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Sentencia CP-10-19 — Registro 17540

Resumen

En primera instancia se condenó al imputado por el delito de Homicidio Simple, resolviendo en segunda instancia No Ha Lugar el recurso de casación y se Declara la no procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"...

DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO. EL MOTIVO NO ES DE RECIBO. El Recurrente alega que la declaración del testigo protegido 22-07-2016, el cual fue valorado positivamente por el tribunal de sentencia, sirvió para fundamentar la condena de su representado, aun y a pesar de ser un testigo de identidad reservada o anónima, que afecta el ejercicio de una completa contradicción, inmediación y concentración. Esta Sala de lo Penal nota que este alegato es apenas planteado en el recurso de casación y que sobre ello la defensa hizo silencio en todas las etapas previas del proceso, develando conformidad por omisión. Se resalta que la defensa hizo silencio, no solo respecto a si la medida de protección de la identidad de la testigo era proporcional o no, a un posible riesgo, sino que además sobre la existencia de una posible restricción al ejercicio de defensa o debido proceso como consecuencia de dicha reserva. El Ministerio Público dio a conocer la existencia del testigo protegido desde la audiencia inicial, sin que la defensa se pronunciara sobre la medida de la reserva de identidad o protección de testigo; tampoco hizo pronunciamiento de esta o de la existencia de disminución al ejercicio del derecho de defensa o al debido proceso al término de la audiencia inicial, pero en la audiencia de proposición de prueba, opuso objeción a la admisión del referido testigo protegido estableciendo que era necesario conocer la identidad del testigo, pero su objeción fue declarada no ha lugar; posteriormente en el momento de las conclusiones la defensa del acusado advirtió que aceptar la declaración el ofendido violentaba convenios y tratados internacionales por la presentación de un testigo anónimo. El Censor para fundamentar su posición, refiere a una jurisprudencia de un Tribunal Constitucional, sin referirse a cuál máximo Tribunal se refiere, pues en nuestro país dicha carga compete a la Sala de lo Constitucional como órgano integrante de la Honorable Corte Suprema de Justicia, pero en ningún momento se le denomina Tribunal Constitucional, pues este Tribunal de Casación investigó el numero presentado por el recurrente 75/2013 y no corresponde a ninguna sentencia que haya dictado la Sala de lo Constitucional de nuestro país, al omitir establecer dichos detalles no es posible determinar si nuestra Sala de lo Constitucional se haya referido en esos términos. La cuestión radica que en nuestra ley procesal permite la presentación de testigos protegidos, cuyos testimonios deben ser analizados con mucha cautela y además cumplir con los requisitos procesales para su admisión, en el caso de autos el Juez A-quo pudo determinar el peligro que representaba para el testigo presentarse a declarar sin ninguna protección, pues es un delito grave y las circunstancias permitían percibir la amenazas para su vida, es por eso que fue admitido; durante la declaración del testigo protegido, estuvo presente la defensa que ejerció sus derechos a la inmediación, concentración y contradicción, teniendo la posibilidad de contrainterrogar al testigo, por lo que no observa esta Sala de lo Penal que se haya vulnerado el Debido Proceso ni ningún otro derecho constitucional. Al defecto de forma, se suma la falta de perjuicio material, pues tras el examen al caso concreto, la Sala de lo Penal puede constatar que si bien la declaración de la testigo protegido 22-07-2016, contribuyó con la formación del criterio de culpabilidad, no constituyó única prueba de cargo o prueba -que por sí sola- haya esculpido la formación de la convicción judicial, pues a ésta se le sumaron medios de prueba que aportaron alta carga inculpatoria, como ser declaración de Víctor Dionel Quintanilla Mateo, dictamen de autopsia, acta de levantamiento de cadáver; así entonces la declaración del testigo protegido se sumó a un acervo probatorio que en conjunto destruyen el estado de inocencia del acusado, convirtiéndolo en responsable del delito y siendo objeto de sanción penal como su consecuencia; suficientes razones para desestimar el presente recurso de casación..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

"...Ponderación en el caso concreto El Tribunal de Sentencia, basado en el Código Penal 144-83, declaró responsable al acusado Concepción Lázaro Corea, como autor del delito de Homicidio Simple, en perjuicio del señor Santiago Quintanilla Membreño, imponiendo la pena de quince años de reclusión; como penas accesorias se impuso a los acusados la inhabilitación absoluta, la interdicción civil; además se hizo la declaratoria de responsabilidad civil derivada del delito. Conforme a la nueva legislación penal, decreto 130-2017 el delito de homicidio se encuentra regulado en el artículo 192, el cual tiene señalada una pena de 15 a 20 años de prisión. Al hacer el comparativo de penas es posible concluir que la pena impuesta conforme el Código Penal derogado se encuentra en el mismo rango de la nueva ley penal, por lo que no procede la aplicación retroactiva del decreto 130-2017..."

Legislación citada

Sentencia

Certificación

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA la sentencia, que literalmente dice: “En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los treinta y un días del mes de marzo del dos mil veintidós, el pleno de la Sala de lo Penal integrado por los Magistrados: José Olivio Rodríguez Vásquez en su calidad de coordinador, Rafael Bustillo Romero y Alma Consuelo Guzmán García, pronuncian En nombre del Estado de Honduras La siguiente sentencia en el Recurso de Casación SP10-2019 por Quebrantamiento de Forma y por Infracción de Precepto Constitucional, interpuesto contra la sentencia de fecha once de agosto del año dos mil diecisiete, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, departamento de Cortés, mediante la cual falló; Primero: Condenó al señor Concepción Lázaro Corea, como autor del delito de Homicidio Simple, en perjuicio del señor Santiago Quintanilla Membreño a la pena de quince años de reclusión, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo que dure la condena principal. Segundo: Se le declaró al señor Concepción Lázaro Corea, responsable civilmente. Tercero: No procedió condenar en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio. Cuarto: No procedió el comiso. Interpuso el recurso de casación por quebrantamiento de forma e infracción de precepto constitucional, el Abogado Daniel Flores Velasquez, en su condición de defensor privado del imputado. Son partes en la única instancia: El Abogado Daniel Flores Velásquez, en su condición de defensor privado del señor Concepción Lázaro Corea, como parte recurrente y el Abogado Foad Alejandro Castillo Ferrufino, en su condición de fiscal del Ministerio Público, como parte recurrida. Hechos Probados “UNICO: El día vendidos (22) de julio del dos mil dieciséis (2016), a eso de las siete y media de la mañana, los señores SANTIAGO QUINTANILLA MEBREÑO y CONCEPCION LAZARO COREA se encontraba en la colonia Brisas del Campo del municipio de Santa Cruz de Yojoa, departamento de Cortes, ambos en estado de ebriedad y se dirigieron hacia un terreno sembrado de plantación de yuca y piña a la orilla de calle principal que conduce la colonia, a unos 600 metros del campo de futbol, a eso de las nueve de la mañana, por motivos ignorados ambos señores iniciaron una discusión, forcejeando y cayendo ambos al suelo, infiriéndole en ese medio el señor LAZARO CONCEPCION COREA al señor SANTIAGO QUINTANILLA varias heridas punzocortantes con arma blanca, dos en región anterior del cuello, otra en el oreja izquierda y una herida cortante en el lado derecho de la frente, causándole la muerte por exanguinación.” Recurso De Casación. Motivos y Argumentos Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma “EXPOSICION DE LOS MOTIVOS DE LA CASACIÓN. PRIMER MOTIVO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA: El Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, en el Juicio Oral y Público que se desarrolló contra el señor CONCEPCION LAZARO COREA, a quien se le condenó por el delito de HOMICIDIO SIMPLE, en perjuicio de SANTIAGO QUINTANILLA MEMBREÑO, emitió sentencia violando y transgrediendo los Principios De Contradicción e Igualdad De Partes, que son principios rectores del proceso penal en el desarrollo del Juicio Oral Y Público. PRECEPTO AUTORIZANTE: Artículo 362 numeral 5 del Código Procesal Penal, que contiene: "La inobservancia de la reglas establecidas en el presente Código para la realización del Juicio Oral y Público". CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN: El fallo pronunciado por el Tribunal de Sentencia de la Ciudad de San Pedro Sula, del Departamento de Cortés, fechado el once del mes de Agosto del año dos mil diecisiete, se fundamentó en parte en el testimonio rendido por el TESTIGO VICTOR DANIEL QUINTANILLA MATEO, y que la Sala quinta del Tribunal de Sentencia de la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés, admitió aun con la oposición de la defensa. La sala haciendo alarde de su autoridad judicial decidió admitirlo y en la motivación de la sentencia lo considera fundamental para haber emitido un fallo condenatorio, aunque esta prueba se haya producido en clara violación a los principios de contradicción e Igualdad de Partes, que rigen el proceso penal en el desarrollo del Juicio Oral y Público.- Si esta prueba no hubiese sido valorada en el fallo sería impertinente que este recurrente objetara su validez, empero con la evacuación de este medio de prueba se violentaron las reglas establecidas en el Código Procesal Penal para la realización del Juicio Oral y Público. El artículo 320 del Código' Procesal Penal establece lo siguiente: "Incidentes. A instancia de cualquiera de las partes, el Presidente del Tribunal abrirá un turno de intervenciones, para que aquellas puedan exponer lo que estimen oportuno acerca de la competencia del órgano Judicial, recusación de alguno de sus miembros, excepciones, causas de nulidad o exclusión de medios de prueba por causa de su ilicitud, siempre que estas alegaciones se funden en hechos nuevos o desconocidos hasta entonces, y acerca de cualquier otra cuestión incidental. Podrán también las partes proponer nuevos medios de prueba, siempre que puedan practicarse sin necesidad de suspender las sesiones del juicio. El Tribunal resolverá en el mismo acto lo procedente, sobre las cuestiones planteadas, o se reservarán para resolver todas o alguna de ellas en su sentencia". En el desarrollo del juicio Oral y Público, en 1a etapa de incidentes, el señor Fiscal del Ministerio Público, propuso un nuevo medio de prueba consistente en la declaración del señor Víctor Daniel Quintanilla, quien es mayor de edad, con identidad 1603-1991-00316, medio de prueba que fue objetado por la defensa técnica y después de la respectiva deliberación la Quinta del Tribunal de Sentencia de la Ciudad de San Pedro Sula, Cortes, en clara violación e inobservancia de la reglas establecidas en el Código Procesal Penal, para la realización del Juicio Oral y Público decidió admitir dicho medio de prueba, violentando de esta manera los artículos 4, 317 Y 320 de dicho cuerpo legal, acto procesal que bajo ninguna circunstancia fue consentido por la defensa técnica por lo que oportunamente se interpuso el recurso de reposición. El Código Procesal Penal, en su artículo 317 párrafo primero establece lo siguiente: "Proposición de prueba para el debate. Inmediatamente después de vencido el plazo a que se refiere el Artículo anterior o de quedar integrado el Tribunal después de que haya sido declarada con lugar una recusación o firme la resolución que deniegue las recusaciones, nulidades o excepciones que se hayan presentado, el Presidente del Tribunal señalará audiencia, la que se celebrará dentro de los diez (la) días siguientes, para que las partes presenten la lista de los testigos y peritos con indicación de sus nombres y apellidos, profesión u oficio y dirección exacta y señalarán los hechos sobre los cuales deberán ser examinados durante el debaten. El principio de contradicción corno fundamento del proceso penal supone que los medios de prueba con los que las partes se harán valer en el debate sean propuestos en audiencia pública, a efecto de que aquellas puedan formular las observaciones u objeciones que estimen en derecho, posibilitando así el respeto a la igualdad de partes y el contradictorio corno reglas esenciales del proceso. Si bien es cierto que previo al debate de acuerdo a lo que establece el artículo 320 del Código Procesal Penal, existe la posibilidad de que las partes propongan nuevos medios de prueba, esta posibilidad ciertamente es excepcional, la posibilidad regulada en la normativa procesal surge como una consecuencia del principio fundamental de la búsqueda de la verdad real o histórica que domina el proceso penal, que permite a los Tribunales la posibilidad de admitir nuevos medios de prueba en esta etapa de incidentes, siempre y cuando se demuestren suficientes causales que impidieron la proposición de dichos medios de prueba en la audiencia correspondiente, entonces, el vicio reglado en el artículo 362 numeral 5, del Código Procesal Penal existirá cuando se admitan nuevos medios de prueba, no circunscritos al carácter excepcional que engloba la taxatividad de la norma, y que además de eso no se justifique adecuadamente las razones para no haber propuesto dicho medio de prueba en la audiencia de proposición de pruebas, pues de lo contrario el acusador puede caer en una comodidad procesal y en casos que no se ajustan al carácter excepcional de la proposición de medios de prueba en la etapa incidental, y como una estrategia esconda los medios de prueba en la audiencia de proposición de pruebas y sorprenda a la defensa, proponiendo los mismos fuera de ese contexto como sucede en el presente caso. El principio de contradicción establecido en el artículo 4 del Código Procesal Penal, permite a las partes en conflicto, en planos de verdadera igualdad, la oportunidad de contradecir los argumentos jurídicos y la prueba de sus contrarios.