Sentencia CP-25-21 — Registro 17547
Resumen
En primera instancia se absolvió a los imputados por los delitos de Violación de los Deberes de los Funcionarios, Prevaricato, Falsificación de Documentos Públicos, Uso de Documentos Públicos Falsos y dos delitos de Otros Fraudes, resolviendo en segunda instancia No Ha Lugar el recurso de casación.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"...De la procedencia del recurso. EL PRIMER MOTIVO NO ES DE RECIBO. El planteamiento del recurso de casación por este motivo, su respuesta debe delimitarse al cuestionamiento desarrollado por el recurrente, a razón de los imputados Marco Tulio Gutiérrez, Julio César Gutiérrez Arévalo, Gilberto Lezama, Lena Karim Gutiérrez Arévalo, Ginett Karime Gutiérrez y Gladys Irías, por el delito de falsificacion de documentos Públicos en concurso ideal medial con el delito de fraude (Art.376 CP); de quienes ha denunciado violación de las reglas de la sana crítica en la valoración de los siguientes medios de prueba: A) documentales consistentes en: 1. Instrumento número 3 de fecha 28 de enero del año 2009, autorizada por el notario público Luis A. Velásquez, describe la constitución de la empresa mercantil Gk. American Electronic S. de R.L. de C.V. (F. 63 al 71). 2.- Instrumento número 16, de fecha 28 de noviembre del año 2009, se describe que la empresa mercantil Gk. American Electronic S. de R.L. de C.V. adquiere las acciones de la empresa Astropharma. 3. Constancias emitidas por el Banco BAC, con las que se determinó que la cuenta No. 901028501 tenía firma autorizada del señor Marco Tulio Gutiérrez, Lena Gutiérrez y Gilberto Lezama Toro; 4. Oficio número S-G098-2016 extendido por la Secretaría de Finanzas, en la cual se establece que los beneficiarios en el sistema SIAFI del año 2010 al año 2013, eran los señores Marco Tulio Gutiérrez, Julio César Gutiérrez y Gilberto Lezama Toro; 5. Cheque certificado de una de las Empresas de la Familia Gutiérrez. B) Testificales consistente en la declaración del testigo protegido "AB 14"; y, C) Periciales en relación al Informe Financiero elaborado por la Perito Gina Torres. La Sala de lo Penal señala que en casación, como única instancia, solo puede hacer un análisis, y en su caso censura, del proceso intelectivo de la sentencia cuando ésta contenga razonamientos que riñan con las reglas de la sana crítica; debe entenderse entonces que el foco de estudio no es la prueba, no es lo que dejó de acreditar o acreditó los medios probatorios (valoraciones de instancia), sino ese razonamiento plasmado por los jueces y los cuales les llevaron a construir los hechos declarados probados. Además, el recurrente no debe desviarse de su propio motivo; por ello, todo censor que invoque su inobservancia como motivo de casación deberá ser claro y preciso respecto a aquella regla o principio que fue violentado. Así las cosas, se ha determinado después de hacer una ponderación de la carga probatoria denunciada y reproducida en la audiencia de debate, que ha obedecido a un debido proceso probatorio, siendo ésta insuficiente para permitir al Tribunal de Sentencia emitir un fallo condenatorio. El recurrente hace alusión a fracciones de los muchos aspectos valorativos a los que el Tribunal de Sentencia arribó a partir de la actividad probatoria previamente descrita; por lo que, bajo la hipótesis de que su argumento recursivo fuese legalmente admisible, seguiría siendo insuficiente para determinar que la decisión tomada por los jueces es viciosa, pues los demás razonamientos judiciales (que no fueron objeto de impugnación), le seguirían sirviendo de sustento. En la sentencia los jueces indicaron: 1. En relación a las declaraciones testificales del testigo protegido AB-2014 lo siguiente: “…resulta contradictorio con lo declarado por el Testigo Protegido, quien estableció durante la narración de su declaración haber tenido conocimiento sobre el pago de la Licitación que nos ocupa, mediante auditoria desarrollada durante el año dos mil trece, cuando todavía se está laborado en la empresa, pero como hemos referido los pagos fueron efectuados hasta el 18 de febrero del año 2014; asimismo resulta contradictorio lo expresado en sus dichos en relación al conocimiento sobre la Licitación pública 032-2011-SS, ya que ha manifestado en su propia declaración, una fecha posterior a su contratación, en la Empresa Astropharma, es así que también el testigo establece una serie de situaciones y hechos, que constituyen la comisión de varios delitos, mismos que no denuncio en su momento, como lo constituyen; las supuestas acciones sobre, las dobles facturaciones que supuestamente le ordenaron realizar, por ende un registros de doble contabilidad, que necesariamente tendría como consecuencia, estados financieros fraudulentos, y a su vez defraudación al Fisco y al sistema financiero, entendido este como Fisco y sus sistema financiero la obtención de impuestos o tributos establecidos por el Estado mediante sus Leyes, además de la comisión de otros supuestos ilícitos, como Trafico de Influencias, Cohecho, mediante dadivas a funcionarios, citando como ejemplo durante su declaración al actual, Presidente del Congreso Nacional, Doctor Mauricio Oliva, cuyo periodo Legislativo en el referido cargo no es compatible, con la cronología de tiempo y espacio, establecidos durante su declaración testifical; por ende es evidente que sobre estas acusaciones; no existe en la presenta causa sustento alguno u otro medio de prueba que pueda corroborar, la participación de otras, he incluso su misma participación, en la comisión de esos tipos penales o establecer que esos hechos se hayan cometido, es asi que también; los socios de la Sociedad Mercantil Astrofharma, a quienes señala y acusa como responsables de un atentado en contra de su vida y manifiesta que por tal circunstancia ha recibido protección del Ministerio Publico asi como de organizaciones de la Sociedad Civil, sin poder corroborar nuevamente tales acusaciones, ni que hasta la fecha se haya podido establecer por parte del ente acusador, a quien atribuye o debe atribuirse la responsabilidad de la comisión de ese suceso, por lo que su declaración no resulta ser objetivamente confiable, manifiestamente revertida de parcialidad y sin poderse acreditar con otros medios probatorios, la misma también, carece de la veracidad necesaria exigida por lo que este Tribunal desestima la misma, para poder acreditar la tesis de la acusación…” Denota en la valoración intelectiva de dicha declaración testifical, que los juzgadores encontraron en los mismos distintas perspectivas de los hechos, al no acreditar de manera individual ni relacionada con otros medios de prueba, la existencia de los ilicitos penales, menos la participación de los acusados Marco Tulio Gutiérrez, Lena Gutiérrez, Julio César Gutiérrez, Giannett Gutiérrez, Gilberto Lezama Toro y Gladys Irías, describen los juzgadores, notables contradicciones con el resto de medios probatorios entre otros aspectos; razonamiento intelectivo acorde a las reglas de la sana crítica y no cuestionable para esta Sala de lo Penal. 2. En relación a la prueba documental, indicaron: “…con relación a los medios de prueba documentales contentivos del instrumento Público número 3, de fecha 28 de enero del año 2009, con el cual se constituye la Empresa G.K. American Electronis S.A de C.V., misma que se constituye con el mínimo del valor nominal del capital que es de doscientos cincuenta mil lempiras, (250,000.00), dividido entre dos socios de los cuales uno es la señora Gladis Rivera, cantidad que se brinda por lo socios mediante un cheque certificado n.88422011, que es de la empresa propiedad del señor Marco Tulio Gutiérrez, en su condición de Agente Aduanero, la cual resulta con posterioridad que la Empresa G.K. American Electronis S.A de C.V., es vendida mediante instrumento número 63 de fecha doce de diciembre del año 2012, a la Empresa RIO HYDROPOWER CORPORATION, es asi que el medio de prueba instrumento Público número 3, de fecha 28 de Enero del año 2009, que contiene como soporte el Cheque antes descrito, para este Tribunal; Si solos estos medios probatorios no son suficientes para acreditar un supuesto control por parte del señor Marco Tulio Gutiérrez de esta empresa, por el hecho de haber otorgado a través de una de sus empresas un cheque certificado para que se constituyera una nueva empresa, lo cual está permitido en el trafico legal mercantil; por lo que este hecho solo constituye un indicio, que necesariamente tendría que ser concatenado, con otros indicios, para que estos juzgadores pudiesen inferir una conclusión, con certeza sobre algún punto, cualquiera que este sea, de igual forma sucede con las firmas registradas, puesto que no ha sido punto controvertido que todas las personas que ha fungido como representantes legales tienen registrada la misma, pero con veremos más adelante, ni en la pericia financiera ha sido posible establecer ¿quién? , ¿cómo?, ¿en qué cantidades? y ¿Cuándo? se ha podido disponer del dinero de la cuenta de Bac suscrita a favor de Astrophama, cuenta bancaria que se encuentra registrada en el sistema SIAT, para realizar las transacciones con el Estado, por lo que, mucho menos se ha establecido, ¿Cómo? o ¿Quién? dispuso del dinero que fuere transferido por concepto de del pago de los F1 que realizara el Ministerio de Finanzas, por lo que la prueba no es suficiente para acreditar la tesis acusatoria de los entes Acusadores.-…” Como bien lo refieren los sentenciadores, el cheque extendido por una de las empresas mercantiles del acusado, carece de prueba de respaldo para sustentar la tesis acusatoria, en relación del posible control que ejercía la familia Gutiérrez, para mantener la disponibilidad absoluta, aun y cuando, los socios descritos en la escritura pública corresponden a otras personas distintas de la familia Gutiérrez. De un análisis exhaustivo de los juicios de valor que utilizó el juzgador para valorar la prueba documental evacuada en juicio, los jueces casacionales no encuentran quebranto alguno a las reglas de la sana crítica, todo lo contrario, su adecuada utilización aporta a la sentencia la logicidad y coherencia necesaria. 3. En relación a la prueba pericial, exteriorizaron: “De las pruebas periciales de cargo, resulta que las mismas son , objetivamente confiables, pues fueron realizadas a través de los sentidos y experticia de cada uno de los peritos, las cuales describen y establecen que el medicamento ácido acetil salicílico del lote GA-625, parte de la Licitación 032-20111-SS, tuvo una evaluación en relación a sus condiciones, físico, químicas y microbiológicas, así como fueron analizadas en relación al control de calidad, mediante los medios de prueba también documentales RT-39 de fecha de recepción de 04 de junio del año 2013, RT/38884.13, que se encuentra a folio 22 de la pieza principal, con fecha 24 de julio del año 2013, respectivamente en el cuales se establece que existe una diferencia entre las tabletas y sus características así como en su composición y calidad, sobre el contenido del activo y excipientes de las muestras que fueron recibidas para la licitación, comparadas con las muestra del mismo supuesto lote GA-625, que se encontraban recibidas, como parte de la entrega de los requisitos de cumplimiento de la licitación adjudicada (032-2011-SS), así como las condiciones que según su conocimiento sobre el almacenamiento debieron tener las mismas; pero concluyendo entre otras, que el medicamentos que contenía el ácido acetil salicílico, eran fabricadas y producidas por los laboratorios LAIN, (Laboratorios internacionales).-Es así que estas pruebas periciales resultan ser confiables en virtud de lo apreciado a través de los sentidos de quienes la realizaron, por la experticia científica que sus expertos acreditan, así como veraces al relacionarse y acreditarse entre sí, por lo que deben ser tomadas en cuenta por este Tribunal.- La Pericia Financiera, que se evacuo como prueba de cargo estableció de igual forma que fueron cancelados mediante forma de Cierre de Gestión, denominados, “Formas F01”, con sus números 01688 y 01691, por la cantidad de setecientos treinta mil , seiscientos cuarenta y cinco, lempiras con veinte centavos (lps. 730,645.20) y el otro por la cantidad de setecientos noventa y nueve mil, trecientos cincuenta y cuatro lempiras con ochenta centavos (lps. 799,354.80), describiendo que cada una de estas facturas es producto de la licitación pública numero n.032-2011-SS, por concepto de la compra de productos farmacéuticos y medicinas, pagos que hacen un total de UN MILLON QUINIENTOS TREINTA MIL LEMPIRAS EXACTOS ( lps. 1, 530,000.00), sin que se pueda establecer que esas cantidades sean exclusivamente por el pago de las pastillas de ácido acetil salicílico de 100mg; las cuales, según las cláusulas de la licitación adjudicada tenía un precio de 0.09 centavos ,por pastilla para hacer un total de UN MILLON OCHOCIENTOS MIL LEMPIRAS, (1,800,000.00), estableciendo en ese mismo documento, el tiempo de entrega y la cantidad de entrega de medicamento, todo lo cual se registra y regulo en el Contrato de Licitación Pública, donde también se estableció quien era el laboratorio a cargo de su producción, es asi que esta pericia ha sido incompleta ya que tampoco se ha pronunciado sobre el procedimiento a seguir, destinado a la deducción de responsabilidad de ningún, funcionario público a través del procedimiento del Tribunal Superior de Cuentas, de los funcionarios públicos, que fueron acusados en esta causa, se han relacionado entre si varios medios de prueba de cargo y descargo para establecer los hechos estimados probados y aquellos que no fueron probados, por falta de actividad probatoria que los acreditara, sin embargo, esta pericia financiara, si bien no ha sido completa para acreditar la tesis de la acusación, ha sido objetivamente confiable en razón de análisis que se le solicito, imparcial porque incluso solo comprende y acredita desembolsos del Estado a Favor de la Empresa Astropharma, quien era la distribuidora farmacéutica del medicamento, que se estableció en la licitación pública, fabricado por Laboratorios Internacionales, (LAIN), y es veraz, porque se acredita a través de otros medios probatorios que fueron evacuados en esta audiencia de juicio oral y público, por lo que debe ser considerado por este Tribunal.” En conclusión, los juzgadores han hecho un análisis que no colisiona con el principio lógico de derivación menos con las reglas de la experiencia común, pues de cada conclusión fáctica, es posible identificar su fuente suficiente gracias a un consecuente razonamiento judicial, a razón de que la prueba fue valorada en respeto a las normas del recto entendimiento humano, esto porque en la sentencia se aprecia una disgregación de cada elemento aportado que luego aglutinaron en el fáctum; cada medio probatorio fue analizado descriptiva e intelectivamente por los juzgadores, dándoles su respectiva calificación y señalando su aporte fáctico, sin que de cada medio de prueba documental y pericial, pueda sustraerse la participación en un hecho criminoso por cada uno de los imputados. La prueba evacuada no solo es insuficiente, sino que en ningún momento puede catalogarse como prueba directa y/o perfecta; a razón de lo anterior, el Ministerio Público en su desarrollo recursivo ha señalado que los medios de prueba evacuados constituyen indicios suficientes, para la acreditación de un hecho criminal y de la participación de los acusados en esos hechos. Al respecto, debemos advertir que la doctrina admite la prueba indiciaria -en casos en que no es posible utilizar prueba directa- siempre y cuando aquella parta de unos hechos indiciariamente probados penalmente, ya que no contiene fundar veracidades sobre el asiento de escuetas sospechas; sin duda la prueba directa es más segura y deja menos márgenes a la duda, que la indiciaria, por eso, la doctrina establece ciertos requisitos que deben tomarse en cuenta para la correcta utilización de la prueba indiciaria como base de una sentencia condenatoria, tales como: [8]a) Los indicios han de estar plenamente probados, no cabe construir certezas sobre la base de simples probabilidades. Es por tanto exigible, cuando se trata de prueba indiciaria, la constatación clara de los indicios. b) Pluralidad de indicios, la virtualidad de los indicios reside precisamente en su acumulación, su variedad permitirá controlar en mayor medida la seguridad de la relación efecto-causa. c) El nexo causal ha de ser racional y lógico, la prueba indiciaria requiere, por consiguiente, un proceso de inferencia (inductivo) que aúne el indicio (hecho base) con el hecho presunto. d) Motivación en la sentencia, cuando se trata de una condena basada en hechos indiciarios, la motivación expresa sobre las pruebas practicadas y los criterios racionales que han guiado su valoración es una exigencia básica para poder determinar si existió verdadera prueba indiciaria, o si lo único que se produjo fue una actividad que tan solo logró arrojar sospechas o sugerir conjetura sobre la culpabilidad de los acusados (Véase. De Diego Diez Luis Alfredo. Código Procesal Penal Comentado Honduras. Agencia Española de Cooperación Internacional. Tegucigalpa, Honduras. Año 2000. Página 549-555). En el caso sometido a análisis, el juzgador no encontró estos requisitos para determinar con base en indicios, la culpabilidad de los acusados en los hechos investigados. Si la representación del Ministerio Público contaba únicamente con esta prueba, debió enfocar su esfuerzo en acreditar con prueba indiciaria los requisitos arriba señalados y no lo hizo, es por todo ello, que el recurso debe ser desestimado. .."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362, N.3 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
"...
