Sentencia CP-227-18 — Registro 18423
Resumen
El tribunal de sentencia absolvió a los imputados del delito de usurpación, resolviendo la Sala de lo Penal no ha lugar el recurso de casación.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"... Este Tribunal de Casación observa que la afirmación del recurrente es totalmente equivoca y desconocedora del derecho procesal penal vigente, pues el "error de hecho sobre la apreciación de la prueba" era posibilidad motivacional que establecía el Código de Procedimientos Penales (artículo 412.2.b), cuya norma fue derogada desde el 19 de mayo de 2002. La norma procesal vigente (Código Procesal Penal), establece categóricamente como principio rector del Recurso de Casación por Infracción de Ley, la intangibilidad de los hechos probados, algo de lo cual el peticionario se aparta totalmente, ya que no respeta la premisa mayor o fundamental de la resolución que ha de calificarse técnicamente en su tipicidad o atipicidad y que necesita de la indudable sumisión de las partes, no hace análisis de juricidad, sino que se limita a exponer alegatos propios de instancia y demostrar su desacuerdo con otros apartados de la sentencia que no se corresponden a la fundamentación fáctica. En consecuencia, lo procedente es la denegatoria del recurso en su único motivo, pues ha sido interpuesto en abierta discordancia y oposición con la debida técnica recursiva y con lo afirmado en los hechos probados de la sentencia impugnada. Recurso de casación por infracción de precepto constitucional. El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior. En general toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia; en una buena técnica recursiva, el peticionario debe seleccionar este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el recurso por infracción de precepto constitucional de amplio espectro (recurso ordinario), en contraposición con los recursos de infracción de ley, infracción de doctrina penal y quebrantamiento de formas procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores (recursos extraordinarios). En este último sentido Llorente Fernández expresa que (Llorente Fernández De La Reguera, Ángel, en Los Recursos, Cuadernos de Estudios Judiciales, RAFAEL ALVARADO MANZANO, LITICOM, Tegucigalpa, 2001, págs. 113-115), "la jurisprudencia española ha puesto de manifiesto que este cauce impugnatorio no está previsto para alegar, bajo su cobertura, la vulneración de cualquier norma constitucional, sino específicamente la infracción de aquellas que tienen una estrecha y directa relación con el objeto del proceso en que son invocados. Serán, por tanto, los derechos fundamentales ligados al proceso con carácter general los que tengan cabida en esta vía impugnativa y de un modo especial aquellos que el recurrente entienda que han sido conculcados en el caso concreto..." La esencia del recurso por Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del principio de convencionalidad y el principio de primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial.."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 361 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
"...DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO. EL RECURSO NO ES DE RECIBO. Debe de tenerse presente que la sentencia se construye a partir de múltiples silogismos encadenados que constituyen el razonamiento judicial y que cada silogismo debe de tener la cualidad de ser categórico, compuestos por premisas de las que se deriva una conclusión, teniendo precisamente a aquellas premisas como la razón suficiente para derivar la conclusión; por ende, el recurrente que alega la violación del principio de derivación como motivo, asume un alto compromiso que implica la tarea de identificar el silogismo que considera indebidamente construido, determinar la fuente de la premisa mayor, de la premisa menor, y luego, lo más importante, demostrar que la inferencia realizada es incorrecta y que por ello la conclusión que se dice necesaria en realidad no lo es; tarea que no termina allí, pues además debe de explicar porque tal conclusión malograda es relevante para la decisión final y por ello dicha decisión fue indebidamente adoptada. Hoy por hoy el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma planteando como motivo la violación del principio lógico de derivación ocupa un gran de porcentaje de los recursos que resuelve esta Sala de lo Penal; desafortunadamente, no en pocos casos, el recurrente acude a tal alegato como una forma de disfrazar la verdadera pretensión de reexamen o revalorización (revisio de facto) de la actividad probatoria como medio de atacar el juicio valorativo hecho por el tribunal de sentencia, pretendiendo así que los jueces de casación, sin contar con inmediación (entre otros principios faltantes), valoren un medio de prueba determinado, extraigan conclusiones probatorias y luego las compare con aquellas a las que arribó el a quo, decidiendo finalmente si lo hecho por los jueces de la instancia está bien o mal a depender si coincide con la valoración de la prueba hecha en única instancia, todo ello impropio en sede casacional. No existe una previa determinación de pruebas, por lo que éste debe de ser asignado por el juzgador de la instancia haciendo mano de las reglas de la sana critica, evaluándolas y determinando el grado de convencimiento que le genera cada una de ellas y en su conjunto en relación a la imputación, lo que constituye un proceso directo de los jueces de instancia y ajeno a los jueces de casación. Por ello, el recurso de casación no provoca un nuevo examen probatorio de los medios que fundan la decisión judicial impugnada; la casación no es una segunda instancia, sino una única instancia encargada de revisar la mera legalidad de la decisión judicial, quedando fuera de tal esfera de competencia la revaloración de la prueba; las partes en la interposición del recurso no pueden pretender que esta Sala de lo Penal declare el acierto o desacierto del Tribunal de Sentencia sobre sus criterios valorativos, pues ello sería rebasar las potestades legales conferidas por la ley a los jueces de casación. En el caso actual y concreto, la acusación privada se dedica a exponer alegatos propios de instancia que resultan insuficientes para autorizar la potestad revisora del control de racionalidad de la actividad valorativa del sentenciador, ya que arguye que existen contradicciones entre los testigos que no cita el tribunal de sentencia y que son relevantes, puesto que se refieren a la parte sustancial de los hechos y al confrontar el contenido de los testimonios de cargo con los de descargo, resulta acreditado un grave vicio de apreciación de la prueba por infracción a la regla lógica de derivación. Considera, en definitiva, considera que el sentenciador ha hecho una utilización arbitraria de las fuentes de convencimiento, lo cual ha conducido a una falsa motivación. Al respecto, es menester de este Tribunal de Casación poner énfasis en que las argumentaciones anteriormente relacionadas y que sustentan la explicación del motivo, obedecen a meras apreciaciones subjetivas del recurrente en las que pasa por alto identificar, explicar y comprobar el vicio de derivación en la labor intelectiva del juzgador y la cual debe ser su objeto de impugnación. No se tiene duda la Sala de que el recurrente presenta queja sobre la valoración, no porque identifique un defecto de construcción en un silogismo judicial, análisis de premisas y demostración de una mala inferencia que termine en una indebida conclusión derivada, sino porque la prueba fue valorada de forma diferente a como pretendía la defensa, todo ello impropio de sede casacional. Por lo anterior, el tercer motivo decae y debe ser desestimado..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362,N.3 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Receptor de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia recaída en el expediente del Recurso de Casación SP-227-2018, que literalmente dice: “I. SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta y un días del mes de marzo del año dos mil veintidós, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados José Olivio Rodríguez Vásquez, en su calidad de coordinador, Rafael Bustillo Romero y Alma Consuelo Guzmán García, pronuncian EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente sentencia en el Recurso de Casación SP 227-2018 por Infracción de Ley, por Infracción de Precepto Constitucional y por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha tres (03) de abril del año dos mil diecisiete (2017), dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, mediante la cual falló: Primero: Absolvió a los señores Arturo Velásquez Gálvez y Roberto Velásquez Gálvez, por suponerlos responsables de la comisión del delito de Usurpación, en perjuicio del señor Héctor Ulises Padilla Almendarez, por el cual han sido acusados. Segundo: No condenó en costas procesales, personales ni gastos ocasiones por el juicio al Ministerio Público y a la acusación privada. Tercero: No decretó comiso alguno. Cuarto: Ordenó extender carta de libertad definitiva a favor de los señores Arturo Velásquez Gálvez y Roberto Velásquez Gálvez, una vez que la sentencia adquiera el carácter de firme. Quinto: Declaró la extensión de la responsabilidad penal iniciada contra el señor Darío Velásquez Gálvez, así como el sobreseimiento definitivo en la causa instruida en su contra. Interpuso el Recurso de Casación por Infracción de Ley, por Infracción de Precepto Constitucional y por Quebrantamiento de Forma, el Abogado Manuel de Jesús Zeron, como acusador privado. Son partes en única instancia: el Abogado Manuel de Jesús Zeron, acusador privado y recurrente; los Abogados José Roberto Izaguirre Santos y Mario Reiniery Amador, defensores públicos, como recurrida. Π. HECHOS PROBADOS DE LA INSTANCIA "Los integrantes de este Tribunal de Sentencia declaran expresa y terminantemente probados los siguientes hechos: PRIMERO: En fecha 27 de febrero del año 1940, la señora Dolores Barrientos viuda de Carias, transfirió mediante venta que le hizo al señor José Cleofes Velásquez Herculano, la propiedad de un terreno de 64 manzanas, ubicado en el Chagüite Jurisdicción de Talanga, departamento de Francisco Morazán. Posteriormente el señor José Cleofes Velásquez, mediante compra venta le transfirió en fecha 6 de diciembre de 1980, al señor Amado de Jesús Velásquez, un aproximado de 25 manzanas de terreno, las cuales desmembró de la propiedad que originalmente le había comprado a la señora Dolores viuda de Carias, el cual está ubicado igualmente en el Chagüite, aparece de igual manera que este señor Amado de Jesús Velásquez tenía en su poder poco más o menos 3 manzanas de terreno que dijo haber obtenido mediante herencia de su padre el señor José Cleofes Velásquez. lo cual sumo un aproximado de 28 manzanas. SEGUNDO: Posteriormente el fecha 15 de febrero de 1991, el señor Amado de Jesús Velásquez, vendió las 25 manzanas poco más o menos de terreno que había obtenido mediante compra realizada a su padre en fecha 6 de diciembre de 1980 transmitiéndoselo a Ramón Romero Chirinos en representación de su hijo Darwin Israel Romero Canales y al señor Héctor Ulises Padilla Almendarez, resultando por ende Darwin Israel Romero Canales y Héctor Ulises Padilla Almendarez: copropietarios y con derechos sobre las poco más o menos referidas 25 manzanas. TERCERO: Luego en fecha 27 de junio de 1991, el señor Amado de Jesús Velásquez vendió a los señores Ramón Israel Romero Chirino y Héctor Ulises Padilla Almendarez, el terreno consistente en poco más o menos 3 manzanas, las que anteriormente dijo este, haber adquirido por herencia de su padre el señor José Cleofes Velásquez; resultando en consecuencia los señores Ramón Israel Romero Chirino y Héctor Ulises Padilla Almendarez, ambos dueños de esos derechos sobre las poco más o menos 3 manzanas antes referidas. CUARTO: Posteriormente en fecha 19 de noviembre de 1992, el señor Ramón Israel Romero Chirinos vendió al señor Héctor Ulises Padilla Almendarez, los derechos que como condueño le correspondian sobre las poco más o menos 3 manzanas que había adquirido anteriormente en fecha 27 de junio de 1991, del señor Amado de Jesús, como también los derechos que adquirió en representación de su hijo Darwin Israel Romero Canales, de las poco más o menos 25 manzanas en fecha 15 de febrero del año 1991, por compra hecha también al señor Amado de Jesús Velásquez. De esta manera entonces, el señor Héctor Ulises Padilla Almendarez resulto ser el único propietario de un aproximado de 28 manzanas que en total suman la extensión superficial de ambos inmuebles aproximadamente QUINTO: En fecha 20 de febrero del año 2007 y 27 de marzo del año 2009, la Corporación Municipal de Talanga, departamento de Francisco Morazán, concedió dominio pleno al señor Héctor Ulises Padilla Almendares de dos inmuebles enmarcados dentro del título de los ejidos de las aldeas de Valle Arriba, Los Izotes y La Esperanza, inscrito en el libro de registro de la propiedad bajo el número 3, folios del 149 al 383, del tomo 94, y que respectivamente corresponden a 5.3 manzanas uno y a 42.80 manzanas el otro. Desconociéndose si los dominios plenos otorgados corresponden o no a las propiedades que Héctor Ulises Padilla adquirió según los antecedentes en el Chagüite o los Chagüites, cuyos antecedentes proviene del señor José Velásquez y Amado de Jesús Velásquez. SEXTO: Los señores José Cleofes Zuniga Flores, Arturo Velásquez Gálvez y Dario Velásquez Gálvez, todos hijos del señor José Cleofes y hermanos del señor Amado de Jesús Velásquez, este último actualmente fallecido fueron acusados por el delito de usurpación en perjuicio de Héctor Ulises padilla Almendarez. III. RECURSO DE CASACIÓN. MOTIVOS Y ARGUMENTOS. El recurrente, el Abogado Manuel de Jesús Zeron, como acusador privado, procedió a formalizar su Recurso de Casación por Infracción de Ley, por Infracción de Precepto Constitucional y por Quebrantamiento de Forma, de la manera siguiente: "EXPOSICION DE MOTIVO DE CASACION POR INFRACCION DE LEY O DOCTRINA LEGAL: UNICO MOTIVO: Infracción por aplicación indebida del precepto penal sustantivo contenido en el artículo 227 del Código Penal Vigente, en virtud de haber incurrido el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Francisco Morazán, en error de hecho en la apreciación de la prueba. PRECEPTO AUTORIZANTE: El precepto autorizante lo constituye el artículo 360 del Código Procesal Penal. CONCEPTO DE LA INFRACCION: El articulo número 227 del Código Pernal estable "Quien usurpe un bien inmueble o un derecho real será sancionado con una pena de 2 a 4 años de reclusión", En el Recurso de Casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal prevalece como regla general el respeto absoluto de los hechos estimados y