Chilo Legal Biblioteca Consulta Legal
⚠️
Documento pendiente de verificación

Este texto aún no ha sido revisado por un curador; podría contener errores de transcripción.

Sentencia CP-96-18 — Registro 13677

Resumen

En primera instancia se condenó al imputado como autor del delito de Violación Especial, resolviendo en segunda instancia No Ha Lugar y Declara la no procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"...De la Procedencia del Recurso. - EL RECURSO NO ES DE RECIBO.- Para entender los antecedentes y como llegaron al reclamo que plantea el recurrente es importante establecer un contexto procesal: en fecha 15 de julio de 2014 el Ministerio Público presentó requerimiento fiscal en contra del acusado Lino Vásquez, por suponerlo responsable, a título de autor, de dos delitos consumados de violación sexual en perjuicio de las niñas M. J. H. V.y A. L. V G.; requerimiento que fue admitido y que desencadenó el desarrollo de las distintas etapas del proceso penal. En particular, habiéndose elevado la causa a la etapa de juicio, se celebró en fecha 24 de febrero de 2015 (f. 76), la audiencia de proposición de pruebas en donde las partes ofertaron los medios de los que se harían valer para demostrar sus posiciones en la audiencia de debate; entre los medios de prueba ofertados por el Ministerio Público estuvo la declaración testifical de la señora María de Jesús Hernández, misma que fue admitida por el Tribunal de Sentencia, por lo que al fijarse fecha de audiencia se ordenó fuese citada debidamente para su comparecencia en la audiencia de debate, siendo las gestiones hechas por la Secretaría del Tibunal para ese efecto: 1. En fecha 12 de octubre de 2017, la receptora se personó en la aldea Buena Vista, en casa de la testigo, pero al encontrarla, se dejó la cita respectiva con la hija de ésta, la señora Reina Vásquez; y en fecha 17 de octubre de 2017, informó la receptora del tribunal que vía telefónica se comunicó con la testigo, citándola debidamente para su comparecencia a la audiencia de debate; 2. Al reprogramarse la audiencia de debate en fecha 06 de noviembre de 2017 la señora receptora se desplazó nuevamente a la Aldea Buena Vista, para citar a la testigo, pero como consecuencia del mal tiempo no le fue posible llegar hasta la casa de ésta; Como alternativa la receptora del despacho intentó comunicarse vía teléfono con la testigo sin que esta contestara la llamada.- En fecha 10 de noviembre del mismo año, la receptora del despacho nuevamente se desplazó a la Aldea Buena Vista, sin poder llegar a casa de la testigo por persistir el mal tiempo (lluvia).- En fecha 24 de octubre de 2017 se inició audiencia de debate, misma que luego de actividad probatoria fue suspendida como consecuencia de la ausencia de la testigo María de Jesús Hernández, accediendo a la petición formulada por el Ministerio Público, la que fue adoptada por el Tribunal de Sentencia sin oposición de la defensa privada.- Reanudada que fue la audiencia, el Ministerio Público informó que no había sido posible citar a la testigo como consecuencia de persistir el mal tiempo (lluvia) que impedía el acceso al lugar en donde aquella había fijado su domicilio, por lo que en ese momento se solicitó la introducción por lectura de la declaración que había rendido en la audiencia inicial; petición a la que se opuso la defensa privada por considerar que no se había acreditado la imposibilidad de la comparecencia; ante las posiciones de las partes el Tribunal de Sentencia admitió la solicitud del agente fiscal y se procedió a la introducción por lectura de la declaración de la señora María de Jesús Hernández, rendida en la audiencia inicial. El contexto relacionado permite establecer a este tribunal de casación que como consecuencia del clima lluvioso se presentó una extraordinaria dificultad para citar personalmente a la testigo María de Jesús Hernández, y que como alternativa se procuró contactarla mediante vía telefónica, lo que tampoco fue posible pues ésta dejo de contestar las llamadas hechas por la receptora del despacho; situaciones que en conjunto constituyen el supuesto previsto en el artículo 311 del Código Procesal Penal para la introducción por lectura de declaraciones rendidas en la etapa preparatoria.