De la procedencia del recurso. EL SEGUNDO MOTIVO NO ES DE RECIBO. La Sala de lo Penal, enfatiza en la importancia de una motivación suficiente, para la correcta emisión de la sentencia definitiva, no solo por garantía procesal que constituye, (artículos 141 y 338 del Código Procesal Penal), sino también por finalidad última que persigue, que no es más que dar a conocer a las partes, al Tribunal de Casación, y, en definitiva, a cualquier persona que tenga interés en el proceso, del factor racional por el cual el juzgador decidió de una determinada manera y no de otra. Por ende, la labor de motivación legítima en la administración de justicia, ejerce una especie de control sobre la potestad que éste tiene al decidir el caso concreto. Su insuficiencia o carencia es algo más que un defecto formal; puede ser también la exteriorización de deficiencias en el proceso de valoración probatoria y decisión, de quiebras en la lógica de razonamiento que no solo se subsanarán en ocasiones con el enriquecimiento de la fundamentación de la sentencia, sino eventualmente con una decisión distinta fruto de la disciplina mental motivadora. La motivación es mucho más que un deber de “cortesía” con las partes, es una garantía de defensa que tienen frente al posible arbitrio judicial. También hay que recordar que no existe un derecho del justiciable a una determinada extensión de la motivación, puesto que su función se limita a comprobar si existe fundamentación, y, en su caso, si el razonamiento que constituye, lógica y jurídicamente, es suficiente motivación de la decisión adoptada, cualquiera que sea su brevedad y concisión. Por esta razón, prima la calidad de la motivación sobre su extensión. En el caso presente, arguye el censor del fallo que el sentenciador no motivó suficientemente (fáctica) en lo atinente al pronunciamiento absolutorio de los acusados, de quienes se constituye pretensión acusatoria por su participación a título de autores, en varios tipos de delitos, pues considera que no expresa de forma comprensible los motivos de hecho y de derecho que fundamentan su decisión exculpatoria. De lo antes expuesto, la Sala de lo Penal verifica que consta respuesta en la sentencia, de modo indirecto o implícito, siendo admisible ésta cuando en la decisión se manifiesta la negativa de una pretensión de la cual dependa la omitida, y siempre que el conjunto de la resolución permita conocer sin dificultad la motivación de la decisión manifiesta. Esta también conlleva que ha sido respondida de manera implícita si la argumentación del Tribunal para llegar a su convicción sea de tal naturaleza que la haga compatible con otra pretensión dependiente de aquella, con lo que de alguna manera se está respondiendo sobre la pretensión omitida. Y en este caso, el sentenciador motiva de manera suficiente, tanto fáctica como jurídicamente, el fallo absolutorio de la acusación formulada contra los imputados. En definitiva, la omisión denunciada no ocasiona una lesión al derecho de defensa del recurrente tal como lo alega, ya que, al revisar la motivación fáctica jurídica de la sentencia recurrida, sí se desprende que el sentenciador ha explicado suficientemente las razones por las cuales no consideró acreditadas la participación, a título de autor, de cada uno de los acusados. Por estas razones, el presente motivo no es objeto de recibimiento. .."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362, N.2 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia recaída en el expediente del Recurso de Casación SP-25-2021 que literalmente dice: “Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecisiete días del mes de mayo del año dos mil veintidós, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados, José Olivio Rodríguez Vásquez en su calidad de coordinador, Rafael Bustillo Romero y Alma Consuelo Guzmán García, pronuncian En nombre del Estado de Honduras La siguiente sentencia en el expediente SP 25-2021, conociendo del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha trece de septiembre del año dos mil nueve (debe entenderse que se refiere a sentencia del año 2019), dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, mediante la cual falló: PRIMERO: Absolvió a los señores Kristian Manuel Bautista, Martha Grissela Vásquez Ordoñez, María de los Ángeles Fúnez, Mirza Lizeth Ruiz Castro y Erica Castillo, Mirta Gloria Escobar Cárcamo, Maria Cristina Nuñez Garcia, Evelin Flores Diaz, Gilberto Lezama Toro, Marco Tulio Gutiérrez Velásquez, Julio César Gutiérrez Arévalo, Lena Karim Gutiérrez Arévalo, Ginett Karime Gutiérrez y Gladis Irías Rivera por los delitos de Violación de los Deberes de los Funcionarios, Prevaricato, Falsificación de Documentos Públicos, Uso de Documentos Públicos Falsos y dos delitos de Otros Fraudes; uno del 242.1 y otro del 376, así como el delito contra La Salud, en Perjuicio de la Administración Pública, la Fe Pública y La Salud de La Población del Estado de Honduras. SEGUNDO: No Condenó en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio a los Señores Kristian Manuel Bautista, Martha Grissela Vásquez Ordoñez, Maria de los Ángeles Fúnez, Mirza Lizeth Ruiz Castro y Erica Castillo, Mirta Gloria Escobar Cárcamo, María Cristina Nuñez García, Evelin Flores Díaz, Gilberto Lezama Toro, Marco Tulio Gutiérrez Velásquez, Julio César Gutiérrez Arévalo, Lena Karim Gutiérrez Arévalo, Ginett Karime Gutiérrez y Gladis Irías Rivera. TERCERO: No declaró el comiso, por no haber sido puestas a disposición del tribunal piezas de convicción ni de ejecución alguna. Interpuso el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma el Abogado Salvador Cuestas Arévalo, en su condición de Agente Fiscal del Ministerio Público. Son partes en única instancia: El Abogado Salvador Cuestas Arévalo, agente fiscal del Ministerio Público, en su condición de recurrente; los Abogados Gerardo Emilio Martínez Aguilar, defensor privado de Kristian Manuel Bautista, Martha Grissela Vásquez Ordoñez, María de los Ángeles Funez, Mirza Lizeth Ruiz Castro y Erica Castillo; Abogado Darwin Lindolfo García y Doris Imelda Madrid Zerón, defensores privados de Marco Tulio Gutiérrez Velásquez, Lena Karim Gutiérrez Arévalo, Julio César Gutiérrez Arévalo y Ginette Karim Gutiérrez Arévalo, en sus condiciones de recurridos. HECHOS PROBADOS DE LA INSTANCIA “PRIMERO: En fecha 18 de febrero del año 2000 mediante el instrumento número 14 se constituye la empresa con denominación social Astropharma S.A. de C.V. siendo los socios fundadores los señores Marco Tulio Gutiérrez, Lena Karim Arévalo de Gutiérrez, Reina Isabel Gutiérrez y Mario Roberto Gutiérrez. SEGUNDO: En fecha 15 de abril del año 2002 mediante el instrumento número 10 se incluye como nueva socia de la empresa mercantil Astropharma a Lena Karim Gutiérrez Arévalo y a su vez nombrada como Gerente General de la empresa antes referida. TERCERO: En fecha 21 de junio del año 2005 mediante instrumento número 15 se incorpora nuevos socios a la persona jurídica denominada Astropharma, conformada por Julio César Gutiérrez Arévalo, Lena Karim Arévalo de Gutiérrez y Gineth Karim Gutiérrez Arévalo. CUARTO: En fecha 28 de noviembre del año 2009 mediante el instrumento 338 los señores socios Lena Karim Gutiérrez Arévalo, Gineth Karim Gutiérrez Arévalo y Julio César Gutiérrez Arévalo venden el total de sus derechos y acciones de la empresa Astropharma a la empresa GK American Electronic representaciones S.A de C.V. QUINTO: En fecha 28 de octubre del año 2010 mediante el instrumento 292 el mismo es contentivo de varios acuerdos de asamblea de la empresa Astropharma, en la cual se establece que el señor Gilberto Lezama Toro fue nombrado como representante legal y socio de la empresa Astropharma S.A. de C.V. SEXTO: En fecha 16 de marzo del año 2012 se adjudicó la licitación pública número 032-2011-SS, mediante acta de recomendación número 5-2012-SS, donde se estableció la participación de 24 empresas debidamente certificadas y calificadas, entre las cuales se encontraba la compañía distribuidora Astropharma, misma que entre otros medicamentos fue ofertado y adjudicado a su favor, a través del medicamento denominado, ácido acetil salicílico de 100mg, mismo que era elaborado y registrado a favor de laboratorios internacionales LAÍN.”RECURSO DE CASACIÓN. MOTIVOS Y ARGUMENTOS El recurrente Abogado Salvador Cuestas Arévalo, agente fiscal del Ministerio Público, procedió a formalizar su Recurso de Casación de la manera siguiente: “MOTIVOS DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA PRIMER MOTIVO: No haber observado el Sentenciador en la Valoración de la Prueba, las Reglas de la Sana Crítica PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 362 numeral 3) del Código Procesal Penal. EXPOSICION DEL MOTIVO: Como sabemos, el sistema de valoración de prueba en el proceso penal hondureño, permite al Juzgador una cierta autonomía en la estimación de las probanzas que le son ofertadas, para alcanzar determinado convencimiento; sin embargo, dicha apreciación debe apegarse a lo preceptuado en el artículo 202 de la normativa Procesal Penal, que establece: "Las pruebas serán valoradas con arreglo a la Sana Crítica. El órgano jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida"; ello, en relación con numeral 2 de la regla cuarta del artículo 338 del citado cuerpo normativo.- En ese sentido, La Sala de lo Penal ha expresado:" que las reglas de la sana crítica "son, ante todo, las reglas del correcto entendimiento humano. En ella interfieren las reglas de la lógica, con las reglas de la experiencia del juez" (Couture Eduardo J. Fundamentos de Derecho Procesal Civil. De Palma. 3ª edición. Argentina. 1993.P2.- [1] En alusión a la violación de las Reglas de la Sana Crítica, la [2]Sala de lo Penal, considera pertinente recordar, que el artículo 362 No. 3) Penal prevé: "que el recurso por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes... 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica." Al respecto se ha señalado que "... La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva...". (Fallo de fecha 30 de noviembre del 2001, en el Exp 194-2009 y de fecha 30 de noviembre del 2011, en el Exp 297-09, también en ese sentido el fallo de fecha 20 de octubre del 2011, contenido en el Exp 360-09 y de fecha 05 de abril del 2011, del Exp 385 09). En el apartado de la valoración intelectiva el Juzgador debe valorar la prueba, conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la Prueba: Intima Convicción (Propio del Sistema de Juzgamiento por Jurados), Prueba Legal o Tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe de darle el Juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias) y la sana crítica. Es éste último el que debe de observar el Juzgador Penal Hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. En cuanto a la Sana Crítica como Sistema de Valoración de la Prueba, esta Sala ha señalado que en "...la valoración de la prueba, impera la plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones a las que arriben sean el fruto razonado de las pruebas en que se apoyen. En este sistema el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana critica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia conviccional de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común..." (Fallo de fecha 30 de noviembre del 2011, del Exp 125-2010); de este modo "... las reglas de la sana critica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza..." (Fallo Sala Penal de fecha 20 de octubre del 2011, en el Exp 88-09). Partiendo de la Doctrina Legal sentada por esta Sala Penal en los fallos de fecha 30 de Noviembre del 2001 del Exp 194-2009, de fecha 30 de noviembre del 2011, contenido en el Exp 297-09, de fecha 02 de noviembre del 2011, en el Exp 242-09 y de fecha 30 de noviembre del 2011, que resuelve el caso del Exp 125-2010... Como consecuencia de lo anterior, el conocimiento privado del Juzgador no es permitido en la valoración de la prueba, al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio...". En el caso sub judice, es evidente que el A quo efectúa una valoración intelectiva ineficaz, dado que el contenido de la probanza que se ha incorporado legalmente al debate, no fue considerada de forma integral o conjunta, en desapego a los principios básicos de la Regla de la Lógica, como el de la razón suficiente, lo que lo llevó a concluir erróneamente, en un fallo absolutorio, al estimar que la prueba practicada en juicio ha resultado insuficiente para acreditar la participación de los acusados MARCO TULIO GUTIÉRREZ, JULIO CÉSAR GUTIÉRREZ ARÉVALO, GILBERTO LEZAMA, LENA KARIM GUTIÉRREZ ARÉVALO, GINETT KARIME GUTIÉRREZ Y GLADYS IRIAS, en los delitos de FALSIFICACION DE DOCUMENTOS PÚBLICOS, EN CONCURSO IDEAL MEDIAL CON EL DELITO DE FRAUDE (ART.376 C.P); defecto de apreciación que se hace patente, a partir de las consideraciones que se exponen a continuación: Los medios de prueba de cargo allegados legalmente al juicio, estuvieron integrados por: 1. Instrumento número 3 de fecha 28 de enero del año 2009, autorizada por el Notario Público Luis A. Velásquez, en el cual se constituye la Empresa Mercantil GK. AMERICAN ELECTRONIC SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, la cual se encuentra agregada en los folios 63 al 71 del expediente judicial. 2.- Instrumento número 16 de fecha 28 de noviembre del año 2009 en el cual la Empresa GK AMERICAN ELECTRONIC adquiere las acciones de la empresa ASTROPHARMA.