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Sentencia CP-91-18 — Registro 12436

Resumen

En primera instancia se condenó al imputado por el delito de Extorsión Continuada, en perjuicio del Testigo Protegido. resolviendo en segunda instancia No Ha Lugar el recurso de casación y se declara la procedencia de la aplicación de la retroactividad de la Ley Penal del Código Penal N.130-2017.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"...De la Procedencia del Recurso. – EL RECURSO NO ES DE RECIBO. - En el motivo, la Defensa Pública cuestiona la aplicación del concurso de delitos: delito continuado, pues estima que sus elementos no están descritos en la descripción de hechos probados, criterio que es erróneo pues el hecho probado describe una pluralidad de delitos en perjuicio de la propiedad, cometidos por los acusados obedeciendo a un mismo plan, todo en perjuicio de la misma persona; entonces al configurarse varios delitos de extorsión, ellos deben ser punibles en su condición de concurso continuado. El relato histórico individualiza a los protagonistas: Por una parte los acusados Marvin Leonel Roque Alvarado y Ramon Issac Padilla Sorto, actuando como coautores del delito, al haberse puesto de acuerdo para su ejecución, lo que constituye a la vez uno de los elementos del delito continuado: que los distintos delitos sea cometidos con base en un plan preconcebido.- Por otro lado, se identifica como sujeto pasivo a un testigo protegido, quien sufrió en su patrimonio la conducta criminosa en más de una ocasión.- El factum cuenta que los acusados llegaron al domicilio del testigo protegido, exigiéndole la entrega de doscientos lempiras semanales, amenazándolo que de no acceder, le causarían daños a la vida a él o a su familia; intimidación que fue efectiva pues obligó al ofendido a realizar dichas entregas de manera semanal en cuatro o cinco ocasiones a los acusados, quienes el 22 de septiembre de 2015 fueron aprehendidos por la policía.- Entonces, tal relato establece de manera cierta que los acusados, gracias a las amenazas que mantenían sobre el ofendido recibieron entre cuatro a cinco ocasiones cantidades de dinero, lo que se traduce entonces en que cuando menos en cuatro ocasiones se cometió el delito de extorsión, por los mismos acusados, en perjuicio del mismo ofendido, todo en el marco de un plan: la amenaza a muerte en caso de no acceder, lo que permite encuadrar los hechos, no solo en los cuatro delitos de extorsión mencionados, sino que además en un concurso de delito continuado, considerando para beneficio de los acusados la imposición de una sola pena de reclusión aumentada, en lugar de cuatro penas individuales por los cuatro delitos cometidos. .."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

"...DE LA PROCEDENCIA DE LA APLICACIÓN RETROACTIVA DEL CÓDIGO PENAL DECRETO 130-2017. A. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir de cinco a diez años de prisión una pena). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrara en vigencia y cuando es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento de juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas de manera completa por la persona, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el Código Penal Decreto 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo Código, sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibido la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un delito continuado la revisión/ponderación debe hacerse en relación a la pena agravada y no respecto a las penas por cada delito; (Art. 617).- Al apreciarse un concurso continuado (Art. 68 en relación con el párrafo 6 del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: i.- Ponderación de la norma más favorable se realizará de manera global: comparación de la pena impuesta conforme al delito continuado según las reglas del CP-144-83 con la pena que correspondería conforme las reglas del mismo concurso conforme el CP-130-2017.- Es contra legem hacer una comparación individual de las penas que conforman el delito continuado; o ii.- Cuando una de las penas corresponda a un delito despenalizado, primero se deberá hacer el nuevo cálculo de la pena agravada del CP-144-8 y luego hacer la comparación global con el CP-130-2017.- Si con el delito despenalizado desapareciere el concurso ideal, la comparación se deberá realizar conforme las reglas de las penas no concursadas.- Es aplicable en la ponderación de penas impuestas al delito continuado la observancia de los límites de cumplimiento de pena conforme las reglas del concurso real.- Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i.- Limite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii.- Limite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii.- Limite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años.- Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos limites no se observarán cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. C. Escrito Complementario En escrito complementario la Defensa Pública presentó petición a la Sala de lo Penal de que en el presente caso se aplicara retroactivamente el Código Penal 130-2017, a favor de los acusados Marvin Leonel Roque Alvarado y Ramon Isac Padilla, por considerar que éste contiene normas que comparativamente prevén penas menos gravosas que las contenidas en el Código Penal 144-83, que se encontraba vigente al momento de la realización de los hechos y que fuese aplicado como sustento para la emisión de la sentencia condenatoria impugnada. El Ministerio Público, también en escrito complementario, compartió la opinión de la Defensa Pública, señalando que es la nueva normativa penal la que debe aplicarse a los acusados por ser la más favorecedora a éstos. La Sala de lo Penal desea anotar que ninguna de las partes se refirió a la definición de la pena concreta de reclusión a imponer a los acusados conforme a las nuevas normas penales que se solicitan sean aplicadas retroactivamente; tampoco ninguna de las partes se refirió sobre la condición económica de cada acusado, su solvencia y liquidez y por tanto sobre su capacidad de pago de la pena de multa, haciendo silencio además sobre la extensión de la pena que debía de imponerse a cada uno de los acusados, siempre conforme a las nuevas normas penales que se solicita sean aplicadas retroactivamente al caso concreto. D.