- La defensa privada, ahora recurrente en casación, indica que se debió hacer publicación de edictos para citar a la testigo, lo que en su caso tampoco hubiese marcado diferencia, pues lo que impidió poder hacer la citación personal a la testigo fue el mal estado de la vía de acceso que conducía hasta su casa, por lo que el aviso de edicto no hubiese sido de conocimiento de la testigo y, aun cuando ello hubiese sido así, ésta tampoco hubiese podido trasladarse desde su aldea hasta el tribunal. Por otra parte, el medio de prueba no fue determinante para el arribo de la decisión por el Tribunal de Sentencia, por lo que aun cuando se prescindiera de éste, la exclusión hipotética nos hace ver que la decisión final hubiese sido la misma.- La sentencia relaciona que se contó con las declaraciones de las menores ofendidas M. J. H. V.y A. L. V G., quienes precisaron los hechos que sufrieron; declaraciones valoradas individualmente por el Tribunal de Sentencia, que le llevó a declarar como probado la existencia de distintos delitos en contra de la indemnidad sexual en perjuicio de las menores mencionadas (f. 164).- Tales declaraciones se vieron respaldadas por dos dictámenes de evaluación clínica que les fueron practicadas a las menores, por dos dictámenes de evaluación psiquiátrica, y por cuatro certificaciones de acta de nacimiento, además de la declaración introducida por lectura de la señora María de Jesús Hernández.- Como se puede apreciar la declaración de la señora Hernández, fue aportar elementos de confirmación y no elementos de definición de responsabilidad penal en contra del acusado, lo que hace determinar que aun cuando no se hubiese contado con ésta, el convencimiento de la existencia de los delitos y de la responsabilidad del acusado Lino Vásquez, en ellos siempre se hubiese alcanzado..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

"...Ponderación en el caso concreto En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso al Señor Lino Vásquez, las sanciones por dos delitos que suman una pena principal de 30 años de reclusión, a saber: 1. Como responsable a título de autor directo de un delito de violación sexual en perjuicio de la niña M. J. H. V., a las penas siguientes: i.- Pena principal de reclusión por 15 años; ii.- Pena accesoria de inhabilitación absoluta; iii.- Pena accesoria de interdicción civil; iv.- Consecuencia penal de responsabilidad civil derivada del delito; v.- Consecuencia penal de trabajo penitenciario; y 2. Como responsable a título de autor directo de un delito de violación sexual en perjuicio de la niña A. L. V G., a las penas siguientes: i.- Pena principal de reclusión por 15 años; ii.- Pena accesoria de inhabilitación absoluta; iii.- Pena accesoria de interdicción civil; iv.- Consecuencia penal de responsabilidad civil derivada del delito; v.- Consecuencia penal de trabajo penitenciario. Conforme a las disposiciones del Código Penal 130-2017, el delito de violación sexual (Art. 249 NCP) tiene una pena de prisión de 09 a 13 años de prisión, la cual debe ser incrementada en 1/3 cuando el hecho se ejecuta en personas menores de 14 años, como ocurre en el presente caso, en donde el Tribunal de Sentencia declaró como probado que las ofendidas al momento de los hechos tenían 12 años de edad (f. 162); como consecuencia la pena abstracta que corresponde imponer es de 13 años a 17 años con 04 meses de prisión, a la que le debe acompañar las penas principales contempladas en el artículo 267 NCP de: i.- Libertad vigilada hasta por 10 años; ii.- Prohibición de residencia y aproximación por el doble de la pena de prisión; iii.- Ser anotado el acusado en el Registro Público de Agresores Sexuales entretanto no se concrete la remisión total de las penas impuestas.- Además a la pena accesoria contempladas en el artículo 58 NCP de inhabilitación absoluta y la pena accesoria contemplada en el artículo 42.2 de la Constitución de la República de pérdida de la ciudadanía por el tiempo de cumplimiento de las penas impuestas tal y como lo manda el artículo 43.4 del mismo cuerpo normativo. En suma, la pena abstracta de prisión a la que se enfrentaría el acusado de ser juzgado por el Código Penal 130-2017 sería de 26 años a 34 años de prisión, más las penas principales de hasta 20 años de libertad vigilada, prohibición de residencia y aproximación por el doble de la pena de prisión, ser anotado en el registro público de agresores sexuales entretanto no se concrete la remisión total de las penas impuestas y las penas accesorias de inhabilitación absoluta por el tiempo de la pena de prisión y la pena accesoria de pérdida de la ciudadanía hasta el cumplimiento de todas las penas impuestas. La comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que la pena concreta impuesta al acusado en aplicación con el VCP 144-83 se encuentra dentro del marco abstracto de la pena que contempla la nueva legislación