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Sentencia CP-08-19 — Registro 17538

Resumen

En primera instancia se condenó al imputado por el delito de Asesinato, resolviendo en segunda instancia No Ha Lugar el recurso de casación y se Declara la no procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"...DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO. EL MOTIVO NO ES DE RECIBO. Esta Sala de lo Penal ya ha establecido como criterio jurisprudencial, la obligación de observar el Principio de Debida Técnica Recursiva, para todos aquellos recurrentes que intente la presentación y desarrollo de un recurso de casación en cualquiera de sus especies; en ella se plantean los requerimientos mínimos para que esta Sala de Casación proceda a hacer la revisión de la sentencia que se cuestiona. La censora no ha cumplido con la observancia de esas normas y lineamientos, pues ha incurrido en varios errores; en primer lugar, señaló como motivo de casación que los hechos probados no son claros ni terminantes, pero al momento de desarrollar su libelo expone criterios de valoración probatoria y trae a discusión la declaración rendida por el único testigo presencial de los hechos. Si el motivo invocado por la recurrente es que los hechos probados no son claros y terminantes, debió circunscribir su exposición en determinar porqué consideró el cuadro factico confuso y falto de claridad, sino que cuestionó el proceso de valoración probatorio que utilizó el Juzgador para conformar los hechos probados, cuando dicho cuestionamiento debe ser por la vía recursiva adecuada y además cumplir con la debida técnica para su exposición. En un apartado de su recurso la impetrante establece “…que se ha incurrido en la infracción de violación de la sana crítica, en el principio de contradicción, en la valoración de la prueba, al no haber apreciado conforme a la lógica, la sana crítica y la experiencia, la declaración testifical de la prueba en su totalidad” esta argumento vertido por la censora no es propio de un recurso donde se denuncia la falta de claridad y no ser concluyentes los hechos probados, pues refiere a las reglas de la sana crítica, existiendo en nuestra ley procesal un motivo específico para este tipo de cuestionamientos. La censora incurre también en el error de hacer su propia valoración probatoria, externando criterios subjetivos de cómo debió valorar el Sentenciador la prueba y cuál es el valor probatorio que tiene que otorgársele, raciocinio que no es permitido en esta etapa de casación, pues la valoración de le prueba compete al A-quo, ya que es éste quien ha tenido contacto directo con la prueba y su desarrollo. Por último, la recurrente efectúa meros argumentos de instancia que son propios de recursos ordinarios como la apelación o la reposición, pero que no pueden ser utilizados en un recurso tan técnico como la casación, todo esto hace que el recurso se vuelva confuso y falto de claridad, razones suficientes para desestimar el presente recurso de casación..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

"... Ponderación en el caso concreto. El Tribunal de Sentencia, basado en el Código Penal decreto 144-83, declaró responsable al acusado Julio Cesar Laínez Gomez, del delito de Asesinato, imponiéndole una pena principal de 25 años de reclusión; como penas accesorias se impuso al acusado la inhabilitación absoluta, la interdicción civil; además se hizo la declaratoria de responsabilidad civil derivada del delito y como consecuencia penal de obligación de realizar trabajo penitenciario. Conforme a la nueva legislación penal decreto 130-2017, el delito de asesinato esta regulado en el artículo 193 que tiene señalada una pena de 20 a 25 años de prisión; a hacer el comparativo de penas de ambos instrumentos penales, observamos que la pena impuesta conforme el decreto 144-83 se encuentra dentro del margen abstracto que señala el nuevo Código Penal, por tanto, no procede su aplicación retroactiva porque no representa ningún beneficio para el acusado.."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