- El principio de contradicción, no es solamente un principio del debate o juicio, sino de todo el procedimiento penal ya que afecta a la estructura del mismo y de acuerdo al párrafo segundo de dicho artículo el principio de contradicción deberá imperar a lo largo de todo el procedimiento. EL PRINCIPIO DE CONTRADICCION, es el que permite observar en su plenitud el ejercicio del derecho de defensa.- En la práctica de la prueba el principio de contradicción debe entenderse en dos sentidos diferentes, por un lado corno exigencia de que el imputado este presente, y pueda intervenir en la actividad probatoria y, por otro lado, como criterio formal en virtud del cual la actividad procesal ha de estructurarse como una pugna de sujetos procesales en posiciones opuestas ante un juzgador que asume una actitud mera y necesariamente expectante.- El principio de contradicción encuentra su fundamento en la igualdad de derechos de los intervinientes en el proceso, esto indica que ambas partes, acusador y defensa, tienen la facultad de destruir y atacar la tesis de la parte contraria en igualdad de condiciones, esta concepción es a su vez derivativa del derecho constitucional que todos los hombres nacen libres e iguales en derechos. Al haberse producido este vicio in procedendo, esta parte agotó el recurso de reposición el cual fue denegado por la sala quinta del Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Cortes, con lo que se comprueba que se hizo la reclamación oportuna para la subsanación del vicio.” “SEGUNDO MOTIVO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA: No haber observado el sentenciador, en la valoración de la prueba, las reglas de la sana crítica. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo casación se encuentra comprendido en el Artículo 362 numeral 3, del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: Será de utilidad para la mayor comprensión del presente recurso establecer lo que se debe entender en cuanto a la valoración de la prueba en un proceso penal. Según el Artículo 202 del Código Procesal Penal el sentenciador formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida y con arreglo a la sana crítica, obligatoriedad que también se revalida en el numeral 2 de la regla Cuarta del Artículo 338 del mismo cuerpo legal. Este sistema de valoración, que implementa el Código Procesal Penal, le permite al sentenciador cierta libertad en su estimación de pruebas que determinen su convencimiento, pero siempre respetando las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común que informan la Sana Critica. Resulta, que la sentencia que hoy se cuestiona por esta vía impugnativa, contiene un vicio grave que atenta con las reglas de la sana crítica a observarse en la valoración de la prueba, y que se convierte, en consecuencia, en la violación de los Artículos mencionados. En el presente proceso con la finalidad de acreditar como sucedieron los hechos que dieron lugar al presente proceso, se evacuaron como prueba de cargo las siguientes: la declaración testifical del señor Víctor Daniel Quintanilla (hijo de la víctima), la declaración del testigo protegido e identificado con la clave “JPTP-2207-2016", la cual fue introducida por Lectura Autorizada, el acta de levantamiento cadavérico Nº1120-2016 con su respectivo álbum fotográfico y el Dictamen de autopsia Nº1570-16.- En el presente caso el señor Víctor Daniel Quintanilla (hijo de la víctima), al momento de declarar manifestó lo siguiente: Que él sabe quien le dio muerte a su papa, refiere a la fecha y lugar en que sucedieron los hechos que observó a su papa en compañía de Lázaro, entre las siete y siete cincuenta, que andaban tomados y que iba a traer yuca que él iba a vender que se dirigieron hacía la pavimentada que conduce a la carretera de SPS, que como a las 9:50 se enteró que su papa estaba muerto y que cuando acudió a la escena del crimen La gente decía que quien le había dado muerte era Concepción Lázaro, que no existía ningún problema entre su padre y el señor CONCEPCION LAZARO COREA. A pregunta de la defensa aclara que el testigo no observó el momento cuando le dan muerte a su padre, pero que si se enteró que el imputado fue el que le quito la vida incluso se llevó la gorra de el para limpiarse la sangre, que el hecho ocurrió a eso de las 9:50. También declaró que cuando vio a su difunto padre a eso de las siete y treinta de la mañana su padre anda una gorra gris con una laina verde y que en ese mismo momento que los vió el señor Lázaro Corea, andaba una gorra color azul.- Así mismo fue incorporada por Lectura autorizada la declaración del testigo protegido con la clave 22-07-2016 y en relación a ese medio de prueba la sala quinta del tribunal de sentencia declaró como hechos probado lo siguiente: Que en fecha 22 de julio del 2016, como a eso de las 9 de la mañana iba pasando por la calle principal de la colonia Las Brisas, cuando de pronto observo a dos personas forcejeando a la orilla de un yucal que está en la entrada, como a 200 metros de la colonia, a la orilla de la carretera, pero no hay casas cerca, se acercó un poco y logro observar que cayeron al suelo peleando, luego vio salir a un señor conocido por el como CONCEPCION, quien salió del yucal, cruzo el cerco que estaba enfrente del lugar del hecho y se fue rumbo a la montaña. Después se acercó al lugar donde vio el forcejeo y encontró al señor SANTIAGO QUINTANILLA sin vida, quiso auxiliado, pero ya había fallecido. Aclaró que ese día no habían más personas en el lugar, pero después aparecieron otras personas. Que observo los hechos a unos 100 metros aproximadamente. Que al señor CONCEPCION lo había visto como en tres ocasiones, él se llevaba un poco con don SANTIAGO y le pregunto que como se llamaba dicho señor, además, don SANTIAGO le dijo que era su amigo. Observo a ambos afuera de la casa de habitación de Don SANTIAGO entre las 7 a.m. y las 7:30 a.m. Reitero que la persona que dio muerte a Don SANTIAGO fue el señor CONCEPCION que se encontraba presente en la audiencia sentado frente a él, vestido con camisa blanca (señalo al imputado quien en efecto estaba presente en la audiencia). Después del hecho un grupo de la comunidad se reunió para buscar al señor CONCEPCION, ya que se había ido por la montaña para la CA5 y vieron que subió a un bus de La Guama a Santa Cruz, llamaron a la policía y ellos le dieron detención en Las Flores. Ese día el señor SANTIAGO vestía pantalón claro y camisa azul y el señor CONCEPCION pantalón oscuro y playera con botones como floreada.- También se evacuó como medio de prueba el Acta de levantamiento de cadáver: Introducido al debate mediante lectura autorizada, ratificada en todo su contenido por la Técnico de Inspecciones Oculares MILGIAN ORGUIDEA MARTINEZ SALGADO, investigadora responsable de su elaboración. El documento establece que el día 22 de julio del año 2016, a las 12:45 horas, se practicó un levantamiento de cadáver en la colonia Brisas del Campo, calle principal a 600 metros del campo de futbol, sector de Santa Cruz de Yojoa, Cortes. En escena abierta, se observó un terreno sembrado de yuca y piña donde se encontró el cuerpo de un hombre, (en ese momento de identidad desconocida), cubierto con nylon color rojo y ramas de planta de yuca, en posición de cubito dorsal con piernas fraccionadas hacia delante, en la cabeza lago hemático de sangre, cerca de la víctima se encontró una gorra marca montaje, color blanco con manchas color café supuesta sangre. La victima vestía camisa gris, pantalón jean azul, zapatos tenis color blanco con verde y presentaba cuatro heridas cortantes en el lado derecho de la frente, lado izquierdo del cuello y cara y tercer dedo de la mano derecho, siendo la causa de muerte: exanguinación por heridas de arma blanca. Se adjuntaron 06 fotografías de la escena del crimen donde se aprecia que en efecto el cadáver se encontraba en una plantación de yuca, pudiéndose observar en la primera fotografía, al fondo una calle o carretera, la gorra encontrada y la posición final del cuerpo. Al analizar estos medios de prueba en su conjunto la sala Quinta del Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, en la valoración de la prueba acápite Primero”, infringe las reglas de la sana Crítica, específicamente en cuanto a las reglas de la lógica, por las razones siguientes: a) El testigo VICTOR DANIEL QUINTANILLA, aduce haber visto a su padre en compañía del señor LAZARO a eso de las siete y siete y treinta de la mañana, cerca del campo de futbol, que su padre portaba una gorra gris con laina verde y que el señor Lázaro andaba una gorra color azul, también aduce que el hecho fue a eso de las 9 y 50 de la mañana, que en la escena del crimen escuchó que la gente decía que el señor LAZARO le había dado muerte a su padre, A LO CUAL LA SALA QUINTA DEL TRIBUNAL DE SENTENCIA LE DA CREDIBILIDAD.- b) El testigo protegido con la clave 22-07-2016 declaró que en fecha 22 de julio del 2016, como a eso de las 9 de la mañana iba pasando por la calle principal de la colonia Las Brisas, cuando de pronto observo a dos personas forcejeando a la orilla de un yucal que está en la entrada, como a 200 metros de la colonia, a la orilla de la carretera, pero no hay casas cerca, se acercó un poco y logro observar que cayeron al suelo peleando, luego vio salir a un señor conocido por el como CONCEPCION, quien salió del yucal, cruzo el cerco que estaba enfrente del lugar del hecho y se fue rumbo a la montaña. Después se acercó al lugar donde vio el forcejeo y encontró al señor SANTIAGO QUINTANILLA sin vida, quiso auxiliarlo, pero ya había fallecido. Aclaró que ese día no habían más personas en el lugar, pero después aparecieron otras personas. Que observo los hechos a unos 100 metros aproximadamente. A LO CUAL LA SALA QUINTA DEL TRIBUNAL DE SENTENCIA LE DA CREDIBILIDAD. c) Así mismo la sala quinta del Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, departamento de Cortes, le da total credibilidad al Acta de levantamiento de cadáver: Introducido al debate mediante lectura autorizada, ratificada en todo su contenido por la Técnico de Inspecciones Oculares MILGIAN ORGUIDEA MARTINEZ SALGADO, investigadora responsable de su elaboración. El documento establece que el día 22 de julio del año 2016, a las 12:45 horas, se practicó un levantamiento de cadáver en la colonia Brisas del Campo, calle principal a 600 metros del campo de futbol, sector de Santa Cruz de Yojoa, Cortes. En escena abierta, se observó un terreno sembrado de yuca y piña donde se encontró el cuerpo de un hombre, (en ese momento de identidad desconocida), cubierto con nylon color rojo y ramas de planta de yuca, en posición de cubito dorsal con piernas fraccionadas hacia delante, en la cabeza lago hemático de sangre, cerca de la víctima se encontró una gorra marca montaje, color blanco con manchas color café supuesta sangre. La víctima vestía camisa gris, pantalón jean azul, zapatos tenis color blanco con verde y presentaba cuatro heridas cortantes en el lado derecho de la frente, lado izquierdo del cuello y cara y tercer dedo de la mano derecho, siendo la causa de muerte: exanguinación por heridas de arma blanca. Se adjuntaron 06 fotografías de la escena del crimen donde se aprecia que en efecto el cadáver se encontraba en una plantación de yuca, pudiéndose observar en la primera fotografía, al fondo una calle o carretera, la gorra encontrada y la posición final del cuerpo. La Sala quinta del Tribunal de Sentencias de San Pedro Sula, departamento de Cortes, infringe las reglas de la lógica llegando a conclusiones erróneas ya que si el señor VICTOR DANIEL QUINTANILLA, miró a su padre a eso de las siete treinta de la mañana y el hecho ocurrió a las nueve y cincuenta de la mañana, a doscientos metros de la aldea, la conclusión a la que llegan los honorables jueces es errónea porque la lógica nos indica que no es posible que se hayan tardado más de una hora y media en recorrer juntos los doscientos metros que separan la aldea del yucal donde sucedieron los hechos.-Además haciendo un razonamiento lógico de la declaración del testigo protegido con la clave 22-07-2016, al que el tribunal de sentencia le da credibilidad en el sentido de que "en el lugar cuando sucedieron los hechos sólo él estaba presenciando", nos preguntamos porque entonces el Tribunal de sentencia le da credibilidad también a lo declarado por el testigo VICTOR DANIEL QUINTANILLA, quien afirma que en la escena del crimen escuchó que la gente decía que el señor LAZARO le había dado muerte a su padre, no es coherente el razonamiento del Tribunal de sentencia, ya que la lógica se encuentra sometida al cumplimiento de ciertas reglas, entre ellas la coherencia y derivación, y por los principios de identidad, contradicción, tercero excluido y razón suficiente.- Se violenta la lógica ya que existe contradicción entre los hechos declarados probados por el Tribunal de sentencia, por una parte declara como probado que al momento en que sucedieron los hechos no habían más personas en la escena del crimen y por otra parte declara como un hecho probado que la gente le manifestaba al testigo Víctor Daniel Quintanilla, que Lázaro había matado a su padre. En el fallo se observan dos juicios opuestos entre si contradictoriamente y en consecuencia no pueden ser ambos verdaderos, o es verdad que solo el testigo protegido observó el hecho, o es verdad que la gente pudo observar el hecho, los dos juicios no pueden ser verdaderos, ya que una cosa no puede ser y ser al mismo tiempo, de manera que no pueden ser validos dos juicios de valor excluyentes.