penal; además que el NCP 130-2017 contempla más penas principales que la anterior legislación. - Por tanto, en el caso particular no es procedente la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario Actuante de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA la sentencia de fecha veintinueve de abril del dos mil veintiuno, recaída en el expediente con registro SP 96-2018, que literalmente dice: “Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veintinueve días del mes de abril del año dos mil veintiuno, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Alma Consuelo Guzmán García, en su calidad de coordinadora, José Olivio Rodríguez Vásquez y Rafael Bustillo Romero, pronuncian, En nombre del Estado de Honduras, La siguiente sentencia en el Recurso de Casación No. 096-2018 por Quebrantamiento de Forma interpuesto contra la sentencia de fecha doce de diciembre del año dos mil diecisiete, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tela, Departamento de Atlántida, mediante la cual falló Primero: Condenó al señor Lino Vásquez, como autor del delito de Violación Especial, en perjuicio de la menor M. J. H. V.a la pena de quince años de reclusión.- Segundo: Condenó al señor Lino Vásquez, como autor del delito de Violación Especial, en perjuicio de la menor A. L. V G. a la pena de quince años de reclusión.- Tercero: Condenó al señor Lino Vásquez a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo que dure las condenas principales.- Cuarto: Se le declaró la responsabilidad civil del señor Lino Vásquez.- No procedió condenar en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio. Son Partes en Única Instancia: El Abogado René Orlando Duarte Rosales, en su condición de defensor privado del señor Lino Vásquez, como parte recurrente y la Abogada Marla Iris Cárdenas Guardado, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, como parte recurrida. hechos probados de la instancia Primero: En el año dos mil catorce (2,014), las menores M. J. H. V.y A. L. V G., vivían en compañía de sus abuelos los señores María de Jesús Hernández y Lino Vásquez en la aldea Buena Vista de este Municipio. Segundo: En el mes de julio del año dos mil catorce (2,014), Lino Vásquez procedió a tomar de las manos a M. J. H. V., la llevó a una habitación quitándole la ropa y sosteniendo relaciones sexuales con dicha menor, amenazándola con matarla si contaba lo sucedido. Tercero: En el mes de julio del año dos mil catorce (2,014), A. L. V G. se encontraba en la casa de sus abuelos María de Jesús Hernández y Lino Vásquez, este último aprovechando que su compañera de hogar no estaba en la casa le dijo a su nieta M. J. y a sus otros primos que fueran hacer unos mandados, por lo que Lino Vásquez cerró la puerta de entrada de la casa, le dijo que lavara los trastes y después le dijo que fuera a lavar el baño, procediendo después a tomarla de la mano, la llevó a una habitación y sostuvo relaciones sexuales vía vaginal con dicha menor, amenazándola con matarla si contaba lo sucedido. Cuarto: Que al ser evaluadas clínicamente M. J. H. V. presentaba en su área genital rupturas antiguas mayores a diez (10) días a las 6 horas según las manecillas del reloj. Y A. L. V G. presentaba en su área genital rupturas antiguas mayores a diez (10) días a las 3, 6 y 7 horas según las manecillas del reloj. Quinto: Que M. J. H. V.y A. L. V G. son nietas de Lino Vásquez y al momento de la comisión de los hechos tenían la edad de doce (12) años. Recurso de Casación.- Motivos y Argumentos Único Motivo De Casación; haber incurrido el Tribunal de Sentencia de Tela, Departamento de Atlántida, en infracción al omitir diligencias que son de estricto cumplimiento durante el Juicio Oral y Público. Explicación Del Motivo. El Honorable Tribunal de Sentencia de Tela, Departamento de Atlántida, de manera nefasta durante el debate del Juicio Oral y Público admitió la incorporación por Lectura autorizada la declaración de la testigo María de Jesús Hernández, propuesta por la Fiscalía del Ministerio Publico, en fragante violación al artículo 157 del Código Procesal Penal, en virtud de que la mencionada testigo nunca fue Notificada, citada o requerida para que compareciera al Juicio Oral y Público a declarar ante el órgano Jurisdiccional Sentenciador y de igual forma previo a la incorporación del acta no se hicieron las publicaciones por edictos para que ella compareciera al juicio tal como lo manda el articulo antes mencionado 157 del Condigo Procesal Penal, relacionado con el articulo 362 numeral 2, del mencionado Código Procesal Penal