La Infrascrita Secretaria Actuante de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia recaída en el expediente del Recurso de Casación SP-08-2019 que literalmente dice: “I. Sentencia. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veinticuatro (24) días del mes de febrero del año dos mil veintidós (2022), el pleno de la Sala de lo Penal integrado por los Magistrados José Olivio Rodríguez Vásquez en su calidad de coordinador, Rafael Bustillo Romero y Alma Consuelo Guzmán García, pronuncian. EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS. La siguiente sentencia en el Recurso de Casación SP 08-2019 por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha veintiséis de julio del año dos mil diecisiete, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, departamento de Cortés, mediante la cual falló; Primero: Condenó al señor Julio César Laínez Gómez, como autor del delito de Asesinato, en perjuicio del menor G. A. H. C., a la pena de veinticinco años de reclusión, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo que dure la condena principal. Segundo: No procedió condenar en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio. Tercero: Se le declaró la responsabilidad civil del señor Julio César Laínez Gómez. Cuarto: No procedió el comiso. Interpuso el recurso de casación por quebrantamiento de forma, la Abogada Miryan Ivone Palomo Nuñez, en su condición de defensora privada del acusado. Son Partes En La Única Instancia: La Abogada Miryan Ivone Palomo Núñez, en su condición de defensora privada del señor Julio César Laínez Gómez, como parte recurrente y el Abogado Foad Alejandro Castillo Ferrufino, en su condición de fiscal del Ministerio Público, como parte recurrida. II. Hechos Probados. “UNICO: El día veintiocho (28) de junio del año dos mil quince, aproximadamente a las once con cuarenta minutos de la noche, el menor G. A. H. C., se encontraba en su casa de habitación ubicada en la Colonia Los Almendros de Choloma, Departamento de Cortes, descansando en su cama en compañía del testigo protegido con clave MMT-02-15; lugar donde llegaron tres individuos portando arma de fuego, entre ellos el señor JULIO CESAR LAINEZ GOMEZ, quienes ingresaron a la casa de habitación, uno procedió a encañonar al TESTIGO PROTEGIDO CON CLAVE MMT-02-15, que se encontraba en el mismo lugar otro a vigilar, mientras JULIO CESAR LAINEZ GOMEZ, se dirigió hasta donde se encontraba descansando G. A. H. C. y le disparo con su arma de fuego, causándole la muerte producto de una Laceración Cerebral.” III. Recurso De Casación. Motivos y Argumentos. Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma “RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA. MOTIVO UNICO: LA DECLARACIÓN DEL HECHO PROBADO NO SEA CLARA Y TERMINANTE. PRECEPTO AUTORIZANTE: ART. 362.1 El hecho probado en su epígrafe PRIMERO: contiene el siguiente tramo: "El día veintiocho de junio del año dos mil quince, aproximadamente a las once con cuarenta minutos de la noche, el menor G. A. H., se encontraba en su casa de habitación ubicada en la Colonia los Almendros de Choloma, Departamento de Cortes, descansando en su cama en compañía del testigo protegido con clave MMT-02-15; lugar a donde llegaron tres individuos portando arma de fuego, entre ellos JULIO CESAR LAINEZ GOMEZ, quienes ingresaron a la casa de habitación, uno procedió a encañonar al TESTIGO PROTEGIDO con CLAVE MMT-02-15, que se encontraba en el mismo lugar, otro a vigilar, mientras JULIO CESAR LAINEZ GOMEZ, se dirigió hasta donde se encontraba descansando G. A. H. C. y le disparo con su arma de fuego, causándole la muerte producto de una laceración cerebral.” Lo anterior descrito en la sentencia que hoy se recurre, es contrario a lo manifestado por el único testigo de cargo, que supuestamente es presencial de los hechos sucedidos en este caso en virtud de que se pueden apreciar discrepancias sustanciales entre su testimonio que menoscaba su credibilidad en la descripción de los hechos que manifiesta haber escuchado y observado, por ejemplo, aunado a lo anterior, es inconcebible, que durante su deposición e interrogatorio, el ente fiscal y el Tribunal, le preguntaron en 6 ocasiones, si la persona a quien señalaba como culpable se encontraba en la sala, a lo que el testigo MMT-02-15, en las mismas 6 ocasiones contesto que no? El Tribunal Sentenciador, da o determina su hecho probado con la única declaración de un testigo, cuyo testimonio no fue corroborado con otro medio de prueba ya sea pericial o documental, que pudiera mínimamente indiciariamente, sustentar los dichos del testigo MMT-02-15, pero más determinante es el hecho, que el Tribunal y las partes estuvieron presentes cuando en seis ocasiones el testigo MMT-02-15, manifestó que la persona que el conocía como JULIO CESAR LAINEZ GOMEZ, a quien estaba señalando como responsable de la muerte del joven G. H., NO SE ENCONTRABA EN LA SALA EN ESE MOMENTO, aun y cuando era evidente la presencia en la SALA de JULIO CESAR LAINEZ, lo que establece, que el testigo protegido MMT-02-15, no identifico al imputado como el autor de la muerte del joven G., y no ubico la presencia del autor en la sala, por lo tanto no identifico a JULIO CESAR LAINEZ como el responsable de los hechos por el observados; tal aspecto así es consignado en el acta de juicio oral y público agregada en el expediente, y podrías verificarse a través del audio de las grabaciones del juicio que nos ocupa, sin embargo, el sentenciador a fin de fundamentar su erróneo fallo, redacta lo contrario a lo sucedido en su sentencia, lo que incurre en un yerro del legislador, pues la prueba no fue solo confusa sino ineficiente para enervar el estado de inocencia del imputado. (ver hoja 3 líneas 9 a la 12 inclusive) que textualmente consigna: A.