- (ver pág. 115 de la Sentencia) El objetivo probatorio del ente acusador sobre estos instrumentos públicos, es establecer que la familia Gutiérrez socios principales de la Empresa Astropharma simularon con pleno conocimiento y voluntad, la venta de dicha Empresa (ASTROPHARMA) a la Empresa Mercantil GK.AMERICAN ELECTRONIC SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, es decir, "faltaron a la verdad en la narración de los hechos" con el único y exclusivo fin de poder participar en licitaciones con el Estado, en virtud que la acusadas Lena Karina Gutiérrez Arévalo, había sido electa como diputada al Congreso Nacional; consecuentemente ella y su familia como socios de la Empresa ASTROPHARMA no eran aptos para contratar con el Estado, por estar comprendida dentro del cuarto grado de consanguinidad y Segundo de afinidad, todo esto con base a los artículos 15 numeral 7 y articulo 16 de la Ley de Contratación del Estado, en relación al artículo 115 literal E del Reglamento de dicha Ley. No obstante, la citada probanza documental, en el acápite de fundamentación fáctica de la sentencia impugnada, específicamente en su página 166, párrafo segundo, renglón 13, la Mayoría del Tribunal estableció la siguiente valoración. respecto a los instrumentos públicos arriba relacionados, ".-Sin embargo con relación a los medios de prueba documentales contentivos del instrumento Público número 3, de fecha 28 de enero del año 2009, con el cual se constituye la Empresa G.K. American Electronis S.A de C.V., misma que se establece con el mínimo del valor nominal del capital que es de doscientos cincuenta mil lempiras, (L.250,000.00), dividido entre dos socios de los cuales uno es la señora Gladis Rivera, cantidad que se brinda por lo socios mediante un cheque certificado No..88422011, emitido de la cuenta No. 2167-1 BAMER- BAC a nombre de la empresa propiedad del señor Marco Tulio Gutiérrez, en su condición de Agente Aduanero, la cual resulta con posterioridad que la Empresa G.K. American Electronis S.A de C.V., es vendida mediante instrumento número 63 de fecha doce de diciembre del año 2012, a la Empresa RIO HYDROPOWER CORPORATION, es así, que el medio de prueba instrumento Público número 3 de fecha 28 de Enero del año 2009, que contiene como soporte el Cheque antes descrito, para este Tribunal; Por si solos estos medios probatorios no son suficientes para acreditar un supuesto control por parte del señor Marco Tulio Gutiérrez de esta empresa, por el hecho de haber otorgado a través de una de sus empresas, un cheque certificado para que se constituyera una nueva empresa, lo cual está permitido en el tráfico legal mercantil; por lo que este hecho sólo constituye un indicio, que necésariamente tendría que ser concatenado, con otros indicios, para que estos juzgadores pudiesen inferir una conclusión, con certeza sobre algún punto, cualquiera que este sea; de igual forma sucede con las firmas registradas, puesto que no ha sido punto controvertido que todas las personas que ha fungido como representantes legales tienen registrada la misma, pero con veremos más adelante, ni en la pericia financiera ha sido posible establecer ¿quién?, ¿cómo?, ¿en qué cantidades? y ¿Cuándo? se ha podido disponer del dinero de la cuenta de BAC suscrita a favor de Astrophama, cuenta bancaria que se encuentra registrada en el sistema SIAT, para realizar las transacciones con el Estado, por lo que, mucho menos se ha establecido, ¿Cómo? o ¿Quién? dispuso del dinero que fuere transferido por concepto del pago de los F1 que realizara el Ministerio de Finanzas, por lo que la prueba no es suficiente para acreditar la tesis de los entes Acusadores.- (lo resaltado es nuestro) Lo aseverado por la mayoría del Tribunal en la supra indicada motivación, no hace más que evidenciar una valoración de la prueba de cargo, divorciada del recto entendimiento humano, vulnerando la regla lógica de derivación en su postulado de razón suficiente en su característica de veracidad; en virtud, que no es cierto como afirman los juzgadores, que el único indicio que concurre para evidenciar que los acusados efectuaron una venta ficticia de acciones de la Empresa ASTROPHARMA, para burlar los controles que ha establecido el Estado para Licitar, es el cheque otorgado por el señor Marco Tulio Gutiérrez, certificado de una de sus Empresas, Agentes Aduaneros Marco Tulio Gutiérrez S.A, por un monto de doscientos cincuenta mil lempiras (L 250,000.00) para la constitución de la Empresa G.K. American Electronis S.A DE C.V. mismo que evidentemente, es un hecho acreedor de veracidad y contundencia, para sostener la pretensión acusatoria contra los imputados; pero no es un elemento probatorio aislado como arguye la mayoría del Tribunal, pues se allegaron al juicio otras probanzas que permiten determinar, que aún y cuando las acciones de la Empresa ASTROPHARMA fueron traspadas, el control y administración de la misma, continuaba a cargo de los acusados Gutiérrez y la señora Gladys Irías, era una simple pantalla y que el ente jurisdiccional no ha considerado al momento de arribar a su conclusión. No ha apreciado la mayoría del Tribunal, la deposición del Testigo Protegido "AB 14", la cual resulta relevante para determinar la concurrencia del delito de Falsificación de Documento Público, pues debido al trabajo realizado en dicha empresa en su condición de Contador General, ha sido útil para establecer con certeza, que el manejo o dominio de la Empresa ASTROPHARMA lo tenían lo señores Gutiérrez y Gilberto Lezama y no los supuestos socios de la Empresa la Empresa G.K. American Electronis S.A DE C.V, señores Gladys Irías, empleada de confianza del señor Marco Tulio Gutiérrez, según lo referido por el testigo protegido, y el señor Pablo Alvarado; agregando además dicho deponente, que nunca recibió órdenes o directrices de la supuesta socia Gladys Irías, ya que las mismas las recibía del señor Lezama; ratificando también, que quienes tenían firma autorizada en la cuenta de cheques número 901028501 eran los señores Marco Tulio Gutiérrez, Lena Gutiérrez y Gilberto Lezama Toro y que incluso la acusada Gladys Irías tenía firma autorizada dentro de la Empresa de los mismos. (Ver pág. 73 a 93 de la sentencia) En congruencia con el relato supra indicado, se allegó al debate: a) Las Constancias emitidas por el Banco BAC, con las que se determinó que la cuenta No. 901028501 tenia firma autorizada del señor Marco Tulio Gutiérrez, Lena Gutiérrez y Gilberto Lezama Toro; b) El informe Financiero elaborado por la Perito Gina Torres, el cual fue útil para acreditar, que en la citada cuenta de BAC, se hacían depósitos de dinero por contratos hechos entre el Gobierno y la Empresa ASTROPHARMA y c) El Oficio número S-G098-2016 extendido por la Secretaría de Finanzas, en la cual se establece que los beneficiarios en el sistema SIAFI del año 2010 al año 2013, eran los señores Marco Tulio Gutiérrez, Julio César Gutiérrez y Gilberto Lezama Toro. Entonces, es equivocada la apreciación del juzgador, en cuanto, no fue establecido en el juicio, quien tenía la disposición del dinero pagado a la sociedad ASTROPHARMA, pues se desprende de la probanza antes desarrollada, que eran los Marco Tulio Gutiérrez, Julio César Gutiérrez y Gilberto Lezama Toro; por ende, junto a Lena Gutiérrez y Ginnete Gutiérrez, poseían el manejo y los beneficios económicos obtenidos. En conclusión, esta probanza conduce indefectiblemente a tener como un hecho verdadero e incuestionable, que los acusados Marco Tulio Gutiérrez, Lena Gutiérrez, Julio César Gutiérrez, Giannett Gutiérrez, Gilberto Lezama Toro y Gladys Irías, simularon la venta de la Empresa ASTROPHARMA, es decir, faltaron a la verdad en la narración de los hechos y si bien el testimonio número 16 de fecha 28 de noviembre del año 2009, reúne los requisitos formales para sus fines mercantiles; el objeto de cuestionamiento por éste ente Fiscal y que es penalmente relevante, es que el acto descrito en el mismo, no es cierto, pues ha quedado debidamente probado en juicio, con medios de prueba testifical, documental y pericial, que dicha actividad ilícita que ejecutaron los imputados, obedece a la finalidad de burlar los controles establecidos en los artículos 15 numeral 7 y articulo 16 de la Ley de Contratación del Estado, en relación al artículo 115 literal E del Reglamento de la misma Ley; atreviéndose incluso a presentar al señor Gilberto Lezama como representante legal de ASTROPHARMA una Declaración Jurada en la cual manifestaban "que no tenían impedimentos para participar en la licitación número 032-2011) desconoce también la mayoria del Tribunal, la astucia con que actuaron los imputados, al inscribir el instrumento número 16 de fecha 28 de noviembre del año 2009, en el que se traspasaban las acciones de ASTROPHARMA a la empresa GK- American Electronic, hasta el fecha 22 de diciembre del año 2009, cuando la Familia Gutiérrez estaba segura que Lena Gutiérrez había salido electa como diputada al Congreso Nacional, posición desde la cual podía tener influencia política, para poder controlar y asegurar, la adjudicación de las licitaciones del Estado. Con fundamento en lo anterior, consideramos que el juzgador de instancia ha vertido fundamentación inconsistente para restar valor probatorio y credibilidad la prueba de cargo evacuada, misma que se ha constituido en indicios plurales, unívocos y contundentes, que conducen indudablemente a la condena de los imputados y no a su absolución como equívocamente lo hicieron la mayoría de los Juzgadores. El ente acusador considera que los indicios probados en la evacuación de la prueba aportada son los siguientes: A)-Cheque certificado de una de las mismas Empresas de la Familia Gutiérrez, para la creación de la Empresa G..K. American Electronis S.A DE C.V. B) Una de los Socios de dicha Empresa Mercantil es la señora Gladis Irías, que según el Testigo Protegido "AB-14" es una empleada de confianza del seño Marco Tulio Gutiérrez. c).-Con las Constancias emitidas por el Banco BAC, se determinó que la cuenta No. 901028501 tenia firma autorizada del señor Marco Tulio Gutiérrez, Lena Gutiérrez y Gilberto Lezama Toro. D). Con el informe Financiero elaborado por la Perito Gina Torres, se comprobó que en dicha cuenta se hacían depósitos de dinero por contratos hechos entre el Gobierno y la Empresa ASTRPHARMA E)-Oficio número S-G098-2016 extendido por la Secretaría de Finanzas, en la cual se establece que los beneficiarios en el sistema SIAFI del año 2010 al año 2013, eran los señores Marco Tulio Gutiérrez, Julio César Gutiérrez y Gilberto Lezama Toro Siendo que la mayoría del Tribunal cuestiona, que sólo logró acreditarse un indicio, que no fue posible concatenar con otros y de esa manera inferir una conclusión certera sobre la concurrencia de las conductas delictivas y la participación de los imputados, estimamos oportuno referir, que en el caso in examine, se cumplen las condiciones o requisitos mínimos que debe reunir la prueba indiciaria para que sea apta para destruir el estado de inocencia de un acusado, como son: a) Variedad de indicios, es decir que al caso concurran no sólo un indicio sino varios. b) Gravedad de los indicios, implica que los indicios o circunstancias que concurran al caso, vinculen o incriminen al acusado de forma contundente con los hechos que se le imputan, c) Precisión o Concordancia entre los indicios; implica que todos y cada uno de los indicios deben estar relacionados entre sí; de tal suerte, que unos se complemente con los demás y viceversa. d) Probanza, implica que todos y cada uno de los indicios deben estar debidamente probados. Debe considerar también el juzgador, que el Convencimiento pleno puede ser alcanzado mediante prueba directa o prueba indiciaria. A) La PRUEBA DIRECTA es aquella que por sí misma y sin necesidad de inferencia, nos muestra un hecho que debe de ser valorado (positiva o negativamente); B) PRUEBA INDIRECTA o INDICIARIA es aquella que resulta tras la conclusión neCésaria a la que se tiene que llegar después de ser deducida lógicamente de un hecho(s) conocido(s) a través de prueba que ha logrado un convencimiento pleno. La prueba indiciaria es un hecho antes desconocido (Conclusión), pero que se alcanza tras la inferencia (premisa menor) de un hecho conocido (premisa mayor). Entre más sea el número de pruebas indiciarias (Concurso de indicios), y especialmente que revista de neCésaria (no contingente) e independiente (sin relación entre una y otra), será más fácil pasar de la probabilidad a la certeza, es decir a un estado de convencimiento pleno. Sobre los indicios la Honorable Sala de lo Penal, se ha pronunciado de la forma siguiente: "Los indicios pueden ser actos previos, concomitantes posteriores a la comisión del delito, estos hechos sirven al juzgador, ante la ausencia de prueba directa, para inferir otros que le permiten reconstruir el hecho juzgado". Ver sentencia No 922-04 de fecha 13 de Diciembre de 2004 El principio de derivación consiste en que de cada elemento probatorio tiene que resultar una conclusión, debiendo existir coherencia entre el primero y el segundo, sin violaciones en el razonamiento a las reglas de la lógica", como integrante del sistema de valoración de la sana crítica; es decir, al momento de apreciar la prueba, debe arribar a conclusiones lógicas y razonables de cada elemento probatorio que se le haya presentado como tal en el juicio o debate, o lo que es igual, que el razonamiento de culpabilidad o inocencia según el caso, debe desprenderse de uno o más elementos de prueba que tenga a su disposición para resolver la causa sometida a su conocimiento; y que ese desprendimiento o derivación, tiene que ser coherente, lógico o razonable, es decir que de la prueba valorada se desprenda sin margen de duda la participación del encausado en los hechos controvertidos, principio éste que el Juzgador no respetó en lo más mínimo, ya que de haberlo aplicado la derivación de su fallo hubiera sido diferente. Atendiendo lo anterior podemos concluir, que la valoración que ha efectuado la mayoría del Tribunal a las probanzas de cargo incorporadas al juicio, atentan contra las Reglas de la Sana Crítica, ya que las inferencias por ellos hechas, en torno a las mismas, no corresponden a su auténtico valor y contenido, así como tampoco el Tribunal ha sido capaz de extraer de dicha fuente su