Chilo Legal Biblioteca Consulta Legal
⚠️
Documento pendiente de verificación

Este texto aún no ha sido revisado por un curador; podría contener errores de transcripción.

Sentencia CP-211-18 — Registro 17565

Resumen

En primera instancia se condenó a la imputada como autora responsable penalmente de un delito de injurias constitutivas de difamación, asimismo se le prohíbe a la imputada de hacer uso de las redes sociales con el fin de realizar ridiculizaciones o estimaciones que atenten a la credibilidad o imagen en perjuicio del querellante y se resuelve en segunda instancia No Ha Lugar el recurso de casación y se Declara la procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"...

De la procedencia del segundo motivo. EL SEGUNDO MOTIVO NO ES DE RECIBO. La parte recurrente, arguye que el sentenciador ha infringido la regla de las máximas de la experiencia cuando valora el medio de prueba pericial para extraer la información concerniente a unas publicaciones realizadas en la plataforma Facebook, por la señora Lesbia Pacheco Kristoff. Identifica como postulado intelectivo infractor a la regla de las máximas de la experiencia, el correspondiente al dictamen pericial que establece “Respecto a la forma como funciona la red social de Facebook, cabe señalar que, conforme a las máximas de la experiencia, y a las explicaciones dadas por el perito, ésta es una red social construida a base de vinculaciones entre personas que desean compartir contenidos o informaciones que les son afines.” Considera que, el sentenciador no puede basar su razonamiento en la experiencia común cuando nos encontramos ante un aspecto probatorio eminentemente técnico, así como que no se vinculó directamente a una persona con las publicaciones, como ser un correo personal o una dirección IP de trabajo o domicilio. Así lo expuesto, la Sala de lo Penal ha definido que las máximas de la experiencia se refieren a juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el juzgador, relevados de demostración probatoria por adquirirse a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por este hecho son compartidas con las demás personas, aun cuando no formen parte de su mismo grupo social. Nos referimos a fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión, o hechos de la cultura común, siendo el antónimo de éstos los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realiza solo un grupo determinados de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior, el conocimiento privado del juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. El juzgador deberá analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común, entre otros: cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca del hecho; cuando cite como común un hecho que no lo sea, por no ser aprehensibles de manera espontánea por el profano, sino que solo mediante experiencias extraordinarias o mediante estudios especializados; o, cuando afirme como común un hecho que exija demostración probatoria. Las reglas de la experiencia común se basan en la probabilidad, es decir, al momento en que el juzgador valora un hecho, considerará el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos él porque lo considera así. En este sentido, se determina por la Sala de lo Penal, que la infracción denunciada por la recurrente no posee la trascendencia para cambiar la ecuación intelectiva de la prueba y la premisa fáctica de la sentencia, pues la valoración que identifica como transgresora a la regla de las máximas de la experiencia, únicamente define que la red social Facebook tiene como finalidad compartir contenidos o informaciones que le son afines, y no es a través de este razonamiento, que se determina que la señora Lesbia Pacheco, es la responsable de la publicación del contenido denunciado. Esta última conclusión el sentenciador la alcanza a partir de la valoración conjunta y armónica de la prueba evacuada en sesión de juicio, pericial, testifical y documental. Por lo anteriormente expuesto, procede la desestimatoria del segundo motivo, pues no es acertado en su contenido al establecer la infracción a la regla de las máximas de la experiencia, y mucho menos considerar que este vicio pueda ocasionar un cambio en la ecuación valorativa y en la premisa fáctica de la sentencia..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

