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Sentencia CP-90-21 — Registro 13996
Resumen
En primera instancia se condenó al imputado por el delito de Estafas Impropias, resolviendo en segunda instancia No Ha Lugar el recurso de casación.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"...De la procedencia del Recurso de Casación Por Quebrantamiento de Forma en su Tercer motivo. El recurso no es de recibo. En la sentencia que hoy se estudia, se aprecia que existe una descripción de cada uno de los medios de prueba aportados en juicio oral y público tanto de la acusación privada como de la defensa privada; se aportó como A) prueba testifical: 1) declaración testifical del señor José Salvador Pineda Pineda; 2) Declaración testifical del señor Rubén Emilio Castillo Ochoa (en común con la defensa privada); 3) Declaración testifical del señor Sergio Aníbal Núñez Flores (en común con la defensa privada); 4) declaración testifical de la señora Laura Elena Núñez Flores; B) como prueba documental: 1)Testimonio de Escritura Pública número 14 de fecha 07 de abril de 1987 (constitución de la Sociedad Mercantil Fomento a la Educación y a la Cultura, S.A de C.V.); 2) certificación íntegra del testimonio número 29 de fecha 20 de julio 1990 (La compra y venta de un inmueble); 3) certificación íntegra del testimonio número 67 de fecha 10 de julio 1995; 4) Certificación íntegra del testimonio número 153 de fecha 12 de noviembre de 1997 (donde se hace la compra y venta del inmueble); 5) testimonio de escritura Pública número 19 de fecha 3 de mayo 1993 (constitución de la Sociedad Mercantil Empresa de Transportes Múltiples, S.A.); 6) Testimonio de Escritura Pública número 119 de fecha 21 de marzo de 2013; 7) Constancia de fecha 3 de abril de 2014 (emitida por el Secretario del Consejo de Administración de la Sociedad Fomento a la educación y la Cultura, S.A. de C.V.); 8) Certificación emitida por el Secretario de la Sociedad Fomento a la educación y la Cultura S.A. de C.V. de fecha 3 de abril 2014; 9) copia fotostática del testimonio número 82 de fecha 11 de agosto de 1997 (medio de prueba común con la defensa); 10) Informe del Presidente de la Asamblea de Accionistas de fecha 21 de marzo de 1988; C) como prueba pericial: 1) Dictamen pericial (ratificado por el Licenciado José Luis Zelaya Perdomo). La defensa privada, ofertó como pruebas documentales: 1) Testimonio de escritura número 64; 2) Copia fotostática del testimonio de Escritura Pública número 59. Ante lo denunciado por el recurrente, esta Sala de lo Casación procedió a realizar una revisión exhaustiva a la sentencia recurrida y no encuentra que el Juzgador haya incurrido en motivación fáctica insuficiente. Recordemos que la sentencia penal debe verse como un todo armónico, no solo debe observarse la valoración de un determinado medio de prueba, sino que la valoración y la motivación debe realizarse de forma conjunta y armónica. Al revisar la valoración de las declaraciones testificales tanto de la acusación privada como de la defensa privada, el Tribunal Sentenciador establece que en la valoración del señor José Salvador Pineda Pineda, hace concluir de manera razonable que el testigo junto con el querellado y dos de los testigos Rubén Emilio Castillo y la señora Laura Nuñez Flores, son parte de los socios fundadores de la Sociedad Fomento a la educación y ala Cultura, S.A de C.V, estableciendo que su testimonio es creíble por cuanto hay medios documentales expedidos por Notarios que reafirman sus dichos, también existen actas de asambleas debidamente protocolizados que dan fe de algunos de los hechos expuestos por el testigo, también su relato es coherente a la luz del legajo probatorio, tanto de cargo como de descargo, resulta ser eficaz al poder corroborar su versión con la prueba documental y de igual forma con la prueba testifical. Con el testimonio del señor Rubén Emilio Castillo Ochoa, el Juzgador en su valoración estableció de manera coherente que las sociedades eran diferentes, que él era socio en ambas, además de ser el Notario Público que autorizó el traspaso de un bien inmueble, acto que fue hecho por el señor Arístides Soto Alcerro, el relato del testigo se pudo corroborar con parte de la prueba documental consistente en una serie de copias fotostáticas debidamente autenticadas de Instrumentos Públicos, en los cuales se documentó el traspaso del bien inmueble por parte del señor Arístides Soto Alcerro, como Presidente de Fomento a la educación y a la cultura, rol que efectivamente quedo plasmado el desempeño en ambas sociedades mercantiles. Con el testimonio del señor Sergio Aníbal Núñez Flores, el Juzgador en su valoración establece que su declaración es creíble y confiable no se advierte de parte del testigo el deseo de modificar o tergiversar los hechos sucedidos en este caso, es eficaz en términos probatorios debido a que existen dos escrituras una que recoge un acuerdo conciliatorio y la segunda una compraventa, por lo que sus dichos tienen respaldo. Con el testimonio de la señora Laura Elena Núñez Flores, el juzgador estableció en su valoración: de forma razonable que esa explicación no justifica la decisión tomada en el marco de un supuesto acuerdo de socios debido a que tampoco hay un acta de asamblea, que indique que eso sucedió donde autoriza al señor Arístides Soto Alcerro, como presidente del Consejo de Administración de la Sociedad Fomento a la Educación y a la Cultura, S.A. de C.V. a traspasar siete mil varas cuadradas, pudiendo concluir el juzgador que los argumentos ofrecidos por la testigo Laura Elena Núñez Flores al igual que lo dicho por el señor Rubén Emilio Castillo Ochoa, no son suficientes para justificar su accionar junto al querellado de dar en pago un lote de terreno de la sociedad Fomento a la Educación. En cuanto a la prueba documental como es la Escritura Pública número 14 de fecha 7 de abril de 1987, las certificaciones de los asientos número 79 del tomo 1994 y 55 del tomo 2305 , en este sentido el juzgador los valoró como creíble y objetivamente confiable al haber sido autorizado por un Notario Público, eficaz por un lado porque demuestra el nacimiento de una persona jurídica al estar debidamente inscrita en el registro de comerciantes sociales, por otro lado el juzgador considera que se estableció que efectivamente la sociedad antes mencionada pacto con la señora Soto Fernández, la venta de los terrenos que adquirió la sociedad y que en la actualidad le pertenecen y en la que esta prueba no ha presentado controversia; con la certificación íntegra del testimonio número 153 de fecha 12 de noviembre de 1997, esta valoración la compara con la declaración del señor Sergio Núñez Flores, en la que manifiesta que él les había entregado el dinero mucho antes y el valor era superior pero se daba por bien pagado con esa propiedad, para el juzgador este medio de prueba es creíble y confiable al haber sido emitido por un Notario y es eficaz en cuanto prueba la existencia de una compraventa quien fue el vendedor y quien fue el comprador, además de estar debidamente inscrita en el Instituto de la Propiedad a favor del señor Nuñez Flores. Con la certificación de la Escritura Pública, número 19,autorizado por el Notario Virgilio Fortín, de fecha 3 de mayo de 1993,este medio de prueba se le valoro intelectivamente en la que se deja claro quienes fueron sus socios fundadores, cuál es su rubro comercial, su capital, sus estatutos y cuyo presidente recayó en el Abogado y Notario Rubén Emilio Castillo Ochoa, estableciendo que es creíble cuenta con la fe notarial pública, al estar registrada debidamente la sociedad mercantil, es eficaz y deja claro que esta era una persona jurídica totalmente diferente d la sociedad Fomento a la educación y a la Cultura, y era legitima dueña de la propiedad con la el querellado Arístides Soto Alcerro, le pago una deuda contraída por Transportaciones Múltiples, al señor Sergio Aníbal Nuñez Flores. Certificación emitida por el secretario Fomento a la educación y la Cultura, S.A. de C.V., de fecha 3 de abril de 2014, este medio está en consonancia con la certificación que antecede (protocolización mediante testimonio de la Escritura Pública número 119), estimando el juzgador que este es un medio de prueba creíble y confiable que de manera más amplia detalla lo sucedido en esa ocasión, como Presidente del consejo de Administración de la sociedad Fomento a la educación y la Cultura, transfirió un bien inmueble a favor del señor Sergio Aníbal Núñez, por una deuda de la sociedad Transportaciones Múltiples. Con la copia fotostática del testimonio número 82, de fecha 11 de agosto de 1997, que contiene un arreglo extrajudicial sobre una deuda en dólares de la que no fijó el monto, entre los señores Arístides Soto Alcerro, Rubén Emilio Castillo Ochoa, ambos en representación de Fomento a la Educación y a la Cultura, así como de Transportaciones Múltiples, en la valoración intelectiva nos ubica en un momento de tiempo determinado, que efectivamente este acuerdo existió, lo que hace que el mismo sea creíble y confiable, además resulta ser eficaz al dársele un bien inmueble de siete mil varas cuadradas, por el precio de doscientos mil Lempiras (l.200,000.00), por el cual se le ponía fin a una deuda ajena a la sociedad Fomento a la educación y la Cultura, no encontrando el juzgador ninguna justificación que ampare el acto por el cual el señor Arístides Soto Alcerro, pagara una deuda que fue adquirida por una persona jurídica diferente a la que él representaba. El informe del Presidente de la asamblea de Accionistas de fecha 21 de marzo de 1988, en el cual el señor Arístides Soto, expuso una serie de situaciones propias de la administración que él representaba y en el que reconoce por parte de este que al señor Aníbal Núñez Flores, se le adeudaba una suma aproximada de (l.1,800,000.00), estableciendo el juzgador en su valoración intelectiva que este medio de prueba es creíble y confiable por cuanto se puede corroborar con los diferentes testimonios de escritura que ya fueron descritos y valorados en este apartado, como ser: un arreglo extrajudicial entre el señor Núñez Flores y los representantes de FECSA y Transportaciones Múltiples., donde se acordó hacer el pago con la tierra de la sociedad Fomento a la Educación y Cultura, también se relaciona con la escritura de compraventa efectuada por parte del querellado y el señor Núñez Flores. Con la prueba pericial consistente en el análisis contable, hecho por el Licenciado José Luis Zelaya, misma que fue interrogado por las partes, estableciendo en su valoración intelectiva, que es una prueba eficaz para demostrar el perjuicio que le causo ese acto desplegado por parte del señor Arístides Soto Alcerro, al pagar una deuda que se demostró con prueba suficiente que era entre la sociedad Transportaciones Múltiples, y el señor Sergio Aníbal Núñez Flores y no de la sociedad Fomento a la educación y la Cultura, S.A. de C.V. y el señor Núñez Flores. Los testimonios de escritura número 64 de fecha 10 de diciembre de 1993, otorgada por el Notario Rubén Emilio Castillo Ochoa y la copia fotostática del testimonio de Escritura Pública número 59, de fecha 15 de julio de 1998, autorizado por el Notario Nelson D. Mairena, estableciendo el juzgador en su valoración estableciendo en la primera estableciendo que este medio de prueba no es suficiente y resulta ineficaz para considerar que el querellado estaba amparado, para realizar el acto por el que fue llamado a juicio; referente al segundo, el juzgador lo valoro intelectivamente que es un medio creíble y confiable que cuenta con la fe notarial, que no deja duda que el señor Arístides soto Alcerro, fue la persona que como Presidente del concejo de Administración de la sociedad Fomento a la Educación y la Cultura, transfirió una fracción de terreno a favor del señor Aníbal Núñez, en lo referente al resto de la información que recoge el documento el mismo versa sobre situaciones que no se dieron dentro de una asamblea de la sociedad mercantil , la misma no es una prueba suficiente para que se tenga por justificado el actuar del querellado. La Sala concluye que, el ejercicio intelectivo ha sido realizado correctamente por el juzgador, pues armónicamente ha vinculado las declaraciones testificales, las pruebas documentales y el dictamen pericial, correspondiéndose mutuamente todos los medios de prueba, de tal forma que se denota su eficacia probatoria colegida de las inferencias lógicas del Tribunal de instancia. En consecuencia, son lógicos y razonables los raciocinios del sentenciador, por ello procede declarar Sin Lugar el presente motivo de casación. Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Interpuesto por la defensa privada. Cuarto Motivo. Norma autorizante: Artículo 362 numeral 1 del Código Procesal Penal. Norma sustantiva que se denuncia infringida: Artículo 362 numeral 1 en relación al 338 regla cuarta numeral 1del Código Procesal Penal. Concepto de la infracción: Adolecer de hechos probados contradictorios. Reclamación Ex Ante: Se produce en el acto de redacción de la sentencia. Pretensión: Se declare con lugar el motivo el recurso. Establece la recurrente que en los hechos tenidos como probados, el tribunal incurre en contradicciones internas en su construcción, ello porque, los hechos probados cuarto y quinto de la sentencia presentan afirmaciones que se niegan entre sí, a pesar de la obligatoriedad de que los mismos deben ser descritos con claridad, precisión y coherencia. Manifiesta la recurrente que en el hecho probado cuarto se enuncia parra llegar a un arreglo extrajudicial entre las dos sociedades, no se presentó ningún título valor con el cual se acreditara el monto de crédito, dejando entrever que la deuda no existía, sugiriendo simulación es este aspecto, estableciendo además que en el mismo hecho cuarto, se describe un acuerdo extrajudicial donde se comprometen a cederle al señor Nuñez Flores siete mil varas de tierra, cuya propiedad pertenece a FECSA, dándole un valor de manera conjunta de doscientos mil Lempiras. Sigue manifestando la recurrente que en el hecho quinto el tribunal relaciona la compraventa de dicho inmueble en un acto notarial, donde el imputado como vendedor y el señor Nuñez Flores como comprador convinieron en el precio de doscientos mil Lempiras, sin embargo, el sentenciador contradictoriamente al arreglo descrito en el hecho cuarto, relacionada que dichos ingresos no fueron reflejados en la contabilidad de la empresa para el ejercicio fiscal de ese año. De los Hechos Probados de la Sentencia Los hechos probados son el relato histórico respeto a los acontecimientos que están siendo debatidos; Es una descripción, donde los Juzgadores hacen un recuento cronológico, ordenado, claro y terminante de lo que aconteció, el cual es extraído a partir de la valoración de los medios probatorios reproducidos en la audiencia de debate; Los hechos probados podrán ser elaborados conforme al estilo de sus redactores, pero siempre deberán de determinar aspectos básicos como tiempo, lugar, identificación de las personas que participan, los hechos objeto de debate y, en su caso, el resultado del acontecimiento; Es a partir de los hechos probados que los Juzgadores determinan la norma legal aplicable al caso y de allí su imperativa importancia. Por lo anterior el artículo 338 del Código Procesal Penal manda que los hechos probados deberán estar dispuestos en párrafos separados y numerados, con la consignación expresa y