Sentencia CP-20-19 — Registro 15290
Resumen
En primera instancia se condenó al imputado por el delito de Homicidio en su Grado de Ejecución de Tentativa, resolviendo en segunda instancia No Ha Lugar el recurso de casación y Declarando la no procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal decreto130-2017.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"...DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO. EL MOTIVO NO ES DE RECIBO. En virtud del motivo invocado por la recurrente, esta Sala de lo Penal ha efectuado una revisión exhaustiva de la prueba allegada al juicio y encuentra que la misma, si bien no es abundante, si es contundente y suficiente para enervar el Estado de Inocencia del acusado. Se evacuó en el juicio la declaración de la ofendida Lucy Yamileth Rugama Velasquez, quien de viva voz afirmó: “Que el día 22 de agosto de dos mil ocho, yo venía de mi trabajo e iba para mi casa, cuando estaba cerrando el portón él me atacó; eran como las 10:20 a 10:30 de la noche, la persona que me atacó se llama Carlos y le dicen el garrobo; él no me dijo nada, solo me agredió abajito del ombligo, me puso tres puñaladas, me apuñaló con un cuchillo, el cuchillo es de los que usamos en casa, cacha color café, la iluminación era buena, había bastante luz y estaba el foco encendido, al principio yo lo empujé a él para la pared porque él me empujó a mí y me quería meter al cuarto, cuando él se volvió a venir encima y me agarró de los hombros, yo le grité a un vecino y entonces él se fue; no sabe porque Carlos la agredió, nunca supo porque no eran amigos ni enemigos, la mama de él era mi vecina; Carlos fue la persona que la agredió, porque yo venía del trabajo y lo miró un bloque antes de donde la ofendida vivía y él andaba la misma ropa, el mismo pantalón, además afirma que uno puede conocer muy bien a sus vecinos, uno conoce cómo camina y cómo actúan, él andaba pasamontañas pero lo pudo reconocer” También se presentó a declarar el señor Marlon Ernesto Rhon Andino quien afirmó: “eso fue el 22 de agosto de 2008, era un viernes y recuerda que Lucy llegó a la casa como a las 10, estuvieron conversando, faltando unos minutos para las 11 ella le pidió que la fuera a dejar a la casa, la dejó como a media cuadra, antes de eso ya le había dicho que miraba sospechoso a Carlos, como que la venia siguiendo, yo le dije que no se preocupara que no le iba a hacer nada; afirmó que espero a que ella pasara el puentecito que da a su cuarto y cuando se sintió seguro se regresó a su casa y a los dos minutos paso Carlos asustando y le preguntó que había pasado y él le contestó que nada; a los cinco minuto lo llamó la novia para decirle que habían herido a Lucy.” Se presentó a juicio, la prueba pericial dictamen médico practicado a Lucy Yamileth Rugama Velasquez, en el cual se establecen las heridas encontradas en la ofendida, con una incapacidad temporal de 35 días y determinando además que si hubo peligro de muerte. El Tribunal Sentenciador al valorar dicha declaración razonó diciendo: “Con el testimonio rendido por la ofendida Lucy Yamileth Rugama Velasquez, merece para este Tribunal de Sentencia una absoluta credibilidad, en virtud que su declaración en el debate ha sido coherente y veraz, se ha referido con toda espontaneidad necesaria cómo sucedieron los hechos, además de lo dicho por ella se desprende que a pesar de ser la victima directa de los hechos acontecidos no ha incorporado elementos tendientes a magnificar los mismos, ni revelado expresiones que perjudiquen deliberadamente al acusado señor Carlos Alberto Aguilar, las agresiones a la ofendida sucedieron de una manera sorpresiva e inesperada; entre otras expresiones determinó el Juzgador que ambas declaraciones eran creíbles en virtud que el acusado es vecino del lugar donde ocurrieron los hechos; para la ofendida el acusado es una persona que lo conoce de hace cuatro a cinco años, lo mismo sucede con el testigo Rhon Andino quien es también residente de la misma zona, por lo que no puede existir margen de error en la identificación de Carlos Alberto Aguilar, situación que facilita la identificación de inmediato del señor Carlos Alberto Aguilar por la señora Lucy Yamileth.” Para esta Sala de lo Penal las probanzas allegadas a juicio y los razonamientos vertidos por el Juzgador para valorarla, son suficientes para enervar legalmente el estado de inocencia del acusado, pues la declaración de la ofendida es contundente al señalar como responsable de los hechos al imputado Carlos Alberto Aguilar, a quien identificó a pesar de andar con pasamontañas, pues el acusado es vecino del lugar, la ofendida lo conocía desde hace mas de 5 años y tal como lo afirmó, el ser humano es capaz de reconocer a otra aun con dificultades visuales cuando le conoce desde hace mucho tiempo; aunado a eso la ofendida afirmó que antes del ataque había visto al encartado a una cuadra de su casa y vestía la misma ropa que cuando la atacó; su testimonio es confirmado no solo con la declaración de Marlon Ernesto Rhon Andino, a quien la ofendida le había manifestado su temor por el imputado y lo observó nervioso y asustado minutos después de ir a dejar a su hermana, sino que también con el dictamen médico el cual valida la declaración de la ofendida al afirmar la ubicación de las heridas provocadas por el acusado y la incapacidad que se le otorgó; todo este razonamiento fue debidamente externado por el Sentenciador y con ellas es posible llegar a la misma conclusión que llegó el Tribunal A-quo, siendo posible conculcar legalmente su estado de inocencia; por tales razones es procedente desestimar el presente recurso de casación..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 361 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