"...De la procedencia del primer motivo. EL PRIMER MOTIVO NO ES DE RECIBO. El objeto central del reclamo recursivo, consiste en denunciar la infracción a la regla de la lógica de derivación, en su principio de razón suficiente, cuando el sentenciador valora el dictamen pericial consistente en obtener información del perfil de Facebook de la señora Lesbia Pacheco y su información vinculada con el señor Juan Carlos Reyes. Son varios los argumentos en torno de los cuales gira su denuncia, el primero de ellos, es que el perito no hizo mención de cuál fue el razonamiento utilizado para llegar a la conclusión de que la señora Lesbia Pacheco Kristoff, fue la responsable de realizar las publicaciones de las cuales deriva el objeto del proceso, es decir, no explica cómo logró determinar que fue ella quien realizara dichas publicaciones. Sobre este argumento, es preciso mencionar que la recurrente no cuestiona la valoración intelectiva que de dicho dictamen hizo el sentenciador, ya que procede a hacer sus propias valoraciones mediante las cuales concluye la insuficiencia para colegir razonablemente que a partir del mismo, se pueda determinar que la titular del perfil de Facebook periciado, sea la señora Lesbia Pacheco. Sin embargo, aún y cuando exista defecto en el planteamiento de su argumento, la Sala de lo Penal establece que el dictamen pericial (f. 18) realizado en fecha 21 de septiembre de 2012, por el perito Jeiky Geovanny Tovar Peña, mismo que según el sentenciador extrajo la información concerniente al muro o perfil de Facebook de la señora Lesbia Liliana Pacheco, y en el cual relaciona videos, álbumes de fotos y varios comentarios publicados con diferentes fechas. Entre los videos, describe el sentenciador en su valoración, aparecen dos intitulados “Requisitos para ser director”, describiendo entre su contenido una coreografía a la luz del día y en un plantel. En el segundo video, existe una publicación a cargo de la persona responsable del perfil que dice “ah y cantar también”; así como a imágenes que corresponden a una sentencia pronunciada en el Juzgado de Letras del Trabajo registrada bajo el número 0568-10, que contiene la Demanda Ordinaria Laboral de Primera Instancia, para el Reintegro de Trabajo en iguales o mejores condiciones, salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios, salario, costas que dice haber sido promovida por Lesbia Liliana Pacheco Kristoff contra la Fundación Para el Desarrollo de la Vivienda Social, Urbana y Rural “FUNDEVI”, por medio de su Director Ejecutivo, el señor Juan Carlos Reyes Flores. Seguidamente, relaciona la interacción que hubo a dichas publicaciones tanto por el titular del perfil, como de diversos internautas asociados al mismo (amigos); concluyendo en su intelectiva que el perito explicó de manera técnica e ilustrativa los pasos que siguió para hacer la búsqueda de los elementos objeto de su pericia. Para acreditar la titularidad del perfil periciado a la señora Liliana Pacheco, el sentenciador relaciona las mismas fotos personales que obran en el perfil y que coinciden con la acusada y con comentarios y publicaciones que coinciden con el tema de conflicto, así como la interacción de personas que se han referido a la acusada en términos de familiaridad y solidaridad que permite concluir que están vinculadas a la acusada como amigos (f. 244v). En las anteriores reflexiones de instancia, la Sala de lo Penal no identifica infracción a la regla lógica de derivación en su principio de razón suficiente. Respecto a la valoración de la prueba pericial, la Sala ha señalado que: “Si bien […] las legislaciones modernas han permitido la incorporación del sistema de libertad crítica del juez frente a la pericia, que resulta indispensable para que garantice, por un lado, que el perito no usurpe la función jurisdiccional del juez condicionando su fallo con su aporte y para que este controle la validez y eficacia probatoria del mismo y por otro lado, que el principio de valoración probatoria conforme a las reglas de la sana crítica, por parte del juzgador implique respecto de la prueba pericial, el examen del informe y la libertad crítica del juez que no lo exime de realizarla con racionalidad; libre arbitrio no puede equipararse a arbitrariedad; y libre crítica exige necesariamente que la decisión sea explicada y sujeta, a su vez, a la crítica de un tribunal de orden superior, para ello el Tribunal ha de valorar todas la pruebas practicadas, en forma armónica y complementaria en tanto que la exigencia de motivación responde a una finalidad de control del discurso probatorio del juez con el objeto de garantizar la racionalidad de su decisión.”. (En Sentencia de la Sala de lo Penal del 06 de abril de 2010, en Expediente 147-2008). En este sentido, se colige que la decisión del juez de determinar como titular a la señora Lesbia Pacheco, del perfil de Facebook periciado y hacerla responsable de las publicaciones objeto de debate, no es arbitraria, su decisión es razonable y ha sido explicada y valorada de conformidad con el sistema de valoración probatoria prescrito en el artículo 202 del Código Procesal Penal. También es importante resaltar que el sentenciador valora los resultados del dictamen junto con la prueba testifical de los señores Juan Carlos Reyes Flores, Norma Alicia Reyes Bautista, Ingrid Julissa López y Melissa Alejandra Castillo Betancourt (f. 240) y la prueba documental allegada a juicio (f. 242), las cuales consideró concatenada y corroboradas en su contenido. Seguidamente, arguye la recurrente que el Ministerio Público no delimitó el objeto de la pericia, argumento que al igual que el anterior, no se concreta en establecer en qué consiste la violación a la regla lógica de derivación en su principio de razón suficiente, no se identifica alguna premisa valorativa que sea irreconciliable con el dictamen pericial valorado, no hay una conexión lógica entre el argumento casacional esgrimido y la infracción a la regla de derivación en su principio de razón suficiente que se denuncia como infringida. También arguye que el perito manifestó que ingresó al perfil de Facebook periciado a través del perfil de FUNDEVI, y que esta circunstancia le resta imparcialidad a la pericia, así como que no se proporcionó la dirección IP del dispositivo donde supuestamente se realizó la pericia. Sin embargo, es de señalar que la pericia es el modo probatorio con el cual se intenta obtener, para el proceso penal, un dictamen fundado en especiales conocimientos científicos, técnicos o artísticos, útil para el descubrimiento o valoración de un elemento de prueba. No se trata, en consecuencia, de un medio para auxiliar a uno más de los sujetos procesales, supliendo la deficiente formación sobre el tema a peritar, pues no podrá evitarse su realización, aun cuando estos sujetos procesales posean los conocimientos especializados necesarios. Es el carácter eminentemente técnico de este medio de prueba lo que torna procedente cuando, para descubrir o valorar un elemento de prueba, fuese necesario o conveniente poseer conocimientos especiales en alguna ciencia, arte o técnica, con lo cual no se requerirá la intervención del perito para la realización de meras comprobaciones materiales. [16] Hecha la anterior precisión, estimó el Tribunal (f. 36v) que no resulta tan relevante la forma como originalmente tuvo acceso al mismo, desde qué equipo se captaron los datos, sino que lo importante son los resultados de la pericia en la cual hace constar las publicaciones que en su muro hizo la acusada Lesbia Pacheco. A juicio del Tribunal, el perito hizo una explicación detallada de las operaciones técnicas realizadas, acompañándola de los principios científicos o técnicos en que se funda, así como las valoraciones de hecho o circunstancias relevantes en el asunto que le sirvieron para adquirir certeza sobre los hechos. Entonces, contrario expone la recurrente, las estimaciones intelectivas revisten carácter de suficiencia al provenir de los datos objetivos establecidos en el dictamen, y en los cuales se detalla el procedimiento de las operaciones realizadas y los resultados que arrojan, que sirven para formar el estado de convicción del sentenciador y que no provienen de la aportación de un particular que pueda afectar la credibilidad subjetiva de la pericia. Finalmente, arguye la recurrente que el informe presentado no contenía videos, presenta únicamente capturas de pantalla manipuladas a través de otro software distinto al de medios técnicos de reproducción de audio y sonido. En este sentido, resulta claro que la recurrente no es precisa en su argumento, pues obra en la intelectiva del sentenciador (f. 244 y 245), que dentro de los contenidos en el dictamen constaban dos videos, los cuales consideró que de manera irónica o sarcástica se indica que bailar es requisito para tener puesto de Director, aludiendo que ello es el caso del señor Juan Carlos Reyes, y con el segundo video, tampoco se da espacio a equívoco cuando en el mismo aparece el señor Juan Carlos Reyes con un micrófono en mano y entonando una canción, y cuyo pie de publicación dice “ahh y también cantar”. Si bien su contenido no se desarrolló en juicio, estos fueron acompañados de descripciones de contenido que hizo el perito y que permitieron colegir al Tribunal la responsabilidad de la acusada en los hechos que se le acusa..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario Actuante de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia recaída en el expediente del Recurso de Casación SP-211-2018 que literalmente dice: “SENTENCIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticuatro (24) días del mes de febrero del año dos mil veintidós (2022), el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los magistrados José Olivio Rodríguez Vásquez en su calidad de coordinador, Rafael Bustillo Romero y Alma Consuelo Guzmán García, pronuncian. EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS. La siguiente sentencia en el expediente SP 211-2018, conociendo del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional y por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha veinticuatro (24) de abril del año dos mil diecisiete (2017), dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, mediante la cual falló: Condenó a la señora Lesbia Liliana Pacheco Kristoff, como autora responsable penalmente de un delito de injurias constitutivas de difamación, en perjuicio de Juan Carlos Reyes, a la pena de un (1) año y ocho (8) meses de reclusión, más las penas accesorias de inhabilitación especial e interdicción civil durante el tiempo de duración de la pena principal. Segundo: Declaró la responsabilidad civil de la señora Lesbia Liliana Pacheco Kristoff, como consecuencia del delito por el que es condenada, la que será tasada en la fase de ejecución de la sentencia. Tercero: Condenó a la señora Lesbia Liliana Pacheco Kristoff, en costas procesales, personales y gastos ocasionados por el juicio, lo cual deberá ser tasado en la fase de ejecución de la sentencia. Quinto: Se prohíbe a la señora Lesbia Liliana Pacheco Kristoff, hacer uso de las redes sociales con el fin de realizar ridiculizaciones o estimaciones que atenten a la credibilidad o imagen en perjuicio del señor Juan Carlos Reyes. Interpuso el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional y por Quebrantamiento de Forma, interpuesto por la Abogada Kenia Veliza Oliva Cardona, en su condición de defensora privada de la señora Lesbia Liliana Pacheco. Son partes en única instancia: la Abogada Kenia Veliza Oliva Cardona, en su condición de defensora privada de la señora Lesbia Liliana Pacheco, como recurrente; y, los Abogados Eduardo Jair López Zúniga y Celeste Aida Cerrato Chinchilla, apoderados defensores, como recurrida. HECHOS PROBADOS DE LA INSTANCIA. “Valorando las pruebas practicadas en el acto del juicio oral, de acuerdo a los criterios de la sana crítica, éste Tribunal declara expresa y terminantemente probados los hechos siguientes: PRIMERO: Derivado de discrepancias laborales entre el señor Juan Carlos Reyes, Director Ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo de la Vivienda Social, Urbana y Rural (FUNDEVI), y la señora Lesbia Liliana Pacheco Kristoff, quien fungía como Directora de Recursos Humanos de dicha institución, esta última solicitó en fecha 13 de abril del 2010 la intervención del Comisionado Nacional de Derechos Humanos, así mismo, el día 16 de abril del mismo año, interpuso denuncia contra el señor Juan Carlos Reyes ante el Ministerio Público por el delito de Hostigamiento Sexual en su perjuicio. SEGUNDO: En fecha 22 de abril del año 2010, el señor Juan Carlos Reyes en su condición de Director Ejecutivo emitió un memorándum mediante el cual le notificó a la señora Lesbia Liliana Pacheco la Terminación del Contrato de Trabajo, aludiendo haberse roto la armonía obrero patronal debido a que ella realizó varios hechos considerados como graves, y que imposibilitan la convivencia y armonía para la realización de las labores en el puesto de confianza que ella ostentaba. Entre tales hechos, se menciona en el Memorándum, el haber solicitado la señora Lesbia Liliana Pacheco la intervención de una Inspectora del Trabajo para que investigase actos de hostigamiento que decía realizaba el señor Juan Carlos Reyes, y de lo cual lo eximió posteriormente de responsabilidad, se mencionó además el haber llamado la señora Lesbia Pacheco, el da 13 de abril del año 2010, a la emisora radial HRN, denunciando públicamente que el señor Juan Carlos Reyes, Director Ejecutivo de Fundevi incurría en hostigamiento y acoso hacia su persona, razón por la que temía que se diera un atentado contra la vida de ella y declarando al señor Reyes como responsable. TERCERO: Esta circunstancia motivó que la señora Lesbia Liliana Pacheco interpusiera una demanda laboral ante el Juzgado de Letras del Trabajo que en fecha doce de enero del año dos mil doce emitió sentencia favorable a la señora Lesbia Liliana Pacheco, quien, después de acceder con su contraseña personal a su cuenta de perfil en la red social de Facebook en internet, publicó una serie de imágenes de lo que parecía ser una Sentencia emitida por una Juez del Trabajo, que la señora Lesbia Liliana Pacheco intituló como “Tomadas en Sentencia Demanda Juzgado del Trabajo a mi favor” en cuyo pie de publicación escribió: “Cuando van a restituirme el daño que este señor me ocasionó y que se vale de sus amistades políticas para no