terminante de los hechos que lograron probarse en la audiencia de debate, descrito en forma clara, precisa y coherente, sin utilizar en ellos conceptos que por su exclusivo carácter jurídico puedan predeterminar el fallo que haya de dictarse. Se desprende de la citada norma que los hechos probados deben reunir los siguientes requisitos: 1. Requisitos De Forma: Hechos probados debidamente separados y numerados, de conformidad a la complejidad del relato y la exposición de ideas; y 2. Requisitos De Fondo: a. Claros: “… la falta de Claridad de los hechos probados se da cuando los juzgadores los redactan entre otros casos utilizando términos ambiguos, oscuros, incompletos o confusos que imposibilitan su comprensión” (Ver Sentencia de fecha 15 de Diciembre del 2010 en el Exp 377-2008), “…supone la confusión, redacción dubitativa e imprecisión de tal forma que por su insuficiencia u oscuridad, no conduzcan al lector a una conclusión precisa del hecho” (Ver Sentencia de fecha 28 de Octubre del 2010 en el Exp 129-2009); b. Terminantes: “…Los hechos probados se consideran no terminantes cuando se pone de manifiesto alguna indecisión de parte del Tribunal como cuando emplea algunas afirmaciones tales como “posiblemente”, “casi seguro” u otras similares que no impliquen la concreción segura del relato, en ese sentido…” (Ver Sentencia de fecha 13 de abril del 2011, en el Exp 250-2009); y c. Coherentes: Exige armonía interna del hecho desde el punto de vista lógico, la incoherencia “…implica un relato fáctico inconciliable o contradictorio entre sí, de modo que la afirmación de un hecho implique la negación de otro, es un vicio atacable solo dentro del factum de la resolución dirigido a la contradicción in términos…”. (Sentencia de fecha 25 de noviembre de 2010 en el Exp. No. 920-2009). Siguiendo a Fernández de la Reguera[19], esta Sala de lo Penal señala que se requerirá como requisitos para declarar como faltos de claridad, terminación o coherencia los hechos probados, los siguientes: 1. Que el contexto de la narración fáctica se aprecie incomprensión de lo que se quiso manifestar debido a: Utilización de frases ininteligibles, omisiones, empleo de juicios dubitativos o por ser los hechos probados la mera descripción del resultado de las pruebas sin el acompañamiento del razonamiento del Tribunal de Sentencia, razonamiento que no debe de entenderse como valoración probatoria, sino como aquellas afirmaciones conclusivas arribadas a partir de la prueba y que reproduzcan el hecho histórico; 2. Que la falencia no permita subsumir los hechos en el ámbito situacional de la norma penal sustantiva que se ha aplicado, impidiendo determinar si los hechos son o no constitutivos de delito, determinar la clara participación de los acusados en dichos hechos o si concurren circunstancias que excluyen la conducta, causas de atipicidad, causas de justificación, causas de inculpabilidad, causas de inimputabilidad o causas absolutorias de la pena, ello cuando se trate de sentencias absolutorias basadas en alguna de ellas; 3. Que esa falta de entendimiento o incomprensión provoque un vacío o laguna en el relato histórico de los hechos; 4. Que tomando únicamente como base los hechos probados, el Tribunal de Sentencia haga un relato colisionante, con afirmaciones excluyentes entre sí, de modo de no poder saber cómo ocurrió el hecho histórico; y 5. Que el Censor, en el planteamiento del motivo, identifique con acierto la sección de los hechos probados que estima como faltos de claridad, terminación o coherencia. De la procedencia del Recurso de Casación Por Quebrantamiento de Forma en su Cuarto Motivo. El recurso no es de recibo. Establece la recurrente que en los hechos tenidos como probados, el tribunal incurre en contradicciones internas en su construcción, ello porque, los hechos probados cuarto y quinto de la sentencia presentan afirmaciones que se niegan entre sí, a pesar de la obligatoriedad de que los mismos deben ser descritos con claridad, precisión y coherencia. En cuanto al hecho probado número cuarto de la sentencia, el mismo establece la fecha (11 de agosto de 1997), el número de instrumento (Instrumento número 82), el notario que lo realizó (Notario Rolando E. Mejía Cruz), estableciendo las partes comparecientes del mismo y su representación ( comparecieron los señores Sergio Aníbal Núñez Flores, quién actuo en nombre propio; Arístides Soto Alcerro, como apoderado especial de la sociedad mercantil Fomento a la Educación y la Cultura, S.A de C.V y Rubén Emilio Castillo Ochoa, quién actuó como Presidente del Consejo de Administración de la sociedad Empresa de Transportaciones Múltiples, S.A.); los motivos por los cuales se suscribió dicho documento ( en fecha 25 de mayo de 1993, le otorgó un préstamo puente en dólares por una cantidad no determinada, a la sociedad Empresa de Transportaciones Múltiples, S.A, con la finalidad que esta comprara autobuses y le diera servicio a la Metropolitan School, sin presentar en este acto ningún título valor que acreditara el monto del crédito),las acciones que se dieron a causa del incumplimiento de la deuda , indicaron los otorgantes que al estar vencida la deuda, el señor Núñez Flores, interpuso acciones judiciales en el embargo precautorio a la sociedad mercantil Fomento a la educación y la Cultura, S.A de C.V.), el arreglo extrajudicial que suscribieron y el concepto por el cual consistía dicho arreglo extrajudicial (para poner fin a las acciones judiciales, se le cederían al señor Núñez Flores, siete mil varas de tierra, las que serian desmembradas de tres bienes inmuebles que estaban en un solo cuerpo propiedad de Fomento a la educación y la Cultura, S.A de C.V., dándole un valor de manera conjunta de doscientos mil Lempiras). En cuanto al hecho probado número quinto de la sentencia, en el que s refiere a la compraventa del terreno, el mismo se establece la fecha (12 de noviembre de 1997), el número de instrumento (Instrumento número 153), Notario que lo realizó (Notario Rubén Emilio Castillo Ochoa), concepto del instrumento ( compra y venta de una fracción de terreno de siete mil varas cuadradas), a quién pertenece dicho terreno (Sociedad Mercantil Fomento a la Educación y la Cultura, S.A. de C.V.), los comparecientes (señor Arístides Soto Alcerro, en su condición de Presidente Consejo de Administración y apoderado de la misma como vendedor y el señor Sergio A. Nuñez Flores, como comprador), el precio del terreno (convinieron el precio de doscientos mil Lempiras), y la consecuencia (ingresos que no fueron reflejados en la contabilidad de la empresa para el ejercicio fiscal de ese año). La Sala de lo Penal, ha revisado los hechos declarados probados contenidos en la sentencia objeto de casación, en la que se aprecia su comprensión, lo que quiso manifestar, no utilizando frases ininteligibles u omisiones, no utiliza el empleo de juicios dubitativos, arribando a afirmaciones y conclusiones arribadas a partir la prueba evacuada en juicio, las cuales reproducen el hecho histórico, permite además subsumir los hechos en el ámbito situacional de la norma penal sustantiva, la participación del acusado, en este sentido el sentenciador ha hecho un relato del hecho histórico claro no excluyente entre sí, en forma clara y coherente, por ende no le asiste razón a los Recurrentes en su denuncia..."
El Infrascrito Secretario Actuante de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia recaída en el Recurso de Casación con registro No. SP-90-2021 que literalmente dice: “SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los once (11) días del mes noviembre del año dos mil veintiuno (2021), el Pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Alma Consuelo Guzmán García, en su calidad de Coordinadora, José Olivio Rodríguez Vásquez y Rafael Bustillo Romero, pronuncian EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente sentencia en el Recurso de Casación SP 90-2021 por Infracción de Precepto Constitucional, Infracción de Ley y por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha once de septiembre de dos mil veinte, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, mediante la cual falló: Primero: Condenó al señor Arístides Soto Alcerro, como autor, del delito de Estafas Impropias, en perjuicio de la Sociedad mercantil Fomento a la Educación y la Cultura S.A. de C.V. (FECSA), a la pena de tres años de reclusión.- Segundo: Condenó al señor Arístides Soto Alcerro, a la pena accesoria de inhabilitación especial, por el tiempo que dure la condena principal.- Tercero: Declaró la responsabilidad civil del señor Arístides Soto Alcerro, de la compensación e indemnización de los daños y perjuicios causados por el delito por el que es condenado. Cuarto: No procedió la condena en costas procesales, personales ni gastos ocasionados por el juicio al señor Arístides Soto Alcerro. Quinto: No se decretó el comiso en vista que no fue puesto a la orden del Tribunal ningún objeto proveniente del delito. SON PARTES: La Abogada Ritza Yolanda Antúnez Reyes, en su condición de apoderada defensora del señor Arístides Soto Alcerro, como parte recurrente, y el Abogado Julio Cesar Ramírez Mejia, en su condición de apoderado legal de la Sociedad Mercantil Fomento a la Educación y la Cultura S.A. de C.V. (FECSA), como parte recurrida. HECHOS PROBADOS “Esta Sala Tercera del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, valorando las pruebas practicadas en el juicio, de acuerdo a las reglas de la sana crítica, declara probado los siguientes hechos: Primero: En fecha siete de abril del año mil novecientos ochenta y siete, se otorgó el instrumento número 14 ante los oficios del notario público Virgilio Fortín Machado, donde comparecieron los señores (as) Arístides Soto Alcerro, Julio Cesar Alvarenga, Avílio Moreno, Marco Antonio Garay, Ilse Gladis Hernández de Fúnez, Carlos Francisco Young Reyes, Jerónimo Larios Silva, Rubén Emilio Castillo Ochoa, José Salvador Pineda Pineda, Ellis Sonny Madrid, Guillermo Izaguirre, Araceli Alfare de Ortuño, Laura Elena Núñez, Jorgelina López de Castillo, Mirna Thebaud de Alvarenga y Guillermina Chirinos, quienes constituyeron la sociedad mercantil denominada Fomento a la Educación y la Cultura, S.A., de C.V. cuya finalidad es la organización de centros educativos Preescolar, Escolar y Secundaria; estableciendo como capital mínimo ochenta mil lempiras y el máximo de doscientos mil lempiras, así mismo se fijó lo concerniente a los estatutos y la forma en que estos se iban a regular, quedando en ese acto todos los otorgantes comprometidos con la sociedad. Segundo: En fecha tres de mayo del año mil novecientos noventa y tres, se otorgó el instrumento número diecinueve ante los oficios del notario público Virgilio Fortín Machado, donde comparecieron los señores (as) Laura Elena Núñez, Jorge Ponce Aguilar, Getulio René Núñez Flores, Oiga Henríquez de Núñez, Ilse Gladis Hernández de Fúnez, Miguel Ángel Fúnez Núñez, Arístides Soto Alcerro, Dolores Francisca Soto Cervantes, Orlando Danilo Soto Suazo, Araceli Alfare Zelaya, Jorgelina López de Castillo y Rubén Emilio Castillo Ochoa, quienes constituyeron la sociedad mercantil denominada Empresa de Transportaciones Múltiples, S.A. teniendo como finalidad la transportación de escolares a sus centros educativos entre otras, fijando como capital la cantidad de sesenta mil lempiras, de igual manera los comparecientes dejaron establecidos los estatutos por los que se regiría la sociedad con el compromiso de cumplir con estos por parte de los otorgantes. Tercero: En fecha diez de diciembre del año mil novecientos noventa y tres, se otorgó el instrumento público número sesenta y cuatro, ante los oficios del notario Rubén Emilio Castillo Ochoa, acto en el que compareció la señora Laura Elena Núñez Flores de Ponce, en su condición de Secretario del Consejo de Administración de la Sociedad Mercantil Fomento a la Educación y la Cultura, S.A., de C.V., con el objeto de dar cumplimiento a lo acordado en fecha tres de diciembre del mismo año. donde por unanimidad en la sesión celebrada por el consejo de la sociedad, se le comisiono a ella, para que le confiriera un Poder General de Administración, al señor Arístides Soto Alcerro, en su condición de presidente del consejo de administración, dándole entre otras las facultades siguientes: para que en nombre de la sociedad representada pueda comparecer ante cualquier entidad, organismo o institución pública o privada, haciendo todo tipo de gestiones que sean de interés de la sociedad, negocie prestamos obligaciones a cargo de la misma. otorgando documentos públicos que considere oportunos, libre y acepte letras, descuentos cuentas corrientes sobregiros y en fin toda clase de operaciones bancarias en el concepto más amplio y sin reserva alguna, librando el notario la primera copia a requerimiento de la sociedad Fomento a la Educación y la Cultura, S.A., de C.V. para ser entregado al señor Arístides Soto Alcerro. Cuarto: En fecha once de agosto del año mil novecientos noventa y siete, se otorgó por parte del notario Rolando E. Mejía Cruz, el instrumento número ochenta y dos, siendo los comparecientes los señores Sergio Aníbal Núñez Flores, quien actuó en nombre propio y los señores Arístides Soto Alcerro, como apoderado especial de la Sociedad Mercantil Fomento a la Educación y la Cultura, S.A., de C.V., y el señor Rubén Emilio Castillo Ochoa, quien actuó como Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad Empresa de Transportaciones Múltiples, S.A. para lo cual presentaron la documentación soporte de los cargos que ostentaban en ese momento: y quienes manifestaron libremente ante el notario Mejía Cruz, los señores Soto Alcerro y Castillo Ochoa, que el señor Sergio Aníbal Núñez Flores, en fecha veinticinco de mayo del año mil novecientos noventa y tres, le otorgó un préstamo puente en dólares por una cantidad no determinada, a la sociedad mercantil denominada Empresa de Transportaciones Múltiples S. A, con la finalidad que esta comprara autobuses y le diera servicios a la Metropolítan School, sin presentar en ese acto ningún título valor que acreditara el monto del crédito, pero indicaron los otorgantes que al estar la deuda vencida, el señor Núñez Flores, interpuso acciones judiciales que derivaron en el embargo precautorio ordenado por el Juzgado Primero de Letras de lo Civil de este Departamento, de las cuentas de la Sociedad Mercantil Fomento a la Educación y la Cultura, S.A., de C.V., llegando en ese momento a un acuerdo extrajudicial para poner fin a las acciones judiciales, donde se le cederían al señor Núñez Flores. siete mil varas de tierra, las que serían desmembradas de tres bienes inmuebles que estaban en un solo cuerpo propiedad Sociedad Mercantil Fomento a la Educación y la Cultura, S.A. de C.V., dándole un valor de manera conjunta de doscientos mil lempiras. Quinto: En fecha doce de noviembre del año mil novecientos noventa y siete, se otorgó el instrumento número ciento cincuenta y tres ante el notario público Rubén Emilio Castillo Ochoa, de compra y venta de una fracción de terreno de siete mil varas cuadradas propiedad de la Sociedad Mercantil Fomento a la Educación y la Cultura, S.A., de C.V., acto en el que compareció el señor Arístides Soto Alcerro, en su condición de presidente del consejo de administración y apoderado de la misma como vendedor y el señor Sergio A. Núñez Flores, como comprador ambos otorgantes convinieron el precio de doscientos mil lempiras, ingresos que no