convencimiento, dada su errónea apreciación, en la manera que ha quedado expuesto, ya que reiteramos, que el razonamiento del juzgador al momento de valorar dicha probanza vulnera las regla lógica de derivación en su postulado de razón suficiente, en sus características de suficiencia y veracidad; principio de derivación, que exige que cada pensamiento provenga de otro con el cual está relacionado, es decir, el razonamiento debe constituirse por inferencias razonables deducidas de las pruebas y de la sucesión de conclusiones que en base a ellas se vayan edificando, a cada conclusión o derivación afirmativa o negativa corresponde un elemento de convicción del cual ha de inferirse aquella. Si las conclusiones o derivaciones extraídas no se basan en elementos probatorios formalmente incorporados o son falseados en su contenido o significado, se violenta la regla de la sana crítica (lógica), como ha sucedido en el caso sub judice. El Tribunal vulnera además, las máximas de la experiencia, al descartar la venta simulada de acciones por parte de los acusados, en vista, que es una máxima de la experiencia, que tratándose de la adquisición de un bien valioso, por tanto de una transacción onerosa y no gratuita, no es posible comprar esa sociedad mercantil y dejar su manejo a los ex dueños; de igual manera, se ven quebrantadas las reglas de la máxima de la experiencia, cuando el juzgador tiene por válido, que la empresa GK American Electronic, tenía capacidad económica de comprar las acciones a una compañía como ASTROPHARMA, pues ha sido un hecho probado para la mayoría del Tribunal, que para constituir la sociedad GK American Electronic, el señor Marco Tulio Gutiérrez proporcionó los fondos a Gladys Irías y Pedro Alvarado, a través del cheque certificado de una de las mismas Empresas de la Familia Gutiérrez, por ende, dichos señores, no podían efectuar una erogación de su propio peculio o patrimonio para la compra de las acciones de una empresa millonaria. En ese sentido, el Tribunal se ha apartado del criterio de la Sala de lo Penal, en cuanto a que en el examen de las pruebas, deben aplicarse las reglas de la sana crítica (lógica, psicología y la experiencia) para la fundamentación del fallo. Finalmente, instamos ante Vosotros Honorables Magistrados de la Sala de lo Penal nuestro reproche casacional, a efecto que una vez estudiado el caso, decidan con la sapiencia que los caracteriza y casen el fallo que ahora genera perjuicios a este ente acusador, no habiendo reclamado previamente este vicio, pues se produce en el acto mismo de sentenciar. SEGUNDO MOTIVO: "El Fallo está desprovisto de Motivación Fáctica Suficiente". PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de Casación se encuentra comprendido en el Artículo 362 numeral 3, del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: El Jurista Piero Calamandrei ha concluido: "la motivación constituye el signo más importante y típico de la racionalización de la función judicial". De modo, que la fundamentación fáctica de la sentencia debe contener una argumentación descriptiva, que supone la transcripción de la prueba que se incorporó durante el desarrollo del debate; y con igual trascendencia, debe constar, la motivación intelectiva, en donde el juzgador realiza las explicaciones objetivas, para acreditar o desmerecer esa probanza. En esa línea de pensamiento, si bien es cierto, el Tribunal es "soberano", también lo es, que está siempre supeditado a indicar en sus fallos, las razones suficientes que ha tenido para tomar o no en cuenta, la prueba desarrollada en juicio; pues constituye uno de los requisitos exigidos por el artículo 338 regla 4.2 de la normativa procesal adjetiva que manda, que las sentencias deben redactarse expresando por escrito: "las pruebas tenidas en cuenta para declarar probados esos hechos, justificando, según las reglas de la sana crítica, el valor que se les haya dado a las practicadas en Juicio y, en su caso, el razonamiento utilizado para obtener conclusiones por presunción a partir de indicios igualmente probados", y un derecho de las partes procesales. En la sentencia de mérito, que es objeto de impugnación por esta vía recursiva se observa, que el apartado de valoración fáctica no contiene una "suficiente motivación"[3] y esto ha imposibilitado a las partes intervinientes en la causa, el conocer certeramente los fundamentos que ha tenido el Tribunal para llegar a su conclusión de absolver a los acusados KRISTIAN MANUEL BAUTISTA, MARTH GRISSELA VASQUES ORDOÑEZ, MARIA DE LOS ANGELES FUNEZ, MIRZA LIZETH RUIZ CASTRO Y ERICA CASTILLO por la comisión de los delitos de VIOLACION DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS y PREVARICATO; MIRTA GLORIA ESCOBAR CARCAMO por el delito de VIOLACION DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS; GILBERTO LEZAMA TORO por el ilícito de FALSIFICACION DE DOCUMENTOS PUBLICO, UN DELITO POR SU USO; FRAUDES y un delito CONTRA LA SALUD DE LA POBLACION DEL ESTADO DE HONDURAS; MARCO TULIO GUTIÉRREZ VELASQUEZ, por el delito de FALSIFICACION DE DOCUMENTOS PÚBLICOS EN CONCURSO IDEAL CON EL DELITO DE OTROS FRAUDES; FALSIFICACION DE DOCUMENTOS PÚBLICOS POR SU USO Y OTROS FRAUDES EN CONCURSO IDEAL CON EL DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA; JULIO CÉSAR GUTIÉRREZ ARÉVALO, LENA KARIM GUTIÉRREZ ARÉVALO, GINETT KARIME GUTIÉRREZ por suponerlo responsable del delito de FALSIFICACION DE DOCUMENTOS PÚBLICOS, USO DE DOCUMENTOS PÚBLICOS FALSO, EN CONCURSO IDEAL CON EL DELITO DE FRAUDE (ART.376 C.P); JULIO CÉSAR GUTIÉRREZ ARÉVALO, en un delito contra LA SALUD PÚBLICA en CONCURSO IDEAL con el delito de OTROS FRAUDES y GLADIS IRIAS RIVERA, por UN DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA EN CONCURSO IDEAL CON UN DELITO DE OTROS FRAUDES (ART. 242.1), y UN DELITO DE FALSIFICACION DE DOCUMENTOS PÚBLICOS POR SU USO, así como la supuesta comisión del delito de FALSIFICACION DE DOCUMENTOS PÚBLICOS ( IDEOLOGICA), EN CONCURSO IDEAL MEDIAL, CON EL DELITO DE FRAUDE; consecuentemente, tampoco puede determinarse, si esa decisión judicial se encuentra sustentada en consideraciones probatorias válidas, y no obedece a voluntades irracionales; lo que ha generado, el vicio in procedendo invocado. El Tribunal al valorar la declaración del Testigo calificado, señala que la misma le merece credibilidad, por ser imparcial y veraz y ser coherente su dicho con el resto de prueba evacuada en juicio; respecto a las pericias científicas realizadas al medicamento Acido Acetil Salicílico, hace una descripción de su contenido y concluye, que resulta ser confiable por tratarse expertos y veraz, por ende, debe ser tomada en cuenta por este Tribunal y en cuanto a la pericia Financiera realizada por la versada Gina Elizabeth Torres, también reputa la misma de confiable, veraz y le asigna valor probatorio; sin embargo, no expone en su motivación, porque a pesar de la condiciones idóneas de la probanza supra descrita, no le fue posible vincular a los imputados con los ilícitos penales que se les atribuye, sino que por el contrario se limitó a una fugaz consideración, destacando someramente, que el medicamento Acido Acetil Salicilico era fabricado por Laboratorios Internacionales LAIN, no logrando deducir que incidencia tiene esta circunstancia, para la absolución de los enjuiciados. Continuando con su deficiente motivación, la mayoría del Tribunal al concluir su proceso de valoración, asevera: "con estos medios de prueba anteriormente descritos por la defensas de los acusados se acreditan sus tesis en el sentido de que no hay prueba suficiente para acreditar la comisión de algún hecho delictivo y por ende ningún grado de participación; sino del incumplimiento de un contrato entre el Estado y un particular, propio del Derecho Administrativo sancionador, que tenía establecidas las vías de saneamiento, siendo el derecho penal la última ratio, pero más allá de todo lo anterior, las pruebas aportadas para acreditar la acusación no resultaron suficientes para poder atribuir los resultados y de la comisión de ilícitos pues la investigación debió ser mucho más profunda para alcanzar ese cometido, resultando las pruebas de descargo ser objetivamente confiables, imparciales y veraces al acreditarse unas con otras y al poder acreditar los hechos estimados probados en esta Sentencia, por lo que debe emitirse un fallo absolutorio." [4] Decisión jurisdiccional, que se torna absolutamente arbitraria, en virtud que el Tribunal no ha expuesto en este apartado, como llegó a la conclusión, que con los medios de prueba aportados por los apoderados defensores de los imputados, se logró acreditar que los hechos objeto de juzgamiento no son constitutivos de delito, sino que los mismos son propios del Derecho Administrativo, al tratarse del incumplimiento de un contrato, pues el juzgador al efectuar la consideración de la probanza de descargo, se limitó a hacer una valoración descriptiva de la misma, es decir, detalló una serie de documentos allegados al juicio, relacionados a cada imputado[5], sin explicar qué valor les otorga y como sustrajo de ellos, que la acción perpetrada por los acusados no es una transgresión al derecho penal, estableciendo en su apreciación conjunta, que la prueba de descargo es objetivamente confiable, imparcial y veraz al acreditarse unas con otras, acudiendo a un vago raciocinio del acervo probatorio; enfocándose en consideraciones generales del valor que la prueba le merece; arguye además, que las pruebas aportadas para acreditar la acusación, no resultaron suficientes para poder atribuir los resultados y la comisión de los ilícitos, pues la investigación debió ser mucho más profunda, sin exponer, cuales son las circunstancias que vuelven insuficiente la prueba de cargo, para condenar a los imputados por las conductas ilícitas, que se les atribuye y más bien, genera confusión cuando indica en su motivación:" que le ha concedido a la misma un total y absoluto crédito, por apreciar en ella, un alto grado de confiabilidad, imparcialidad y veracidad." [6] De ahí, que esta fundamentación intelectiva como acto de decisión exteriorizada por el Tribunal, no ha tenido como eje transversal la valoración completa, expresa, clara, legítima y lógica de todas las pruebas introducidas legítimamente al debate[7]. Además, al ser incompleta, impide un adecuado control del análisis que lo llevó a concluir en el sentido que se ha fallado; comprometiendo entonces, la eficacia del derecho de defensa, puesto que, ante el desconocimiento de las razones de su fallo, como se ha mencionado con anterioridad, resulta imposible establecer, si corresponde o se deriva de un juicio racional y objetivo, dando vida con ello a una sentencia defectuosa y arbitraria, claramente subsumible en el supuesto establecido en el artículo 362.3 del Código Procesal Penal. Asimismo, vulnera las exigencias contenidas en el artículo 141 de la normativa adjetiva penal, que claramente consigna bajo pena de nulidad, el deber de motivación de las resoluciones, haciendo clara alusión a las sentencias definitivas: "la motivación es la expresión de los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa una resolución judicial, y en el caso particular de las sentencias, de las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido. La simple relación de las actuaciones que se hayan realizado en el proceso, la mención de los requerimientos o petitorias formuladas por las partes o sus apoderados legales o la cita o transcripción de preceptos legales no reemplazará la motivación." Respecto a la Fundamentación Fáctica, La Honorable Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia ha establecido: "Que las motivaciones Fácticas o Jurídica sean insuficientes. Partiendo que este vicio no se refiere a una omisión absoluta de razones de hecho o de derecho que debe portar la sentencia, la motivación insuficiente se dirigirá a la consignación de argumentos de prueba o exposición de razones jurídicas que no alcancen a justificar el hecho reconocido en la resolución o las leyes que se aplican. Se presentaría "insuficiencia", en los casos en que no resulte posible deducir o inferir el proceso racional que llevó al Tribunal de Sentencia a considerar como probados los hechos establecidos, o a aplicar los preceptos penales por lo que resuelve. Sobre el hecho, el vicio se observaría cuando consignándose en la valoración de la prueba cierta prueba, se omite el indicar por qué esa probanza convence al juzgador, como sucedería al decir que los testigos generan credibilidad simple y sencillamente porque son contestes, sin exponer en qué sentido han sido concordantes. También se estimaría la infracción cuando se haga referencia superficial a la prueba o la simple relación de actuaciones en el proceso. Sentencia Penal SP-423-14 (El subrayado y remarcado no corresponde al texto original) Mediante Casación Penal SP11-2014 de fecha 22 de noviembre de 2017 La Sala expuso: "Es importante recordar, que las sentencias son forma de comunicación entre el juez y la sociedad, en donde el primero rinde cuentas al segundo de la autoridad que se le ha confiado, también la sentencia es la forma como el juez defiende la validez y vigencia del derecho objetivo, aplicando éste al caso concreto que es disputado, finalmente la sentencia concluye un conflicto surgido de la inobservancia de la ley, pronunciándose sobre las pretensiones antagónicas - condenatoria y absolutoria- que le han presentado las partes. Con lo expresado es posible derivar cuándo existe insuficiencia de motivación fáctica o jurídica y cuándo tales motivaciones son totalmente carentes: 1......2.