Sentencia CP-11-19 — Registro 17542
Resumen
En primera instancia se condenó a los imputados por el delito de Asesinato y se absolvió a otro de los imputados, resolviendo en segunda instancia No Ha Lugar el recurso de casación y se Declara la no procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"...DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO. EL MOTIVO NO ES DE RECIBO. Esta Sala de lo Penal ante los cuestionamientos del censor, ha procedido a realizar un análisis del razonamiento realizado por el A-quo y no encuentra que sus juicios de valor hayan quebrantado las reglas de la sana crítica. En el apartado “Valoración de la Prueba” numeral primero el Sentenciador valoró las declaraciones del testigo protegido PJ-37 y la del agente Juan Francisco Castro, de quienes expresó: “Con las anteriores declaraciones testificales, la primera rendida como prueba anticipada con todas las formalidades que la ley exige y tomando en cuenta todos los principios que rigen nuestro proceso penal; podemos tener por acreditado que el día en que perdió la vida el señor Rodolfo Melgar Gutiérrez, éste venía a bordo de un autobús que conducía de San Pedro Sula a la colonia Vida Nueva, sector de Cofradía, departamento de Cortés, así mismo, se tiene por acreditado que ese mismo día cuatro de mayo de dos mil trece, en el mismo autobús iban como pasajeros Germán Hernán Córdova Alvarado, Héctor Hernán Córdova de la O, Milton Samuel Bardales y Josué Hernández Bardales Santos; quienes dentro del automotor iban molestando con bromas pesadas a Rodolfo Melgar Gutiérrez, razón por la cual se generó una discusión entre ellos. Germán Hernán Córdova Alvarado, Héctor Hernán Córdova de la O, Milton Samuel Bardales y Josué Hernández Bardales Santos, procedieron a bajar del autobús a Valeriano Gutiérrez, padre de Rodolfo Melgar y cinco cuadras mas abajo bajaron a Rodolfo y lo mataron; este Tribunal llegó a la condición, a la certeza que esto sucedió así, toda vez, que el testigo protegido PJ-37, los identificó plenamente con sus nombres y apellidos, porque los conocía; además fueron ellos quienes momentos antes de producirse la muerte de Rodolfo Melgar, lo venían molestando y a razón de ello discutieron con él. Si bien es cierto el testigo protegido, no vio el momento exacto cuando le dan muerte a Rodolfo, los acontecimientos, el tiempo que transcurrió entre el hecho que bajaron a Rodolfo y que el testigo protegido escuchó los disparos y vio muerto a Rodolfo Melgar, fue corto, casi inmediatamente paso una cosa seguida de la otra; además el testigo después de escuchar los disparos y ver muerto a Rodolfo Melgar, observó a los acusados alrededor del occiso, empuñando sus armas de fuego, lo que hace que lógicamente se llegue a la conclusión certera que fueron ellos quienes le dispararon y le causaron la muerte. A esta declaración le sirve de sustento la rendida por el agente de investigación criminal Juan Francisco Castro, ya que aun siendo de referencia, el agente escuchó de primera mano, la narración que de los hechos hicieren los dos testigos protegidos entre ellos el testigo PJ-37… resulta que ambas declaraciones son coherentes entre sí, el agente de investigación Castro viene al juicio a declarar en razón de su trabajo, por lo tanto no hay evidencia que dicho agente quisiera perjudicar a los imputados, por lo tanto a este Tribunal le parece creíble su declaraciones y sirve de fundamento para dar por cierto lo declarado por el testigo PJ-37.” Para esta Sala de Casación, los razonamientos del A-quo son correctos y totalmente coherentes, pues concede credibilidad a los testigos de la cargo y extrae de sus testimonios juicios de valor adecuados a las reglas del pensamiento humano; pues la declaración del testigo protegido PJ-37 es de un testigo presencial y es fortalecida con la deposición del agente de investigación quien obtuvo la información de cómo sucedieron los hechos, estableciendo ambos las mismas circunstancias de desarrollo de los sucesos, siendo coincidentes en las personas que participaron, el vehículo en el que se transportaban, el lugar donde bajaron a las víctimas y cómo se da la muerte del ahora ofendido; por lo que es correcto que el Juzgador haya otorgado valor probatorio a estos testimonios, por lo que aplicó de forma correcta las reglas de la sana crítica. En el numeral segundo del mismo apartado, el Sentenciador valora el acta de levantamiento de cadáver, la declaración de la testigo de la defensa Reina Teresa Álvarez Santos y la certificación de nacimiento de Josué Ismael Bardales Santo, de los cuales manifestó: “Los anteriores medios de prueba constituyente en la declaración de la señora Reina Teresa Álvarez Santos, quien manifestó en el acto del juicio oral y público, que el día que sucedieron los hechos donde resultó muerto Rodolfo Melgar Gutiérrez, Josué Ismael Bardales Santo, se encontraba en la casa de ella celebrando el cumpleaños de él, junto a tres de sus hijos, que mientras estaban en el agasajo escucharon unos disparos y después se dieron cuenta que había un muerto que incluso Josué Ismael, quiso ir a ver y ella no lo dejó salir y que éste se quedó durmiendo en su casa. Luego está la declaración del testigo protegido PJ-37, a quien este Tribunal le ha otorgado credibilidad, quien manifestó que Josué Ismael Bardales Santos, se encontraba junto a los otros imputados que le dieron muerte a Rodolfo Melgar, sin embargo, también se presentó como medio de prueba el acta de nacimiento de Josué Ismael Bardales Santos, la que acredita que el día de los hechos verdaderamente Josué Ismael, se encontraba de cumpleaños. Este Tribuna es del criterio que si bien no hay razones para dejar de creerle al testigo protegido PJ-37, quien manifestó haberlo identificado en el lugar de los hechos; al valorar la prueba, tampoco existen razones para desacreditar lo narrado por la testigo de descargo, al encontrarse este Tribunal ante dos versiones de lo sucedido, genera razonables dudas en este Tribunal, respecto de la participación de Josué Ismael Bardales Santo, pero no significa que desacreditemos en su valoración lo expresado por el testigo PJ-37, a quien le hemos concedido total credibilidad, sin embargo en extensión del principio de inocencia reconocido como garantía fundamental dentro de un Estado democrático de derecho, así como en atención al principio indubio pro reo, él es de aplicación plena en el presente caso, al existir duda el Tribunal, estas duda deben por mandato constitucional apreciarse a favor del reo; privando a estos Juzgadores de la certeza requerida sobre la participación de Josué Ismael Bardales en la muerte de Rodolfo Melgar Gutiérrez, por existir respecto de su caso duda razonable.” Para esta Sala de Casación los juicios de valor que externó el Sentenciador en este apartado son totalmente coherentes y se derivan precisamente del legajo probatorio; concluye correctamente el Sentenciador en otorgarles credibilidad a ambos testigos, pues no hay razones para dudar de sus testimonios, además que ambos contienen pruebas corroborativas, en el caso del testigo protegido PJ-37 lo es la declaración del agente de investigación Juan Francisco Castro Salavarria y en el caso de la señora Reina Teresa Álvarez lo es la certificación de nacimiento del imputado con el cual se confirma que en esa misma fecha el acusado se encontraba de cumpleaños; ante las prueba aportada al Juicio, el Sentenciador correctamente concluye que lejos de generar certeza de la participación del acusado Josué Ismael Bardales Santos, las misma producen dudas acerca de su participación, todo lo cual en aplicación a una de las garantías procesales como ser el Indubio Pro Reo, reconocido en nuestra ley procesal y en los instrumentos internacionales de derecho humanos, determinó absolverlo al existir duda razonable, argumento que esta Sala de lo Penal avala pues el razonamiento judicial fue realizado conforme a los lineamientos y reglas de la sana crítica; por lo que este recurso de casación debe ser desestimado. .."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362, N.3 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
"...
DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO. EL MOTIVO NO ES DE RECIBO. En virtud del motivo invocado por la recurrente, esta Sala de lo penal ha efectuado una revisión exhaustiva de la prueba allegada al juicio y encuentra que la misma, si bien no es abundante, si es contundente y suficiente para enervar el Estado de Inocencia del acusado. Se evacuó en el juicio introducida por lectura la declaración como prueba anticipada del testigo protegido PJ-37 quien es un testigo presencial de los hechos y conoce perfectamente a los acusados, pues son vecinos del lugar, el referido testigo fue claro en establecer que el venía junto con otras personas en el bus en el que se transportaban los imputados y el ofendido, relató cómo los acusados empezaron a molestar al ofendido y a su padre, escuchando la discusión que se dio entre ellos, determinó que estando ya en la colonia lo acusados bajaron primero al padre del ofendido y que a éste lo bajaron 5 cuadras abajo, aprovechando que se bajaron otras personas, el testigo y otras personas también lo hicieron, en lo que estaban intentando cruzar la calle escucharon unos disparos, voltearon a ver hacia atrás y observaron a los acusados con las armas en sus manos, quienes salieron corriendo. La declaración de este testigo se refuerza con la deposición del agente de investigación Juan Francisco Castro Salavarria, quien fue el encargado de la investigación y recibió de primera mano la información de los testigos y concluye en que los acusados fueron los que dieron muerte al ofendido Rodolfo Melgar Gutiérrez. De igual forma se evacuó el dictamen de autopsia del ofendido y con lo que se confirma que falleció por tres disparos de armas de fuego ubicadas en su cabeza; así mismo se presentó a juicio el acta de levantamiento de cadáver que refuerza el dictamen de autopsia antes relacionado. Ante tales probanzas el Juzgador llegó a la conclusión que los imputados German Hernán Cordova Alvarado y Héctor Hernán Cordova de la O, son responsables a títulos de autor de los hechos investigados, conculcando legalmente su estado de inocencia; por tales razones es procedente desestimar el presente recurso de casación..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362, N.3 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
".. Ponderación en el caso concreto El Tribunal de Sentencia, basado en el Código Penal 144-83, declaró responsable a los acusados Germán Hernán Córdova Alvarado y Héctor Hernán Córdova de la O, del delito de Asesinato, a la pena de 20 años de reclusión; como penas accesorias se impuso a los acusados la inhabilitación absoluta, la interdicción civil; además se hizo la declaratoria de responsabilidad civil derivada del delito y como consecuencia penal la obligación de realizar trabajo penitenciario. Conforme a la nueva legislación penal, el delito de asesinato se encuentra regulado en el artículo 193 con una pena de 20 a 25 años de prisión; al hacer el comparativo de penas, es posible concluir que la pena impuesta conforme la legislación derogada (Decreto 144-83) se encuentra dentro de los limites de la pena regulada en el nuevo código penal, por lo que no procede aplicar de forma retroactiva la nueva legislación penal (Decreto 130-2017)..."
Legislación citada
- Código Penal, art. 615 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
Certificación
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA la sentencia, que literalmente dice: “Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecisiete días del mes de mayo de dos mil veintidós, el pleno de la Sala de lo Penal integrado por los Magistrados: José Olivio Rodríguez Vásquez en su calidad de coordinador, Rafael Bustillo Romero y Alma Consuelo Guzmán García, pronuncian En Nombre Del Estado De Honduras La siguiente sentencia en los Recursos de Casación SP 11-2019 por Quebrantamiento de Forma y por Infracción de Precepto Constitucional, interpuestos contra la sentencia de fecha treinta y uno de julio del año dos mil quince, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, departamento de Cortés, mediante la cual falló; Primero: Condenó al señor Germán Hernán Córdova Alvarado, como autor del delito de Asesinato, en perjuicio del señor Rodolfo Melgar Gutiérrez, a la pena de veinte años de reclusión, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo que dure la condena principal. Segundo: Condenó al señor Héctor Hernán Córdova de la O, como autor del delito de Asesinato, en perjuicio del señor Rodolfo Melgar Gutiérrez, a la pena de veinte años de reclusión, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo que dure la condena principal. Tercero: Absolvió al señor Josué Ismael Bardales Santos, del delito de Asesinato, en perjuicio de señor Rodolfo Melgar Gutiérrez. Cuarto: Se le declaró la responsabilidad civil de los señores Germán Hernán Córdova Alvarado y Héctor Hernán Córdova de la O. Quinto: No procedió condenar en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio. Sexto: No procedió el comiso. Interpuso el recurso de casación por quebrantamiento de forma, el Abogado Fredy Alvarado, en su condición de fiscal del Ministerio Público; y el recurso de casación por infracción de precepto constitucional fue presentado por la Abogada Victoria Elizabeth Funez, en su condición de defensora pública de los señores Germán Córdova Alvarado y Héctor Hernán Cordova de la O. Son Partes En La Única Instancia: La Abogada Diana Elizabeth Rodríguez Corea, en su condición de Fiscal del Ministerio Publico, como recurrente número 1 y recurrida a la vez; los Abogados Alba Regina Paniagua Pacheco y Arnaldo Alcides García, en su condición de defensores públicos de los señores Germán Hernán Córdova Alvarado y Héctor Hernán Córdova de la O, como recurrente número 2. Hechos Probados “ÚNICO: El día sábado cuatro de mayo de dos mil trece, a las nueve de lo noche aproximadamente el señor RODOLFO MELGAR GUTIÉRREZ, junto a su padre VALERIANO GUTIÉRREZ, se transportaba en un autobús de servicio público procedente de San Pedro Sula, con dirección hacia la colonia Vida Nueva del sector de Cofradía, Cortés; como pasajeros. En el mismo vehículo se transportaban los señores GERMAN HERNÁN CÓRDOVA ALVARADO y HECTOR HERNÁN CORDOVA DE LA O, quien es hijo del primero; en compañía de otras tres personas, todos armados, al interior del autobús GERMAN Y HÉCTOR molestaron con bromos a RODOLFO MELGAR, lo que generó una discusión entre ellos; cuando el autobús circulaba por la colonia Vida Nueva, GERMAN, HÉCTOR y sus acompañantes obligaron al conductor del autobús a detener la marcha de la unidad y bajaron al señor VALERIANO GUTIÉRREZ del bus; luego de eso, el autobús avanzó unos cuatro cuadros, y obligaron nuevamente al conductor a detenerse al conductor frente o las oficinas de Save the Children, lugar que no es estación del autobús y bajaron por lo fuerza a RODOLFO MELGAR GUTIÉRREZ, en ese momento varios pasajeros aprovecharon para bajarse del bus, ya al estar en la calle frente a las oficinas antes referidas, GERMAN y HÉCTOR HERNAN CÓRDOVA y sus acompañantes rodearon a RODOLFO, entre todos y le dispararon en varias ocasiones sobre su cuerpo, y le impactaron tres proyectiles en la cabeza que le ocasionaron la muerte de forma inmediata.” Recurso De Casación. Motivos y Argumentos Recurrente Número 1 Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma El Recurrente abogado Fredy Alvarado, procedió a formalizar su Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma de la manera siguiente: “EXPOSICIÓN DEL MOTIVO DE CASACIÓN MOTIVO ÚNICO: "No haber observado el sentenciador, en la valoración de la prueba, las reglas de la sana crítica". PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 362 numeral 3, del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: La impugnación que hoy se hace a la sentencia, se fundamenta en que la misma contiene un vicio grave, al no haber realizado el sentenciador una valoración probatoria conforme a las Reglas de la Sana Crítica, en apego a lo preceptuado en el artículo 202 del Código Procesal Penal que prescribe: "La pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica. El órgano jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida"; resultando de ello, un fallo absolutorio por el delito de Asesinato. En el presente proceso, con la finalidad de acreditar los hechos y la participación de los imputados en los mismos, se evacuó durante la Audiencia de Juicio, entre otras, la prueba de cargo que se describe a continuación: 1. DECLARACION DEL TESTIGO PROTEGIDO CON CLAVE PJ-3 quien relató: “Que era sábado cuatro de mayo del dos mil trece, a las nueve de la noche, iba el con un amigo en la ruta que cubre de San Pedro Sula a la Colonia Vida Nueva, rumbo a su casa, dijo que el bus iba casi lleno; observaron que iban siete personas conocidas de la colonia, siendo ellos GERNA HERNAN COROOVA ALVARADO, HECTOR HERNAN CORDOVA DE LA O, MILTON SAMUEL BARDALES SANTOS y JOSUE ISMAEL BARDALES SANTOS. Estos cinco son personas conocidas en la colonia por ser integrantes de una banda de delincuentes apodada "los nurdos" se dedican a la extorsión. Al asesinato y al asalto a mano armada. Las otras dos personas eran VALERIANO GUTIERREZ, un señor mayor de edad acompañado de su hijo RODOLFO MELGAR GUTIERREZ. Ellos observaron que don Hernán y Héctor su hijo después que se subieron al bus empezaron a molestar ARODOLFO MELGAR GUTIERREZ, luego en el bus se formo una discusión entre ellos. Ya estando en la colonia solo bajaron al señor VALERIANO GUTIERREZ del bus y a su hijo lo bajaron cinco cuadras mas abajo; él y su amigo, sabían que tipo de persona era don HERNAN, HECTOR, MILTON, JOSUE HERNANDEZ y JOSUE BARDALES que se trata de personas violentas, bajaron del autobús a RODOLFO MELGAR GUTIERREZ y aprovecharon que se bajo un grupo de personas y ellos también bajaron del autobús; en lo que estaban intentando cruzar la calle, escucharon varios disparos, voltearon a ver hacia atrás y entre los gritos de la gente observaron que estaban las cinco personas antes mencionadas con sus armas en la mano, salieron corriendo y ya no supieron mas de ellos. A preguntas de las partes respondieron; fue en la colonia Vida nueva enfrente de la organización Save the Childrens, sector de Cofradía, Cortés vio a las cinco personas GERMAN HERNAN CORDOVA ALVARADO, mide 1.74 de estatura. Medio fornido, piel clara, velludo, usa candado, patitas finas, entre 46 y 48 años de edad. HECTOR HENAN CORDOVA DE LA O hijo de GERMAN HERNAN CORDOVA ALVARADO, alias el "nurdo”, estatura 1.70mts, medio fornido, trigueño claro. Corte la española, pelo liso de unos 22 años de edad. Milton Samuel bardales santos, alias "el gato" 1.70mts de estatura delgado, colocho y ondulado, cabello como castaño, zarco, edad entre 23 y 25 años. JOSUE ISMAEL BARDALES SANTOS alías el zarco, hermano de MILTON SAMUEL BAROALES, alto delgado, corte de pelo de hongo, colocho y zarco, color de ojos verde, de unos 20 años de edad. JOSUE HERNANDEZ ALIS EL CHOQUE" delgado, blanco, pelo colocho, corte de disminución ojos verdes, ellos dieron muerte al señor RODOLFO MELGAR GUTIERREZ solamente observo que eran armas cortas. todos los que menciono portaban armas de fuego, no pudo ver cuando le dieron muerte a Rodolfo; a este lo conocía de la colonia, no sabe si había enemistad entre ellos." 