- El fallo de la Sala Quinta del Tribunal de sentencia de San Pedro Sula, Cortes, por un lado expresa que la da credibilidad al testigo en el sentido que no habían más testigos presenciales y por otro lado también acepta que la gente sabia quien le había dado muerte al señor SANTIAGO QUINTANILLA. Otra forma en que la sala quinta del Tribunal de sentencia de la ciudad de San Pedro Sula, Cortes, mediante el fallo violenta las reglas de la sana crítica, en relación a la lógica por el principio de razón suficiente, es que en la valoración de la prueba "acápite primero", le da credibilidad a lo manifestado por el testigo protegido con la clave 22-07-2016, ya que en su fallo en la valoración de la prueba plantea lo siguiente: "En el sentido de que el testigo presencial asegura que personas de la comunidad se reunieron y organizaron para intentar detener al imputado CONCEPCION LAZARO COREA, lo cual de ser cierto lo dicho por los testigos de la Defensa en cuanto a que dicho señor permanecía imperturbable en la vivienda de la señora MARTINA MATEO COREA, el arresto ciudadano se hubiera concretado. Sin embargo, el imputado (según el testigo protegido) fue visto por algunas personas abordar un autobús interurbano de la ruta La Guama-Santa Cruz, por lo que los mismos vecinos dieron aviso a la policía que le capturo en la comunidad de Las Flores." Si mi poderdante hubiese sido detenido en flagrancia, de acuerdo a la descripción de los hechos declarados por el testigo protegido, al señor CONCEPCION LAZARO COREA, al momento de su detención se le hubiese encontrado con sus ropas sucias y manchadas de sangre, extremo que no fue acreditado por el ente acusador, en consecuencia, tal afirmación plasmada en el fallo carece de otra prueba que acredite la veracidad de la declaración del testigo protegido, en consecuencia queda demostrada la, violación a las reglas de la sana critica, en relación a la lógica por el principio de razón suficiente. Otro aspecto a resaltar en la declaración del testigo VICTOR DANIEL QUINTANILLA MATEO, es el hecho de que en su declaración afirmó que su padre el día de los hechos vestía pantalón azul, camisa gris y una gorra gris con laina verde, pero advierte el testigo que la mencionada gorra no fue encontrada en virtud de que el acusado LAZARO CONCEPCION COREA se apoderó de ella por lo que la gorra encontrada en la escena del crimen no era la que el occiso vestía, afirmando que LAZARO se llevó la gorra para limpiarse la sangre. Consideramos que el testigo no puede realizar una valoración de tal naturaleza pues, no era un testigo presencial de los hechos, aún así el Tribunal consideró que no había discrepancia entre los dichos del testigo, dando credibilidad a los mísmos, con lo cual El tribunal ha violentado el principio de Derivación suficiente el cual exige que cada pensamiento provenga de otro con el cual esté relacionado, es decir, el pensamiento debe construirse por inferencias razonables deducibles de las pruebas y de la sucesión de conclusiones que en base a ellas se vayan edificando. A cada conclusión o derivación afirmativa o negativa corresponde un elemento de convicción del cual ha de inferirse aquella, ejercicio intelectivo dejado de realizar por el Tribunal de Sentencia de la ciudad de San Pedro Sula, Cortés. También la sala quinta del Tribunal de Sentencia violenta las reglas de la sana crítica en cuanto a violentar las normas máximas de la experiencia, ya que por una parte le da toda la credibilidad al testigo VICTOR DANIEL QUINTANILLA, en el sentido de que aduce haber visto a su padre en compañía del señor LAZARO a eso de las siete y siete y treinta de la mañana, cerca del campo de futbol, que su padre portaba una gorra gris con laina verde y que el señor Lázaro andaba una gorra color azul y esto contrapuesto con el acta de Levantamiento cadavérico ratificada por la Técnico de Inspecciones Oculares MILGIAN ORGUIDEA MARTINEZ SALGADO, establece que cerca de la víctima se encontró una gorra marca montaje, color blanco con manchas color café supuesta sangre.- Las gorras que portaban la víctima y el supuesto victimario (gorra gris con laina verde y gorra color azul) no pudieron por arte de magia cambiar de color y si la gorra encontrada en la escena del crimen no la portaba ni la víctima, ni el supuesto victimario, esa gorra no pudo aparecer en la escena del crimen por si misma la razón nos indica que en el lugar exacto del crimen estaba otra persona diferente al imputado, situación que no fue explicada ni valorada por la sala quinta del Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Cortes. El conocimiento común adquirido de la realidad existente, nos indica que no se requiere de conocimientos científicos para comprender que esta gorra marca montaje, color blanco con manchas color café supuesta sangre, tuvo que ser portada por la persona que le dio muerte al señor SANTIAGO QUINTANILLA, ya que la razón y la experiencia nos indican que si esa gorra, estaba cerca de la víctima con manchas de sangre, no era la gorra que la víctima portaba ni tampoco era la gorra con la que el testigo VICTOR DANIEL QUINTANILLA, aduce vió a mi defendido a eso de las siete de la mañana, entonces esa gorra tuvo que haberla portado el verdadero autor de la muerte del señor SANTIAGO QUINTANILLA, cualquier aseveración contraria es, indiscutiblemente, una trasgresión a la experiencia humana, por lo que el Sentenciador, al omitir explicar en el fallo la procedencia de la gorra encontrada en la escena del crimen ha configurado una' vulneración a las máximas de la experiencia. Por otra parte con la declaración de los testigos MARTINA MATEO COREA Y JOSUE ALEXANDER QUINTANILLA MATEO, quedo debidamente acreditado que mi defendido el señor CONCEPCION LAZARO COREA, al momento que sucedieron los hechos se encontraba lejos de la escena del crimen específicamente en la casa de la señora MARTINA MATEO COREA, EN CONSECUENCIA NO PUDO SER MI PODERDANTE EL QUE PORTARA LA GORRA MARCA MONTAJE, COLOR BLANCO. Por lo anterior nos atrevemos a sostener, que toda esta actividad probatoria no fue debidamente valorada, porque de haber sido. así se hubiese ABSUELTO al imputado por el delito de Homicidio, el sentenciador, al no lograr extraer esta información de esas pruebas, incurrió en una infracción a las Reglas de la Sana Critica. Existe Jurisprudencia de la Corte suprema de Justicia, apreciando esta clase de vicios, para el caso en la sentencia de fecha veinte de Junio del año dos mil doce, La Corte Suprema de Justicia, por medio de la Sala Penal, fallando el expediente 244-2009, estableció lo siguiente: "Las leyes de la Lógica informan sobre leyes universales, a saber: La Coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí.- La coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente; De la Ley de la Coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: El Principio de identidad: Una proposición solo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia. la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser "Y". El principio de contradicción: Las proposiciones "A" es igual que “B" y "A" no es igual de "B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En valoración de prueba un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. El principio de Tercero Excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí una es necesariamente falsa; al contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera. La Derivación: De este se trae el Principio de Razón Suficiente, por el cual el iter lógico seguido en la valoración de las pruebas debe sustentarse en inferencias razonables y de la sucesión de conclusiones que por ellas se vayan formando; Exige que el razonamiento deba derivar de elementos auténticos y suficientes para producir razonablemente un convencimiento cierto del suceso que se juzga". Por haberse producido el vicio in procedendo denunciado en el presente motivo, en el acto mismo de sentenciar, no ha podido efectuarse reclamación alguna para la subsanación del vicio. Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional “MOTIVO UNICO: "Falta de aplicación del artículo 90 de la Constitución de la República en relación con el artículo 82 de dicha carta magna en relación a los artículos 4 y 13 del Código Procesal Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: Artículo 361 del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: Durante la audiencia de debate fueron evacuados medios de pruebas testificales, documentales y periciales, no obstante de conformidad a los hechos probados el Tribunal de Sentencia consideró como medio de prueba decisivo para cimentar un fallo condenatorio en contra de nuestro representado CONCEPCION LAZARO COREA la declaración del testigo protegido con la clave 22-07-2016 aduciendo en su resolución que hoyes objeto de impugnación que el testigo en comento era un testigo presencial dando como un hecho probado que producto de una discusión y forcejeo con el ahora occiso SANTIAGO QUINTANILLA nuestro representado le infirió a este último varias heridas punzocortantes, dos (2) de ellas ubicadas en la región anterior del cuello, otra en la oreja izquierda y una herida cortante en el lado derecho deja frente causándole la muerte por exanguinación. El artículo 90 de la Constitución de la República contempla el principio del Debido Proceso al establecer que "Nadie puede ser Juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece". De conformidad con la Sentencia del Tribunal Constitucional 75/2013, de ocho (8) de abril ha otorgado amparo a dos condenados, al haberse basado su condena en un testigo anónimo, del que no pudieron conocer su identidad y, por tanto, discutir la credibilidad de su testimonio. Nos encontramos en el presente caso en el difícil equilibrio de otorgar una adecuada protección a los testigos en riesgo (a los que debe garantizarse su seguridad, así como que su declaración se haga en modo y forma que permita hacerlo de manera sosegada); y el legítimo derecho de defensa! entroncado con el derecho a un proceso. equitativo y con todas las garantías que tiene el sometido a un proceso penal, haciendo necesario que hayan de ponderarse los intereses en conflicto. En este trabajo, al hilo de aquella Sentencia, se plantea si es posible llegar a una sentencia de condena sobre la base de un testimonio anónimo y, en su caso, bajo qué requisitos. Palabras clave: Derecho a ser informado de la acusación. Derecho de defensa. Principio acusatorio. Protección de testigos. Testigo anónimo. En este punto debemos destacar que, por ejemplo, no parece posible establecer la constitución de anonimato basada en circunstancias tales como asegurar la intervención del testigo en futuros procedimientos; El derecho a un juicio justo mantiene un destacado lugar en una sociedad democrática que no puede ser sacrificado a conveniencia»; La cuestión planteada, esto es, circunstancias ajenas a la protección del testigo dentro del procedimiento concreto sólo parece ser respetuosa cuando el acusado sólo conoce y tenido relación, por ejemplo, con el agente infiltrado a través de un nombre falso de este último, por lo que el conocimiento de los datos «reales» del mismo no servirían para discutir la credibilidad del mismo en relación a su testimonio, bastaría con que el imputado conociera que el testigo era la persona que conoció previamente al procedimiento penal, aunque bajo un nombre e identificación «falso». La calificación del testigo protegido con la clave 22-07-2016 no constituye en si un testigo protegido y de conformidad a la jurisprudencia arriba citada constituye un testigo anónimo que, como muy bien lo ha mencionado el Tribunal constitucional no puede consolidarse una condena sobre la base de la declaración de un testimonio anónimo. Pues es un derecho que le asiste a nuestro representado el conocer la identidad de la persona que está declarando en su contra lo anterior, a los efectos de verificar si existen móviles espurios tales como enemistad, resentimiento, o si el testigo es pariente de la víctima. El sólo hecho de que el testigo haya dado su declaración portando sobre su vestimenta una bata, imposibilita a esta representación apreciar las características físicas del testigo u otros aspectos propio del mismo como por ejemplo si este último usa lentes para la visión, lo cual hubiera servido para establecer con ciencia cierta si era posible que el testigo hubiera visto los hechos desde la distancia que este último dijo que se encontraba. Lo cual pudieran comprometer la credibilidad de su testimonio. Otro aspecto que es de suma importancia mencionar es que no puede considerarse al testigo con la clave 22-07-2016 un testigo protegido, pues no consta en el proceso que este último haya sido ingresado en el Programa de Protección de testigos contemplado en la Ley de protección de testigos en el proceso penal emitida por el soberano Congreso Nacional mediante decreto No.63-2,007 el cual de conformidad al artículo 13 de la mencionada ley corresponde al Fiscal del Ministerio Público que está conociendo del proceso, solicitar al director del Programa el ingreso de la persona (s) sobre las cuales se haya incoado amenazas y demás situaciones de riesgo, los cuales deberán estar debidamente acreditados a través de documentos y demás investigaciones y diligencias policiales. Sobre estos requisitos el Director del citado Programa tomara una decisión en tomo a la admisión o no de la solicitud presentada por el Ministerio Público. Ha sido una práctica forense en los Juzgados de la República en donde el Ministerio Público con fundamento en el artículo 237 del Código Procesal Penal han solicitado al Juez de garantías la protección de uno o más testigos, no obstante de la lectura del precepto jurídico en comento se desprende que tal protección debe otorgarse cuando se aprecia que racionalmente exista un peligro grave para la persona, los bienes del testigo entre otros. Dicha protección en la mayoría de los casos es otorgada por los Jueces de Letras, no obstante tal protección únicamente es válida para la etapa preparatoria e intermedia, que si bien es cierto dicha declaración es sometida a un contradictorio, no es menos cierto de que en la etapa de juicio oral y público es un derecho inalienable de la persona acusada el conocer la identidad de la persona- que declara en su contra. La incorporación al debate de la declaración rendida por el testigo con la clave 22-07-2016 vulnera y violenta los principios de contradicción, inmediación y concentración aún y cuando estos principios fueron en apariencia observados en la audiencia inicial ante el Juez de Letras, no es menos cierto que en primer lugar era un deber del testigo comparecer al Tribunal a dar su declaración (ver artículo 226 CPP), de allí que su incomparecencia limitó a esta representación procesal el poder contrainterrogar al testigo y si habían móviles espurios en este último que comprometieran la credibilidad de su testimonio, también limitó a los señores Jueces de Sentencia el poder ver los gestos del testigo y demás expresiones corporales para determinar su este último estaba mintiendo. Por lo cual consideramos que la incorporación por lectura autorizada del testigo