"...Ponderación en el caso concreto El Tribunal de Sentencia, basado en el Código Penal 144-83, declaró responsable al acusado Carlos Alberto Aguilar, como autor del delito de Homicidio en su Grado de Ejecución de Tentativa, en perjuicio de Lucy Yamileth Rugama Velásquez y le impuso una pena de reclusión de 11 años; como penas accesorias se aplicó al acusado la inhabilitación absoluta y la interdicción civil; además se hizo la declaratoria de responsabilidad civil derivada del delito. Conforme a la nueva legislación penal decreto 130-2017 el delito de Homicidio se encuentra regulado en el artículo 192, el cual tiene señalada una pena de 15 a 20 años de reclusión, pero como es un delito tentado debe aplicarse el artículo 21 del nuevo Código Penal, pues en su inciso “b” establece la tentativa acaba, que sucede cuando el agente ha realizado todos los actos que objetivamente debieron llevar a la consumación del delito y ésta no se produjo, tal es el caso del ahora acusado Carlos Alberto Aguilar quien apuñaló varias veces en el abdomen a la ofendida lo cual objetivamente debía producir su muerte, pero la misma no se dio por intervención médica, es así que debe rebajarse la pena en 1/4 quedando un nuevo margen de penas entre 11 años 8 meses a 15 años de prisión. Se concluye que le es más favorable al acusado la aplicación del Código Penal decreto 144-83, pues este tiene señalada una pena menor en relación a la que le correspondería aplicando el nuevo Código Penal, en ese sentido no procede la aplicación retroactiva el decreto 130-2017. .."
Legislación citada
- Código Penal, art. 615 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Secretaria Actuante de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia recaída en el expediente del Recurso de Casación SP-20-2019 que literalmente dice: “Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los diecisiete (17) días del mes de mayo del año dos mil veintidós (2022), el pleno de la Sala de lo Penal integrado por los Magistrados José Olivio Rodríguez Vásquez en su calidad de coordinador, Rafael Bustillo Romero y Alma Consuelo Guzmán García, pronuncian EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La sentencia en el expediente SP 20-2019, conociendo del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, interpuesto contra la sentencia de fecha veintidós de agosto de dos mil dieciocho, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, mediante la cual falló; Primero: Condenó al señor Carlos Alberto Aguilar, como autor del delito de Homicidio en su Grado de Ejecución de Tentativa, en perjuicio de Lucy Yamileth Rugama Velásquez, a la pena de once años de reclusión. Segundo: Condenó al señor a Carlos Alberto Aguilar, a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil durante el tiempo de duración de la condena principal, así como trabajar por el tiempo de la condena en obras públicas o en labores dentro el establecimiento Penitenciario. Tercero: Declaró la responsabilidad civil del señor Carlos Alberto Aguilar. Cuarto: No procedió la condena del acusado en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio. Interpuso el recurso de casación por infracción de precepto constitucional, la Abogada Patricia Flores en su condición de defensora pública del acusado. Son Partes En La Única Instancia: Los Abogados José Roberto Izaguirre y Arnaldo Alcides Garcia Alvarado, en su condición de defensores públicos, como parte recurrente y la Abogada Ligia Cristina Roque Gómez, en su condición de fiscal del Ministerio Público, como parte recurrida. Hechos Probados “ÚNICO: El día viernes veintidós de agosto del año dos mil ocho, a eso de las diez y treinta minutos de la noche, la señora Lucy Yamileth Rugama Velásquez, al momento de Ingresar a su casa de habitación ubicada entre la colonia Nueva Suyapa FECOVIL, de esta ciudad de Tegucigalpa; fue atacada por el señor Carlos Alberto Aguilar, quien le hirió en el abdomen con una arma blanca, por lo que la señora Lucy Yamileth pidió auxilio, acudiendo varios vecinos en ayuda; momento que aprovechó el señor Carlos Alberto para huir del lugar de los hechos”. Recurso De Casación. Motivos y Argumentos Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional “EXPRESIÓN DEL MOTIVO DE CASACIÓN.MOTIVO UNICO: Infracción de los artículos 89 y 94 de la Constitución de la Republica, en relación con los artículos 1 y 2 del Código Procesal Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 361de Código Procesal Penal. EXPOSICION DEL MOTIVO: Las normas que ha violentado gravemente el Juzgador, son los artículos 89 y 94 de la Constitución de la República que rezan: Artículo 89, Toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente, artículo 94, A nadie se impondrá pena alguna sin haber sido oído y vencido en juicio, y sin que le haya sido impuesta por resolución ejecutoria de juez o autoridad competente.