declarados como probados por el juzgador, siendo que los mismos para este tipo de recurso deberán ser considerados como verdades indiscutibles e incontrovertibles, sin embargo como una excepción a esta regla general, el legislador ha incluido dentro de las causales que dan lugar a la Casación en el fondo en materia penal el Error de Hecho en la apreciación de la prueba, si parte de un acto documento autentico que evidencia la equivocación manifiesta del juzgador y que no haya sido controvertida por otra prueba, esta es la única manera en que en un Recurso de Casación por Infracción de la Ley, el impugnante podrá contradecir los hechos declarados como probados por el juzgador y alegar a su vez hechos nuevos, en razón a lo anterior en la sentencia recurrida a través de este recurso, el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa Francisco Morazán, al absolver a los imputados relacionados en el preámbulo de la impugnación, desprendiéndose de los hechos probados de la Sentencia recurrida, que el Tribunal de Sentencia, tiene como hechos probados, el recurrente a través de este recurso impugnamos la sentencia citada y emitida por el tribunal precitado, en el sentido que en sus hecho probado se establece como verdad el hechos Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto y Sexto, por lo que al analizar lo expuesto, se demuestra la equivocación del juzgador al absolver a los ciudadano ARTURO VELASQUEZ GALVEZ Y RIGOBERTO VELASQUEZ GALVEZ, pues a la luz de la Sana Critica de la Prueba, los imputados tiene participación en el ilícito enunciado y que se les imputa, además de ello no encontramos el mínimo indicio de la comisión del delito, extremo este que quedó demostrado con la prueba de descargo, pero que el juzgador no valoro en su conjunto, con lo cual el juzgador hace uso de pruebas insustentables para emitir una sentencia Absolutoria; al analizar lo expuesto, se demuestra la equivocación del juzgador al absolver a los encartados, pues al umbral de la luz de la sana critica de la prueba, de mis representado, se probó la participación del ilícito penal, en esa razón el Tribunal de Sentencia, según nuestra apreciación, no valoro la prueba en su conjunto, incurriendo en un Error de Hecho en la apreciación de la prueba, siendo esto un acto autentico con la documentación llegada ante estrados, así como las declaraciones testificales brindadas por los testigos propuestos por el Ministerio Publico, tal como deja entrever el Tribunal de Sentencias en su valoración de la prueba testimonial dejan entrever que son concordantes en sus dichos, y esto no lo inventa la defensa, se encuentra plasmado en la sentencia, en consecuencia existen graves contradicciones relativas a los testimonios brindados por el testimonio de la defensa, y los hechos probados que llevo al sentenciador al error de hecho en la apreciación de la prueba, estos actos no han sido desvirtuados por otra prueba, por lo cual claramente se desprende que con la prueba testifical de la parte acusatoria, como la prueba documental propuesta por el Ministerio Publico, y el juzgador solamente ha tomado en consideración aspectos subjetivos, por todo lo anteriormente expuesto concluyo que al no tomar en cuenta el juzgador los medios probatorios en su contenido autentico, ha incurrido en un grave error de hecho en la apreciación de la prueba de actos auténticos como la prueba documental, y declaraciones testificales que no han sido controvertidas por otras pruebas con respecto a los hechos probados, con lo cual el juzgador evidencia una completa equivocación. EXPOSICION DE MOTIVOS DE CASACION POR INFRACCION DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL: UNICO MOTIVO: Violación a infracción de precepto Constitucional, contenido en el artículo número 90 de la Constitución de la Republica de Honduras. PRECEPTO AUTORIZANTE: El precepto autorizante lo constituye el artículo número 361 del Código Procesal Penal. CONCEPTO DE LA INFRACCION: La Sentencia recurrida adolece de violaciones al ordenamiento jurídico preeminente de Honduras, en ese sentido la Constitución de la Republica de Honduras, dándole plena vigencia al derecho fundamental al Debido Proceso, prescribe en el párrafo primero del articulo número 90 que "nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece", de donde resulta la imperiosas necesidad de encuadrar el proceso dentro de las provisiones establecidas en la Ley Procesal, respetando los derechos y las garantías constitucionales establecidas en la ley, los tratados internacionales suscritos por nuestro país, en ese sentido y de conformidad a la sentencia recurrida, la negación arbitraria e injustificada del acceso instaurado en la ley procesal infringe el derecho al proceso en todas las garantías o derechos fundamentales, porque a mí representado en su condición de víctima, de situaciones irregulares que se encuentra en el foliado del juicio de mérito, y aun así, el juzgador obvio esos derechos y garantías a que hacemos alusión, por cuanto al foliado del juicio se pueden observar nulidades sustantivas y adjetivas, dependiendo la fundamentación jurídica que se use en su planteamiento. Las diferencias que logramos ver y que existen en el juicio, son en cuanto al origen, en cuanto al bien juridico tutelado y en el procedimiento que se sigue para su declaración judicial. En las nulidades sustantivas se mira el acto o contrato al que le falta algún requisito que la ley prescribe para su valor, según su especie y calidad o estado de las partes; mientras que en las adjetivas se observa exclusivamente si en el procedimiento empleado para el reconocimiento de un derecho se cumplió con el precepto fundamental del proceso, el derecho de defensa y la organización o estructura judicial. El sentenciador debe ser garante del cumplimiento efectivo de las formas procesales y las garantias constitucionales que asisten a la Victima, y nuestra legislación hondureña como los convenios internacionales relativos a los derechos humanos a que honduras es signatario, con lo cual le dan plena garantia a un procesado para ser respetado en todas sus manifestaciones y el articulo número 200 del Código Procesal Penal como principio de legalidad nos dice que "carecerán de eficacia probatoria los actos o hechos que vulneren las garantías procesales establecidas en la Constitución de la Republica y en los Convenios Internacionales...". Según el principio del Debido Proceso consagrado en el artículo número 90 párrafo primero de la Constitución de la Republica de Honduras, el que deberá actuar ciñéndose a las exigencias que en cuanto a las formalidades derechos y garantias establezca la ley; por manera para que ese principio, el del Debido Proceso, pueda considerarse violado es necesario que el sentenciador que intervenga no sea un juez natural o que omita alguna formalidad de las que señala la ley procesal, o que se atropelle un derecho constitucional, o que se irrespete una garantía judicial establecidas por la ley, que es el caso que nos ocupa. EXPOSICION DE MOTIVO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA UNICO MOTIVO: No haber observado el sentenciador en la valoración de la prueba las reglas de la sana critica. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente Motivo de Casación se encuentra comprendido en la parte final del numeral 3) del artículo 362 del Código procesal Penal. CONCEPTO DE LA INFRACCION: Para los efectos de este motivo se cita como infringido el artículo 202 del Código Procesal Penal en la parte que dice: "Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana critica en relación con lo dispuesto en el articulo 338 del mismo cuerpo legal. En este sentido, es conveniente aclarar en qué consiste la fundamentación y valoración de la prueba conforme a las reglas de la sana critica, veamos; tal como lo ha reconocido la jurisprudencia costarricense, debe considerarse que todo problema de violación de las normas del correcto entendimiento humano es un problema de fundamentación, las reglas a que nos referimos son las de la experiencia, la psicología y la lógica. Las primeras se refieren al conocimiento que un hombre común tiene sobre alguna circunstancia de la vida, para lo cual debe partirse de la condición de hombre común que tiene el juzgador, por lo que el limite de estos son los conocimientos técnicos especializados- Las de la psicología se relacionan con conocimientos básicos y no con las reglas elaboradas de la ciencia. Las reglas de la lógica implican que el ejercicio intelectivo del juzgador debe guardar coherencia (concordancia entre sus elementos) y derivación (necesidad de una razón y justificación adecuada para ser verdad). La coherencia manda la aplicación de los principios de identidad, contradicción y de tercero excluido. La derivación induce a la obligatoriedad de que la sentencia resulte congruente (las afirmaciones, deducciones y conclusiones deben guardar adecuadamente correlación entre ellas), y suficiente (los elementos bases de las conclusiones valorativas deben ser aptos para producir razonablemente un convencimiento cierto del suceso que se juzga). Analizada la fundamentación fáctica y probatoria de la sentencia impugnada; expuesto lo anterior esta defensa encuentra violatoria del sistema de valoración en la proclama del Código Procesal Penal, la presente sentencia por lo siguiente: 1.- refiere el Tribunal de Sentencia, en el apartado de valoración de la prueba, que por unanimidad de sus miembros encuentran que existe un criterio sostenido, para ABSOLVER a los imputados. En conclusión existen contradicciones que no cita el Tribunal de Sentencia, y que son relevantes, puesto que se refieren a la parte sustancial de los hechos y al confrontar el contenido de los testimonios de cargo como descargo con lo argumentado por el sentenciador resulta acreditado un grave vicio de apreciación de la prueba por infracción de la regla lógica de la derivación que impone la necesidad de razón; suficiente y justificada para considerar verdadera una conclusión, lo que no sucede en el caso de autos, pues lo afirmado no resiste el peso de la prueba evacuada en juicio; todavía más si se toma en consideración que se deduce del análisis de la valoración de la prueba que ha realizado el Tribunal de Sentencia, que este ha fundamentado su decisión, argumentando que entre las deposiciones de los testigos no son discordantes, lo cual no es acertado, puesto que como se ha venido exponiendo en el desarrollo del presente recurso, los mismos se mantienen en cuanto a la esencia de los hechos; por otra parte el Tribunal de Sentencia, ha considerado este elemento probatorio determinante para llegar a la conclusión sobre la NO responsabilidad de los imputados, de manera que si el sentenciador hubiera valorado la prueba en referencia, respetando las reglas de la sana critica, el fallo seria diferente, porque al afirmar el sentenciador esta circunstancia en el acápite del fallo impugnado, no hace más que vulnerar la regla de la derivación, en virtud que la sentencia contiene un juicio lógico que no es verdadero y por lo tanto ha viciado la misma de una motivación falsa, ya que el Tribunal de Sentencia al concluir que la prueba de cargo le merece credibilidad, al asistirle la certeza entre las versiones de los testigos, con ello ha hecho una utilización arbitraria en la fuente del convencimiento, en el caso subjudice las declaraciones testificales de cargo que han conducido al juzgador a la falsa motivación de la sentencia, pues es evidente a la luz del día que esas contradicciones que logramos durante el desarrollo del juicio, nunca descalifico esa prueba a que nos referimos, por eso la conclusión del juzgador es equivocada, este acusador privado considera que desde un inicio una falta de prueba contundente para establecer el tipo penal que se les imputa. Al hacer un análisis de la prueba aportada por el Ministerio Público en conjunto con el Acusador Privado, se demostró con las pruebas la comisión del delito. En ese sentido, esta parte que acusa, considera que las pruebas de cargo fueron suficientes, eficaz y lícita, la cual nos conduce a llevar la certeza necesaria para demostrar la culpabilidad de los imputados, reiteró que SI se probó la participación de estos ciudadanos en la comisión del delito. Cabe señalar que en el expediente de mérito existe tres sentencias una emitida por el Juzgado de Letras Civil donde manifiesta claramente que los hoy acusados no son propietarios del inmueble en litigio y las otras dos sentencias especifican claramente la comisión del delito de los hoy Imputados, las cuales sirven como Jurisprudencia para los Jueces sentenciadores y estos hicieron caso omiso a dicha Jurisprudencia, o sentencias admitidas por los Órganos competentes. Como se puede apreciar en el Expediente de mérito ni en la Audiencia Inicial ni en la proposición de pruebas para la sustanciación del debate la parte defensora no aporto ninguna prueba documental o testifical que acreditara la pertenencia o la simple posesión del inmueble objeto de este juicio. Honorables Magistrados, soy del criterio que el juez sentenciador, vulnera el artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal, al separarse de la Sana Critica de la prueba y obviando toda una gama de derechos constitucionales, que le otorga la Constitución de la Republica a mi representado. RECLAMACIONES PARA OBTENER SUBSANACIONES Puesto que los vicios procesales que sé denuncian en este motivo de Casación, ocurrieron también en la misma Sentencia Definitiva contra los mismos, no es posible interponer otro recurso ni ordinario ni extraordinario, más que el presente.” IV. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Recurso de Casación por Infracción de Ley. Establece el artículo 360 del Código Procesal Penal que "Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba de ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo..." De esta norma se puede determinar la configuración del recurso de casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal: 1. Respeto irrestricto a los hechos probados: Los hechos probados son el relato cronológico de un acontecimiento histórico anterior al proceso penal y que es objeto de debate, fijados por el Tribunal de Sentencia con base en lo que se ha probado en juicio, derivado de la valoración de los medios de prueba cuya reproducción el juzgador pudo apreciar de manera directa, colocándolo en una posición exclusiva de valoración. Por ello el artículo 369 del Código de Rito, en su tercer párrafo prohíbe al Tribunal de Casación la modificación de los hechos probados, conocido como Principio de Intangibilidad de los Hechos Probados; 2. Falta de correspondencia entre los hechos probados y el fallo por infracción de precepto sustantivo o de principio fijado por la doctrina legal, a consecuencia de: a. Inobservancia de la norma sustantiva o Doctrina Legal que corresponde al caso; b. Errónea aplicación de una norma sustantiva o de Doctrina Legal a un hecho nocontemplado en ella como hipótesis; c. Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del Principio fijado en la Doctrina Legal; d. Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal; y e. Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal. En conclusión, a través del recurso de casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia; de allí que a la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia o de la Doctrina Legal que sobre el tema jurídico se haya sentado; su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados). Recurso de casación por Infracción de Ley interpuesto por la acusación privada. Único motivo. • Normas autorizantes citadas: artículo 360 del Código Procesal Penal. • Norma sustantiva que se denuncia infringida: artículo 227 del Código Penal. • Concepto de la infracción: aplicación indebida. • Pretensión: casar la sentencia impugnada. Arguye el recurrente que, a través del recurso de casación por infracción de ley, se establece como una excepción al principio de intangibilidad de los hechos probados de la sentencia, cuando exista un error de hecho sobre la apreciación de la prueba. Sobre esta premisa, arguye que el sentenciador al absolver a los acusados demuestra una equivocación pues a la luz de la sana crítica de la prueba, los imputados tienen responsabilidad penal en el delito de usurpación que se les imputa, lo que implica la concurrencia en un error de hecho en la apreciación de la prueba por parte del sentenciador. DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO. EL RECURSO NO ES DE RECIBO. Debe tener presente que habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o de doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido una norma penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada para la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo. El recurso interpuesto obliga a respetar el relato de hechos probados en la sentencia recurrida, pues en estos casos se discuten problemas de aplicación de la norma jurídica y tales problemas han de plantearse y resolverse sobre unos hechos predeterminados, que han de ser fijados al efecto por el tribunal de instancia. El recurso de casación por infracción de ley se articula a partir de las precisiones fácticas que haya establecido el Tribunal de instancia, por no constituir una apelación ni una revisión de prueba. Se trata, en todo caso, de un recurso de carácter sustantivo penal cuyo objeto exclusivo es el enfoque jurídico que, a unos hechos dados, ya inalterables, se pretende aplicar, en discordancia con el sentenciador. La técnica de la casación penal exige que en los recursos de esta naturaleza, se guarde el más absoluto respeto a los hechos que se declaren probados en la sentencia recurrida, ya que el ámbito propio de este recurso queda limitado al control de juricidad, o sea, que lo único que en él se puede discutir es si la subsunción que de los hechos hubiese hecho el Tribunal de instancia en el precepto penal de derecho sustantivo aplicado es o no correcta jurídicamente, de modo que la tesis del recurrente no puede salirse del contenido del hecho probado. De acuerdo a lo previsto en el artículo 338 del Código Procesal Penal, la sentencia se construye como un silogismo, en que la premisa menor, está integrada por el relato de hechos probados, la mayor por los fundamentos de derecho, y la conclusión, por el fallo. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar, se invocan normas que no deben aplicarse, o se invocan las norma que deba aplicarse al caso concreto pero el juzgador hace una incorrecta interpretación de la misma. En el caso actual, el censor del fallo arguye que, como una excepción al principio de intangibilidad de los hechos probados de la sentencia, a través del presente recurso se puede hacer denuncia cuando exista un error de hecho sobre la apreciación de la prueba. A partir de esta premisa considera que el sentenciador al absolver a los acusados demuestra una equivocación, pues a la luz de la sana crítica de la prueba, los imputados tienen responsabilidad penal en el delito de usurpación que se les imputa, lo que implica la concurrencia en un error de hecho en la apreciación de la prueba por parte del sentenciador. Este Tribunal de Casación observa que la afirmación del recurrente es totalmente equivoca y desconocedora del derecho procesal penal vigente, pues el "error de hecho sobre la apreciación de la prueba" era posibilidad motivacional que establecía el Código de Procedimientos Penales (artículo 412.2.b), cuya norma fue derogada desde el 19 de mayo de 2002. La norma procesal vigente (Código Procesal Penal), establece categóricamente como principio rector del Recurso de Casación por Infracción de Ley, la intangibilidad de los hechos probados, algo de lo cual el peticionario se aparta totalmente, ya que no respeta la premisa mayor o fundamental de la resolución que ha de calificarse técnicamente en su tipicidad o atipicidad y que necesita de la indudable sumisión de las partes, no hace análisis de juricidad, sino que se limita a exponer alegatos propios de instancia y demostrar su desacuerdo con otros apartados de la sentencia que no se corresponden a la fundamentación fáctica. En consecuencia, lo procedente es la denegatoria del recurso en su único motivo, pues ha sido interpuesto en abierta discordancia y oposición con la debida técnica recursiva y con lo afirmado en los hechos probados de la sentencia impugnada. Recurso de casación por infracción de precepto constitucional. El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior. En general toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia; en una buena técnica recursiva, el peticionario debe seleccionar este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el recurso por infracción de precepto constitucional de amplio espectro (recurso ordinario), en contraposición con los recursos de infracción de ley, infracción de doctrina penal y quebrantamiento de formas procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores (recursos extraordinarios). En este último sentido Llorente Fernández expresa que (Llorente Fernández De La Reguera, Ángel, en Los Recursos, Cuadernos de Estudios Judiciales, RAFAEL ALVARADO MANZANO, LITICOM, Tegucigalpa, 2001, págs. 113-115), "la jurisprudencia española ha puesto de manifiesto que este cauce impugnatorio no está previsto para alegar, bajo su cobertura, la vulneración de cualquier norma constitucional, sino específicamente la infracción de aquellas que tienen una estrecha y directa relación con el objeto del proceso en que son invocados. Serán, por tanto, los derechos fundamentales ligados al proceso con carácter general los que tengan cabida en esta vía impugnativa y de un modo especial aquellos que el recurrente entienda que han sido conculcados en el caso concreto..." La esencia del recurso por Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del principio de convencionalidad y el principio de primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. Recurso de casación por Infracción de Precepto Constitucional interpuesto por la acusación privada. Único motivo. • Norma autorizante citadas: artículo 361 del Código Procesal Penal. • Normas constitucionales que se denuncian infringidas: artículo 90 de la Constitución de la República. • Concepto de la infracción: violación al debido proceso. • Pretensión: casar la sentencia impugnada. Arguye el censor del fallo que la sentencia adolece de violaciones al ordenamiento jurídico preeminente y a los tratados internacionales suscritos por el Estado de Honduras. Asimismo, considera que la sentencia recurrida niega arbitraria e injustificadamente todas las garantías del derecho procesal penal, que existen situaciones irregulares que se encuentran en la foliada judicial. Observa diferencias en cuanto al origen, al bien jurídico tutelado y al procedimiento que se sigue para la declaración judicial. Del debido proceso. La garantía del debido proceso, invocada por el pretensor como aquella que ha inobservado el tribunal de sentencia, se encuentra regulada por el artículo 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, artículo 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y artículo 90 de la Constitución de la República, conocida como el debido proceso legal, el cual refiere a los parámetros normativos bajo los cuales deben dispensarse todas las garantías necesarias en el proceso (con independencia de su naturaleza). La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el Informe No. 1/95 de fecha 07 de febrero de 1995, del caso 11,006, referente al proceso de Alan García, Perú, indicó: "El articulo 8 de la Convención Americana en su inciso primero establece que toda persona tiene derecho a ser oido con las debidas garantías en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada en su contra. Asi mismo, el mencionado artículo en su inciso segundo prevé que durante el trámite del proceso toda persona tiene derecho a que se respeten ciertas garantías minimas. La enumeración contenida en esta cláusula ha sido interpretada como una nómina de garantías minimas no taxativas. De este modo, se ha considerado que existen otras garantias reconocidas en el derecho interno de los Estados que, si bien no están incluidas explícitamente en el texto de la Convención, igualmente se encuentran amparadas por el contenido amplio del inciso I del articulo 8 de la Convención". El principio del debido proceso más que garantizar el respeto a la ritualidad en la dinámica de juzgamiento, es uno de los pilares del derecho procesal penal dirigido a que la persona sometida a la jurisdicción sea juzgada por un juez o jueza natural, competente, imparcial e independiente, pero adicionalmente es un mandato para que este juez además de respetar las formas procesales, reproduzca en cada una de ellas los derechos y garantías consagrados en la Constitución de la República y en los Tratados y Convenciones de los que Honduras forme parte, así pues los llamados principios procesales o principios informadores del proceso, no son más que medios conductores para materializar aquellos derechos y garantías fundamentales que son agrupados bajo la titulación del debido proceso legal, y que constituyen reglas mínimas de juzgamiento, como ser: I. Prohibición de ser procesado mediante la aplicación de leyes retroactivas peyorativas; II. Derecho a ser informado de los cargos criminales en su contra; III. A un juez predeterminado por la ley; IV. A la imparcialidad e independencia del juez; V. Derecho a la defensa material y técnica y a utilizar los medios de prueba pertinentes; VI. A la igualdad de armas procesales; VII. A un proceso público sin dilaciones indebidas; VIII. Respeto al principio de presunción de inocencia; IX. Posibilidad de recurrir ante un tribunal para obtener una revisión de la legalidad de la orden de privación de la libertad provisional; X. Derecho a ser oído en un plazo razonable; XI. Deber de los tribunales de emitir fallos razonados, motivados y con información sustancial; XII. El derecho a impugnar las resoluciones judiciales definitivas para que sean revisadas por un tribunal superior; XIII. A una justicia gratuita; en fin, el derecho a un debido proceso exige la materialización del principio de legalidad. La CIDH, en su informe No. 30/97 del caso 10,087 de fecha 30 de septiembre de 1997, referente a Gustavo Carranza, Argentina, indicó: "67.- El artículo 8 de la Convención Americana impone la existencia de "debidas garantías" durante el proceso de determinación de derechos [...] En efecto, el mencionado articulo no contiene un recurso judicial propiamente dicho, sino el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales. Este articulo reconoce el llamado "Debido proceso legal" que abarca las condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquellos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial.". Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en sentencia de 02 de febrero de 2001, en el caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá, afirmó que: "Si bien el artículo 8 de la Convención Americana se titula "Garantías Judiciales", su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto "sino [al] conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales" a efectos de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier tipo de acto del Estado que pueda afectarlos. Es decir, cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea administrativo, sancionglorio o jurisdiccional, deben respetar el debido proceso legal.". El debido proceso se ve materializado cuando se observan estrictamente las normas contenidas en el Código Procesal Penal, el que señala en el Título IV de su Libro Tercero como debe de substanciarse la etapa de juicio y en particular el debate, ergo la transgresión a cualquiera de esas normas legales constituiría vicio in procedendo siempre que por su carácter esencial socave la validez de la sentencia y esto es cuando transgrede o disminuye los principios mencionados. En conclusión, la resolución definitiva debe ser el resultado de la celebración de un proceso penal en el cual se respeten el conjunto de reglas esenciales que le sustentan en una base de legalidad, de lo contrario, cuando el mismo se realiza a espaldas de una de esas reglas, la resolución definitiva se convierte en un fruto viciado. De la procedencia del recurso. EL RECURSO NO ES DE RECIBO. Ha expresado la Sala de lo Penal que el conocimiento de los Recursos de Casación a resolver queda definido a los puntos de decisión que el recurrente fija como agravios, como consecuencia los defectos de interposición no pueden ser remediados por este Ad-Quem, porque ello le está impedido por su propia competencia excepcional; es importante asentar que tal rigor se refiere solo a la claridad y precisión de los motivos que sirven de medio para la denuncia del vicio y no a las formas posibles en que tal vicio puede ser corregido, pues ello puede ser apreciado a libertad por el Tribunal de Casación, conforme el Principio luria Novit Curia. En el presente caso, el censor hace un planteamiento del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional que resulta imposible resolver, como consecuencia de hacer denuncia abstracta de la inobservancia de derechos y garantías fundamentales sin darse a la tarea para explicar en qué consistieron las mismas, desarrollando el necesario proceso de explicación y comprobación de que tales violaciones existen en la sentencia que se ha recurrido; así como que, las garantías constitucionales que se citan de manera abstracta como violentadas son de diferente naturaleza, por lo cual debieron de ser planteadas, explicadas y comprobadas de manera separada según lo establecido en el artículo 363 del Código Procesal Penal. Recordemos que el debido proceso (principio denunciado como infringido) es un derecho fundamental consistente en que los procesos judiciales se ajusten a las reglas, parámetros y prebendas previamente determinados en la ley, entonces, precisamente la falta de cita, explicación y comprobación de que normas procesales fueron las infringidas, es lo que constituye el defecto de planteamiento del recurso. Por lo anterior, el recurso decae y no es objeto de recibimiento. Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. El proceso penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez, debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio (artículo 90 de la Constitución de la República). Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso (artículo 9 del Código Procesal Penal). Si no se cumple con los requisitos establecidos en la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos y, por el contrario, se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando: a. No se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo); b. Se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo); 0, c. Se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal. La inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción (vicio in procedendo) y que debe de ser objeto de saneamiento cuando proceda (artículo 171 del Código Procesal Penal), de subsanación cuando concurran sus presupuestos (artículo 170 del Código Procesal Penal), o, en su caso y como remedio último, de nulidad (artículo 165 del Código Procesal Penal). El recurso de casación por quebrantamiento de las formas procesales tiene la tarea de comprobar la denuncia hecha por algunas de las partes de una actividad procesal defectuosa que compromete la decisión final, dada en los actos procesales de la etapa de juicio o en la propia sentencia que le contiene y que tiene como sanción prevista por la ley su nulidad ante la imposibilidad de saneamiento o de subsanación, ergo no basta entonces con la presencia de un vicio, sino que se requerirá, además: 1. Que el recurrente haya presentado protesta contra el vicio, en el momento procesal oportuno, procurando sanearlo sin éxito (artículo 363 párrafo tercero de Código Procesal Penal); 2. Que el vicio tampoco sea posible tenerlo por subsanado; 3. Que el vicio sea de aquellos que tenga como sanción legal la nulidad de la actividad que lo contiene (artículo 362 del Código Procesal Penal), planteados como motivos para recurrir. Los dos primeros requisitos no serán necesarios cuando el defecto se produzca en la sentencia, pues la única forma de protesta sería el mismo recurso de casación. Además de los requisitos señalados, el recurrente debe tener presente que la instancia impugnativa en casación está munida de importantes recaudos formales determinados por la ley que deben cumplirse en su interposición (artículo 363 párrafo tercero del Código Procesal Penal) y que pueden ser de diferente naturaleza en atención al defecto procesal denunciado (artículo 362 Código Procesal Penal); ello se debe a que se trata de un recurso extraordinario, que tiene como fin auditar la legalidad de la sentencia y por ende de una gran exigencia técnica. Es de esta forma que con la individualización del motivo se dan las siguientes consecuencias: a. La competencia de la Sala de lo Penal queda circunscrita a los aspectos objetos de impugnación (artículo 350 del Código Procesal Penal); b. Es inaplicable el principio Iura Novit Curia, al no poderse suplir las omisiones del recurrente; у, Es posible la concesión parcial del recurso, cuando la razón solo aparezca en parte de lo alegado en el motivo. Recurso de casación por quebrantamiento de forma interpuesto por la acusación privada. Único motivo. • Normas autorizantes citadas: artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. • Normas procesales que se denuncian infringidas: artículos 202 y 338 del Código Procesal Penal. • Concepto de la infracción: no haber observado el sentenciador en la valoración de la prueba las reglas de la sana crítica. • Acciones de saneamiento: imposibilidad de reclamo previo porque el vicio se produce en el acto mismo de sentenciar. • Pretensión: casar la sentencia impugnada. Arguye el censor del fallo que existen contradicción entre los testigos que no cita el tribunal de sentencia y que son relevantes, puesto que se refieren a la parte sustancial de los hechos y al confrontar el contenido de los testimonios de cargo con los de descargo, resulta acreditado un grave vicio de apreciación de la prueba por infracción a la regla lógica de derivación. Considera, en definitiva, que el sentenciador ha hecho una utilización arbitraria. De las fuentes de convencimiento, lo cual ha conducido a una falsa motivación. De las reglas de la sana crítica El Código Procesal Penal da exclusiva competencia a los jueces de sentencia la estimación valorativa de las pruebas y las conclusiones fácticas que de ellas extraigan, siendo ello inatacable por la vía recursiva casacional, siendo solamente controlable el proceso seguido por los jueces para la construcción de tales conclusiones. El artículo 362 numeral 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes… 3) Que (…) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica.”. Al respecto, se ha señalado que: “… La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva…”. (Fallo de fecha 30 de noviembre del 2001, en el expediente 194-2009 y de fecha 30 de noviembre del 2011, en el expediente 297-09, también en ese sentido el fallo de fecha 20 de octubre del 2011, contenido en el expediente 360-09 y de fecha 05 de abril del 2011, del expediente 385-09, todos de la Sala de lo Penal). En el apartado de la valoración intelectiva, el juzgador debe valorar la prueba conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la prueba: Íntima Convicción (propio del sistema de juzgamiento por jurados), Prueba Legal o tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe darle el juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias) y la Sana Crítica; es este último el que debe observar el juzgador penal hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. En el sistema de sana crítica, en la valoración de la prueba existe plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones guarden una necesaria relación con las premisas que le sustentan, las cuales son a su vez construidas como fruto razonado de las pruebas. En este sistema, el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia conviccional de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común (al respecto ver Fallo de fecha 30 de noviembre del 2011, del expediente 25-2010 de la Sala de lo Penal); de este modo “… las reglas de la sana crítica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza…” (Fallo Sala Penal de fecha 20 de octubre del 2011, en el expediente 88-09). Componen la sana crítica: REGLAS DE LA EXPERIENCIA COMÚN O MÁXIMAS DE LA EXPERIENCIA: Se refieren a juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el juzgador, relevados de demostración probatoria por adquirirse a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por este hecho son compartidas con las demás personas, aun cuando no formen parte de su mismo grupo social. Nos referimos a fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión, o hechos de la cultura común, siendo el antónimo de éstos los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realiza solo un grupo determinados de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior, el conocimiento privado del juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. El juzgador deberá analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común, entre otros: Cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca del hecho. II. Cuando cite como común un hecho que no lo sea, por no ser aprehensibles de manera espontánea por el profano, sino que solo mediante experiencias extraordinarias o mediante estudios especializados; o, III. Cuando afirme como común un hecho que exija demostración probatoria. Las reglas de la experiencia común se basan en la probabilidad, es decir, al momento en que el juzgador valora un hecho, considerará el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos él porque lo considera así. 2) LAS REGLAS DE LA PSICOLOGÍA: Están referidas, no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento empírico adquirido del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquél. Las reglas de la psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo en relación al grupo social, se requiere que el juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la experiencia común, las reglas de la psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado; y, 3) LAS REGLAS DE LA LÓGICA: La lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatoria para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. La lógica aplicable es la “lógica no formal”, llamada en el ámbito como razón del juicio donde las conclusiones se muestran bajo el espectro que irradia la prueba. Las leyes de la lógica informan sobre leyes universales, a saber: 1. La Coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí. La coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente. De la ley de la coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: I. El principio de identidad: Una proposición solo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión “X” solo puede ser “X”, sin que pueda al mismo tiempo ser “Y” II. El principio de contradicción: Las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En valoración de prueba: un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. III. El principio de tercero excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera y ninguna tercera posibilidad es posible. 2. La derivación: Exige que cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; cada pensamiento provenir de otro, con el cual está relacionado, salvo que se trate de un principio, es decir de un juicio inicial. Pero además la conclusión debe derivar de elementos suficientes para que justifique la producción de aquella. Existirá omisión al principio lógico de derivación: I. Cuando la conclusión no encuentre correspondencia con el medio de prueba por una indebida inferencia; II. Cuando la conclusión no sea producto derivado de un medio de prueba, debiendo serlo por tratarse de la afirmación o negación de un hecho de carácter no notorio. III. Cuando la conclusión sea construida con base en medios de pruebas inexistentes. IV. Cuando la conclusión esté basada en el contenido de un medio de prueba cuyo contenido este falseado. De la derivación se extrae el principio de razón suficiente, por el cual toda conclusión requiere una razón suficiente que justifique su existencia; la conclusión debe ser el final del iter lógico seguido en la valoración de las pruebas apoyándose en inferencias razonables; cada conclusión expuesta puede formar una sucesión que al final lleven a una conclusión última en donde se afirme o niegue el hecho juzgado. De la Rúa (Fernando de la Rúa, La Casación Penal, Ediciones Depalma, Buenos Aires, Argentina, pág. 156), señala que la motivación para ser lógica debe responder a las referidas leyes que presiden el correcto entendimiento humano, observando las siguientes características: Congruente: En donde las afirmaciones, deducciones y conclusiones guarden una adecuada correlación y concordancia entre sí; II. Concordante: Cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; III. No Contradictoria: por estar libre de razonamientos que al oponerse se anulen entre sí al reflejar verdades incompatibles; IV. Inequívoca: al no dejar margen para cuestionar el alcance y significado de los razonamientos y de las conclusiones que le deriven; y V. Suficiente: al estar constituida por un entramado de conclusiones interrelacionadas, que se deriven de múltiples cadenas de pensamientos, todos ellos aptos para producir razonablemente un convencimiento. El autor citado (Ob. Cit., pág. 157), explica que la sentencia carecerá de motivación cuando los razonamientos son contrastados advirtiendo oposición entre ellos o entre ellos y la parte resolutiva, destruyéndose recíprocamente dejando vacía la fundamentación de la decisión. DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO. EL RECURSO NO ES DE RECIBO. Debe de tenerse presente que la sentencia se construye a partir de múltiples silogismos encadenados que constituyen el razonamiento judicial y que cada silogismo debe de tener la cualidad de ser categórico, compuestos por premisas de las que se deriva una conclusión, teniendo precisamente a aquellas premisas como la razón suficiente para derivar la conclusión; por ende, el recurrente que alega la violación del principio de derivación como motivo, asume un alto compromiso que implica la tarea de identificar el silogismo que considera indebidamente construido, determinar la fuente de la premisa mayor, de la premisa menor, y luego, lo más importante, demostrar que la inferencia realizada es incorrecta y que por ello la conclusión que se dice necesaria en realidad no lo es; tarea que no termina allí, pues además debe de explicar porque tal conclusión malograda es relevante para la decisión final y por ello dicha decisión fue indebidamente adoptada. Hoy por hoy el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma planteando como motivo la violación del principio lógico de derivación ocupa un gran de porcentaje de los recursos que resuelve esta Sala de lo Penal; desafortunadamente, no en pocos casos, el recurrente acude a tal alegato como una forma de disfrazar la verdadera pretensión de reexamen o revalorización (revisio de facto) de la actividad probatoria como medio de atacar el juicio valorativo hecho por el tribunal de sentencia, pretendiendo así que los jueces de casación, sin contar con inmediación (entre otros principios faltantes), valoren un medio de prueba determinado, extraigan conclusiones probatorias y luego las compare con aquellas a las que arribó el a quo, decidiendo finalmente si lo hecho por los jueces de la instancia está bien o mal a depender si coincide con la valoración de la prueba hecha en única instancia, todo ello impropio en sede casacional. No existe una previa determinación de pruebas, por lo que éste debe de ser asignado por el juzgador de la instancia haciendo mano de las reglas de la sana critica, evaluándolas y determinando el grado de convencimiento que le genera cada una de ellas y en su conjunto en relación a la imputación, lo que constituye un proceso directo de los jueces de instancia y ajeno a los jueces de casación. Por ello, el recurso de casación no provoca un nuevo examen probatorio de los medios que fundan la decisión judicial impugnada; la casación no es una segunda instancia, sino