hacer caso a la sentencia”, generando dicha publicación varios íconos de aprobación de parte de otros usuarios de Facebook, así como comentarios en fecha 3 de febrero del 2012, entre ellos, algunos escritos por la misma señora Lesbia Liliana Pacheco que decían: Sr. Ricardo Álvarez, Miguel Pastor, Áfrico Madrid, William Chong; por favor lean y dejen de proteger a este tipo de hombres que se aprovechan de sus puestos para hacer daño a la mujer cuando ejerce su derecho constitucional a denunciarlos”, y, “este personaje es el esposo de Gabriela Núñez”. CUARTO: De igual manera, se generaron comentarios de otras personas, entre ellos el del perfil con el nombre de Ángel Zelaya desde el cual se escribió: “esto es una infamia, la justicia debería ser pareja para todos y todas, que se gana protegiendo viejos rabos verdes solo que tienen cargos altos en política?”, y otro del perfil con el nombre Oswaldo López, desde el donde se escribió: “los dos maman en el gobierno es más probable que despidan un nacionalista que un liberal”. QUINTO: En fecha 6 de febrero del año dos mil doce, la señora Lesbia Liliana Pacheco publicó en su perfil de Facebook dos videos, ambos con una misma descripción intitulado “Requisitos para el puesto de director”. El primero de ellos, corresponda a una muestra de una celebración navideña llevada a cabo durante el día por parte de empleados de la institución de Fundevi, y donde aparece el señor Juan Carlos Reyes haciendo un baile coreográfico en el marco de una celebración navideña realizada durante el día. Al pie del mismo, la señora Lesbia Pacheco escribió la leyenda que decía “Requisitos para el puesto de director” y además “para quien preguntó cuál es el requisito para ese puesto del personaje que les mencioné, ahí les va…”. En el segundo video aparece el señor Juan Carlos Reyes cantando con un micrófono en la mano, en el marco de una celebración entre empleados de la institución de Fundevi y respecto del cual la señora Lesbia Liliana Pacheco escribió: “ahhh y cantar también!” SEXTO: En otra publicación realizada por la señora Lesbia Liliana Pacheco en fecha 19 de julio de 2012, ella menciona que “...ya ni reír puedo desde el golpe me quedé sin empleo por haber denunciado al esposo de Gabriel Núñez….” generándose algunos comentarios entre ellos uno proveniente del perfil con el nombre Ivis Ponce, desde donde se escribió: “estos cabrones así chantajean a la gente, piensan que uno vive de ellos, y como bien dice usted si no se las arregla no come, así engañan a la gente humilde”, y otro proveniente del perfil con el nombre Margarita Suazo, desde donde se escribió: “amiga si usted no trabaja no come… ningún p…..de estos valora el trabajo que uno les hace….ja para que después saluden con sombrero ajeno... lástima por ellos que no saben el talento que se les fue jum….”. SEPTIMO: En otra publicación de fecha 25 de julio del mismo año, la señora Lesbia Liliana Pacheco escribió “Les han pasado que asisten a una entrevista de trabajo y las preguntas van relacionadas con tu vida sentimental y muy lejos de tu experiencia profesional y al concluir te preguntan si te pueden llamar para un café... grrr hasta donde llega el abuso de ciertos jefes y sales con la claridad de que no te darán una oportunidad de empleo” y ese mismo día también escribió “yo denuncié a mi ex jefe y ha sido un camino duro no se imagina lastimosamente por el sistema patriarcal en el que vivimos”. OCTAVO: También, en fecha 30 de julio del mismo año, la señora Lesbia Pacheco realizó una publicación en la que hacía referencia a que su decisión de denunciar a su jefe por acoso y hostigamiento laboral, conllevé a que se le despidiera del puesto que ella desempeñaba, haciendo referencia a que ella es una mujer con derechos y que cuando “uno dice que No es NO”, lo cual generó la reacción de varias otras personas que observaron la publicación, una de las cuales provino del usuario denominado Ángel Zelaya, desde cuyo perfil ese mismo día se escribió” Amigocha querida, si todas las mujeres que sufren abuso tuvieran aunque sea un poco del valor que has tenido, la situación para las mujeres en general ya sería distinta. Animo tú si tomaste la decisión correcta, no tienes culpa de vivir en una sociedad asquerosamente machista”. NOVENO: Producto de la difusión que tuvieron las publicaciones escritas, así como de los dos vídeos, se suscitaron cuestionamientos y suspicacias que llegaron a relacionar a empleadas de la Fundación con actos impropios de las que se sospechaba era responsable el señor Juan Carlos Reyes, llegando a producir incluso cuestionamientos hacia su esposa Gabriela Núñez, y así afectar tales cuestionamientos, los sentimientos internos del señor Juan Carlos Reyes, así como sus actividades con sus hijas. DECIMO: En fecha veintinueve de octubre del año dos mil trece, recayó sentencia de casación en la Demanda Ordinaria Laboral interpuestas por la señora Lesbia Liliana Pacheco Kristoff contra la Fundación para el Desarrollo de la Vivienda Social, Urbana y Rural (FUNDEVI) por medio de su Director Ejecutivo Juan Carlos Reyes Flores, resolución en la cual se recoge que la demandante en su acción, manifestó que desde el 25 de agosto de 2008 había sido Jefe de Recursos Humanos de la Fundevi, pero que a raíz de ser ella simpatizante del partido nacional y no del partido liberal como lo es el Director Ejecutivo, y fundamentalmente que el Director no entiende que cuando una mujer dice no, es no, fue objeto por parte de él, de una campaña de hostigamiento Laboral y Sexual que la obligó a comparecer ante la autoridad y organizaciones a favor de los derechos de la mujer a denunciarlo, razón por la cual él procedió a despedirla el 22 de abril de 2010 a través de un Memorándum. Dicho recurso de Casación, así como la Nulidad interpuesta por la parte demandada fue declarada sin lugar, dejando firme la sentencia emitida por la Corte de Apelaciones que en su momento falló declarando sin lugar la demanda ordinaria laboral interpuesta por la querellada Lesbia Liliana Pacheco, por considerar que la misma no logró demostrar sus pretensiones.” RECURSO DE CASACIÓN. MOTIVOS Y ARGUMENTOS. La parte recurrente, Abogada la Abogada Kenia Veliza Olvida Cardona, en su condición de defensora privada de la señora Lesbia Liliana Pacheco, procedió a formalizar su Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional y por Quebrantamiento de Forma, de la siguiente manera:“I. MOTIVO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL PRIMER MOTIVO Infracción de lo dispuesto en los artículos 72, 89 y 90 de la Constitución de la República, y 13 numeral 1 de la Convención Americana Sobre Derecho Humanos. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 361 del Código Procesal Penal. FUNDAMENTACIÓN: Desarrollamos la fundamentación del motivo de la siguiente forma: La Constitución de la República en su artículo 72 expresa: “Es libre la emisión del pensamiento por cualquier medio de difusión, sin previa censura. Son responsables ante la ley los que abusen de este derecho y aquellos que por medios directos o indirectos restrinjan o impidan la comunicación y circulación de ideas y opiniones”. A su vez, el artículo 13 numeral 1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos establece: “Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección”. Conforme a las bases constitucionales del proceso penal, es posible interponer el motivo de casación por infracción de precepto constitucional cuando el proceso no se haya llevado a cabo con todas las garantías, como lo demanda el artículo 90 de la Constitución de la República. La investigación y juzgamiento de hechos considerados delictivos debe adecuar su actuación al respeto absoluto de los derechos y libertades públicas[1], incluyendo la garantía de libertad de expresión. En los delitos contra el honor, corno es el caso que nos ocupa, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha expresado que existen medios menos gravosos para proteger el honor, como la vía civil en donde se toma como base la mala fe y la real malicia[2]. En relación, la Corte ha establecido que, en los delitos contra el honor, se debe atender a una “estricta proporcionalidad de la medida”, exponiendo los siguientes lineamientos: 1. El grado de afectación de uno de los bienes en juego, determinando si la intensidad de dicha afectación fue grave, intermedio o moderada. 2. La importancia de la satisfacción del bien contrario. 3. Si la satisfacción de este justifica la restricción del otro. En algunos casos la balanza se inclinará hacia la libertad de expresión y en otros a la salvaguarda del derecho a la honra[3]. De esta manera, la Corte Interamericana señala postulados sobre los que han de acogerse las consecuencias de los actos constitutivos de injurias, consagrando el principio de última ratio y mínima intervención de la esfera penal. En ese orden de ideas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su Declaración de Principios Sobre la Libertad de Expresión señala: “10. Las leyes de privacidad no deben inhibir ni restringir la investigación y difusión de información de interés público. La protección a la reputación debe estar garantizada sólo a través de sanciones civiles, en los casos en que la persona ofendida sea un funcionario público o persona pública o particular que se haya involucrado voluntariamente en asuntos de interés público”. En el presente caso, una condena penal conlleva la infracción al derecho de libertad de pensamiento y libertad de expresión contenidos en los artículos 72 de la Constitución de la República y 13.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos. En este sentido, cabe agregar, que la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos establece que las personas sometidas al escrutinio público deben tener un mayor umbral de tolerancia a las críticas en razón de su posición o puesto, tal y como se expuso en el caso de Ricardo Canese v[4]. Paraguay. Al tratarse de un funcionario de la institución FUNDEVI, la víctima se encuentra bajo el escrutinio público, por lo que deviene aplicable al caso, mencionando además que el señor JUAN CARLOS REYES no ha sufrido ninguna afectación laboral, puesto que mantiene su puesto como director ejecutivo hasta la fecha. En la sentencia el tribunal establece: “Es de hacer notar también, que la publicación se da en el marco de algunas acciones que la acusada estaba ejerciendo en defensa de los derechos que ella consideró se le habían vulnerado, pero las publicaciones fueron un exceso den el ejercicio de ese derecho por cuanto para hacer valer tales derechos no resultaba necesario realizar las publicaciones ni hacerlo del conocimiento de un público que no estaba en posición de reivindicar o decidir en torno a los derechos supuestamente violentados a la querellada […]” (página 37, párrafo 2 de la sentencia). Ante esta afirmación, las redes sociales son plataformas para expresar pensamientos, las cuales no pueden ser mecanismos de censura por parte de un Estado, no habiendo proporcionalidad entre la publicación de un video y una denuncia formal o demandas sustanciadas ante las autoridades competentes. De ser así, la sentencia estaría contraviniendo la garantía de libertad de expresión con relación al principio de estricta proporcionalidad de la medida, debiendo abordarse este caso en el ámbito del proceso civil, en concordancia con los criterios jurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que devienen directamente vinculante en nuestro sistema[5]. Es por lo expuesto que al apreciar la infracción de los derechos constitucionales acusados de infringidos por la sentencia objeto de impugnación, se solicita a la Honorable Corte Suprema de Justicia, Sala de lo Penal, dicte sentencia absolutoria a favor de la señora señor LESBIA LILIANA PACHECO RASKOFF, siendo la esfera civil la jurisdicción competente para conocer los daños derivados de las acciones comprendidas en el cuadro fáctico. II. MOTIVOS DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA SEGUNDO MOTIVO Infracción de lo dispuesto en el articulo 202 del Código Procesal Penal, al inobservar el tribunal las reglas de la sana crítica, en su ley lógica de la derivación, en su principio de razón suficiente al momento de realizar la valoración de la prueba pericial. PRECEPTO AUTORIZANTE: Autoriza el presente motivo de casación el artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. FUNDAMENTACIÓN: El artículo 202 del Código Procesal Penal establece: “Valoración de las pruebas. La sana crítica. Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica. El órgano jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida”. Los errores in procedendo resultan de la inobservancia de las reglas esenciales que rigen para el proceso o la sentencia[6]. En el caso que nos ocupa, el Tribunal de Sentencia comete una infracción por quebrantamiento de forma al momento de valorar la prueba, puesto que contraviene las reglas de la sana crítica en su ley lógica de la derivación, en su principio de razón suficiente, al atribuir a la prueba pericial un alcance probatorio que no posee. Dicha violación se configura de la siguiente forma: Prima facie es menester señalar, como ha sido expuesto a través de la jurisprudencia de la Honorable Corte Suprema de Justicia, Sala de lo Penal, que dentro de la sana crítica queda comprendida la ley lógica de la derivación, de la cual se extrae el principio de razón suficiente[7]. Dicho principio establece que todo juicio, para ser realmente verdadero, necesita de una razón suficiente, que justifique lo que en el juicio se afirma o niega con pretensión de verdad[8]. Por tanto, los razonamientos que realiza el tribunal sentenciador, deben estar sustentados con base en inferencias razonables y la sucesión de conclusiones que por dichas inferencias se vayan formando, dando como resultado elementos auténticos y suficientes para producir el convencimiento del hecho que está siendo juzgado. Partiendo de esta premisa, nos remitimos al apartado denominado “VALORACIÓN DE LA PRUEBA” de la sentencia objeto de impugnación, concretamente en el numeral TERCERO, sobre la valoración del medio de prueba pericial. Siendo que el presente caso se contrae a determinar si mi representada realizó ciertas publicaciones a través de la red social Facebook atentando contra el derecho al honor del señor JUAN CARLOS REYES, el tribunal encomendó al perito Jeiky Geovanny Tovar Peña realizar dicha tarea. El perito presentó su informe en fecha 24 de septiembre de 2012 (folios 113 al 138). Dicho lo anterior, es importante señalar que la valoración realizada por el tribunal contraviene las reglas de la sana crítica en su ley lógica de la derivación, en su principio de razón suficiente, por cuanto de la prueba pericial aportada, no puede inferirse el grado de participación de la mi representada, y en consecuencia, su la culpabilidad respecto a los hechos sindicados. Revisado el informe y la declaración del perito, el los juzgadores realizan las siguientes conclusiones en la sección en el apartado y numeral supra indicado, mismo que se refiere a la prueba pericial, remitiéndonos al párrafo sexto de la página 35 de la sentencia: “Ante tales argumentos, es posible establecer que las imágenes contenidas en el dictamen explican de manera ilustrativa los pasos que el perito calificado procedió a realizar para la búsqueda y hallazgo de los elementos que componen su pericia. Si bien los procedimientos realizados datan del año dos mil doce, y no reproducidos al momento del juicio, ello debido a la urgencia con la que se autorizó la pericia, ya que como cuenta de perfil de Facebook, el mismo puede perfectamente darse de baja y ya no estar disponible la información contenida en el mismo. Tampoco aportó la parte querellada ninguna prueba que orientase a poner en duda los resultados de la pericia más allá de los meros argumentos”. Nótese que la valoración se refiere a imágenes contenidas en el informe, quiere decir que a pesar de que la cuestión litigiosa deriva de la publicación de dos videos, estos no fueron reproducidos en el juicio, basando la ratio decidendi en un elemento probatorio que no se tuvo a la vista durante la sustanciación del juicio. El tribunal justifica este extremo basado en la urgencia con la que se autorizó la pericia, en una clara contravención al debido proceso, tomando como ciertos los elementos probatorios del informe pericial y manteniendo su razonamiento en un informe incongruente que no determina la culpabilidad de mi representada. Tal y como se argumenté en instancias previas, esta representación señala que en el informe pericial, el perito Jeiky Geovanny Tovar Peña realizó una serie de irregularidades, cometiendo las siguientes infracciones: 1. El perito no hizo mención de cuál fue el encomendado que tuvo para hacer dicha pericia, ni mucho menos el razonamiento para arribar a la conclusión que la señora LESBIA PACHECO KRISTOFF fuese la responsable de realizar las publicaciones de las cuales se deriva el objeto del proceso. 2. El Ministerio Público no señaló exactamente qué evidencia recabar &1 perfil, ergo, el perito no fue dirigido en su investigación por el ente acusador. 3. Tanto en el informe como en su declaración, el perito manifestó que tuvo acceso a través del perfil de Facebook de la Institución FUNDEVI, de la cual es director el ofendido JUAN CARLOS REYES, restándole imparcialidad a la investigación. 4. No se proporcionó información del dispositivo donde supuestamente se realizó la pericia, asimismo en ningún momento señaló la dirección IP del lugar donde se realiza la pericia. 5. El informe presentado no contenía los videos, presentando únicamente capturas de pantalla manipuladas a través de otro software distinto al de medios técnicos de reproducción de audio y sonido. El sentenciador infringe el principio de razón suficiente puesto que llega al convencimiento que la cuenta de usuario en la red social Facebook pertenece a mi representada y que la misma es auténtica, realizando las siguientes valoraciones: “La defensa cuestionó la autenticidad del perfil, aduciendo que en esta época del Internet se pueden crear cuentas falsas o con nombres de otras personas, si bien eso es posible, no menos cierto es que al accesar al muro de las publicaciones de la cuenta a nombre de Lesbia Pacheco, existen fotos personales que coinciden con la acusada y comentarios publicaciones que coinciden con el tema de conflicto que la misma defensa ha aceptada que ha existido entre la acusada y el querellante, sin que exista evidencia de que el perfil a nombre de Lesbia Pacheco haya sido creado por persona diferente a ella como lo ha alegado la defensa […]”(página 36 párrafo cuarto de la sentencia). En el caso de marras no se aportó una prueba que determinara fehacientemente que, en efecto fuese mi representada quien realizó las publicaciones. No obstante, el sentenciador determiné que “[…]. No se requiere que la red social de Facebook como tal certifique que efectivamente la cuenta corresponde a Lesbia Pacheco si de manera electrónica y por el contenido ahí publicado, es posible derivar si la cuenta es o no de ella, quedando demostrado por esos aspectos a criterio de este Tribunal que la cuenta sometida a discusión enjuicio, efectivamente fue generada por la acusada… “El tribunal sentenciador realiza esta conclusión partiendo de un supuesto que no fue debidamente corroborado en el juicio, sin que conste un juicio probado a partir del cual se viabilice el razonamiento del tribunal. Si bien, ciertos hechos coinciden con el tema en discusión, en ninguna forma fue probado por los acusadores, ni mucho menos dilucidado mediante la prueba pericial que fuese mi representada la autora de las publicaciones, ni que su perfil perteneciera a mi representada. Este extremo fue inclusive manifestado por la testigo Melissa Alejandra Castillo Betancorth, quien manifestó que pudo ver el video pues el mismo estaba descargado, es decir que no lo vio en Facebook (página 25 párrafo sexto de la sentencia). Un perfil electrónico creado en una red social, a pesar de que tenga uso común en el diario vivir, debe ser revisado a través de medios técnicos por tratarse de un elemento de naturaleza informática. Por tanto, la prueba en ese sentido debe realizarse a través de medios técnicos, y tal y como se ha sostenido en las instancias procesales, no se determiné de manera clara en la prueba pericial. Por tanto, la opinión del perito no obliga al tribunal, quien es libre de aceptar o rechazar total o parcialmente el dictamen[9], pero debiendo, en todo caso, valorar la prueba conforme a las reglas que componen la sana crítica. En consecuencia, del informe pericial, en ningún momento se pudo observar que fueron sustraídos del perfil de mi representada, asimismo dichos elementos no fueron reproducidos al momento del juicio. Aunado a lo anterior, las carpetas no indicaban fecha y hora que fueron sustraídos, ni mucho menos indicaban una dirección de correo electrónico personal o una dirección IP utilizada por mi representada para inferir que ella realizó las publicaciones. Por lo expuesto, queda de manifiesto la infracción a las reglas de la sana crítica en su ley de derivación en su principio de razón suficiente, en virtud que determina la culpabilidad de mi representada, señora LESBIA LILIANA PACHECO RASKOFF a través de medios de prueba que no revisten de la suficiencia para determinarla como tal. INCIDENCIA DEL VICIO EN EL FALLO: El vicio reprochado incide en el fallo, al plasmarse en la declaración de hechos probados, concretamente en el HECHO QUINTO que la señora LESBIA LILIANA PACHECO RASKOFF publicó dos videos en la red social Facebook, por lo que el tribunal estimó que dicha conducta se subsume en los artículos 157 y 161 del Código Penal en el cuadro fáctico. De haberse omitido tal hecho en el fáctum, no se habrían subsumido las normas penales señaladas en el mismo, y por tanto se habría dictado una sentencia absolutoria a favor de mi representada por el delito de DIFAMACIÓN CONSTITUTIVAS DE INJURIAS. RECLAMACIÓN HECHA PARA LA SUBSANACIÓN DEL VICIO DENUNCIADO: Conforme al artículo 363 párrafo tercero del Código Procesal Penal, tratándose de casación en la forma, es necesario expresar el reclamo que se haya realizado en su oportunidad para subsanarlo. Por lo tanto, consta en el expediente de mérito que, en efecto, hubo reclamación ex-ante, realizada en el momento procesal oportuno al momento del juicio oral y público. No obstante, dichas reclamaciones no fueron tomadas en cuenta por el tribunal para emitir el fallo, razón por la cual se interpone el presente recurso.” “TERCERO MOTIVO Infracción de lo dispuesto en el artículo 202 del Código Procesal Penal, al inobservar el Tribunal las reglas de la sana crítica, en relación a las máximas de la experiencia. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. FUNDAMENTACIÓN: De nuevo el Tribunal de Sentencia comete una infracción por quebrantamiento de forma al momento de la valoración de la prueba, contraviniendo las reglas de la sana crítica en relación a las máximas de la experiencia, al determinar a través de la experiencia la valoración de una prueba de naturaleza técnica. Dicha violación se configura de la siguiente forma: Las reglas de la experiencia común se refieren a juicios o valoraciones que el hombre común posee y se adquieren a partir de experiencias reiterativas en el vivir[10]. Es decir, que conforme a las máximas de la experiencia se pueden hacer conclusiones o inferencias que no requieren conocimiento de naturaleza científica o técnica. En ese orden de ideas, el sentenciador yerra en su criterio al momento de concluir lo siguiente: “Respecto a la forma como funciona la red social de Facebook, cabe señalar que, conforme a las máximas de la experiencia, y a las explicaciones dadas por el perito, ésta es una red social construida a bose de vinculaciones entre personas que desean compartir contenidos o informaciones que les son afines”. Partiendo de lo expuesto en el motivo anterior, y habiendo puntualizado las infracciones contenidas por el tribunal al momento de valorar la prueba pericial, señalamos que los juzgadores comenten una infracción al principio de la sana crítica, valorando una prueba pericial conforme a las máximas de la experiencia. Debe recordarse que el límite de las máximas de la experiencia está en los conocimientos técnicos especializados[11]. Por tanto, el sentenciador no puede basar su razonamiento en la experiencia cuando nos encontramos ante un aspecto probatorio eminentemente técnico, atribuyendo a mi representada la autoría de publicaciones, aspecto que no fue corroborado mediante la prueba pericial. Infiere el tribunal lo anterior contrariando el principio de la sana crítica, llegando a la conclusión mediante las máximas de la experiencia, que mi representada fue autora de las publicaciones en contra del honor del señor JUAN CARLOS REYES. Es preciso señalar que mi representada en ningún momento fue vinculada a través de medios de prueba adecuados y pertinentes al caso, puesto que, al tratarse de información almacenada en servidores de la plataforma web de Facebook, la prueba en relación a ello debe ser forzosamente una prueba técnica, determinando a través de medios técnicos la información para vincular directamente a una persona, como ser un correo electrónico personal o una dirección IP de trabajo o domicilio. Tal y como se expuso en el motivo anterior, estos extremos no fueron realizados en la prueba pericial, cometiendo una grave infracción los juzgadores al momento de llegar a la conclusión que mi representada fue autora de las publicaciones valiéndose de la experiencia cuando debió haber proferido el fallo con base en aspectos técnicos. Por tanto, la sentencia infringe las reglas de la sana crítica en relación a las máximas de la experiencia. INCIDENCIA DEL VICIO EN EL FALLO: El vicio reprochado incide en el fallo, al plasmarse en la declaración de hechos probados, concretamente en el HECHO QUINTO que la señora LESBIA LILIANA PACHECO RASKOFF publicó los videos en la red social Facebook, por lo que el tribunal estimó que dicha conducta se subsume en los artículos 157 y 161 del Código Penal en el cuadro fáctico. De haberse omitido tal hecho en el fáctum, no se habrían subsumido las normas penales señaladas en el mismo, y por tanto se habría absuelto a mi representada. RECLAMACIÓN HECHA PARA LA SUBSANACIÓN DEL VICIO DENUNCIADO: Siendo que el yerro que provoca la interposición del presente motivo se produce en el fallo mismo, sólo es posible su corrección a través de esta vía y de ello resulta que no hubo reclamación ex-ante. ”FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA. Recurso de casación por infracción de precepto constitucional. El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior.[12]En general toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia; en una buena técnica recursiva, el peticionario debe seleccionar este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el recurso por infracción de precepto constitucional de amplio espectro (recurso ordinario), en contraposición con los recursos de infracción de ley, infracción de doctrina penal y quebrantamiento de formas procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores (recursos extraordinarios). En este último sentido Llorente Fernández expresa que (Llorente Fernández De La Reguera, Ángel, en Los Recursos, Cuadernos de Estudios Judiciales, RAFAEL ALVARADO MANZANO, LITICOM, Tegucigalpa, 2001, págs. 113-115), “la jurisprudencia española ha puesto de manifiesto que este cauce impugnatorio no está previsto para alegar, bajo su cobertura, la vulneración de cualquier norma constitucional, sino específicamente la infracción de aquellas que tienen una estrecha y directa relación con el objeto del proceso en que son invocados. Serán, por tanto, los derechos fundamentales ligados al proceso con carácter general los que tengan cabida en esta vía impugnativa y de un modo especial aquellos que el recurrente entienda que han sido conculcados en el caso concreto...” La esencia del recurso por Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del principio de convencionalidad y el principio de primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional interpuesto por la defensa privada. Único motivo. Normas autorizantes citadas: artículo 361 del Código Procesal Penal. Normas procesales que se denuncian infringidas: artículos 72, 89 y 90 de la Constitución de la República, y 13 numeral 1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos. Concepto de la infracción: vulneración a la libre difusión del pensamiento y la libertad de expresión. Pretensión: Declarar Ha Lugar el recurso, casar la sentencia recurrida, y absolver de responsabilidad penal a la señora Lesbia Liliana Pacheco Kristoff. La censora del fallo inicia su reclamo recursivo en una cita de los artículos 72 de la Constitución de la República y 13 numeral 1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; así como una relación de la jurisprudencia de la Corte Interamericana Sobre Derechos Humanos (Corte IDH), en los casos Ricardo Canese v. Paraguay de fecha 31 de agosto de 2004, y, Kimel v. Argentina, de fecha 2 de mayo de 2008. Considera que, en concordancia con la jurisprudencia citada, la sentencia recurrida violenta la libertad de pensamiento y de expresión, y que el asunto objeto de controversia debe dilucidarse en el ámbito civil. Asimismo, señala que al tratarse la víctima de un funcionario de FUNDEVI, se encuentra bajo el escrutinio público, además que no ha sufrido ninguna afectación laboral, ya que mantiene su puesto como director ejecutivo. Finalmente, establece que las redes sociales son plataformas para expresar pensamientos e ideas, las cuales no pueden ser objeto de mecanismos de censura por parte del Estado. Delitos contra el honor. El Honor como bien jurídicamente tutelado. Ha referido esta Sala de lo Penal en sentencias previas que el Honor, es el bien jurídico que protege la dignidad humana (Sentencias de Sala de lo Penal del 30/julio/2012 en Expediente 061-2009 y del 18/Octubre/2012 en Expediente 214-2010) y se encuentra reconocido en los artículos 59 y 76 de la Constitución de la República, 11 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos y 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El Honor, uno de los bienes más difíciles de aprehender desde el punto de vista jurídico-penal, pues, la existencia de un ataque al honor depende de múltiples factores; la sensibilidad, grado cultural, formación, tanto del sujeto activo como del pasivo, así como de las relaciones reciprocas entre ambos (Así señalado en Sentencia de Sala de lo Penal del 08/Marzo/2012, en Expediente 020-2010); visto desde una Concepción Mixta (Al respecto ver a Queralt Jiménez, Joan, en Derecho Penal Español Parte Especial, de Atelier Manuales Universitarios, Barcelona, España, 2002, Pág. 192.) el honor se constituye como simbiosis entre el juicio de valor que tiene un grupo social hacia uno de sus integrantes y la concepción subjetiva que tiene éste individuo respecto a su importancia social (En ese sentido ver Caruso Fontan, María Viviana, en: El Delito de Calumnias y la Protección del Honor.- Difusión Jurídica, Madrid España, 2008, pág. 31.); el juicio de valor se produce como consecuencia del nivel de calificación atribuida por el grupo social a una persona tras la evaluación de cualidades, especialmente al cumplimiento del deber ser social; el resultado del juicio de valor determinara las expectativas que el grupo social espera del proceder del individuo en el cumplimiento del rol social que le ha sido confiado; El Rol social puede ser desempeñado en varias esferas de manera simultánea o sucesiva: familiar, profesional, religiosa, deportiva, etc. El Honor, como bien jurídico está conformado por elementos objetivos y subjetivos (Así señalado en Sentencia de Sala de lo Penal del 16/Noviembre/2009 en Expediente 09-2008 y en Sentencia del 08/Marzo/2012 en Expediente 020-2010.): el elemento objetivo lo integra la fama, que constituye la opinión que el grupo social tiene de una persona derivada de una línea de conducta que ha desarrollado el sujeto a lo largo de su vida, y que condiciona su participación social (En ese sentido ver Caruso Fontan, María Viviana; Ob. Cit , pág. 29.); el elemento subjetivo lo constituye la valoración personal que tiene el individuo de sí como sujeto a desempeñar un rol determinado en el grupo social. Los tipos penales que protegen el bien jurídico Honor, se configuran ante una conducta humana que logre lesionar la esfera objetiva y subjetiva del bien jurídico y que por tanto produzca injustificadamente una disminución de la valoración del grupo social respecto de la víctima y con ello conciencia del desmerecimiento de su rol social, así como la afectación psíquica de la víctima, al verse menospreciada sin causa justificada. Para la resolución de los procesos penales en donde se impute un hecho criminal en contra el honor, será indispensable contextualizar el nivel de participación social tanto del sujeto activo como del sujeto pasivo. Así pues, el sujeto activo debe de ocupar un lugar social que logre tener la atención de sus pares respecto al mensaje que transmite; Por su parte el Sujeto Pasivo debe de desempeñar un rol social determinado de modo que el mensaje transmitido por el sujeto activo le desmerezca en una o varias de las esferas donde desarrolle su rol social. En cuanto a la gravedad del delito, éste debe de ser medible tras el análisis de tres aspectos: a) Rol Social de las Persona a nombre de quien se transmita el mensaje: Como regla general, el sujeto activo se presenta como tal ante el público, encargándose de dar a conocer el mensaje, más en ocasiones ello no es así, pudiendo el sujeto activo dar a conocer el mensaje aduciendo que el origen es un tercero, también identificándose con un seudónimo o bajo un alias, o, como lo prevé el artículo 161, dicho mensaje puede tener como origen una tercera persona, siendo el sujeto activo el encargado de transmitirlo con pleno conocimiento de sus implicaciones; pues bien, la gravedad del delito podrá determinarse conforme al rol social de la persona que el público identifique como el origen del mensaje injurioso (aun cuando el sujeto activo sea una persona distinta), por cuanto a mayor credibilidad, buena fama o conocimiento sobre el tema tenga esta persona, mayor receptividad y crédito tendrá el mensaje y su respectiva incidencia en el honor del sujeto pasivo; b) Rol social del sujeto pasivo: La gravedad del mensaje igualmente se determinara por el grado de vinculación con alguno de los roles sociales que desempeña el sujeto pasivo, ya que ello le desmeritara en tal desempeño; y c) Entidad del Mensaje: El contenido del mensaje determinara igualmente la gravedad o levedad de la conducta; Primero por su apariencia de verdad, ya que entre más creíble y posible sea el contenido del mensaje, mayor descredito provocara en la opinión del público y por tanto más daño al honor del sujeto pasivo, contrario sensu si el mensaje es difícil de creer o no es creíble, menor o ningún daño producirá; y Segundo, por la implicación del mensaje, medible no solo por lo vilipendioso, vejatorio o avergonzante que éste pudiese ser, sino que además medible en relación al contexto social respectivo en el que se dé, considerando que la República de Honduras está compuesta por una sociedad pluralista, dividida a su vez en grupos sociales afines (religiosos, políticos, deportivos, económicos, laborales, etc.), ello hace que un mismo mensaje injurioso pueda tener diferentes repercusiones según el grupo social al que vaya dirigido. A. El delito de injuria. La injuria se encuentra tipificado en nuestra regulación penal sustantiva como delito y como Falta. Como delito lo encontramos en el artículo 157, el cual literalmente establece: “Será penado por injuria, con reclusión de uno (1) a dos (2) años, quien profiera expresión o ejecute acción en deshonra, descrédito o menosprecio de otra persona”. Constituye elementos objetivos del tipo penal: a) Que el sujeto activo profiera expresiones, es decir transmita a una o más personas un mensaje de manera oral, escrito o simbólico, a través de alegorías, caricaturas, emblemas, alusiones o cualquier tipo de expresión humana incluyendo el lenguaje corporal; b) Que la expresión o mensaje encierre un juicio de valor negativo, que incite al rechazo social en las esferas en que se desenvuelve el sujeto pasivo; y c) Que la expresión o mensaje transmitido provoque una revalorización negativa del público respecto al rol social encomendado a una o varias personas, en cualquiera de las esferas en donde se desenvuelva. Son elementos subjetivos del tipo penal: a) Que el sujeto activo conozca que está transmitiendo un mensaje de desvalor o descrédito de una o varias personas, incitando al rechazo social; y b) Que el sujeto activo tenga la voluntad de transmitir dicho mensaje con la intención de provocar el rechazo social. Ambos aspectos del elemento subjetivo se conocen como Animus Iniuriandi; Es pues que no basta con querer decir determinada frase que per se parezca contra la honra o en desprecio de determinada persona, se requiere que además se pretenda producir realmente deshonra o descrédito en la persona ofendida (Señalado así en Sentencia de la Sala de lo Penal del 08/Marzo/ 2012, del Expediente 020-2010). El legislador además ordena que deberá de considerarse autor de las injurias a la persona que, sin haberlas originado, de manera dolosa las publicare o reprodujese con el propósito de que éstas sean conocidas (Art. 161). En el ámbito de la Antijuricidad, la conducta sólo resultará en un injusto penal si además de ser contraria a lo dispuesto en la ley (Antijurídica Formal) es idónea para influir negativamente sobre la consideración social y la propia valoración de una persona (Antijuricidad Material), así pues una expresión o una acción típicamente injuriosa será además antijurídica cuando las circunstancias en las que se produce y los criterios sociales imperantes sea adecuada para afectar la fama y atentar contra la propia estimación de otra persona, de ahí el papel ineludible de las circunstancias fácticas en las que se produce la conducta presuntamente injuriosa para determinar su auténtica aptitud para afectar el honor de una persona; los conceptos de fama y autoestima deben ser valorados desde una perspectiva general, se evaluaran atendiendo a los criterios sociales imperantes que deciden sobre la buena o mala reputación de las personas (Ver Sentencia de la Sala de lo Penal del 09/Junio/2011 en Expediente 381-2008). En el nivel de la punibilidad encontramos que el legislador prevé como causas absolutorias de la pena a imponerse al responsable del delito de Injurias (Art. 159 del C.P.): a) Casos de retorsión, que es cuando entre el Sujeto Activo y Pasivo existan injurias reciprocas, mismas que deben de coincidir en entidad, forma y gravedad; Pudiendo declararse no punibles las conductas de ambas partes o la de una de ellas; b) Cuando el sujeto activo haya proferido las injurias en estado de ira, inmediatamente después de presenciar o saber el acometimiento hecho injusto por parte del sujeto pasivo. B. El delito de calumnias. Teniendo en cuenta la relación que existe entre el honor y el libre desarrollo de la personalidad, el resultado típico de la calumnia puede concretarse en el constreñimiento de la autonomía personal resultante de la imputación de un hecho, un delito, susceptible de afectar la fama o reputación del sujeto pasivo. El delito de calumnia se encuentra tipificado en el artículo 155 del Código Penal, el cual dice: “la calumnia o falsa imputación de un delito de los que dan lugar a procedimientos de oficio, será penada con reclusión de dos (2) a tres (3) años”. Los elementos objetivos y subjetivos del tipo no difieren mucho de los contemplados para el tipo penal de injurias (En ese sentido la sentencia de la Sala de lo penal del 18 de octubre de 2012, del Exp. 214-2010). Son elementos objetivos del tipo penal: a) Que el sujeto activo profiera expresiones, es decir transmita a una o más personas un mensaje de manera oral, escrito o simbólico, a través de alegorías, caricaturas, emblemas, alusiones o cualquier tipo de expresión humana incluyendo el lenguaje corporal; b) Que en el contenido de la expresión o mensaje se afirme o se dé a entender que una o varias personas individualizadas o un grupo determinado de personas son responsables de un delito.- Las personas hacia las que se dirige la imputación delictiva han de resultar identificadas o al menos identificables, descartándose del tipo las acusaciones genéricas no atribuibles a personas concretas; en ese sentido ha de dirigirse la imputación a persona concreta e inconfundible, de indudable identidad, en radical aseveración lejos de la simple sospecha o conjetura; c) La imputación debe contener los elementos suficientes para que resulte identificable un delito concreto, sin que sea necesario precisión técnica jurídica; en este sentido, la falsa asignación contendrá los elementos requeridos para la definición del delito atribuido, según su descripción típica, aunque sin necesidad, naturalmente de una calificación jurídica por parte del autor, ergo no bastara atribuciones genéricas, vagas o ambiguas, sino que ha de ser un hecho inequívoco, concreto y determinado, preciso en su significación y catalogable criminalmente, lo que significa que la conducta atribuida debe de ser subsumible, aun cuando el sujeto activo deje constancia de la concurrencia de una causa de inculpabilidad o impunibilidad, esto porque ninguno de estos datos elimina la aptitud de la imputación para afectar el honor de la víctima y, además, con especial intensidad que supone atribuir a otro la realización de un injusto penal; es indiferente, por otra parte, que el hecho imputado sea doloso o imprudente, consumado o tentado, o que tal participación se señale a título de autor, cómplice o inductor. Esta exigencia excluye del tipo de calumnia las imprecaciones genéricas no acompañadas de la explicitación de hechos concretos, de donde se sigue que, por ejemplo, llamar ladrón o estafador a otro, sin más precisiones, encontraría mejor encaje en el delito de injuria que en el de calumnia (Al respecto ver sentencia de la Sala de lo Penal de fecha 09 de Junio de 2011, en EL expediente 381-2008); d) Que el delito que se impute sea de aquellos que dan lugar a procedimiento de oficio, es decir que la acusación no dependa de la voluntad de un particular, sino que dependa del accionar del Estado, (Son delitos que dan lugar a procedimientos de oficios los distintos a los enumerados en los artículos 26 y 27 del Código Procesal Penal); e) Que el hecho tipificado como delito tenga apariencia de real, verosímil o posible, provocando una revalorización negativa del público respecto al rol social encomendado a la persona o personas a las cuales se les adjudique ese delito; y, f) Que el hecho tipificado como delito que se adjudica no haya acontecido en la realidad, pues de haberlo hecho no constituye un ataque al honor, sino la revelación de un hecho cierto, aun cuando como corolario se vea afectada la imagen de la persona o personas involucradas, pues ello ya será como consecuencia de una propia acción y no de lo que haya dicho o hecho un tercero; si el delito