y tomando en cuenta que la Sentencia Definitiva Condenatoria entre otros está basada en este medio de Prueba Testifical, a pesar que la defensa durante el debate del Juicio Oral y Público se opuso a que se incorporara mediante lectura autorizada dicho medio de prueba por no haberse agotado todo el procedimiento que conforme a ley corresponde y de esa forma restringiéndole el principio de inocencia a mi defendido y provocando una violación al debido proceso por la omisión al principio de inmediatez y al principio de Contradicción. Fundamentación Jurídica Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. El Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de esta, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio (Art. 90 de la Constitución de la República). Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso (Art. 9 CPP). Si no se cumple con los requisitos establecidos en la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos y, por el contrario, se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando: a. No se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), b. Se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o c. Se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; La inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción (vicio in procedendo) y que debe ser objeto de saneamiento cuando proceda (Art. 171 CPP), de subsanación cuando concurran sus presupuestos (Art. 170 CPP) o, en su caso y como remedio último de nulidad 165 CPP). El Recurso de Casación por quebrantamiento de las formas procesales tiene la tarea de comprobar la denuncia hecha por alguna de las partes de una actividad procesal defectuosa que compromete la decisión final, dada en los actos procesales de la etapa de juicio o en la propia sentencia que le contiene y que tiene como sanción prevista por la ley su nulidad ante la imposibilidad de saneamiento o de subsanación, ergo no basta entonces con la presencia de un vicio, sino que se requerirá además: i.- Que el recurrente haya presentado protesta contra el vicio, en el momento procesal oportuno, procurando sanearlo sin éxito (Art. 363 párrafo tercero de CPP); ii.- Que el vicio tampoco sea posible tenerlo por subsanado; iii.- Que el vicio sea de aquellos que tenga como sanción legal la nulidad de la actividad que lo contiene (Art. 362 CPP), planteados como motivos para recurrir.- Los dos primeros requisitos no serán necesarios cuando el defecto se produzca en la sentencia, pues la única forma de protesta sería el mismo recurso de casación. Además de los requisitos señalados, el recurrente debe tener presente que la instancia impugnativa en casación está munida de importantes recaudos formales determinados por la ley que deben cumplirse en su interposición (Art. 363 párrafo tercero CPP) y que pueden ser de diferente naturaleza en atención al defecto procesal denunciado (Art. 362 CPP); Ello se debe a que se trata de un recurso extraordinario, que tiene como fin auditar la legalidad de la sentencia y por ende, de una gran exigencia técnica. Es de esta forma que con la individualización del motivo se dan las siguientes consecuencias: a. La competencia de la Sala de lo Penal queda circunscrita a los aspectos objeto de impugnación (Art. 350 CPP); b. Es inaplicable el principio Iura Novit Curia, al no poderse suplir las omisiones del Recurrente; y c. Es posible la concesión parcial del Recurso, cuando la razón solo aparezca en parte de lo alegado en el motivo. Único Motivo Normas Autorizantes: Sin determinar por el recurrente; Normas Procesales que se denuncian Infringidas: Artículo 157 del Código Procesal Penal; Motivo: Haber incurrido el tribunal de sentencia en infracción al omitir diligencias que son de estricto cumplimiento durante el juicio oral y público; Concepto de la Infracción: Sin determinar por el recurrente; Reclamación Ex Ante: Sin determinar por el recurrente; y Pretensión: Admitir el recurso, casando la sentencia impugnada, anulándola. El recurrente relaciona que durante la audiencia de debate se admitió la incorporación por lectura autorizada de la declaración de la señora María de Jesús Hernández, propuesta por el Ministerio Público, ello en violación al artículo 157 del Código Procesal Penal, en virtud de que la mencionada testigo nunca fue notificada, citada o requerida para que compareciera a la audiencia; sumado a que previo a dicha incorporación no se hicieron las publicaciones de edictos para su comparecencia. Indica el recurrente que tomando en consideración que la sentencia condenatoria se basa, entre otros, en el medio