- Motivación Fáctica o Jurídica Insuficiente: Se presenta en los casos en que los juzgadores hacen un esfuerzo limitado en razonar su decisión y por ende no sea posible con la lectura de la sentencia, retomar los pasos seguidos por los juzgadores, develar sus razonamientos y análisis, que desembocaron en los pronunciamientos del fallo. Son ejemplos de este vicio, cuando se hace una descripción de los medios de prueba, mas no se consigna el proceso de valoración intelectivo, cuando dicha valoración se limita a manifestar que tal o cual prueba merece crédito o no merece crédito, sin expresar las razones de dicha conclusión o cuando fundamentación jurídica solo se hace la cita de las normas legales o se transcriben las mismas, sin ninguna explicación del por qué éstas están vinculadas al caso concreto y del por qué, en su caso, las normas invocadas por las partes no son aplicables. La Insuficiencia de Motivación también se presenta cuando los juzgadores, en la individualización de la pena concreta, no justifican la necesidad de la aplicación de la pena a imponer y su extensión (Art. 2-D del Código Penal). A la luz de lo anteriormente expuesto, es procedente solicitar a la Honorable Sala de lo Penal, la nulidad del fallo emitido por el Juzgador de instancia, ante un evidente quebrantamiento de forma por motivación fáctica insuficiente. Por haberse producido el vicio in procedendo denunciado en el presente motivo, en el acto mismo de sentenciar, no ha podido efectuarse reclamación alguna para la subsanación del mismo. En virtud de lo anteriormente expuesto, solicitamos se declaren procedentes los dos motivos de casación por Quebrantamiento de forma, anulando el fallo recurrido y ordenando la devolución de los antecedentes al respectivo Tribunal de Sentencia, para que el trámite de que se trate sea substanciado de conformidad con la ley.” FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. El Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. Si no se cumple con los requisitos establecidos por la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo. El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley. Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Interpuesto por Ministerio Público. Primer motivo. Normas autorizantes citadas: Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. Normas procesales que se denuncian infringidas citadas: Artículos 202 y 338 numeral 2 de la regla cuarta del Código Procesal Penal; Concepto de la infracción expuesto: No haber observado el sentenciador en la valoración de la prueba, las reglas de la sana critica; Acciones de saneamiento o subsanación del vicio denunciado: imposibilidad de reclamo previo, porque el vicio se produce en el acto mismo de sentenciar; Pretensión: Case el fallo que ahora genera perjuicio al ente acusador. Denuncia el recurrente, que en el caso sub judice, es evidente que el A quo efectúa una valoración intelectiva ineficaz, dado que el contenido de la probanza que se ha incorporado legalmente al debate, no fue considerada de forma integral o conjunta, en desapego a los principios básicos de la Regla de la Lógica, como el de la razón suficiente, llevandolo a concluir erróneamente, en un fallo absolutorio, al estimar que la prueba practicada en juicio ha resultado insuficiente para acreditar la participación de los acusados en los delitos de Falsificación de documentos públicos en concurso ideal medial con el delito de fraude. Según el recurrente, defecto de apreciación que se hace patente, a partir de las valoraciones de los medios de prueba de cargo allegados legalmente al juicio, consistentes en: 1. Instrumento número 3 de fecha 28 de enero del año 2009, autorizada por el Notario Público Luis A. Velásquez, en el cual se constituye la Empresa Mercantil GK. American Electronic Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, (F. 63 al 71 del expediente judicial). 2.- Instrumento número 16 de fecha 28 de noviembre del año 2009 en el cual la Empresa GK American Electronic adquiere las acciones de la empresa ASTROPHARMA.-(ver pág. 115 de la sentencia), su objetivo probatorio fue establecer que la familia Gutiérrez, socios principales de la Empresa Astropharma simularon con pleno conocimiento y voluntad, la venta de la Empresa ASTROPHARMA a la Empresa Mercantil GK American Electronic, faltaron a la verdad en la narración de los hechos. Luego la representante fiscal, describe la valoración en relación a los medios probatorios antes descritos, aduciendo que lo aseverado por la mayoría del Tribunal, evidencia una valoración de la prueba de cargo, divorciada del recto entendimiento humano, vulnerando la regla lógica de derivación en su postulado de razón suficiente en su característica de veracidad; al no ser cierto como afirman los juzgadores, que el único indicio que concurre para evidenciar que los acusados efectuaron una venta ficticia de acciones de la Empresa ASTROPHARMA, para burlar los controles que ha establecido el Estado para Licitar, es el cheque certificado, otorgado por el señor Marco Tulio Gutiérrez, de una de sus Empresas, Agentes Aduaneros Marco Tulio Gutiérrez S.A, por un monto de doscientos cincuenta mil lempiras (L 250,000.00) para la constitución de la Empresa G.K. American Electronis S.A DE C.V. titulo valor que según el censor es acreedor de veracidad y contundencia para sostener la pretensión acusatoria contra los imputados y que el control y administración de la misma, continuaba a cargo de los acusados Gutiérrez y que la señora Gladys Irías, era una simple pantalla. Aqueja el censor que la mayoría del Tribunal, no ha apreciado la deposición del Testigo Protegido "AB 14", la cual, desde su perspectiva resulta relevante para determinar la concurrencia del delito de Falsificación de Documento Público, pues debido al trabajo realizado en dicha empresa en su condición de Contador General, ha sido útil para establecer con certeza, que el manejo o dominio de la Empresa ASTROPHARMA lo tenían lo señores Gutiérrez y Gilberto Lezama y no los supuestos socios de la Empresa la Empresa G.K. American Electronis S.A DE C.V, ratificando además, que las firmas autorizadas en la cuenta de cheques número 901028501 corresponden a los señores Marco Tulio Gutiérrez, Lena Gutiérrez y Gilberto Lezama Toro y que incluso la acusada Gladys Irías tenía firma autorizada dentro de la empresa de los mismos. (Ver pág. 73 a 93 de la sentencia). Continuó en su desarrollo recursivo, describiendo medios de prueba de cargo como ser a) Las Constancias emitidas por el Banco BAC, con las que se determinó que la cuenta No. 901028501 tenia firma autorizada del señor Marco Tulio Gutiérrez, Lena Gutiérrez y Gilberto Lezama Toro; b) El Informe Financiero elaborado por la Perito Gina Torres, el cual fue útil para acreditar, que en la citada cuenta de BAC, se hacían depósitos de dinero por contratos hechos entre el Gobierno y la Empresa ASTROPHARMA y c) El Oficio número S-G098-2016 extendido por la Secretaría de Finanzas, en la cual se establece que los beneficiarios en el sistema SIAFI del año 2010 al año 2013, eran los señores Marco Tulio Gutiérrez, Julio César Gutiérrez y Gilberto Lezama Toro; luego describe que es equivocada la apreciación del juzgador, a razón, según el recurrente desde su conclusión privada y personal valoración de la prueba antes descrita se desprende, que los señores Marco Tulio Gutiérrez, Julio César Gutiérrez y Gilberto Lezama Toro junto a Lena Gutiérrez y Ginnete Gutiérrez, poseían el manejo y los beneficios económicos obtenidos; conduciendo indefectiblemente a tener como un hecho verdadero e incuestionable, que los acusados Marco Tulio Gutiérrez, Lena Gutiérrez, Julio César Gutiérrez, Giannett Gutiérrez, Gilberto Lezama Toro y Gladys Irías, simularon la venta de la Empresa ASTROPHARMA, es decir, faltaron a la verdad en la narración de los hechos; señala el recurrente que si bien, el testimonio número 16 de fecha 28 de noviembre del año 2009, reúne los requisitos formales para sus fines mercantiles; sin embargo, lo cuestiona por ser penalmente relevante, pues desde su óptica analítica, lo descrito en el testimonio, no es cierto, por haber quedado probado en juicio según el censor, que dicha actividad ilícita que ejecutaron los imputados, obedece a la finalidad de burlar los controles establecidos en los artículos 15 numeral 7 y artículo 16 de la Ley de Contratación del Estado, en relación al artículo 115 literal E del Reglamento de la misma ley; siendo atrevido el señor Gilberto Lezama como representante legal de ASTROPHARMA en presentar una Declaración Jurada en la cual manifestaban “que no tenían impedimentos para participar en la licitación número 032-2011”. Persiste en señalar a la mayoria de juzgadores, por desconocer la astucia de los imputados, al inscribir el instrumento número 16 de fecha 28 de noviembre del año 2009, que describe el traspaso de las acciones de ASTROPHARMA a la empresa GK- AMERICAN ELECTRONIC, hasta el 22 de diciembre del año 2009, cuando la Familia Gutiérrez estaba segura que Lena Gutiérrez había salido electa como diputada al Congreso Nacional, además, asegura el recurrente que con la posición de Lena Gutiérrez, utilizaría influencias políticas, para poder controlar y asegurar, la adjudicación de licitaciones del Estado. Luego de señalar lo que a su entender la prueba de cargo ha acreditado, el representante fiscal, considera que los sentenciadores han vertido fundamentación inconsistente para restarle valor probatorio y credibilidad, luego se desborda de la valoración para manifestar que los medios de prueba referenciados, constituyen indicios plurales, unívocos y contundentes, que conducen indudablemente a la condena de los imputados y no a su absolución como equívocamente lo hicieron la mayoría de los juzgadores, por lo cual, considero oportuno referir, que en el caso in examine, se cumplen las condiciones o requisitos mínimos que debe reunir la prueba indiciaria para que sea apta para destruir el estado de inocencia de un acusado. Para concluir, el censor refiere que el Tribunal vulnera además, las máximas de la experiencia, al descartar la venta simulada de acciones por parte de los acusados, por la razón de que al tratarse de un bien valioso, su adquisición se vuelve una transacción onerosa y no gratuita, que no es posible comprar esa sociedad mercantil y dejar su manejo a los ex dueños; y que muestra agravio que el juzgador tiene por válido que la empresa GK American Electronic, tenía capacidad económica de comprar las acciones a una compañía como ASTROPHARMA, claro está que para la constitución de la sociedad GK American Electronic, el señor Marco Tulio Gutiérrez proporcionó los fondos a Gladys Irías y a Pedro Alvarado, a través del cheque certificado de una de las mismas empresas de la familia Gutiérrez, por ende, no podían efectuar una erogación de su propio peculio o patrimonio para la compra de las acciones de una empresa millonaria. De las Reglas de la Sana Crítica El Código Procesal Penal da exclusiva competencia a los jueces de sentencia para la estimación valorativa de las pruebas y las conclusiones fácticas que de ellas extraigan, siendo ello inatacable por la vía recursiva casacional, siendo solamente controlable el proceso seguido por los jueces para la construcción de tales conclusiones. El artículo 362 No. 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes… 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica.”. Al respecto, se ha señalado que: “… La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva…”. (Fallo de fecha 30 de noviembre del 2001, en el Exp. 194-2009 y de fecha 30 de noviembre del 2011, en el Exp. 297-09, también en ese sentido el fallo de fecha 20 de octubre del 2011, contenido en el Exp. 360-09 y de fecha 05 de abril del 2011, del Exp. 385-09, todos de la Sala de lo Penal). En el apartado de la valoración intelectiva el juzgador debe valorar la prueba, conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la Prueba: Íntima Convicción (propio del Sistema de Juzgamiento por Jurados), Prueba Legal o Tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe darle el juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias) y la Sana Crítica; es este último el que debe observar el juzgador penal hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. En el sistema de la Sana Crítica en la valoración de la prueba, existe plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones guarden una neCésaria relación con las premisas que le sustentan, las cuales son a su vez construidas como fruto razonado de las pruebas. En este sistema, el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia de convicción de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común (al respecto ver fallo de fecha 30 de noviembre del 2011, del Exp 125-2010 de la Sala de lo Penal); de este modo “… las reglas de la sana crítica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza…” (fallo Sala Penal de fecha 20 de octubre del 2011, en el Exp 88-09). Componen la Sana Crítica: 1) Reglas de la Experiencia Común o Máximas de la Experiencia. Se refieren a juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el juzgador, relevados de demostración probatoria por adquirirse a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por este hecho son compartidas con las demás personas, aun cuando no formen parte de su mismo grupo social. Nos referimos a fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión o hechos de la cultura común, siendo el antónimo de éstos los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realiza solo un grupo determinado de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior, el conocimiento privado del juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. El juzgador deberá analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común, entre otros: i. Cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca del hecho. ii. Cuando cite como común un hecho que no lo sea, por no ser aprehensibles de manera espontánea por el profano, sino que solo mediante experiencias extraordinarias o mediante estudios especializados; o iii. Cuando afirme como común un hecho que exija demostración probatoria. Las