- la fiscal continua interrogando: ¿la persona que usted describió e identifica como JULIO CESAR LAINEZ se encuentra en esta sala?: NO. ¿pudo observar si estaba en esta sala JULIO CESAR? NO. el testigo de cargo no fue congruente, pese a referir un determinado suceso, supuestamente por el observado, al momento de identificar la posible presencia del sospechoso en la sala refiere en varias ocasiones que no está en la sala, aun con la insistencia del Tribunal, el Juez ponente también le pregunta y el testigo le contesta que no está en la sala.- entonces he ahí el yerro del sentenciador, al emitir un fallo cuyo fundamento consignado en su libelo es inexistente, pues no se evacuo en la audiencia de Juicio más que este testimonio del testigo supuesto presencial MMT 02-15, y el del otro testigo (que es de referencia) que es el testigo MMT 03-15, que no hace sino contar el relato que a ella le contaron o que ella supone, pero que no fue testigo presencial de los hechos investigados, sino solo un testigo de referencia.- De lo antes expuesto se colige que el Tribunal pese a haber escuchado varios testimonios que excluyen la participación del imputado en los hechos investigados, le otorga únicamente credibilidad al testimonio incorroborado del testigo protegido, a tal efecto causa agravio que el Tribunal A Quo, pese a existir las contradicciones antes establecidas entre los mismos testigos de cargo, le da credibilidad en parte a uno y en parte al otro testimonio en la sentencia que hoy se recurre, cuando debió desestimar ambas declaraciones por ser contradictorias entre si.- de lo anterior, se determina que existe una duda sobre si efectivamente el acusado disparo un arma de fuego contra una persona.- Es decir es indispensable determinar e individualizar el autor material del hecho, para consiguientemente precisar cuál es la acción con cuyo acto no se hubiera podido consumar el hecho, y que medios de prueba corroboran y sustentan el dicho de un testigo único, para determinar, con certeza, si efectivamente existe una autoría en el hecho antijurídico consistente en quitarle la vida a una persona e imputar su responsabilidad al acusado.- Para determinar cuál es la acción realizada nuestro representado que se subsume para el Tribunal sentenciador en una autoría, debió primeramente establecerse sin lugar a dudas el intercriminis del caso que nos ocupa, para así determinar en forma certera que acto realizado por nuestro representado, le coloca en la posición de autor de este hecho, pues mientras un testigo de cargo lo exime, el otro lo culpa, aunado a lo anterior, la inexistencia de otro medio de prueba o indicio que en su pluralidad establezca, determine o indique la participación, Y ello se agrava con la fundamentación jurídica de la sentencia al dictar o establecer una pena agravada, por la inexistente característica de –alevosia- que de haber existido, seria otra la calificación jurídica fallada y tal discernimiento se dicta en el fundamento jurídico, lógicamente posterior a una clara redacción de la participación del encausado en el hecho probado. Lo anterior es de observar, en tanto es de conocimiento el criterio de la Honorable Corte Suprema, como así lo fundamenta el Asesor Legal de Vuestra Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Guzmán Valladares . Así mismo lo ha dictaminado el mismo Coordinador General de Fiscales de Honduras, Rolando Argueta, quien siguiendo la línea trazada por el Jurista Muñoz Conde, ha dictaminado: "En este sentido ésta despacho estima que si bien las diligencias de investigación orientan a concluir que el investigado participó en la comisión del ilícito, su participación no fue acreditada o vital en el núcleo del delito, al menos así se desprende del material probatorio, pues éste fue insuficiente” Entonces la cuestión a la cual reducimos nuestra impugnación es confrontar dicha actividad probatoria que fue insuficiente con la sentencia que hoy se recurre. ASÍ, en virtud que la acusación calificó homicidio, y sin otro aporte nuevo a la sustentación de los cargos inicialmente incoados a un tipo más grave (art. 337 CPP), y ante un único testimonio cuya credibilidad se ve menoscabada y contradicha por el resto de los testigos, que no señalan e implican a nuestro representado en un determinado acto, no procede por consiguiente el fallo de culpabilidad recurrido ni el agravante establecido en la pena impuesta. Por tanto, cerciora que el encuadre legal que aplicó el A QUÓ es indebido, en tanto utilizó el amplificador o agravante de responsabilidad de la alevosía de manera errónea. Nótese que el artículo 321 del C.P.P., establece la necesidad de sustentar mediante elementos nuevos, que lleven a la convicción del sentenciador que se ha llegado a probar un hecho más gravoso que el mismo que se venía incoando inicialmente; lo anterior no se dio en el caso de mérito pues el ente acusador sustento los mismos hechos de la acusación inicial, agravando sin motivo alguno la calificación jurídica a un hecho más gravoso de HOMICIDIO, e imponiendo una pena más allá del mínimo establecido de diecisiete años de reclusión.