- Ponderación en el caso concreto El Tribunal de Sentencia, basado en el Código Penal 144-83, impuso a los acusados, como coautores de cuatro delitos consumados de extorsión en concurso de delito continuado, las siguientes penas: Señor Marvin Leonel Roque Alvarado: i.- Pena principal de reclusión por 25 años; ii.- Pena principal de multa de 83.33 salarios mínimos, sin que se individualice concretamente el monto; iii.- Pena accesoria de inhabilitación absoluta; iv.- Pena accesoria de interdicción civil; v.- Declaratoria de responsabilidad civil derivada del delito; vi.- Consecuencia penal de obligación de realizar trabajo penitenciario; y Señor Ramon Issac Padilla Sorto: i.- Pena principal de reclusión por 25 años; ii.- Pena principal de multa de 83.33 salarios mínimos, sin que se individualice concretamente el monto; iii.- Pena accesoria de inhabilitación absoluta; iv.- Pena accesoria de interdicción civil; v.- Declaratoria de responsabilidad civil derivada del delito; vi.- Consecuencia penal de obligación de realizar trabajo penitenciario. Conforme a las disposiciones del Código Penal 130-2017, el delito de extorsión debe ser sancionado con la pena de prisión de diez (10) a quince (15) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días (Art. 373); pena que debe aumentarse hasta 1/3 por ser de carácter continuado, quedando la pena abstracta de prisión 15 a 20 años de y multa de 1000 a 1,333.33 días, más las penas accesorias y demás consecuencias penales. La comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que, en el caso particular, el Código Penal 130-2017 prevé sanciones menos gravosas que las impuestas conforme el Código Penal 144-83, por lo que es procedente la aplicación retroactiva de la nueva codificación. Para efectos de la individualización de las penas, manda el artículo 70 NCP tener en consideración la existencia o ausencia de las circunstancias modificativas de la responsabilidad penal y, en su defecto, las circunstancias personales del condenado.- Conforme se señala en la sentencia, las partes en la audiencia de individualización de la pena concreta alegaron ausencia de circunstancia agravantes y atenuantes, criterio que compartió el a-quo; en relación a las circunstancias personales, consta en el acumulado judicial: Señor Marvin Leonel Roque Alvarado, con número de identidad 0501-1995-00161, hondureño, de 20 años de edad al momento de los hechos, originario de la ciudad de San Pedro Sula, con último empleo como encargado de atención al cliente en la Bodega Premium Comercial (no consta en autos monto del salario), soltero y son hijos, viviendo en casa de sus padres al momento de los hechos, sin antecedentes policiales.- Conforme a lo señalado, corresponde imponer a Marvin Leonel Roque Alvarado las siguientes penas por el delito de Extorsión Continuada: i.- Prisión por 16 años, en consideración de que el sñor Roque trabajaba en un comercio que comparte la misma naturaleza a aquel afectado por el delito, por lo que por conocimiento propio estaba consciente de las consecuencias perniciosas de sus actos para quienes dependían de tal establecimiento; y ii.- Multa de 1000 días, con un valor de L 22.00, ascendiendo la pena a L 22,000, como consecuencia de que al momento del hecho el acusado era empleado de un comercio, contando con un salario; y Señor Ramon Issac Padilla Sorto, con número de identidad 0501-1997-06019, hondureño, de 18 años de edad al momento de los hechos, originario de la ciudad de San Pedro Sula, sin trabajo, soltero, sin hijos, viviendo en casa de sus padres al momento de los hechos, sin antecedentes policiales.- Conforme a lo señalado, corresponde imponer al reo Ramon Issac Padilla Sorto, las siguientes penas por el delito de Extorsión Continuada: i.- Prisión por 15 años; y ii.- Multa de 1000 días, con un valor de L 20.00, ascendiendo la pena a L 20,000. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 140 del Código Penal; 360 y 362 del Código Procesal Penal; FALLA: PRIMERO: Declara SIN LUGAR el motivo único del recurso de casación por infracción de ley, interpuesto por la Defensa Pública.- SEGUNDO: Declara la PROCEDENCIA de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017, por las conductas reprochadas a los acusados Marvin Leonel Roque Alvarado y Ramon Issac Padilla Sorto; como consecuencia REFORMA la parte resolutiva de la sentencia de fecha cinco de abril de dos mil diecisiete, dictada por el Tribunal de Sentencia de la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en los siguientes términos: “PRIMERO: Que debemos condenar y condenamos al señor Marvin Leonel Roque Alvarado, cuyas generales de identidad se detallan en el preámbulo de esta sentencia, como coautor de un mínimo de cuatro delitos consumados de extorsión, en perjuicio del Testigo Protegido S-176, apreciándose un concurso de delito continuado, imponiéndole las penas principales de: i.- Prisión por 16 años; y ii.- Multa de 1000 días, con un valor de L 22.00, ascendiendo la pena a L. 22,000.- SEGUNDO: Que debemos condenar y condenamos al señor Ramon Issac Padilla Sorto, cuyas generales de identidad se detallan en el preámbulo de esta sentencia, como coautor de un mínimo de cuatro delitos consumados de extorsión, en perjuicio del Testigo Protegido S-176, apreciándose un concurso de delito continuado, imponiéndole las penas principales de: i.- Prisión por 15 años; y ii.- Multa de 1000 días, con un valor de L 20.00, ascendiendo la pena a L 20,000.- TERCERO: El cumplimiento de la pena de prisión impuesta deberá ajustarse a las siguientes reglas: a.- Del cómputo de la pena de prisión impuesta se deberá deducir el tiempo en que los señores Marvin Leonel Roque Alvarado y Ramon Issac Padilla Sorto, hayan estado privados totalmente de su libertad ambulatoria en cumplimiento de alguna medida cautelar en este proceso judicial; b.- Por efecto de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017, el proceso de ejecución de pena deberá hacerse conforme a sus normas, lo que incluye la resolución de cualquier solicitud de libertad condicional; c.