que se adjudica ha acontecido en la realidad y el acusado por Calumnia prueba la veracidad de su imputación, quedará exento de pena (Art. 156 del Código Penal): Exceptio Veritatis. Como elementos subjetivos del tipo penal: a) Que el sujeto activo conozca que está atribuyendo la participación de un delito inexistente a una o varias personas individualizadas con temerario desprecio a la verdad, incitando al rechazo social; y b) Que el sujeto activo tenga la voluntad de transmitir dicho mensaje con la asunción de las consecuencias dañosas para el honor que resulten de la imputación (animus iniuriandi). (En relación ver Expediente No.026-2009, que contiene fallo de fecha 24 de agosto del 2010); tal animo que puede coexistir con otros móviles, como son los de criticar, informar, divertir, con tal que el autor conozca el carácter ofensivo de su imputación, aceptando la lesión del honor resultante de su actuar. C. El delito de difamación. Cuando el mensaje injurioso o calumnioso sea difundido por un medio que logre ser receptado por muchas personas no individualizadas al mismo tiempo y/o por un espacio prolongado de tiempo, la misma se constituirá en el delito Difamación según dispone el artículo 160 del Código Penal. El medio de difusión puede consistir en medios escritos como: periódicos, revistas, libros, carteles expuestos al público o incluso volantes distribuidos en masa; en medios radioeléctricos y electrónicos como: radio, televisión, internet o mensajes de texto, imágenes o videos transmitidos a al público a través de teléfonos celulares; o a través del habla cuando se transmite el mensaje oral en un lugar donde se encuentren muchas personas como: conciertos, una obra de teatro, recitales, etc. De la procedencia del recurso. El recurso no es de recibo. Aún y cuando la censora del fallo denuncia la infracción a la libertad de difusión del pensamiento, el estado material de inocencia y, el debido proceso, este Tribunal de Casación identifica que su reclamo central gravita en establecer que tomando en cuenta los artículos 72 de la Constitución de la República (libertad de difusión del pensamiento) y 13 numeral 1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (libertad de difusión del pensamiento y libertad de expresión), así como de la jurisprudencia de la Corte Interamericana Sobre Derechos Humanos (Corte IDH), en los casos Ricardo Canese v. Paraguay, de fecha 31 de agosto de 2004, y, Kimel v. Argentina, de fecha 2 de mayo de 2008; la sentencia dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, de fecha 24 de abril de 2017, violenta la libertad de pensamiento y de expresión, y que el asunto objeto de controversia debe dilucidarse en el ámbito civil. Finalmente, señala que al tratarse el señor Juan Carlos Reyes de un funcionario de FUNDEVI, se encuentra bajo el escrutinio público, además que no ha sufrido ninguna afectación laboral, puesto que mantiene su puesto como director ejecutivo de dicha institución. Así lo expuesto, el primer punto a abordar por este Tribunal de Casación, es determinar si con la emisión del fallo recurrido, se violenta o no el contenido del artículo 72 de la Constitución de la República y 13 numeral 1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos. Establece el artículo 72 de la Constitución de la República, que: “Es libre la emisión del pensamiento por cualquier medio de difusión, sin previa censura. Son responsables ante la ley los que abusen de este derecho y aquellos que por medios directos o indirectos restrinjan o impidan la comunicación y circulación de ideas y opiniones.” El artículo precedente es claro al establecer que el Estado de Honduras garantiza la libertad de emisión de pensamiento por cualquier medio de difusión, sin previa censura, incluidos entre estos, las redes sociales. Esta libertad conlleva un comportamiento pasivo por parte del Estado, que consiste en no inmiscuirse en la interacción social que tenga como finalidad comunicar ideas y pensamientos, garantizando así el ejercicio democrático de la libertad de difusión del pensamiento, la libre determinación de la persona humana (autonomía personal), y el derecho fundamental a la obtención de la información que tiene la sociedad en su conjunto. Sin embargo, el artículo in comento, también establece que aquellas personas que abusen de este derecho, serán responsables ante la ley (reserva de ley). Es decir, el ejercicio de esta libertad tendrá como límite el que establezca el legislador a través de las leyes que regulen sus límites y restricciones, entre estos, el honor y la dignidad de la persona humana. El legislador ha determinado que el honor es un bien jurídicamente protegido por la ley penal, así ha definido delitos como la injuria, calumnia o difamación, que están íntimamente ligados con la dignidad humana (Sentencias de Sala de lo Penal del 30 de julio de 2012 en el expediente 061-2009 y del 18 de octubre de 2012 en el expediente 214-2010); asimismo, se encuentra también reconocido en los artículos 59 y 76 de la Constitución de la República. En este mismo sentido, la censora del fallo cita como infringido el artículo 13 numeral 1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, el cual establece que: “Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier procedimiento de su elección.” Sin embargo, la recurrente parece obviar a propósito el numeral subsiguiente (artículo 13 numeral 2), el cual establece que el abuso de este derecho está sujeto a responsabilidades ulteriores que deben ser definidas por la ley (reserva de ley), entendiéndose que este derecho implica necesariamente el respeto a los derechos o reputación de los demás (artículo 13 numeral 3 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos). Así lo expuesto, es lógico concluir que, si bien la libertad de difusión del pensamiento tiene carácter fundamental en todo Estado Democrático de Derecho, esta libertad conlleva necesariamente responsabilidades legales ulteriores en caso de ser ejercida con abuso. No existe, por tanto, una infracción a los artículos 72 de la Constitución de la República y 13 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, cuando el sentenciador penaliza expresiones de pensamiento emitidas por la acusada Lesbia Pacheco Kristoff, que transgreden el honor como bien jurídico protegido del señor Juan Carlos Reyes, y que ciertamente realizan los elementos objetivos y subjetivos del delito de injurias constitutivas de difamación regulados en el Código Penal (reserva de ley). Asimismo, según la recurrente, el sentenciador de instancia ha obviado la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en los casos Ricardo Canese v. Paraguay de fecha 31 de agosto de 2004, y, Kimel v. Argentina, de fecha 2 de mayo de 2008. Este Tribunal de Casación verifica que la Corte IDH ha establecido a través de su jurisprudencia[13]: “53. Respecto al contenido de la libertad de pensamiento y de expresión… que quienes están bajo la protección de la Convención tienen el derecho de buscar, recibir y difundir ideas e informaciones de toda índole, así como también el de recibir y conocer las informaciones e ideas difundidas por los demás. Es por ello que la libertad de expresión tiene una dimensión individual y una dimensión social: ésta requiere, por un lado, que nadie sea arbitrariamente menoscabado o impedido de manifestar su propio pensamiento y representa, por tanto, un derecho de cada individuo; pero implica también, por otro lado, un derecho colectivo a recibir cualquier información y a conocer la expresión del pensamiento ajeno[14]. 54. Sin embargo, la libertad de expresión no es un derecho absoluto. El artículo 13.2 de la Convención, que prohíbe la censura previa, también prevé la posibilidad de exigir responsabilidades ulteriores por el ejercicio abusivo de este derecho. Estas restricciones tienen carácter excepcional y no deben limitar, más allá de lo estrictamente necesario, el pleno ejercicio de la libertad de expresión y convertirse en un mecanismo directo o indirecto de censura previa[15]... 63. La Corte ha señalado que “es la ley la que debe establecer las restricciones a la libertad de información” En este sentido, cualquier limitación o restricción debe estar prevista en la ley, tanto en sentido formal como material. Ahora bien, si la restricción o limitación proviene del derecho penal, es preciso observar los estrictos requerimientos característicos de la tipificación penal para satisfacer en este ámbito el principio de legalidad. Así, deben formularse en forma expresa, precisa, taxativa y previa. El marco legal debe brindar seguridad jurídica al ciudadano…” En concordancia con lo anterior y con lo expuesto por el recurrido en su contestación, es claro que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos no considera contrario a la libertad de difusión del pensamiento, la regulación de sanciones penales en casos que sea atentatoria contra la dignidad humana y el honor de las personas. No existe, por tanto, una infracción o inobservancia de la jurisprudencia internacional en materia de derechos humanos, cuando los tribunales de sentencia nacionales dicten sentencias aplicando tipos penales como injuria, calumnia o difamación, siempre que se respeten los principios de legalidad, legitimidad, idoneidad y proporcionalidad. Finalmente, también la censora del fallo arguye que el señor Juan Carlos Reyes, se encuentra bajo el escrutinio social al ser funcionario público, así como que no ha sufrido ninguna afectación laboral. Este último argumento dista de la verdad, en tanto que la Fundación Para el Desarrollo de la Vivienda Social, Urbana y Rural (FUNDEVI), no es una institución del Estado de Honduras, consecuentemente, el señor Juan Carlos Reyes, en su condición de Director Ejecutivo de dicha institución, no ostenta la calidad de funcionario público que haga disminuir la esfera de protección a su honor en consideración al interés social en el ejercicio de la función pública. Por todo lo anteriormente expuesto, el motivo no es de recibimiento. Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. El proceso penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez, debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio (artículo 90 de la Constitución de la República). Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso (artículo 9 del Código Procesal Penal). Si no se cumple con los requisitos establecidos en la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos y, por el contrario, se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando: a. No se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo); b. Se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo); o, c. Se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal. La inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción (vicio in procedendo) y que debe de ser objeto de saneamiento cuando proceda (artículo 171 del Código Procesal Penal), de subsanación cuando concurran sus presupuestos (artículo 170 del Código Procesal Penal), o, en su caso y como remedio último, de nulidad (artículo 165 del Código Procesal Penal). El recurso de casación por quebrantamiento de las formas procesales tiene la tarea de comprobar la denuncia hecha por algunas de las partes de una actividad procesal defectuosa que compromete la decisión final, dada en los actos procesales de la etapa de juicio o en la propia sentencia que le contiene y que tiene como sanción prevista por la ley su nulidad ante la imposibilidad de saneamiento o de subsanación, ergo no basta entonces con la presencia de un vicio, sino que se requerirá, además: 1. Que el recurrente haya presentado protesta contra el vicio, en el momento procesal oportuno, procurando sanearlo sin éxito (artículo 363 párrafo tercero de Código Procesal Penal); 2. Que el vicio tampoco sea posible tenerlo por subsanado; 3. Que el vicio sea de aquellos que tenga como sanción legal la nulidad de la actividad que lo contiene (artículo 362 del Código Procesal Penal), planteados como motivos para recurrir. Los dos primeros requisitos no serán necesarios cuando el defecto se produzca en la sentencia, pues la única forma de protesta sería el mismo recurso de casación. Además de los requisitos señalados, el recurrente debe tener presente que la instancia impugnativa en casación está munida de importantes recaudos formales determinados por la ley que deben cumplirse en su interposición (artículo 363 párrafo tercero del Código Procesal Penal) y que pueden ser de diferente naturaleza en atención al defecto procesal denunciado (artículo 362 Código Procesal Penal); ello se debe a que se trata de un recurso extraordinario, que tiene como fin auditar la legalidad de la sentencia y por ende de una gran exigencia técnica. Es de esta forma que con la individualización del motivo se dan las siguientes consecuencias: a. La competencia de la Sala de lo Penal queda circunscrita a los aspectos objetos de impugnación (artículo 350 del Código Procesal Penal); b. Es inaplicable el principio Iura Novit Curia, al no poderse suplir las omisiones del recurrente; y, Es posible la concesión parcial del recurso, cuando la razón solo aparezca en parte de lo alegado en el motivo. Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma interpuesto por la defensa privada. Primer motivo. Normas autorizantes citadas: artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. Normas procesales que se denuncian infringidas: artículo 202 del Código Procesal Penal. Concepto de la infracción: violación a las reglas de la sana crítica, en su lógica de derivación, en su principio de razón suficiente al valorar la prueba pericial. Pretensión: anular el fallo recurrido, ordenar la devolución de los antecedentes al Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, para la tramitación de un nuevo proceso. La censora arguye que el sentenciador violenta la regla lógica de derivación en su principio de razón suficiente, cuando valora la prueba pericial y le atribuye un alcance probatorio que no posee, identifica como postulado intelectivo infractor de la lógica de derivación, el numeral tercero del apartado de la valoración probatoria, mediante el cual se valora la pericia elaborada por Jeiky Geovanny Tovar Peña. Considera que, contrario a lo expuesto por el sentenciador, a partir del medio de prueba no puede inferirse el grado de participación y culpabilidad de la señora Lesbia Kristoff Pacheco. Considera que la infracción se configura de la siguiente manera:1.