- Considera la defensa que se ha incurrido en la infracción de violación de la sana crítica, en el principio de contradicción, en la valoración de la prueba toral del presente juicio, al no haber apreciado conforme a la Lógica, la sana crítica y la experiencia la declaración testifical de la prueba en su totalidad, esto es la prueba testifical tanto de cargo como de descargo, Es ahí donde se cristaliza la contradicción: Se otorgó credibilidad a la versión de un testigo de cargo, y al no poder ser sustentada con prueba pericial o documental, que deberían generar certeza y no dudas sobre los hechos en torno a la muerte de la víctima, ya que genera duda sobre la certeza de los relatos del testigo MMT 02-15, Por lógica, no pueden coexistir dos versiones divergentes y ciertas sobre un mismo evento, donde en uno se señala el nombre del culpable supuesto y en la otra no se puede reconocer al sujeto antes señalado. Ante el concurso de versiones, el tribunal elige una y descarta la otra, y luego debe justificar tal discriminación. El tribunal en este caso ha acogido tanto la de los testigos de cargo, ya que fue explícito al otorgarle credibilidad en la critica a estos, y también al descargo del imputado, donde más bien alega que la dicha versión tiene la fuerza para generar duda sobre las versiones de aquellos testigos. Por tanto, en un tramo de la sentencia reconoce la credibilidad del testigo de cargo, y luego declara se equivoca al transcribir lo contrario a lo que manifestó el testigo MMT 02-15. Por tanto, la sentencia incurre en una contradicción inconciliable. Debió ser firme en una de dos posturas: O el testigo de cargo es creíble, y pese a señalar un culpable no logra su reconocimiento en sala o a contrario sensu, el testigo deja dudas en su señalamiento. Pero ambas posturas de estar reflejadas en la redacción de la sentencia, deben ser transcritas conforme al testimonio real del testigo y el resto de la prueba, porque ello incurre en la causal de nulidad de sentencia, vía casación, por quebranto del principio de contradicción, de la sana critica en la valoración de la prueba. AGOTAMIENTO DE RECURSOS PREVIOS.- El vicio aquí denunciado aparece por primer momento en la sentencia, lo que impide un ejercicio recursivo previo al presente de casación.” IV. Fundamentación. Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. El Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio (Art. 90 de la Constitución de la República). Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso (Art. 9 CPP). Si no se cumple con los requisitos establecidos en la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos y, por el contrario, se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando: a. No se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), b. Se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o c. Se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; La inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción (vicio in procedendo) y que debe de ser objeto de saneamiento cuando proceda (Art. 171 CPP), de subsanación cuando concurran sus presupuestos (Art. 170 CPP) o, en su caso y como remedio último de nulidad 165 CPP). El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la denuncia -hecha por algunas de las partes- de una actividad procesal defectuosa que compromete la decisión final, dada en los actos procesales de la etapa de juicio o en la propia sentencia que le contiene y que tiene como sanción prevista por la ley su nulidad ante la imposibilidad de saneamiento o de subsanación, ergo no basta entonces con la presencia de un vicio, sino que se requerirá además: i.- Que el recurrente haya presentado protesta contra el vicio, en el momento procesal oportuno, procurando sanearlo sin éxito (Art. 363 párrafo tercero de CPP); ii.- Que el vicio tampoco sea posible tenerlo por subsanado; iii.- Que el vicio sea de aquellos que tenga como sanción legal la nulidad de la actividad que lo contiene (Art. 362 CPP), planteados como motivos para recurrir.