- El lugar de cumplimiento de las penas de prisión deberá ser el centro penitenciario más próximo a su último domicilio, esto sin perjuicio de los traslados que disponga el Instituto Nacional Penitenciario con vista a la seguridad y el mejor desarrollo del proceso de rehabilitación del reo.- CUARTO: La pena de multa deberá ser honrada dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que esta sentencia adquiera el carácter de firme.- QUINTO: Que debemos condenar y condenamos a los señores Marvin Leonel Roque Alvarado y Ramon Issac Padilla Sorto, a cumplir las penas accesorias siguientes por el tiempo de cumplimiento de la pena de prisión: inhabilitación absoluta y suspensión de la ciudadanía, por disposición constitucional (Art. 41.2).- SEXTO: Se impone a los reos Marvin Leonel Roque Alvarado y Ramon Issac Padilla Sorto, como consecuencia de su declaratoria de responsabilidad penal, la obligación de trabajar por el tiempo que se encuentren internos cumpliendo la pena de reclusión en obras públicas y/o en labores dentro del establecimiento penitenciario en donde se encuentre internado, de conformidad con la Sección VII, del Capítulo IV, del Título II de la Ley del Sistema Penitenciario Nacional, la Ley del Trabajo para Personas Privadas de Libertad y de Permanencia para Reos de Alta Peligrosidad y Agresividad y sus respectivos reglamentos; SÉPTIMO: Como consecuencia de su declaratoria de responsabilidad penal, se declara a los reos Marvin Leonel Roque Alvarado y Ramon Issac Padilla Sorto, civilmente responsables por las consecuencias resultantes de un mínimo de cuatro delitos de extorsión consumados; responsabilidad civil que deberá ser exigida y cuantificada ante el Juzgado de Ejecución competente.- OCTAVO: No procede imposición de comiso de instrumentos, productos o ganancias del delito.- NOVENO: No procede condenar a los reos Marvin Leonel Roque Alvarado y Ramon Issac Padilla Sorto, a las costas procesales, personales ni a la restitución de los gastos ocasionados por el presente proceso judicial.- .."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÒN

La infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA que la sentencia que literalmente dice: “Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veintisiete días del mes de enero del año dos mil veintiuno, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Alma Consuelo Guzmán García, José Olivio Rodríguez Vásquez y Miguel Alberto Pineda Valle por ausencia justificada de Rafael Bustillo Romero pronuncian En nombre del Estado de Honduras La siguiente sentencia en el Recurso de Casación SP 091 2018 por Infracción de Ley, interpuesto contra la sentencia de fecha cinco de abril del año dos mil diecisiete, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, mediante la cual falló: Primero: Condenó al señor Marvin Leonel Roque Alvarado, como coautor del delito de Extorsión Continuada, en perjuicio del Testigo Protegido S-176, a la pena de veinticinco años de reclusión; Segundo: Condenó al señor Marvin Leonel Roque Alvarado, al pago de una multa de ochenta y tres punto tres salarios mínimos a favor del Estado de Honduras; Tercero: Condenó al señor Ramón Isaac Padilla Sorto, del delito de Extorsión Continuada, en perjuicio del Testigo Protegido S-176, a la pena de veinticinco años de reclusión; Cuarto: Condenó al señor Ramón Isaac Padilla Sorto, al pago de una multa de ochenta y tres punto tres salarios mínimos a favor del Estado de Honduras; Quinto: Condenó a los señores Marvin Leonel Roque Alvarado y Ramón Isaac Padilla Sorto, a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo que dure la condena principal; Sexto: Declaró a los señores Marvin Leonel Roque Alvarado y Ramón Isaac Padilla Sorto, civilmente responsables; Séptimo: No procede condenar en costas procesales, personales ni gastos ocasionados por el juicio. Son Partes en Única Instancia: Los Abogados José Roberto Izaguirre Santos y Arnaldo Alcides García Alvarado, en su condición de defensores públicos de los señores Marvin Leonel Roque Alvarado y Ramón Isaac Padilla Sorto, como parte recurrente y la Abogada Marina Audely Varela Figueroa, en su condición de fiscal del Ministerio Público, como parte recurrida. Hechos Probados de la INSTANCIA Único: Los señores Marvin Leonel Roque Alvarado Y Ramon Issac Padilla Sorto llegaban al domicilio del Testigo Protegido ubicado en el Sector Rivera Hernández, San Pedro Sula, exigiéndole la cantidad de doscientos lempiras (L. 200.00) semanales, bajo amenaza que de no pagar el dinero le causarían la muerte a él o a su familia. El Testigo Protegido hizo entre cuatro a cinco entregas de doscientos lempiras (L. 200.00) a los señores Marvin Leonel Roque Alvarado Y Ramón Issac Padilla Sorto, el último fue realizado el 22 de septiembre del año dos mil quince, día en que fueron capturados por agentes de la Fuerza Nacional Antiextorsión. Recurso de Casación. - Motivos y Argumentos Recurso De Casación Por Infracción De Ley. Motivo Único: Por infracción de ley sustantiva como ser la aplicación Indebida del artículo 37 del Código Penal vigente. Precepto Autorizante: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 360 del Código Procesal Penal. Exposición Del Motivo La norma sustantiva infringida es el artículo 37 del Código Penal vigente que establece: Artículo 37 “Cuando se cometa un mismo delito contra la propiedad dos o mas veces, bien sea en un solo momento o en momentos diversos, mediante acciones u omisiones ejecutadas en cumplimiento de un plan preconcebido o aprovechando idénticas o similares circunstancias, dichos delitos se considerarán como uno solo continuado. En tal situación se aplicará al agente la pena más grave, aumentada en dos tercios. En caso de duda, se tendrá por más grave la pena que tenga señalado el máximo más alto. Lo dispuesto en el párrafo anterior no se aplicará si le resulta más favorable al reo la imposición de todas las penas aplicables a los delitos concurrentes. Lo prescrito en la última parte del segundo párrafo de este Artículo y en el párrafo anterior, será aplicable a lo estatuido en el artículo 36”.