reglas de la experiencia común se basan en la probabilidad, es decir, al momento en que el juzgador valora un hecho, considerará el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos por qué lo considera así. 2) Las reglas de la Psicología. Están referidas, no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento empírico adquirido del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquél. Las Reglas de la Psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo en relación al grupo social, se requiere que el juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la experiencia común, las reglas de la psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado; y 3) Las Reglas de la Lógica. La Lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatorio para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. La lógica aplicable es la “lógica no formal”, llamada en el ámbito como Razón del Juicio donde las conclusiones se muestran bajo el espectro que irradia la prueba. Las leyes de la Lógica informan sobre leyes universales, a saber: a. La Coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí. La coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente. De la Ley de la Coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: i. El Principio de Identidad: Que exige que toda noción empleada en el razonamiento debe tener una sola y única significación en el todo contextualizado, es decir: una proposición sólo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y”. ii. El Principio de Contradicción: Las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En valoración de prueba: un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. iii. El Principio de Tercero Excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí: una es neCésariamente falsa; a contrario sensu, la otra neCésariamente es verdadera y ninguna tercera posibilidad es posible. b. La Derivación: Exige que cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder neCésariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; cada pensamiento debe provenir de otro, con el cual está relacionado, salvo que se trate de un principio, es decir de un juicio inicial. Pero además, la conclusión debe derivar de elementos suficientes para que justifique la producción de aquella. Existirá omisión al principio lógico de derivación: i. Cuando la conclusión no encuentre correspondencia con el medio de prueba por una indebida inferencia. ii. Cuando la conclusión no sea producto derivado de un medio de prueba, debiendo serlo por tratarse de la afirmación o negación de un hecho de carácter no notorio. iii. Cuando la conclusión sea construida en base a medios de pruebas inexistentes; o iv. Cuando la conclusión esté basada en el contenido de un medio de prueba cuyo contenido esté falseado. De la derivación se extrae el Principio de Razón Suficiente, por el cual toda conclusión requiere una razón suficiente que justifique su existencia; la conclusión debe ser el final del iter lógico seguido en la valoración de las pruebas apoyándose en inferencias razonables; cada conclusión expuesta puede formar una sucesión que al final lleven a una conclusión última en donde se afirme o niegue el hecho juzgado. De la Rúa (Fernando de la Rúa, La Casación Penal, Ediciones Depalma, Buenos Aires, Argentina, pág. 156), señala que la motivación para ser lógica debe responder a las referidas leyes que presiden el correcto entendimiento humano, observando como características: 1. Congruente: En donde las afirmaciones, deducciones y conclusiones guarden una adecuada correlación y concordancia entre sí. 2. Concordante: Cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder neCésariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella. 3. No contradictoria, por estar libre de razonamientos que al oponerse se anulen entre sí al reflejar verdades incompatibles.4. Inequívoca: al no dejar margen para cuestionar el alcance y significado de los razonamientos y de las conclusiones que le deriven; y 5. Suficiente: al estar constituida por un entramado de conclusiones interrelacionadas, que se deriven de múltiples cadenas de pensamientos, todos ellos aptos para producir razonablemente un convencimiento. El autor citado (Ob. Cit, pág. 157) explica que la sentencia carecerá de motivación cuando los razonamientos son contrastados advirtiendo oposición entre ellos y/o entre ellos y la parte resolutiva, destruyéndose recíprocamente dejando vacía la fundamentación de la decisión. De la procedencia del recurso. El primer motivo no es de recibo. El planteamiento del recurso de casación por este motivo, su respuesta debe delimitarse al cuestionamiento desarrollado por el recurrente, a razón de los imputados Marco Tulio Gutiérrez, Julio César Gutiérrez Arévalo, Gilberto Lezama, Lena Karim Gutiérrez Arévalo, Ginett Karime Gutiérrez y Gladys Irías, por el delito de falsificacion de documentos Públicos en concurso ideal medial con el delito de fraude (Art.376 CP); de quienes ha denunciado violación de las reglas de la sana crítica en la valoración de los siguientes medios de prueba: A) documentales consistentes en: 1. Instrumento número 3 de fecha 28 de enero del año 2009, autorizada por el notario público Luis A. Velásquez, describe la constitución de la empresa mercantil Gk. American Electronic S. de R.L. de C.V. (F. 63 al 71). 2.- Instrumento número 16, de fecha 28 de noviembre del año 2009, se describe que la empresa mercantil Gk. American Electronic S. de R.L. de C.V. adquiere las acciones de la empresa Astropharma. 3. Constancias emitidas por el Banco BAC, con las que se determinó que la cuenta No. 901028501 tenía firma autorizada del señor Marco Tulio Gutiérrez, Lena Gutiérrez y Gilberto Lezama Toro; 4. Oficio número S-G098-2016 extendido por la Secretaría de Finanzas, en la cual se establece que los beneficiarios en el sistema SIAFI del año 2010 al año 2013, eran los señores Marco Tulio Gutiérrez, Julio César Gutiérrez y Gilberto Lezama Toro; 5. Cheque certificado de una de las Empresas de la Familia Gutiérrez. B) Testificales consistente en la declaración del testigo protegido "AB 14"; y, C) Periciales en relación al Informe Financiero elaborado por la Perito Gina Torres. La Sala de lo Penal señala que en casación, como única instancia, solo puede hacer un análisis, y en su caso censura, del proceso intelectivo de la sentencia cuando ésta contenga razonamientos que riñan con las reglas de la sana crítica; debe entenderse entonces que el foco de estudio no es la prueba, no es lo que dejó de acreditar o acreditó los medios probatorios (valoraciones de instancia), sino ese razonamiento plasmado por los jueces y los cuales les llevaron a construir los hechos declarados probados. Además, el recurrente no debe desviarse de su propio motivo; por ello, todo censor que invoque su inobservancia como motivo de casación deberá ser claro y preciso respecto a aquella regla o principio que fue violentado. Así las cosas, se ha determinado después de hacer una ponderación de la carga probatoria denunciada y reproducida en la audiencia de debate, que ha obedecido a un debido proceso probatorio, siendo ésta insuficiente para permitir al Tribunal de Sentencia emitir un fallo condenatorio. El recurrente hace alusión a fracciones de los muchos aspectos valorativos a los que el Tribunal de Sentencia arribó a partir de la actividad probatoria previamente descrita; por lo que, bajo la hipótesis de que su argumento recursivo fuese legalmente admisible, seguiría siendo insuficiente para determinar que la decisión tomada por los jueces es viciosa, pues los demás razonamientos judiciales (que no fueron objeto de impugnación), le seguirían sirviendo de sustento. En la sentencia los jueces indicaron: 1. En relación a las declaraciones testificales del testigo protegido AB-2014 lo siguiente: “…resulta contradictorio con lo declarado por el Testigo Protegido, quien estableció durante la narración de su declaración haber tenido conocimiento sobre el pago de la Licitación que nos ocupa, mediante auditoria desarrollada durante el año dos mil trece, cuando todavía se está laborado en la empresa, pero como hemos referido los pagos fueron efectuados hasta el 18 de febrero del año 2014; asimismo resulta contradictorio lo expresado en sus dichos en relación al conocimiento sobre la Licitación pública 032-2011-SS, ya que ha manifestado en su propia declaración, una fecha posterior a su contratación, en la Empresa Astropharma, es así que también el testigo establece una serie de situaciones y hechos, que constituyen la comisión de varios delitos, mismos que no denuncio en su momento, como lo constituyen; las supuestas acciones sobre, las dobles facturaciones que supuestamente le ordenaron realizar, por ende un registros de doble contabilidad, que necesariamente tendría como consecuencia, estados financieros fraudulentos, y a su vez defraudación al Fisco y al sistema financiero, entendido este como Fisco y sus sistema financiero la obtención de impuestos o tributos establecidos por el Estado mediante sus Leyes, además de la comisión de otros supuestos ilícitos, como Trafico de Influencias, Cohecho, mediante dadivas a funcionarios, citando como ejemplo durante su declaración al actual, Presidente del Congreso Nacional, Doctor Mauricio Oliva, cuyo periodo Legislativo en el referido cargo no es compatible, con la cronología de tiempo y espacio, establecidos durante su declaración testifical; por ende es evidente que sobre estas acusaciones; no existe en la presenta causa sustento alguno u otro medio de prueba que pueda corroborar, la participación de otras, he incluso su misma participación, en la comisión de esos tipos penales o establecer que esos hechos se hayan cometido, es asi que también; el testigo expreso sentimientos espurios, contra sus antiguos empleadores; los socios de la Sociedad Mercantil Astrofharma, a quienes señala y acusa como responsables de un atentado en contra de su vida y manifiesta que por tal circunstancia ha recibido protección del Ministerio Publico asi como de organizaciones de la Sociedad Civil, sin poder corroborar nuevamente tales acusaciones, ni que hasta la fecha se haya podido establecer por parte del ente acusador, a quien atribuye o debe atribuirse la responsabilidad de la comisión de ese suceso, por lo que su declaración no resulta ser objetivamente confiable, manifiestamente revertida de parcialidad y sin poderse acreditar con otros medios probatorios, la misma también, carece de la veracidad necesaria exigida por lo que este Tribunal desestima la misma, para poder acreditar la tesis de la acusación…” Denota en la valoración intelectiva de dicha declaración testifical, que los juzgadores encontraron en los mismos distintas perspectivas de los hechos, al no acreditar de manera individual ni relacionada con otros medios de prueba, la existencia de los ilicitos penales, menos la participación de los acusados Marco Tulio Gutiérrez, Lena Gutiérrez, Julio César Gutiérrez, Giannett Gutiérrez, Gilberto Lezama Toro y Gladys Irías, describen los juzgadores, notables contradicciones con el resto de medios probatorios entre otros aspectos; razonamiento intelectivo acorde a las reglas de la sana crítica y no cuestionable para esta Sala de lo Penal. 2. En relación a la prueba documental, indicaron: “…con relación a los medios de prueba documentales contentivos del instrumento Público número 3, de fecha 28 de enero del año 2009, con el cual se constituye la Empresa G.K. American Electronis S.A de C.V., misma que se constituye con el mínimo del valor nominal del capital que es de doscientos cincuenta mil lempiras, (250,000.00), dividido entre dos socios de los cuales uno es la señora Gladis Rivera, cantidad que se brinda por lo socios mediante un cheque certificado n.88422011, que es de la empresa propiedad del señor Marco Tulio Gutiérrez, en su condición de Agente Aduanero, la cual resulta con posterioridad que la Empresa G.K. American Electronis S.A de C.V., es vendida mediante instrumento número 63 de fecha doce de diciembre del año 2012, a la Empresa RIO HYDROPOWER CORPORATION, es asi que el medio de prueba instrumento Público número 3, de fecha 28 de Enero del año 2009, que contiene como soporte el Cheque antes descrito, para este Tribunal; Si solos estos medios probatorios no son suficientes para acreditar un supuesto control por parte del señor Marco Tulio Gutiérrez de esta empresa, por el hecho de haber otorgado a través de una de sus empresas un cheque certificado para que se constituyera una nueva empresa, lo cual está permitido en el trafico legal mercantil; por lo que este hecho solo constituye un indicio, que necesariamente tendría que ser concatenado, con otros indicios, para que estos juzgadores pudiesen inferir una conclusión, con certeza sobre algún punto, cualquiera que este sea, de igual forma sucede con las firmas registradas, puesto que no ha sido punto controvertido que todas las personas que ha fungido como representantes legales tienen registrada la misma, pero con veremos más adelante, ni en la pericia financiera ha sido posible establecer ¿quién? , ¿cómo?, ¿en qué cantidades? y ¿Cuándo? se ha podido disponer del dinero de la cuenta de Bac suscrita a favor de Astrophama, cuenta bancaria que se encuentra registrada en el sistema SIAT, para realizar las transacciones con el Estado, por lo que, mucho menos se ha establecido, ¿Cómo? o ¿Quién? dispuso del dinero que fuere transferido por concepto de del pago de los F1 que realizara el Ministerio de Finanzas, por lo que la prueba no es suficiente para acreditar la tesis acusatoria de los entes Acusadores.