2. DECLARACION DEL TESTIGO JUAN FRANCISCO CASTRO SALAVARRIA quien declaro:" El día cuatro de mayo del dos mil trece, estaba de tumo junto a Osmin y les avisaron que había una persona muerta en el sector Vida nueva, Cofradía, Cortés; se movilizaron a fin de hacer el respectivo reconocimiento de cadáver, al llegar les dijeron que el hecho había ocurrido frente a las oficinas De Save the childrens. Que quienes le habían quitado la vida, eran los de la banda “los de abajo" Posteriormente dicho agente en sus investigaciones logro contactar dos testigos presenciales de los hechos y ellos le manifestaron que conocían plenamente a las personas que cometieron el hecho, que fueron cinco personas, que el hoy occiso venia en el interior del bus con ruta de san Pedro Sula. Vida Nueva. Los testigos le dijeron que cuando iban entrando a la calle principal de la colonia Vida Nueva Héctor y Germán amenazaron hacerle bromas a Rodolfo Melgar, este último se molesto y hubo una discusión entre ellos. obligaron al motorista a que se detuviera y bajaron a Rodolfo, también se bajaron los testigos y escucharon unos disparos; miraron atrás y observaron al padre e hijo (HECTOR y GERNAN CORDOVA) también a Josué y Milton Bardales.- A PREGUNTAS DE LAS PARTES: Al ofendido lo acompañaba VALERIO GUTIERREZ el ubico a este señor, pero no era coherente, no podía coordinar sus ideas, solo logro entenderle que había sido la banda de los de abajo. También expreso que la anterior información la obtuvo de la declaración de los dos testigos protegidos esto mas, los testigos le proporcionaron fotos de los implicados en este caso que estaban en facebook donde aparecían con armas de fuego. El juzgador en su apartado de valoración de la prueba refiere en relación a estos testimonios:".... Que al analizar ambas declaraciones tanto del testigo protegido, que fue testigos presencial de los hechos; como la del agente de investigación Castro, que es de referencia, resulta que las mismas son coherentes entre si, el agente de investigación Castro viene a juico a declarar en razón de su trabajo, por lo tanto no hay evidencia que dicho agente quisiera perjudicar a los imputados por lo tanto a este Tribunal le parece creíble su declararon y asimismo le sirve de fundamento para dar por cierto lo declarado por el testigo PJ37.” ACTA DE LEVANTAMIENTO CADAVÉRICO numero 796-13 realizada por el técnico de Inspecciones Oculares MARCIO ENRIQUE HERNANDEZ quien refirió que la escena es en vía publica en calle principal pavimentada y que se trata de sexo masculino con posición en decúbito ventral, presentaba una herida irregular en el lado izquierdo de la cabeza por arriba de la oreja, dos heridas en la región posterior de la cabeza, siendo la causa aparente de la muerte: laceración cerebral. Manera de la muerte: Homicida por PAF. DICTAMEN DE AUTOPSIA numero 1148-13 realizado por el doctor EDGARDO EXPEDICTO CABALLERO MEJIA: quien refirió que la causa de la muerte fue laceración cerebral y que presentaba tres heridas y las tres estaban ubicadas en la región posterior de la cabeza., sin orificio de salida. el trayecto de las heridas fue de atrás hacia adelante, de larga distancia o sea mas o menos a cincuenta centímetros causa de muerte herida por proyectil de arma de fuego que produjo traumatismo craneoencefálico abierto y laceración cerebral. Al valorar la prueba antes descrita, el sentenciador se pronunció en los siguientes términos: "….estos medios de prueba sirven de sustento a lo declarado por el testigo protegido PJ-37 toda vez que este en su narración dijo que había escuchado disparos y casi de inmediato se volteó para ver hacia donde estaba Rodolfo Melgar y este yacía en el pavímento y los acusados a su alrededor portando armas de fuego….” Asimismo la defensa del encausado presento como prueba de descargo lo siguiente: Las declaraciones de los señores REINA TERESA ALVAREZ SANTOS, quien declaró: que el joven JOSUE ISMAEL BARDALES SANTOS estuvo en su casa de habitación desde las siete de la noche con el fin de celebrar su cumpleaños de él. Y a eso de las nueve de la noche habían matado a un hombre de apodo callejas. Josué le dijo que fueran a ver pero ella le dijo que nadie iba a salir, porque era muy peligroso. En la noche, llamo por teléfono a la hermana de él y le dijo que Josué estaba en su casa y que allí se iba a quedar, que no se preocupara, que no la iba a dejar y continuaron con la celebración del cumpleaños. A preguntas de las partes contesto: Se llama JOSUE "CHOCHE" como uno le dice los nombres, fue un sábado a las siete de la noche que el llego, un cuatro de mayo, ella tiene un negocio de comidas, él llego porque ella le había dicho que le iba hacer un pequeño refrigerio por su cumpleaños. Después escucho decir que había un muerto, estaba la bulla y decían que quien lo había matado había sido una sola persona, el nombre no digo por su seguridad y la de sus hijos. Pero ninguno de los que esta acá fue, Josué se fue a la casa hasta el siguiente día a las nueve de la mañana… el hecho sucedió como a una cuadra o cuadra y media; al que mataron se llamaba RODOLFO, le decían "callejas" el recogía botellas, ella no escucho disparos porque al frente hay una iglesia y ese día tenia culto. Se encontraban en su casa además de JOSUE, su hijo mayor su hija, otro hijo y ella…" CERTIFICACION DE ACTA DE NACIMIENTO NÚMERO 0501-1994-01651 del señor JOSUE ISMAEL BARDALES SANTOS, que refiere que nació el cuatro de mayo del 1993. EL juzgador a este testimonio de la señora REINA TERESA ALVAREZ SANTOS refirió en su apartado de valoración de la prueba que el día que sucedieron los hechos donde resulto muerto RODOLFO MELGAR GUTIERREZ, JOSUE ISMAEL BARDALES SANTOS, se encontraba en la casa de ella celebrando el cumpleaños de él. Junto a sus tres hijos, que míentras estaban en el agasajo, escucharon unos disparos y después se dieron cuenta que había un muerto; incluso que Josué Ismael quiso ir a ver y ella no lo dejo salir, y que este se quedo durmiendo en su casa. Luego esta la declaración del testigo protegido PJ37, a quien este Tribunal le ha otorgado plena credibilidad, quien manifestó que JOSUE ISMAEL BARDALES SANTOS, se encontraba junto a los otros imputados que le dieron muerte a RODOLFO MELGAR, sin embargo también se presento como medio de prueba el acta de Nacimiento de JOSUE ISMAEL BARDALE SANTOS, la que acredita que el día de los hechos verdaderamente JOSUEL ISMAEL se encontraba de cumpleaños. Este tribunal es del criterio que si bien no hay razones para dejar de creerle al testigo protegido PJ37 quien manifestó haberlo identificado en el lugar de los hechos; al valorar la prueba tampoco existen razones para desacreditar lo narrado por la testigo de descargo. Al encontrarse este tribunal ante dos versiones de lo sucedido, genera razonablemente dudas en este tribunal, respecto de la participación de JOSUE ISMAEL BARDALES SANTOS, pero no significa que desacreditamos en su valoración lo expresado por el testigo PJ37, a quien le hemos concedido total credibilidad; sin embargo en extensión al principio de inocencia reconocido como garantía fundamental dentro de un estado democrático de derecho, así como en atención al principio de indubio pro reo el cual es de aplicación plena en el presente caso, al existir duda el tribunal estas dudas deben por mandato constitucional apreciarse a favor del reo privando a esto a juzgadores de la certeza requerida sobre la participación de JOSUE ISMAEL BARDALES SANTOS, en la muerte de RODOLFO MELGAL GUTIERREZ, por existir respecto de su caso duda razonable." Ante esta valoración que hace el juzgador es de suma importancia referir: Que la declaración del testigo protegido se le ha otorgado total credibilidad pues Se aprecia su imparcialidad subjetiva, no tiene motivos comprobados para incriminar a JOSUE ISMAEL BARDALES SANTOS asimismo y en cuanto a su imparcialidad objetiva, este con su relato evidencia conocer con anterioridad a los victimarios describiendo a JOSUE ISMAEL BARDALES SANTOS con alias el zarco, alto delgado. corte de pelo de hongo, colocho V zarco, color de ojos verde, de unos 20 años de edad. como uno de los participantes que portando armas de fuego dieron muerte al hoy occiso RODOLFO MELGAR GUTIERREZ. La declaración de este testigo ha sido clara, veraz y coherente y ha detallado todos los eventos que se llevaron a cabo por parte del imputado junto con sus otros acompañantes hasta darle muerte al hoy occiso. Con lo que evidencia que JOSUE ISMAEL BARDALES SANTOS compartió la acción dolosa o animus necandi como la obtención del resultado muerte. Asimismo con la valoración que hace del juzgador en cuanto al testimonio de la de la señora REINA TERESA ALVAREZ de la cual ha referido una duda razonable no se comparte este criterio, pues este testimonio solo se armoniza con un Acta de Partida de Nacimiento del encausado JOSUE ISMAEL BARDALES que acredita que ese día que le dieron muerte al hoy occiso, el estaba cumpliendo años, sin embargo no existe otra probanza que acredite que efectivamente se realizo una celebración de cumpleaños, pues las personas que supuestamente participaron en este convivio que eran los tres hijos de la deponente, estos no comparecieron a rendir su testimonio sobre este extremo y por ende no es posible acreditar que efectivamente el encausado haya estado en otro lugar distinto a donde ocurrieron los hechos, pues el testigo protegido que es testigo presencial de los hechos reconoció, al encausado lo describió con su nombre y alias y estableció las características fiscas de este, no quedando duda respecto a su participación pues este portaba armas de