de prueba in comento, aun cuando la defensa privada se opuso a ello, es que procede otorgar el recurso de casación. De la Oralidad en el Proceso Penal y la Introducción de prueba por Lectura como su Excepción. Es oportuno establecer que uno de los principios rectores del proceso penal es la oralidad, derivado del artículo 94 de la Constitución de la República el que determina que “A nadie se impondrá pena alguna sin haber sido oído y vencido en juicio…”, pues el ser oído implica una comunicación oral; también en los mismos términos se pronuncian los artículos 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos y 14.1 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos. La importancia de la oralidad está reflejada en su insistente regulación procesal, misma que comienza en el artículo 1 del Código Procesal Penal, sin embargo, es el artículo 4 el que señala que esta forma de comunicación será la regla general en el proceso, salvo en los casos que expresamente se determine lo contrario; especifica la norma procesal en el artículo 310 que “las declaraciones del imputado, de los testigos y peritos y las demás intervenciones que se produzcan durante el debate, así como, las resoluciones o sentencia que dicte el respectivo tribunal, serán orales…” sin perjuicio de que el registro de estas actuaciones pueda ser por escrito. El Principio de Oralidad implica entonces que el proceso penal se regirá bajo una estructura predominantemente a base de audiencias, donde los sujetos y actores del proceso se comunicarán entre sí a través de la palabra hablada como regla general, principio que adquiere más relevancia en la fase de juicio ya que posibilita que otros principios rectores sean igualmente observados, ello a causa de su interdependencia, como ser: la inmediación (Art. 306), la contradicción (Art. 4CPP), la concentración (Art. 306 y 312 CPP) y la publicidad (Art. 308CPP). Ahora bien y como sucede normalmente en el derecho, este principio no es de carácter absoluto, el Código de Rito en el artículo 311 advierte que existen circunstancias, taxativamente enunciadas, que autorizan incorporar por lectura algunas actuaciones que normalmente deben realizarse en la audiencia de debate oralmente, estas circunstancias son especialísimas, constituyen la excepción al principio de oralidad, y con ella, al de inmediación y contradicción, y deben ser debidamente justificadas y motivadas por el Tribunal de Sentencia; Entre estas circunstancias tenemos la prevista numerales 2 del artículo 311, el que señala que se podrán incorporar por su lectura: “Los testimonios o pericias practicadas durante la etapa preparatoria, cuando sea imposible o extraordinariamente difícil su reproducción en el acto del juicio oral.”.- Partiendo de la norma se puede determinar que son requisitos para la incorporación de lectura de una declaración testifical o pericia rendida en la etapa preparatoria: 1. Que figure como medio de prueba a reproducir en la audiencia de debate, ya sea por haber sido admitido como tal en la audiencia de proposición de medios de prueba (Art. 317 CPP) o en la etapa de incidentes de la audiencia de debate cuando así proceda (Art. 320 CPP); 2. Que el testigo o el perito no pueda ser habido a la audiencia de debate por: a.- Imposibilidad, entendiéndose como tal la incapacidad sobrevenida y permanente del testigo de dar a conocer lo que sabía de los hechos, esto por muerte o por enfermedad incapacitante; o b.- Extraordinaria dificultad que acontece cuando el testigo pudiendo externar lo que sabe de los hechos, no es posible hacerlo llegar a la audiencia de debate el día en que se previó su comparecencia o durante un término no mayor de quince días, como es en los casos en que el testigo se encuentre fuera del país o no pueda ser localizado dentro del territorio nacional aun cuando se hayan realizado diligencias para ello; y 3. Que el testigo haya rendido su declaración o el perito haya presentado su dictamen en la Etapa Preparatoria (Art. 264 CPP) del proceso penal. La valoración de la declaración introducida por lectura o del dictamen introducido por lectura deberá realizarse conforme a las reglas de la sana crítica (Art. 202 CPP), con especial cuidado a los aspectos que hayan podido limitar las garantías de contradicción e inmediación; viendo obligado el Tribunal de Sentencia, de manera ineludible, a hacer un examen riguroso de dicho de medio de prueba, pues a la postre se trata de una conversión de un medio de prueba testifical o pericial por uno documental. Las partes podrán recurrir la sentencia que valore un