- Estas normas constitucionales en relación a lo que establecen los artículos 1 y 2 del Código Procesal Penal que establece: Artículo 1.) JUICIO PREVIO. Ninguna persona podrá ser condenada a una pena ni sometida a una medida de seguridad, sino en virtud de sentencia firme dictada por el órgano jurisdiccional competente, después de haberse probado los hechos en un juicio oral y público llevado conforme los principios establecidos en la Constitución de la República, los Tratados Internacionales de los cuales Honduras forma parte y el presente Código y con respeto estricto de los derechos del imputado. – Artículo 2.) ESTADO DE INOCENCIA. Todo imputado será considerado y tratado como inocente mientras no se declare su culpabilidad por el órgano jurisdiccional competente de conformidad con las normas de este Código. Todo esto relacionado con lo establecido en la mayoría de los convenios internacionales que Honduras ha suscrito, es así que en el artículo 8 inciso 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos o pacto de San José señala: "Que toda persona inculpada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad" Por otra parte la declaración universal de Derechos Humanos en su artículo 11 determina: "Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la Ley y en juicio público en que se le haya asegurado todas las garantías necesarias para su defensa", y, El Pacto de los Derechos Civiles y Políticos en su artículo 14 número 2 prescribe: "Toda persona acusada de un delito tiene el derecho a que se presuma su inocencia mientras no se compruebe su culpabilidad conforme a la Ley" La Presunción de Inocencia, como garantía consagrada en nuestra Carta Magna, que al tratarse de una norma relativa a los derechos fundamentales de la Constitución reconoce a todos los ciudadanos, debe interpretarse de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los Tratados Internacionales suscritos por Honduras. La Presunción de Inocencia se visualiza como un derecho fundamental que no requiere de acción alguna por parte del sujeto activo para lograr su aplicabilidad, sino que se convierte en la exigencia del ente acusador de probar los hechos imputados; por tanto, la Presunción de Inocencia puede ser enervada cuando consta en la causa prueba de cargo suficiente que abarque dos circunstancias, en primer lugar, la existencia de un hecho punible penalmente con una actividad probatoria mínima que la acredite y, la segunda, la culpabilidad del acusado en el hecho sometido a juicio, mediante las pruebas con un sentido incriminador respecto a su participación. El Estado de inocencia es "...un estado inherente a la persona humana... ' este derecho fundamental se encuentra reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (art. 11.1), en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 14.2) y de la Convención Americana de Derechos Humanos ( art. 8.2), además es norma pilar de la Constitución de la República (art. 89) que es ampliamente desarrollada en normas legales secundarias (art. 1 y 2 del Código Procesal Penal), y que desde el ámbito penal se define como el derecho de todo acusado a ser absuelto sino se ha practicado una actividad probatoria de cargo suficiente y acreditativa de los hechos en que se funda la hipótesis acusatoria. "La condición jurídica de inocencia dispuesta en la norma constitucional a favor del imputado, establece claramente una presunción legaljuris tantum, por cuanto solo puede ser enervada mediante la producción de una mínima de prueba de cargo, aportada por el acusador, enjuicio oral y público, con estricta observancia de las reglas de debido proceso. En general, corresponde al ente acusador investigar el ilícito, presentar la acción penal pública y probar la imputación criminal; por su parte a la defensa del acusado le atañe censurar la actividad probatoria de cargo y ajustarla a la inobservancia de las formalidades, derechos y garantías dispuestos en las leyes a favor de aquel. Lo anterior, no impide a la defensa producir prueba de descargo, no para probar la inocencia del acusado, que ya se encuentra tutelada por la norma constitucional, sino para desvanecer la imputación presentada en su contra”. El tribunal de Sentencia de la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central; al proferir su fallo estableció como hecho probado: UNICO: El día viernes veintidós de agosto del año dos mil ocho, a eso de las diez y treinta minutos de la noche, la señora Lucy Yamileth Rugama Velásquez, al momento de ingresar a su casa de habitación ubicada entre la Colonia Nueva Suyapa FECOVIL, de esta ciudad de Tegucigalpa; fue atacada por el señor Carlos Alberto Aguilar, quien le hirió en el abdomen con un arma blanca, por lo que la señora Lucy Yamileth pidió auxilio, acudiendo varios vecinos en ayuda; momento que aprovechó el señor Carlos Alberto para huir del lugar de los hechos. En el juicio oral y público compareció la señora LUCY YAMILETH RUGAMA VELASQUEZ quien declaro "...me agredió abajito del ombligo me puso tres puñaladas, con un cuchillo que por lo general usamos nosotras en