- Artículo que ha aplicado erróneamente el Tribunal de Sentencias en el presente caso al no subsumirse el mismo a la declaración del Único hecho probado. EL Tribunal en referencia declaro como probado el siguiente hecho: “único: Los señores Marvin Leonel Roque Alvarado Y Ramon Isac Padilla Sorto llegaban al domicilio del Testigo Protegido ubicado en el Sector Rivera Hernández, San Pedro Sula, exigiéndole la cantidad de doscientos lempiras (1.200.00) semanales, bajo amenaza que de no pagar el dinero le causarían la muerte a el y a su familia. El Testigo Protegido hizo entre cuatro a cinco entregas de doscientos lempiras (L.200.00) a los señores Marvin Leonel Roque Alvarado Y Ramon Isac Padilla Sorto, el último fue realizado el 22 de septiembre del año dos mil quince, día en que fueron capturados por Agentes de la Fuerza Nacional Antiextorsión. Primero: Al analizar el contenido del Único hecho probado se observa que el Tribunal aplico Indebidamente el artículo 37 del Código Penal vigente como constitutivo de Continuado a titulo de autores de extorsión, donde la pena aplicada fue agravada por considerar que se trataba de un delito continuado, por lo que si confrontamos el Único hecho declarado probado con el contenido del artículos 37 párrafo primero del Código Penal, el cual describe el delito continuado, donde podemos observar que no aparecen en aquellos elementos que conforman dicha figura no determinándose e individualizándose los supuestos momentos anteriores y modos precisos, solamente indicando que se había hecho entre cuatro a cinco entregas de doscientos lempiras (L. 200.00), ni si dichos hechos fueron en cumplimiento de un plan preconcebido (no se relaciona ningún plan), por ende no observarse que nada de eso se halla declarado en el único hecho probado, siendo así no procedía la condena por Extorsión Continuada impuesta a nuestros representados por las razones antes indicadas, no debiendo para tal efecto haberse agravado dicho delito de extorsión, considerando que al habérseles condenado se estaría aplicando indebidamente el precepto penal antes señalado. Segundo: De esta forma el delito continuado según la doctrina ha sido una institución imprecisa en la definición de sus elementos, con frecuentes contradicciones valorativas, en su aplicación práctica y una indefinición de un fundamento material uniforme que sirva para explicar suficientemente el fenómeno, que por lo mismo ha permitido que bajo los mismos fundamentos, unas veces se aminore la pena que habría correspondido de sancionar independientemente cada una de las acciones típicas y en otras se exaspere, siendo válido preguntarse, por ejemplo, hasta que punto sea forzado o derechamente vulnerado el principio de legalidad aplicando sanciones que no están previamente asignadas a una determinada conducta, o por el contrario, en los casos que se aminora, si recoge este injusto adecuadamente el desvalor de acción de las acciones seriadas surgiendo la interrogante si acaso la unidad de dolo que algunas exigen constituye un factor que aumenta el reproche penal del autor, o si lo morigera, o si aquello resulta indiferente al lado de la necesidad de reconocer una figura que tiene “vida propia” independientemente de su tratamiento punitivo. Dicho lo anterior consideramos que el tribunal no analizó los elementos requeridos para establecer si se configuraba el agravar el hecho como continuado a títulos de autores en perjuicio de Testigo Protegido S-176, aplicándolo en forma indebida, por lo que el conjunto del relato factico en este caso y que constituye para los efectos de casación verdades indiscutibles, este debió haber sido un fallo condenatorio por Extorsión pero no continuada, por lo cual el razonamiento del Tribunal de Sentencias no posee las características idóneas objetivamente para producir el resultado de un delito de Extorsión Continuada porque la norma legal sustantiva vulnerada efectivamente en este caso el artículo 37 no se enmarca dentro del Único hecho probado redactado por el Tribunal Sentenciador como se dijo antes no se narra en la respectiva declaración de hecho Probado que se tratara de continuado en base a un plan preconcebido (no se relaciona ningún plan), ni vigilancia, no determinándose e individualizando las supuestas fechas solamente manifestando que había hecho entre cuatro y cinco entregas de doscientos lempiras (L.200.00), es decir que no se dieron los momentos precisos y modos en que se realizaron las supuestas entregas de dinero anteriores a la captura del 22 de septiembre de 2015. TERCERO: Siendo así consideramos que el Tribunal Sentenciador en ningún momento debió llegar a la convicción de manifestar en la fundamentación jurídica y ser más claro en el Único hecho declarado probado o que los condujera a la absoluta certeza de condenar y agravar por el delito de Extorsión Continuada en perjuicio de Testigo Protegido S-176, recordemos que el fáctum del fallo en el presente caso se debió orientar a dictar una sentencia condenatoria solamente por Extorsión contenida en el artículo 222 del Código Penal, de tal manera que la calificación del hecho declarado probado bebió de estar en armonía con la parte resolutiva del fallo y siendo que los hechos probados son el cimiento del fallo y que por esa razón son inobjetables, en ese sentido el fallo no debió circunscribirse como verdad que el delito cometido haya sido Continuado, por lo que en este caso se produce una incongruencia entre el hecho estimado y declarado probado con el fallo como delito de Extorsión Continuada por el cual se acusaba, lo anterior queda evidenciado con las mismas pruebas de cargo testifícales rendidas en juicio oral y público, por lo que de lo antes manifestado pretendemos que se corrija la sentencia de mérito y se condene únicamente por extorsión a nuestros representados señores Marvin Leonel Roque Alvarado y Ramón Isaac Padilla Sorto por considerar que no concurre la existencia del delito agravado, debiendo para tal efecto como se dijo antes haberlo condenado únicamente por Extorsión, en vista que los mismos medios de prueba aportados por el Ministerio Público en la audiencia de juicio oral y público quedo establecido por una parte que no se relacionó ningún plan, ni vigilancia, no determinándose e individualizándose las supuestas fechas, solamente manifestando que se habían hecho entre cuatro y cinco entregas de doscientos lempiras (L.200..00), no dándose los momentos precisos y modos en que se realizaron las supuestas entregas de dinero a la captura de 22 de septiembre de 2015; no individualizándose los supuestos momentos anteriores de estos donde se dijo que se le había entregado dinero por estar extorsionando al testigo protegido S-176. Es así que cuando se trata de restringir un derecho fundamental de la persona humana, como la libertad, debe de garantizarse plenamente que la persona a quién se le menoscaba su derecho, es aquella que realmente ha cometido infracción penal y que por ello es necesaria su resocialización mediante el cumplimiento de una pena, en este caso al haberse aplicado indebidamente el artículo 37 de Código Penal como continuado, sino que se debió haber condenado únicamente por Extorsión sin agravamiento de Continuado a mis representados.