medio de prueba introducido por lectura a la audiencia de debate: 1. Mediante la presentación del recurso de casación por quebrantamiento de forma al amparo del artículo 362.2 del Código Procesal Penal, alegando la introducción indebida por lectura del medio de prueba en violación a alguna de las reglas contenidas en el artículo 311 del mismo Código; y/o 2. Mediante la presentación del recurso de casación por quebrantamiento de forma al amparo del artículo 362.3 del Código Procesal Penal, alegando una inadecuada valoración del medio de prueba introducido por lectura, colisionando con la regla contenida en el artículo 202 del Código indicado. De la Procedencia del Recurso. - El Recurso no es de Recibo.- Para entender los antecedentes y como llegaron al reclamo que plantea el recurrente es importante establecer un contexto procesal: en fecha 15 de julio de 2014 el Ministerio Público presentó requerimiento fiscal en contra del acusado Lino Vásquez, por suponerlo responsable, a título de autor, de dos delitos consumados de violación sexual en perjuicio de las niñas M. J. H. V.y A. L. V G.; requerimiento que fue admitido y que desencadenó el desarrollo de las distintas etapas del proceso penal. En particular, habiéndose elevado la causa a la etapa de juicio, se celebró en fecha 24 de febrero de 2015 (f. 76), la audiencia de proposición de pruebas en donde las partes ofertaron los medios de los que se harían valer para demostrar sus posiciones en la audiencia de debate; entre los medios de prueba ofertados por el Ministerio Público estuvo la declaración testifical de la señora María de Jesús Hernández, misma que fue admitida por el Tribunal de Sentencia, por lo que al fijarse fecha de audiencia se ordenó fuese citada debidamente para su comparecencia en la audiencia de debate, siendo las gestiones hechas por la Secretaría del Tibunal para ese efecto: 1. En fecha 12 de octubre de 2017, la receptora se personó en la aldea Buena Vista, en casa de la testigo, pero al encontrarla, se dejó la cita respectiva con la hija de ésta, la señora Reina Vásquez; y en fecha 17 de octubre de 2017, informó la receptora del tribunal que vía telefónica se comunicó con la testigo, citándola debidamente para su comparecencia a la audiencia de debate; 2. Al reprogramarse la audiencia de debate en fecha 06 de noviembre de 2017 la señora receptora se desplazó nuevamente a la Aldea Buena Vista, para citar a la testigo, pero como consecuencia del mal tiempo no le fue posible llegar hasta la casa de ésta; Como alternativa la receptora del despacho intentó comunicarse vía teléfono con la testigo sin que esta contestara la llamada.- En fecha 10 de noviembre del mismo año, la receptora del despacho nuevamente se desplazó a la Aldea Buena Vista, sin poder llegar a casa de la testigo por persistir el mal tiempo (lluvia).- En fecha 24 de octubre de 2017 se inició audiencia de debate, misma que luego de actividad probatoria fue suspendida como consecuencia de la ausencia de la testigo María de Jesús Hernández, accediendo a la petición formulada por el Ministerio Público, la que fue adoptada por el Tribunal de Sentencia sin oposición de la defensa privada.- Reanudada que fue la audiencia, el Ministerio Público informó que no había sido posible citar a la testigo como consecuencia de persistir el mal tiempo (lluvia) que impedía el acceso al lugar en donde aquella había fijado su domicilio, por lo que en ese momento se solicitó la introducción por lectura de la declaración que había rendido en la audiencia inicial; petición a la que se opuso la defensa privada por considerar que no se había acreditado la imposibilidad de la comparecencia; ante las posiciones de las partes el Tribunal de Sentencia admitió la solicitud del agente fiscal y se procedió a la introducción por lectura de la declaración de la señora María de Jesús Hernández, rendida en la audiencia inicial. El contexto relacionado permite establecer a este tribunal de casación que como consecuencia del clima lluvioso se presentó una extraordinaria dificultad para citar personalmente a la testigo María de Jesús Hernández, y que como alternativa se procuró contactarla mediante vía telefónica, lo que tampoco fue posible pues ésta dejo de contestar las llamadas hechas por la receptora del despacho; situaciones que en conjunto constituyen el supuesto previsto en el artículo 311 del Código Procesal Penal para la introducción por lectura de declaraciones rendidas en la etapa preparatoria.