la casa tenía una cacha color café...La agredió Carlos, en el portón de mi cuarto donde yo vivá, cual fue el estado o la forma en que la dejó el señor Carlos, cuando él se retiró yo tenía las tripas de fuera, que hizo usted cuando él la apuñaló, al principio yo lo empuje para la pared porque el me empujó a mí y me quería meter al cuarto cuando él se me volvió a venir encima y me agarró de los hombros yo le grite a un vecino y cuando yo le grite a mi vecino él se fue, porque la agarró de los hombros el señor Carlos, porque él quería meterme al cuarto...me sentí un poco débil y entonces le grité a un vecino y mi vecino bajo...llegué al Hospital me operaron de emergencia porque dijeron que era muy grave cuando ya estaba en el hospital me dijeron que me había perforado un intestino de segundo y primer grado fueron las puñaladas que tenía por encima, estuvo nueve o diez días en el Hospital… El andaba un pasamontaña, lo andaba puesto, le pudo observar los ojos... "Se presentó también el testigo MARLON ERNESTO RHON ANDINO, en condición de testigo propuesto por parte del Ministerio Público, quien declaró: Que cuando ocurrió eso fue el 22 de agosto del 2008, me acuerdo que fue un viernes exactamente recuerdo que Lucy llegó a la casa como a las diez creo era de noche entonces estaba mi hermana conmigo y estuvimos conversando y así pasó el tiempo creo que ya falta poco para las once cuando ella me pidió que la fuera a dejar entonces yo la fui a dejar a ella la deje como a media cuadra pero antes de eso ella ya me había dicho que miraba sospechoso a Carlos como que la venia siguiendo entonces yo le dije que no se preocupara que no le iba hacer nada, la dejé a media cuadra espero que ella pasara el puentecito donde el cuarto que ella alquilaba y entonces cuando yo me sentí seguro que ella ya cruzo el puente entonces me regrese para mi casa...y dicen que fue Carlos Garrobo y andaba con otro acompañante que le decían Guicho entonces yo baje con mi cuñado a traerla a ella para llevarla al Hospital. Se evacuo medio de prueba pericial, consistente en la evaluación practicada por la Doctora ELSA ROSA DAVILA, del mismo se desprende: En fecha 24 de agosto del año 2018 a la 1:30 p.m. a la señora Lucy Yamileth Rugama Velásquez en la sala de cirugía de mujeres del Hospital Escuela, después de tener información que se consigan en el historial médico legal y proceder a examen y después a la revisión del expediente clínico hizo las siguientes conclusiones: 1.- Tipo de lesiones herida en abdomen con lesión de intestino delgado según revisión del expediente clínico del Hospital Escuela compatibles a las producidas por objeto corto punzante. 2. Incapacidad temporal 35 días a partir de la fecha en que sucedió el hecho. 3.- Se recomienda nueva evaluación por Medicina Forense al ser dada de alta definitiva por su médico tratante para ratificar o modificar la incapacidad temporal y determinar si quedará o no secuelas. 4.- Si hubo peligro de muerte. De la prueba testifical podemos comprobar primeramente que la ofendida manifestó; que recibió varias heridas en su abdomen, mismas que fueron producidas con un arma blanca, el individuo portaba un pasamontaña. En cuanto al testigo Marlon Ernesto Rhon Andino declaró, que a los cinco minutos le habló su novia y llorando le dijo que habían herido a Lucy y que decían que había sido Carlos Garrobo y andaba con otro acompañante que le decían Guicho entonces se bajó con un cuñado para llevarla al Hospital. Al hacer un análisis de la prueba anteriormente detallada podemos comprobar, que la supuesta ofendida no logra identificar plenamente quien es la persona que daño su integridad física, pues este portaba un pasamontaña, entonces esta parte defensora se hace la siguiente interrogante: ¿Cómo es posible que logre identificar quien es el hechor del delito? En cuanto al señor Marlon Rhon es un testigo meramente referencial, pues manifestó que la novia le contó lo sucedido, es así que no percibió los hechos a través de sus sentidos, en cuanto al medio de prueba denominado dictamen pericial revisión de historial clínico, solamente se acreditó el tipo de lesiones y el tiempo de incapacidad. A todas luces la investigación efectuada por el ente acusador fue muy deficiente, pues no hay probanza que logre determinar algún decomiso de objetos que estén vinculados con el hecho criminal. En nuestro caso la prueba evacuada en el juicio oral y público solamente sirven para producir el grado de probabilidad, pero no forman la certeza que se necesita para condenar a una persona, ya que la prueba del Ministerio Público tiene varias inconsistencias o falencias. La insuficiente prueba evacuada solamente nos da un margen de sospechas sin llegar a conformarse como plena prueba de la comisión del delito, mismos que unidos y relacionados no son suficientes para sindicar responsable a mi representado. Sobre estos postulados honorables Magistrados no entiendo las razones o los motivos que tuvieron para condenar a mis representados, teniendo como base prueba insuficiente e inconsistente, pues los indicios presentados no reúnen las características de gravedad, precisión y concordancia, no pudiendo construir una presunción suficientemente vinculativa sobre la culpabilidad