-…” Como bien lo refieren los sentenciadores, el cheque extendido por una de las empresas mercantiles del acusado, carece de prueba de respaldo para sustentar la tesis acusatoria, en relación del posible control que ejercía la familia Gutiérrez, para mantener la disponibilidad absoluta, aun y cuando, los socios descritos en la escritura pública corresponden a otras personas distintas de la familia Gutiérrez. De un análisis exhaustivo de los juicios de valor que utilizó el juzgador para valorar la prueba documental evacuada en juicio, los jueces casacionales no encuentran quebranto alguno a las reglas de la sana crítica, todo lo contrario, su adecuada utilización aporta a la sentencia la logicidad y coherencia necesaria. 3. En relación a la prueba pericial, exteriorizaron: “De las pruebas periciales de cargo, resulta que las mismas son , objetivamente confiables, pues fueron realizadas a través de los sentidos y experticia de cada uno de los peritos, las cuales describen y establecen que el medicamento ácido acetil salicílico del lote GA-625, parte de la Licitación 032-20111-SS, tuvo una evaluación en relación a sus condiciones, físico, químicas y microbiológicas, así como fueron analizadas en relación al control de calidad, mediante los medios de prueba también documentales RT-39 de fecha de recepción de 04 de junio del año 2013, RT/38884.13, que se encuentra a folio 22 de la pieza principal, con fecha 24 de julio del año 2013, respectivamente en el cuales se establece que existe una diferencia entre las tabletas y sus características así como en su composición y calidad, sobre el contenido del activo y excipientes de las muestras que fueron recibidas para la licitación, comparadas con las muestra del mismo supuesto lote GA-625, que se encontraban recibidas, como parte de la entrega de los requisitos de cumplimiento de la licitación adjudicada (032-2011-SS), así como las condiciones que según su conocimiento sobre el almacenamiento debieron tener las mismas; pero concluyendo entre otras, que el medicamentos que contenía el ácido acetil salicílico, eran fabricadas y producidas por los laboratorios LAIN, (Laboratorios internacionales).-Es así que estas pruebas periciales resultan ser confiables en virtud de lo apreciado a través de los sentidos de quienes la realizaron, por la experticia científica que sus expertos acreditan, así como veraces al relacionarse y acreditarse entre sí, por lo que deben ser tomadas en cuenta por este Tribunal.- La Pericia Financiera, que se evacuo como prueba de cargo estableció de igual forma que fueron cancelados mediante forma de Cierre de Gestión, denominados, “Formas F01”, con sus números 01688 y 01691, por la cantidad de setecientos treinta mil , seiscientos cuarenta y cinco, lempiras con veinte centavos (lps. 730,645.20) y el otro por la cantidad de setecientos noventa y nueve mil, trecientos cincuenta y cuatro lempiras con ochenta centavos (lps. 799,354.80), describiendo que cada una de estas facturas es producto de la licitación pública numero n.032-2011-SS, por concepto de la compra de productos farmacéuticos y medicinas, pagos que hacen un total de UN MILLON QUINIENTOS TREINTA MIL LEMPIRAS EXACTOS ( lps. 1, 530,000.00), sin que se pueda establecer que esas cantidades sean exclusivamente por el pago de las pastillas de ácido acetil salicílico de 100mg; las cuales, según las cláusulas de la licitación adjudicada tenía un precio de 0.09 centavos ,por pastilla para hacer un total de UN MILLON OCHOCIENTOS MIL LEMPIRAS, (1,800,000.00), estableciendo en ese mismo documento, el tiempo de entrega y la cantidad de entrega de medicamento, todo lo cual se registra y regulo en el Contrato de Licitación Pública, donde también se estableció quien era el laboratorio a cargo de su producción, es asi que esta pericia ha sido incompleta ya que tampoco se ha pronunciado sobre el procedimiento a seguir, destinado a la deducción de responsabilidad de ningún, funcionario público a través del procedimiento del Tribunal Superior de Cuentas, de los funcionarios públicos, que fueron acusados en esta causa, se han relacionado entre si varios medios de prueba de cargo y descargo para establecer los hechos estimados probados y aquellos que no fueron probados, por falta de actividad probatoria que los acreditara, sin embargo, esta pericia financiara, si bien no ha sido completa para acreditar la tesis de la acusación, ha sido objetivamente confiable en razón de análisis que se le solicito, imparcial porque incluso solo comprende y acredita desembolsos del Estado a Favor de la Empresa Astropharma, quien era la distribuidora farmacéutica del medicamento, que se estableció en la licitación pública, fabricado por Laboratorios Internacionales, (LAIN), y es veraz, porque se acredita a través de otros medios probatorios que fueron evacuados en esta audiencia de juicio oral y público, por lo que debe ser considerado por este Tribunal.” En conclusión, los juzgadores han hecho un análisis que no colisiona con el principio lógico de derivación menos con las reglas de la experiencia común, pues de cada conclusión fáctica, es posible identificar su fuente suficiente gracias a un consecuente razonamiento judicial, a razón de que la prueba fue valorada en respeto a las normas del recto entendimiento humano, esto porque en la sentencia se aprecia una disgregación de cada elemento aportado que luego aglutinaron en el fáctum; cada medio probatorio fue analizado descriptiva e intelectivamente por los juzgadores, dándoles su respectiva calificación y señalando su aporte fáctico, sin que de cada medio de prueba documental y pericial, pueda sustraerse la participación en un hecho criminoso por cada uno de los imputados. La prueba evacuada no solo es insuficiente, sino que en ningún momento puede catalogarse como prueba directa y/o perfecta; a razón de lo anterior, el Ministerio Público en su desarrollo recursivo ha señalado que los medios de prueba evacuados constituyen indicios suficientes, para la acreditación de un hecho criminal y de la participación de los acusados en esos hechos. Al respecto, debemos advertir que la doctrina admite la prueba indiciaria -en casos en que no es posible utilizar prueba directa- siempre y cuando aquella parta de unos hechos indiciariamente probados penalmente, ya que no contiene fundar veracidades sobre el asiento de escuetas sospechas; sin duda la prueba directa es más segura y deja menos márgenes a la duda, que la indiciaria, por eso, la doctrina establece ciertos requisitos que deben tomarse en cuenta para la correcta utilización de la prueba indiciaria como base de una sentencia condenatoria, tales como: [8]a) Los indicios han de estar plenamente probados, no cabe construir certezas sobre la base de simples probabilidades. Es por tanto exigible, cuando se trata de prueba indiciaria, la constatación clara de los indicios. b) Pluralidad de indicios, la virtualidad de los indicios reside precisamente en su acumulación, su variedad permitirá controlar en mayor medida la seguridad de la relación efecto-causa. c) El nexo causal ha de ser racional y lógico, la prueba indiciaria requiere, por consiguiente, un proceso de inferencia (inductivo) que aúne el indicio (hecho base) con el hecho presunto. d) Motivación en la sentencia, cuando se trata de una condena basada en hechos indiciarios, la motivación expresa sobre las pruebas practicadas y los criterios racionales que han guiado su valoración es una exigencia básica para poder determinar si existió verdadera prueba indiciaria, o si lo único que se produjo fue una actividad que tan solo logró arrojar sospechas o sugerir conjetura sobre la culpabilidad de los acusados (Véase. De Diego Diez Luis Alfredo. Código Procesal Penal Comentado Honduras. Agencia Española de Cooperación Internacional. Tegucigalpa, Honduras. Año 2000. Página 549-555). En el caso sometido a análisis, el juzgador no encontró estos requisitos para determinar con base en indicios, la culpabilidad de los acusados en los hechos investigados. Si la representación del Ministerio Público contaba únicamente con esta prueba, debió enfocar su esfuerzo en acreditar con prueba indiciaria los requisitos arriba señalados y no lo hizo, es por todo ello, que el recurso debe ser desestimado. Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Interpuesto por Ministerio Público. Segundo motivo. Normas autorizantes citadas: Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. Normas procesales que se denuncian infringidas citadas: Artículos 141 y 338 numeral 2 de la regla cuarta del Código Procesal Penal; Concepto de la infracción expuesto: El fallo está desprovisto de motivación fáctica suficiente; Acciones de saneamiento o subsanación del vicio denunciado: imposibilidad de reclamo previo, porque el vicio se produce en el acto mismo de sentenciar; Pretensión: Declarar procedente el motivo. Aqueja el censor, que en la sentencia de mérito, que es objeto de impugnación por esta vía recursiva, que el apartado de valoración fáctica no contiene una "suficiente motivación" y esto ha imposibilitado a las partes intervinientes en la causa, el conocer certeramente los fundamentos que ha tenido el tribunal para llegar a su conclusión de absolver a los acusados Kristian Manuel Bautista, Martha Grissela Vásquez Ordoñez, María de los Angeles Fúnez, Mirza Lizeth Ruiz Castro y Erica Castillo por la comisión de los delitos de Violacion de los Deberes de los Funcionarios y Prevaricato; Mirta Gloria Escobar Cárcamo por el delito de Violacion de los Deberes de los Funcionarios; Gilberto Lezama Toro por el ilícito de Falsificación de Documentos Público, un delito por su Uso; Fraudes y un delito contra La Salud de la Poblacion del Estado de Honduras; Marco Tulio Gutiérrez Velásquez, por el delito de Falsificacion de Documentos Públicos en Concurso Ideal con el delito de Otros Fraudes; Falsificacion de Documentos Píblicos por su Uso y Otros Fraudes en Concurso Ideal con el Delito contra La Salud Pública; Julio César Gutiérrez Arévalo, Lena Karim Gutiérrez Arévalo, Ginett Karime Gutiérrez por suponerlo responsable del delito de Falsificacion de Documentos Públicos, Uso de Documentos Públicos Falso, en Concurso Ideal con el delito de Fraude (art.376 CP); Julio César Gutiérrez Arévalo, en un delito contra La Salud Pública en Concurso Ideal con el delito de Otros Fraudes y Gladis Irias Rivera, por un delito contra La Salud Pública en Concurso Ideal con un delito de Otros Fraudes (art. 242.1), y un delito de Falsificación de Documentos Públicos por su Uso, así como la supuesta comisión del delito de Falsificación de Documentos Públicos ( ideológica), en Concurso Ideal Medial, con el delito de Fraude; consecuentemente, tampoco puede determinarse, si esa decisión judicial se encuentra sustentada en consideraciones probatorias válidas y no obedece a voluntades irracionales; lo que ha generado, el vicio in procedendo invocado. Señala el censor, que el juzgador no expone en su motivación, porque a pesar de la condiciones idóneas de la probanza supra descrita, no le fue posible vincular a los imputados con los ilícitos penales que se les atribuye, sino que por el contrario se limitó a una fugaz consideración, destacando someramente, que el medicamento Ácido Acetil Salicílico era fabricado por Laboratorios Internacionales LAIN, no logrando deducir que incidencia tiene esta circunstancia, para la absolución de los enjuiciados. Decisión jurisdiccional, que se torna absolutamente arbitraria, en virtud de que el Tribunal no ha expuesto en este apartado, como llegó a la conclusión de que con los medios de prueba aportados por los apoderados defensores de los imputados, se logró acreditar que los hechos objeto de juzgamiento no son constitutivos de delito, sino que los mismos son propios del Derecho Administrativo, al tratarse del incumplimiento de un contrato, pues el juzgador al efectuar la consideración de la probanza de descargo, se limitó a hacer una valoración descriptiva de la misma, es decir, detalló una serie de documentos allegados al juicio, relacionados a cada imputado, sin explicar qué valor les otorga y como sustrajo de ellos, que la acción perpetrada por los acusados no es una transgresión al derecho penal, finalmente concluye el censor, la existencia de una vulneración a las exigencias contenidas en el artículo 141 de la normativa adjetiva penal, que claramente consigna bajo pena de nulidad, el deber de motivación de las resoluciones, haciendo clara alusión a las sentencias definitivas. De la Motivación. En procura de dar respuesta a lo planteado, es imperativo definir que es motivación y de ello poder deducir cuando hay carencia de motivación o insuficiencia de motivación. El artículo 141 del Código Procesal Penal señala, que la motivación es la expresión de los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa una resolución judicial, y en el caso particular de las sentencias, de las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido. El artículo citado establece como antagónico al concepto de motivación la simple relación de las actuaciones que se hayan realizado en el proceso, la mención de los requerimientos o petitorias formuladas por las partes o sus apoderados legales o la cita o transcripción de preceptos legales. Ampliando lo anterior, la Sala de lo Penal, hace eco al Código Iberoamericano de Ética Judicial, el que en su Capítulo III de la Parte I, señala que la obligación de motivar las decisiones se orienta a asegurar la legitimidad del juez, el buen funcionamiento de un sistema de impugnaciones procesales, el adecuado control del poder del que los jueces son titulares y, en último término, la justicia de las resoluciones judiciales; señala que motivar es expresar, de manera ordenada y clara, razones jurídicamente válidas, aptas para justificar la decisión, indica que una decisión carente de motivación es una decisión arbitraria. El Código Iberoamericano de Ética Judicial además establece, que el deber de motivar adquiere una intensidad máxima en relación con decisiones privativas o restrictivas de derechos, o cuando el juez ejerza un poder discrecional; recalca que el juez debe motivar sus decisiones tanto en materia de hechos