una única instancia encargada de revisar la mera legalidad de la decisión judicial, quedando fuera de tal esfera de competencia la revaloración de la prueba; las partes en la interposición del recurso no pueden pretender que esta Sala de lo Penal declare el acierto o desacierto del Tribunal de Sentencia sobre sus criterios valorativos, pues ello sería rebasar las potestades legales conferidas por la ley a los jueces de casación. En el caso actual y concreto, la acusación privada se dedica a exponer alegatos propios de instancia que resultan insuficientes para autorizar la potestad revisora del control de racionalidad de la actividad valorativa del sentenciador, ya que arguye que existen contradicciones entre los testigos que no cita el tribunal de sentencia y que son relevantes, puesto que se refieren a la parte sustancial de los hechos y al confrontar el contenido de los testimonios de cargo con los de descargo, resulta acreditado un grave vicio de apreciación de la prueba por infracción a la regla lógica de derivación. Considera, en definitiva, considera que el sentenciador ha hecho una utilización arbitraria de las fuentes de convencimiento, lo cual ha conducido a una falsa motivación. Al respecto, es menester de este Tribunal de Casación poner énfasis en que las argumentaciones anteriormente relacionadas y que sustentan la explicación del motivo, obedecen a meras apreciaciones subjetivas del recurrente en las que pasa por alto identificar, explicar y comprobar el vicio de derivación en la labor intelectiva del juzgador y la cual debe ser su objeto de impugnación. No se tiene duda la Sala de que el recurrente presenta queja sobre la valoración, no porque identifique un defecto de construcción en un silogismo judicial, análisis de premisas y demostración de una mala inferencia que termine en una indebida conclusión derivada, sino porque la prueba fue valorada de forma diferente a como pretendía la defensa, todo ello impropio de sede casacional. Por lo anterior, el tercer motivo decae y debe ser desestimado. V. DECISIÓN. • No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en único motivo. • No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo. • No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo. VI. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 360, 361, 362 y 363 del Código Procesal Penal: FALLA: PRIMERO: Declara NO HA LUGAR el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su único motivo, interpuesto por el Abogado Manuel de Jesús Zeron, en su condición de acusador privado. SEGUNDO: Declara NO HA LUGAR el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, en su único motivo, interpuesto por el Abogado Manuel de Jesús Zeron, en su condición de acusador privado. TERCERO: Declara NO HA LUGAR el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, en su único motivo, interpuesto por el Abogado Manuel de Jesús Zeron, en su condición de acusador privado. CUARTO: Declara FIRME la sentencia absolutoria de fecha tres (03) de abril de dos mil diecisiete (2017), dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán. Y MANDA: A efecto de que se acate lo resuelto, la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas en única instancia, deberá devolver los antecedentes del caso al tribunal de justicia de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento. - NOTIFIQUESE. Firmas y Sello. José Olivio Rodriguez Vasquez. Magistrado Coordinador. Rafael Bustillo Romero. Magistrado. Alma Consuelo Guzmán García. Magistrada. Firma y Sello. Lety Emelda Posadas. – Secretaria Actuante.” Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a siete días del mes de diciembre de dos mil veintitrés. Certificación de la Sentencia dictada a treinta y un días del mes de marzo del año dos mil veintidos, recaída en el expediente de casación con número de ingreso SP-227-2018. WILY ALEXANDER MEDINA PEREZRECEPTOR ADSCRITO SALA DE LO PENAL“ CERTIFICACIÓN El Infrascrito Receptor de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia recaída en el expediente del Recurso de Casación SP-227-2018, que literalmente dice: “I. SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta y un días del mes de marzo del año dos mil veintidós, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados José Olivio Rodríguez Vásquez, en su calidad de coordinador, Rafael Bustillo Romero y Alma Consuelo Guzmán García, pronuncian EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente sentencia en el Recurso de Casación SP 227-2018 por Infracción de Ley, por Infracción de Precepto Constitucional y por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha tres (03) de abril del año dos mil diecisiete (2017), dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, mediante la cual falló: Primero: Absolvió a los señores Arturo Velásquez Gálvez y Roberto Velásquez Gálvez, por suponerlos responsables de la comisión del delito de Usurpación, en perjuicio del señor Héctor Ulises Padilla Almendarez, por el cual han sido acusados. Segundo: No condenó en costas procesales, personales ni gastos ocasiones por el juicio al Ministerio Público y a la acusación privada. Tercero: No decretó comiso alguno. Cuarto: Ordenó extender carta de libertad definitiva a favor de los señores Arturo Velásquez Gálvez y Roberto Velásquez Gálvez, una vez que la sentencia adquiera el carácter de firme. Quinto: Declaró la extensión de la responsabilidad penal iniciada contra el señor Darío Velásquez Gálvez, así como el sobreseimiento definitivo en la causa instruida en su contra. Interpuso el Recurso de Casación por Infracción de Ley, por Infracción de Precepto Constitucional y por Quebrantamiento de Forma, el Abogado Manuel de Jesús Zeron, como acusador privado. Son partes en única instancia: el Abogado Manuel de Jesús Zeron, acusador privado y recurrente; los Abogados José Roberto Izaguirre Santos y Mario Reiniery Amador, defensores públicos, como recurrida. Π. HECHOS PROBADOS DE LA INSTANCIA "Los integrantes de este Tribunal de Sentencia declaran expresa y terminantemente probados los siguientes hechos: PRIMERO: En fecha 27 de febrero del año 1940, la señora Dolores Barrientos viuda de Carias, transfirió mediante venta que le hizo al señor José Cleofes Velásquez Herculano, la propiedad de un terreno de 64 manzanas, ubicado en el Chagüite Jurisdicción de Talanga, departamento de Francisco Morazán. Posteriormente el señor José Cleofes Velásquez, mediante compra venta le transfirió en fecha 6 de diciembre de 1980, al señor Amado de Jesús Velásquez, un aproximado de 25 manzanas de terreno, las cuales desmembró de la propiedad que originalmente le había comprado a la señora Dolores viuda de Carias, el cual está ubicado igualmente en el Chagüite, aparece de igual manera que este señor Amado de Jesús Velásquez tenía en su poder poco más o menos 3 manzanas de terreno que dijo haber obtenido mediante herencia de su padre el señor José Cleofes Velásquez. lo cual sumo un aproximado de 28 manzanas. SEGUNDO: Posteriormente el fecha 15 de febrero de 1991, el señor Amado de Jesús Velásquez, vendió las 25 manzanas poco más o menos de terreno que había obtenido mediante compra realizada a su padre en fecha 6 de diciembre de 1980 transmitiéndoselo a Ramón Romero Chirinos en representación de su hijo Darwin Israel Romero Canales y al señor Héctor Ulises Padilla Almendarez, resultando por ende Darwin Israel Romero Canales y Héctor Ulises Padilla Almendarez: copropietarios y con derechos sobre las poco más o menos referidas 25 manzanas. TERCERO: Luego en fecha 27 de junio de 1991, el señor Amado de Jesús Velásquez vendió a los señores Ramón Israel Romero Chirino y Héctor Ulises Padilla Almendarez, el terreno consistente en poco más o menos 3 manzanas, las que anteriormente dijo este, haber adquirido por herencia de su padre el señor José Cleofes Velásquez; resultando en consecuencia los señores Ramón Israel Romero Chirino y Héctor Ulises Padilla Almendarez, ambos dueños de esos derechos sobre las poco más o menos 3 manzanas antes referidas. CUARTO: Posteriormente en fecha 19 de noviembre de 1992, el señor Ramón Israel Romero Chirinos vendió al señor Héctor Ulises Padilla Almendarez, los derechos que como condueño le correspondian sobre las poco más o menos 3 manzanas que había adquirido anteriormente en fecha 27 de junio de 1991, del señor Amado de Jesús, como también los derechos que adquirió en representación de su hijo Darwin Israel Romero Canales, de las poco más o menos 25 manzanas en fecha 15 de febrero del año 1991, por compra hecha también al señor Amado de Jesús Velásquez. De esta manera entonces, el señor Héctor Ulises Padilla Almendarez resulto ser el único propietario de un aproximado de 28 manzanas que en total suman la extensión superficial de ambos inmuebles aproximadamente QUINTO: En fecha 20 de febrero del año 2007 y 27 de marzo del año 2009, la Corporación Municipal de Talanga, departamento de Francisco Morazán, concedió dominio pleno al señor Héctor Ulises Padilla Almendares de dos inmuebles enmarcados dentro del título de los ejidos de las aldeas de Valle Arriba, Los Izotes y La Esperanza, inscrito en el libro de registro de la propiedad bajo el número 3, folios del 149 al 383, del tomo 94, y que respectivamente corresponden a 5.3 manzanas uno y a 42.80 manzanas el otro. Desconociéndose si los dominios plenos otorgados corresponden o no a las propiedades que Héctor Ulises Padilla adquirió según los antecedentes en el Chagüite o los Chagüites, cuyos antecedentes proviene del señor José Velásquez y Amado de Jesús Velásquez. SEXTO: Los señores José Cleofes Zuniga Flores, Arturo Velásquez Gálvez y Dario Velásquez Gálvez, todos hijos del señor José Cleofes y hermanos del señor Amado de Jesús Velásquez, este último actualmente fallecido fueron acusados por el delito de usurpación en perjuicio de Héctor Ulises padilla Almendarez. III. RECURSO DE CASACIÓN. MOTIVOS Y ARGUMENTOS. El recurrente, el Abogado Manuel de Jesús Zeron, como acusador privado, procedió a formalizar su Recurso de Casación por Infracción de Ley, por Infracción de Precepto Constitucional y por Quebrantamiento de Forma, de la manera siguiente: "EXPOSICION DE MOTIVO DE CASACION POR INFRACCION DE LEY O DOCTRINA LEGAL: UNICO MOTIVO: Infracción por aplicación indebida del precepto penal sustantivo contenido en el artículo 227 del Código Penal Vigente, en virtud de haber incurrido el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Francisco Morazán, en error de hecho en la apreciación de la prueba. PRECEPTO AUTORIZANTE: El precepto autorizante lo constituye el artículo 360 del Código Procesal Penal. CONCEPTO DE LA INFRACCION: El articulo número 227 del Código Pernal estable "Quien usurpe un bien inmueble o un derecho real será sancionado con una pena de 2 a 4 años de reclusión", En el Recurso de Casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal prevalece como regla general el respeto absoluto de los hechos estimados y declarados como probados por el juzgador, siendo que los mismos para este tipo de recurso deberán ser considerados como verdades indiscutibles e incontrovertibles, sin embargo como una excepción a esta regla general, el legislador ha incluido dentro de las causales que dan lugar a la Casación en el fondo en materia penal el Error de Hecho en la apreciación de la prueba, si parte de un acto documento autentico que evidencia la equivocación manifiesta del juzgador y que no haya sido controvertida por otra prueba, esta es la única manera en que en un Recurso de Casación por Infracción de la Ley, el impugnante podrá contradecir los hechos declarados como probados por el juzgador y alegar a su vez hechos nuevos, en razón a lo anterior en la sentencia recurrida a través de este recurso, el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa Francisco Morazán, al absolver a los imputados relacionados en el preámbulo de la impugnación, desprendiéndose de los hechos probados de la Sentencia recurrida, que el Tribunal de Sentencia, tiene como hechos probados, el recurrente a través de este recurso impugnamos la sentencia citada y emitida por el tribunal precitado, en el sentido que en sus hecho probado se establece como verdad el hechos Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto y Sexto, por lo que al analizar lo expuesto, se demuestra la equivocación del juzgador al absolver a los ciudadano ARTURO VELASQUEZ GALVEZ Y RIGOBERTO VELASQUEZ GALVEZ, pues a la luz de la Sana Critica de la Prueba, los imputados tiene participación en el ilícito enunciado y que se les imputa, además de ello no encontramos el mínimo indicio de la comisión del delito, extremo este que quedó demostrado con la prueba de descargo, pero que el juzgador no valoro en su conjunto, con lo cual el juzgador hace uso de pruebas insustentables para emitir una sentencia Absolutoria; al analizar lo expuesto, se demuestra la equivocación del juzgador al absolver a los encartados, pues al umbral de la luz de la sana critica de la prueba, de mis representado, se probó la participación del ilícito penal, en esa razón el Tribunal de Sentencia, según nuestra apreciación, no valoro la prueba en su conjunto, incurriendo en un Error de Hecho en la apreciación de la prueba, siendo esto un acto autentico con la documentación llegada ante estrados, así como las declaraciones testificales brindadas por los testigos propuestos por el Ministerio Publico, tal como deja entrever el Tribunal de Sentencias en su valoración de la prueba testimonial dejan entrever que son concordantes en sus dichos, y esto no lo inventa la defensa, se encuentra plasmado en la sentencia, en consecuencia existen graves contradicciones relativas a los testimonios brindados por el testimonio de la defensa, y los hechos probados que llevo al sentenciador al error de hecho en la apreciación de la prueba, estos actos no han sido desvirtuados por otra prueba, por lo cual claramente se desprende que con la prueba testifical de la parte acusatoria, como la prueba documental propuesta por el Ministerio Publico, y el juzgador solamente ha tomado en consideración aspectos subjetivos, por todo lo anteriormente expuesto concluyo que al no tomar en cuenta el juzgador los medios probatorios en su contenido autentico, ha incurrido en un grave error de hecho en la apreciación de la prueba de actos auténticos como la prueba documental, y declaraciones testificales que no han sido controvertidas por otras pruebas con respecto a los hechos probados, con lo cual el juzgador evidencia una completa equivocación. EXPOSICION DE MOTIVOS DE CASACION POR INFRACCION DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL: UNICO MOTIVO: Violación a infracción de precepto Constitucional, contenido en el artículo número 90 de la Constitución de la Republica de Honduras. PRECEPTO AUTORIZANTE: El precepto autorizante lo constituye el artículo número 361 del Código