del ahora condenado. Los requisitos expuestos anteriormente, se comprueba que la prueba aportada por el ente acusador no es suficiente para decretar una sentencia condenatoria, sino que solo lleva a meras sospechas que por si solas no pueden enervar la presunción de inocencia de mi representado. El Tribunal de forma subjetiva y sin prueba suficiente que lo avale, fundamenta que con las declaraciones de los testigos Lucy Yamileth Rugama Velásquez y Marlon Ernesto Rhon Andino, llegan a la conclusión que mi defendido es la persona que tuvo la intención de cometer el delito de homicidio en su grado de ejecución de tentativa. El artículo 339 del Código Procesal Penal, establece si el Tribunal considera que no hay pruebas suficientes para condenar al imputado, dictará sentencia absolutoria; asimismo, será absuelto en caso de duda razonable, cosa que no hizo el Tribunal Sentenciador en este caso.- La construcción de culpabilidad exige precisión que implica certeza, pues caso contrario se preserva la no culpabilidad del acusado y con ello su estado de inocencia, al convencimiento de que un acusado es culpable se puede llegar, no solo por la existencia de dudas, sino también por su superación, pero ciertamente la superación de las posibles dudas, no obedece a la pura voluntad subjetiva del Juez, sino que debe surgir con el razonamiento coherente que solo se logra con la consideración racional de las pruebas que acreditan la culpabilidad del acusado y con ello la disipación de las posibles dudas si las hubiere.- Concluimos que la prueba evacuada en el juicio oral y público no fue suficiente para enervar la presunción de inocencia que goza mi defendido desde el inicio del proceso, si bien es cierto se acreditó que se suscitó un hecho punible, no se logró establecer a manera certera que mi defendido sea el responsable. Por lo anterior, resulta procedente que la Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, declare Con Lugar el presente recurso, absolviendo de toda responsabilidad al señor CARLOS ALBERTO AGUILAR.” Fundamentación Del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior[1]. En general toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia. En una buena técnica recursiva, el peticionario debe hacer mano de este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional de amplio espectro (Recurso Ordinario), en contraposición con los recursos de Infracción de Ley, Infracción de Doctrina Penal y Quebrantamiento de Formas Procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores (Recursos Extraordinarios). En este último sentido Llorente Fernández expresa que (Llorente Fernández De La Reguera, Ángel, en Los Recursos, Cuadernos de Estudios Judiciales, RAFAEL ALVARADO MANZANO, LITICOM, Tegucigalpa, 2001, págs. 113-115), “la jurisprudencia española ha puesto de manifiesto que este cauce impugnatorio no está previsto para alegar, bajo su cobertura, la vulneración de cualquier norma constitucional, sino específicamente la infracción de aquellas que tienen una estrecha y directa relación con el objeto del proceso en que son invocados. Serán, por tanto, los derechos fundamentales ligados al proceso con carácter general los que tengan cabida en esta vía impugnativa y de un modo especial aquellos que el recurrente entienda que han sido conculcados en el caso concreto...”La esencia del recurso de Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del Principio de Convencionalidad y el Principio de Primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. Único Motivo Norma autorizante: artículo 361 del Código Procesal Penal. Norma constitucional que se denuncia infringida: artículo 89 y 94 de la Constitución de la República, en relación con los artículos 1 y 2 del Código Procesal Penal. Concepto de la infracción: infracción a la presunción de inocencia. Pretensión: que se declare ha lugar el recurso y se absuelva al acusado. Explicó la recurrente que de la prueba testifical evacuada se puede comprobar que la supuesta ofendida no logra identificar plenamente quien es la persona que daño su integridad física, pues ella afirmó que esa persona andaba con pasamontañas, por lo tanto, no es posible identificar al hechor del delito. Del Estado de Inocencia El derecho al Estado de Inocencia, proclamado y reconocido por la Constitución de la República en su artículo 89, establece que toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente, este derecho-principio constituye una regla de juicio, pues opera en el ámbito de la jurisdicción penal, condicionando el derecho del acusado a no sufrir una condena a menos que la culpabilidad haya quedado establecida superando cualquier duda razonable, en virtud de las pruebas obtenidas y reproducidas en juicio con todas las garantías. De lo anterior resulta entonces que la condena proferida contra una persona acusada de delito será válida, sin infracción del derecho al Estado de Inocencia, cuando se sustente en al menos una mínima actividad probatoria considerada de cargo practicada de modo no arbitrario, que permita arribar certeza de la culpabilidad del acusado. El Estado de Inocencia, por tanto, es un derecho fundamental de la persona humana a no ser condenada sin pruebas de cargo válidas. El Principio de