- De lo anterior se concluye que la conducta narrada en el Único hecho probado por el Tribunal de sentencia no es constitutivo de Extorsión Continuada como erróneamente se interpreto y aplico, sino que simplemente se debió como se dijo por Extorsión, por consiguiente haberse condenado indebidamente a los señores Marvin Leonel Roque Alvarado y Ramón Isac Padilla Sorto. Interpretación Pretendida Pretendemos que la Honorable Corte Suprema de Justicia, analizando el Único hecho probado en el fallo recurrido y en base a lo dispuesto en la norma penal como lo es el artículo 37 del Código pernal, corrija la sentencia recurrida en el entendido que en ningún momento el imputado cometió Extorsión Continuada. Fundamentación Jurídica Del Recurso de Casación por Infracción de Ley. Establece el artículo 360 del Código Procesal Penal que “Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba de ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo…” (Lo resaltado es nuestro). De esta norma se puede determinar la configuración del recurso de casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal:

Respeto irrestricto a los Hechos Probados: Los hechos probados son el relato cronológico de un acontecimiento histórico anterior al proceso penal y que es objeto de debate, fijados por el Tribunal de Sentencia con base en lo que se ha probado en juicio, derivado de la valoración de los medios de prueba cuya reproducción el juzgador pudo apreciar de manera directa, colocándolo en una posición exclusiva de valoración. Por ello el artículo 369 del Código de Rito, en su tercer párrafo prohíbe al Tribunal de Casación la modificación de los hechos probados, conocido como Principio de Intangibilidad de los Hechos Probados; Falta de correspondencia entre los hechos probados y el fallo por infracción de precepto sustantivo o de principio fijado por la Doctrina Legal, a consecuencia de: Inobservancia de la norma sustantiva o Doctrina Legal que corresponde al caso; Errónea aplicación de una norma sustantiva o de Doctrina Legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis; Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del Principio fijado en la Doctrina Legal; Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal; y Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal. En conclusión, a través del recurso de casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia; de allí que a la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva hecha por el Tribunal de Sentencia o de la Doctrina Legal que sobre el tema jurídico se haya sentado; su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia; en este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados). Motivos de casación. - Único Motivo Norma Autorizante: 360 del Código Procesal Penal; Normas que se denuncian Infringidas: Artículo 37 del Código Penal; Concepto de la Infracción: Indebida aplicación del concurso continuado; Pretensión: Se declare con lugar el recurso y se condene a los acusados por un delito único de extorsión. Discute la Defensa Pública que el hecho probado no determina ni individualiza los distintos delitos de extorsión, sino que se limita a señalar que el ofendido hizo entre cuatro a cinco entregas de dinero, sin que tampoco se señale que ello obedece a un plan preconcebido, por lo que no es procedente una sentencia por un delito de extorsión continuada, sino un fallo condenatorio por un único delito de extorsión. Del Concurso de Delitos: Delito Continuado Corresponde, para dar respuesta al reproche de la Defensa Pública, situarnos en el último elemento de la Teoría del Delito donde se define, por parte del legislador, las sanciones que corresponden a cada conducta desvalorada constitutiva de delito; en este peldaño se estudian las Causas Absolutorias de la Punibilidad y los Concursos de Delitos como normas que implementan la política penal punitiva del Estado en la concurrencia de pluralidad de conductas típicas, antijurídicas y culpables. En un derecho penal de acto, corresponde imponer una pena por cada delito cometido por la persona, y por tanto cuando existan varios delitos corresponderá imponer varias penas; sin embargo, en el Derecho Penal puede ocurrir el fenómeno de que una conducta se ajuste a varios delitos y que a todos ellos corresponda una pena. - El campo del Derecho Penal que estudia estos fenómenos se le llama Concurso de Delitos. Existe concurso de delito cuando una misma persona realiza una conducta antijurídica que se adecúa a dos o más tipos penales, cada uno merecedores de sanción penal; partiendo de la definición, constituye concurso de delito el concurso ideal o formal (Unidad de Conductas con pluralidad de lesiones) y la ausencia de éste se le denomina Concurso Real o Material (Pluralidad de conductas con pluralidad de lesiones), sin embargo, el legislador nacional también denomina como concurso de delitos al delito continuado, lo cual no es un verdadero concurso, sino que obedecen a criterio político criminal de punibilidad; queda excluido del tema de concurso de delitos el llamado concurso aparente de delitos, por ser éste, tarea de la adecuación de la tipicidad. El delito continuado, al momento en que los hechos ocurrieron, estaba previsto en el artículo 37 del Código Penal 144-83, que creaba la ficción legal considerando como un solo delito y previendo la imposición de una sola pena agravada, a los responsables de la comisión material de varios hechos delictivos que se encuadraban