El perito no hizo mención de cuál fue el razonamiento utilizado para llegar a la conclusión de que la señora Lesbia Pacheco Kristoff, fue la responsable de realizar las publicaciones de las cuales deriva el objeto del proceso. 2. El Ministerio Público no delimitó el objeto de la pericia. 3. El perito manifestó y ratificó que ingresó a través del perfil de FUNDEVI, lo cual resta imparcialidad a la investigación. 4. No se proporcionó la dirección del IP del dispositivo donde supuestamente se realizó la pericia. 5. El informe presentado no contenía videos, presenta únicamente capturas de pantalla manipuladas a través de otro software distinto al de medios técnicos de reproducción de audio y sonido. Asimismo, considera que el sentenciador infringe la regla lógica de derivación cuando concluye que el perfil de Facebook examinado pertenece a la acusada sin que haya sido debidamente corroborado por otro medio de prueba que permita viabilizar dicho razonamiento del tribunal. Al contrario, considera que según la declaración de la testigo Melissa Alejandra Castillo Betancourt, manifestó que pudo ver el video pues el mismo estaba descargado, es decir que no lo vio en Facebook. Concluye, en definitiva, que en ningún momento se pudo observar que los elementos o datos fueron sustraídos del perfil de Facebook de la acusada Lesbia Liliana Pacheco Raskoff, las carpetas no indicaban fecha y hora en que fueron sustraídos, ni mucho menos indicaban una dirección de correo personal o una dirección IP utilizada por la acusada para inferir que ella realizó las publicaciones. De las reglas de la sana crítica. El Código Procesal Penal da exclusiva competencia a los jueces de sentencia la estimación valorativa de las pruebas y las conclusiones fácticas que de ellas extraigan, siendo ello inatacable por la vía recursiva casacional, siendo solamente controlable el proceso seguido por los jueces para la construcción de tales conclusiones. El artículo 362 numeral 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes… 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica.”. Al respecto, se ha señalado que: “… La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva…”. (Fallo de fecha 30 de noviembre del 2001, en el expediente 194-2009 y de fecha 30 de noviembre del 2011, en el expediente 297-09, también en ese sentido el fallo de fecha 20 de octubre del 2011, contenido en el expediente 360-09 y de fecha 05 de abril del 2011, del expediente 385-09, todos de la Sala de lo Penal). En el apartado de la valoración intelectiva, el juzgador debe valorar la prueba conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la prueba: Íntima Convicción (propio del sistema de juzgamiento por jurados), Prueba Legal o tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe darle el juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias) y la Sana Crítica; es este último el que debe observar el juzgador penal hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. En el sistema de sana crítica, en la valoración de la prueba existe plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones guarden una necesaria relación con las premisas que le sustentan, las cuales son a su vez construidas como fruto razonado de las pruebas. En este sistema, el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia conviccional de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común (al respecto ver Fallo de fecha 30 de noviembre del 2011, del expediente 125-2010 de la Sala de lo Penal); de este modo “… las reglas de la sana crítica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza…” (Fallo Sala Penal de fecha 20 de octubre del 2011, en el expediente 88-09). Componen la sana crítica: 1) Reglas de la experiencia común o máximas de la experiencia: Se refieren a juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el juzgador, relevados de demostración probatoria por adquirirse a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por este hecho son compartidas con las demás personas, aun cuando no formen parte de su mismo grupo social. Nos referimos a fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión, o hechos de la cultura común, siendo el antónimo de éstos los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realiza solo un grupo determinados de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior, el conocimiento privado del juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. El juzgador deberá analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común, entre otros: I. Cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca del hecho. II. Cuando cite como común un hecho que no lo sea, por no ser aprehensibles de manera espontánea por el profano, sino que solo mediante experiencias extraordinarias o mediante estudios especializados; o, III. Cuando afirme como común un hecho que exija demostración probatoria. Las reglas de la experiencia común se basan en la probabilidad, es decir, al momento en que el juzgador valora un hecho, considerará el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos él porque lo considera así. 2) Las reglas de la psicología: Están referidas, no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento empírico adquirido del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquél. Las reglas de la psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo en relación al grupo social, se requiere que el juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la experiencia común, las reglas de la psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado; y, 3) Las reglas de la lógica: La lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatoria para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. La lógica aplicable es la “lógica no formal”, llamada en el ámbito como razón del juicio donde las conclusiones se muestran bajo el espectro que irradia la prueba. Las leyes de la lógica informan sobre leyes universales, a saber: 1. La Coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí. La coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente. De la ley de la coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: I. El principio de identidad: Una proposición solo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y” II. El principio de contradicción: Las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En valoración de prueba: un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. III. El principio de tercero excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera y ninguna tercera posibilidad es posible. 2. La derivación: Exige que cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; cada pensamiento provenir de otro, con el cual está relacionado, salvo que se trate de un principio, es decir de un juicio inicial. Pero además la conclusión debe derivar de elementos suficientes para que justifique la producción de aquella. Existirá omisión al principio lógico de derivación: I. Cuando la conclusión no encuentre correspondencia con el medio de prueba por una indebida inferencia; II. Cuando la conclusión no sea producto derivado de un medio de prueba, debiendo serlo por tratarse de la afirmación o negación de un hecho de carácter no notorio. III. Cuando la conclusión sea construida con base en medios de pruebas inexistentes. IV. Cuando la conclusión esté basada en el contenido de un medio de prueba cuyo contenido este falseado. De la derivación se extrae el principio de razón suficiente, por el cual toda conclusión requiere una razón suficiente que justifique su existencia; la conclusión debe ser el final del iter lógico seguido en la valoración de las pruebas apoyándose en inferencias razonables; cada conclusión expuesta puede formar una sucesión que al final lleven a una conclusión última en donde se afirme o niegue el hecho juzgado. De la Rúa (Fernando de la Rúa, La Casación Penal, Ediciones Depalma, Buenos Aires, Argentina, pág. 156), señala que la motivación para ser lógica debe responder a las referidas leyes que presiden el correcto entendimiento humano, observando las siguientes características: I. Congruente: En donde las afirmaciones, deducciones y conclusiones guarden una adecuada correlación y concordancia entre sí; II. Concordante: Cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; III. No Contradictoria: por estar libre de razonamientos que al oponerse se anulen entre sí al reflejar verdades incompatibles; IV. Inequívoca: al no dejar margen para cuestionar el alcance y significado de los razonamientos y de las conclusiones que le deriven; y V. Suficiente: al estar constituida por un entramado de conclusiones interrelacionadas, que se deriven de múltiples cadenas de pensamientos, todos ellos aptos para producir razonablemente un convencimiento. El autor citado (Ob. Cit., pág. 157), explica que la sentencia carecerá de motivación cuando los razonamientos son contrastados advirtiendo oposición entre ellos o entre ellos y la parte resolutiva, destruyéndose recíprocamente dejando vacía la fundamentación de la decisión. De la procedencia del primer motivo. El primer motivo no es de recibo. El objeto central del reclamo recursivo, consiste en denunciar la infracción a la regla de la lógica de derivación, en su principio de razón suficiente, cuando el sentenciador valora el dictamen pericial consistente en obtener información del perfil de Facebook de la señora Lesbia Pacheco y su información vinculada con el señor Juan Carlos Reyes. Son varios los argumentos en torno de los cuales gira su denuncia, el primero de ellos, es que el perito no hizo mención de cuál fue el razonamiento utilizado para llegar a la conclusión de que la señora Lesbia Pacheco Kristoff, fue la responsable de realizar las publicaciones de las cuales deriva el objeto del proceso, es decir, no explica cómo logró determinar que fue ella quien realizara dichas publicaciones. Sobre este argumento, es preciso mencionar que la recurrente no cuestiona la valoración intelectiva que de dicho dictamen hizo el sentenciador, ya que procede a hacer sus propias valoraciones mediante las cuales concluye la insuficiencia para colegir razonablemente que a partir del mismo, se pueda determinar que la titular del perfil de Facebook periciado, sea la señora Lesbia Pacheco. Sin embargo, aún y cuando exista defecto en el planteamiento de su argumento, la Sala de lo Penal establece que el dictamen pericial (f. 18) realizado en fecha 21 de septiembre de 2012, por el perito Jeiky Geovanny Tovar Peña, mismo que según el sentenciador extrajo la información concerniente al muro o perfil de Facebook de la señora Lesbia Liliana Pacheco, y en el cual relaciona videos, álbumes de fotos y varios comentarios publicados con diferentes fechas. Entre los videos, describe el sentenciador en su valoración, aparecen dos intitulados “Requisitos para ser director”, describiendo entre su contenido una coreografía a la luz del día y en un plantel. En el segundo video, existe una publicación a cargo de la persona responsable del perfil que dice “ah y cantar también”; así como a imágenes que corresponden a una sentencia pronunciada en el Juzgado de Letras del Trabajo registrada bajo el número 0568-10, que contiene la Demanda Ordinaria Laboral de Primera Instancia, para el Reintegro de Trabajo en iguales o mejores condiciones, salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios, salario, costas que dice haber sido promovida por Lesbia Liliana Pacheco Kristoff contra la Fundación Para el Desarrollo de la Vivienda Social, Urbana y Rural “FUNDEVI”, por medio de su Director Ejecutivo, el señor Juan Carlos Reyes Flores. Seguidamente, relaciona la interacción que hubo a dichas publicaciones tanto por el titular del perfil, como de diversos internautas asociados al mismo (amigos); concluyendo en su intelectiva que el perito explicó de manera técnica e ilustrativa los pasos que siguió para hacer la búsqueda de los elementos objeto de su pericia. Para acreditar la titularidad del perfil periciado a la señora Liliana Pacheco, el sentenciador relaciona las mismas fotos personales que obran en el perfil y que coinciden con la acusada y con comentarios y publicaciones que coinciden con el tema de conflicto, así como la interacción de personas que se han referido a la acusada en términos de familiaridad y solidaridad que permite concluir que están vinculadas a la acusada como amigos (f. 244v). En las anteriores reflexiones de instancia, la Sala de lo Penal no identifica infracción a la regla lógica de derivación en su principio de razón suficiente. Respecto a la valoración de la prueba pericial, la Sala ha señalado que: “Si bien […] las legislaciones modernas han permitido la incorporación del sistema de libertad crítica del juez frente a la pericia, que resulta indispensable para que garantice, por un lado, que el perito no usurpe la función jurisdiccional del juez condicionando su fallo con su aporte y para que este controle la validez y eficacia probatoria del mismo y por otro lado, que el principio de valoración probatoria conforme a las reglas de la sana crítica, por parte del juzgador implique respecto de la prueba pericial, el examen del informe y la libertad crítica del juez que no lo exime de realizarla con racionalidad; libre arbitrio no puede equipararse a arbitrariedad; y libre crítica exige necesariamente que la decisión sea explicada y sujeta, a su vez, a la crítica de un tribunal de orden superior, para ello el Tribunal ha de valorar todas la pruebas practicadas, en forma armónica y complementaria en tanto que la exigencia de motivación responde a una finalidad de control del discurso probatorio del juez con el objeto de garantizar la racionalidad de su decisión.”. (En Sentencia de la Sala de lo Penal del 06 de abril de 2010, en Expediente 147-2008). En este sentido, se colige que la decisión del juez de determinar como titular a la señora Lesbia Pacheco, del perfil de Facebook periciado y hacerla responsable de las publicaciones objeto de debate, no es arbitraria, su decisión es razonable y ha sido explicada y valorada de conformidad con el sistema de valoración probatoria prescrito en el artículo 202 del Código Procesal Penal. También es importante resaltar que el sentenciador valora los resultados del dictamen junto con la prueba testifical de los señores Juan Carlos Reyes Flores, Norma Alicia Reyes Bautista, Ingrid Julissa López y Melissa Alejandra Castillo Betancourt (f. 240) y la prueba documental allegada a juicio (f. 242), las cuales consideró concatenada y corroboradas en su contenido. Seguidamente, arguye la recurrente que el Ministerio Público no delimitó el objeto de la pericia, argumento que al igual que el anterior, no se concreta en establecer en qué consiste la violación a la regla lógica de derivación en su principio de razón suficiente, no se identifica alguna premisa valorativa que sea irreconciliable con el dictamen pericial valorado, no hay una conexión lógica entre el argumento casacional esgrimido y la infracción a la regla de derivación en su principio de razón suficiente que se denuncia como infringida. También arguye que el perito manifestó que ingresó al perfil de Facebook periciado a través del perfil de FUNDEVI, y que esta circunstancia le resta imparcialidad a la pericia, así como que no se proporcionó la dirección IP del dispositivo donde supuestamente se realizó la pericia. Sin embargo, es de señalar que la pericia es el modo probatorio con el cual se intenta obtener, para el proceso penal, un dictamen fundado en especiales conocimientos científicos, técnicos o artísticos, útil para el descubrimiento o valoración de un elemento de prueba. No se trata, en consecuencia, de un medio para auxiliar a uno más de los sujetos procesales, supliendo la deficiente formación sobre el tema a peritar, pues no podrá evitarse su realización, aun cuando estos sujetos procesales posean los conocimientos especializados necesarios. Es el carácter eminentemente técnico de este medio de prueba lo que torna procedente cuando, para descubrir o valorar un elemento de prueba, fuese necesario o conveniente poseer conocimientos especiales en alguna ciencia, arte o técnica, con lo cual no se requerirá la intervención del perito para la realización de meras comprobaciones materiales. [16] Hecha la anterior precisión, estimó el Tribunal (f. 36v) que no resulta tan relevante la forma como originalmente tuvo acceso al mismo, desde qué equipo se captaron los datos, sino que lo importante son los resultados de la pericia en la cual hace constar las publicaciones que en su muro hizo la acusada Lesbia Pacheco. A juicio del Tribunal, el perito hizo una explicación detallada de las operaciones técnicas realizadas, acompañándola de los principios científicos o técnicos en que se funda, así como las valoraciones de hecho o circunstancias relevantes en el asunto que le sirvieron para adquirir certeza sobre los hechos. Entonces, contrario expone la recurrente, las estimaciones intelectivas revisten carácter de suficiencia al provenir de los datos objetivos establecidos en el dictamen, y en los cuales se detalla el procedimiento de las operaciones realizadas y los resultados que arrojan, que sirven para formar el estado de convicción del sentenciador y que no provienen de la aportación de un particular que pueda afectar la credibilidad subjetiva de la pericia. Finalmente, arguye la recurrente que el informe presentado no contenía videos, presenta únicamente capturas de pantalla manipuladas a través de otro software distinto al de medios técnicos de reproducción de audio y sonido. En este sentido, resulta claro que la recurrente no es precisa en su argumento, pues obra en la intelectiva del sentenciador (f. 244 y 245), que dentro de los contenidos en el dictamen constaban dos videos, los cuales consideró que de manera irónica o sarcástica se indica que bailar es requisito para tener puesto de Director, aludiendo que ello es el caso del señor Juan Carlos Reyes, y con el segundo video, tampoco se da espacio a equívoco cuando en el mismo aparece el señor Juan Carlos Reyes con un micrófono en mano y entonando una canción, y cuyo pie de publicación dice “ahh y también cantar”. Si bien su contenido no se desarrolló en juicio, estos fueron acompañados de descripciones de contenido que hizo el perito y que permitieron colegir al Tribunal la responsabilidad de la acusada en los hechos que se le acusa. Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma interpuesto por la defensa privada. Segundo motivo. Normas autorizantes citadas: artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. Normas procesales que se denuncian infringidas: artículo 202 del Código Procesal Penal. Concepto de la infracción: infracción a las reglas de la experiencia en la valoración de la prueba. Pretensión: anular el fallo recurrido, ordenar la devolución de los antecedentes al Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, para la tramitación de un nuevo proceso. Expresa la recurrente que el sentenciador infringe la regla de las máximas de la experiencia cuando valora a través de esta, una prueba de naturaleza técnica. Identifica con precisión el postulado intelectivo que considera transgrede las máximas de la experiencia y arguye que el límite de las máximas de la experiencia está en los conocimientos especializados, por tanto, el sentenciador no puede basar su razonamiento en la experiencia común cuando nos encontramos ante un aspecto probatorio eminentemente técnico. Considera que la señora Lesbia Pacheco en ningún momento fue vinculada a través de medios adecuados, no hubo un medio de prueba técnico que permita vincular directamente a una persona, como ser un correo personal o una dirección IP de trabajo o domicilio. De la procedencia del segundo motivo. El segundo motivo no es de recibo. La parte recurrente, arguye que el sentenciador ha infringido la regla de las máximas de la experiencia cuando valora el medio de prueba pericial para extraer la información concerniente a unas publicaciones realizadas en la plataforma Facebook, por la señora Lesbia Pacheco Kristoff. Identifica como postulado intelectivo infractor a la regla de las máximas de la experiencia, el correspondiente al dictamen pericial que establece “Respecto a la forma como funciona la red social de Facebook, cabe señalar que, conforme a las máximas de la experiencia, y a las explicaciones dadas por el perito, ésta es una red social construida a base de vinculaciones entre personas que desean compartir contenidos o informaciones que les son afines.” Considera que, el sentenciador no puede basar su razonamiento en la experiencia común cuando nos encontramos ante un aspecto probatorio eminentemente técnico, así como que no se vinculó directamente a una persona con las publicaciones, como ser un correo personal o una dirección IP de trabajo o domicilio. Así lo expuesto, la Sala de lo Penal ha definido que las máximas de la experiencia se refieren a juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el juzgador, relevados de demostración probatoria por adquirirse a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por este hecho son compartidas con las demás personas, aun cuando no formen parte de su mismo grupo social. Nos referimos a fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión, o hechos de la cultura común, siendo el antónimo de éstos los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realiza solo un grupo determinados de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior, el conocimiento privado del juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. El juzgador deberá analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común, entre otros: cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca del hecho; cuando cite como común un hecho que no lo sea, por no ser aprehensibles de manera espontánea por el profano, sino que solo mediante experiencias extraordinarias o mediante estudios especializados; o, cuando afirme como común un hecho que exija demostración probatoria. Las reglas de la experiencia común se basan en la probabilidad, es decir, al momento en que el juzgador valora un hecho, considerará el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos él porque lo considera así. En este sentido, se determina por la Sala de lo Penal, que la infracción denunciada por la recurrente no posee la trascendencia para cambiar la ecuación intelectiva de la prueba y la premisa fáctica de la sentencia, pues la valoración que identifica como transgresora a la regla de las máximas de la experiencia, únicamente define que la red social Facebook tiene como finalidad compartir contenidos o informaciones que le son afines, y no es a través de este razonamiento, que se determina que la señora Lesbia Pacheco, es la responsable de la publicación del contenido denunciado. Esta última conclusión el sentenciador la alcanza a partir de la valoración conjunta y armónica de la prueba evacuada en sesión de juicio, pericial, testifical y documental. Por lo anteriormente expuesto, procede la desestimatoria del segundo motivo, pues no es acertado en su contenido al establecer la infracción a la regla de las máximas de la experiencia, y mucho menos considerar que este vicio pueda ocasionar un cambio en la ecuación valorativa y en la premisa fáctica de la sentencia. De la procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal decreto 130-2017. La aplicación retroactiva es procedente en el presente caso. A. Principio de legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo “nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa"; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2), y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Artículo 9), de igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser "scripta", "stricta", "certa", "praevia" y "válida", de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de “Lex Praevia”, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello. Los tipos de retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad[17] son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir de cinco a diez años de prisión una pena). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir, solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrará en vigencia y cuando es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento del juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento del juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución Política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar -de cada una de las leyes en conflicto temporal- los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los en que las penas impuestas hayan sido cumplidas de manera completa por la persona, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de ponderación de la norma más favorable en el Código Penal Decreto 130-2017. Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo Código, sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Artículo 615, primer párrafo del Nuevo Código Penal). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva, resolver la aplicación retroactiva o no del nuevo Código Penal (Art. 615, segundo párrafo Nuevo Código Penal), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Artículo 624.3 del Nuevo Código Penal). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibido la fragmentación de normas (Art. 616 primer párrafo Nuevo Código Penal), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código Penal 130-2017. Cuando la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un concurso real (Artículo 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 del Nuevo Código Penal) se procederá conforme las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse primero conforme al límite objetivo ordinario o limite objetivo extraordinario, según corresponda, y luego de ello conforme al límite subjetivo. Empero uno no es preferente sobre el otro; se aplicará el límite que sea menor; b. La ponderación deberá realizarse primero en consideración a las penas de manera global y sólo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos, se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el Código Penal 130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a. Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b. Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no los 30 años (limite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (limite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años: la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años: se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y aun así en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Limite subjetivo: el máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Limite objetivo ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Limite objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. B. Ponderación en el caso concreto. En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se condenó a la señora Lesbia Pacheco Kristoff, a la pena principal de un (1) año y ocho (8) meses de reclusión, por ser considerada autora responsable penalmente del delito injurias constitutivas de difamación, en perjuicio del señor Juan Carlos Reyes, más las penas accesorias de inhabilitación especial e interdicción civil por el tiempo de la pena privativa de libertad, y la consecuencia de responsabilidad civil derivada del delito. Asimismo, se le condenó en costas procesales, personales y gastos ocasionados por el juicio, y se le prohibió hacer uso de las redes sociales con el fin de ridiculizar o hacer estimaciones que atenten a la credibilidad o imagen del señor Juan Carlos Reyes. La conducta reprochada a la acusada, está prevista en el Código Penal 130-2017, como delito de injuria (artículo 229), cuya pena principal es: las injurias hechas con publicidad deben ser castigadas con la pena de multa de doscientos (200) a quinientos (500) días y en el caso de que lo sean sin publicidad, con la pena de multa de cien (100) a doscientos (200) días. Se entiende como publicidad, cuando se efectúan a través de impresos, televisión, radio, internet, redes de información, ante una multitud de personas o a través de otros medios de eficacia semejante y deberá de aumentarse de un sexto 1/6 a un medio ½ en caso que se hiciere utilizando sitios web de divulgación colectiva o redes sociales (artículo 232). Lo anterior, permite colegir que la injuria hecha con publicidad tiene un margen abstracto de quinientos ochenta y tres (583) días multa a setecientos cincuenta (750) días multa. La comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permite determinar que en el caso particular el Código Penal 130-2017, prevé sanciones menos gravosas que las impuestas conforme el Código Penal 144-83, por lo que es procedente la aplicación retroactiva de la primera codificación. Para la determinación de la pena concreta, el presente caso constituye un delito de injurias con publicidad, hecha a través del perfil de la acusada Lesbia Pacheco Kristoff, en la red social Facebook; el tribunal A-quo para la determinación de la pena concreta tomó en consideración el hecho de que la acusada no cuenta antecedentes penales. Asimismo, establece el artículo 70 del NCP que cuando no concurran circunstancias agravantes ni atenuantes, la pena se fijará dentro del marco establecido para el delito de que se trate en atención a las circunstancias personales del delincuente y a la mayor o menor peligrosidad del hecho. Tomando en consideración que no hubo escrito complementario por ninguna de las partes y así como la poca información con la que se cuenta en el expediente acerca de las circunstancias personales de la señora Lesbia Liliana Pacheco Kristoff, se debe imponer una multa de 583 días a razón de 20 lempiras por día, que equivalen a once mil seiscientos sesenta lempiras (L 11, 660.00) de multa. DECISIÓN. No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, en su único motivo. No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, en sus dos motivos. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República; 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 361, 362, 363 y 369 del Código Procesal Penal; 31, 32, 68, 70 y 373 del Código Penal 130-2017; FALLA: Primero: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo, interpuesto por la Abogada Kenia Veliza Oliva Cardona, en su condición de defensora privada de la señora Lesbia Liliana Pacheco Kristoff. Segundo: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, en su único motivo, interpuesto por la Abogada Kenia Veliza Oliva Cardona, en su condición de defensora privada de la señora Lesbia Liliana Pacheco Kristoff. Tercero: Declara Firme y Ejecutable los pronunciamientos segundo y tercero de la parte resolutiva de la sentencia de fecha veinticuatro (24) de abril de dos mil diecisiete (2017), este último al no haber sido objeto de impugnación. Cuarto: Declara la procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal decreto 130-2017, por la conducta reprochada a la acusada Lesbia Liliana Pacheco Kristoff; en consecuencia, reforma los pronunciamientos primero y quinto de la parte resolutiva de la sentencia en los siguientes términos: i) Que debemos condenar y condenamos a la acusada Lesbia Liliana Pacheco Kristoff, como autora penalmente responsable del delito de injurias con publicidad, a la pena principal de multa de 583 días a razón de 20 lempiras por día, que equivale a once mil seiscientos sesenta lempiras (L 11, 660.00) de multa. Y manda: A efecto de que se acate lo resuelto, la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas en única instancia, deberá devolver los antecedentes del caso al tribunal de justicia de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento”. NOTIFÍQUESE. Firmas y Sello. José Olivio Rodríguez Vásquez. Magistrado Coordinador. Rafael Bustillo Romero. Magistrado. Alma Consuelo Guzmán García. Magistrada. Firma y Sello. JOSE RAMON CRUZ FERRERA. Secretario Actuante. Sala de lo Penal.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los 12 días del mes de agosto del dos mil veintidós. Certificación de Sentencia dictada el veinticuatro de febrero del dos mil veintidos, recaída en el expediente de casación con número de ingreso SP-211-2018.