- Los dos primeros requisitos no serán necesarios cuando el defecto se produzca en la sentencia, pues la única forma de protesta sería el mismo recurso de casación. Además de los requisitos señalados, el recurrente debe tener presente que la instancia impugnativa en casación está munida de importantes recaudos formales determinados por la ley que deben de cumplirse en su interposición (Art. 363 párrafo tercero CPP) y que pueden ser de diferente naturaleza en atención al defecto procesal denunciado (Art. 362 CPP); ello se debe a que se trata de un recurso extraordinario, que tiene como fin auditar la legalidad de la sentencia y por ende de una gran exigencia técnica. Es de esta forma que con la individualización del motivo se dan las siguientes consecuencias: a. La competencia de la Sala de lo Penal queda circunscrita a los aspectos objetos de impugnación (Art. 350 CPP); b. Es inaplicable el principio Iura Novit Curia, al no poderse suplir las omisiones del recurrente; y Es posible la concesión parcial del recurso, cuando la razón solo aparezca en parte de lo alegado en el motivo. Único Motivo. Norma autorizante: artículo 362 numeral 1 del Código Procesal Penal. Norma procesal que se denuncia infringida: sin determinar por la censora. Concepto de la infracción: los hechos probados no son claros ni terminantes. Reclamación ex-ante: el vicio denunciado aparece por primera vez en la sentencia, lo que impide un ejercicio recursivo previo. Pretensión: sin determinar por la censora. Explicó la recurrente que el A-quo estableció que, le han servido para declarar probados los hechos, las declaraciones rendidas en juicio por los testigos y los documentos estudiados y analizados; la censora se pregunta cuáles testigos y documentos, si durante el juicio se contó únicamente con la declaración de un solo testigo, supuestamente presencial y cuyo testimonio no fue corroborado con otro indicio. Considera la defensa que ha incurrido en infracción de violación de la sana crítica, en el principio de contradicción en la valoración de la prueba. Del Principio de Debida Técnica Recursiva. El Código Procesal Penal prevé que, en contra de las resoluciones definitivas dictadas por los Tribunales de Sentencia procede interponer recurso de casación, cuyo objeto por una parte es velar por el respeto del principio de legalidad, con la correcta aplicación de normas constitucionales, normas penal sustantivas y normas procesales y, por otra parte, la unificación de los criterios legales en el sistema jurisdiccional del Estado mediante la definición de la doctrina legal. Importante es recordar que conforme a las normas del Código Procesal Penal se ha eliminado lo que antes era la fase de admisión del recurso, que consistía en un examen preliminar que se hacía de éste a efecto de resolver si era admitido o no para su estudio de fondo; tal cambio obedece al cumplimiento del artículo 25.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, el cual establece que: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales…”; para lo cual los Estados partes se han comprometido: “a) Garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) Desarrollar las posibilidades de recurso judicial; y c) Garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.”.Ahora bien, tal disposición convencional no exime al pretensor a cumplir con los requisitos legales establecidos en aras de que el Tribunal de Casación pueda dar una respuesta pertinente, propia y útil al conflicto jurídico que se plantea, siendo éstos los siguientes: 1. Legitimidad objetiva: existencia de un derecho impugnatorio, para lo cual se requerirá que la ley procesal determine que la resolución puede ser impugnada vía recurso de casación; 2. Legitimidad subjetiva: que el recurrente este legitimado a impugnar la resolución por causarle agravio lo resuelto por el revés (total o parcial) al interés jurídico en conflicto como consecuencia de una infracción a la ley; y 3. Satisfacción de requisitos de interposición: El recurrente deberá de observar los requisitos de lugar, tiempo, modo y forma al interponer el recurso, pues éste sigue siendo un acto procesal sujeto a la observancia del debido proceso y respeto a los derechos fundamentales de todas las partes contendoras. De la Rúa (Fernando de la Rúa, en La Casación Penal, Editorial Depalma, Buenos Aires, Argentina, 1994, pág. 217), explica que el recurso de casación es un acto procesal complejo, integrado por dos elementos esenciales: la expresión de la voluntad de impugnar; y la fundamentación de la impugnación; añade el autor que ambos elementos deben de confluir al mismo acto y en el mismo momento, el cual es en la presentación del escrito de interposición. Una vez presentado el recurso de casación, corresponde al Tribunal de Sentencia hacer estudio sobre la existencia de la legitimidad objetiva y subjetiva, además