fueron reflejados en la contabilidad de la empresa para el ejercicio fiscal de ese año.” RECURSO DE CASACION, MOTIVOS Y ARGUMENTOS La recurrente Abogada Ritza Yolanda Antunes Reyes, procedió a formalizar su Recurso de Casación por Precepto Constitucional, por Infracción de Ley y por Quebrantamiento de Forma, de la manera siguiente: “DEL RECURSO POR INFRACCION DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL UNICO MOTIVO AL VULNERARSE EL PRINCIPIO DE RETROACTIVIDAD DE LA LEY PENAL. · Precepto Autorizante: Articulo 361 del Código Procesal Penal, en relación con el artículo 95 de la Constitución de la República y con los artículos 1, 109, 614, 615, 628 del Código Penal vigente; así como el artículo 9 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos. Exposición del Motivo Invocado: El artículo Constitucional 95 que se considera infringido, establece: "La ley no tiene efecto retroactivo, salvo en materia penal cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado". Conteniéndose en el mismo lo que se conoce en la Dogmática Penal y es aceptado como una regla universal del enjuiciamiento penal[1]: Principio de irretroactividad (La ley no tiene efecto retroactivo), salvo en materia penal cuando la nueva ley favorezca a al delincuente o procesado. Siendo implícita expresamente su regla de excepción conocida como Principio de Retroactividad de la Ley Penal Más Benigna, que rige únicamente en materia penal. Claramente el artículo constitucional referido prohíbe la aplicación retroactiva de normas penales, excepto para favorecer al procesado; evidentemente, sin hacer la norma constitucional -por no ser su función- referencia alguna a las normas penales en su distinto contenido, estableciéndose entonces el alcance real de la prohibición y su salvedad en la norma constitucional y su concreción a partir de los preceptos de rango inferior establecidos en el Código penal. Es así como consecuente con el marco constitucional el artículo 615 del nuevo Código Penal vigente, establece: RETROACTIVIDAD DE LA LEY PENAL MÁS FAVORABLE. Los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencia del presente Código se Juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente Código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican éstas. El Código penal al que nos referimos de reciente entrada en vigor lo hace dentro y bajo el ámbito constitucional vigente en nuestro ordenamiento jurídico; habiendo entrado así en vigencia un nuevo Código penal diferente al vigente en el espacio temporal donde se ubica la errada imputación contra el señor Soto Alcerro. Siendo este "nuevo” Código penal de plena aplicación al momento de dictarse el fallo recurrido; por ende, de obligatoria atención por el tribunal sentenciador. Código que también garantiza este Principio de Retroactividad, creando algunas reglas incluso para los casos con sentencia firme, en ejecución (art. 614), pendientes de Recurso (624), etc., debido a la importancia que tiene en el ámbito penal. Al respecto, es importante señalar con relación al caso concreto que, sobre la aplicación del principio de irretroactividad de la ley penal, la doctrina es unánime y no existe duda en que cuando se va a aplicar la retroactividad de la ley penal más favorable debe hacerse de manera completa, así explica Bacigalupo diciendo que, debe hacerse una comparación concreta de las dos situaciones legales surgidas de la reforma legal posterior a la comisión del hecho, en esa comparación debe tomarse en cuenta, en primer lugar, las penas principales, y luego la ley en su totalidad (penas y consecuencias accesorias y modificaciones del tipo penal y las reglas de la parte general)[2]. En nuestro medio también se ha explicado que para establecer cuál es la ley que resulta más favorable, se deben tomar las dos leyes en conflicto como un todo[3]. Por su parte, la Corte IDH ha señalado que el principio de la retroactividad de la ley penal más favorable contemplado en el artículo 9 in fine de la Convención, debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta el objeto y fin de la Convención Americana, cual es la eficaz protección de la persona humana[4],así como mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. De igual forma ha precisado que: "debe interpretarse como ley penal más favorable tanto a aquella que establece una pena menor respecto de los delitos, como a la que comprende a las leyes que desincriminan una conducta anteriormente considerada como delito, crean una nueva causa de justificación, de inculpabilidad, y de impedimento a la operatividad de una penalidad, entre otras. Dichos supuestos no constituyen una enumeración taxativa de los casos que merecen la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable”[5]. En consecuencia, con el principio de legalidad (ley previa) la prohibición de retroactividad de la ley penal se instituye para proteger al acusado del endurecimiento de las penas, pero no para impedir, que se pueda beneficiar con aspectos de regulación punitiva que le sean favorables. Pues carece de sentido político criminal que si a futuro se legislan regulaciones penales que son más favorables en su aplicación, se mantengan disposiciones que eran más drásticas al momento de su imposición cuando ya se considera que no deben tener vigencia jurídica de esa forma. En el presente caso, tal como la Sala de lo Penal podrá determinar, el Tribunal recurrido no aplica como lo ordena el nuevo Código en su "conjunto" la ley penal más favorable de manera retroactiva en cuanto a la prescripción de la acción penal en la cuestión Incidental planteada al respecto por esta defensa del imputado; ello porque toma para condenar la pena del Código Vigente, pero analiza la prescripción como forma de extinción de la responsabilidad penal con las reglas del Código Derogado, situación improcedente tanto desde la óptica de la Dogmática Penal como del Propio Código Vigente. En consonancia con ello, el artículo 628 del Código Penal establece: "La prescripción habrá de ser valorada en conjunto, no siendo posible tener en cuenta la pena señalada en la Ley que se deroga y los plazos prescriptorios previstos en el presente Código, ni, al contrario. Disposición que obvia el tribunal infringiendo así el precepto constitucional invocado como vulnerado en el presente motivo, desconociendo en consecuencia el valor normativo de la Constitución en su artículo 95. Debido a lo anterior, el verdadero alcance de este Principio Constitucional de Retroactividad Penal conlleva que el sentenciador aplique la nueva norma y por una ficción legal procede analizar si los hechos allegados hubieren sucedido bajo la validez del Código Vigente, cual hubiere sido la pena abstracta; ello con la finalidad de determinar el término de Prescripción de la acción penal. Olvidándose del real momento de comisión de estos y las reglas del Código Derogado vigente en aquel otrora estadio procesal, pudiendo incluso absolver de una acción típica cuando en la nueva norma no es desvalorada jurídicamente. Las reglas de prescripción llevan a determinar si se puede llegar a sancionar una conducta o si por el contrario por razones de política criminal, el merecimiento de la conveniencia de la pena después de cierto tiempo ya no es necesaria; al modificarse las reglas de la prescripción para considerar la necesidad social de la pena en el nuevo Código penal, necesariamente al aplicarse retroactivamente las penas establecidas en este, también deben aplicarse conjuntamente las nuevas reglas de prescripción cuando favorecen, pues son las que determinaran si todavía se considera necesario y legitimo imponer una pena. Dicho lo anterior, las disposiciones de este nuevo Código Vigente en nuestro país resultan en su conjunto más favorables al señor Arístides Soto, por ende, le deben ser aplicables como esta defensa lo hizo saber al tribunal mediante escrito presentado antes de la audiencia de individualización de la pena, dado que la vigencia formal del Nuevo Código se dio después del juicio oral pero antes de la audiencia de lectura de sentencia (al respecto ver sentencia pág. 42 párrafo sexto de arriba abajo). Ante lo cual, el tribunal condena por el delito de ESTAFAS IMPROPIAS regulado en el artículo 367 del Nuevo Código Penal, que tiene señalada una pena de 5 años de Prisión: En consecuencia, bajo las reglas del artículo 107. 3 y 109 del Código Penal Vigente prescribiría la acción penal en el término de cinco años (regla del numeral 4): situación que fácilmente se colige en esta causa donde los hechos atípicos imputados erradamente como delito. sucedieron el 12 de noviembre 1997 y la acción penal se inició en el año 2005, extremo que el mismo juzgador refiere en su sentencia (vid pagina 38 de la sentencia segundo párrafo). pero aplica de manera incompleta la retroactividad de la ley penal más favorable al hacerlo únicamente en cuando a la nueva pena establecida. dejando de lado las reglas de prescripción que determinan que ya no se podía establecer la pena que impone. En síntesis, transcurrieron más de cinco años para poder ser ejercitada la acción; razonablemente el juzgador debió decretar la Extinción de la Acción Penal por Prescripción de la Acción Penal, pues estaba obligado a realizar un estudio integral en su conjunto[6] de todas las reglas del Nuevo Código y no solo lo relativo a la pena más benigna como erróneamente lo hace causando grave perjuicio a nuestro representado. El artículo 95 de la Constitución que garantiza el principio de irretroactividad La ley penal, salvo cuando favorece al acusado, se refiere a la "materia penal", no solo a lo referente a las penas dentro de la materia penal; consecuente con ello, tal como hemos expuesto, el artículo 615 del nuevo Código penal desarrolla y deja claro que al aplicar la retroactividad de la ley penal es de toda la materia en su conjunto como manda el artículo 95 constitucional, no solo de las penas, en el mismo sentido se deduce también expresamente del referido artículo 628 del Código penal puntualmente para la aplicación retroactiva de las reglas de la prescripción debiendo hacerlo conjuntamente, es decir, aplicando el mismo cuerpo legal del cual se aplica la pena, correspondiendo en este caso para ambas situaciones pena y prescripción aplicar las normas del nuevo Código penal por ser más favorable, no siendo posible aplicar a la vez dos leyes distintas como lo hace el juzgador. Por lo anteriormente relacionado, estimamos que la honorable Sala de lo Penal deberá declarar con lugar el presente motivo de casación, revocando el fallo condenatorio emitido por la Sala Tercera del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa y dictar un nuevo fallo donde se absuelva de responsabilidad penal al acusado, por haber prescrito la acción penal y consecuentemente se extinguió con ello la Responsabilidad Penal, resultando improcedente la pena impuesta a nuestro representado en aplicación del principio constitucional de retroactividad penal de la ley penal más favorable y las reglas establecidas en el nuevo Código penal.” Continúa manifestando el recurrente en su recurso de casación por Infracción de Ley: “DEL RECURSO POR INFRACCIÓN DE LEY PRIMER MOTIVO: Por haber incurrido el sentenciador en Infracción de Precepto Penal por Aplicación Indebida. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de Casación se encuentra Comprendido en el artículo 360 del Código Procesal Penal en relación con el articulo 367 numeral 3 del Código Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO Establece el artículo 360 del Código Procesal Penal que: "Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba de ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo". La finalidad de dicho recurso es dotar de una garantía donde se materialice una correcta aplicación de la ley, permitiéndose a la Sala revisar los errores de subsunción que puedan ser cometidos por el juzgador, en especial cuando se condena indebidamente en un proceso penal en el cual no se constata la responsabilidad imputada y no se colige de los hechos probados que estos estén desvalorados jurídicamente, por ende reprochados con una sanción penal; por ello, los hechos probados constituyen un pilar fundamental de la sentencia penal. Como reiteradamente ha señalado la jurisprudencia de la Sala de lo Penal, el recurso de casación por infracción de ley tiene como finalidad la revisión por parte de esta Sala de la interpretación que de la ley hagan los tribunales de sentencia definiendo o valorando jurídicamente los hechos establecidos en la sentencia y poniéndolos en relación con la norma de derecho que rige el caso dentro del campo de la consideración puramente jurídica[7]. Al regir el Principio de Intangibilidad de los hechos probados, las alegaciones deben partir de ese límite objetivo previamente fijado por el legislador, pues la misión de La Sala es la de contralor de la ley sustantiva aplicada por el tribunal de sentencia. Bajo esta premisa, resulta evidente del marco histórico que sirve de base al fallo recurrido, que en ellos el sentenciador no establece los elementos de la configuración objetiva y subjetiva del tipo penal por el cual indebidamente se condenó a nuestro representado, incurriendo el tribunal en un error in íudicando in iure, que debe ser corregido para garantizar el principio de seguridad jurídica que informa todo el ordenamiento jurídico en un sistema democrático. Así las cosas, es necesario para un mejor desarrollo y claridad de nuestro alegato exponer los hechos tenidos como probados por el tribunal, los cuales fueron los siguientes: HECHOS PROBADOS Esta la sala tercera del tribunal de sentencia de Tegucigalpa valorando las pruebas practicadas en el juicio de acuerdo a las reglas de la sana critica declara Expresa y terminantemente probado los siguientes hechos: PRIMERO: en fecha siete de abril del año mil novecientos ochenta y siete se otorgó el instrumento numero 14 Ante los oficios del notario público Virgilio fortín Machado Donde comparecieron los señores Arístides Soto Alcerro, Julio César Alvarenga avilio Moreno, Marco Antonio Garay, lise Gladis Hernández de Funez, Carlos Francisco Young Reyes, Jerónimo Larios Silva, Rubén Emilio Castillo Ochoa, José salvador Pineda Pineda, Ellis sonny Madrid, Guillermo Izaguirre, Araceli Alfaro de Ortuño, Laura Elena Nuñez, Jorgelina López de Castillo, Mima Theboud de Alvarenga y Guillermina Chirinos, Quiénes constituyeron la sociedad mercantil denominada fomento a la educación y la culturo S.A. de C. V. Cuya finalidad es la organización de centros educativos preescolar, escolar y secundaria; estableciendo como capital mínimo ochenta mil lempiras y el máximo de doscientos mil lempiras, asimismo se fijó lo concerniente a los estatutos y la forma en que esto se iban a regular, quedando en este acto todos los otorgantes comprometidos con la sociedad. SEGUNDO: Segundo en fecha tres de maya del año mil novecientos noventa y tres se otorgó el instrumento número diecinueve ante los oficios del notario público Virgilio Fortín Machado, donde comparecieron los señores: Laura Helena Núñez, Lise Gladis Hernández De Funez; Miguel ángel Funes Núñez Arístides Soto Alcerro, Dolores Francisca Soto Cervantes, Orlando Danilo Soto Suazo, Araceli Alfaro Zelaya, Jorgelina López de Castillo y Rubén Emilio Castillo Ochoa; quiénes constituyeron la sociedad mercantil denominada empresa de transportaciones múltiples S.A. Teniendo como finalidad la transportación de escolares a sus centros