclusiones se muestran bajo el espectro que irradia la prueba. Las leyes de la Lógica informan sobre leyes universales, a saber: a. La Coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí. La coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente. De la Ley de la Coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: i. El Principio de Identidad: Que exige que toda noción empleada en el razonamiento debe tener una sola y única significación en el todo contextualizado, es decir: una proposición sólo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y”. ii. El Principio de Contradicción: Las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En valoración de prueba: un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. iii. El Principio de Tercero Excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí: una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera y ninguna tercera posibilidad es posible. b. La Derivación: Exige que cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; cada pensamiento debe provenir de otro, con el cual está relacionado, salvo que se trate de un principio, es decir de un juicio inicial. Pero, además, la conclusión debe derivar de elementos suficientes para que justifique la producción de aquella. Existirá omisión al principio lógico de derivación: i. Cuando la conclusión no encuentre correspondencia con el medio de prueba por una indebida inferencia. ii. Cuando la conclusión no sea producto derivado de un medio de prueba, debiendo serlo por tratarse de la afirmación o negación de un hecho de carácter no notorio. iii. Cuando la conclusión sea construida en base a medios de pruebas inexistentes; o iv. Cuando la conclusión esté basada en el contenido de un medio de prueba cuyo contenido esté falseado. De la derivación se extrae el Principio de Razón Suficiente, por el cual toda conclusión requiere una razón suficiente que justifique su existencia; la conclusión debe ser el final del iter lógico seguido en la valoración de las pruebas apoyándose en inferencias razonables; cada conclusión expuesta puede formar una sucesión que al final lleven a una conclusión última en donde se afirme o niegue el hecho juzgado. De la Rúa (Fernando de la Rúa, La Casación Penal, Ediciones Depalma, Buenos Aires, Argentina, pág. 156), señala que la motivación para ser lógica debe responder a las referidas leyes que presiden el correcto entendimiento humano, observando como características: 1. Congruente: En donde las afirmaciones, deducciones y conclusiones guarden una adecuada correlación y concordancia entre sí. 2. Concordante: Cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella. 3. No contradictoria, por estar libre de razonamientos que al oponerse se anulen entre sí al reflejar verdades incompatibles. 4. Inequívoca: al no dejar margen para cuestionar el alcance y significado de los razonamientos y de las conclusiones que le deriven; y 5. Suficiente: al estar constituida por un entramado de conclusiones interrelacionadas, que se deriven de múltiples cadenas de pensamientos, todos ellos aptos para producir razonablemente un convencimiento. El autor citado (Ob. Cit, pág. 157), explica que la sentencia carecerá de motivación cuando los razonamientos son contrastados advirtiendo oposición entre ellos y/o entre ellos y la parte resolutiva, destruyéndose recíprocamente dejando vacía la fundamentación de la decisión. De la procedencia del recurso. El recurso no es de recibo. La Sala de lo Penal ha señalado que en casación, como única instancia, solo puede hacer un análisis y en su caso censura, del proceso intelectivo de la sentencia cuando ésta contenga razonamientos que riñan con las reglas de la sana crítica; debe entenderse entonces que el foco de estudio no es la prueba, no es lo que dejó de acreditar o acreditaron los medios probatorios (valoraciones de instancia), sino ese razonamiento plasmado por los jueces y los cuales les llevaron a construir los hechos declarados probados. La exactitud en la confección del recurso de casación por quebrantamiento de forma, tratándose de violaciones a las reglas de la sana crítica debe ser alta: se requiere de la identificación del razonamiento judicial, la identificación de la regla de la sana crítica que se considere violentada, la explicación del porqué el razonamiento judicial contiene un vicio de inobservancia o de mala aplicación de la regla de la sana crítica y finalmente, la explicación del porqué dicha violación tiene una repercusión negativa en la decisión adoptada por el tribunal; es un trabajo técnico, bastante preciso, pues a cada razonamiento judicial debe hacerse el examen sobre su propiedad.- La exigencia técnica del presente recurso es señalar que regla de la sana critica es la que se encuentra violentada, no es suficiente, solo señalar “inobservancia del principio de razón suficiente” “violación a reglas del recto entendimientos humano” y por último “violación a las reglas de la lógica y las máximas de experiencia”. No ha sido claro ni preciso el recurrente en cual regla se acoge como agraviada, pues de ello depende la resolución de esta Sala de lo Penal, aun y cuando, se asuma que la regla de la sana crítica que se alega como inobservada es la de derivación por falta de razón suficiente, la recurrente, debió darse a la tarea de identificar el silogismo judicial que considera indebidamente construido e identificar en éste la premisa mayor, la premisa menor y luego, lo más importante, demostrar que la inferencia realizada (deductiva, inductiva, analógica a pari o analógica a fortiori) es incorrecta (por una de las razones señaladas ut supra) y que por ello la conclusión que se dice necesaria en realidad no lo es; tarea que no termina allí pues además debió explicar por qué tal conclusión malograda es relevante para la decisión final y que por ello dicha decisión fue indebidamente adoptada, nada de eso desarrolla el recurrente. Así las cosas, cuando se cuestiona la violación a las reglas de la sana critica, es incorrecto lo expuesto por la recurrente, dado que su señalamiento recursivo, no es, en el razonamiento judicial (que es el que se controla en casación), sino que lo hace a los medios de prueba, lo que no puede ser objeto de revisión por la Sala de lo Penal, pues ello implicaría valoración de prueba. Expone el recurrente, una reflexión que parte de una valoración privada y personal de los medios de prueba, olvidando que el tribunal de casación no hace valoración de prueba, mucho menos una ponderación conjunta de la carga probatoria para determinar acreditación de delitos y de responsables; como se ha indicado ut supra, la potestad legal de la Sala de lo Penal se limita exclusivamente a determinar si el razonamiento judicial se encuentra dentro del canon de las normas que pautan el recto entendimiento, determinación que se hace partiendo exclusivamente de lo que define el censor como aspectos sujetos a impugnación, que en el presente caso resultaron no demostrativos de vicio e impropios de una correcta técnica recursiva casacional. Como consecuencia, al ser falto de la debida técnica recursiva el recurso planteado, ninguno de los argumentos tiene la propiedad para poder darles una respuesta de fondo. V. DECISIÓN: No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo. No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su único motivo. No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en sus tres motivos. de la procedencia de la aplicación retroactiva del código penal decreto 130-2017. A. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos de retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir una pena de cinco a diez años de prisión). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado, disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrará en vigencia y cuándo es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento del juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución Política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas en su totalidad, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el CP Decreto 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigor del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo Código sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibido la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando en la sentencia impugnada por un recurso devolutivo se aprecie una pena no concursada, se procederá a la comparación de la pena concreta impuesta conforme CP-144-83 con la pena abstracta conforme CP-130-2017, bajo las siguientes reglas: Si existe coincidencia en la naturaleza de las penas contempladas como sanción en ambas legislaciones: i.- no procederá la aplicación retroactiva cuando la nueva legislación prevea una pena más grave que la anterior legislación; ii.- no procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada impuesta conforme el CP-144-83 se encuentre dentro del margen abstracto del CP-130-2017; iii.- procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada sea más grave en comparación con el margen abstracto previsto en la nueva legislación; o Si la sanción impuesta conforme el CP-144-83 es de distinta naturaleza a la prevista en el CP 130-2017, se procederá a hacer una ponderación en atención al caso concreto, incluyendo la situación personal del condenado/a, para determinar cuál de ellas le es más beneficiosa y con ello si procede o no la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal. En caso de requerirse estudios para determinar cuál de las sanciones es más beneficiosa, éstos deberán de ser ordenados por el Tribunal previo a la decisión. C. Escrito Complementario No fue presentado ante la única instancia escrito por parte de la Defensa Privada del acusado Rubén Gabino González Durón, que expusiera cuál es su criterio en cuanto a la aplicación retroactiva del nuevo cuerpo normativo penal, tal y como lo señala el artículo 624 del Código Penal 130-2017; Tampoco el Ministerio Público hizo pronunciamiento sobre el respecto, por lo que la Sala de lo Penal se ve obligada a realizar el análisis de oficio tal y como prevé el numeral 3 de la misma norma citada, en relación al acusado señalado. D. Ponderación en el caso concreto En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso al señor Rubén Gabino González Durón, la pena principal de quince (15) años de reclusión, como autor responsable penalmente de un delito de extorsión, en perjuicio de Testigo Protegido AX694, más una multa de cincuenta (50) salarios mínimos; además de las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil, por el tiempo de la pena privativa de libertad, y las consecuencias penales trabajo penitenciario y responsabilidad civil derivada del delito. La conducta reprochada al acusado está prevista en el Título XX, Capítulo VII, del Libro II del Código Penal 130-2017, reformado mediante decreto legislativo 93-2021 de fecha 07 de octubre del año 2021 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta número 35,760 de fecha 01 de noviembre de 2021, tipificado como delito de extorsión (Art. 373), cuya pena es de quince (15) a veinte (20) años de prisión y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto; marco abstracto dentro del cual se encuentra la pena privativa de libertad impuesta al acusado. Por tanto, no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del nuevo Código Penal. VI. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 360, 361 y 362.2.3 del Código Procesal Penal Falla: Primero: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo; No Ha Lugar el Recurso de Casación por Ley en su único motivo y No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en sus tres motivos, interpuestos por el Abogado Luis Alonso Mejía Rivera, en su condición de defensor privado del acusado Rubén Gabino González Durón. Segundo: Declara la no procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017, por las conductas reprochadas por el ahora condenado Rubén Gabino González Durón. Como consecuencia de lo anterior, los beneficios penitenciarios deberán de ser otorgados conforme las disposiciones del Código Penal 144-83. Tercero:: Declara Firme y Ejecutable la sentencia de fecha dieciséis de febrero del año dos mil diecisiete, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, que contiene el pronunciamiento condenatorio en contra del señor Rubén Gabino González Durón, como autor del delito de Extorsión, en perjuicio de Testigo Protegido AX694. Y MANDA: A efecto de que se acate lo mandado, la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas en única instancia, deberá devolver los antecedentes del caso al tribunal de justicia de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento. NOTIFÍQUESE. - Firmas y Sello. – José Olivio Rodriguez Vasquez. Magistrado Coordinador. Rafael Bustillo Romero. Magistrado. Alma Consuelo Guzmán García. Magistrada. - Firma y Sello. – José Ramón Cruz Ferrera. -Secretario. Sala de lo Penal.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en fecha diecinueve de enero de dos mil veintitrés. Certificación de la sentencia dictada el treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, recaída en el expediente SP 256-2017.
JOSÉ RAMÓN CRUZ FERRERA
Secretario Sala de lo Penal
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[1]El artículo 8.2 literal h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, entre otras garantías mínimas, la de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.