- La defensa privada, ahora recurrente en casación, indica que se debió hacer publicación de edictos para citar a la testigo, lo que en su caso tampoco hubiese marcado diferencia, pues lo que impidió poder hacer la citación personal a la testigo fue el mal estado de la vía de acceso que conducía hasta su casa, por lo que el aviso de edicto no hubiese sido de conocimiento de la testigo y, aun cuando ello hubiese sido así, ésta tampoco hubiese podido trasladarse desde su aldea hasta el tribunal. Por otra parte, el medio de prueba no fue determinante para el arribo de la decisión por el Tribunal de Sentencia, por lo que aun cuando se prescindiera de éste, la exclusión hipotética nos hace ver que la decisión final hubiese sido la misma.- La sentencia relaciona que se contó con las declaraciones de las menores ofendidas M. J. H. V.y A. L. V G., quienes precisaron los hechos que sufrieron; declaraciones valoradas individualmente por el Tribunal de Sentencia, que le llevó a declarar como probado la existencia de distintos delitos en contra de la indemnidad sexual en perjuicio de las menores mencionadas (f. 164).- Tales declaraciones se vieron respaldadas por dos dictámenes de evaluación clínica que les fueron practicadas a las menores, por dos dictámenes de evaluación psiquiátrica, y por cuatro certificaciones de acta de nacimiento, además de la declaración introducida por lectura de la señora María de Jesús Hernández.- Como se puede apreciar la declaración de la señora Hernández, fue aportar elementos de confirmación y no elementos de definición de responsabilidad penal en contra del acusado, lo que hace determinar que aun cuando no se hubiese contado con ésta, el convencimiento de la existencia de los delitos y de la responsabilidad del acusado Lino Vásquez, en ellos siempre se hubiese alcanzado. Decisión: No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo. De la procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal Decreto 130-2017. A. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos de retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir de cinco a diez años de prisión una pena). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrará en vigencia y cuándo es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento del juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución Política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas en su totalidad, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el Código Penal Decreto 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo código, sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibido la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando en la decisión judicial de la sentencia que se impugna, se aprecie un concurso real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme a las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse, primero conforme al límite objetivo ordinario o límite objetivo extraordinario, según corresponda, y después conforme al límite subjetivo. Sin embargo, uno no es preferente sobre el otro, por lo que se aplicará el límite que sea menor; b.- La ponderación deberá realizarse, primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el CP-130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a.- Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b.- Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no los 30 años (límite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (límite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años, la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años, se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas, en suma, sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y, aun así, en suma, sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja, de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Límite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Límite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Límite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán, cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. C. Escrito Complementario No fue presentado ante la única instancia escrito por parte de la defensa privada del acusado Lino Vásquez que expusiera cuál es su criterio en cuanto a la aplicación retroactiva del nuevo cuerpo normativo penal, tal y como lo señala el artículo 624 del Código Penal 130-2017; Tampoco el Ministerio Público hizo pronunciamiento sobre el respecto, por lo que la Sala de lo Penal se ve obligada a realizar el análisis de oficio tal y como prevé el numeral 3 de la misma norma citada, en relación al acusado señalado. D.