educativos entre otras, fijando como capital la cantidad de sesenta mil lempiras; de igual manera los comparecientes dejaron Establecidos los estatutos por los que se regirá a la sociedad con el compromiso de cumplir con estos por parte de los otorgantes. TERCERO: en fecha 10 de diciembre del año 1993 se otorgó instrumento público número 64 ante los oficios del notario Rubén Emilio Castillo Ochoa, acto en el que compareció la señora Laura Elena Núñez. Flores de Ponce, en su condición de secretario del Consejo de administración de la sociedad mercantil fomento de la educación y la cultura S.A de C. V. Con el objeto de dar cumplimiento a lo acordado en fecha tres de diciembre del mismo año donde por unanimidad en la sesión celebrada por el Consejo de la sociedad, se le comisionó a ella para que le confiriera un poder general de administración al señor Arístides Soto Alcerro en su condición de presidente del Consejo de administración dándole entre otras facultades siguientes: para que en nombre de la sociedad representada pueda comparecer ante cualquier entidad organismo o institución pública o privada; haciendo todo tipo de gestiones que sean de interés de la sociedad, negocie préstamos obligaciones a cargo de la misma, otorgando documentos públicos que considere oportunos, libre y acepte letras, descuentos cuentas corrientes Sobregiros y en fin toda clase de operaciones bancarias en el concepto más amplio y sin reserva alguna, librando el notario la primer copia a Requerimiento de la saciedad fomento a la educación y la culturo. S.A. de C. V. para ser entregado al señor Arístides Soto Alcerro. CUARTO: en fecha ONCE de agosto del año mil novecientos noventa y siete se otorgó por parte del notario Rolando E. Mejía cruz el instrumento número ochenta y dos, siendo los comparecientes los señores Sergio Aníbal Núñez Flores, quien actúo en nombre propio y los señores Arístides Soto Alcerro como apoderado especial de la sociedad mercantil fomento a la educación y la Cultura S.A. de C. V. Y el señor Rubén Emilio Castillo Ochoa Quién actuó como presidente del Consejo de administración de la sociedad empresa de transportaciones múltiples S.A. para lo cual presentaron la Documentación soporte de los cargos que ostentaban en ese momento y quiénes manifestaron libremente ante el notario Mejía Cruz los señores Soto Alcerro y Castillo Ochoa que el señor Sergio Aníbal Núñez Flores en fecha 25 de mayo del uno 1993 le otorgo un préstamo puente en dólares por una cantidad no determinada a la sociedad mercantil denominada empresa de transportaciones múltiples S.A. con la finalidad que está comprara autobuses y le diera servicios a la Metropolitan School, sin presentar en este acto ningún título valor que acreditara el monto del crédito, Pero indicaron los otorgantes que al estar la deuda vencida el señor Núñez Flores interpuso acciones judiciales que derivaron en el embargo precautorio ordenado por el juzgado primero de letras de lo civil de este departamento, de las cuentas de la sociedad mercantil fomento de la educación y la cultura S.A. de C. V. llegando en este momento a un acuerdo extrajudicial para poner fin a las acciones judiciales donde se le cedería al señor Núñez Flores siete mil varas de tierra las que serían desmembradas de tres bienes muebles que estaban en solo cuerpo propia Sociedad mercantil fomento a la. educación y la cultura S.A. de C. V. dándole un valor de manera conjunta de doscientos mil lempiras. QUINTO: en fecha doce de noviembre del año mil novecientos noventa y siete se otorgó el instrumento número 158 ante el notario público Rubén Emilio Castillo Ochoa de compraventa de una fracción de terreno de siete mil varas cuadradas propiedad de la sociedad mercantil fomento a la educación y la cultura S.A. de C. V., acto en el que compareció el señor Arístides Soto alcerro es su condición de presidente del Consejo de administración y apoderado de la misma como vendedor y el señor Sergio A. Núñez Flores, como comprador ambos otorgantes convinieron en el Precio de doscientos mil lempiras, ingresos que no fueron reflejados en la contabilidad de la empresa para el ejercicio fiscal de ese año. Con la finalidad de demostrar la indebida aplicación del Tribunal de Sentencia del delito de ESTAFAS IMPROPIAS a los hechos tenidos como probados; habrá que partir del contenido de la norma, para luego controlar si ella se adecua a los elementos facticos objetivos y subjetivos contenidos en dicho Tipo Penal. Es por ello, que precisamos tener en cuenta el contenido del artículo 367.3 del Código Penal que dice: ESTAFAS IMPROPIAS. Se debe castigar con la pena de prisión de tres (3) a cinco (5) años, quien ejecute alguna de las conductas siguientes: 1), 2), 3) Quien otorga en perjuicio de otro un contrato simulado... ". Al contrastar los Hechos Probados con dicha norma, no se desprenden los actos típicos que como elementos objetivos se exigen en la configuración de este. Primero debe existir un contrato, entendido como tal de conformidad al artículo 1539 del Código Civil: “Contrato es una convención en virtud de la cual una o más personas se obligan para con otra u otras, o recíprocamente, a dar, hacer o no hacer alguna cose". Sumado a ello, ese Contrato debe ser simulado, en referencia a esa alteración de la realidad producida cuando no quiere celebrarse ningún acto jurídico, sino la ilusión externa del mismo; con la finalidad desde su origen (dolo directo) de defraudar a un tercero[8], cosa que no ocurre en el presente caso. Exigiendo la Doctrina Penal una Coautoría donde las partes suscriptoras deben saber que se trata de un contrato falso que perjudica a otro. Es decir, el acto jurídico (Verbigracia compraventa) tiene toda la apariencia de validez, pero en el mundo real solamente se está fingiendo su realización; coexistiendo entonces al mismo tiempo un acto ficticio o aparente y un acto oculto o disimulado. En ese contexto, en el relato fáctico no se aprecia más que la compraventa de una fracción de terreno, compareciendo el señor Sergio A. Núñez Flores (comprador) y el señor Arístides Soto Alcerro en su condición de presidente del Consejo de Administración y apoderado de la Sociedad mercantil FOMENTO A LA EDUCACION Y LA CULTURAS S.A. DE C.V. COMO VENDEDOR, (FECSA en lo sucesivo del recurso); sin embargo, tal Contrato fue real como se colige del hecho cuarto de la sentencia pues el señor Arístides Soto realizo un acuerdo extrajudicial con el señor Sergio Aníbal Núñez, comprometiéndose a pagar una deuda de la SOCIEDAD EMPRESA DE TRANSPORTACIONES MÚLTIPLES (en adelante Transportaciones Múltiples) con una fracción de terreno a nombre de FECSA; consecuentemente, dicho contrato solamente materializo el cumplimiento del referido acuerdo, es decir, tiene un acto real y jurídico precedente, ello se refleja en los mismos hechos probados, no que se tratara de un acto simulado. Resultando, claro que el traspaso de la titularidad dominical del inmueble si fue Real, ambos contratantes dieron su consentimiento para tal acto, teniendo también el imputado la facultad legal para realizarlo, alejados de toda posibilidad de causar daño a un tercero; pues nunca el justiciable trató de encubrir tal realidad descrita tanto en ambos instrumentos como en la rendición de cuentas ante FECSA. Como podrá apreciarse No se colige de toda la narrativa fáctica tenida por acreditada, cual es esa simulación contractual realizada por el señor Soto, más allá. del mecanismo utilizado para legalizar el acuerdo contenido en arreglo extrajudicial (sugerido además por un profesional en la materia), como lo fue establecer en la Compraventa la entrega de una cantidad de dinero por el comprador, cuando ello no era cierto. Sin que ello, presente un desvalor de la acción en el área penal, lo que podría tratarse de un acto irregular del notario autorizante; quien tuvo sus razones válidas para hacerlo a través de esa vía y no en una Dación en pago, pero reiteramos no se trata en ningún momento de una contratación simulada a efectos de encubrir relación jurídica o contractual inexistente. Nótese, en cuanto a los hechos que refieren al arreglo extrajudicial (Hecho Probado Cuarto) los mismos solo describen dicho arreglo, donde el juzgador solo agrego el elemento referido a que en dicho acto ningún título valor donde se acreditara el monto del préstamo; extremo que no era necesario ante el reconocimiento de la deuda, ni tampoco era un requisito de validez del acto, pues a continuación en dicho relato describe una acción judicial donde necesariamente se tuvo que presentar dicho título. Es decir, el punto es que tampoco ello denota simulación alguna, exigencia propia del tipo penal calificado y que inexorablemente debe constatarse en los hechos probados. En adición a lo anterior, la norma requiere que en perjuicio de otro sea otorgado dicho contrato, debiendo ser la víctima del delito un tercero. El juzgador erróneamente señala un perjuicio para la Sociedad Mercantil FECSA por la cantidad de doscientos mil lempiras, al no ingresar a sus activos dicho valor descrito en la Compraventa relacionada en el Hecho Probado Quinto; olvidando que describe en el Hecho Cuarto infine como el monto que ambas partes dan al terreno a desmembrar al momento del acuerdo extrajudicial descrito. En ese sentido, tampoco existe perjuicio porque en el Hecho Probado Segundo se estableció que los señores Arístides Soto Alcerro, Ilse Gladys Hernández, Laura Elena Núñez, Araceli Alfaro Zelaya (Aracely Alfaro De Otuño), .Jorgelina López de Castillo y Rubén Emilio Castillo Ochoa forman parte de Transportaciones Múltiples y también son socios de la empresa FECSA; con lo cual, siguiendo la errada línea de pensamiento del juzgador existiría una autolesión en el patrimonio del señor Arístides Soto y de las demás personas señaladas, pues de conformidad al artículo 17.3 del CPP tienen el carácter de víctima, los socios respecto a los delitos que afecten la sociedad mercantil. Dicho de otra manera, las víctimas del inexistente delito atribuido serian todos los socios de dicha empresa mercantil y no la Sociedad como tal, como lo esgrime el juzgador; por ende, estas seis personas al ser socios de FECSA, también son "victimas" de dicha acción. De igual manera al no concurrir el tipo objetivo, no puede concurrir el tipo subjetivo (dolo), que exige la intencionalidad entre los contratantes desde su inicio para otorgar un contrato simulado en perjuicio de un tercero. Es importante honorable Sala de lo Penal, tener en cuenta que el imputado nunca realizo su actuación con ningún tipo de dolo, pues en el Hecho Probado Cuarto se da por acreditada su intención de apegarse a la verdad de los hechos, señalándose en todo momento que la deuda era de la Sociedad Empresa de Transportaciones Múltiples y que el pago de esta se realizaría con un bien de la Sociedad Mercantil FECSA. Denotando que su actuar se dirigió a solucionar deudas de una Empresa de Transporte considerada parte relacionada con FECSA, teniendo para ello la aprobación de la mayoría de los socios, aunque haya sido otorgada sin seguir el procedimiento legal al respecto. Sin soslayar, que su interés nunca fue causar un perjuicio a la Sociedad Mercantil de la cual también es socio, además aun en la actualidad, veinte años después de la Compraventa dicho bien nunca estuvo en posesión del señor Sergio Núñez pues continua en Posesión de FECSA. Por lo antes expuesto, resulta procedente sea declarado con lugar el motivo por infracción de ley presentado, dictándose un fallo absolutorio a favor de nuestro representado Arístides Soto, quien fue condenado arbitrariamente por un delito de Estafas Impropias, pues dicho tipo penal aplicado no concurre en el relato de hechos probados, siendo improcedente la calificación jurídica aplicada en el presente caso articulo 367 en relación con el artículo 27 del Código Penal, correspondiendo que esa errada calificación sustantiva sea corregida por la Sala de lo Penal en su carácter de contralor de la aplicación de la ley sustantiva que hacen los distintos tribunales de sentencia. “DEL RECURSO POR INFRACCION DE LEY EN SU SEGUNDO MOTIVO: Por haber incurrido el sentenciador en Infracción de Precepto Penal por Falta de Aplicación. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de Casación se encuentra Comprendido en el artículo 360 del Código Procesal Penal en relación con el artículo 2 del Código Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO El Código Penal vigente en nuestro país regula en su artículo 2: “PRINCIPIO DE LESIVIDAD. Sólo es sancionable la conducta que lesiona o pone en peligro un bien jurídicamente tutelado. La actuación del Derecho Penal se debe limitar a los ataques más graves o los bienes jurídicos más relevantes. Sin duda ante la relación directa con el Principio de Lesividad el legislador opto en el segundo párrafo por incluir el Principio de intervención mínima como uno de los principios limitadores del ius puniendi estatal; el cual en palabras de Muñoz Conde y García Harán: "el Derecho penal solo debe intervenir en los casos de ataques muy graves a los bienes jurídicos importantes"[9]. En ese contexto, parafraseando a dichos autores, partiendo del carácter de última ratio del Derecho penal, cuando el ataque no sea muy grave o el bien jurídico no sea tan importante o cuando el conflicto pueda ser solucionado co11 otras soluciones menos radicales que las sanciones penales propiamente dichas, debe el resto del ordenamiento jurídico actuar. Dicho lo anterior, en un estudio de los hechos probados de la sentencia en su numerales 4 y 5 emerge un conflicto sobre la lesión al bien jurídico (Afectación del P. de Lesividad), pues este es el Patrimonio de TODOS los socios de la Sociedad FECSA, con lo cual se advierte una autolesión a dicho bien jurídico por parte de los socios Arístides Soto Alcerro, Ilse Gladys Hernández, Laura Elena Núñez, Araceli Alfare Zelaya (Aracely Alfaro De Otuño), Jorgelina López De Castillo y Rubén Emilio Castillo Ochoa, quienes también son socios de Transportaciones Múltiples; producto de lo cual, no se da una lesión total al bien jurídico tutelado en el delito de Estafas Impropias como lo es el patrimonio de la completitud de los socios, pues seis de ellos se estarían autolesionando y otros seis resultarían lesionados en su patrimonio. O dicho de otra forma, el juez no precisa quienes tienen el carácter de víctima en la presente causa, limitándose a decir que es la Sociedad FECSA, a pesar que el artículo 17.3 del CPP ya regula quienes son los ofendidos, víctimas o quienes reciben el perjuicio en esta clase de supuestos. En ese contexto, emerge la relación entre P. De Lesividad y P. De Intervención Mínima, pues consecuentemente de lo anterior en el resto del ordenamiento jurídico existe el Derecho Civil-Mercantil que brinda soluciones menos radicales que el Derecho Penal. Al respecto, del principio de extrema ratio y de subsidiariedad del derecho penal, explica con claridad Bustos Ramírez, que el Estado, frente a un determinado conflicto, antes de recurrir al derecho penal, ha de agotar todos los otros recursos alternativos para la solución, significa que si existe un recurso jurídico menos gravoso que el derecho penal para la persona este ha de ser prioritario como pueden resultar frente al derecho penal el derecho administrativo, civil o el derecho laboral por ejemplo[10]. Expresamente en el artículo 2 citado se reconoce y se incorpora por razones de política criminal el principio de lesividad y dentro de mismo la intervención mínima del derecho penal solo en casos de ultima ratio para los casos más graves. Esta solución, está regulada en el artículo 226 del Código del Comercio donde se prevé la Rendición de Cuentas y la extinción de responsabilidad derivada de la misma, así. "La responsabilidad de los administradores frente a la sociedad quedará. extinguida: l.