en comento violentó los principios de concentración, inmediación, oralidad, puesto que la declaración del testigo se hizo ante un Juez de Letras y no ante los señores Jueces de Sentencia. En cuanto a la declaración de este testigo expresó: Que observó los hechos a unos cien (100Mts.), aproximadamente, que después del hecho un grupo de la comunidad se reunió para ir a buscar al señor CONCEPCION, no obstante aparte del testigo protegido no compareció ninguna otra persona para corroborar tales afirmaciones. Es preciso mencionar que no existe persistencia en la declaración del testigo protegido quien teniendo el deber de comparecer al Tribunal a dar su declaración no lo hace, siendo incorporado su testimonio por el procedimiento establecido previa citación por la vía de los edictos. Aparte de la declaración del testigo con la clave 22-07-2016 no existe otro medio de prueba objetivamente confiable que permita la certeza de que nuestro representado haya sido la persona que le hay quitada la vida al señor SANTIAGO QUINTANILLA MEMBREÑO, pues si bien es cierto el acta de levantamiento cadavérico da fe del lugar que el suceso ocurrió en una plantación de yuca y piña, describiéndose la forma en que fue encontrado el cuerpo sin vida de la víctima y las heridas en el cuerpo de esta última. No obstante a pesar de ser una diligencia policial practicada a campo abierto no se encontró ningún vestigio biológico que pudiera vincular a nuestro representado con la muerte de SANTIAGO QUINTANILLA MEMBREÑO. Véase que el investigador consignó en el acta que cerca de donde estaba la víctima fue encontrada una gorra marca montaje, color blanco con manchas color café supuesta sangre. Gorra que no pertenecía al señor SANTIAGO QUINTANILLA MEMBREÑO, tomando como referencia lo dicho por el testigo VICTOR DANIEL QUINTANILLA MATEO quien era el hijo de la víctima y refirió que el dia de los hechos su padre portaba una gorra color gris con laina verde. Por lo que a falta de investigaciones objetivas y de pruebas científicas no se puede establecer que nuestro representado portaba el día de los hechos la gorra que posteriormente fue encontrada a pocos metros de la escena del crimen, la portaba nuestro representado ni siquiera el testigo con la clave 22-07-2016 refirió haber observado a nuestro representado con gorra el día de los hechos. También el testigo dijo que vio salir a un señor conocido por él como CONCEPCION, quien salió del yucal, cruzó el cerco que estaba enfrente del lugar del hecho y se fue rumbo a la montaña, afirmación que consideramos alejada de toda realidad posible pues, el testigo dijo que los hechos ocurrieron a eso de las nueve (9:00 am.), de la mañana y que en lugar no había más personas, y que vió a la víctima e imputado peleando en el suelo, por lo que si la muerte de la víctima SANTIAGO QUINTANILLA MEMBREÑO, ocurrió por exanguinación lo cual quiere decir que se desangró, evidentemente debió haber impregnado de sangre a CONCEPCION LAZARO COREA y este último en la huida debió haber dejado en el camino manchas o huellas de sangre, las cuales no fueron encontradas por la Técnico en inspecciones oculares MILGUIAN ORGUIDEA SALGADO tomando en cuenta que esta última se presentó tres (3) horas y cuarenta y cinco minutos después de acontecido el suceso es decir a las 12:45 horas, de lo cual inferimos que el testigo con la clave 22-07-2016 está mintiendo. Con respecto a la credibilidad del testigo la Sala de lo Penal en sentencia SP 198-2,008 de fecha 29 de septiembre del dos mil. nueve (2,009), ha establecido 10 siguiente: I1En cuanto a la credibilidad en general ha de precisarse en primer término: Si existen o no alguna de las causas que lo supriman: La mitomanía o tendencia a mentir, la ausencia de lucidez mental, la falta de serenidad para declarar. En cuanto a la credibilidad especial el Juez ha de basarse en las reglas generales de la sana crítica, en los antecedentes del testigo y sobre todo, en la correlación de los testimonios con las demás pruebas. Cabe por otro lado referirse a la percepción como el acto mediante el cual se percibe en la mente la imagen de la cosa o de tal acontecimiento" Es el primer momento del cual parte el proceso psíquico del testimonio, esto es la fuente de donde surge. Para que la percepción se verifique eficazmente en el sentido de aprehender la cosa o el acontecimiento tales como son, y de dar fe de ello al Juez para que forme su convencimiento frente a una teoría del caso presentada por las partes, es necesario el análisis de varias situaciones que la puedan afectar y por ello se dice que hay limitaciones que la pueden afectar como pueden ser entre otras: a) El estado de salud y facultades mentales (drogas, alcohol o intoxicación), b) La edad, sexo e inteligencia, e) Las deficiencias de los órganos de los sentidos, d) El influjo de la profesión en los poderes de la percepción, e) La utilización de uno sólo de los órganos de los sentidos, f) El estado de interés o atención, g) El carácter esperado del suceso percibido, h) La ubicación del testigo, i) La realización de una actividad inicial que distrajo la atención, j) El movimiento o cambio del objeto percibido. Todas estas consideraciones legales no pudieron ser sometidas al contradictorio por 10 que antes las contradicciones encontradas en el testimonio del testigo con la clave 22-07-2016 es que consideramos que únicamente ha resultado probado con el acta de levantamiento cadavérico y el dictamen de autopsia la muerte del señor SANTIAGO QUINTANILLA MEMBREÑO en circunstancias violentas, más no la participación de nuestro representado en la comisión de tal hecho criminal.” Fundamentación Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma El Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio (Art. 90 de la Constitución de la República). Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso (Art. 9 CPP). Si no se cumple con los requisitos establecidos en la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos y, por el contrario, se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando: a. No se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), b. Se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o c. Se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; La inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción (vicio in procedendo) y que debe ser objeto de saneamiento cuando proceda (Art. 171 CPP), de subsanación cuando concurran sus presupuestos (Art. 170 CPP) o, en su caso y como remedio último de nulidad 165 CPP). El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la denuncia -hecha por algunas de las partes- de una actividad procesal defectuosa que compromete la decisión final, dada en los actos procesales de la etapa de juicio o en la propia sentencia que le contiene y que tiene como sanción prevista por la ley su nulidad ante la imposibilidad de saneamiento o de subsanación, ergo no basta entonces con la presencia de un vicio, sino que se requerirá además: i.- Que el recurrente haya presentado protesta contra el vicio, en el momento procesal oportuno, procurando sanearlo sin éxito (Art. 363 párrafo tercero de CPP); ii.- Que el vicio tampoco sea posible tenerlo por subsanado; iii.- Que el vicio sea de aquellos que tenga como sanción legal la nulidad de la actividad que lo contiene (Art. 362 CPP), planteados como motivos para recurrir.- Los dos primeros requisitos no serán necesarios cuando el defecto se produzca en la sentencia, pues la única forma de protesta sería el mismo recurso de casación. Además de los requisitos señalados, el recurrente debe tener presente que la instancia impugnativa en casación está munida de importantes recaudos formales determinados por la ley que deben cumplirse en su interposición (Art. 363 párrafo tercero CPP) y que pueden ser de diferente naturaleza en atención al defecto procesal denunciado (Art. 362 CPP); ello se debe a que se trata de un recurso extraordinario, que tiene como fin auditar la legalidad de la sentencia y por ende de una gran exigencia técnica. Es de esta forma que con la individualización del motivo se dan las siguientes consecuencias: a. La competencia de la Sala de lo Penal queda circunscrita a los aspectos objetos de impugnación (Art. 350 CPP); b. Es inaplicable el principio Iura Novit Curia, al no poderse suplir las omisiones del recurrente; y Es posible la concesión parcial del recurso, cuando la razón solo aparezca en parte de lo alegado en el motivo. Primer Motivo Norma autorizante: artículo 362 numeral 5 del Código Procesal Penal. Norma procesal que se denuncia infringida: artículo 317 y 320 del Código Procesal Penal. Concepto de la infracción: inobservancia a las reglas establecidas para la realización del juicio oral y público. Reclamación ex-ante: se presentó por parte de la defensa privada el respectivo recurso de reposición. Pretensión: sin determinar por el censor. Explicó el recurrente que la etapa de incidentes, el fiscal del Ministerio Público propuso como nuevo medio de prueba, la declaración del señor Víctor Daniel Quintanilla, medio de prueba que fue objetado por la defensa, pero luego de la respectiva deliberación del Tribunal Sentenciador, en clara violación a los principios de contradicción e igualdad de partes, decidió admitir dicho medio de prueba. De la inobservancia a las reglas establecidas en el Código procesal Penal[1] En este motivo deben considerarse las reglas esenciales para el desarrollo de la parte más importante del juicio: el debate; por lo cual esas reglas deben referirse a los principios sobre los cuales descansa esta etapa de juicio: oralidad, publicidad, inmediación, contradicción y concentración. De ello se desprende que el vicio no estará constituido por una simple infracción a una norma procesal relativa a la forma en que se debe desarrollar un acto particular de la fase de juicio, sino que se refiere a la infracción de una norma de tanta incidencia que su violación afecte el proceso. Las normas que informan la manera de desarrollar el debate están comprendidas del artículo 304 al 346 del Código Procesal Penal. Tendrá validez la invocación del vicio cuando se trate de una infracción a una de esas normas, pero esencialmente de aquellas fundamentales, es decir la que desarrollan los principios apuntados (como por ejemplo el no permitir a una de las partes su derecho a interrogar los testigos de la parte contraria, lo cual violentaría el artículo 330 de la ley procesal, conllevaría la afectación del principio de contradicción y con ello el derecho de defensa). Mas no es suficiente la existencia del vicio procesal, se hace necesario el formal reclamo del acto irregularmente desarrollado a efecto de que pueda ser subsanado, por exigirlo así el párrafo tercero del artículo 363 del mismo cuerpo legal. En consecuencia, deberá tomarse en cuenta dos aspectos: la trascendencia de la infracción y la protesta del acto viciado para lograr su corrección y generar la facultad de recurrir a través de esta vía. De la Fase Preliminar Saneadora Una vez presentado el caso por las partes, cabe que, a instancia de cualquiera de ellas, se abra una fase que puede tener un doble contenido. Por una parte, puede aprovecharse para sanear el debate, planteando y resolviendo cuestiones de naturaleza eminentemente procesal, que podrían, de otro modo, frustrar la eficacia del proceso. Dispone el artículo 320 del Código Procesal Penal (Incidentes) que, a instancia de cualquiera de las partes, el presidente del Tribunal abrirá un turno de intervenciones, para que, aquellas pueda exponer lo que estimen oportuno acerca de la competencia del órgano judicial, recusación de alguno de sus miembros, excepciones, causas de nulidad o exclusión de medios de prueba por causa de su ilicitud, siempre que estas alegaciones se funden en hechos nuevos o desconocidos hasta entonces, y acerca de cualquier otra cuestión incidental. Los incidentes regulados en el artículo 320 del Código Procesal Penal -escribe Llorente- “se sustancian en un debate preliminar que responde a los principios de concentración y oralidad, para evitar la dilación del proceso. El texto legal no es exhaustivo en cuanto a las hipótesis que puedan dar lugar a una excepción previa o punto incidental. No se prevén restricciones respecto al tipo de problemas que se pueden suscitar, por lo que, tendrán cabida cualquier cuestión jurídica o de hecho que precise de una valoración judicial previa, siempre que sea naturalmente conexa con el objeto del juicio oral…” Las cuestiones incidentales previas -sigue mas adelante- “… tienden por lo general al saneamiento de aquellas incorrecciones o defectos de carácter procesal que hayan podido producirse, a fin de impedir la nulidad de actuaciones por vicios sustanciales de procedimiento que puedan perjudicar a alguna de las partes o generar algún tipo de indefensión. Los jueces y magistrados han de adoptar las decisiones que sean necesarias para corregir las irregularidades procesales evitando la realización de cualquier acto que tenga como finalidad dilatar indebidamente el proceso, tal y como establece el artículo 9 de Código Procesal Penal en su parte general. Deben rechazar igualmente de manera fundada las pretensiones, incidentes y excepciones que se formulen contradiciendo las reglas de la buena fe y lealtad que han de presidir las relaciones de las partes con el Tribunal o que entrañen manifiesto abuso de derecho o fraude de ley, como señala el articulo 12…” Pero esta fase puede servir, asimismo, como oportunidad de proponer nueva prueba. En efecto, con arreglo al artículo 320.2 del Código Procesal Penal, podrán también las partes proponer nuevos medios de prueba, siempre que puedan practicarse sin necesidad de suspender las sesiones del juicio. Su admisibilidad está condicionada únicamente a que su práctica no obligue a la suspensión del juicio, por lo que no se exige que se trate de medios de conocimiento posterior a la fase ordinaria de proposición de la prueba[2]. De la Procedencia del Recurso. El Motivo no es de Recibo. Conforme al vicio denunciado por el recurrente, esta Sala de lo Penal ha revisado el acta de audiencia de juicio oral y público (F90), el cual fue celebrado el 15 de junio de 2017; en el momento de los incidentes la fiscalía del Ministerio Público propuso la declaración del señor Víctor Dionel Quintanilla, quien declarará sobre los hechos sometidos investigación; la