Inocencia está íntimamente relacionado con el debido proceso probatorio. El proceso penal tiene por objeto descubrir la verdad real sobre la hipótesis delictiva que constituye su objeto mediante los medios probatorios que las partes aporten al proceso; es precisamente en virtud de ella que el tribunal se forma la certeza acerca del acontecimiento sometido a su juzgamiento. La prueba es el medio jurídico para adquirir la certeza, que se define como la firme convicción de estar en posesión de la verdad. Para el pronunciamiento de la sentencia condenatoria, en donde se desafora a la persona acusada de su estado material de inocencia, debe haberse producido un amplio haz probatorio, sólido y concreto, que permita al juzgador, sin vacilaciones y sin duda establecer la responsabilidad penal del imputado con certeza absoluta, más allá de cualquier duda razonable. Mediante el fallo de fecha catorce de mayo del 2007, en el Expediente 312-2006, esta Sala de lo Penal ha declarado que el Estado de Inocencia es “… es un estado inherente a la persona humana …”, este derecho fundamental se encuentra reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Art. 11.1), en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Art.14.2) y de la Convención Americana de Derechos Humanos (Art. 8.2), además es norma pilar de la Constitución de la República (Art. 89 Superior) que es ampliamente desarrollada en normas legales secundarias (Arts. 1 y 2 CPP) y que desde el ámbito penal se define como el derecho de todo acusado a ser absuelto si no se ha practicado una mínima actividad probatoria de cargo, acreditativa de los hechos en que se funda la hipótesis acusatoria. “La condición jurídica de inocencia dispuesta en la norma constitucional a favor del imputado, establece claramente una presunción legal juris tantum, por cuanto solo puede ser enervada mediante la producción de una mínima de prueba de cargo, aportada por el acusador, en juicio oral y público, con estricta observancia de las reglas del debido proceso. En general, corresponde al ente acusador investigar el ilícito, presentar la acción penal pública y probar la imputación criminal; por su parte a la defensa del acusado le atañe censurar la actividad probatoria de cargo y ajustarla a la inobservancia de las formalidades, derechos y garantías dispuestos en las leyes a favor del aquel. Lo anterior no impide a la defensa producir prueba de descargo, no para probar la inocencia del acusado, que ya se encuentra tutelada por la norma constitucional, sino para desvanecer la imputación presentada en su contra.” (Fallo de la Sala de lo Penal de fecha 30 de mayo del 2011, en el Exp 304-2010). En sede de casación, al alegarse la vulneración de la presunción de inocencia, la Sala de lo Penal tendrá la tarea de verificar si existió una adecuada formación de la convicción de culpabilidad como resultado de la práctica de prueba válida y suficiente, entendiéndose como tal aquella que, aunque mínima, ha sido recibida en la vista pública bajo las debidas garantías, y valorada prudentemente por el tribunal de sentencia según las reglas de la sana crítica, así pues en casación se deberá examinar: a) Licitud de la prueba: si las pruebas fueron obtenidas y reproducidas con el respeto a los derechos fundamentales y a los derechos humanos. b) Debido proceso probatorio: Si las pruebas fueron practicadas en el juicio con sujeción a los principios de oralidad, inmediación, contradicción, concentración y publicidad; incluye también verificar que las pruebas practicadas excepcionalmente en la etapa preparatoria, fueron introducidas al debate por el cauce previsto por el artículo 311 del Código Procesal Penal. c) Debida motivación: Si las conclusiones probatorias del tribunal sentenciador han sido debidamente motivadas descartando la arbitrariedad. d) Debido razonamiento probatorio: Si el razonamiento de la convicción obedece a criterios lógicos, razonables y vinculantes a la prueba practicada; y e) Suficiente carga probatoria: Si durante el debate se reprodujeron los suficientes medios de prueba que hayan abarcado los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal reprochado, así como la participación del acusado en el hecho y su grado de culpabilidad en ellos. (Ver al respecto el fallo de fecha 05 de abril del 2011, en el Exp 042-2009 de la Sala de lo Penal). De la Procedencia del Recurso. El Motivo no es de Recibo. En virtud del motivo invocado por la recurrente, esta Sala de lo Penal ha efectuado una revisión exhaustiva de la prueba allegada al juicio y encuentra que la misma, si bien no es abundante, si es contundente y suficiente para enervar el Estado de Inocencia del acusado. Se evacuó en el juicio la declaración de la ofendida Lucy Yamileth Rugama Velasquez, quien de viva voz afirmó: “Que el día 22 de agosto de dos mil ocho, yo venía de mi trabajo e iba para mi casa, cuando estaba cerrando el portón él me atacó; eran como las 10:20 a 10:30 de la noche, la persona que me atacó se llama Carlos y le dicen el garrobo; él no me dijo nada, solo me agredió abajito del ombligo, me puso tres puñaladas, me apuñaló con un cuchillo, el cuchillo es de los que usamos en casa, cacha color café, la iluminación era buena, había bastante luz y