- Por la aprobación del balance respecto de las operaciones explícitamente contenidas en él o en sus anexos. Se exceptúan los siguientes casos: a) Aprobación del balance en virtud de datos no verídicos; y, b) Si hay acuerdo expreso de reservar o ejercer la acción de responsabilidad. II.- Cuando el administrador o los consejeros hubieren procedido en cumplimiento de acuerdo de la asamblea general que no sean notoriamente ilegales; y III.- Por aprobación de la gestión o por renuncia expresa o transacción acordada por la asamblea general. (El resaltado es nuestro). En ese contexto, la norma ut supra ya establece un procedimiento para exigir la responsabilidad cuando de Sociedades se trata, pues concurre un interés derivado distinto al ejercicio de las acciones penales públicas, donde el interés radica en la sociedad; por lo cual la asamblea discute el balance general y las operaciones de este decidiendo su aprobación o improbación. En adición a lo anterior, en el literal "b" se posibilita a la asamblea de socios reservarse o ejercer la acción de responsabilidad, aun en supuestos de aprobación del balance. Para reafirmar esta tesis, el artículo 227 del Código de Comercio establece: "La responsabilidad de los administradores sólo podrá ser exigida por acuerdo de la asamblea general de accionistas, la que designará la persona que haya de ejercer la acción correspondiente, salvo lo dispuesto en el artículo siguiente”. De lo cual, tal exigencia de responsabilidad precisa de un acuerdo mayoritario en ese sentido, determinado por la asamblea general de accionistas, quienes además determinan con precisión a una persona establecida para ejercer las acciones correspondientes. En conclusión, existen fuera del Derecho Penal otras formas de dilucidar cuando se trata de supuestos de conflictos dentro de una sociedad mercantil; tema que necesariamente debe separarse totalmente de la Institución denominada Prejucialidad Penal, cuyos supuestos son determinados en la norma respectiva. Consecuentemente, este tipo de conflicto de ser el caso puede ser solucionado con otras soluciones menos radicales que las sanciones penales propiamente dichas, debiendo actuar entonces el resto del ordenamiento jurídico (Civil-Mercantil). Para corregir esta falencia de la sentencia la Sala Penal tendrá que anularla, procediendo a dictar otra donde se exima de responsabilidad al imputado.” Sigue manifestando el recurrente en su recurso de casación por quebrantamiento de forma: “DEL RECURSO POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA PRIMER MOTIVO: NO HABERSE OBSERVADO EN LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA LAS REGLAS DE LA SANA CRITICA. - Precepto autorizante: Articulo 362 numeral 3), en relación con el artículo 202 del Código Procesal Penal. Exposición del motivo invocado Es una exigencia imperativa en el Sistema Acusatorio que las conclusiones de los juzgadores sean fruto razonado y derivado de las pruebas que se evacuan en el proceso penal, por ello, nuestro sistema probatorio garantiza (vía casación) poder controlar el procedimiento lógico y racional seguido por el Juez, al momento de valorar la prueba. Tal exigencia está contenida claramente en el artículo 202 del Código Procesal Penal al decir: "Valoración de las pruebas. La sana critica. Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana critica. El órgano jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida"; en el mismo sentido el artículo 338 regla cuarta numeral 2 de la valoración de la prueba. En el presente caso, el vicio denunciado ocurre cuando los juzgadores en el fallo recurrido en Casación no ajustaron momento de valorar la prueba sus raciocinios al correcto razonamiento humano, de acuerdo con las reglas de la sana critica, vulnerando la lógica y la experiencia común, específicamente y como se expondrá a continuación el Tribunal quebranta en la valoración de la prueba las leyes fundamentales de coherencia y derivación, en sus principios de razón suficiente y contradicción. El fallo recurrido evidencia una clara vulneración a la ley Lógica de Coherencia, en su regla de Contradicción, la cual manda que el tribunal no puede por un lado asegurar algo y por otro desvirtuarlo. Al respecto, al analizar la Valoración "Conjunta de la Prueba" (que resulta ser valoración más individual de cada prueba), con respecto a la prueba pericial del análisis contable realizado por José Luis Zelaya, el juzgador estableció: " ... resultando esta prueba eficaz para demostrar el perjuicio que le causo este acto desplegado por parte del señor Arístides Soto Alcerro". "En tanto al valorar la declaración de Sergio Aníbal Núñez Flores dijo: "Todo este asunto fue urgido por el querellado y los demás socios de Transportaciones Múltiples ... " (pág., 33 abinitio, ver sentencia). De estas postulaciones, resultan dos proposiciones que se contradicen pues en una se infiere una actuación unilateral del justiciable y en otra una actuación colegiada, entendiendo que el juzgador condena por una actuación realizada en nombre de una persona jurídica; contradicción que también emerge, cuando se valora la declaración de Laura Elena Núñez Flores diciendo: "no son suficientes para justificar su actuación junto al querellado” (pág. 33 parte final del segundo párrafo, últimos cuatro renglones, ver sentencia). Además de lo anterior, se vulnera El Principio de Razón suficiente cuya exigencia primordial es que las conclusiones derivadas de las pruebas sean el fruto razonado de las mismas y de las derivaciones que de ellas se extraen. En ese sentido, a pesar de que el Derecho Penal se basa en el Principio de Verdad Real el cual sobrepasa la existencia de los actos más allá de la verdad formal, sin embargo, a pesar de que los testigos refieren un acuerdo de socios para traspasar el inmueble génesis del conflicto (como lo estableció el tribunal en el párrafo anterior), el juzgador desestima la existencia del mismo por una Razón que no es Suficiente al establecer: "esa explicación no justifica la decisión tomada en el marco de un supuesto acuerdo de socios debido a que tampoco hay una acta de asamblea" (se subrayó para destacar)[11]. Es decir que a pesar de existir prueba de que como Verdad Real se demostró la existencia de un acuerdo de los socios, se le resta valor a tal existencia por la falta del formalismo de haberse pactado o materializado el mismo en una asamblea de Socios; que, si tendría tal relevancia para el ámbito del Derecho Mercantil, pero no en el Derecho Penal donde la libertad probatoria materializa la probanza de la verdad real, encontrándose el tribunal obligado de manera lógica y coherente a deducir de la pruebas aportadas las conclusiones que afirman dichas pruebas. También se vulnera la Ley Lógica de Derivación al plasmar conclusiones no adecuadas con suficiente razón, pues en el dictamen del licenciado José Luis Zelaya, se refiere lo siguiente: "resultando ser esta prueba eficaz para demostrar el perjuicio que le causo este acto desplegado por parte del señor Arístides Soto Alcerro al pagar una deuda que se demostró con prueba suficiente entre la sociedad trasportaciones múltiples y el señor Sergio Aníbal Fúnez" {Pág. 36 último párrafo en sus renglones 19-22 arriba abajo, sentencia), sin embargo, existen otros medios de prueba que razonablemente informan sobre la inexistencia real de tal perjuicio. En ese contexto, tal deducción no es una inferencia suficientemente deducida de la prueba en su conjunto armónico, además no es Coherente pues al momento de valorar la declaración del señor Sergio Aníbal Núñez Flores, estableció que: "... este es creíble y confiable y no se advierte de parte del testigo el deseo de modificar o tergiversar los hechos sucedidos..."(pág. 33 primer párrafo, renglones 7 y 8 arriba abajo, sentencia); sin embargo, este explico que el bien inmueble referido siempre continua en posesión de FECSA, que tal perjuicio no se materializo al esgrimir: "han transcurrido más de veinte años y nada" (página 18 de abajo arriba, sentencia), al igual que fue de nuevo al terreno: "pero ya miro que la propiedad tenía un cerco de malla ciclón en lodo alrededor y además había guardias" (pág. 13-15 de arriba abajo, sentencia). Sobre este extremo Rubén Emilio Castillo Ochoa dijo: “... él nunca había tenido posesión de la propiedad, pues él no podía tener la posesión de la propiedad porque ellos se la hablan dado pacíficamente y él tenía la escritura y sí los guardias que estaban ahí no lo dejaban entrar”. De lo cual, se aprecia bajo las reglas del recto entendimiento humano un perjuicio cuya existencia no se materializo, nunca se despojó a FECSA de dicho bien; es decir, que el señor Sergio Núñez no se benefició de dicha compraventa por la imposibilidad de tomar su posesión real. En conclusión, de ello, se violentó el Principio de Derivación al no extraer una razón suficiente y valida con la que se le restara valor conviccional a dichas pruebas testificales; pues. conforme a la recta razón tal extremo no presenta dudas, al ser los dichos de estos testigos contundentes y precisos en tal aseveración. Como la honorable Sala de lo Penal podrá verificar del presente motivo y la valoración de la prueba en la sentencia que hoy se recurre resulta flagrante el quebrantamiento de las reglas de la lógica y la experiencia común, específicamente a las leyes fundamentales de coherencia y derivación, en sus principios de razón suficiente y contradicción, pues es claro que de los elementos de prueba presentados no pueden derivarse de manera razonable y coherente las conclusiones arribadas por el tribunal sentenciador, resultando arbitraria y subjetiva[12] la valoración realizada. En consecuencia, es procedente se decrete la nulidad del fallo recurrido para ser conocido por otro Tribunal de Sentencia. Por haberse producido el vicio en el propio acto de redacción de la sentencia no ha sido posible reclamar su subsanación.” “SEGUNDO MOTIVO: MOTIVACION CONTRADICTORIA. - Precepto autorizante: Articulo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. EXPOSICIÓN DEL MOTIVO INVOCADO Podría explicarse de modo general, que una sentencia adolece de motivación contradictoria, cuando el decisor desarrolla juicios contrapuestos, con lo cual la coherencia en el fallo se vuelve inexistente, por alejarse de los límites de la logicidad en los argumentos desarrollados, perdiéndose con ello, la seguridad acerca de la decisión arribada al valorar las pruebas; consecuentemente el silogismo de la sentencia contiene una conclusión cimentada en un discurso que no es verdadero. Como bien lo ha entendido la Sala de lo Penal La contradicción puede presentarse: a) entre los hechos probados y la fundamentación probatoria, b) entre aquellos y la fundamentación jurídica, c) entre la fundamentación probatoria y la fundamentación jurídica, y, d) internamente en cada una de ellas. Los juzgadores en la sentencia recurrida de manera sistemática se alejan de la obligación de expresar de forma clara, completa, legitima y sin contradicciones su motivación, incurriendo en otro claro vicio in procedendo, que da lugar a la nulidad de la sentencia al existir contradicción en la valoración probatoria, viciando la sentencia al contener argumentos excluyentes, que no permiten tener certeza ni seguridad en la resolución judicial que emitieron. Esta situación es comprensible pues desde el inicio de la explicación de su formalización de acusación en la apertura del debate, el querellante presento formulaciones de hechos contradictorias y alternativas, a pesar del rechazo por esta defensa al Violentar el Derecho de Intimación del justiciable. A consecuencia de lo anterior, el tribunal confusamente habla de la inexistencia del acuerdo o arreglo extrajudicial de pago de la deuda y en otros espacios valorativos manifiesta lo contrario; sin soslayar que el perjuicio lo determina por un ingreso que no se generó, a pesar de que ello razonablemente era imposible, pues ese dinero como lo refieren los testigos nunca lo recibió el imputado al ser situado en el acto notarial únicamente como un requisito de validez de los contratos (Precio), situación que además resulta entendible en el contexto de los hechos. Así en la Fundamentación Jurídica CUARTO, cuando analiza el juzgador el dolo del imputado refiere: ..."siendo las partes integrantes de este el conocimiento y voluntad, la que se traduce en simular un contrato que la Sociedad Fomento de la Educación y la Cultura, mantenía una deuda con el señor Sergio Aníbal Núñez Flores" (pág. 41 párrafo quinto en sus renglones 8-10 de arriba abajo, sentencia). Lo anterior, presenta una contradicción irreconciliable con el hecho probado Cuarto de la sentencia, donde se narra el arreglo extrajudicial de las partes describiéndose que Transportes Múltiples fue el Deudor y no FECSA de la siguiente manera: " ...que el señor Sergio Aníbal Núñez Flores en fecha 25 de mayo del año 1993 le otorgo un préstamo puente en dólares por una cantidad no determinada a la sociedad mercantil denominada empresa de transportaciones múltiples S.A.". Como puede apreciarse fácilmente del hecho probado descrito parcialmente por narrar en específico el punto de interés, en ningún momento el imputado manifestó que FECSA tenía una deuda con el señor Sergio Aníbal Núñez. De forma contradictoria el Tribunal en la Fundamentación jurídica refiere una simulación del arreglo extrajudicial ut supra al mencionar: “Simulo primero un arreglo judicial” (pág. 40, último párrafo en sus renglones 6 y 7 arriba abajo, sentencia); sin embargo, ello, contradice la Valoración de la Prueba específicamente la de una Copia Fotostática Del Testimonio Numero Ochenta Y Dos, donde se esgrime: "este instrumento cuenta con la fe pública de un notario, que nos ubica en un espacio de tiempo determinado, que efectivamente ese acuerdo si existió" (el resallado me pertenece)[13]. Aunado a lo anterior, este extremo presenta aun una contradicción interna en la fundamentación jurídica del fallo. donde se estableció que el señor Soto: "Simulo en un contrato una deuda que no pertenecía a la sociedad que el representaba y dirigía para honrar un compromiso de otra sociedad de la que él también era parte" (pág. 40, último párrafo renglones 1, 2 y 3 abajo hacia arriba, sentencia). Entonces, entendiendo ese vocablo simular, como el hecho de representar o hacer creer algo que no es verdad, se denota como contradictoriamente el juez le atribuye existencia real y después dice que fue un acto cuya existencia se pretendió hacer parecer como real. Lo anterior, también es contradictorio con los hechos probados, donde con certeza positiva da cuenta de la existencia de tal deuda, como quedo acreditado en el Hecho Probado Cuarto de la sentencia; pero tal deuda no era de FECSA, extremo que nunca se ha negado por el imputado. Entonces vemos que contradictoriamente se habla de una simulación de un arreglo extrajudicial, cuando en la valoración de la declaración del testigo Sergio Aníbal Núñez Flores, se advierte la existencia real de la deuda: "también planteo lo referente a un préstamo de cincuenta mil dólares” (pág. 32, párrafo segundo