defensa del ahora acusado objetó dicha declaración advirtiendo que el mismo no era un nuevo medio de prueba; pero su argumento fue desestimado y el Tribunal Sentenciador determinó admitir la deposición del testigo, de cuya decisión la defensa del acusado interpuso recurso de reposición, el cual fue desestimado por el A-quo. Esta Sala de lo Penal ha establecido criterio jurisprudencial en el sentido de que, en el momento del juicio oral, es decir en la etapa incidental, cuando las partes soliciten la presentación de pruebas, éstas deben ser igualmente no antes conocidas, es decir nuevos medios probatorios, en el entendido que es en la audiencia de proposición de pruebas en donde las partes deben presentar su abanico probatorio y así conocer con antelación cuáles serán las pruebas que se valdrán para probar sus pretensiones, el hecho de presentar pruebas en el momento incidental y éstas ser de conocimiento previo de las partes, es totalmente desleal y contrario al principio de contradicción, pues la parte contraria no tendría la posibilidad de presentar prueba que contrarreste la misma. En el caso de autos, en efecto, el Ministerio Público en el momento de los incidentes en el juicio oral, presentó la declaración del joven Víctor Dionel Quintanilla Mateo, quien es hijo del ofendido y el ente acusador conocía de su testimonio desde antes de la proposición de pruebas, por tanto, el Tribunal Sentenciador no debió permitir su incorporación al debate. Ahora bien, ya en esta etapa de casación, si bien nos encontramos ante un vicio de casacional, debemos analizar si el mismo acarrea un perjuicio material para quien lo está denunciando, en el caso de autos, el testigo en referencia manifestó haber visto a su padre el día de los hechos en compañía del ahora acusado en horas de la mañana, afirmó que los vio supuestamente de goma y que andaban tomando; a lo cual el Sentenciador le concedió credibilidad, pero su testimonio no genera ninguna prueba contundente de la participación o no del acusado en los hechos o la forma en que éstos sucedieron, es decir no es un medio de prueba de vital importancia, pues si extraemos in mente del legajo probatorio la declaración del testigo Víctor Dionel, aun persiste y se mantiene la declaración del testigo protegido clave 22-07-2016, quien si es un testigo presencial de los hechos y observó la dinámica en que se desarrollaron, cuando se da un forcejeo entre el imputado y el ofendido, caen al suelo, luego sale caminando el ahora imputado Concepción y al acercarse mas encontró al ofendido Santiago Quintanilla ya sin vida. En ese sentido observa esta Sala de Casación, que la declaración del joven Víctor Dionel Quintanilla Mateo, si bien no debió ser admitida por el Tribunal Sentenciador, al no ser una prueba no antes conocida, su incorporación al debate no fue de incidencia para determinar la culpabilidad el imputado, en tal sentido no existe perjuicio material para la defensa; razones suficientes para desestimar el primer motivo de casación. Segundo Motivo Norma autorizante: artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. Norma procesal que se denuncia infringida: artículo 202 del Código Procesal Penal. Concepto de la infracción: inobservancia de las reglas de la sana crítica. Reclamación ex ante: por producirse el vicio en el acto mismo de sentenciar, no ha podido efectuarse reclamación alguna. Pretensión: sin determinar por el censor. Explicó el recurrente que al analizar los medios de prueba evacuados en el debate, el Tribunal Sentenciador infringe la regla lógica debido a que, el testigo Víctor Quintanilla aduce haber visto a su padre en compañía del señor Lázaro a eso de las 7:30 de la mañana, que su padre portaba una gorra gris con rayas verdes y que el señor Lázaro andaba una gorra azul y que la gente decía que el señor Lázaro había matado a su padre, a lo cual el Juzgador le dio credibilidad; pero infringe las reglas de la sana crítica el Tribunal porque los hechos ocurrieron a las 9:50 am y a 200 metros de la Aldea, por tanto la conclusión a la que llegan los jueces es errónea. Se violenta la lógica ya que existe contradicción entre los hechos declarados probados y el momento en que sucedieron los sucesos. Del Principio de Debida Técnica Recursiva El Código Procesal Penal prevé que, en contra de las resoluciones definitivas dictadas por los Tribunales de Sentencia procede interponer recurso de casación, cuyo objeto por una parte es velar por el respeto del principio de legalidad, con la correcta aplicación de normas constitucionales, normas penal sustantivas y normas procesales y, por otra parte, la unificación de los criterios legales en el sistema jurisdiccional del Estado mediante la definición de la doctrina legal. Importante es recordar que conforme a las normas del Código Procesal Penal se ha eliminado lo que antes era la fase de admisión del recurso, que consistía en un examen preliminar que se hacía de éste a efecto de resolver si era admitido o no para su estudio de fondo; tal cambio obedece al cumplimiento del artículo 25.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, el cual establece que: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales…”; para lo cual los Estados partes se han comprometido: “a) Garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) Desarrollar las posibilidades de recurso judicial; y c) Garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.”. Ahora bien, tal disposición convencional no exime al pretensor a cumplir con los requisitos legales establecidos en aras de que el Tribunal de Casación pueda dar una respuesta pertinente, propia y útil al conflicto jurídico que se plantea, siendo éstos los siguientes: 1. Legitimidad objetiva: existencia de un derecho impugnatorio, para lo cual se requerirá que la ley procesal determine que la resolución puede ser impugnada vía recurso de casación; 2. Legitimidad subjetiva: que el recurrente esté legitimado a impugnar la resolución por causarle agravio lo resuelto por el revés (total o parcial) al interés jurídico en conflicto como consecuencia de una infracción a la ley; y 3. Satisfacción de requisitos de interposición: El recurrente deberá observar los requisitos de lugar, tiempo, modo y forma al interponer el recurso, pues éste sigue siendo un acto procesal sujeto a la observancia del debido proceso y respeto a los derechos fundamentales de todas las partes contendoras. De la Rúa (Fernando de la Rúa, en La Casación Penal, Editorial Depalma, Buenos Aires, Argentina, 1994, pág. 217), explica que el recurso de casación es un acto procesal complejo, integrado por dos elementos esenciales: la expresión de la voluntad de impugnar; y la fundamentación de la impugnación; añade el autor que ambos elementos deben confluir al mismo acto y en el mismo momento, el cual es en la presentación del escrito de interposición. Una vez presentado el recurso de casación, corresponde al Tribunal de Sentencia hacer estudio sobre la existencia de la legitimidad objetiva y subjetiva, además de la observancia de las condiciones de lugar, tiempo y modo, restando solo a la Sala de lo Penal revisar la satisfacción del requisito de forma de interposición, mismo que se realiza al tiempo en que se resuelve el recurso, siendo éste el aspecto que analizaremos con detenimiento. El recurso de casación es la manifestación expresa de una de las partes de no encontrarse conforme con lo resuelto por el Tribunal de Sentencia por contener un vicio (de fondo o de forma), que debe ser corregido, siendo esto su pretensión; el recurrente debe necesariamente individualizar la resolución que contiene el o los vicios, su deseo de impugnarla mediante el recurso de casación y el tipo de recurso que se interpone. Además, el recurso de casación debe estar debidamente motivado con la identificación, explicación y demostración del vicio: 1. Identificación del vicio/motivo/recurso: Al momento de la interposición de un recurso de casación, el pretensor deberá señalar en primer término el tipo de recurso de casación, seguidamente el motivo en que lo fundamentó y luego el vicio que denuncia, sin embargo, el proceso de construcción del recurso por parte del recurrente es en el sentido inverso: identificación del vicio, encuadramiento del motivo y finalmente tipo de recurso de casación. Ante una resolución definitiva emitida por el Tribunal de Sentencia, el pretensor deberá identificar si existe vicio que justifique la impugnación de aquello resuelto que le causa agravio; el vicio es el defecto de ley concreto o material que contiene la resolución y cuya corrección es la que persigue mediante el recurso; hecho esto el pretensor deberá encuadrar el vicio en uno de los motivos previstos en la ley como aquellos autorizados para presentar impugnación; los motivos son enunciados abstractos de posibles vicios que puede contener la resolución, previsto por la ley procesal, operando éstos bajo el sistema de numerus clausus, por tanto, no es posible alegar vicios cuyos motivos no estén taxativamente señalados, salvo en el caso del recurso de casación por infracción de precepto constitucional, el cual opera bajo el sistema de numerus apertus, siempre que se alegue un vicio relacionado material o formalmente con la decisión adoptada por el a quo. La identificación del motivo de casación lleva al pretensor a derivar el tipo de recurso de casación a interponer; la ley procesal prevé tres tipos de recursos de casación: recurso de casación por infracción de ley, cuyo objeto es la denuncia de vicios in iudicando; recurso de casación por quebrantamiento de forma, mediante el cual se denuncian vicios in procedendo; y, recurso de casación por infracción de precepto constitucional, mediante el cual se pueden denunciar vicios in iudicando o in procedendo, contenidos en las normas fundamentales. El proceso de identificación se cumple cuando el pretensor señala: el tipo de recurso de casación; la norma autorizante del recurso que identifica el motivo mediante el cual se denunciará el vicio; el motivo debe ser de aquellos previstos a ser planteados por el tipo de recurso elegido; norma o doctrina legal infringida, cuya indebida aplicación o inobservancia provoca la existencia del motivo; concepto de la infracción, que es el enunciado sobre el vicio concreto observado, que debe ser consecuente con el motivo elegido; y la aplicación pretendida, la cual consiste en la aplicación o interpretación que se pretende de la norma o doctrina legal infringida o mal aplicada. 2. Explicación del vicio: Es ineludible para el recurrente su deber de explicar en qué consiste el vicio que produce la resolución que se impugna, y como éste se subsume en uno de los motivos previstos en la ley. La explicación debe ser clara y precisa: la claridad radica en la exposición del vicio de manera individualizada y separada, descomponiendo sistemáticamente todas sus aristas hasta desentrañar sus aspectos más básicos; la precisión implica la no mutación del alegato a aspectos ajenos al vicio que se ha identificado. La ley procesal exige en el artículo 363 del Código Procesal Penal que cada motivo debe ser planteado de manera separada, ello se justifica por la necesidad de individualizar de manera concreta y precisa cada agravio, por lo que su inobservancia mella en la efectividad del recurso. Recordemos que el artículo 350 del Código Procesal Penal prohíbe al órgano jurisdiccional que resuelve un recurso pronunciarse sobre aspectos distintos a los que se hayan planteado dentro de la impugnación y para ello entonces se requiere que dicha impugnación sea clara en cuanto al vicio, pues la falta de claridad pone en riesgo al Tribunal de Casación hacer pronunciamiento de algo distinto de lo que realmente se está impugnando, siendo entonces lo consecuente declarar sin lugar el motivo, cuando la falta de claridad sea absoluta. 3. Demostración del vicio: El recurrente, aun y cuando haya identificado el vicio, explicado en qué consiste el mismo, no verá prosperar su recurso si no demuestra su existencia; ello solo se puede hacer cuando se hace la debida confrontación entre el aspecto contenido en la sentencia o resolución impugnada y la norma sustantiva o procesal que revela la contrariedad y la explicación de la aplicación que debió hacerse de dicha norma y que es la pretensión que se persigue con el recurso, es decir, como considera el recurrente que debió haber sido aplicada la norma o por qué no debió haber sido aplicada. El vicio debe ser relevante, debe superar los aspectos meramente formales pasando a ser un aspecto material que interfiere en la legalidad de la resolución y que justifica la impugnación. Por lo anterior, el Tribunal de Casación no podría dar respuesta a un recurso cuando éste fuese presentado en grado tan confuso que no sea posible, aun con un gran esfuerzo, deducir cual es el sentido del reclamo que realiza el censor, pues ello podría acarrear violación del artículo 350 del Código Procesal Penal, tal y como se ha explicado ut supra. (Sentencias de Sala de lo Penal del 29 de abril de 2014 en el expediente SP 348-2011; del 27 de mayo 2014 en expediente 057-2012; del 04 de febrero de 2014 en el expediente 439-2011, del 23 de octubre de 2013 en expediente 172-2011; del 17 de septiembre de 2013 en el expediente SP 228-2011). De la Procedencia del Recurso. El Motivo no es de Recibo. Esta Sala de Casación ha revisado el recurso presentado por el censor y encuentra que no ha utilizado la técnica recursiva adecuada para argumentar y desarrollar su impugnación, si bien refiere correctamente el vicio en inobservancia a las reglas de la sana crítica y establece la supuesta regla violentada, al momento de determinar cuáles son esos razonamientos erróneos del sentenciador, lo que efectúa son meros argumentos de instancia, es decir no cuestiona en sí, la valoración probatoria, sino que señala supuestas contradicciones entre las declaraciones testificales y termina realizando un revaloración probatorio, es decir determina según su criterio cual es el valor probatorio que el A-quo debió darles a cada medio de prueba, razonamiento que no es permitido en esta etapa casacional, pues dicha tarea compete al juzgador quien ha tenido contacto directo con la prueba y su desarrollo. En los recursos donde se señala la violación a las reglas del correcto pensamiento humano, el censor debe cuestionar únicamente la valoración