fuego cortas, igual que sus acompañantes. Ante el testimonio de la señora REINA TERESA ALVAREZ el juzgador desvincula al acusado de darle muerte al señor RODOLFO MELGAR GUTIERREZ. portando arma de fuego corta por apreciar duda razonable. Debemos señalar, que la apreciación realizada por el Tribunal, se torna como infractora a la regla lógica de la derivación integrado· por el Principio de Razón Suficiente, en su característica de suficiencia, el cual como sabemos, debe estar constituido por inferencias que se desprenden de pruebas allegadas al debate en legal y debida forma, así como de conclusiones razonables deducidas de las pruebas y la sucesión de éstas que se vayan determinando, principio que se encuentra vulnerado al establecer el Juzgador como conclusión que se extrae de las pruebas aportadas, que existe duda razonable en cuanto a la participación de RODOLFO MELGAR GUTIERRREZ. El juzgador en su acápite de fundamentación jurídica en el numeral decimo segundo numeral uno refiere: "….que en el caso sometido a examen y sobre la base de la prueba valorada, no es posible tener por cierto que el acusado JOSUE ISMAEL BARDALES SANTOS, haya tenido intervención alguna en el hecho delictivo donde resulto muerto RODOLFO MELGAR GUTIERREZ ya que opera a su favor duda razonable.” La prueba allegada al proceso, muestra con claridad la serie de sucesos como ocurrieron y en consecuencia y en este orden de resultados, de la prueba evacuada en el proceso, el Ministerio Público no logra extraer la razón por la cual el sentenciador no le dio la credibilidad al contenido de las mismas, ya que los testimonios son congruentes, precisos y claros, y constituyen una fuente imparcial de conocimiento de los hechos, además de que esta prueba fue legalmente incorporada, y al ser analizada de manera conjunta y armónica con los restantes medios probatorios, es decir, el resto de la prueba documental, conducen todas ellas a la inexorable conclusión de que los imputados sí perpetraron los hechos delictivos por los cuales fueron enjuiciados; por ende, con el proceso intelectivo de valoración del material probatorio de cargo, se vulneró, como antes se expuso, las reglas de la Sana Crítica que debió observar el juzgador al momento de valorar la prueba antes señalada, infringiendo el postulado de la Derivación integrado por el principio de Razón Suficiente, ya que de la probanza antes señalada se desprende sin lugar a dudas, que el enjuiciado es responsable de los hechos por los cuales fue sometido a juicio, cumpliendo estos hechos, con los elementos del delito tipificado en el artículo 117 del Código Penal, es decir, que estamos ante el delito de Asesinato. Atendiendo lo supraindicado, se hace evidente que e[ juzgador con el Fallo Absolutorio por el delito en referencia, incumple lo expresado por la Honorable Sala de lo Penal, de la Corte Suprema de Justicia, quien ha establecido lo siguiente: "En este sentido, la verificación de la existencia de prueba de cargo suficiente, requiere un triple comprobación. En primer lugar, que el tribunal de instancia haya apoyado su relato fáctico, en pruebas relativas a la existencia del hecho y a la participación del acusado en él. En segundo lugar, que las pruebas sean validas, es decir, que hayan sido obtenidas e incorporadas al juicio oral con respeto a los derechos fundamentales y con arreglo a las normas que regulan su práctica, y en Tercer lugar, que la valoración realizada para llegar a las conclusiones fácticas que son la base de la condena, teniendo en cuenta el contenido probatorio de la prueba de cargo disponible, no se aparte de las reglas de la lógíca, de las máximas de la experiencia y de los conocimientos científicos cuando se haya acudido a ellos y que no es, por tanto, irracional, inconsistente o manifiestamente errónea.” En virtud de lo antes expuesto, la Fiscalía como recurrente es del firme criterio, que se violentó en todos sus alcances las reglas de la Sana Crítica que le debe merecer al juzgador al momento de valorar la prueba de acuerdo lo que establece el artículo 202 del Código Procesal Penal que inicialmente hemos señalado, dejando de lado la valoración de la prueba de una manera armónica y concatenada; no habiéndose reclamado previamente este vicio, pues se produce en el acto mismo de la sentencia.” Recurrente Número 2 Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional La Recurrente abogada Victoria Elizabeth Fúnez, procedió a formalizar su Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional de la manera siguiente: “EXPRESIÓN DEL MOTIVO DE CASACIÓN POR PRECEPTO CONSTITUCIONAL. MOTIVO ÚNICO: Infracción de los Preceptos Constitucionales contenidos en los artículo 89, 90 en relación con los articulas 1,2 Y 202 del Código Procesal Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE. El presente motivo ele casación se encuentra comprendido en el artículo 361 del Código Procesal Penal. EXPOSICIÓN DEL MOTIVO PRIMERO: Las normas que ha violentado gravemente el Juzgador, son los artículos 89 y 90 de la Constitución de la República que dicen: Articulo 89. "Toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente". Artículo 90: "Nadie puede ser Juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece…..”. Estas normas constitucionales en relación él lo que establecen los artículos 1 y 2 del Código Procesal Penal que dice: Articulo 1 "Juicio Previo: Ninguna persona podrá ser condenada a una pena ni sometida a una medida de seguridad, Sll10 en virtud de sentencia firme dictada por el órgano jurisdiccional competente, después de haberse probado los hechos en un juicio oral y público llevado a cabo conforme los principios establecidos en la Constitución de la República. los tratados Internacionales de los cuales Honduras forma parte y el presente código y con respeto estricto de los derechos del imputado". Articulo 2. "Estado de inocencia. Tocio imputado será considerado y tratado como inocente mientras no se declare su culpabilidad por el órgano jurisdiccional competente e conformidad con las normas le este código……..”. SEGUNDO: El Juzgador al dictar sentencia condenatoria en contra de los señores GERMAN HERNAN CORDOVA ALVARADO y HECTOR HERNAN CORDOVA DE LA O., a quienes se le sigue proceso por el Delito de ASESINATO, en perjuicio de RODOLFO MELGAR GUTIERREZ, infringe gravemente los fundamentales derechos referidos en el numeral anterior, afectando con ello la presunción ele inocencia y al debido proceso que le asisten al imputado por mandato constitucional. porque el ente acusador no obstante estar obligado a demostrar, fuera de toda duda. la imputación en contra de lo señores GERMAN HERNAN CORDOVA ALVARADO y HECTOR HERNAN CORDOVA DE LA O.,," produjo un mínimo de actividad probatoria., únicamente con simples indicios o sospechas ele participación, pero nunca con pruebas contundentes que no dejase ningún margen ele duda sobre la participación de mis representados. TERCERO: En el presente caso, la probanza utilizada para declarar el cuadro factico ele la sentencia se extrajo de la prueba de cargo. como ser la declaración del Testigo Protegido PJ-37 que manifiesta que era sábado cuatro de mayo del dos mil trece, a las nueve ele la noche, iba el con un amigo en la ruta que cubre de San Pedro Sula a la Colonia Vida Nueva, rumbo hacia su casa, elijo que el bus iba casi lleno, observaron que iban siete personas conocidas de la Colonia, siendo ellos Germán Hernán Córdova Alvarado, Hector Hernán Córdova ele la O. Milton Samuel Bardales Santos y Josué Ismael Bardales Santos, estos cinco son perSOl1<IS conocidas en la Colonia por ser integrantes ele una banda de delincuentes apodada Los ñurdos. se dedican a la extorsión, al asesinato. asalto a mano armada. las otras dos personas eran Valeriano Gutiérrez, un señor mayor de edad, acompañado el su hijo Rodolfo Melgar Gutiérrez, ellos observaron que Don Hernán y Hector su hijo, desde que subieron al bus empezaron a molestar a Rodolfo Melgar Gutiérrez, luego en el bus se formo una discusión entre ellos. Bajaron del autobús a Rodolfo Melgar Gutiérrez y aprovecharon que se bajo un grupo de personas y ellos también bajaron del autobús. en lo que estaban intentando cruzar la calle, escucharon varios disparos voltearon a ver hacia atrás y entre los gritos de la gente observaron que estaban las cinco personas antes mencionadas con sus armas en la m8110, salieron corriendo y ya 110 supieron mas ele ellos, él pregunta ele las partes respondieron: ellos dieron muerte al señor Rodolfo Melgar Gutiérrez solamente observo que eran armas corta. Todos los que menciono portaban armas ele fuego, no pucia ver cuando le dieron muerte a Rodolfo, esta declaración contiene alguna información que podría considerarse como indicio de participación de mis defendidos) pero no suficiente por si sola para declarar la culpabilidad, de mis representados. por el imple hecho que el testigo no pudo ver cuando le dieron muerte al ofendido. En relación al Testigo Juan Castro Salavarria, se constituye en mero testigo ele oídas, cuya deposición no puede ser corroborada por ninguna otra prueba periférica que establezcan que sus dichos son ciertos, en consecuencia las declaraciones de los testigos ele cargo no parten de hechos plenamente probados. Esta prueba de cargo traída a juicio, resulta insuficiente e incompleta y no certera para inculpar a mis representados ele la acusación que se les imputa, pues no aportan nada, pues no existe en el presente juicio pruebas periciales, pruebas fundamentales que hubieran aportado elementos suficientes paré) esclarecer el hecho que se investiga. CUARTO: En conclusión Honorable Corte Suprema de Justicia el Tribunal recurrido le ha dado crédito al testimonio del testigo protegido, que no constituye mas que una sospecha sobre la participación del acusado, ya que el expresa en su declaración que no pucia ver cuando le dieron muerte al ofendido y el otro testigo ele cargo que es testigo de oídas, entonces la condena de merito fue dictada en una clara violación a la presunción ele inocencia y el debido proceso, ya que el sentenciador no contaba con la suficiente prueba para adquirir certeza ele culpabilidad. Con lo anteriormente he tratado de ilustrar en qué consiste la flagrante violación por parte del Tribunal le sentencia al prinicipio -derecho de inocencia que consagra el artículo 89 de la Constitución de la República y el artículo 2 del Código Procesal Penal relacionado con el articulo 1 que determina que