JOSE RAMON CRUZ FERRERA

SECRETARIO ACTUANTE SALA DE LO PENAL

1 | 1

[1] ÁVILA ORTIZ, Félix Antonio. Proceso Penal Hondureño. T. II, Tegucigalpa: Fénix, 2015, pág. 266.

[2] Sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos de fecha 31 de agosto de 2004, recaída en el caso Ricardo Canese v. Paraguay.

[3] Sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos de fecha 2 de mayo de 2008, recaída en el caso Kimel v. Argentina.

[4] Sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos de fecha 31 de agosto de 2004, recaída en el caso Ricardo Canese v. Paraguay, nota 8.

[5] Sentencia proferida por la Honorable Corte Suprema de Justicia, Sala de lo Constitucional, de fecha 22 de abril de 2015, recaída en los expedientes acumulados SCO-1343-2014 y SCO-243-2015.

[6] BANEGAS, Jaime; y otros. Manual de Derecho Procesal Penal Hondureño. T. II. 2° ed. Honduras: Dinámica Procesal, 2003, pág. 407.

[7] Sentencia dictada por la Honorable Corte Suprema de Justicia, Sala de lo Penal, de fecha 4 de mayo de 2016 recaída en el expediente CP-389-13 y 15 de junio de 2016 recaída en el expediente CP-171-13.

[8] DE LA RÚA, Fernando. La casación penal. El recurso de casación penal en el nuevo código procesal penal de la noción. 2° ed. Buenos Aires: Lexis Nexis, 2006, pág. 155.

[9] BANEGAS y otros. Óp. cit. pág. 212.

[10] ÁVILA, ORTIZ. Op. cit., pág. 280.

[11] DALL ANESE, Francisco <<Falta de fundamentación de la sentencia y violación de reglas de la sana crítica>>, en Revista de la Asociación de Ciencias Penales, San José: diciembre de 1992.

[12]El artículo 8.2 literal h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que, durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, entre otras garantías mínimas, la de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.

[13] Kimel Vs. Argentina. Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de mayo de 2008. Párr. 53.

[14] La Colegiación Obligatoria de Periodistas, supra nota 44, párr. 30; Caso “La Última Tentación de Cristo” (Olmedo Bustos y otros) Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de febrero de 2001. Serie C No. 73, párr. 64; Caso Ivcher Bronstein, supra nota 12, párr. 146; Caso Herrera Ulloa, supra nota 12, párr. 108, y Caso Ricardo Canese, supra nota 44, párr. 77.

[15] Caso Herrera Ulloa, supra nota 12, párr. 120; Caso Ricardo Canese, supra nota 44, párr. 95, y Caso Palamara Iribarne, supra nota 12, párr. 79.

[16] Cuellar Cruz. Rigoberto. Turcios Ferrera Daniela. López Zúniga Eduardo Jair. Derecho Procesal Penal de Honduras. LITOCOM, S de R.L. de C.V. Tegucigalpa, Honduras. Año 2004. (Pág. 498.).

[17] Roxin, Claus: Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civitas A.S., España. pág. 141.