probatoria del juzgador y determinar porqué es contraria a las reglas de la sana crítica, además de determinar cómo ese vicio incurre en perjuicio para su representado; ante tales inconsistencias, no es posible que esta Sala de lo Penal de una respuesta al planteamiento del censor, pues el mismo es falto de claridad y precisión, en tal sentido es procedente desestimar el presente motivo de casación. Del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior[3]. En general toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia; En una buena técnica recursiva, el peticionario debe hacer mano de este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional de amplio espectro (Recurso Ordinario), en contraposición con los recursos de Infracción de Ley, Infracción de Doctrina Penal y Quebrantamiento de Formas Procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores (Recursos Extraordinarios). En este último sentido Llorente Fernández expresa que (Llorente Fernández De La Reguera, Ángel, en Los Recursos, Cuadernos de Estudios Judiciales, RAFAEL ALVARADO MANZANO, LITICOM, Tegucigalpa, 2001, págs. 113-115), “la jurisprudencia española ha puesto de manifiesto que este cauce impugnatorio no está previsto para alegar, bajo su cobertura, la vulneración de cualquier norma constitucional, sino específicamente la infracción de aquellas que tienen una estrecha y directa relación con el objeto del proceso en que son invocados. Serán, por tanto, los derechos fundamentales ligados al proceso con carácter general los que tengan cabida en esta vía impugnativa y de un modo especial aquellos que el recurrente entienda que han sido conculcados en el caso concreto...”La esencia del recurso de Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del Principio de Convencionalidad y el Principio de Primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. Único Motivo Norma autorizante: artículo 361 del Código Procesal Penal. Norma constitucional que se denuncia infringida: artículo 90 en relación al 82 de la Constitución de la República; en relación al 4 y 13 del Código Procesal Penal. Concepto de la infracción: falta de aplicación del artículo 90 de la Constitución. Pretensión: que se declare el fallo sin lugar contra los acusados por el delito de portación ilegal de armas. Explicó el censor que durante la audiencia de debate fueron evacuados medios de prueba testificales, documentales y periciales, no obstante de conformidad con los hechos probados, el Tribunal de Sentencia consideró como medio de prueba decisivo, la declaración del testigo protegido clave 22-07-2016, aduciendo que el mismo era presencial, dando como hecho probado una discusión y forcejeo entre el imputado y el ofendido, lo que dio como resultado que el ahora acusado infiriera varias heridas cortopunzantes que le provocaron la muerte al ofendido. Establece el recurrente, que el Tribunal Constitucional en la Sentencia 75/2013 otorgó amparo a unos acusados pues su condena se basó en un testigo anónimo; concluye el censor que la calificación de testigo protegido con la clave 22-07-2016 ,no constituye en sí un testigo protegido y de conformidad con la jurisprudencia señalada éste constituye un testigo anónimo, que como bien se ha señalado por el Tribunal Constitucional no puede consolidarse una condena sobre la base de la declaración de un testimonio anónimo Del Testigo Protegido A. Obligatoriedad de comparecer como testigo El testigo es la persona que de manera accidental adquiere conocimiento de unos hechos determinados por conducto de sus sentidos, por encontrarse en el momento y lugar en que aquellos ocurrieron; se trata de una persona que, en la mayoría de las veces sin preverlo, presencia hechos que son de interés al derecho y que, por esa razón, es llamado para que relate lo que ha percibido, mediante su narración. Conforme al Código Procesal Penal, toda persona que sepa de un delito está obligada a atender el llamamiento judicial para participar en un proceso judicial en su condición de testigo (Art. 226 CPP); Esta obligación, salvo las excepciones previstas en la ley (Art. 227 CPP), exige a las autoridades estatales a dictar las medidas pertinentes para asegurar que el testigo acate el llamamiento judicial, medidas que pueden ser: Aprehensión para efectos de identificación: Durante la investigación preliminar, ante la noticia criminis y dándose la imposibilidad de distinguir entre testigos y posibles responsables entre las diferentes personas presentes en un lugar, la Policía Nacional (Art. 175 CPP) y/o el Ministerio Público (Art. 176 CPP) podrá aprehender a las personas que considere necesarias para evitar que se ausenten del lugar sin antes identificarlas plenamente, para ser llamadas como testigos; Actualización de domicilio de los testigos: Sin perjuicio de las medidas de seguridad pertinentes, el órgano jurisdiccional o el Ministerio Público, en la etapa de investigación preliminar, podrán ordenar a los testigos a fijar su domicilio e informar con antelación cualquier cambio de éste (Art. 238 CPP); Aprehensión por riesgo de Ocultamiento o Fuga: Cuando una persona trate de ocultarse o fugarse, con el fin de no participar en un proceso judicial como testigo, el órgano jurisdiccional podrá ordenar su aprehensión por hasta 24 horas, a efecto de que durante dicho tiempo se le tome la declaración testifical, la que podrá ser tomada bajo el protocolo de prueba anticipada de ser necesario; esta aprehensión podrá ordenarla el Ministerio Público hasta por 06 horas, entretanto gestiona la orden judicial (Art. 234 CPP); Intimación por el delito de desobediencia: En todas las citaciones que realice el Ministerio Público o el órgano jurisdiccional, se deberá informar al testigo, sobre su obligación de comparecer (salvo las excepciones previstas en la ley), advirtiéndole que la desatención a dicha cita sin justa causa, le hará incurrir en responsabilidad por el delito de desobediencia (Art. 155 CPP); y Conducción Coactiva: Cuando un testigo debidamente citado y sin justificación válida, no atienda el llamamiento judicial, el órgano jurisdiccional procederá a citarlo por segunda vez, advirtiéndole que podrá ser conducido por la fuerza pública a rendir su declaración, lo cual se ordenará cuando no se atienda esta segunda citación (Art. 233 CPP). La normativa citada nos indica que la participación de una persona como testigo en un proceso judicial no cae en el ámbito discrecional de ésta, sino que es una obligación legal cuya inobservancia acarrea responsabilidad, debiendo las autoridades operadoras de justicia en el ámbito penal, dictar las medidas pertinentes para asegurar la participación del testigo en el proceso penal. B. Medidas de Protección a Testigos La obligación de la persona de participar en el proceso tiene al mismo tiempo aparejada la obligación del Estado de brindar la protección necesaria para repeler cualquier riesgo fundado que dicha participación le pueda acarrear (Art. 5 CPP).- Las medidas de protección están previstas en dos cuerpos legales distintos: i.- Código Procesal Penal, bajo el control del órgano jurisdiccional competente; y ii.- Ley de Protección a Testigos, a cargo del Director del Programa Nacional de Protección de Testigos en el Proceso Penal. El artículo 237 del Código Procesal Penal prevé una serie de medidas de protección de los testigos, siendo éste un listado ilustrativo y no excluyente de otras medidas que pueda adoptar la Policía Nacional, Ministerio Público y los órganos jurisdiccionales, pero todas ellas bajo control de estos últimos. Son medidas de protección, entre otras: Que no conste en las carpetas institucionales, llámese expediente policial, expediente del Ministerio Público y/o expediente judicial: el nombre, profesión u oficio, domicilio, centro de trabajo ni dato alguno del testigo. Estos datos deberán ser consignados en sobre sellado que estará bajo la custodia del titular del tribunal que conozca la causa. El testigo deberá ser identificado con una clave o número acorde con la dignidad humana y a la solemnidad del proceso penal, procurando que ésta sea la misma en todo el procedimiento (Al respecto ver sentencia de la Sala de lo Penal de fecha 04 de febrero de 2014, en el exp. 232-2011, respecto a la dignidad de las claves); Que el testigo comparezca para la práctica de las diligencias procesales, utilizando cualquier procedimiento que imposibilite su identificación visual normal; Que se fije como domicilio, a efecto de comunicaciones, la propia sede del órgano jurisdiccional interviniente, por cuyo conducto serán enviadas reservadamente a su destinatario; Que la declaración de la persona sea recibida sin la asistencia de público en la sala de juicio (ver art. 308.2 CPP); o Que la declaración del testigo sea rendida mediante videoconferencia. Por su parte, la Ley de Protección a Testigos (Decreto legislativo No. 63.-2007 del 28 de mayo de 2007), ordena que las medidas serán a favor de las personas que integren el Programa de Protección a Testigos dirigido por el Ministerio Público y, por ende, bajo el control exclusivo de éste, el que puede solicitar el auxilio de instituciones públicas y privadas para su implementación. Entre las medidas que contempla la ley in comento están: Medidas de Protección Personal: i. Alejamiento del lugar del riesgo; ii. Reubicación temporal o definitiva del testigo protegido dentro o fuera del país; iii. Cambio de identidad; iv. Modificación de rasgos físicos; Medidas Policiales: i.- Alejamiento inmediato del testigo y de su grupo familiar del lugar de riesgo; ii. Vigilancia, monitoreo y patrullaje policial; iii. Medios y modalidades de comunicación policial de emergencia; y iv. 4) Acompañamiento del testigo por un agente policial (escolta); Medidas Penitenciarias: Medidas de protección penitenciaria; o Medidas de Protección en el Proceso Penal: i. Métodos de distorsión de voz o de aspecto físico y cualquier otro instrumento técnico que proteja la identidad y/o integridad física del testigo; ii. Anonimato o resguardo de identidad y reserva de ésta; iii.- Videoconferencia; y, iv. Garantía de preferencia en la tramitación del caso en el proceso jurisdiccional, asegurando su confidencialidad. Cuando la medida de protección a imponer sea la reserva de identidad, ésta será revelada al órgano jurisdiccional hasta cuando éste comparezca a rendir su declaración; el órgano jurisdiccional comprobará la identidad constatando privadamente los datos de identificación proporcionados por la parte proponente en un sobre sellado (el que será abierto en ese momento), y luego de ello devolverá dicho sobre a la parte proponente para su destrucción; el sobre de datos de identificación jamás deberá ser agregado al expediente judicial. Téngase en cuenta lo ya señalado por este tribunal de casación en sentencia de fecha 18 de septiembre de 2018, en el Expediente 153-2914: “Esta Sala de Casación recuerda, que la declaración de testigos protegidos […], es una práctica procesal permitida en nuestra legislación según lo regula el artículo 237 del Código Procesal Penal, puesto que, si bien los testigos gozan de medidas de protección para no conocerse sus nombres, ni revelar su apariencia física por razones de seguridad personal, los jueces de sentencia si conocen esos detalles, precisamente deben cerciorarse de las generales de ley de los testigos que se encuentran en sobres sellados, por tanto no son en ningún momento testigos anónimos, sino que protegidos debido a la existencia racional de algún peligro grave para sus personas o sus parientes...”. Las medidas que están previstas en la legislación nacional (Art. 237 del CPP y Ley de Protección a Testigos en el Proceso Penal), operan bajo un sistema de numerus apertus, de modo que la autoridad estatal podrá adoptar tanto las medidas regladas contempladas en la legislación, como cualquier otra que no lo esté, pero que se identifique como necesaria en el caso concreto; en todos los casos se deberá tener presente que, cualesquiera que sean, deben implementarse dentro del marco del respeto a un debido proceso judicial, en especial a los derechos de defensa y contradicción. C. Necesidad de Adopción de Medidas de Protección Las instituciones del Estado, al llamar a una persona como testigo, están en el deber de identificar los factores de riesgo y emitir las medidas necesaria para evitarlos; su implementación no debe obedecer a un simple miedo natural que puede tener el llamado a atestiguar por su involucramiento en un proceso judicial, sino cuando racionalmente exista un grave peligro para la persona o bienes del testigo, de su cónyuge o compañero de vida, o de un ascendiente, descendiente o hermano de cualquiera de ellos, como consecuencia del testimonio que deba prestar o ha prestado; es una medida excepcional motivada por una concreta situación. La Corte IDH en el caso Norin Catriman, Juan Patricio Marileo Saravia, Víctor Ancalaf Llaupe y otros versus Chile, de fecha 05 de noviembre de 2010, señaló: “243. El deber estatal de garantizar los derechos a la vida y la integridad, la libertad y la seguridad personales de quienes declaran en el proceso penal puede justificar la adopción de medidas de protección.” Por su parte la Sala de lo Constitucional en sentencias de fecha 19 de mayo del dos mil 2016 en el expediente 449-2015, de fecha 30 de septiembre del dos mil 2016, en el expediente 504-2015, y de fecha 30 de noviembre de dos mil 2017 en el expediente 384-2017, se ha señalado que “…con el mismo celo con que se garantizan los derechos del imputado, así habrá de actuar el Tribunal de Sentencia en relación a la persona de los testigos protegidos, recordándoles nuevamente que el derecho a la vida es inviolable, así como el respeto a la integridad física, psíquica y moral de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 65 y 68 Constitucionales, y son precisamente estos derechos entre otros los que se protegen y garantizan con la protección de testigos, en tal virtud el legislador ha previsto la figura de protección de testigos como se ha hecho alusión y que el órgano jurisdiccional no debe desconocer...” Recomienda la Sala de lo Penal que la figura del testigo protegido sea usada con la mayor prudencia, en los casos realmente meritorios donde la amenaza a la vida propia o de los allegados de la persona que debe prestar su declaraciones o la amenaza a sus bienes, sean comprobada o al menos