ninguna persona podrá ser condenada él una pena sino en virtud ele sentencia firme después de haberse probado los hechos en el juicio oral conforme a los principios constitucionales, los tratados internaciones de lo que honduras forma parte y el presente código, al establecer su culpabilidad por el órgano jurisdiccional competente, pero esa declaratoria tiene que estar sustentada en auténticos medios ele prueba de tal suerte que no quede ningún margen de eluda sobre la participación ele indiciado y es el caso de autos , que sin haber una certeza de participación a dictado un fallo de condena para mi representado violando como consecuencia el derecho de inocencia que constitucionalmente le sigue favoreciendo hasta que la misma adquiera el carácter de firme. En apoyo a 10 que he expuesto la mayoría ele los Convenios Internacionales que Honduras a suscrito con la comunidad Jurídica Internacional defiende enérgicamente la violación al derecho de inocencia, así como la Convención Americana ele Derechos Humanos o Pacto de San Juan en su artículo 8 inciso 2 señala que "toda persona inculpada ele un delito tiene derecho a que se presuma inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad" y así la Declaración Universal ele Derechos Humanos en su artículo 11, el Pacto Internacional ele Derechos civiles y políticos en su artículo 14 N2, que exigen que una persona no puede ser condenada mientras no exista prueba plena de su responsabilidad penal, si obra prueba incompleta o insuficiente no es procedente sino absolverla. Ya que corresponde al estado el ONUS pro bando de la culpabilidad del imputado y no a este la prueba de su inocencia. En el caso que nos ocupa Honorable Corte. el Juzgador debió necesariamente absolver a los imputados, por lo que solicitamos se case la sentencia y en su lugar se profiera otra apegada a la normativa penal citada.” Fundamentación Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma El Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio (Art. 90 de la Constitución de la República). Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso (Art. 9 CPP). Si no se cumple con los requisitos establecidos en la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos y, por el contrario, se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando: a. No se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), b. Se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o c. Se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; La inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción (vicio in procedendo) y que debe ser objeto de saneamiento cuando proceda (Art. 171 CPP), de subsanación cuando concurran sus presupuestos (Art. 170 CPP) o, en su caso y como remedio último de nulidad 165 CPP). El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la denuncia -hecha por algunas de las partes- de una actividad procesal defectuosa que compromete la decisión final, dada en los actos procesales de la etapa de juicio o en la propia sentencia que le contiene y que tiene como sanción prevista por la ley su nulidad ante la imposibilidad de saneamiento o de subsanación, ergo no basta entonces con la presencia de un vicio, sino que se requerirá además: i.- Que el recurrente haya presentado protesta contra el vicio, en el momento procesal oportuno, procurando sanearlo sin éxito (Art. 363 párrafo tercero de CPP); ii.- Que el vicio tampoco sea posible tenerlo por subsanado; iii.- Que el vicio sea de aquellos que tenga como sanción legal la nulidad de la actividad que lo contiene (Art. 362 CPP), planteados como motivos para recurrir.- Los dos primeros requisitos no serán necesarios cuando el defecto se produzca en la sentencia, pues la única forma de protesta sería el mismo recurso de casación. Además de los requisitos señalados, el recurrente debe tener presente que la instancia impugnativa en casación está munida de importantes recaudos formales determinados por la ley que deben de cumplirse en su interposición (Art. 363 párrafo tercero CPP) y que pueden ser de diferente naturaleza en atención al defecto procesal denunciado (Art. 362 CPP); ello se debe a que se trata de un recurso extraordinario, que tiene como fin auditar la legalidad de la sentencia y por ende de una gran exigencia técnica. Es de esta forma que con la individualización del motivo se dan las siguientes consecuencias: a. La competencia de la Sala de lo Penal queda circunscrita a los aspectos objetos de impugnación (Art. 350 CPP); b. Es inaplicable el principio Iura Novit Curia, al no poderse suplir las omisiones del recurrente; y Es posible la concesión parcial del recurso, cuando la razón solo aparezca en parte de lo alegado en el motivo. Recurrente Numero 1 Abogado Fredy Alvarado Fiscal del Ministerio Público Único Motivo Norma autorizante: artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. Norma procesal que se denuncia infringida: artículo 202 del Código Procesal Penal. Concepto de la infracción: inobservancia a las reglas de la sana crítica. Reclamación ex-ante: no hay reclamación previa, pues el vicio se produce en el acto mismo de sentenciar. Pretensión: sin determinar por el censor. Explicó el recurrente que el Tribunal Sentenciador al razonar la declaración del testigo protegido Clave PJ-3, el testimonio del policía Juan Francisco Castro Salavarria y la declaración de la testigo de la defensa Reina Teresa Álvarez Santos; infringió la regla lógica de derivación, al concluir en duda razonable a favor del imputado Josué Ismael Bardales Santos y como consecuencia su absolución. De las Reglas de la Sana Crítica El Código Procesal Penal da exclusiva competencia a los jueces de sentencia la estimación valorativa de las pruebas y las conclusiones fácticas que de ellas extraigan, siendo ello inatacable por la vía recursiva casacional, siendo solamente controlable el proceso seguido por los jueces para la construcción de tales conclusiones. El artículo 362 No. 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes… 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica.”. - Al respecto, se ha señalado que: “… La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debecidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva…”. (Fallo de fecha 30 de noviembre del 2001, en el Exp. 194-2009 y de fecha 30 de noviembre del 2011, en el Exp. 297-09, también en ese sentido el fallo de fecha 20 de octubre del 2011, contenido en el Exp. 360-09 y de fecha 05 de abril del 2011, del Exp. 385-09, todos de la Sala de lo Penal). En el apartado de la valoración intelectiva el juzgador debe valorar la prueba, conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la Prueba: Íntima Convicción (Propio del Sistema de Juzgamiento por Jurados), Prueba Legal o Tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe darle el Juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias) y la Sana Crítica; es este último el que debe observar el juzgador penal hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. En el sistema de Sana Critica, en la valoración de la prueba existe plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones guarden una necesaria relación con las premisas que le sustentan, las cuales son a su vez construidas como fruto razonado de las pruebas. En este sistema, el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia conviccional de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común (al respecto ver Fallo de fecha 30 de noviembre del 2011, del Exp 125-2010 de la Sala de lo Penal). De este modo “… las reglas de la sana crítica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza…” (Fallo Sala Penal de fecha 20 de octubre del 2011, en el Exp 88-09). Componen la Sana Crítica: 1) Reglas de la Experiencia Común o Máximas de la Experiencia: Se refieren a juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el juzgador, relevados de demostración probatoria por adquirirse a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por este hecho son compartidas con las demás personas, aun cuando no formen parte de su mismo grupo social. Nos referimos a fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión o hechos de la cultura común, siendo el antónimo de éstos los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realizan solo un grupo determinados de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior, el conocimiento privado del juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. El juzgador deberá analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común, entre otros: i. Cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca del hecho. ii. Cuando cite como común un hecho que no lo sea, por no ser aprehensibles de manera espontánea por el profano, sino que solo mediante experiencias extraordinarias o mediante estudios especializados; o iii. Cuando afirme como común un hecho que exija demostración probatoria. Las reglas de la Experiencia Común se basan en la probabilidad, es decir, al momento en que el juzgador valora un hecho, considerará el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos él porqué lo considera así. 2) Las reglas de la Psicología: Están referidas, no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento empírico adquirido del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquél. Las reglas de la Psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo con relación al grupo social, se requiere que el juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la Experiencia Común, las reglas de la Psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado; y 3) Las Reglas de la Lógica: La Lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatorio para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. La lógica aplicable es la Lógica no formal, llamada en el ámbito como Razón del juicio donde las conclusiones se muestran bajo el espectro que irradia la prueba. Las leyes de la Lógica informan sobre leyes universales, a saber: a. La Coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí. La coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente. De la Ley de la Coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: i. El Principio de Identidad: Una proposición solo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y” ii. El Principio de Contradicción: Las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En valoración de prueba: un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. iii. El Principio de Tercero Excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera y ninguna tercera posibilidad es posible. b. La Derivación: Exige que cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; cada pensamiento provenir de otro, con el cual está relacionado, salvo que se trate de un principio, es decir de un juicio inicial. Pero además la conclusión derivar de elementos suficientes para que justifique la producción de aquella. Existirá omisión al principio lógico de derivación: i. Cuando la conclusión no encuentre correspondencia con el medio de prueba por una indebida inferencia; ii. Cuando la conclusión no sea producto derivado de un medio de prueba, debiendo serlo por tratarse de la afirmación o negación de un hecho de carácter no notorio. iii. Cuando la conclusión sea construida con base en medios de pruebas inexistentes. iv. Cuando la conclusión esté basada en el contenido de un medio de prueba cuyo contenido este falseado. De la derivación se extrae el Principio de Razón Suficiente, por el cual toda conclusión requiere una razón suficiente que justifique su existencia; la conclusión debe ser el final del iter lógico seguido en la valoración de las pruebas apoyándose en inferencias razonables; cada conclusión expuesta puede formar una sucesión que al final lleven a una conclusión última en donde se afirme o niegue el hecho juzgado. De la Rúa (Fernando de la Rúa, La Casación Penal, Ediciones Depalma, Buenos Aires, Argentina, pág. 156), señala que la motivación para ser lógica debe responder a las referidas leyes que presiden el correcto entendimiento humano, observando como características: 1. Congruente: En donde las afirmaciones, deducciones y conclusiones guarden una adecuada correlación y concordancia entre sí; 2. Concordante: Cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; 3. No Contradictoria, por estar libre de razonamientos que al oponerse se anulen entre sí al reflejar verdades incompatibles; 4. Inequívoca: al no dejar margen para cuestionar el alcance y significado de los razonamientos y de las conclusiones que le deriven; y 5. Suficiente: al estar constituida por un entramado de conclusiones interrelacionadas, que se deriven de múltiples cadenas de pensamientos, todos ellos aptos para producir razonablemente un convencimiento. El autor citado (Ob. Cit, pág. 157), explica que la sentencia carecerá de motivación cuando los razonamientos son contrastados advirtiendo oposición entre ellos y/o entre ellos y la parte resolutiva, destruyéndose recíprocamente dejando vacía la fundamentación de la decisión. De la Procedencia del Recurso. El Motivo no es de Recibo. Esta Sala de lo Penal ante los cuestionamientos del censor, ha procedido a realizar un análisis del razonamiento realizado por el A-quo y no encuentra que sus juicios de valor hayan quebrantado las reglas de la sana crítica. En el apartado “Valoración de la Prueba” numeral primero el Sentenciador valoró las declaraciones del testigo protegido PJ-37 y la del agente Juan Francisco Castro, de quienes expresó: “Con las anteriores declaraciones testificales, la primera rendida como prueba anticipada con todas las formalidades que la ley exige y tomando en cuenta todos los principios que rigen nuestro proceso penal; podemos tener por acreditado que el día en que perdió la vida el señor Rodolfo Melgar Gutiérrez, éste venía a bordo de un autobús que conducía de San Pedro Sula a la colonia Vida Nueva, sector de Cofradía, departamento de Cortés, así mismo, se tiene por acreditado que ese mismo día cuatro de mayo de dos mil trece, en el mismo autobús iban como pasajeros Germán Hernán Córdova Alvarado, Héctor Hernán Córdova de la O, Milton Samuel Bardales y Josué Hernández Bardales Santos; quienes dentro del automotor iban molestando con bromas pesadas a Rodolfo Melgar Gutiérrez, razón por la cual se generó una discusión entre ellos. Germán Hernán Córdova Alvarado, Héctor Hernán Córdova de la O, Milton Samuel Bardales y Josué Hernández Bardales Santos, procedieron a bajar del autobús a Valeriano Gutiérrez, padre de Rodolfo Melgar y cinco cuadras mas abajo bajaron a Rodolfo y lo mataron; este Tribunal llegó a la condición, a la certeza que esto sucedió así, toda vez, que el testigo protegido PJ-37, los identificó plenamente con sus nombres y apellidos, porque los conocía; además fueron ellos quienes momentos antes de producirse la muerte de Rodolfo Melgar, lo venían molestando y a razón de ello discutieron con él. Si bien es cierto el testigo protegido, no vio el momento exacto cuando le dan muerte a Rodolfo, los acontecimientos, el tiempo que transcurrió entre el hecho que bajaron a Rodolfo y que el testigo protegido escuchó los disparos y vio muerto a Rodolfo Melgar, fue corto, casi inmediatamente paso una cosa seguida de la otra; además el testigo después de escuchar los disparos y ver muerto a Rodolfo Melgar, observó a los acusados alrededor del occiso, empuñando sus armas de fuego, lo que hace que lógicamente se llegue a la conclusión certera que fueron ellos quienes le dispararon y le causaron la muerte. A esta declaración le sirve de sustento la rendida por el agente de investigación criminal Juan Francisco Castro, ya que aun siendo de referencia, el agente escuchó de primera mano, la narración que de los hechos hicieren los dos testigos protegidos entre ellos el testigo PJ-37… resulta que ambas declaraciones son coherentes entre sí, el agente de investigación Castro viene al juicio a declarar en razón de su trabajo, por lo tanto no hay evidencia que dicho agente quisiera perjudicar a los imputados, por lo tanto a este Tribunal le parece creíble su declaraciones y sirve de fundamento para dar por cierto lo declarado por el testigo PJ-37.” Para esta Sala de Casación, los razonamientos del A-quo son correctos y totalmente coherentes, pues concede credibilidad a los testigos de la cargo y extrae de sus testimonios juicios de valor adecuados a las reglas del pensamiento humano; pues la declaración del testigo protegido PJ-37 es de un testigo presencial y es fortalecida con la deposición del agente de investigación quien obtuvo la información de cómo sucedieron los hechos, estableciendo ambos las mismas circunstancias de desarrollo de los sucesos, siendo coincidentes en las personas que participaron, el vehículo en el que se transportaban, el lugar donde bajaron a las víctimas y cómo se da la muerte del ahora ofendido; por lo que es correcto que el Juzgador haya otorgado valor probatorio a estos testimonios, por lo que aplicó de forma correcta las reglas de la sana crítica. En el numeral segundo del mismo apartado, el Sentenciador valora el acta de levantamiento de cadáver, la declaración de la testigo de la defensa Reina Teresa Álvarez Santos y la certificación de nacimiento de Josué Ismael Bardales Santo, de los cuales manifestó: “Los anteriores medios de prueba constituyente en la declaración de la señora Reina Teresa Álvarez Santos, quien manifestó en el acto del juicio oral y público, que el día que sucedieron los hechos donde resultó muerto Rodolfo Melgar Gutiérrez, Josué Ismael Bardales Santo, se encontraba en la casa de ella celebrando el cumpleaños de él, junto a tres de sus hijos, que mientras estaban en el agasajo escucharon unos disparos y después se dieron cuenta que había un muerto que incluso Josué Ismael, quiso ir a ver y ella no lo dejó salir y que éste se quedó durmiendo en su casa. Luego está la declaración del testigo protegido PJ-37, a quien este Tribunal le ha otorgado credibilidad, quien manifestó que Josué Ismael Bardales Santos, se encontraba junto a los otros imputados que le dieron muerte a Rodolfo Melgar, sin embargo, también se presentó como medio de prueba el acta de nacimiento de Josué Ismael Bardales Santos, la que acredita que el día de los hechos verdaderamente Josué Ismael, se encontraba de cumpleaños. Este Tribuna es del criterio que si bien no hay razones para dejar de creerle al testigo protegido PJ-37, quien manifestó haberlo identificado en el lugar de los hechos; al valorar la prueba, tampoco existen razones para desacreditar lo narrado por la testigo de descargo, al encontrarse este Tribunal ante dos versiones de lo sucedido, genera razonables dudas en este Tribunal, respecto de la participación de Josué Ismael Bardales Santo, pero no significa que desacreditemos en su valoración lo expresado por el testigo PJ-37, a quien le hemos concedido total credibilidad, sin embargo en extensión del principio de inocencia reconocido como garantía fundamental dentro de un Estado democrático de derecho, así como en atención al principio indubio pro reo, él es de aplicación plena en el presente caso, al existir duda el Tribunal, estas duda deben por mandato constitucional apreciarse a favor del reo; privando a estos Juzgadores de la certeza requerida sobre la participación de Josué Ismael Bardales en la muerte de Rodolfo Melgar Gutiérrez, por existir respecto de su caso duda razonable.” Para esta Sala de Casación los juicios de valor que externó el Sentenciador en este apartado son totalmente coherentes y se derivan precisamente del legajo probatorio; concluye correctamente el Sentenciador en otorgarles credibilidad a ambos testigos, pues no hay razones para dudar de sus testimonios, además que ambos contienen pruebas corroborativas, en el caso del testigo protegido PJ-37 lo es la declaración del agente de investigación Juan Francisco Castro Salavarria y en el caso de la señora Reina Teresa Álvarez lo es la certificación de nacimiento del imputado con el cual se confirma que en esa misma fecha el acusado se encontraba de cumpleaños; ante las prueba aportada al Juicio, el Sentenciador correctamente concluye que lejos de generar certeza de la participación del acusado Josué Ismael Bardales Santos, las misma producen dudas acerca de su participación, todo lo cual en aplicación a una de las garantías procesales como ser el Indubio Pro Reo, reconocido en nuestra ley procesal y en los instrumentos internacionales de derecho humanos, determinó absolverlo al existir duda razonable, argumento que esta Sala de lo Penal avala pues el razonamiento judicial fue realizado conforme a los lineamientos y reglas de la sana crítica; por lo que este recurso de casación debe ser desestimado. Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional. El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior[1]. En general toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia; En una buena técnica recursiva, el peticionario debe de hacer mano de este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional de amplio espectro (Recurso Ordinario), en contraposición con los recursos de Infracción de Ley, Infracción de Doctrina Penal y Quebrantamiento de Formas Procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores (Recursos Extraordinarios). En este último sentido Llorente Fernández expresa que (Llorente Fernández De La Reguera, Ángel, en Los Recursos, Cuadernos de Estudios Judiciales, RAFAEL ALVARADO MANZANO, LITICOM, Tegucigalpa, 2001, págs. 113-115), “la jurisprudencia española ha puesto de manifiesto que este cauce impugnatorio no está previsto para alegar, bajo su cobertura, la vulneración de cualquier norma constitucional, sino específicamente la infracción de aquellas que tienen una estrecha y directa relación con el objeto del proceso en que son invocados. Serán, por tanto, los derechos fundamentales ligados al proceso con carácter general los que tengan cabida en esta vía impugnativa y de un modo especial aquellos que el recurrente entienda que han sido conculcados en el caso concreto...”La esencia del recurso de Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del Principio de Convencionalidad y el Principio de Primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. Recurrente Numero 2 Victoria Elizabeth Funez Defensora Pública Único Motivo Norma autorizante: artículo 361 del Código Procesal Penal. Norma constitucional que se denuncia infringida: 89 y 90 de la Constitución de la República. Concepto de la infracción: violación al estado de inocencia y al debido proceso. Pretensión: que se case la sentencia y en su lugar se profiera otra apegada a la normativa penal citada. Explicó la recurrente que en el caso de sus representados German Hernán Cordova Alvarado y Héctor Hernán Cordova de la O, se produjo una mínima actividad, únicamente con simples indicios o sospechas de participación, pero nunca con pruebas contundentes; pues en el presente caso la probanza utilizada para declarar la culpabilidad de los imputados fue la declaración del testigo PJ-37. Del Estado de Inocencia El derecho al Estado de Inocencia, proclamado y reconocido por la Constitución de la República en su artículo 89, establece que toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente, este derecho-principio constituye una regla de juicio, pues opera en el ámbito de la jurisdicción penal, condicionando el derecho del acusado a no sufrir una condena a menos que la culpabilidad haya quedado establecida superando cualquier duda razonable, en virtud de las pruebas obtenidas y reproducidas en juicio con todas las garantías. De lo anterior resulta entonces que la condena proferida contra una persona acusada de delito será válida, sin infracción del derecho al Estado de Inocencia, cuando se sustente en al menos una mínima actividad probatoria considerada de cargo practicada de modo no arbitrario, que permita arribar certeza de la culpabilidad del acusado. El Estado de Inocencia, por tanto, es un derecho fundamental de la persona humana a no ser condenada sin pruebas de cargo válidas. El Principio de Inocencia está íntimamente relacionado con el debido proceso probatorio. El proceso penal tiene por objeto descubrir la verdad real sobre la hipótesis delictiva que constituye su objeto mediante los medios probatorios que las partes aporten al proceso; es precisamente en virtud de ella que el tribunal se forma la certeza acerca del acontecimiento sometido a su juzgamiento. La prueba es el medio jurídico para adquirir la certeza, que se define como la firme convicción de estar en posesión de la verdad. Para el pronunciamiento de la sentencia condenatoria, en donde se desafora a la persona acusada de su estado material de inocencia, debe haberse producido un amplio haz probatorio, sólido y concreto, que permita al juzgador, sin vacilaciones y sin duda establecer la responsabilidad penal del imputado con certeza absoluta, más allá de cualquier duda razonable. Mediante el fallo de fecha catorce de mayo del 2007, en el Expediente 312-2006, esta Sala de lo Penal ha declarado que el Estado de Inocencia es “… es un estado inherente a la persona humana …”, este derecho fundamental se encuentra reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Art. 11.1), en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Art.14.2) y de la Convención Americana de Derechos Humanos (Art. 8.2), además es norma pilar de la Constitución de la República (Art. 89 Superior) que es ampliamente desarrollada en normas legales secundarias (Arts. 1 y 2 CPP) y que desde el ámbito penal se define como el derecho de todo acusado a ser absuelto si no se ha practicado una mínima actividad probatoria de cargo, acreditativa de los hechos en que se funda la hipótesis acusatoria. “La condición jurídica de inocencia dispuesta en la norma constitucional a favor del imputado, establece claramente una presunción legal juris tantum, por cuanto solo puede ser enervada mediante la producción de una mínima de prueba de cargo, aportada por el acusador, en juicio oral y público, con estricta observancia de las reglas del debido proceso. En general, corresponde al ente acusador investigar el ilícito, presentar la acción penal pública y probar la imputación criminal; por su parte a la defensa del acusado le atañe censurar la actividad probatoria de cargo y ajustarla a la inobservancia de las formalidades, derechos y garantías dispuestos en las leyes a favor del aquel. Lo anterior no impide a la defensa producir prueba de descargo, no para probar la inocencia del acusado, que ya se encuentra tutelada por la norma constitucional, sino para desvanecer la imputación presentada en su contra.” (Fallo de la Sala de lo Penal de fecha 30 de mayo del 2011, en el Exp 304-2010). En sede de casación, al alegarse la vulneración de la presunción de inocencia, la Sala de lo Penal tendrá la tarea de verificar si existió una adecuada formación de la convicción de culpabilidad como resultado de la práctica de prueba válida y suficiente, entendiéndose como tal aquella que, aunque mínima, ha sido recibida en la vista pública bajo las debidas garantías, y valorada prudentemente por el tribunal de sentencia según las reglas de la sana crítica, así pues en casación se deberá examinar: a) Licitud de la prueba: si las pruebas fueron obtenidas y reproducidas con el respeto a los derechos fundamentales y a los derechos humanos. b) Debido proceso probatorio: Si las pruebas fueron practicadas en el juicio con sujeción a los principios de oralidad, inmediación, contradicción, concentración y publicidad; incluye también verificar que las pruebas practicadas excepcionalmente en la etapa preparatoria, fueron introducidas al debate por el cauce previsto por el artículo 311 del Código Procesal Penal. c) Debida motivación: Si las conclusiones probatorias del tribunal sentenciador han sido debidamente motivadas descartando la arbitrariedad. d) Debido razonamiento probatorio: Si el razonamiento de la convicción obedece a criterios lógicos, razonables y vinculantes a la prueba practicada; y e) Suficiente carga probatoria: Si durante el debate se reprodujeron los suficientes medios de prueba que hayan abarcado los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal reprochado, así como la participación del acusado en el hecho y su grado de culpabilidad en ellos. (Ver al respecto el fallo de fecha 05 de abril del 2011, en el Exp 042-2009 de la Sala de lo Penal). Del Debido Proceso Legal La Garantía del Debido Proceso se encuentra regulada por el artículo 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 90 de la Constitución de la República, conocida como el Debido Proceso Legal, el cual refiere a los parámetros normativos bajo los cuales deben dispensarse todas las garantías necesarias en el proceso (con independencia de su naturaleza). La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el Informe No. 1/95 de fecha 07 de febrero de 1995, del caso 11,006, referente al proceso de Alan García, Perú, indicó: “El artículo 8 de la Convención Americana en su inciso primero establece que toda persona tiene derecho a ser oído con las debidas garantías en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada en su contra. - Así mismo, el mencionado artículo en su inciso segundo prevé que durante el trámite del proceso toda persona tiene derecho a que se respeten ciertas garantías mínimas. La enumeración contenida en esta cláusula ha sido interpretada como una nómina de garantías mínimas no taxativas. De este modo, se ha considerado que existen otras garantías reconocidas en el derecho interno de los Estados que, si bien no están incluidas explícitamente en el texto de la Convención, igualmente se encuentran amparadas por el contenido amplio del inciso 1 del artículo 8 de la Convención”. El Principio del Debido Proceso Legal, más que garantizar el respecto a la ritualidad en la dinámica de juzgamiento, es uno de los pilares del derecho procesal penal dirigido a que la persona sometida a la jurisdicción sea juzgada por un juez natural, competente, imparcial e independiente, pero adicionalmente es un mandato para que este juez, además de respetar las formas procesales, reproduzca en cada una de ellas los derechos consagrados en la Constitución de la República y en los Tratados y Convenciones de los que Honduras forme parte, es así que los llamados Principios Procesales o Principios Informadores del proceso, no son más que medios conductores para materializar aquellos derechos y garantías fundamentales que son agrupados bajo la titulación del debido proceso legal, y que constituyen reglas mínimas de juzgamiento, como ser: i. A una justicia gratuita; ii. Respeto al principio de presunción de inocencia; iii. Prohibición de ser procesado mediante la aplicación de leyes retroactivas peyorativas; iv. Derecho a ser informado de los cargos criminales en su contra; v.- A un juez predeterminado por la ley; vi. A la imparcialidad del juez; vii. A la independencia del juez; viii. Derecho a la defensa material y técnica y a utilizar los medios de prueba pertinentes; ix. A la igualdad de armas procesales; x. A un proceso público sin dilaciones indebidas; xi. Derecho a ser oído en un plazo razonable; xii. Posibilidad de recurrir ante un tribunal para obtener una revisión de la legalidad de la orden de privación de la libertad provisional; xiii. Deber de los tribunales de emitir fallos razonados, motivados y con información sustancial; xiv. El derecho a impugnar las resoluciones judiciales definitivas para que sean revisadas por un tribunal superior; en fin, el derecho a un Debido Proceso exige la materialización del Principio de Legalidad. La CIDH, en su informe No. 30/97 del caso 10,087 de fecha 30 de septiembre de 1997, referente a Gustavo Carranza, Argentina, indicó: “67.