- Ponderación en el caso concreto En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso al Señor Lino Vásquez, las sanciones por dos delitos que suman una pena principal de 30 años de reclusión, a saber: 1. Como responsable a título de autor directo de un delito de violación sexual en perjuicio de la niña M. J. H. V., a las penas siguientes: i.- Pena principal de reclusión por 15 años; ii.- Pena accesoria de inhabilitación absoluta; iii.- Pena accesoria de interdicción civil; iv.- Consecuencia penal de responsabilidad civil derivada del delito; v.- Consecuencia penal de trabajo penitenciario; y 2. Como responsable a título de autor directo de un delito de violación sexual en perjuicio de la niña A. L. V G., a las penas siguientes: i.- Pena principal de reclusión por 15 años; ii.- Pena accesoria de inhabilitación absoluta; iii.- Pena accesoria de interdicción civil; iv.- Consecuencia penal de responsabilidad civil derivada del delito; v.- Consecuencia penal de trabajo penitenciario. Conforme a las disposiciones del Código Penal 130-2017, el delito de violación sexual (Art. 249 NCP) tiene una pena de prisión de 09 a 13 años de prisión, la cual debe ser incrementada en 1/3 cuando el hecho se ejecuta en personas menores de 14 años, como ocurre en el presente caso, en donde el Tribunal de Sentencia declaró como probado que las ofendidas al momento de los hechos tenían 12 años de edad (f. 162); como consecuencia la pena abstracta que corresponde imponer es de 13 años a 17 años con 04 meses de prisión, a la que le debe acompañar las penas principales contempladas en el artículo 267 NCP de: i.- Libertad vigilada hasta por 10 años; ii.- Prohibición de residencia y aproximación por el doble de la pena de prisión; iii.- Ser anotado el acusado en el Registro Público de Agresores Sexuales entretanto no se concrete la remisión total de las penas impuestas.- Además a la pena accesoria contempladas en el artículo 58 NCP de inhabilitación absoluta y la pena accesoria contemplada en el artículo 42.2 de la Constitución de la República de pérdida de la ciudadanía por el tiempo de cumplimiento de las penas impuestas tal y como lo manda el artículo 43.4 del mismo cuerpo normativo. En suma, la pena abstracta de prisión a la que se enfrentaría el acusado de ser juzgado por el Código Penal 130-2017 sería de 26 años a 34 años de prisión, más las penas principales de hasta 20 años de libertad vigilada, prohibición de residencia y aproximación por el doble de la pena de prisión, ser anotado en el registro público de agresores sexuales entretanto no se concrete la remisión total de las penas impuestas y las penas accesorias de inhabilitación absoluta por el tiempo de la pena de prisión y la pena accesoria de pérdida de la ciudadanía hasta el cumplimiento de todas las penas impuestas. La comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que la pena concreta impuesta al acusado en aplicación con el VCP 144-83 se encuentra dentro del marco abstracto de la pena que contempla la nueva legislación penal; además que el NCP 130-2017 contempla más penas principales que la anterior legislación. - Por tanto, en el caso particular no es procedente la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017. Por Tanto: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 362 del Código Procesal Penal Falla: Primero: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, en su único motivo, interpuesto por el Abogado Rene Orlando Duarte Rosales, apoderado defensor privado del acusado Lino Vásquez. - Segundo: Declara la no procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017, por las conductas reprochadas al ahora condenado Lino Vásquez; Como consecuencia el proceso de ejecución deberá de realizarse conforme las normas del Código Penal 144-83. - Tercero: Declara Firme y Ejecutable la sentencia de fecha doce de diciembre de dos mil diecisiete (f. 161), dictada por el Tribunal de Sentencia de la ciudad de Tela, Departamento de Atlántida. - Y Manda: Que la Secretaría del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal Colegiado de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. Firmas y Sello. Alma Consuelo Guzmán García. Magistrada Coordinadora. José Olivio Rodríguez Vásquez. Magistrado. Rafael Bustillo Romero. Magistrado. María del Carmen Godoy. Receptora Adscrita. Sala de lo Penal.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en fecha cuatro de febrero de dos mil veintidós. Certificación de la resolución dictada el veintinueve de abril de dos mil veintiuno, recaída en el expediente SP 96-2018.

JOSÉ RAMÓN CRUZ FERRERA

Secretario Actuante

Sala de lo Penal

2