en una misma tipificación y que protegían el bien jurídico propiedad, ejecutados en un solo momento o en momentos diversos, siempre que hubiese sido como respuesta a un plan preconcebido o aprovechando idénticas o similares circunstancias de ejecución; la pena única a imponer era el resultado del aumento de dos tercios (2/3) a la pena abstracta más grave de los delitos contra la propiedad cometidos, advirtiendo la misma norma que el concurso de delito continuado no era aplicable en los casos en que la suma de las penas por los diversos delitos cometidos contra la propiedad hubiese sido menor a la cuantía de la única pena agravada impuesta con ocasión del concurso de delito continuado. Eran requisitos de este tipo de concurso: Unidad de bien jurídico protegido: Los delitos cometidos debían ser de aquellos que protegen el bien jurídico, propiedad, ya sea bienes corporales (bienes muebles, bienes inmuebles o bienes inmuebles por destino) o incorporales (derechos personales); Unidad de tipo penal: Las diferentes conductas penales debían subsumirse en un solo tipo penal en perjuicio de la propiedad, ergo no concurría el Concurso Continuado cuando las diferentes conductas eran subsumibles en varios tipos penales, aun cuando éstos eran en perjuicio de la propiedad; Unidad de sujeto activo: Que implica que, en los diversos delitos debía figurar siempre el mismo sujeto activo; Unidad o pluralidad de sujetos pasivos: Los delitos en contra de la propiedad podían realizarse en perjuicio de un mismo sujeto pasivo en varios momentos, en perjuicio de varios sujetos pasivos en un mismo momento o en perjuicio de varios sujetos pasivos en varios momentos; Unidad de fin: en virtud de la cual se exigía que el sujeto activo actuara con dolo en todos los delitos cometidos; Diversidad de conducta humana, la cual podía realizarse mediante acciones u omisiones; Diversidad de título de participación: Al no exigir el artículo 37 las mismas calidades del sujeto activo en los diversos delitos, éste podía participar en ellos de manera diversa como autor, autor mediato, coautor, cómplice, cómplice necesario o inductor. Identidad del comportamiento delictivo: Definía que el sujeto activo realizara las diferentes conductas delictivas basado en un mismo modus operandi, lo cual podía consistir: i) Realizando las conductas delictivas en un solo momento; ii) Realizando las conductas delictivas en diversos momentos mediante acciones u omisiones ejecutadas en cumplimiento a un plan preconcebido; iii) Realizando las conductas delictivas en diversos momentos aprovechando idénticas o similares circunstancias en la ejecución. Es claro entonces que el concurso continuado o delito continuado, era esa forma especial de ejecución reiterada de diversos tipos penales mediante un plan preconcebido o aprovechando las mismas o similares circunstancias, haciendo el legislador una presunción de que todos ellos constituyen un solo delito para efectos de imposición de una sola pena; no se trataba de un tipo penal, tampoco de una circunstancia agravante, sino una disposición político criminal del legislador orientada a favorecer al sujeto activo con una pena más favorable. Como consecuencia jurídica, es la presunción de que todos estos delitos independientes debían ser considerados como uno solo delito continuado y por tanto las diferentes penas que correspondían imponer al responsable por las diversas conductas delictivas, eran sustituidas por una sola pena atenuada, por ello es que señalamos al inicio, que el concurso continuado o delito continuado en realidad no es un tipo penal, sino una disposición político criminal que favorece al culpable de varios delitos en contra de la propiedad al determinar la imposición de una sola pena, es decir que el delito continuado es una figura a favor del reo donde se hace presunción de que los diversos delitos son uno solo, exclusivamente para efectos de imposición de pena. De la Procedencia del Recurso. – El Recurso no es de recibo. - En el motivo, la Defensa Pública cuestiona la aplicación del concurso de delitos: delito continuado, pues estima que sus elementos no están descritos en la descripción de hechos probados, criterio que es erróneo pues el hecho probado describe una pluralidad de delitos en perjuicio de la propiedad, cometidos por los acusados obedeciendo a un mismo plan, todo en perjuicio de la misma persona; entonces al configurarse varios delitos de extorsión, ellos deben ser punibles en su condición de concurso continuado. El relato histórico individualiza a los protagonistas: Por una parte los acusados Marvin Leonel Roque Alvarado y Ramon Issac Padilla Sorto, actuando como coautores del delito, al haberse puesto de acuerdo para su ejecución, lo que constituye a la vez uno de los elementos del delito continuado: que los distintos delitos sea cometidos con base en un plan preconcebido.- Por otro lado, se identifica como sujeto pasivo a un testigo protegido, quien sufrió en su patrimonio la conducta criminosa en más de una ocasión.- El factum cuenta que los acusados llegaron al domicilio del testigo protegido, exigiéndole la entrega de doscientos lempiras semanales, amenazándolo que de no acceder, le causarían daños a la vida a él o a su familia; intimidación que fue efectiva pues obligó al ofendido a realizar dichas entregas de manera semanal en cuatro o cinco ocasiones a los acusados, quienes el 22 de septiembre de 2015 fueron aprehendidos por la policía.- Entonces, tal relato establece de manera cierta que los acusados, gracias a las amenazas que mantenían sobre el ofendido recibieron entre cuatro a cinco ocasiones cantidades de dinero, lo que se traduce entonces en que cuando menos en cuatro ocasiones se cometió el delito de extorsión, por los mismos acusados, en perjuicio del mismo ofendido, todo en el marco de un plan: la amenaza a muerte en caso de no acceder, lo que permite encuadrar los hechos, no solo en los cuatro delitos de extorsión mencionados, sino que además en un concurso de delito continuado, considerando para beneficio de los acusados la imposición de una sola pena de reclusión aumentada, en lugar de cuatro penas individuales por los cuatro delitos cometidos. Decisión: El recurso de casación por infracción de ley en su motivo único debe ser desestimado. De la procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal Decreto 130-2017. A. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir de cinco a diez años de prisión una pena). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrara en vigencia y cuando es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento de juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas de manera completa por la persona, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el Código Penal Decreto 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo Código, sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibido la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un delito continuado la revisión/ponderación debe hacerse en relación a la pena agravada y no respecto a las penas por cada delito; (Art. 617).- Al apreciarse un concurso continuado (Art. 68 en relación con el párrafo 6 del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: i.- Ponderación de la norma más favorable se realizará de manera global: comparación de la pena impuesta conforme al delito continuado según las reglas del CP-144-83 con la pena que correspondería conforme las reglas del mismo concurso conforme el CP-130-2017.- Es contra legem hacer una comparación individual de las penas que conforman el delito continuado; o ii.- Cuando una de las penas corresponda a un delito despenalizado, primero se deberá hacer el nuevo cálculo de la pena agravada del CP-144-8 y luego hacer la comparación global con el CP-130-2017.- Si con el delito despenalizado desapareciere el concurso ideal, la comparación se deberá realizar conforme las reglas de las penas no concursadas.- Es aplicable en la ponderación de penas impuestas al delito continuado la observancia de los límites de cumplimiento de pena conforme las reglas del concurso real.- Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i.- Limite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii.- Limite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii.- Limite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años.- Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos limites no se observarán cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. C. Escrito Complementario En escrito complementario la Defensa Pública presentó petición a la Sala de lo Penal de que en el presente caso se aplicara retroactivamente el Código Penal 130-2017, a favor de los acusados Marvin Leonel Roque Alvarado y Ramon Isac Padilla, por considerar que éste contiene normas que comparativamente prevén penas menos gravosas que las contenidas en el Código Penal 144-83, que se encontraba vigente al momento de la realización de los hechos y que fuese aplicado como sustento para la emisión de la sentencia condenatoria impugnada. El Ministerio Público, también en escrito complementario, compartió la opinión de la Defensa Pública, señalando que es la nueva normativa penal la que debe aplicarse a los acusados por ser la más favorecedora a éstos. La Sala de lo Penal desea anotar que ninguna de las partes se refirió a la definición de la pena concreta de reclusión a imponer a los acusados conforme a las nuevas normas penales que se solicitan sean aplicadas retroactivamente; tampoco ninguna de las partes se refirió sobre la condición económica de cada acusado, su solvencia y liquidez y por tanto sobre su capacidad de pago de la pena de multa, haciendo silencio además sobre la extensión de la pena que debía de imponerse a cada uno de los acusados, siempre conforme a las nuevas normas penales que se solicita sean aplicadas retroactivamente al caso concreto. D.- Ponderación en el caso concreto El Tribunal de Sentencia, basado en el Código Penal 144-83, impuso a los acusados, como coautores de cuatro delitos consumados de extorsión en concurso de delito continuado, las siguientes penas: Señor Marvin Leonel Roque Alvarado: i.- Pena principal de reclusión por 25 años; ii.- Pena principal de multa de 83.33 salarios mínimos, sin que se individualice concretamente el monto; iii.- Pena accesoria de inhabilitación absoluta; iv.- Pena accesoria de interdicción civil; v.- Declaratoria de responsabilidad civil derivada del delito; vi.- Consecuencia penal de obligación de realizar trabajo penitenciario; y Señor Ramon Issac Padilla Sorto: i.- Pena principal de reclusión por 25 años; ii.- Pena principal de multa de 83.33 salarios mínimos, sin que se individualice concretamente el monto; iii.- Pena accesoria de inhabilitación absoluta; iv.- Pena accesoria de interdicción civil; v.- Declaratoria de responsabilidad civil derivada del delito; vi.- Consecuencia penal de obligación de realizar trabajo penitenciario. Conforme a las disposiciones del Código Penal 130-2017, el delito de extorsión debe ser sancionado con la pena de prisión de diez (10) a quince (15) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días (Art. 373); pena que debe aumentarse hasta 1/3 por ser de carácter continuado, quedando la pena abstracta de prisión 15 a 20 años de y multa de 1000 a 1,333.33 días, más las penas accesorias y demás consecuencias penales. La comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que, en el caso particular, el Código Penal 130-2017 prevé sanciones menos gravosas que las impuestas conforme el Código Penal 144-83, por lo que es procedente la aplicación retroactiva de la nueva codificación. Para efectos de la individualización de las penas, manda el artículo 70 NCP tener en consideración la existencia o ausencia de las circunstancias modificativas de la responsabilidad penal y, en su defecto, las circunstancias personales del condenado.- Conforme se señala en la sentencia, las partes en la audiencia de individualización de la pena concreta alegaron ausencia de circunstancia agravantes y atenuantes, criterio que compartió el a-quo; en relación a las circunstancias personales, consta en el acumulado judicial: Señor Marvin Leonel Roque Alvarado, con número de identidad 0501-1995-00161, hondureño, de 20 años de edad al momento de los hechos, originario de la ciudad de San Pedro Sula, con último empleo como encargado de atención al cliente en la Bodega Premium Comercial (no consta en autos monto del salario), soltero y son hijos, viviendo en casa de sus padres al momento de los hechos, sin antecedentes policiales.