- El artículo 8 de la Convención Americana impone la existencia de “debidas garantías” durante el proceso de determinación de derechos […] En efecto, el mencionado artículo no contiene un recurso judicial propiamente dicho, sino el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales. Este artículo reconoce el llamado “Debido proceso legal” que abarca las condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquellos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial.”. Por su parte la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en sentencia de 02 de febrero de 2001, en el caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá, afirmó que: “Si bien el artículo 8 de la Convención Americana se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto “sino [al] conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales” a efectos de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier tipo de acto del Estado que pueda afectarlos. Es decir, cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea administrativo, sancionatorio o jurisdiccional, deben respetar el debido proceso legal.”. El Debido Proceso Legal se ve materializado cuando se observan estrictamente las normas contenidas en el Código Procesal Penal, el que señala en el Título IV de su Libro Tercero como debe substanciarse la etapa de juicio y en particular el debate, ergo la transgresión a cualquiera de esas normas legales constituiría vicio in procedendo siempre que por su carácter esencial socave la validez de la sentencia y esto es cuando transgrede o disminuye los principios mencionados. En conclusión, la resolución definitiva debe ser el resultado de la celebración de un proceso penal en el cual se respeten el conjunto de reglas esenciales que le sustentan en una base de legalidad, de lo contrario, cuando el mismo se realiza a espaldas de una de esas reglas, la resolución definitiva se convierte en un fruto viciado. De la Procedencia del Recurso. El Motivo no es de Recibo. En virtud del motivo invocado por la recurrente, esta Sala de lo penal ha efectuado una revisión exhaustiva de la prueba allegada al juicio y encuentra que la misma, si bien no es abundante, si es contundente y suficiente para enervar el Estado de Inocencia del acusado. Se evacuó en el juicio introducida por lectura la declaración como prueba anticipada del testigo protegido PJ-37 quien es un testigo presencial de los hechos y conoce perfectamente a los acusados, pues son vecinos del lugar, el referido testigo fue claro en establecer que el venía junto con otras personas en el bus en el que se transportaban los imputados y el ofendido, relató cómo los acusados empezaron a molestar al ofendido y a su padre, escuchando la discusión que se dio entre ellos, determinó que estando ya en la colonia lo acusados bajaron primero al padre del ofendido y que a éste lo bajaron 5 cuadras abajo, aprovechando que se bajaron otras personas, el testigo y otras personas también lo hicieron, en lo que estaban intentando cruzar la calle escucharon unos disparos, voltearon a ver hacia atrás y observaron a los acusados con las armas en sus manos, quienes salieron corriendo. La declaración de este testigo se refuerza con la deposición del agente de investigación Juan Francisco Castro Salavarria, quien fue el encargado de la investigación y recibió de primera mano la información de los testigos y concluye en que los acusados fueron los que dieron muerte al ofendido Rodolfo Melgar Gutiérrez. De igual forma se evacuó el dictamen de autopsia del ofendido y con lo que se confirma que falleció por tres disparos de armas de fuego ubicadas en su cabeza; así mismo se presentó a juicio el acta de levantamiento de cadáver que refuerza el dictamen de autopsia antes relacionado. Ante tales probanzas el Juzgador llegó a la conclusión que los imputados German Hernán Cordova Alvarado y Héctor Hernán Cordova de la O, son responsables a títulos de autor de los hechos investigados, conculcando legalmente su estado de inocencia; por tales razones es procedente desestimar el presente recurso de casación. Decisión Se declara no ha lugar el recurso de casación por quebrantamiento de forma interpuesto por el Ministerio Público y se desestima el recurso de casación por infracción de precepto constitucional interpuesto por la Defensa Pública. de la procedencia de la aplicación retroactiva del código penal decreto 130-2017. A. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos de retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir una pena de cinco a diez años de prisión). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado, disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrará en vigencia y cuándo es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento del juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución Política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas en su totalidad, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el CP Decreto 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo código, sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibida la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando en la decisión judicial de la sentencia que se impugna, se aprecie un concurso real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme a las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse, primero conforme al límite objetivo ordinario o límite objetivo extraordinario, según corresponda, y después conforme al límite subjetivo. Sin embargo, uno no es preferente sobre el otro, por lo que se aplicará el límite que sea menor; b. La ponderación deberá realizarse, primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el CP-130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a. Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b. Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no, los 30 años (límite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (límite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años, la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años, se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas, en suma, sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y, aun así, en suma, sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja, de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Límite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Límite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Límite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán, cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. C. Escrito Complementario No fue presentado ante la única instancia escrito por parte de la Defensa Pública de los acusados Germán Hernán Córdova Alvarado y Héctor Hernán Córdova de la O que expusiera cuál es su criterio en cuanto a la aplicación retroactiva del nuevo cuerpo normativo penal, tal y como lo señala el artículo 624 del Código Penal 130-2017; tampoco el Ministerio Público hizo pronunciamiento al respecto, por lo que la Sala de lo Penal se ve obligada a realizar el análisis de oficio tal y como prevé el numeral 3 de la misma norma citada, en relación al acusado señalado. D. Ponderación en el caso concreto El Tribunal de Sentencia, basado en el Código Penal 144-83, declaró responsable a los acusados Germán Hernán Córdova Alvarado y Héctor Hernán Córdova de la O, del delito de Asesinato, a la pena de 20 años de reclusión; como penas accesorias se impuso a los acusados la inhabilitación absoluta, la interdicción civil; además se hizo la declaratoria de responsabilidad civil derivada del delito y como consecuencia penal la obligación de realizar trabajo penitenciario. Conforme a la nueva legislación penal, el delito de asesinato se encuentra regulado en el artículo 193 con una pena de 20 a 25 años de prisión; al hacer el comparativo de penas, es posible concluir que la pena impuesta conforme la legislación derogada (Decreto 144-83) se encuentra dentro de los limites de la pena regulada en el nuevo código penal, por lo que no procede aplicar de forma retroactiva la nueva legislación penal (Decreto 130-2017). Por Tanto La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 82, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 202, 338, 359, 361, 362, 363 y 369 del Código Procesal Penal; 66 y 616 del Código Penal decreto 130-2017. Falla: Primero: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo interpuesto por el Abogado Frady Alvarado, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, en la causa instruida contra los señores Germán Hernán Córdova Alvarado y Héctor Hernán Córdova de la O, a quienes se les condenó por el delito de Asesinato en perjuicio de Rodolfo Melgar Gutiérrez. Segundo: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo, interpuesto por la Abogada Victoria Elizabeth Funez, en su condición de Defensora Pública de los señores Germán Hernán Córdova Alvarado y Héctor Hernán Córdova de la O, a quienes se les condenó por el delito de Asesinato en perjuicio de Rodolfo Melgar Gutiérrez. Tercero: Declara la no procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal decreto130-2017. Cuarto: Declara Firme y Ejecutable la sentencia de fecha treinta y uno de julio de dos mil quince, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, departamento de Cortés. Y manda: Que la Secretaría del despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. - Firmas y Sello. - Jose Olivio Rodriguez Vasquez. Magistrado Coordinador. Rafael Bustillo Romero. Magistrado. Alma Consuelo Guzmán García. Magistrada. - Firma y Sello. – José Ramón Cruz Ferrera. -Secretario. Sala de lo Penal.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en fecha ocho de noviembre de dos mil veintidós. Certificación de la sentencia dictada el diecisiete de mayo de dos mil veintidós, recaída en el expediente SP 11-2019.
JOSÉ RAMÓN CRUZ FERRERA
Secretario Sala de lo Penal
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[1] El artículo 8.2 literal h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, entre otras garantías mínimas, la de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.