de la observancia de las condiciones de lugar, tiempo y modo, restando solo a la Sala de lo Penal revisar la satisfacción del requisito de forma de interposición, mismo que se realiza al tiempo en que se resuelve el recurso, siendo éste el aspecto que analizaremos con detenimiento. El recurso de casación es la manifestación expresa de una de las partes de no encontrarse conforme con lo resuelto por el Tribunal de Sentencia por contener un vicio (de fondo o de forma), que debe de ser corregido, siendo esto su pretensión; el recurrente debe necesariamente individualizar la resolución que contiene el o los vicios, su deseo de impugnarla mediante el recurso de casación y el tipo de recurso que se interpone. Además, el recurso de casación debe de estar debidamente motivado con la identificación, explicación y demostración del vicio: 1. Identificación del vicio/motivo/recurso: Al momento de la interposición de un recurso de casación, el pretensor deberá de señalar en primer término el tipo de recurso de casación, seguidamente el motivo en que lo fundamentó y luego el vicio que denuncia, sin embargo, el proceso de construcción del recurso por parte del recurrente es en el sentido inverso: identificación del vicio, encuadramiento del motivo y finalmente tipo de recurso de casación. Ante una resolución definitiva emitida por el Tribunal de Sentencia, el pretensor deberá de identificar si existe vicio que justifique la impugnación de aquello resuelto que le causa agravio; el vicio es el defecto de ley concreto o material que contiene la resolución y cuya corrección es la que persigue mediante el recurso; hecho esto el pretensor deberá de encuadrar el vicio en uno de los motivos previstos en la ley como aquellos autorizados para presentar impugnación; los motivos son enunciados abstractos de posibles vicios que puede contener la resolución, previsto por la ley procesal, operando éstos bajo el sistema de numerus clausus, por tanto, no es posible alegar vicios cuyos motivos no estén taxativamente señalados, salvo en el caso del recurso de casación por infracción de precepto constitucional, el cual opera bajo el sistema de numerus apertus, siempre que se alegue un vicio relacionado material o formalmente con la decisión adoptada por el a quo. La identificación del motivo de casación lleva al pretensor a derivar el tipo de recurso de casación a interponer; la ley procesal prevé tres tipos de recursos de casación: recurso de casación por infracción de ley, cuyo objeto es la denuncia de vicios in iudicando; recurso de casación por quebrantamiento de forma, mediante el cual se denuncias vicios in procedendo; y, recurso de casación por infracción de precepto constitucional, mediante el cual se pueden denunciar vicios in iudicando o in procedendo, contenidos en las normas fundamentales. El proceso de identificación se cumple cuando el pretensor señala: el tipo de recurso de casación; la norma autorizante del recurso que identifica el motivo mediante el cual se denunciara el vicio; el motivo debe de ser de aquellos previstos a ser planteados por el tipo de recurso elegido; norma o doctrina legal infringida, cuya indebida aplicación o inobservancia provoca la existencia del motivo; concepto de la infracción, que es el enunciado sobre el vicio concreto observado, que debe de ser consecuente con el motivo elegido; y la aplicación pretendida, la cual consiste en la aplicación o interpretación que se pretende de la norma o doctrina legal infringida o mal aplicada. 2. Explicación del vicio: Es ineludible para el recurrente su deber de explicar en qué consiste el vicio que produce la resolución que se impugna, y como éste se subsume en uno de los motivos previstos en la ley. La explicación debe de ser clara y precisa: la claridad radica en la exposición del vicio de manera individualizada y separada, descomponiendo sistemáticamente todas sus aristas hasta desentrañar sus aspectos más básicos; la precisión implica la no mutación del alegato a aspectos ajenos al vicio que se ha identificado. La ley procesal exige en el artículo 363 del Código Procesal Penal que cada motivo debe de ser planteado de manera separada, ello se justifica por la necesidad de individualizar de manera concreta y precisa cada agravio, por lo que su inobservancia meya en la efectividad del recurso. Recordemos que el artículo 350 del Código Procesal Penal prohíbe al órgano jurisdiccional que resuelve un recurso pronunciarse sobre aspectos distintos a los que se hayan planteado dentro de la impugnación y para ello entonces se requiere que dicha impugnación sea clara en cuanto al vicio, pues la falta de claridad pone en riesgo al Tribunal de Casación hacer pronunciamiento de algo distinto de lo que realmente se está impugnando, siendo entonces lo consecuente declarar sin lugar el motivo, cuando la falta de claridad sea absoluta. 