estaba el foco encendido, al principio yo lo empujé a él para la pared porque él me empujó a mí y me quería meter al cuarto, cuando él se volvió a venir encima y me agarró de los hombros, yo le grité a un vecino y entonces él se fue; no sabe porque Carlos la agredió, nunca supo porque no eran amigos ni enemigos, la mama de él era mi vecina; Carlos fue la persona que la agredió, porque yo venía del trabajo y lo miró un bloque antes de donde la ofendida vivía y él andaba la misma ropa, el mismo pantalón, además afirma que uno puede conocer muy bien a sus vecinos, uno conoce cómo camina y cómo actúan, él andaba pasamontañas pero lo pudo reconocer” También se presentó a declarar el señor Marlon Ernesto Rhon Andino quien afirmó: “eso fue el 22 de agosto de 2008, era un viernes y recuerda que Lucy llegó a la casa como a las 10, estuvieron conversando, faltando unos minutos para las 11 ella le pidió que la fuera a dejar a la casa, la dejó como a media cuadra, antes de eso ya le había dicho que miraba sospechoso a Carlos, como que la venia siguiendo, yo le dije que no se preocupara que no le iba a hacer nada; afirmó que espero a que ella pasara el puentecito que da a su cuarto y cuando se sintió seguro se regresó a su casa y a los dos minutos paso Carlos asustando y le preguntó que había pasado y él le contestó que nada; a los cinco minuto lo llamó la novia para decirle que habían herido a Lucy.” Se presentó a juicio, la prueba pericial dictamen médico practicado a Lucy Yamileth Rugama Velasquez, en el cual se establecen las heridas encontradas en la ofendida, con una incapacidad temporal de 35 días y determinando además que si hubo peligro de muerte. El Tribunal Sentenciador al valorar dicha declaración razonó diciendo: “Con el testimonio rendido por la ofendida Lucy Yamileth Rugama Velasquez, merece para este Tribunal de Sentencia una absoluta credibilidad, en virtud que su declaración en el debate ha sido coherente y veraz, se ha referido con toda espontaneidad necesaria cómo sucedieron los hechos, además de lo dicho por ella se desprende que a pesar de ser la victima directa de los hechos acontecidos no ha incorporado elementos tendientes a magnificar los mismos, ni revelado expresiones que perjudiquen deliberadamente al acusado señor Carlos Alberto Aguilar, las agresiones a la ofendida sucedieron de una manera sorpresiva e inesperada; entre otras expresiones determinó el Juzgador que ambas declaraciones eran creíbles en virtud que el acusado es vecino del lugar donde ocurrieron los hechos; para la ofendida el acusado es una persona que lo conoce de hace cuatro a cinco años, lo mismo sucede con el testigo Rhon Andino quien es también residente de la misma zona, por lo que no puede existir margen de error en la identificación de Carlos Alberto Aguilar, situación que facilita la identificación de inmediato del señor Carlos Alberto Aguilar por la señora Lucy Yamileth.” Para esta Sala de lo Penal las probanzas allegadas a juicio y los razonamientos vertidos por el Juzgador para valorarla, son suficientes para enervar legalmente el estado de inocencia del acusado, pues la declaración de la ofendida es contundente al señalar como responsable de los hechos al imputado Carlos Alberto Aguilar, a quien identificó a pesar de andar con pasamontañas, pues el acusado es vecino del lugar, la ofendida lo conocía desde hace mas de 5 años y tal como lo afirmó, el ser humano es capaz de reconocer a otra aun con dificultades visuales cuando le conoce desde hace mucho tiempo; aunado a eso la ofendida afirmó que antes del ataque había visto al encartado a una cuadra de su casa y vestía la misma ropa que cuando la atacó; su testimonio es confirmado no solo con la declaración de Marlon Ernesto Rhon Andino, a quien la ofendida le había manifestado su temor por el imputado y lo observó nervioso y asustado minutos después de ir a dejar a su hermana, sino que también con el dictamen médico el cual valida la declaración de la ofendida al afirmar la ubicación de las heridas provocadas por el acusado y la incapacidad que se le otorgó; todo este razonamiento fue debidamente externado por el Sentenciador y con ellas es posible llegar a la misma conclusión que llegó el Tribunal A-quo, siendo posible conculcar legalmente su estado de inocencia; por tales razones es procedente desestimar el presente recurso de casación. Decisión Se declara no ha lugar el recurso de casación por infracción de precepto constitucional interpuesto por la Defensa pública. de la procedencia de la aplicación retroactiva del código penal decreto 130-2017. A. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos de retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir una pena de cinco a diez años de prisión). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado, disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrará en vigencia y cuándo es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento del juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución Política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas en su totalidad, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el CP Decreto 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo código, sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibida la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando en la decisión judicial de la sentencia que se impugna, se aprecie un concurso real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme a las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse, primero conforme al límite objetivo ordinario o límite objetivo extraordinario, según corresponda, y después conforme al límite subjetivo. Sin embargo, uno no es preferente sobre el otro, por lo que se aplicará el límite que sea menor; b. La ponderación deberá realizarse, primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el CP-130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a. Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b. Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no, los 30 años (límite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (límite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años, la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años, se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas, en suma, sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y, aun así, en suma, sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja, de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Límite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Límite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Límite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán, cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. C. Escrito Complementario No fue presentado ante la única instancia escrito por parte de la Defensa Pública del acusado Carlos Alberto Aguilar, que expusiera cuál es su criterio en cuanto a la aplicación retroactiva del nuevo cuerpo normativo penal, tal y como lo señala el artículo 624 del Código Penal 130-2017; tampoco el Ministerio Público hizo pronunciamiento al respecto, por lo que la Sala de lo Penal se ve obligada a realizar el análisis de oficio tal y como prevé el numeral 3 de la misma norma citada, en relación al acusado señalado. D. Ponderación en el caso concreto El Tribunal de Sentencia, basado en el Código Penal 144-83, declaró responsable al acusado Carlos Alberto Aguilar, como autor del delito de Homicidio en su Grado de Ejecución de Tentativa, en perjuicio de Lucy Yamileth Rugama Velásquez y le impuso una pena de reclusión de 11 años; como penas accesorias se aplicó al acusado la inhabilitación absoluta y la interdicción civil; además se hizo la declaratoria de responsabilidad civil derivada del delito. Conforme a la nueva legislación penal decreto 130-2017 el delito de Homicidio se encuentra regulado en el artículo 192, el cual tiene señalada una pena de 15 a 20 años de reclusión, pero como es un delito tentado debe aplicarse el artículo 21 del nuevo Código Penal, pues en su inciso “b” establece la tentativa acaba, que sucede cuando el agente ha realizado todos los actos que objetivamente debieron llevar a la consumación del delito y ésta no se produjo, tal es el caso del ahora acusado Carlos Alberto Aguilar quien apuñaló varias veces en el abdomen a la ofendida lo cual objetivamente debía producir su muerte, pero la misma no se dio por intervención médica, es así que debe rebajarse la pena en 1/4 quedando un nuevo margen de penas entre 11 años 8 meses a 15 años de prisión. Se concluye que le es más favorable al acusado la aplicación del Código Penal decreto 144-83, pues este tiene señalada una pena menor en relación a la que le correspondería aplicando el nuevo Código Penal, en ese sentido no procede la aplicación retroactiva el decreto 130-2017. Por Tanto: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 82, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 338, 359, 361, 363 y 369 del Código Procesal Penal; 66 y 616 del Código Penal decreto 130-2017. Falla: Primero: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo, interpuesto por la Abogada Patricia Flores, en su condición de Defensora Pública del señor Carlos Alberto Aguilar a quien se le condenó por el delito de Homicidio en su grado de ejecución de Tentativa en perjuicio de Lucy Yamileth Rugama Velásquez. Segundo: Declara la no procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal decreto130-2017. Tercero: Declara Firme y Ejecutable la sentencia de fecha veintidós de agosto de dos mil dieciocho, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán. Y manda: Que la Secretaría del despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. Firmas y Sello. - José Olivio Rodríguez Vásquez. Magistrado Coordinador. Rafael Bustillo Romero. Magistrado. Alma Consuelo Guzmán García. Magistrada. Firma y Sello. LETY EMELDA POSADAS. Secretaria Actuante. Sala de lo Penal.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciocho días del mes de octubre del dos mil veintidós. Certificación de Sentencia dictada el diecisiete de mayo del dos mil veintidós, recaída en el expediente de casación con número de ingreso SP-20-2019.
LETY EMELDA POSADAS
SECRETARIA ACTUANTE
SALA DE LO PENAL
1 | 1
[1] El artículo 8.2 literal h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que, durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, entre otras garantías mínimas, la de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.