- Conforme a lo señalado, corresponde imponer a Marvin Leonel Roque Alvarado las siguientes penas por el delito de Extorsión Continuada: i.- Prisión por 16 años, en consideración de que el sñor Roque trabajaba en un comercio que comparte la misma naturaleza a aquel afectado por el delito, por lo que por conocimiento propio estaba consciente de las consecuencias perniciosas de sus actos para quienes dependían de tal establecimiento; y ii.- Multa de 1000 días, con un valor de L 22.00, ascendiendo la pena a L 22,000, como consecuencia de que al momento del hecho el acusado era empleado de un comercio, contando con un salario; y Señor Ramon Issac Padilla Sorto, con número de identidad 0501-1997-06019, hondureño, de 18 años de edad al momento de los hechos, originario de la ciudad de San Pedro Sula, sin trabajo, soltero, sin hijos, viviendo en casa de sus padres al momento de los hechos, sin antecedentes policiales.- Conforme a lo señalado, corresponde imponer al reo Ramon Issac Padilla Sorto, las siguientes penas por el delito de Extorsión Continuada: i.- Prisión por 15 años; y ii.- Multa de 1000 días, con un valor de L 20.00, ascendiendo la pena a L 20,000. Por Tanto: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 140 del Código Penal; 360 y 362 del Código Procesal Penal; Falla: Primero: Declara Sin Lugar el motivo único del recurso de casación por infracción de ley, interpuesto por la Defensa Pública.- Segundo: Declara la procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017, por las conductas reprochadas a los acusados Marvin Leonel Roque Alvarado y Ramon Issac Padilla Sorto; como consecuencia Reforma la parte resolutiva de la sentencia de fecha cinco de abril de dos mil diecisiete, dictada por el Tribunal de Sentencia de la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en los siguientes términos: “Primero: Que debemos condenar y condenamos al señor Marvin Leonel Roque Alvarado, cuyas generales de identidad se detallan en el preámbulo de esta sentencia, como coautor de un mínimo de cuatro delitos consumados de extorsión, en perjuicio del Testigo Protegido S-176, apreciándose un concurso de delito continuado, imponiéndole las penas principales de: i.- Prisión por 16 años; y ii.- Multa de 1000 días, con un valor de L 22.00, ascendiendo la pena a L. 22,000.- Segundo: Que debemos condenar y condenamos al señor Ramon Issac Padilla Sorto, cuyas generales de identidad se detallan en el preámbulo de esta sentencia, como coautor de un mínimo de cuatro delitos consumados de extorsión, en perjuicio del Testigo Protegido S-176, apreciándose un concurso de delito continuado, imponiéndole las penas principales de: i.- Prisión por 15 años; y ii.- Multa de 1000 días, con un valor de L 20.00, ascendiendo la pena a L 20,000.- Tercero: El cumplimiento de la pena de prisión impuesta deberá ajustarse a las siguientes reglas: a.- Del cómputo de la pena de prisión impuesta se deberá deducir el tiempo en que los señores Marvin Leonel Roque Alvarado y Ramon Issac Padilla Sorto, hayan estado privados totalmente de su libertad ambulatoria en cumplimiento de alguna medida cautelar en este proceso judicial; b.- Por efecto de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017, el proceso de ejecución de pena deberá hacerse conforme a sus normas, lo que incluye la resolución de cualquier solicitud de libertad condicional; c.- El lugar de cumplimiento de las penas de prisión deberá ser el centro penitenciario más próximo a su último domicilio, esto sin perjuicio de los traslados que disponga el Instituto Nacional Penitenciario con vista a la seguridad y el mejor desarrollo del proceso de rehabilitación del reo.- Cuarto: La pena de multa deberá ser honrada dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que esta sentencia adquiera el carácter de firme.- Quinto: Que debemos condenar y condenamos a los señores Marvin Leonel Roque Alvarado y Ramon Issac Padilla Sorto, a cumplir las penas accesorias siguientes por el tiempo de cumplimiento de la pena de prisión: inhabilitación absoluta y suspensión de la ciudadanía, por disposición constitucional (Art. 41.2).- Sexto: Se impone a los reos Marvin Leonel Roque Alvarado y Ramon Issac Padilla Sorto, como consecuencia de su declaratoria de responsabilidad penal, la obligación de trabajar por el tiempo que se encuentren internos cumpliendo la pena de reclusión en obras públicas y/o en labores dentro del establecimiento penitenciario en donde se encuentre internado, de conformidad con la Sección VII, del Capítulo IV, del Título II de la Ley del Sistema Penitenciario Nacional, la Ley del Trabajo para Personas Privadas de Libertad y de Permanencia para Reos de Alta Peligrosidad y Agresividad y sus respectivos reglamentos; Séptimo: Como consecuencia de su declaratoria de responsabilidad penal, se declara a los reos Marvin Leonel Roque Alvarado y Ramon Issac Padilla Sorto, civilmente responsables por las consecuencias resultantes de un mínimo de cuatro delitos de extorsión consumados; responsabilidad civil que deberá ser exigida y cuantificada ante el Juzgado de Ejecución competente.- Octavo: No procede imposición de comiso de instrumentos, productos o ganancias del delito.- Noveno: No procede condenar a los reos Marvin Leonel Roque Alvarado y Ramon Issac Padilla Sorto, a las costas procesales, personales ni a la restitución de los gastos ocasionados por el presente proceso judicial.- Y Manda: A efecto de que se acate lo mandado en el apartado anterior, la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personas en única instancia, deberá devolver los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento.- Notifíquese. Alma Consuelo Guzmán García Magistrada José Olivio Rodríguez Vásquez Magistrado Miguel Alberto Pineda Valle Magistrado. FIRMA Y SELLLO MARIA DEL CARMEN GODOY. RECEPTORA ADSCRITA SALA DE LO PENAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticinco días del mes de mayo del año dos mil veintiuno. Certificación de la sentencia de fecha veintisiete de enero del año dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este tribunal No. SP-428-2017.

MARIA DEL CARMEN GODOY

RECEPTORA ADSCRITA

SALA DE LO PENAL