racionalmente previsible; y en especial este ad-quem recomienda a los jueces hacer un examen particular de cada caso a efecto de evaluar la necesidad de implementar, confirmar, reformar o revocar medidas de protección a favor de testigos y peritos en el proceso penal al amparo del Código de Rito; y en el caso particular de reserva de identidad: buscar un equilibrio entre la necesidad del acusado de conocer la identidad del testigo para poder ejercer plenamente el derecho de defensa y el derecho a la protección a la vida, a la integridad corporal y a la propiedad de personas a las que el Estado obliga a comparecer como testigos en una causa criminal; por ello y aun cuando las medidas de protección sean de carácter excepcional, ante la duda de su procedencia lo preferible es su implementación; todo ello independientemente de la valoración que se haga a la declaración de un testigo protegido, de conformidad a la sana crítica, y más aun de conformidad con los principios constitucionales y convencionales. D. Medidas de Protección y el Derecho de Defensa La Convención Americana sobre Derechos Humanos, señala que toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter, siendo una de esas garantías igualdad plena de poder interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos (Art. 8 CADH); agregando la Corte IDH que: “187. Para que en un proceso se respeten verdaderamente las garantías judiciales protegidas en el artículo 8 de la Convención es preciso que se observen todos los requisitos que “sirvan para proteger, asegurar o hacer valer la titularidad o el ejercicio de un derecho”, es decir, las “condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquellos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial”. El referido artículo 8 contempla un sistema de garantías que condicionan el ejercicio del ius puniendi del Estado buscando asegurar que el inculpado o imputado no sea sometido a decisiones arbitrarias.” (Norin Catrumán y otros vs. Chile). Como se ha señalado ya, ante la presencia de fundamentos razonables que señalen la existencia de posible peligro a la vida, integridad corporal o los bienes de una persona llamada a declarar como testigo en el proceso judicial o de cualquiera de su núcleo familiar, es deber del órgano jurisdiccional el brindarle la protección, cuya necesidad justifica que se vean limitados algunos de los principios informadores del proceso penal; es claro que -en particular- la medida de reserva de identidad del testigo no solo excluye el principio de publicidad respecto a ésta, sino que puede limitar en diversos grados el ejercicio del principio de contradicción y con éste, el ejercicio de derecho de defensa, pues la representación legal de la persona imputada puede verse limitada de controvertir lo señalado por el testigo ante el valladar de conocer su identidad, y por ende la imposibilidad de saber sus antecedentes personales, relaciones con los demás testigos, ofendidos y acusado, y veracidad de algunos de los hechos concretos que informa en su declaración;“242.-…la reserva de identidad del testigo limita el ejercicio de este derecho puesto que impide a la defensa realizar preguntas relacionadas con la posible enemistad, prejuicio y confiabilidad de la persona misma del declarante, así como otras que permitan argumentar que la declaración es falsa o equivocada” (Corte IDH: Norin Catrumán y otros vs. Chile). Resulta ilustrativo lo que explica el procesalista español Cubillo López (Cubillo López, Ignacio Jose, en La Protección de Testigos en el Proceso Penal, Civitas /Thomson Reuters, Editorial Aranzadi, págs. 175-187), al referirse a las declaraciones rendidas por testigos durante la etapa preparatoria del proceso, señalando que tales declaraciones siguen las reglas generales en materia de prueba testifical y para que alcancen valor probatorio habrán de reproducirse en la fase de enjuiciamiento, esto es: ante el tribunal sentenciador (inmediación), con eventual asistencia de personas distintas a las partes o sus representantes (publicidad), y en la presencia del acusado, con su letrado, quien debe tener la oportunidad de interrogar al testigo (contradicción), añadiendo que: “...no existe un régimen especial cuando se trata de un testigo que ha estado sujeto a medidas protectoras…de tal manera que los testigos protegidos deben comparecer al juicio, como cualquier otro, sin que su condición de tales determine una modificación del régimen ordinario de prueba, en el sentido de que pudiese considerarse que es suficiente con la declaración sumarial, liberándoles de la declaración personal en el juicio oral…el testigo protegido debe comparecer en el juicio oral para ratificar la declaración que efectuó durante la instrucción, y este testimonio será valorado…según las reglas del criterio racional…”. Conforme la legislación hondureña, pueden presentarse tres situaciones distintas en torno a la participación de testigos con identidad reservada en el proceso; cada una de ellas con repercusiones distintas al derecho fundamental a la defensa: Primer Supuesto: Declaración introducida por lectura a la audiencia de debate de un testigo Protegido con identidad reservada, con base en el numeral 2 del artículo 311 del Código Procesal Penal, por la imposibilidad o alto grado de dificultad de hacer llegar al testigo, a la audiencia. El supuesto se presenta cuando en la audiencia de debate se ordena la introducción por lectura de la declaración de testigos con protección de identidad sin protocolo de prueba anticipada, con base en el artículo 311 numeral 2 del Código Procesal Penal, dado que fue extremadamente difícil o imposible su localización; circunstancia que suma dos aspectos que limitan al mínimo el ejercicio del derecho de defensa: la situación ya abordada sobre la limitación que puede presentarse para la defensa, por el desconocimiento de las generales del testigo y la imposibilidad de poder examinar directamente al testigo, de ejercer contradictorio en la audiencia en donde se produce la prueba que sirve para la toma de la decisión de fondo: la audiencia de debate.- La Sala de lo Penal, en un caso concreto en donde se apreció esta dualidad de circunstancias donde el testigo protegido no fue presentado a debate porque no podía ser localizado, señaló en sentencia del tres de marzo dos mil quince en el Expediente 106-2012, que declarándose a una persona como testigo protegido pasa a estar bajo el resguardo del Estado, por lo que es un contrasentido que se señale en la audiencia de debate que es imposible localizar a dicho testigo o que su incomparecencia se debe a que pende riesgo en contra de su vida, su integridad física o de sus bienes, pues se parte de que la condición de protección no solo obliga a los agentes del Estado a saber dónde se encuentra el testigo, sino que además las medidas de protección deberían contrarrestar cualquier posible riesgo, permitiendo que el testigo pueda comparecer al debate de manera segura para informar lo que conoce. Por tanto, sería inadmisible un medio de prueba de introducción por lectura de la declaración rendida en fase preparatoria de un testigo de identidad reservada, rendida fuera de protocolo de prueba anticipada, pues la dualidad de las condiciones ya apuntadas haría de dicho medio, violatorio al derecho de defensa. Segundo Supuesto: Declaración recibida en etapas previas al debate bajo protocolo de prueba anticipada de un testigo protegido con identidad reservada: i. Introducida por lectura al debate con base en el numeral 1 del artículo 311 del Código Procesal Penal, por haberse materializado el riesgo previsto; o ii. Introducida al debate con base en el numeral 7 del artículo 311 del código in comento, por tratarse de un testigo en condición de vulnerabilidad. Los supuestos del numeral 1 y numeral 7 del artículo 311 del Código Procesal Penal tienen en común la introducción al debate de la declaración del testigo con identidad reservada tomada en una etapa anterior al debate, evacuada bajo el protocolo de prueba anticipada, introducción que se hace para efecto de ser valorada dicha declaración conforme a las reglas de la sana crítica; teniendo como diferencia que en el numeral 1 la introducción se hace como consecuencia de haberse materializado el riesgo que motivó la toma de la prueba de forma anticipada, entretanto en el numeral 7 la introducción es porque el testigo se encuentra en condición de vulnerabilidad. Considera esta Sala de lo Penal que tal introducción por lectura es lícita por estar acorde al derecho de defensa, siempre que: i. Tratándose del numeral 1 del 311 la limitación de la reserva de la identidad del testigo haya sido acordada como consecuencia de riesgo fundado; o tratándose del numeral 7, que el testigo se encuentre dentro de aquellos testigos en condición de vulnerabilidad que taxativamente prescribe el artículo 237-A del Código Procesal Penal; y ii. Que el Tribunal de Sentencia procure que la limitación al ejercicio de contradicción tenga como límite lo estrictamente necesario para resguardar la identidad del testigo en riesgo, velando porque los demás principios sigan incólumes y que permitan retomar el equilibrio de derechos que la limitación a la defensa haya provocado; en ese sentido, para la Corte IDH (Norin Catrumán y otros vs. Chile, párrafo 246) son medidas de contrapeso a observar al momento de la deposición del testigo de identidad reservada: Que la autoridad judicial conozca la identidad del testigo y tenga la posibilidad de observar su comportamiento durante el interrogatorio, con el objeto de que pueda formar su propia impresión sobre la confiabilidad del testigo y de su declaración; Que la representación técnica de la persona acusada tenga una amplia oportunidad de interrogar directamente al testigo en alguna de las etapas del proceso, sobre cuestiones que no estén relacionadas con su identidad o paradero actual; lo anterior con el objeto de que la defensa pueda apreciar el comportamiento del testigo bajo interrogatorio, de modo que pueda desacreditarlo o, por lo menos, plantear dudas sobre la confiabilidad de su declaración; en ese sentido el tribunal de sentencia deberá ser tolerante respecto a las preguntas que en condiciones normales podrían ser calificadas como impertinentes, pero que en el caso del testigo con identidad reservada resultan ser necesarias para auscultar lo señalado, siempre -se insiste- que dichas preguntas no estén dirigidas a revelar su identidad; y Respecto a la decisión judicial: determinar la suficiencia probatoria, identificando fuentes de información distintas a la proporcionada por el testigo con identidad reservada. En la valoración de la prueba testifical deberá existir especial pronunciamiento por parte del tribunal de justicia sobre: i. Limitaciones en la valoración intelectiva generadas por la falta de inmediación; ii. Limitantes sufridas por las partes al derecho de defensa como consecuencia de la reservada de la identidad del testigo; ambas situaciones se deberán tomar en consideración al momento de tomar la decisión de fondo. Tercer Supuesto: Declaración de testigo protegido con identidad de reserva, rendida de manera directa en la audiencia de debate. En este caso la, la inmediación, la oralidad y la concentración son observadas directamente por el tribunal de sentencia, entretanto la contradicción se desarrolla de manera limitada dada la reserva de la identidad del testigo. En este caso persiste la obligación del tribunal de sentencia de advertir el grado de repercusión que la reserva de identidad del testigo tuvo en el ejercicio del derecho de defensa en general, y en el ejercicio de la contradicción en particular. Consideraciones Comunes: Independientemente de que se trate del segundo supuesto o tercer supuesto, ha advertido la Corte IDH, que: “247.-… aun cuando se hayan adoptado medidas de contrapeso que parecen suficientes, la condena no puede estar fundada únicamente o en grado decisivo en declaraciones realizadas por testigos de identidad reservada. De lo contrario, se podría llegar a condenar al imputado utilizando desproporcionadamente un medio probatorio que fue obtenido en detrimento de su derecho de defensa. Por tratarse de prueba obtenida en condiciones en las que los derechos del inculpado han sido limitados, las declaraciones de testigos con reserva de identidad deben tratarse con extrema precaución, ser valoradas en conjunto con el acervo probatorio, las observaciones u objeciones de la defensa y las reglas de la sana crítica. La determinación de si este tipo de pruebas ha tenido un peso decisivo en el fallo condenatorio dependerá de la existencia de otro tipo de pruebas que corrobore aquellas de tal forma que, a mayor prueba corroborativa, menor será el grado decisivo que el fallador otorga al testimonio de identidad reservada.”