Procesal Penal. CONCEPTO DE LA INFRACCION: La Sentencia recurrida adolece de violaciones al ordenamiento jurídico preeminente de Honduras, en ese sentido la Constitución de la Republica de Honduras, dándole plena vigencia al derecho fundamental al Debido Proceso, prescribe en el párrafo primero del articulo número 90 que "nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece", de donde resulta la imperiosas necesidad de encuadrar el proceso dentro de las provisiones establecidas en la Ley Procesal, respetando los derechos y las garantías constitucionales establecidas en la ley, los tratados internacionales suscritos por nuestro país, en ese sentido y de conformidad a la sentencia recurrida, la negación arbitraria e injustificada del acceso instaurado en la ley procesal infringe el derecho al proceso en todas las garantías o derechos fundamentales, porque a mí representado en su condición de víctima, de situaciones irregulares que se encuentra en el foliado del juicio de mérito, y aun así, el juzgador obvio esos derechos y garantías a que hacemos alusión, por cuanto al foliado del juicio se pueden observar nulidades sustantivas y adjetivas, dependiendo la fundamentación jurídica que se use en su planteamiento. Las diferencias que logramos ver y que existen en el juicio, son en cuanto al origen, en cuanto al bien juridico tutelado y en el procedimiento que se sigue para su declaración judicial. En las nulidades sustantivas se mira el acto o contrato al que le falta algún requisito que la ley prescribe para su valor, según su especie y calidad o estado de las partes; mientras que en las adjetivas se observa exclusivamente si en el procedimiento empleado para el reconocimiento de un derecho se cumplió con el precepto fundamental del proceso, el derecho de defensa y la organización o estructura judicial. El sentenciador debe ser garante del cumplimiento efectivo de las formas procesales y las garantias constitucionales que asisten a la Victima, y nuestra legislación hondureña como los convenios internacionales relativos a los derechos humanos a que honduras es signatario, con lo cual le dan plena garantia a un procesado para ser respetado en todas sus manifestaciones y el articulo número 200 del Código Procesal Penal como principio de legalidad nos dice que "carecerán de eficacia probatoria los actos o hechos que vulneren las garantías procesales establecidas en la Constitución de la Republica y en los Convenios Internacionales...". Según el principio del Debido Proceso consagrado en el artículo número 90 párrafo primero de la Constitución de la Republica de Honduras, el que deberá actuar ciñéndose a las exigencias que en cuanto a las formalidades derechos y garantias establezca la ley; por manera para que ese principio, el del Debido Proceso, pueda considerarse violado es necesario que el sentenciador que intervenga no sea un juez natural o que omita alguna formalidad de las que señala la ley procesal, o que se atropelle un derecho constitucional, o que se irrespete una garantía judicial establecidas por la ley, que es el caso que nos ocupa. EXPOSICION DE MOTIVO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA UNICO MOTIVO: No haber observado el sentenciador en la valoración de la prueba las reglas de la sana critica. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente Motivo de Casación se encuentra comprendido en la parte final del numeral 3) del artículo 362 del Código procesal Penal. CONCEPTO DE LA INFRACCION: Para los efectos de este motivo se cita como infringido el artículo 202 del Código Procesal Penal en la parte que dice: "Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana critica en relación con lo dispuesto en el articulo 338 del mismo cuerpo legal. En este sentido, es conveniente aclarar en qué consiste la fundamentación y valoración de la prueba conforme a las reglas de la sana critica, veamos; tal como lo ha reconocido la jurisprudencia costarricense, debe considerarse que todo problema de violación de las normas del correcto entendimiento humano es un problema de fundamentación, las reglas a que nos referimos son las de la experiencia, la psicología y la lógica. Las primeras se refieren al conocimiento que un hombre común tiene sobre alguna circunstancia de la vida, para lo cual debe partirse de la condición de hombre común que tiene el juzgador, por lo que el limite de estos son los conocimientos técnicos especializados- Las de la psicología se relacionan con conocimientos básicos y no con las reglas elaboradas de la ciencia. Las reglas de la lógica implican que el ejercicio intelectivo del juzgador debe guardar coherencia (concordancia entre sus elementos) y derivación (necesidad de una razón y justificación adecuada para ser verdad). La coherencia manda la aplicación de los principios de identidad, contradicción y de tercero excluido. La derivación induce a la obligatoriedad de que la sentencia resulte congruente (las afirmaciones, deducciones y conclusiones deben guardar adecuadamente correlación entre ellas), y suficiente (los elementos bases de las conclusiones valorativas deben ser aptos para producir razonablemente un convencimiento cierto del suceso que se juzga). Analizada la fundamentación fáctica y probatoria de la sentencia impugnada; expuesto lo anterior esta defensa encuentra violatoria del sistema de valoración en la proclama del Código Procesal Penal, la presente sentencia por lo siguiente: 1.- refiere el Tribunal de Sentencia, en el apartado de valoración de la prueba, que por unanimidad de sus miembros encuentran que existe un criterio sostenido, para ABSOLVER a los imputados. En conclusión existen contradicciones que no cita el Tribunal de Sentencia, y que son relevantes, puesto que se refieren a la parte sustancial de los hechos y al confrontar el contenido de los testimonios de cargo como descargo con lo argumentado por el sentenciador resulta acreditado un grave vicio de apreciación de la prueba por infracción de la regla lógica de la derivación que impone la necesidad de razón; suficiente y justificada para considerar verdadera una conclusión, lo que no sucede en el caso de autos, pues lo afirmado no resiste el peso de la prueba evacuada en juicio; todavía más si se toma en consideración que se deduce del análisis de la valoración de la prueba que ha realizado el Tribunal de Sentencia, que este ha fundamentado su decisión, argumentando que entre las deposiciones de los testigos no son discordantes, lo cual no es acertado, puesto que como se ha venido exponiendo en el desarrollo del presente recurso, los mismos se mantienen en cuanto a la esencia de los hechos; por otra parte el Tribunal de Sentencia, ha considerado este elemento probatorio determinante para llegar a la conclusión sobre la NO responsabilidad de los imputados, de manera que si el sentenciador hubiera valorado la prueba en referencia, respetando las reglas de la sana critica, el fallo seria diferente, porque al afirmar el sentenciador esta circunstancia en el acápite del fallo impugnado, no hace más que vulnerar la regla de la derivación, en virtud que la sentencia contiene un juicio lógico que no es verdadero y por lo tanto ha viciado la misma de una motivación falsa, ya que el Tribunal de Sentencia al concluir que la prueba de cargo le merece credibilidad, al asistirle la certeza entre las versiones de los testigos, con ello ha hecho una utilización arbitraria en la fuente del convencimiento, en el caso subjudice las declaraciones testificales de cargo que han conducido al juzgador a la falsa motivación de la sentencia, pues es evidente a la luz del día que esas contradicciones que logramos durante el desarrollo del juicio, nunca descalifico esa prueba a que nos referimos, por eso la conclusión del juzgador es equivocada, este acusador privado considera que desde un inicio una falta de prueba contundente para establecer el tipo penal que se les imputa. Al hacer un análisis de la prueba aportada por el Ministerio Público en conjunto con el Acusador Privado, se demostró con las pruebas la comisión del delito. En ese sentido, esta parte que acusa, considera que las pruebas de cargo fueron suficientes, eficaz y lícita, la cual nos conduce a llevar la certeza necesaria para demostrar la culpabilidad de los imputados, reiteró que SI se probó la participación de estos ciudadanos en la comisión del delito. Cabe señalar que en el expediente de mérito existe tres sentencias una emitida por el Juzgado de Letras Civil donde manifiesta claramente que los hoy acusados no son propietarios del inmueble en litigio y las otras dos sentencias especifican claramente la comisión del delito de los hoy Imputados, las cuales sirven como Jurisprudencia para los Jueces sentenciadores y estos hicieron caso omiso a dicha Jurisprudencia, o sentencias admitidas por los Órganos competentes. Como se puede apreciar en el Expediente de mérito ni en la Audiencia Inicial ni en la proposición de pruebas para la sustanciación del debate la parte defensora no aporto ninguna prueba documental o testifical que acreditara la pertenencia o la simple posesión del inmueble objeto de este juicio. Honorables Magistrados, soy del criterio que el juez sentenciador, vulnera el artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal, al separarse de la Sana Critica de la prueba y obviando toda una gama de derechos constitucionales, que le otorga la Constitución de la Republica a mi representado. RECLAMACIONES PARA OBTENER SUBSANACIONES Puesto que los vicios procesales que sé denuncian en este motivo de Casación, ocurrieron también en la misma Sentencia Definitiva contra los mismos, no es posible interponer otro recurso ni ordinario ni extraordinario, más que el presente.” IV. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Recurso de Casación por Infracción de Ley. Establece el artículo 360 del Código Procesal Penal que "Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba de ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo..." De esta norma se puede determinar la configuración del recurso de casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal: 1. Respeto irrestricto a los hechos probados: Los hechos probados son el relato cronológico de un acontecimiento histórico anterior al proceso penal y que es objeto de debate, fijados por el Tribunal de Sentencia con base en lo que se ha probado en juicio, derivado de la valoración de los medios de prueba cuya reproducción el juzgador pudo apreciar de manera directa, colocándolo en una posición exclusiva de valoración. Por ello el artículo 369 del Código de Rito, en su tercer párrafo prohíbe al Tribunal de Casación la modificación de los hechos probados, conocido como Principio de Intangibilidad de los Hechos Probados; 2. Falta de correspondencia entre los hechos probados y el fallo por infracción de precepto sustantivo o de principio fijado por la doctrina legal, a consecuencia de: a. Inobservancia de la norma sustantiva o Doctrina Legal que corresponde al caso; b. Errónea aplicación de una norma sustantiva o de Doctrina Legal a un hecho nocontemplado en ella como hipótesis; c. Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del Principio fijado en la Doctrina Legal; d. Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal; y e. Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal. En conclusión, a través del recurso de casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia; de allí que a la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia o de la Doctrina Legal que sobre el tema jurídico se haya sentado; su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados). Recurso de casación por Infracción de Ley interpuesto por la acusación privada. Único motivo. • Normas autorizantes citadas: artículo 360 del Código Procesal Penal. • Norma sustantiva que se denuncia infringida: artículo 227 del Código Penal. • Concepto de la infracción: aplicación indebida. • Pretensión: casar la sentencia impugnada. Arguye el recurrente que, a través del recurso de casación por infracción de ley, se establece como una excepción al principio de intangibilidad de los hechos probados de la sentencia, cuando exista un error de hecho sobre la apreciación de la prueba. Sobre esta premisa, arguye que el sentenciador al absolver a los acusados demuestra una equivocación pues a la luz de la sana crítica de la prueba, los imputados tienen responsabilidad penal en el delito de usurpación que se les imputa, lo que implica la concurrencia en un error de hecho en la apreciación de la prueba por parte del sentenciador. DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO. EL RECURSO NO ES DE RECIBO. Debe tener presente que habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o de doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido una norma penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada para la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo. El recurso interpuesto obliga a respetar el relato de hechos probados en la sentencia recurrida, pues en estos casos se discuten problemas de aplicación de la norma jurídica y tales problemas han de plantearse y resolverse sobre unos hechos predeterminados, que han de ser fijados al efecto por el tribunal de instancia. El recurso de casación por infracción de ley se articula a partir de las precisiones fácticas que haya establecido el Tribunal de instancia, por no constituir una apelación ni una revisión de prueba. Se trata, en todo caso, de un recurso de carácter sustantivo penal cuyo objeto exclusivo es el enfoque jurídico que, a unos hechos dados, ya inalterables, se pretende aplicar, en discordancia con el sentenciador. La técnica de la casación penal exige que en los recursos de esta naturaleza, se guarde el más absoluto respeto a los hechos que se declaren probados en la sentencia recurrida, ya que el ámbito propio de este recurso queda limitado al control de juricidad, o sea, que lo único que en él se puede discutir es si la subsunción que de los hechos hubiese hecho el Tribunal de instancia en el precepto penal de derecho sustantivo aplicado es o no correcta jurídicamente, de modo que la tesis del recurrente no puede salirse del contenido del hecho probado. De acuerdo a lo previsto en el artículo 338 del Código Procesal Penal, la sentencia se construye como un silogismo, en que la premisa menor, está integrada por el relato de hechos probados, la mayor por los fundamentos de derecho, y la conclusión, por el fallo. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar, se invocan normas que no deben aplicarse, o se invocan las norma que deba aplicarse al caso concreto pero el juzgador hace una incorrecta interpretación de la misma. En el caso actual, el censor del fallo arguye que, como una excepción al principio de intangibilidad de los hechos probados de la sentencia, a través del presente recurso se puede hacer denuncia cuando exista un error de hecho sobre la apreciación de la prueba. A partir de esta premisa considera que el sentenciador al absolver a los acusados demuestra una equivocación, pues a la luz de la sana crítica de la prueba, los imputados tienen responsabilidad penal en el delito de usurpación que se les imputa, lo que implica la concurrencia en un error de hecho en la apreciación de la prueba por parte del sentenciador. Este Tribunal de Casación observa que la afirmación del recurrente es totalmente equivoca y desconocedora del derecho procesal penal vigente, pues el "error de hecho sobre la apreciación de la prueba" era posibilidad motivacional que establecía el Código de Procedimientos Penales (artículo 412.2.b), cuya norma fue derogada desde el 19 de mayo de 2002. La norma procesal vigente (Código Procesal Penal), establece categóricamente como principio rector del Recurso de Casación por Infracción de Ley, la intangibilidad de los hechos probados, algo de lo cual el peticionario se aparta totalmente, ya que no respeta la premisa mayor o fundamental de la resolución que ha de calificarse técnicamente en su tipicidad o atipicidad y que necesita de la indudable sumisión de las partes, no hace análisis de juricidad, sino que se limita a exponer alegatos propios de instancia y demostrar su desacuerdo con otros apartados de la sentencia que no se corresponden a la fundamentación fáctica. En consecuencia, lo procedente es la denegatoria del recurso en su único motivo, pues ha sido interpuesto en abierta discordancia y oposición con la debida técnica recursiva y con lo afirmado en los hechos probados de la sentencia impugnada. Recurso de casación por infracción de precepto constitucional. El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior. En general toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia; en una buena técnica recursiva, el peticionario debe seleccionar este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el recurso por infracción de precepto constitucional de amplio espectro (recurso ordinario), en contraposición con los recursos de infracción de ley, infracción de doctrina penal y quebrantamiento de formas procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores (recursos extraordinarios). En este último sentido Llorente Fernández expresa que (Llorente Fernández De La Reguera, Ángel, en Los Recursos, Cuadernos de Estudios Judiciales, RAFAEL ALVARADO MANZANO, LITICOM, Tegucigalpa, 2001, págs. 113-115), "la jurisprudencia española ha puesto de manifiesto que este cauce impugnatorio no está previsto para alegar, bajo su cobertura, la vulneración de cualquier norma constitucional, sino específicamente la infracción de aquellas que tienen una estrecha y directa relación con el objeto del proceso en que son invocados. Serán, por tanto, los derechos fundamentales ligados al proceso con carácter general los que tengan cabida en esta vía impugnativa y de un modo especial aquellos que el recurrente entienda que han sido conculcados en el caso concreto..." La esencia del recurso por Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del principio de convencionalidad y el principio de primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. Recurso de casación por Infracción de Precepto Constitucional interpuesto por la acusación privada. Único motivo. • Norma autorizante citadas: artículo 361 del Código Procesal Penal. • Normas constitucionales que se denuncian infringidas: artículo 90 de la Constitución de la República. • Concepto de la infracción: violación al debido proceso. • Pretensión: casar la sentencia impugnada. Arguye el censor del fallo que la sentencia adolece de violaciones al ordenamiento jurídico preeminente y a los tratados internacionales suscritos por el Estado de Honduras. Asimismo, considera que la sentencia recurrida niega arbitraria e injustificadamente todas las garantías del derecho procesal penal, que existen situaciones irregulares que se encuentran en la foliada judicial. Observa diferencias en cuanto al origen, al bien jurídico tutelado y al procedimiento que se sigue para la declaración judicial. Del debido proceso. La garantía del debido proceso, invocada por el pretensor como aquella que ha inobservado el tribunal de sentencia, se encuentra regulada por el artículo 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, artículo 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y artículo 90 de la Constitución de la República, conocida como el debido proceso legal, el cual refiere a los parámetros normativos bajo los cuales deben dispensarse todas las garantías necesarias en el proceso (con independencia de su naturaleza). La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el Informe No. 1/95 de fecha 07 de febrero de 1995, del caso 11,006, referente al proceso de Alan García, Perú, indicó: "El articulo 8 de la Convención Americana en su inciso primero establece que toda persona tiene derecho a ser oido con las debidas garantías en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada en su contra. Asi mismo, el mencionado artículo en su inciso segundo prevé que durante el trámite del proceso toda persona tiene derecho a que se respeten ciertas garantías minimas. La enumeración contenida en esta cláusula ha sido interpretada como una nómina de garantías minimas no taxativas. De este modo, se ha considerado que existen otras garantias reconocidas en el derecho interno de los Estados que, si bien no están incluidas explícitamente en el texto de la Convención, igualmente se encuentran amparadas por el contenido amplio del inciso I del articulo 8 de la Convención". El principio del debido proceso más que garantizar el respeto a la ritualidad en la dinámica de juzgamiento, es uno de los pilares del derecho procesal penal dirigido a que la persona sometida a la jurisdicción sea juzgada por un juez o jueza natural, competente, imparcial e independiente, pero adicionalmente es un mandato para que este juez además de respetar las formas procesales, reproduzca en cada una de ellas los derechos y garantías consagrados en la Constitución de la República y en los Tratados y Convenciones de los que Honduras forme parte, así pues los llamados principios procesales o principios informadores del proceso, no son más que medios conductores para materializar aquellos derechos y garantías fundamentales que son agrupados bajo la titulación del debido proceso legal, y que constituyen reglas mínimas de juzgamiento, como ser: I. Prohibición de ser procesado mediante la aplicación de leyes retroactivas peyorativas; II. Derecho a ser informado de los cargos criminales en su contra; III. A un juez predeterminado por la ley; IV. A la imparcialidad e independencia del juez; V. Derecho a la defensa material y técnica y a utilizar los medios de prueba pertinentes; VI. A la igualdad de armas procesales; VII. A un proceso público sin dilaciones indebidas; VIII. Respeto al principio de presunción de inocencia; IX. Posibilidad de recurrir ante un tribunal para obtener una revisión de la legalidad de la orden de privación de la libertad provisional; X. Derecho a ser oído en un plazo razonable; XI. Deber de los tribunales de emitir fallos razonados, motivados y con información sustancial; XII. El derecho a impugnar las resoluciones judiciales definitivas para que sean revisadas por un tribunal superior; XIII. A una justicia gratuita; en fin, el derecho a un debido proceso exige la materialización del principio de legalidad. La CIDH, en su informe No. 30/97 del caso 10,087 de fecha 30 de septiembre de 1997, referente a Gustavo Carranza, Argentina, indicó: "67.- El artículo 8 de la Convención Americana impone la existencia de "debidas garantías" durante el proceso de determinación de derechos [...] En efecto, el mencionado articulo no contiene un recurso judicial propiamente dicho, sino el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales. Este articulo reconoce el llamado "Debido proceso legal" que abarca las condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquellos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial.". Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en sentencia de 02 de febrero de 2001, en el caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá, afirmó que: "Si bien el artículo 8 de la Convención Americana se titula "Garantías Judiciales", su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto "sino [al] conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales" a efectos de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier tipo de acto del Estado que pueda afectarlos. Es decir, cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea administrativo, sancionglorio o jurisdiccional, deben respetar el debido proceso legal.". El debido proceso se ve materializado cuando se observan estrictamente las normas contenidas en el Código Procesal Penal, el que señala en el Título IV de su Libro Tercero como debe de substanciarse la etapa de juicio y en particular el debate, ergo la transgresión a cualquiera de esas normas legales constituiría vicio in procedendo siempre que por su carácter esencial socave la validez de la sentencia y esto es cuando transgrede o disminuye los principios mencionados. En conclusión, la resolución definitiva debe ser el resultado de la celebración de un proceso penal en el cual se respeten el conjunto de reglas esenciales que le sustentan en una base de legalidad, de lo contrario, cuando el mismo se realiza a espaldas de una de esas reglas, la resolución definitiva se convierte en un fruto viciado. De la procedencia del recurso. EL RECURSO NO ES DE RECIBO. Ha expresado la Sala de lo Penal que el conocimiento de los Recursos de Casación a resolver queda definido a los puntos de decisión que el recurrente fija como agravios, como consecuencia los defectos de interposición no pueden ser remediados por este Ad-Quem, porque ello le está impedido por su propia competencia excepcional; es importante asentar que tal rigor se refiere solo a la claridad y precisión de los motivos que sirven de medio para la denuncia del vicio y no a las formas posibles en que tal vicio puede ser corregido, pues ello puede ser apreciado a libertad por el Tribunal de Casación, conforme el Principio luria Novit Curia. En el presente caso, el censor hace un planteamiento del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional que resulta imposible resolver, como consecuencia de hacer denuncia abstracta de la inobservancia de derechos y garantías fundamentales sin darse a la tarea para explicar en qué consistieron las mismas, desarrollando el necesario proceso de explicación y comprobación de que tales violaciones existen en la sentencia que se ha recurrido; así como que, las garantías constitucionales que se citan de manera abstracta como violentadas son de diferente naturaleza, por lo cual debieron de ser planteadas, explicadas y comprobadas de manera separada según lo establecido en el artículo 363 del Código Procesal Penal. Recordemos que el debido proceso (principio denunciado como infringido) es un derecho fundamental consistente en que los procesos judiciales se ajusten a las reglas, parámetros y prebendas previamente determinados en la ley, entonces, precisamente la falta de cita, explicación y comprobación de que normas procesales fueron las infringidas, es lo que constituye el defecto de planteamiento del recurso. Por lo anterior, el recurso decae y no es objeto de recibimiento. Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. El proceso penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez, debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio (artículo 90 de la Constitución de la República). Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso (artículo 9 del Código Procesal Penal). Si no se cumple con los requisitos establecidos en la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos y, por el contrario, se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando: a. No se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo); b. Se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo); 0, c. Se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal. La inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción (vicio in procedendo) y que debe de ser objeto de saneamiento cuando proceda (artículo 171 del Código Procesal Penal), de subsanación cuando concurran sus presupuestos (artículo 170 del Código Procesal Penal), o, en su caso y como remedio último, de nulidad (artículo 165 del Código Procesal Penal). El recurso de casación por quebrantamiento de las formas procesales tiene la tarea de comprobar la denuncia hecha por algunas de las partes de una actividad procesal defectuosa que compromete la decisión final, dada en los actos procesales de la etapa de juicio o en la propia sentencia que le contiene y que tiene como sanción prevista por la ley su nulidad ante la imposibilidad de saneamiento o de subsanación, ergo no basta entonces con la presencia de un vicio, sino que se requerirá, además: 1. Que el recurrente haya presentado protesta contra el vicio, en el momento procesal oportuno, procurando sanearlo sin éxito (artículo 363 párrafo tercero de Código Procesal Penal); 2. Que el vicio tampoco sea posible tenerlo por subsanado; 3. Que el vicio sea de aquellos que tenga como sanción legal la nulidad de la actividad que lo contiene (artículo 362 del Código Procesal Penal), planteados como motivos para recurrir. Los dos primeros requisitos no serán necesarios cuando el defecto se produzca en la sentencia, pues la única forma de protesta sería el mismo recurso de casación. Además de los requisitos señalados, el recurrente debe tener presente que la instancia impugnativa en casación está munida de importantes recaudos formales determinados por la ley que deben cumplirse en su interposición (artículo 363 párrafo tercero del Código Procesal Penal) y que pueden ser de diferente naturaleza en atención al defecto procesal denunciado (artículo 362 Código Procesal Penal); ello se debe a que se trata de un recurso extraordinario, que tiene como fin auditar la legalidad de la sentencia y por ende de una gran exigencia técnica. Es de esta forma que con la individualización del motivo se dan las siguientes consecuencias: a. La competencia de la Sala de lo Penal queda circunscrita a los aspectos objetos de impugnación (artículo 350 del Código Procesal Penal); b. Es inaplicable el principio Iura Novit Curia, al no poderse suplir las omisiones del recurrente; у, Es posible la concesión parcial del recurso, cuando la razón solo aparezca en parte de lo alegado en el motivo. Recurso de casación por quebrantamiento de forma interpuesto por la acusación privada. Único motivo. • Normas autorizantes citadas: artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. • Normas procesales que se denuncian infringidas: artículos 202 y 338 del Código Procesal Penal. • Concepto de la infracción: no haber observado el sentenciador en la valoración de la prueba las reglas de la sana crítica. • Acciones de saneamiento: imposibilidad de reclamo previo porque el vicio se produce en el acto mismo de sentenciar. • Pretensión: casar la sentencia impugnada. Arguye el censor del fallo que existen contradicción entre los testigos que no cita el tribunal de sentencia y que son relevantes, puesto que se refieren a la parte sustancial de los hechos y al confrontar el contenido de los testimonios de cargo con los de descargo, resulta acreditado un grave vicio de apreciación de la prueba por infracción a la regla lógica de derivación. Considera, en definitiva, que el sentenciador ha hecho una utilización arbitraria. De las fuentes de convencimiento, lo cual ha conducido a una falsa motivación. De las reglas de la sana crítica El Código Procesal Penal da exclusiva competencia a los jueces de sentencia la estimación valorativa de las pruebas y las conclusiones fácticas que de ellas extraigan, siendo ello inatacable por la vía recursiva casacional, siendo solamente controlable el proceso seguido por los jueces para la construcción de tales conclusiones. El artículo 362 numeral 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes… 3) Que (…) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica.”