3. Demostración del vicio: El recurrente, aun y cuando haya identificado el vicio, explicado en qué consiste el mismo, no verá prosperar su recurso si no demuestra su existencia; ello solo se puede hacer cuando se hace la debida confrontación entre el aspecto contenido en la sentencia o resolución impugnada y la norma sustantiva o procesal que revela la contrariedad y la explicación de la aplicación que debió hacerse de dicha norma y que es la pretensión que se persigue con el recurso, es decir, como considera el recurrente que debió haber sido aplicada la norma o por qué no debió haber sido aplicada. El vicio debe de ser relevante, debe superar los aspectos meramente formales pasando a ser un aspecto material que interfiere en la legalidad de la resolución y que justifica la impugnación. Por lo anterior, el Tribunal de Casación no podría dar respuesta a un recurso cuando éste fuese presentado en grado tan confuso que no sea posible, aun con un gran esfuerzo, deducir cual es el sentido del reclamo que realiza el censor, pues ello podría acarrear violación del artículo 350 del Código Procesal Penal, tal y como se ha explicado ut supra. (Sentencias de Sala de lo Penal del 29 de abril de 2014 en el expediente SP 348-2011; del 27 de mayo 2014 en expediente 057-2012; del 04 de febrero de 2014 en el expediente 439-2011, del 23 de octubre de 2013 en expediente 172-2011; del 17 de septiembre de 2013 en el expediente SP 228-2011). De la Procedencia del Recurso. El Motivo no es de Recibo. Esta Sala de lo Penal ya ha establecido como criterio jurisprudencial, la obligación de observar el Principio de Debida Técnica Recursiva, para todos aquellos recurrentes que intente la presentación y desarrollo de un recurso de casación en cualquiera de sus especies; en ella se plantean los requerimientos mínimos para que esta Sala de Casación proceda a hacer la revisión de la sentencia que se cuestiona. La censora no ha cumplido con la observancia de esas normas y lineamientos, pues ha incurrido en varios errores; en primer lugar, señaló como motivo de casación que los hechos probados no son claros ni terminantes, pero al momento de desarrollar su libelo expone criterios de valoración probatoria y trae a discusión la declaración rendida por el único testigo presencial de los hechos. Si el motivo invocado por la recurrente es que los hechos probados no son claros y terminantes, debió circunscribir su exposición en determinar porqué consideró el cuadro factico confuso y falto de claridad, sino que cuestionó el proceso de valoración probatorio que utilizó el Juzgador para conformar los hechos probados, cuando dicho cuestionamiento debe ser por la vía recursiva adecuada y además cumplir con la debida técnica para su exposición. En un apartado de su recurso la impetrante establece “…que se ha incurrido en la infracción de violación de la sana crítica, en el principio de contradicción, en la valoración de la prueba, al no haber apreciado conforme a la lógica, la sana crítica y la experiencia, la declaración testifical de la prueba en su totalidad” esta argumento vertido por la censora no es propio de un recurso donde se denuncia la falta de claridad y no ser concluyentes los hechos probados, pues refiere a las reglas de la sana crítica, existiendo en nuestra ley procesal un motivo específico para este tipo de cuestionamientos. La censora incurre también en el error de hacer su propia valoración probatoria, externando criterios subjetivos de cómo debió valorar el Sentenciador la prueba y cuál es el valor probatorio que tiene que otorgársele, raciocinio que no es permitido en esta etapa de casación, pues la valoración de le prueba compete al A-quo, ya que es éste quien ha tenido contacto directo con la prueba y su desarrollo. Por último, la recurrente efectúa meros argumentos de instancia que son propios de recursos ordinarios como la apelación o la reposición, pero que no pueden ser utilizados en un recurso tan técnico como la casación, todo esto hace que el recurso se vuelva confuso y falto de claridad, razones suficientes para desestimar el presente recurso de casación. V. Decisión. Se declara no ha lugar el presente recurso de casación por quebrantamiento de forma, interpuesto por la defensa privada del imputado. de la procedencia de la aplicación retroactiva del código penal decreto 130-2017. A. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos de retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir una pena de cinco a diez años de prisión). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado, disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrará en vigencia y cuándo es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento del juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución Política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas en su totalidad, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el CP Decreto 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo código, sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibida la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando en la decisión judicial de la sentencia que se impugna, se aprecie un concurso real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme a las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse, primero conforme al límite objetivo ordinario o límite objetivo extraordinario, según corresponda, y después conforme al límite subjetivo. Sin embargo, uno no es preferente sobre el otro, por lo que se aplicará el límite que sea menor; b. La ponderación deberá realizarse, primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el CP-130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a. Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b. Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no, los 30 años (límite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (límite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años, la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años, se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas, en suma, sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y, aun así, en suma, sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja, de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Límite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Límite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Límite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán, cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. C. Escrito Complementario. No fue presentado ante la única instancia escrito por parte de la defensa privada del acusado Julio Cesar Laínez Gomez que expusiera cuál es su criterio en cuanto a la aplicación retroactiva del nuevo cuerpo normativo penal, tal y como lo señala el artículo 624 del Código Penal 130-2017; tampoco el Ministerio Público hizo pronunciamiento al respecto, por lo que la Sala de lo Penal se ve obligada a realizar el análisis de oficio tal y como prevé el numeral 3 de la misma norma citada, en relación al acusado señalado. D. Ponderación en el caso concreto. El Tribunal de Sentencia, basado en el Código Penal decreto 144-83, declaró responsable al acusado Julio Cesar Laínez Gomez, del delito de Asesinato, imponiéndole una pena principal de 25 años de reclusión; como penas accesorias se impuso al acusado la inhabilitación absoluta, la interdicción civil; además se hizo la declaratoria de responsabilidad civil derivada del delito y como consecuencia penal de obligación de realizar trabajo penitenciario. Conforme a la nueva legislación penal decreto 130-2017, el delito de asesinato esta regulado en el artículo 193 que tiene señalada una pena de 20 a 25 años de prisión; a hacer el comparativo de penas de ambos instrumentos penales, observamos que la pena impuesta conforme el decreto 144-83 se encuentra dentro del margen abstracto que señala el nuevo Código Penal, por tanto, no procede su aplicación retroactiva porque no representa ningún beneficio para el acusado. VI. Por Tanto: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 82, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 338, 359, 362, 363 y 369 del Código Procesal Penal; 66 y 616 del Código Penal decreto 130-2017. Falla: Primero: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo interpuesto por la Abogada Miryan Ivone Palomo Nuñez, en su condición de Defensora Privada del señor Julio César Laínez Gómez, como autor del delito de Asesinato, en perjuicio del menor G. A. H. C.. Segundo: Declara la no procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal decreto130-2017. Tercero: Declara Firme y Ejecutable la sentencia de fecha veintiséis de julio del año dos mil diecisiete, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, departamento de Cortés. Y manda: Que la Secretaría del despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE. Firmas y Sello. Jose Olivio Rodríguez Vásquez. Magistrado Coordinador. Rafael Bustillo Romero. Magistrado. Alma Consuelo Guzman García. Magistrada. Firma y Sello. LETY EMELDA POSADAS. Secretaria Actuante. Sala de lo Penal.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los 14 días del mes de octubre del dos mil veintidós. Certificación de Sentencia dictada el veinticuatro de febrero del dos mil veintidós, recaída en el expediente de casación con número de ingreso SP-08-2019.

LETY EMELDA POSADAS

SECRETARIA ACTUANTE SALA DE LO PENAL

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