en sus renglones 6 y 7 de arriba abajo, sentencia); considerando el juzgador su relato confiable y creíble. Adicionalmente al valorar la declaración de Laura Elena Núñez Flores dijo: "no son suficientes para justificar su accionar junto al querellado de dar en pago un lote de terreno de la sociedad Fecsa por acuerdos prestatarios de Transportes Múltiples" (pág. 33, párrafo segundo en sus renglones 2-4 de abajo hacia arriba, sentencia). Es decir, que también tales conclusiones son contradictorias con la valoración de la prueba, pues se presentan razonamientos no armónicos y coherentes con cada uno de esos acápites ut supra, denotando un estudio aislado de las pruebas, sin soslayar que, al no realizar una verdadera valoración en conjunto de la misma, le es imposible al tribunal percatarse de tales contradicciones. La sentencia también presenta una contradicción interna en los Hechos Probados pues son contradictorios entre sí, específicamente en los Hechos Probados Cuarto y Quinto de la sentencia. Ello resulta de la errada apreciación del juez atribuyéndole falsedad al acuerdo extrajudicial descrito, por no haberse acreditado documento alguno de la existencia de tal deuda. En ese contexto, a pesar de describir en el mismo que el acreedor recibiría en pago un bien inmueble de FECSA valorado en 200 mil lempiras, contradictoriamente en el Hecho Quinto reclama la inexistencia del ingreso de dicho activo (dinero) en los ingresos de FECSA; cuando queda claro que era imposible ver reflejado tal valor pues el mismo solo constituyo un requisito notarial del acto de la Compraventa descrita en el Hecho Probado Quinto. En adición a todo lo anterior, el vicio denunciado también ocurre cuando los razonamientos del juzgador no mantienen una relación y concordancia vinculado con la coherencia de los razonamientos que deben fundamentar la sentencia, pues como bien lo ha explicado la Sala de lo Penal: "todo problema de violación a las normas del correcto entendimiento humano es un problema de fundamentación, de forma tal que el primero es la especie y el segundo es el género"[14]. En ese sentido, también las valoraciones del fallo en el acápite Valoración Conjunta de la Prueba son contradictorios internamente. La Contradicción, manda que el tribunal no puede por un lado asegurar algo y por otro desvirtuarlo. Al respecto, al analizar la Valoración "Conjunta de la Prueba" (que resulta ser valoración más individual de cada prueba), con respecto a la prueba pericial del análisis contable realizado por José Luís Zelaya, el juzgador estableció: " ...resultando esta prueba eficaz para demostrar el perjuicio que le causo este acto desplegado por parte del señor Arístides Soto Alcerro". En tanto al valorar la declaración de Sergio Aníbal Núñez Flores dijo: "Todo este asunto fue urgido por el querellado y los demás socios de Transportaciones Múltiples ... " (pág. 33 abinitio, ver sentencia). De lo anterior, resultan dos proposiciones que se contradicen pues en una se infiere una actuación unilateral del justiciable y en otra una actuación colegiada, entendiendo que el juzgador condena por una actuación realizada en nombre de una persona jurídica; contradicción que también emerge, cuando se valora la declaración de Laura Elena Núñez Flores diciendo: "no son suficientes para justificar su actuación junto al querellado" (pág. 33 parte final del segundo párrafo, últimos cuatro renglones). Por haberse producido el vicio en el propio acto de redacción de la sentencia no ha sido posible reclamar su subsanación.” "TERCER MOTIVO. - MOTIVACIÓN FÁCTICA INSUFICIENTE. - Precepto autorizante: Artículo 362 numeral 3), en relación al 338 regla cuarta numeral 2 de la valoración de la prueba y 141 del Código Procesal Penal. La sentencia objeto de recurso incurre en un vicio latente pues no contiene una fundamentación fáctica suficiente o completa, plasmada adecuadamente en la prueba, al no realizar el tribunal un ejercicio intelectivo en Conjunto sobre toda la prueba, por ende, la explicación de las conclusiones que de manera global se extraen de ellas. Al respecto se ha señalado acertadamente y con claridad meridiana por la Sala de lo Penal que: " ...La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal describir su contenido. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva..”[15] Este vicio fácilmente se puede apreciar en el acápite DESCRIPCION DE LA PRUEBA donde no se hace una fundamentación intelectiva de cada medio de prueba; siendo hasta el acápite VALORACION CONJUNTA DE LA PRUEBA que inicia en la página 31 de la sentencia, donde se realiza esta variación intelectiva de cada prueba, explicando las razones de valoración o desvaloración de cada una de ellas, es decir un examen individual de esta. En adición a lo anterior, necesariamente la sentencia debe contener una valoración conjunta de la misma, extremo que describe dicha sentencia, pero NOMINALMENTE; sin embargo, en este acápite solo se valora individualmente la prueba y no en su conjunto, causando un perjuicio a la defensa al desconocer con precisión y claridad la valoración conjunta de la prueba para poder apreciar la coherencia de sus conclusiones. Sobre esto último la Sala de lo Penal en el Recurso de Casación registrado en el número CP-314-09 del dieciséis de agosto del año dos mil doce, en su página 10 ha dicho: "...los medios de prueba deben de ser valorados uno a uno, pero también deben de ser considerados de manera conjunta, a efecto de tener un contexto de lo ocurrido y poder tomar una decisión". Sobre la Valoración individual, Pablo Talavera Elguera[16] explica que dicho examen se dirige a descubrir y valorar el significado de cada una de las pruebas practicadas en la causa. Tal examen está integrado por un conjunto de actividades racionales tales como: juicio de fiabilidad, interpretación, juicio de verosimilitud, comparación de los hechos alegados con los resultados probatorios, las que deben ser explicitadas en la sentencia. Por su parte, en cuanto a la Valoración conjunta de las pruebas, sostiene que el examen global -es decir la confrontación entre todos los resultados probatorios- es sometido al principio de completitud de la valoración de la prueba. Este es un principio de orden racional -Incluso antes que jurídico- que exige que la acreditación de los hechos objeto del proceso se consiga sobre la base de todas las pruebas que hayan sido incorporadas a la causa y que se hayan revelado esenciales y útiles para establecer los hechos de la causa. Otro aspecto, donde se aprecia también la existencia de este vicio es que el juzgador no da respuesta a todas las cuestiones debatidas por la defensa, enfocándose en unos aspectos señalando que la defensa baso su tesis en una variedad de hipótesis, pero sin precisar cuáles eran en completo cada una de ellas; además, en esa imprecisión no hace referencia a otras que resultan torales para una solución de fondo justa. Sobre este apartado, haciendo acopio del Código Iberoamericano de Ética Judicial, la CSJ a través de la Sala Penal ha establecido en la CP-14-201°, lo siguiente: "Que la motivación debe extenderse a todas las alegaciones de las partes, o a las razones producidas por los jueces que hayan conocido antes del asunto, siempre que sean relevantes para la decisión a tomar". De lo anterior, entonces surge la génesis teórica del vicio denunciado, materializado en la praxis cuando el tribunal omite dar respuesta total a varias hipótesis de la defensa. Estas refieren a que, en el caso de marras, no se da el elemento objetivo del tipo denominado "en perjuicio de un tercero”, explicándose que seis de los socios de la sociedad FECSA lo eran también de Transportaciones Múltiples, consecuentemente no podría existir una autolesión en el presente caso, pues la víctima del inexistente delito serían los socios de FECSA, aspecto sobre el cual el tribunal no externo respuesta. En adición a lo anterior, también la defensa propuso en sus conclusiones que no existía perjuicio porque la posesión del bien aún se encuentra en poder de FECSA, con lo cual dicho perjuicio no se materializo; es decir, el sentenciador no resuelve este punto de importancia en la ratio decidendi. Entonces el juzgador no da respuesta de la existencia de tal hecho y su relevancia como tesis de defensa. Por último, el juzgador no deja claro donde se materializo et delito, sea en el acto del arreglo extrajudicial o en la Compraventa del inmueble; pues parece establecer en el Hecho Probado Cuarto una simulación derivada de la no exhibición en el acto de un documento que demostrara la deuda, sin embargo, en el Hecho Probado Quinto reclama que el dinero de la compraventa no ingreso a los activos de FECSA en el ejercicio fiscal del año 1997, cuando dicho acto notarial solo materializo el acuerdo arribado. Es importante este punto, pues de ese No ingreso del dinero arriba a la errada conclusión de la estimación del daño. Como la Sala podrá apreciar estos aspectos, son relevantes en la decisión a tomar ya que al no existir un perjuicio en contra de todos los socios de F'ECSA no se configura el tipo penal imputado; no obstante, tal importancia el juez guarda mutismo al respecto. Por haberse producido el vicio en el propio acto de redacción de la sentencia no ha sido posible reclamar su subsanación.” “CUARTO MOTIVO. ADOLECER DE HECHOS PROBADOS CONTRADICTORIOS. - Precepto autorizante: Artículo 362 numeral l), en relación con el artículo 338 regla cuarta numeral 1 del CPP. En la denuncia del presente motivo será de interés demostrar que en los hechos tenidos como probados el tribunal incurre en contradicciones internas en su construcción, ello porque, los hechos Probados Cuarto y Quinto de la sentencia hoy recurrida presentan afirmaciones que se niegan entre sí, a pesar de la obligatoriedad de que los mismos deben ser descritos con claridad, precisión y coherencia. En ese sentido, la Sala de lo Penal ha explicado que debemos entender por "Contradicción de Hechos Probados", diciendo: "Cuando los hechos comprendidos en el relato fáctico sean inconciliables entre sí, de tal forma que la afirmación de uno implique la negación de otro u otros, por supuesto esa contradicción debe producirse únicamente dentro del factum de la resolución". Los hechos tenidos como acreditados, en específico los denunciados como contradictorios fueron determinados así: CUARTO: en fecha ONCE de agosto del año mil novecientos noventa y siete se otorgó por parte del notario Rolando E. Mejia cruz el instrumento número ochenta y dos, siendo los comparecientes los señores Sergio Aníbal Núñez Flores, quien actúo en nombre propio y los señores Arístides Soto Alcerro como apoderado especial de la sociedad mercantil fomento a la educación y la Cultura S.A. de C. V. Y el señor Rubén Emilio Castillo Ochoa Quién. actuó como presidente del Consejo de administración de la sociedad empresa de transportaciones múltiples S.A. para lo cual presentaron la Documentación soporte de los cargos que ostentaban en ese momento y quiénes manifestaron libremente ante el notario Mejía Cruz los señores Solo Alcerro y Castillo Ochoa que el señor Sergio Aníbal Núñez Flores en fecha 25 de mayo del año 1993 le otorgo un préstamo puente en dólares por una cantidad no determinada a la sociedad mercantil denominada empresa de transportaciones múltiples S.A. con la finalidad que está comprara autobuses y le diera servicios a la Metropolitan School, sin presentar en este acto ningún título valor que le acreditara el monto del crédito, Pero indicaron los otorgantes que al estar la deuda vencida el señor Núñez Flores interpuso acciones judiciales que derivaron en el embargo precautorio ordenado por el juzgado primero de letras de lo civil de este departamento, de las cuentas de la sociedad mercantil fomento de la educación y la cultura S.A. de C. V. llegando en este momento a un acuerdo extrajudicial para poner fin a las acciones judiciales donde se le cederla al señor Núñez Flores siete mil varas de tierra las que serían desmembradas de tres bienes muebles que estaban en solo cuerpo propia Sociedad mercantil fomento a la educación y la cultura S.A. de C. V. dándole un valor de manera conjunta de doscientos mil lempiras QUINTO: en fecha doce de noviembre del año mil novecientos noventa y siete se otorgó el instrumento número 153 ante el notario público Rubén. Emilio Castillo Ochoa de compraventa de una fracción de terreno de siete mil varas cuadradas propiedad de la saciedad mercantil fomento a la educación y la cultura S.A. de C. V., acta en el que compareció el señor Arístides Soto Alcerro es su condición de presidente del Consejo de administración y apoderado de la misma como vendedor y el señor Sergio A. Núñez Flores, como comprador ambos otorgantes convinieron en el Precio de doscientos mil lempiras, ingresos que no fueron reflejados en la contabilidad de la empresa para el ejercicio fiscal de ese año. En el Hecho Probado Cuarto se enuncia que para llegar a un arreglo extrajudicial entre Sergio Aníbal Núñez Flores en su calidad de acreedor y los señores Arístides Soto Alcerro como apoderado especial de la sociedad mercantil fomento a la educación y la Cultura S.A. de C.V. y el señor Rubén Emilio Castillo Ochoa como presidente del Consejo de administración de la Sociedad Empresa De Transportaciones Múltiples; no se presentó ningún título valor con el cual se acreditara el monto del crédito, dejando entrever que la deuda no existía. sugiriendo simulación en este aspecto. Además, se describe dicho acuerdo extrajudicial donde se comprometen a cederle al señor Núñez Flores siete mil varas de tierra las que serían desmembradas de tres bienes muebles que estaban en solo cuerpo cuya propiedad pertenece a FECSA, dándole un valor de manera conjunta de doscientos mil lempiras. No obstante, en el Hecho Probado Quinto el tribunal relaciona la compraventa de dicho inmueble en un acto notarial, donde el imputado como vendedor y el señor Núñez Flores como comprador convinieron en el precio de doscientos mil lempiras; sin embargo, el sentenciador contradictoriamente al arreglo descrito en el hecho Cuarto, relacionada que dichos ingresos no fueron reflejados en la contabilidad de la empresa para el ejercicio fiscal de ese año. De suerte de lo anterior, si el arreglo existió para saldar una deuda con un inmueble de una valoración tasada en el mismo, porqué contradictoriamente se reclama el no ingreso de dicho valor en dinero a la Contabilidad de FECSA, si al tribunal aunque sea de manera simulada le queda claro el arreglo extrajudicial, porque pretende que el dinero de la venta haya ingresado como activo en FECSA; cual si el arreglo extrajudicial y el acto de la compraventa se tratasen de operaciones aisladas y que la segunda fue un complemento del arreglo primario, como ocurre el caso sub- examine. Por haberse producido el vicio en el propio acto de redacción de la sentencia no ha sido posible reclamar su subsanación.” FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional. El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior. En general toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia; en una buena técnica recursiva, el peticionario debe hacer mano de este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional de amplio espectro (Recurso Ordinario), en contraposición con los recursos por Infracción de Ley, Infracción de Doctrina Penal y Quebrantamiento de Formas Procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores (Recursos Extraordinarios). En