. Al respecto, se ha señalado que: “… La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva…”. (Fallo de fecha 30 de noviembre del 2001, en el expediente 194-2009 y de fecha 30 de noviembre del 2011, en el expediente 297-09, también en ese sentido el fallo de fecha 20 de octubre del 2011, contenido en el expediente 360-09 y de fecha 05 de abril del 2011, del expediente 385-09, todos de la Sala de lo Penal). En el apartado de la valoración intelectiva, el juzgador debe valorar la prueba conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la prueba: Íntima Convicción (propio del sistema de juzgamiento por jurados), Prueba Legal o tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe darle el juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias) y la Sana Crítica; es este último el que debe observar el juzgador penal hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. En el sistema de sana crítica, en la valoración de la prueba existe plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones guarden una necesaria relación con las premisas que le sustentan, las cuales son a su vez construidas como fruto razonado de las pruebas. En este sistema, el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia conviccional de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común (al respecto ver Fallo de fecha 30 de noviembre del 2011, del expediente 25-2010 de la Sala de lo Penal); de este modo “… las reglas de la sana crítica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza…” (Fallo Sala Penal de fecha 20 de octubre del 2011, en el expediente 88-09). Componen la sana crítica: REGLAS DE LA EXPERIENCIA COMÚN O MÁXIMAS DE LA EXPERIENCIA: Se refieren a juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el juzgador, relevados de demostración probatoria por adquirirse a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por este hecho son compartidas con las demás personas, aun cuando no formen parte de su mismo grupo social. Nos referimos a fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión, o hechos de la cultura común, siendo el antónimo de éstos los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realiza solo un grupo determinados de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior, el conocimiento privado del juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. El juzgador deberá analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común, entre otros: Cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca del hecho. II. Cuando cite como común un hecho que no lo sea, por no ser aprehensibles de manera espontánea por el profano, sino que solo mediante experiencias extraordinarias o mediante estudios especializados; o, III. Cuando afirme como común un hecho que exija demostración probatoria. Las reglas de la experiencia común se basan en la probabilidad, es decir, al momento en que el juzgador valora un hecho, considerará el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos él porque lo considera así. 2) LAS REGLAS DE LA PSICOLOGÍA: Están referidas, no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento empírico adquirido del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquél. Las reglas de la psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo en relación al grupo social, se requiere que el juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la experiencia común, las reglas de la psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado; y, 3) LAS REGLAS DE LA LÓGICA: La lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatoria para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. La lógica aplicable es la “lógica no formal”, llamada en el ámbito como razón del juicio donde las conclusiones se muestran bajo el espectro que irradia la prueba. Las leyes de la lógica informan sobre leyes universales, a saber: 1. La Coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí. La coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente. De la ley de la coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: I. El principio de identidad: Una proposición solo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión “X” solo puede ser “X”, sin que pueda al mismo tiempo ser “Y” II. El principio de contradicción: Las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En valoración de prueba: un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. III. El principio de tercero excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera y ninguna tercera posibilidad es posible. 2. La derivación: Exige que cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; cada pensamiento provenir de otro, con el cual está relacionado, salvo que se trate de un principio, es decir de un juicio inicial. Pero además la conclusión debe derivar de elementos suficientes para que justifique la producción de aquella. Existirá omisión al principio lógico de derivación: I. Cuando la conclusión no encuentre correspondencia con el medio de prueba por una indebida inferencia; II. Cuando la conclusión no sea producto derivado de un medio de prueba, debiendo serlo por tratarse de la afirmación o negación de un hecho de carácter no notorio. III. Cuando la conclusión sea construida con base en medios de pruebas inexistentes. IV. Cuando la conclusión esté basada en el contenido de un medio de prueba cuyo contenido este falseado. De la derivación se extrae el principio de razón suficiente, por el cual toda conclusión requiere una razón suficiente que justifique su existencia; la conclusión debe ser el final del iter lógico seguido en la valoración de las pruebas apoyándose en inferencias razonables; cada conclusión expuesta puede formar una sucesión que al final lleven a una conclusión última en donde se afirme o niegue el hecho juzgado. De la Rúa (Fernando de la Rúa, La Casación Penal, Ediciones Depalma, Buenos Aires, Argentina, pág. 156), señala que la motivación para ser lógica debe responder a las referidas leyes que presiden el correcto entendimiento humano, observando las siguientes características: Congruente: En donde las afirmaciones, deducciones y conclusiones guarden una adecuada correlación y concordancia entre sí; II. Concordante: Cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; III. No Contradictoria: por estar libre de razonamientos que al oponerse se anulen entre sí al reflejar verdades incompatibles; IV. Inequívoca: al no dejar margen para cuestionar el alcance y significado de los razonamientos y de las conclusiones que le deriven; y V. Suficiente: al estar constituida por un entramado de conclusiones interrelacionadas, que se deriven de múltiples cadenas de pensamientos, todos ellos aptos para producir razonablemente un convencimiento. El autor citado (Ob. Cit., pág. 157), explica que la sentencia carecerá de motivación cuando los razonamientos son contrastados advirtiendo oposición entre ellos o entre ellos y la parte resolutiva, destruyéndose recíprocamente dejando vacía la fundamentación de la decisión. DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO. EL RECURSO NO ES DE RECIBO. Debe de tenerse presente que la sentencia se construye a partir de múltiples silogismos encadenados que constituyen el razonamiento judicial y que cada silogismo debe de tener la cualidad de ser categórico, compuestos por premisas de las que se deriva una conclusión, teniendo precisamente a aquellas premisas como la razón suficiente para derivar la conclusión; por ende, el recurrente que alega la violación del principio de derivación como motivo, asume un alto compromiso que implica la tarea de identificar el silogismo que considera indebidamente construido, determinar la fuente de la premisa mayor, de la premisa menor, y luego, lo más importante, demostrar que la inferencia realizada es incorrecta y que por ello la conclusión que se dice necesaria en realidad no lo es; tarea que no termina allí, pues además debe de explicar porque tal conclusión malograda es relevante para la decisión final y por ello dicha decisión fue indebidamente adoptada. Hoy por hoy el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma planteando como motivo la violación del principio lógico de derivación ocupa un gran de porcentaje de los recursos que resuelve esta Sala de lo Penal; desafortunadamente, no en pocos casos, el recurrente acude a tal alegato como una forma de disfrazar la verdadera pretensión de reexamen o revalorización (revisio de facto) de la actividad probatoria como medio de atacar el juicio valorativo hecho por el tribunal de sentencia, pretendiendo así que los jueces de casación, sin contar con inmediación (entre otros principios faltantes), valoren un medio de prueba determinado, extraigan conclusiones probatorias y luego las compare con aquellas a las que arribó el a quo, decidiendo finalmente si lo hecho por los jueces de la instancia está bien o mal a depender si coincide con la valoración de la prueba hecha en única instancia, todo ello impropio en sede casacional. No existe una previa determinación de pruebas, por lo que éste debe de ser asignado por el juzgador de la instancia haciendo mano de las reglas de la sana critica, evaluándolas y determinando el grado de convencimiento que le genera cada una de ellas y en su conjunto en relación a la imputación, lo que constituye un proceso directo de los jueces de instancia y ajeno a los jueces de casación. Por ello, el recurso de casación no provoca un nuevo examen probatorio de los medios que fundan la decisión judicial impugnada; la casación no es una segunda instancia, sino una única instancia encargada de revisar la mera legalidad de la decisión judicial, quedando fuera de tal esfera de competencia la revaloración de la prueba; las partes en la interposición del recurso no pueden pretender que esta Sala de lo Penal declare el acierto o desacierto del Tribunal de Sentencia sobre sus criterios valorativos, pues ello sería rebasar las potestades legales conferidas por la ley a los jueces de casación. En el caso actual y concreto, la acusación privada se dedica a exponer alegatos propios de instancia que resultan insuficientes para autorizar la potestad revisora del control de racionalidad de la actividad valorativa del sentenciador, ya que arguye que existen contradicciones entre los testigos que no cita el tribunal de sentencia y que son relevantes, puesto que se refieren a la parte sustancial de los hechos y al confrontar el contenido de los testimonios de cargo con los de descargo, resulta acreditado un grave vicio de apreciación de la prueba por infracción a la regla lógica de derivación. Considera, en definitiva, considera que el sentenciador ha hecho una utilización arbitraria de las fuentes de convencimiento, lo cual ha conducido a una falsa motivación. Al respecto, es menester de este Tribunal de Casación poner énfasis en que las argumentaciones anteriormente relacionadas y que sustentan la explicación del motivo, obedecen a meras apreciaciones subjetivas del recurrente en las que pasa por alto identificar, explicar y comprobar el vicio de derivación en la labor intelectiva del juzgador y la cual debe ser su objeto de impugnación. No se tiene duda la Sala de que el recurrente presenta queja sobre la valoración, no porque identifique un defecto de construcción en un silogismo judicial, análisis de premisas y demostración de una mala inferencia que termine en una indebida conclusión derivada, sino porque la prueba fue valorada de forma diferente a como pretendía la defensa, todo ello impropio de sede casacional. Por lo anterior, el tercer motivo decae y debe ser desestimado. V. DECISIÓN. • No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en único motivo. • No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo. • No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo. VI. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 360, 361, 362 y 363 del Código Procesal Penal: FALLA: PRIMERO: Declara NO HA LUGAR el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su único motivo, interpuesto por el Abogado Manuel de Jesús Zeron, en su condición de acusador privado. SEGUNDO: Declara NO HA LUGAR el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, en su único motivo, interpuesto por el Abogado Manuel de Jesús Zeron, en su condición de acusador privado. TERCERO: Declara NO HA LUGAR el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, en su único motivo, interpuesto por el Abogado Manuel de Jesús Zeron, en su condición de acusador privado. CUARTO: Declara FIRME la sentencia absolutoria de fecha tres (03) de abril de dos mil diecisiete (2017), dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán. Y MANDA: A efecto de que se acate lo resuelto, la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas en única instancia, deberá devolver los antecedentes del caso al tribunal de justicia de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento. - NOTIFIQUESE. Firmas y Sello. José Olivio Rodriguez Vasquez. Magistrado Coordinador. Rafael Bustillo Romero. Magistrado. Alma Consuelo Guzmán García. Magistrada. Firma y Sello. Lety Emelda Posadas. – Secretaria Actuante.” Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a siete días del mes de diciembre de dos mil veintitrés. Certificación de la Sentencia dictada a treinta y un días del mes de marzo del año dos mil veintidos, recaída en el expediente de casación con número de ingreso SP-227-2018.
Wily Alexander Medina Perez
RECEPTOR ADSCRITO SALA DE LO PENAL”