. (Lo resaltado no aparece en el original de Norin Catrumán y otros vs. Chile). La Sala de lo Penal, reconoce como derecho inquebrantable lo preceptuado en los artículos 14.3.e del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que indica que durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho, en plena igualdad a interrogar y hacer interrogar a los testigos de cago en las mismas condiciones; así mandado también en los artículos art. 8.1 y 8.2.f de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, Art. 82 de la Constitución de la República y art. 14 y 101 del Código Procesal Penal; además reconoce como obligatorio el criterio fijado por la Corte IDH en las sentencias: i. Palamara Iribarne versus Chile de fecha 22 de noviembre de 2005 (Párrafos 176 a 179); ii. Lori Berenson Mejía versus Perú, de fecha 25 de noviembre de 2004 (párrafos 183 a 186); iii. García Asto y Ramírez versus Perú, de fecha 25 de noviembre de 2005 (Párrafos 152 a 154); y en especial iv. Norin Catriman, Juan Patricio Marileo Saravia, Víctor Ancalaf Llaupe y otros versus Chile, de fecha 05 de noviembre de 2010 (Párrafos 187, 236 a 239, 241, 250 a 253), a partir de lo cual se fijan las siguientes premisas: i. La persona acusada, directamente o por conducto de su representante legal, tiene el derecho de examinar las pruebas de cargo en igualdad de condiciones con las otras partes, o de decidir no hacerlo; ii. Para ejercer el derecho de examen de testigos, el acusado debe poder conocer la identidad de los testigos de cargo con suficiente antelación, para preparar su defensa y poder formular preguntas, cuestionar y en general controvertir en la audiencia de debate la declaración del testigo, salvo el caso excepcional del siguiente numeral; iii. En ciertos casos, es necesario adoptar medidas de protección a favor de los testigos ante los riesgos de que su vida, su integridad corporal, sus bienes o a de sus familiares pudiesen generar su participación en el proceso; una de esas medidas es la reserva de su identidad, la cual es de carácter lícita en el proceso penal hondureño tanto por disposición constitucional como por disposición convencional; iv. El testigo con identidad reservada da paso a un ejercicio limitado al derecho fundamental a la defensa; la falta de identidad hace imposible a la persona acusada o a su apoderado legal poder determinar relaciones de amistad, parentesco, amistad, enemistad con el acusado, la víctima u otros sujetos procesales; v. Como consecuencia de lo señalado en el numeral v y iv, convencionalmente se ha dispuesto que un pronunciamiento condenatorio no puede descansar de manera decisiva en la declaración de un testigo de identidad reservada, cuando tal reserva haya repercutido en el ejercicio del derecho fundamental a la defensa. Por ello, la Sala de lo Penal declara que una sentencia condenatoria carecerá de validez cuando se base en una solitaria prueba de un testigo con reserva de identidad o cuando la decisión descanse de manera decisiva en dicha declaración, siempre que dicha reserva haya repercutido en el ejercicio material del derecho de defensa. Para ello entonces se deberá identificar el perjuicio material concreto, o cuando menos, potencial que ha sufrido la persona acusada en el ejercicio del mencionado derecho. Finalmente, es de señalar que el derecho que hoy ocupa la argumentación de la Defensa Pública y del que se ha pronunciado esta Sala de lo Penal es de carácter renunciable, criterio que se desprende de la opinión del Comité de las Naciones Unidas en el caso Glenmore Compass c. Jamaica, U.N. Doc. CCPR/C/49/D/375/1989 (1993) párrafo 10.3, en donde se indica: “En lo que respecta a la alegación del autor de que en su caso se violó lo dispuesto en el párrafo 3 del artículo 14, dado que no tuvo ocasión de efectuar el contrainterrogatorio de uno de los principales testigos de la acusación, el detective McNab, el Comité observa que es indiscutible que el testigo no pudo prestar declaración durante el juicio puesto que había salido de Jamaica. El Comité observa, no obstante, que las actuaciones del juicio demuestran que el autor estuvo presente durante la audiencia preliminar, cuando McNab prestó declaración jurada, y que en esa ocasión el abogado del autor efectuó el contrainterrogatorio del testigo. La deposición del testigo, así como sus respuestas en el contrainterrogatorio, se presentaron al Tribunal como prueba durante el juicio; ni el autor, ni su abogado objetaron, en el juicio o en la apelación, la presentación de esta prueba. El Comité observa que el apartado e) del párrafo 3 del artículo 14 protege la igualdad de condiciones entre la acusación y la defensa en lo que se refiere al interrogatorio de los testigos, pero no impide a la defensa renunciar a su derecho a efectuar el contrainterrogatorio de un testigo de la acusación durante el juicio, o no ejercer este derecho. En cualquier caso, el Comité toma nota de que el detective McNab fue examinado por la defensa.”. Así entonces y para evitar la subsanación del defecto conforme lo estipula el artículo 170 en relación con el artículo 167 último párrafo, del Código Procesal Penal, la defensa deberá plantear objeción, declarando la existencia de un perjuicio en el ejercicio del derecho de defensa por una contradicción disminuida como consecuencia de la reserva de la identidad del testigo, en los momentos procesales oportunos, pues en caso de silencio se entenderá que el derecho de defensa no fue comprometido. De la Procedencia del Recurso. El Motivo no es de Recibo. El Recurrente alega que la declaración del testigo protegido 22-07-2016, el cual fue valorado positivamente por el tribunal de sentencia, sirvió para fundamentar la condena de su representado, aun y a pesar de ser un testigo de identidad reservada o anónima, que afecta el ejercicio de una completa contradicción, inmediación y concentración. Esta Sala de lo Penal nota que este alegato es apenas planteado en el recurso de casación y que sobre ello la defensa hizo silencio en todas las etapas previas del proceso, develando conformidad por omisión. Se resalta que la defensa hizo silencio, no solo respecto a si la medida de protección de la identidad de la testigo era proporcional o no, a un posible riesgo, sino que además sobre la existencia de una posible restricción al ejercicio de defensa o debido proceso como consecuencia de dicha reserva. El Ministerio Público dio a conocer la existencia del testigo protegido desde la audiencia inicial, sin que la defensa se pronunciara sobre la medida de la reserva de identidad o protección de testigo; tampoco hizo pronunciamiento de esta o de la existencia de disminución al ejercicio del derecho de defensa o al debido proceso al término de la audiencia inicial, pero en la audiencia de proposición de prueba, opuso objeción a la admisión del referido testigo protegido estableciendo que era necesario conocer la identidad del testigo, pero su objeción fue declarada no ha lugar; posteriormente en el momento de las conclusiones la defensa del acusado advirtió que aceptar la declaración el ofendido violentaba convenios y tratados internacionales por la presentación de un testigo anónimo. El Censor para fundamentar su posición, refiere a una jurisprudencia de un Tribunal Constitucional, sin referirse a cuál máximo Tribunal se refiere, pues en nuestro país dicha carga compete a la Sala de lo Constitucional como órgano integrante de la Honorable Corte Suprema de Justicia, pero en ningún momento se le denomina Tribunal Constitucional, pues este Tribunal de Casación investigó el numero presentado por el recurrente 75/2013 y no corresponde a ninguna sentencia que haya dictado la Sala de lo Constitucional de nuestro país, al omitir establecer dichos detalles no es posible determinar si nuestra Sala de lo Constitucional se haya referido en esos términos. La cuestión radica que en nuestra ley procesal permite la presentación de testigos protegidos, cuyos testimonios deben ser analizados con mucha cautela y además cumplir con los requisitos procesales para su admisión, en el caso de autos el Juez A-quo pudo determinar el peligro que representaba para el testigo presentarse a declarar sin ninguna protección, pues es un delito grave y las circunstancias permitían percibir la amenazas para su vida, es por eso que fue admitido; durante la declaración del testigo protegido, estuvo presente la defensa que ejerció sus derechos a la inmediación, concentración y contradicción, teniendo la posibilidad de contrainterrogar al testigo, por lo que no observa esta Sala de lo Penal que se haya vulnerado el Debido Proceso ni ningún otro derecho constitucional. Al defecto de forma, se suma la falta de perjuicio material, pues tras el examen al caso concreto, la Sala de lo Penal puede constatar que si bien la declaración de la testigo protegido 22-07-2016, contribuyó con la formación del criterio de culpabilidad, no constituyó única prueba de cargo o prueba -que por sí sola- haya esculpido la formación de la convicción judicial, pues a ésta se le sumaron medios de prueba que aportaron alta carga inculpatoria, como ser declaración de Víctor Dionel Quintanilla Mateo, dictamen de autopsia, acta de levantamiento de cadáver; así entonces la declaración del testigo protegido se sumó a un acervo probatorio que en conjunto destruyen el estado de inocencia del acusado, convirtiéndolo en responsable del delito y siendo objeto de sanción penal como su consecuencia; suficientes razones para desestimar el presente recurso de casación. Decisión Se declara no ha lugar el recurso de casación por quebrantamiento de forma en sus dos motivos e infracción de precepto constitucional en su único motivo. de la procedencia de la aplicación retroactiva del cp decreto 130-2017. A. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos de retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir una pena de cinco a diez años de prisión). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado, disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrará en vigencia y cuándo es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento del juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución Política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas en su totalidad, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el CP Decreto 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo código, sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibida la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando en la decisión judicial de la sentencia que se impugna, se aprecie un concurso real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme a las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse, primero conforme al límite objetivo ordinario o límite objetivo extraordinario, según corresponda, y después conforme al límite subjetivo. Sin embargo, uno no es preferente sobre el otro, por lo que se aplicará el límite que sea menor; b. La ponderación deberá realizarse, primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el CP-130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a. Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b. Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no, los 30 años (límite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (límite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años, la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años, se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas, en suma, sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y, aun así, en suma, sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja, de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Límite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Límite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Límite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán, cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. C. Escrito Complementario No fue presentado ante la única instancia escrito por parte de la Defensa Pública del acusado Concepción Lázaro Corea, que expusiera cuál es su criterio en cuanto a la aplicación retroactiva del nuevo cuerpo normativo penal, tal y como lo señala el artículo 624 del Código Penal 130-2017; tampoco el Ministerio Público hizo pronunciamiento al respecto, por lo que la Sala de lo Penal se ve obligada a realizar el análisis de oficio tal y como prevé el numeral 3 de la misma norma citada, en relación al acusado señalado. D. Ponderación en el caso concreto El Tribunal de Sentencia, basado en el Código Penal 144-83, declaró responsable al acusado Concepción Lázaro Corea, como autor del delito de Homicidio Simple, en perjuicio del señor Santiago Quintanilla Membreño, imponiendo la pena de quince años de reclusión; como penas accesorias se impuso a los acusados la inhabilitación absoluta, la interdicción civil; además se hizo la declaratoria de responsabilidad civil derivada del delito. Conforme a la nueva legislación penal, decreto 130-2017 el delito de homicidio se encuentra regulado en el artículo 192, el cual tiene señalada una pena de 15 a 20 años de prisión. Al hacer el comparativo de penas es posible concluir que la pena impuesta conforme el Código Penal derogado se encuentra en el mismo rango de la nueva ley penal, por lo que no procede la aplicación retroactiva del decreto 130-2017. Por Tanto: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 82, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 338, 359, 361, 362, 363 y 369 del Código Procesal Penal; 66 y 616 del Código Penal decreto 130-2017. Falla: Primero: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento en sus dos motivos interpuesto por el Abogado Daniel Flores Velásquez, en su condición de defensor privado del señor Concepción Lázaro Corea, a quien se le condenó por el delito de Homicidio Simple, en perjuicio del señor Santiago Quintanilla Membreño. Segundo: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo interpuesto por el Abogado Daniel Flores Velásquez, en su condición de Defensor Privado del señor Concepción Lázaro Corea, a quien se le condenó del delito de Homicidio Simple, en perjuicio del señor Santiago Quintanilla Membreño. Tercero: Declara la no procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal decreto130-2017. Cuarto: Declara Firme y Ejecutable la sentencia de fecha once de agosto del año dos mil diecisiete, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, departamento de Cortés. Y manda: Que la Secretaría del despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. - Firmas y Sello. -Jose Olivio Rodriguez Vasquez. Magistrado Coordinador. - Rafael Bustillo Romero. Magistrado. Alma Consuelo Guzmán García. Magistrada. -Firma y Sello. – Jose Ramon Cruz Ferrera. -Secretario. Sala de lo Penal.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en fecha nueve de noviembre de dos mil veintidós. Certificación de la sentencia dictada el treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, recaída en el expediente SP 10-2019.

JOSÉ RAMÓN CRUZ FERRERA

Secretario Sala de lo Penal

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[1] Cuellar Cruz, Rigoberto. Fernández Entralgo, Jesús. Gomez Colomer, Juan Luis y otros. Derecho Procesal Penal de Honduras (Manual Teórico Práctico) Agencia Española de Cooperación Internacional, Proyecto Fortalecimiento Poder Judicial de Honduras. Tegucigalpa, Honduras. Año. 2004. Páginas 601 y 602

[2] Cuellar Cruz, Rigoberto. Fernández Entralgo, Jesús. Gomez Colomer, Juan Luis. Derecho Procesal Penal de Honduras (Manual Teórico-Práctico). Proyecto de Fortalecimiento del Poder Judicial de Honduras. Agencia Española de Cooperación Internacional. Tegucigalpa, Honduras. Septiembre de 2004. Páginas 426 y 427.

[3] El artículo 8.2 literal h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que, durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, entre otras garantías mínimas, la de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.