como de Derecho: 1. En materia de hechos: debe proceder con rigor analítico en el tratamiento del cuadro probatorio, debe mostrar en concreto lo que aporta cada medio de prueba, para luego efectuar una apreciación en su conjunto; 2. En materia de Derecho: no puede limitarse a invocar las normas aplicables, especialmente en las resoluciones sobre el fondo de los asuntos, sino que debe señalar por qué una norma legal debe regir un caso concreto. Añade el instrumento jurídico citado que la motivación debe extenderse a todas las alegaciones de las partes, o a las razones producidas por los jueces que hayan conocido antes del asunto, siempre que sean relevantes para la decisión a tomar. En todos los casos, las motivaciones deben estar expresadas en un estilo claro y preciso, sin recurrir a tecnicismos innecesarios y con la concisión que sea compatible con la completa comprensión de las razones expuestas. En resumen, la motivación debe observar las siguientes características: Expresa, Clara, Completa, Legitima y Respetuosa de la Sana Crítica. Ahora bien, ordena el artículo 141 del Código Procesal Penal, que las sentencias deberán ser debidamente motivadas, redactadas conforme lo establece el artículo 338 del mismo cuerpo legal, así pues, la falta de una motivación completa se traduce en el vicio in procedendo de insuficiente motivación y la falta de una motivación expresa, se traduce en el vicio in procedendo de carencia de motivación, provocando ambas situaciones la nulidad de la sentencia (La motivación Legítima y Respetuosa de la Sana Crítica está asociada con un Motivo de Casación distinto al que se resuelve en esta oportunidad, contenido en el artículo 362.3 del Código Procesal Penal). Es importante recordar que las sentencias son la forma de comunicación entre el juez y la sociedad, en donde el primero rinde cuentas al segundo de la autoridad que se le ha confiado, también la sentencia es la forma como el juez defiende la validez y vigencia del derecho objetivo, aplicando éste al caso concreto que es disputado, finalmente la sentencia concluye un conflicto surgido de la inobservancia de la ley, pronunciándose sobre las pretensiones antagónicas –condenatoria y absolutoria- que le han presentado las partes. Con lo expresado es posible derivar cuando existe insuficiencia de motivación fáctica o jurídica y cuando tales motivaciones son totalmente carentes: 1. Carencia de Motivación Fáctica o Jurídica: Acontece cuando la sentencia no posee ninguna motivación fáctica o ninguna motivación jurídica, es decir, es la total omisión de fundamento probatorio o jurídico y con ello se produce el desconocimiento de las partes y del público en general, del por qué los juzgadores tomaron la decisión final, convirtiendo el pronunciamiento en arbitrario; 2. Motivación Fáctica o Jurídica Insuficiente: Se presenta en los casos en que los juzgadores hacen un esfuerzo limitado en razonar su decisión y por ende no sea posible con la lectura de la sentencia, retomar los pasos seguidos por los juzgadores, develar sus razonamientos y análisis, que desembocaron en los pronunciamientos del fallo. Son ejemplos de este vicio, cuando se hace una descripción de los medios de prueba, mas no se consigna el proceso de valoración intelectivo, cuando dicha valoración se limita a manifestar que tal o cual prueba merece crédito o no merece crédito, sin expresar las razones de dicha conclusión o cuando en la fundamentación jurídica solo se hace la cita de las normas legales o se transcriben las mismas, sin ninguna explicación del por qué éstas están vinculadas al caso concreto y del por qué, en su caso, las normas invocadas por las partes no son aplicables. La Insuficiencia de Motivación también se presenta cuando los juzgadores, en la individualización de la pena concreta, no justifican la necesidad de la aplicación de la pena a imponer y su extensión (Art. 2-D del Código Penal). De la procedencia del recurso. El segundo motivo no es de recibo. La Sala de lo Penal, enfatiza en la importancia de una motivación suficiente, para la correcta emisión de la sentencia definitiva, no solo por garantía procesal que constituye, (artículos 141 y 338 del Código Procesal Penal), sino también por finalidad última que persigue, que no es más que dar a conocer a las partes, al Tribunal de Casación, y, en definitiva, a cualquier persona que tenga interés en el proceso, del factor racional por el cual el juzgador decidió de una determinada manera y no de otra. Por ende, la labor de motivación legítima en la administración de justicia, ejerce una especie de control sobre la potestad que éste tiene al decidir el caso concreto. Su insuficiencia o carencia es algo más que un defecto formal; puede ser también la exteriorización de deficiencias en el proceso de valoración probatoria y decisión, de quiebras en la lógica de razonamiento que no solo se subsanarán en ocasiones con el enriquecimiento de la fundamentación de la sentencia, sino eventualmente con una decisión distinta fruto de la disciplina mental motivadora. La motivación es mucho más que un deber de “cortesía” con las partes, es una garantía de defensa que tienen frente al posible arbitrio judicial. También hay que recordar que no existe un derecho del justiciable a una determinada extensión de la motivación, puesto que su función se limita a comprobar si existe fundamentación, y, en su caso, si el razonamiento que constituye, lógica y jurídicamente, es suficiente motivación de la decisión adoptada, cualquiera que sea su brevedad y concisión. Por esta razón, prima la calidad de la motivación sobre su extensión. En el caso presente, arguye el censor del fallo que el sentenciador no motivó suficientemente (fáctica) en lo atinente al pronunciamiento absolutorio de los acusados, de quienes se constituye pretensión acusatoria por su participación a título de autores, en varios tipos de delitos, pues considera que no expresa de forma comprensible los motivos de hecho y de derecho que fundamentan su decisión exculpatoria. De lo antes expuesto, la Sala de lo Penal verifica que consta respuesta en la sentencia, de modo indirecto o implícito, siendo admisible ésta cuando en la decisión se manifiesta la negativa de una pretensión de la cual dependa la omitida, y siempre que el conjunto de la resolución permita conocer sin dificultad la motivación de la decisión manifiesta. Esta también conlleva que ha sido respondida de manera implícita si la argumentación del Tribunal para llegar a su convicción sea de tal naturaleza que la haga compatible con otra pretensión dependiente de aquella, con lo que de alguna manera se está respondiendo sobre la pretensión omitida. Y en este caso, el sentenciador motiva de manera suficiente, tanto fáctica como jurídicamente, el fallo absolutorio de la acusación formulada contra los imputados. En definitiva, la omisión denunciada no ocasiona una lesión al derecho de defensa del recurrente tal como lo alega, ya que, al revisar la motivación fáctica jurídica de la sentencia recurrida, sí se desprende que el sentenciador ha explicado suficientemente las razones por las cuales no consideró acreditadas la participación, a título de autor, de cada uno de los acusados. Por estas razones, el presente motivo no es objeto de recibimiento. Parte Resolutiva de la Sentencia Impugnada La Sala de lo Penal, se ve en la obligación de realizar un enérgico llamado de atención al a quo, la forma unitaria e irreflexiva con que fue hecha la parte dispositiva de la sentencia, que dio como resultado declarar absuelto a imputados por delitos por los cuales no estaban siendo acusados; véase que en la parte dispositiva se enumeran a todos los acusados y se indica que se les absuelve de todos los delitos, sin hacer distinción alguna, lo que ocasionó, para ejemplo, que en este momento tengamos una sentencia que declara al acusado Gilberto Lezama Toro absuelto por los delitos de Violación de los Deberes de los Funcionarios y Prevaricato, de los que nunca fue acusado ni juzgado; también que tengamos a la acusada María Cristina Núñez García, absuelta de los delitos de Prevaricato, Falsificación de documentos públicos, Uso de documentos públicos falsos, dos delitos de Fraude y delitos en contra de la Salud Pública, de los que también no existe acusación en contra de ella ni tampoco fue objeto de juzgamiento; y así todos los acusados fueron absueltos por delitos por los que no se les acusó ni juzgó.- De este modo el Tribunal de Sentencia emite fallo absolutorio por delitos sin existir acusación y sin que se haya celebrado juicio, todo en perjuicio de la sociedad representada por el Estado de Honduras. Lo encontrado en la sentencia sobrepasa un mero descuido a un hecho con apariencia de negligencia inexcusable, la norma procesal penal manda, que, en la parte resolutiva, se absolverá o condenará a las personas acusadas, con pronunciamientos separados respecto de cada una de ellas, y de cada uno de los delitos de los que hayan sido acusados. Asimismo, esta Sala de lo Penal, del estudio del acumulo judicial, advierte, que debido al rubro dedicado por la empresa con denominación social Astropharma S.A. de C.V; ésta debió en su momento hacer pruebas respectivas de verificación del producto (pastillas), sin embargo, el recurso no da para revertirse, lo que ha imposibilitado hacer un pronunciamiento de fondo en base al artículo 350 del Código Procesal Penal. DECISIÓN: No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en sus dos motivos. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 362 numeral 3 del Código Procesal Penal Falla: Primero: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en sus dos motivos; interpuestos por el Abogado Salvador Cuestas Arévalo, en su condición de Agente Fiscal del Ministerio Público. Segundo: Declara Firme la sentencia de fecha trece de septiembre del año dos mil nueve (debe entenderse que se refiere a sentencia del año 2019), dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, que contiene el pronunciamiento absolutorio a favor de Kristian Manuel Bautista, Martha Grissela Vásquez Ordoñez, María de los Ángeles Fúnez, Mirza Lizeth Ruiz Castro y Erica Castillo por suponerle responsable del delito de Violación de los Deberes de lo Funcionarios y Prevaricato en perjuicio de la Administración Pública; Mirta Gloria Escobar Cárcamo, María Cristina Núñez García y Evelin Flores Díaz, por el delito de Violación de los Deberes de lo Funcionarios en perjuicio de la Administración Pública; Gilberto Lezama Toro por los delitos de Falsificación de Documentos Públicos, un delito por su Uso y otros de Falsificación de Documentos Públicos (Ideológico), en concurso Ideal Medial con un delito de Otros Fraudes y un delito contra La Salud en perjuicio de La Fe Pública y la Salud de la Población del Estado de Honduras; Marco Tulio Gutiérrez Velásquez, por los delitos de Falsificación de Documentos Públicos en Concurso Ideal con el delito de Otros Fraudes (Art.242.1) Falsificación de Documentos Públicos por su Uso, Otros Fraudes en Concurso Ideal Medial con el delito contra La Salud Pública en perjuicio de La Fe Pública, La Administración Pública y la Salud de la Población del Estado de Honduras; Julio César Gutiérrez Arévalo, Lena Karim Gutiérrez Arévalo y Ginett Karime Gutiérrez Arévalo por los delitos de Falsificación de Documentos Públicos, Falsificación de Documentos Públicos por su Uso en Concurso Ideal Medial con el delito de Fraude(Art.376), la Salud Pública en Concurso Ideal con el delito de Otros Fraudes y el delito de Falsificación de Documentos Públicos por su Uso en perjuicio de La Salud Pública, La Administración Pública y la Salud de la Población del Estado de Honduras; y, Gladis Irías Rivera por los delitos contra la Salud Pública en Concurso Ideal con un delito de Otros Fraudes (Art.242.1), y un delito por Falsificación de Documentos Públicos por su Uso, Falsificación de Documentos Públicos (Ideológico), en concurso Ideal Medial con un delito de Fraude en Perjuicio de la Fe Pública, La Salud Pública, La Administración Pública y la Salud de la Población del Estado de Honduras respectivamente. Y MANDA: A efecto de que se acate lo mandado, la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas en única instancia, deberá devolver los antecedentes del caso al tribunal de justicia de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento. NOTIFÍQUESE. - Firma y Sello. –Jose Olivio Rodriguez Vasquez. Magistrado Coordinador. Rafael Bustillo Romero. Magistrado. Alma Consuelo Guzman Garcia. Magistrada. - Firma y Sello. – Jose Ramon Cruz Ferrera. Secretario Sala de lo Penal.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintisiete días del mes de marzo de dos mil veintitrés. Certificación de Sentencia dictada el diecisiete de mayo de dos mil veintidós, recaída en el expediente de casación con número de ingreso SP-25-2021.
JOSE RAMON CRUZ FERRERA
SECRETARIO SALA DE LO PENAL
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[1] Sentencia 239-10 Corte Suprema de Justicia Hondureña
[2] Sentencia SP 258-10
[3] La Motivación insuficiente concurre: cuando no se explican lo suficiente las circunstancias tomadas en consideración para determinada decisión o cuando habiendo valorado cierta prueba no se diga claramente cuál fue la tomada en cuenta para fijar los hechos probados
[4] Pag. 172 de la Sentencia STTS-SIII-89-2019
[5] Pag. 170-171 de la Sentencia STTS-SIII-89-2019
[6] Pág. 167 A 169 de la Sentencia STTS-SIII-89-2019
[7] De acuerdo al autor Fernando de la Rúa, la motivación de las resoluciones Judiciales, especialmente las que ponen fin al proceso, deben satisfacer las siguientes características: expresa, clara, completa, legítima y lógica. (Vid. Derecho Procesal Penal de Honduras. Pág. 592).
[8] Vid Sentencia de Casación Penal SP 03-2011 dictada por la Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia en fecha veinticinco de abril de dos mil trece