este último sentido Llorente Fernández expresa que (Llorente Fernández De La Reguera, Ángel, en Los Recursos, Cuadernos de Estudios Judiciales, RAFAEL ALVARADO MANZANO, LITICOM, Tegucigalpa, 2001, págs. 113-115), “la jurisprudencia española ha puesto de manifiesto que este cauce impugnatorio no está previsto para alegar, bajo su cobertura, la vulneración de cualquier norma constitucional, sino específicamente la infracción de aquellas que tienen una estrecha y directa relación con el objeto del proceso en que son invocados. Serán, por tanto, los derechos fundamentales ligados al proceso con carácter general los que tengan cabida en esta vía impugnativa y de un modo especial aquellos que el recurrente entienda que han sido conculcados en el caso concreto...” La esencia del recurso por Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del Principio de Convencionalidad y el Principio de Primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. Del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional. Interpuesto por la defensa privada. único motivo. Norma autorizante: Artículos 361 del Código Procesal Penal. Norma sustantiva que se denuncia infringida: Artículo 95 de la Constitución de la República, en relación con los artículos 1,109,614,615 y 628 del Código Penal Vigente, artículo 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Concepto de la infracción: Violación al principio de retroactividad de la ley penal. Reclamación Ex Ante: Sin determinar por el pretensor. Pretensión: Que se dicte una sentencia absolutoria. Establece la recurrente que el Tribunal Sentenciador violentó el principio de retroactividad de la ley penal, contenido en el artículo 96 de la Constitución de la República (no en el 95 como lo plantea la censora), ello porque toma para condenar la pena del Código Penal vigente, pero analiza la prescripción como forma de extinción de la responsabilidad penal con las reglas del Código Penal derogado, situación improcedente tanto desde la óptica de la dogmática penal como del propio Código Penal vigente. Del principio de retroactividad de la ley penal La exigencia para que un hecho pueda castigarse como delito es preciso de modo ineludible, que previamente haya sido declarado como tal por una ley, así se refleja en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre del 10 de diciembre de 1948; artículo 11.2: "Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito.”. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, esto se le llama el principio de identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigencia una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el tribunal de justicia deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que ninguna persona debe ser castigada por una conducta que al momento de la comisión era lícita, de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello. Haseemer señala que "una ley que pretenda ser aplicable a un caso que haya ocurrido antes de que la ley haya entrado en vigor, es un fantasma del Estado Policía (Hassemer, Winfried, Fundamentos del Derecho Penal, Bosh, Casa Editorial S.A., 1984., Pág. 320)", en virtud de que el daño, que se pretende evitar por parte de la comunidad, ya ha sido producido antes de su promulgación, cuando la misma era de carácter lícito y no reprochable. Claus Roxin (Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civitas A.S., España, p. 141) explica los tipos retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); y 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir de cinco a diez años de prisión una pena). Tales tipos de retroactividad no son posibles ya que el Estado debe determinar ante factum los hechos que consienta prohibidos, de modo que los ciudadanos tengan confianza en que los límites de su libertad estén determinados y que pueden actuar dentro de esos límites establecidos sin que posteriormente puedan ser objetos de algún reproche por los mismos. Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva o innecesaria, lo que debe ser apreciado -no solo en procesos penales pendientes- como el caso que nos ocupa, sino además en los procesos con resoluciones firmes, antes o durante el cumplimiento de las penas. "Una Ley más favorable no es una ley abusiva, por el contrario, significa el reconocimiento de mayores ámbitos de libertad, luego la retroactividad de la ley más favorable no niega el principio de legalidad, si no que más bien lo afirma." (Bustos Ramírez Juan, Manual de Derecho penal, Parte General, Barcelona, Edit. Ariel S.A, 3° Edición, 1989, pg. 82). Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entra en vigencia y cuando es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente, "esta exigencia es inseparable del principio de legalidad penal; si debe existir una ley que defina las conductas delictivas para poder perseguirlas, dicha ley debe estar vigente en el momento en que se cometen los hechos, por eso la ley penal es irretroactiva y no puede aplicarse a hechos anteriores a su entrada en vigor (Muñoz Conde, Francisco. Derecho Penal, parte general, Editorial Tirant lo Blanch, Valencia España, 1° edición, 1993, pg. 98.)", salvo el caso mencionado, cuando sea más beneficiosa. Ante una nueva regulación penal corresponde al juzgador determinar cuál es la ley que es más favorable al acusado o condenado: la vigente al momento del hecho o la vigente al momento de juzgamiento o ejecución de la pena, dándose tal respuesta a depender de: 1. Si la ley penal vigente al momento de los hechos ha sido derogada por una nueva ley, lo que sin dificultad se concluye que la nueva ley es más beneficiosa por despenalizar lo que la anterior tipificaba como delito; 2. Si la ley penal vigente al momento del hecho contemplaba una pena de la misma naturaleza más grave que la prevista en la ley penal vigente al momento del juzgamiento o ejecución de la pena, entonces se debe aplicar la ley penal vigente (ley nueva), por ser más beneficiosa; o 3. Si la ley penal vigente al momento del hecho contemplaba una pena de distinta naturaleza a la prevista en la ley penal vigente al momento de juzgamiento o ejecución de la pena, el órgano jurisdiccional decidirá conforme al caso concreto y en la eventual situación de duda podrá consultar a la persona condenada cuál de las normas le resulta más beneficiosa, pues a la postre el destinatario de las mismas es ella, y el principio lo que busca es su beneficio. Lo anterior nos lleva a otra posibilidad, existirán casos en que la nueva ley contenga aspectos que le beneficie al reo o procesado, pero que a su vez también le perjudique, lo que obliga, como en el caso anterior, a que el juez realice un estudio del caso concreto, a fin de determinar cuál de las normas es la más beneficiosa en su totalidad; es decir, tomando en cuenta tanto los beneficios como los perjuicios de su aplicación, no siendo posible aplicar los aspectos más beneficiosos de la nueva ley sin aplicar los perjudiciales, ya que, como señala Muñoz Conde, "el Tribunal estaría creando una nueva norma (…) y desempeñando con ello funciones legislativas que no le competen." (Muñoz Conde; Francisco; García Arán, Mercedes. Derecho Penal Parte General, 3° Edición. Editorial Tirant lo Blanch, Valencia, 1998, Pág. 159 y 160). En definitiva, el texto del artículo 96 de la Constitución de la República establece que "la ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", lo cual está desarrollado en el artículo 9 del Código Penal, que indica que: “Las leyes penales tienen efecto retroactivo en cuanto favorezcan al procesado, aunque al entrar en vigencia aquellas hubieren recaído sentencia firme y el reo estuviere cumpliendo la condena.”. De la procedencia del recurso de casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo. El recurso no es de recibo. Alega la censora que el tribunal condena por el delito de estafas impropias regulado en el artículo 367 del nuevo Código Penal, que tiene señalada una pena de 5 años de prisión; en consecuencia, bajo las reglas del artículo 107.3 y 109 del Código Penal vigente, prescribiría la acción penal en el término de cinco años (regla del numeral 4); situación que fácilmente se colige en esta causa donde los hechos atípicos imputados erróneamente como delito, sucedieron el 12 de noviembre de 1997 y la acción penal inició en el año 2005, extremo que el mismo juzgador refiere en su sentencia, pero aplica de manera incompleta la retroactividad de la ley penal más favorable al hacerlo únicamente en cuanto a la nueva pena establecida, dejando de lado las reglas de la prescripción que determinan que no podía establecer la pena que impone, en síntesis transcurrieron más de 5 años para poder ser ejercitada la acción, por lo que el juzgador debió decretar la extinción de la acción penal por prescripción de la acción penal. El principio de irretroactividad de la ley está estrechamente vinculado al principio de legalidad de los delitos y las penas, de tal suerte que solo las leyes pueden decretar las penas de los delitos, residiendo esta autoridad únicamente en el legislador. Estos conceptos a su vez se vinculan directamente con la noción de seguridad jurídica, de modo que el principio de legalidad implica, certeza, confianza, seguridad para el ciudadano, de conocer las conductas sancionables y por tanto una previsión calculable de los actos propios y de las consecuencias que éstos tienen frente a la ley penal. Así es posible concluir que el fundamento de la prohibición de retroactividad de los delitos y penas se encuentra en la idea de seguridad jurídica. Siguiendo al profesor Ruiz Antón[17] las exigencias de la prohibición de retroactividad tan sólo se acatan si la totalidad de los presupuestos fundamentadores del delito o de la pena fueron realizados bajo el período de vigencia de la ley posterior más severa. Exactamente el pensamiento opuesto es el que rige en la aplicación de la ley más benigna, no es necesario que ningún presupuesto del delito o de la pena tenga lugar bajo su vigencia para poderla tomar en consideración en el caso de que suceda a otra más gravosa. Queda claro entonces, que la aplicación retroactiva de la ley penal más benigna se refiere a los presupuestos del delito y sus consecuencias jurídicas, tal como también se comprende del contenido del artículo 615 del actual Código Penal, cuando señala que los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencia del presente Código se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente Código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican éstas. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir de cinco a diez años de prisión una pena). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrara en vigencia y cuando es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento de juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas de manera completa por la persona, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. La conducta reprochada al acusado Arístides Soto Alcerro, de acuerdo al artículo 241 del Código Penal según decreto 144-83, establece: “El delito de estafa será sancionado: 1) Con dos (2) a cinco (5) años de reclusión, cuando el valor de lo estafado no exceda de cinco mil (L.5,000.00) lempiras; 2) Con cuatro (4) s siete (7) años de reclusión si la cuantía supera los cinco mil (L.5,000.00) y no exceda de cien mil (L.100,000.00) lempiras; y 3) Con seis (6) a nueve (9) años de reclusión si la cuantía excede de cien mil (L.100,000.00) lempiras. El agente, además, será sancionado con una multa igual al diez por ciento (10%) del valor de lo defraudado. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de lo prescrito por los artículos 36,37 y 53, cuando sean aplicables”. De acuerdo al Código Penal según decreto 130-2017, en su artículo 367 numeral 3, establece: “Artículo 367. Estafas Impropias. Se debe castigar con la pena de prisión de tres (3) a cinco (5) años, quién ejecute alguna de las conductas siguientes: 1)….. ; 2)…. ; 3) Quien otorga en perjuicio de otro un contrato simulado; y 4) …. ”. La comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que en el caso particular el Código Penal 130-2017 prevé sanciones menos gravosas al condenar al señor Arístides Soto Alcerro a tres (3) años de prisión por el delito de estafas impropias, que las impuestas por el Código Penal 144-83, que sería la condena por el delito de estafa de seis (6) a nueve (9) años de reclusión, ya que la cuantía excede de cien mil (L.100,000.00) Lempiras, más la multa igual al diez por ciento (10%) del valor de lo defraudado; por lo que resulta más favorable la aplicación de la condena prevista en el Código Penal del decreto 130-2017. Nuevamente la defensa del señor Arístides Soto Alcerro, presenta en la audiencia de juicio su pretensión porque se declare la prescripción de la acción penal, solicitud sobre la que se pronuncia el sentenciador en la sentencia de mérito indicando que no existe prescripción en la causa, reiterando que la petición ya había sido resuelta (en fecha doce de junio de dos mil dieciocho) y por tanto tiene carácter de firme. Es claro que el A quo, al momento de emitir la sentencia no resuelve la solicitud de prescripción de la acción penal, como erróneamente lo señala la recurrente, pues esta pretensión ya había sido resuelta en la fase de preparación del debate, siendo desestimada pues al momento de la resolución y conforme a la norma vigente, no se ha cumplido los plazos para la prescripción, adquiriendo la resolución carácter de firme. En todo caso es posible apreciar del contenido del expediente, que el proceso traído a control casacional, no se trata de una nueva acción penal, sino de un proceso sobre el cual ya había recaído sentencia definitiva y que como consecuencia de una sentencia de casación fue renviado al A quo para la repetición del juicio, con la finalidad de determinar si existe o no responsabilidad penal de Arístides Soto Alcerro. Siendo sobre este extremo que se pronuncia el A quo, sentenciando al señor Soto Alcerro como autor del delito de Estafa Impropia al tenor de lo establecido en el artículo 367 del Decreto 130-2017 contentivo del Código Penal Vigente. De acuerdo a la motivación del A quo la conducta desplegada por el señor Arístides Soto Alcerro, sigue siendo punible en la nueva norma penal, bajo otro nomen iuris, pero encerrando los mismos presupuestos desarrollados por el acusado en su conducta; aprecia el sentenciador que la nueva norma penal, con lleva una consecuencia jurídica más favorable para la conducta cometida por el acusado, aplicando por tanto al momento de juzgar el delito, es decir sus presupuestos y consecuencias jurídicas, la normas del actual código penal, por resultar más favorables al imputado. Conforme a lo explicado, es procedente desestimar el motivo que por infracción de precepto constitucional ha argumentado la recurrente. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Recurso de Casación por Infracción de Ley. Establece el artículo 360 del Código Procesal Penal que “Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba de ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo…” (Lo resaltado es nuestro). De esta norma se puede determinar la configuración del recurso de casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal: 1. Respeto irrestricto a los Hechos Probados: Los hechos probados son el relato cronológico de un acontecimiento histórico anterior al proceso penal y que es objeto de debate, fijados por el Tribunal de Sentencia con base en lo que se ha probado en juicio, derivado de la valoración de los medios de prueba cuya reproducción el juzgador pudo apreciar de manera directa, colocándolo en una posición exclusiva de valoración. Por ello, tratándose de recurso por infracción de ley o de doctrina legal, se debe guardar absoluto respeto a los hechos que se declaren probados en la sentencia, trasladando el control judicial al ámbito de la juridicidad, así señalado en el artículo 369 del Código de Rito, en su tercer párrafo cuando prohíbe al Tribunal de Casación la modificación de los hechos probados, conocido como Principio de Intangibilidad de los Hechos Probados; 2. Falta de correspondencia entre los hechos probados y el fallo por infracción de precepto sustantivo o de principio fijado por la Doctrina Legal, a consecuencia de: a. Inobservancia de la norma sustantiva o Doctrina Legal que corresponde al caso; b. Errónea aplicación de una norma sustantiva o de Doctrina Legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis; c. Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del Principio fijado en la Doctrina Legal; d. Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal; y e. Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal. Es importante anotar que debe entenderse como norma sustantiva: a toda aquella que defina tipos penales o que le sean llamadas para conformar una conducta delictiva, aun cuando no tengan la categoría de una norma penal (como es el caso de las normas extrapenales de remisión por una norma penal en blanco), quedando excluidas las normas con contenido procesal. En conclusión, a través del recurso de casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el tribunal de instancia; de allí que a la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia o de la Doctrina Legal que sobre el tema jurídico se haya sentado; su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio -en esencia- consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados). Recurso de Casación por Infracción de Ley. Interpuesto por la defensa privada. Primer Motivo. Norma autorizante: Artículo 360 del Código Procesal Penal. Norma que se denuncia infringida: Artículo 367 numeral 3 del Código Penal. Concepto de la infracción: Aplicación indebida de la norma sustantiva. Acciones de saneamiento o subsanación del vicio denunciado: Sin determinar por el pretensor. Pretensión: Que se dicte un fallo absolutorio. Establece la recurrente que su representado Arístides Soto, fue condenado arbitrariamente por un delito de estafas impropias, pues dicho tipo penal aplicado no concurre en el relato de los hechos probados y que además no se dan los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal, pues se debe tener en cuenta que el imputado nunca realizó su actuación con ningún tipo de dolo, pues el hecho probado cuarto se da por acreditada su intención de apegarse a la verdad de los hechos. Estableciendo además la recurrente que en el relato factico no se aprecia más que la compraventa de una fracción de terreno, tal contrato fue real como se colige en el hecho cuarto de la sentencia, pues dicho contrato solamente materializo el cumplimiento del referido acuerdo, es decir, tienen un acto real y jurídico precedente, ello refleja que no se trata de un acto simulado, además la norma requiere que en perjuicio de otro sea otorgado dicho contrato, debiendo ser la víctima del delito de un tercero. Del delito de Estafa Impropia La figura penal contenida en el artículo 367 del actual Código Penal, señala: “… Artículo 367. Estafas Impropias. Se debe castigar con la pena de prisión de tres (3) a cinco (5) años, quien ejecute alguna de las conductas siguientes: 1) …2)…3) Quien otorga en perjuicio de otro un contrato simulado…” El análisis que debe desplegarse de la figura típica y de la conducta realizada, debe partir de la identificación de los distintos elementos que conforman el delito: 1. Bien Jurídico Protegido. El bien que la norma penal protege con la sanción de este tipo de conductas es el patrimonio. 2. Sujeto Activo. “Quien”, esto es, será sujeto activo de la conducta cualquier persona, sin establecer una cualidad o condición en particular. 3. Sujeto Pasivo: es la persona, natural o jurídica cuyo patrimonio se ve afectado, soslayado o menoscabado por la conducta ejecutada por el actor. 4. Objeto Material: Coincide con el bien jurídico protegido, es decir con el patrimonio. Entendiendo como Patrimonio, en términos generales, el conjunto de bienes, derechos y obligaciones correspondientes a una persona natural o jurídica, con contenido económico y que constituyen una universalidad jurídica. 5. Modalidad Criminosa: es decir la forma en cómo se ejecuta la conducta; así el artículo 367 contiene la descripción de varias formas de ejecutar la conducta, la seleccionada por el sentenciador en el caso concreto es la contenida en el numeral tercero, que consiste en otorgar un contrato simulado en perjuicio de otro. De la modalidad descrita, deben distinguirse los siguientes elementos: Otorgar: En términos generales es entendido como formalizar, Extender un documento en el que se recoge por escrito un acto o contrato y se autoriza por medio de las firmas de las partes. Contrato: También de manera general un contrato es un acuerdo de voluntades que crea o transmite derechos y obligaciones a las partes que lo suscriben. El contrato es un tipo de acto jurídico en el que intervienen dos o más personas y está destinado a crear derechos y generar obligaciones. Ya específicamente la regulación del derecho civil hondureño, lo define como una convención en virtud de la cual una o más personas se obligan para con otra u otras, o recíprocamente a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Simulado: De modo más general, simulación, que, tratándose de negocios jurídicos, Ferrara[18] define a la simulación como la declaración de un contenido de voluntad no real, emitido conscientemente y de acuerdo entre las partes, para producir, con fines de engaño, la apariencia de un negocio jurídico que no existe o es distinto de aquél que realmente se ha llevado a cabo. Para este autor, lo más característico en el negocio simulado, es la divergencia entre voluntad y declaración, es decir lo interno, lo que se quiere y lo externo, lo que se declara. De la procedencia del recurso de casación por Infracción de Ley en su primer motivo. El recurso no es de recibo. La defensa de Arístides Soto Alcerro establece que en la relación de los hechos declarados como probados por el sentenciador no se aprecian los elementos del tipo penal de Estafas Impropias, contenido en el artículo 367 del Código Penal Vigente, por lo que señala un error de subsunción cometido por el A quo. De los hechos probados comprueba esta Sala de lo Penal, que el A quo ha dado por acreditado: a) Hecho probado primero: La constitución jurídica de la Sociedad Mercantil denominada Fomento al a Educación y la Cultura S.A de C.V, en fecha siete de abril de mil novecientos ochenta y siete, mediante instrumento número catorce ante los oficios del notario Virgilio Fortín Machado; b) Hecho Probado segundo. La constitución jurídica de la sociedad mercantil denominada Empresa de Transportaciones Múltiples S.A, en fecha tres de mayo de mil novecientos noventa y tres, mediante instrumento número diecinueve ante los oficios del notario Virgilio Fortín Machado; c) Hecho probado tercero: El otorgamiento de un poder general de administración al señor Arístides Soto Alcerro en su condición de Presidente del Consejo de Administración, de acuerdo a lo acordado en fecha tres de diciembre de mil novecientos noventa y tres, por unanimidad en sesión celebrada por el Consejo de la Sociedad Mercantil Fomento a la Educación y a la Cultura S.A. de C.V; d) Hecho probado cuarto: La comparecencia en fecha once de agosto de mil novecientos noventa y siete, de los señores Sergio Aníbal Núñez Flores e nombre propio, Arístides Soto Alcerro en su condición de apoderado especial de la Sociedad Mercantil Fomento a la Educación y a la Cultura S.A. de C.V, y Rubén Emilio Castillo Ochoa en su condición de presidente del Consejo de Administración de la empresa Transportaciones Múltiples, ante los oficios del notario Rolando E. Mejía Cruz, en virtud que, por la existencia de un préstamo otorgado por el señor Sergio Núñez a la empresa Transportaciones Múltiples S.A, se derivan acciones judiciales que concluyen con el embargo de cuentas de la empresa Fomento a la Educación y la Cultura S.A. de CV, por lo que, por ese acto llegan a un acuerdo extra judicial mediante la cual se le cederían al señor Núñez Flores, siete mil varas de tierra, que serían desmembradas de tres bienes inmuebles que estaban en solo cuerpo propiedad de la sociedad mercantil Fomento a la Cultura y la Educación S.A de C.V. dándole un valor de manera conjunta de Doscientos Mil Lempiras; e) Hecho probado quinto: El otorgamiento, en fecha doce de noviembre de mil novecientos noventa y siete, de instrumento número ciento cincuenta y tres, ante el notario Rubén Emilio Castillo Ochoa, de compra venta de una fracción de terreno de siete mil varas cuadradas propiedad de la sociedad mercantil Fomento a la Educación y a la Cultura S.A de C.V, compareciendo Arístides Soto Alcerro en su condición de presidente del consejo de administración y apoderado de la misma, como vendedor y el señor Sergio Núñez Flores como comprador. Compra venta que se realizó por el valor de Doscientos Mil lempiras, ingresos que no fueron reflejados en la contabilidad de la empresa para el ejercicio fiscal de ese año. Del análisis del tipo penal, ajustado a la declaración de hechos probados, encuentra esta Sala de lo Penal, que efectivamente el señor Sergio Núñez Flores otorgó un préstamo a la empresa Transportaciones Múltiples S. A., compareciendo para un arreglo extrajudicial del pago, junto con Rubén Emilio Castillo Ochoa como presidente del consejo de Administración de Transportaciones Múltiples S.A. y Arístides Soto Alcerro como apoderado especial de la sociedad Fomento a la Educación y a la Cultura S.A de C.V., acordando mediante ese acuerdo extrajudicial, que se le cederían al señor Núñez Flores siete mil varas de tierra que serían desmembradas de tres bienes inmuebles propiedad de la sociedad Fomento a la Educación y a la Cultura S.A de C.V. (Hecho Probado Cuarto). Sin embargo, conforme al hecho probado quinto, se establece que el señor Arístides Soto Alcerro, apoderado especial de esta última, comparece junto a Sergio Aníbal Núñez Flores, como vendedor y comprador respectivamente, y otorgan Escritura de Compraventa de un bien inmueble consistente en una fracción de terreno de siete mil varas cuadradas propiedad de la empresa Fomento a la Educación y a la Cultura S.A de C.V, conviniendo el precio de Doscientos Mil lempiras. Queda claro para esta Sala de lo Penal, que existe una evidente divergencia entre la voluntad y la declaración, es decir las partes declaran y de hecho formalizan un contrato de compraventa, mediante el correspondiente otorgamiento de escritura pública, lo que necesariamente deriva en la entrega del inmueble comprado a cambio del precio convenido; sin embargo, se colige del hecho probado cuarto que lo que realmente se pretendía era cumplir un arreglo extrajudicial de pago por la deuda adquirida por la empresa transportaciones Múltiples S.A, (es decir una persona jurídica distinta a la propietaria del terreno) con el señor Núñez Flores. En el contrato otorgado por Arístides Soto Alcerro, se simula una compraventa de un bien inmueble, mismo que nunca es comprado en realidad por Núñez Flores, de tal manera que conforme se establece en el hecho probado quinto in fine, el ingreso por la compraventa del bien inmueble ya relacionado, nunca se reflejó en los ingresos del legítimo propietario del mismo, es decir de la empresa Fomento a la Educación y la Cultura S.A de C.V. Se determina de los hechos probados, que el Señor Arístides Soto Alcerro compareció en un acto, otorgando un contrato de compraventa, perfeccionado mediante escritura pública, es decir declarando un contenido de voluntad no real (vender un bien inmueble), emitido conscientemente y de acuerdo entre las partes, para producir, con fines de engaño, la apariencia de un negocio jurídico distinto de aquél que realmente se pretendía. El engaño que resulta intrínseco en la simulación, se orienta claramente a ocasionar un perjuicio económico a la sociedad mercantil Fomento a la Educación y la Cultura S.A de C.V, que de acuerdo a los hechos probados, no recibió el ingreso por la compra venta del inmueble de su propiedad, lo cual es consecuencia natural de haber simulado el acusado, un negocio jurídico distinto de aquel que se pretendía, perjudicando de ese modo el patrimonio de esta empresa. Como se ha señalado, la simulación no sólo implica el conocimiento de aparentar un negocio jurídico inexistente o distinto del que se pretende, sino además la voluntad de las partes involucradas, por lo que tampoco queda duda, que de los hechos probados se colige que el señor Arístides Soto Alcerro, actuó con conocimiento y voluntad en el otorgamiento de la Escritura Pública de compra venta, o lo que es lo mismo desarrolló la conducta típica de modo doloso. De esta manera es procedente desestimar el primer motivo de infracción de ley expuesto por la impetrante. Recurso de Casación por Infracción de Ley. Interpuesto por la defensa privada. Segundo Motivo. Norma autorizante: Artículo 360 del Código Procesal Penal. Norma que se denuncia infringida: Artículo 2 del Código Penal. Concepto de la infracción: Falta de Aplicación de la norma sustantiva. Acciones de saneamiento o subsanación del vicio denunciado: Sin determinar por el pretensor. Pretensión: Que se anule la sentencia y se dicte un fallo absolutorio Señala la recurrente que en un estudio de los hechos probados de la sentencia emerge un conflicto sobre la lesión al bien jurídico (afectación del P, de Lesividad), pues este patrimonio es de todos los socios de la Sociedad FECSA, con lo cual se advierte una autolesión a su patrimonio. En conclusión, señala la impetrante que, existen fuera del derecho penal otras formas de dilucidar los asuntos, cuando se trata de supuestos de conflictos dentro de una sociedad mercantil. Del Principio de Lesividad Es importante recordar que la naturaleza del derecho penal es sancionadora, siendo la sanción principal y constante: la privación de la libertad ambulatoria, derivando consecuencias que inevitablemente afectan de manera permanente la vida de las personas condenadas y colateralmente la vida de otros/as con las que se relaciona; por ello la intervención del derecho penal debe de ser mínima e imprescindible para amparar bienes jurídicos.- Bajo tal idea, entonces, los bienes jurídicos tienen una función limitadora para el Estado, pues la tipificación de conductas delictivas solo tiene justificante si es con el objeto de brindarles protección, negándose la posibilidad de la existencia de delitos sin bien jurídicamente tutelado o la imposición de sanciones por hechos que no hayan producido su lesión o peligro. La política-criminal define cuales son los bienes que deben de ser jurídicamente protegidos, como consecuencia de su importancia en el desarrollo social; más aún cuando ello es así, tal definición no puede ser arbitraria, pues en un Estado Democrático, tal y como se ha definido a la República de Honduras (Art. 1 de la Constitución de la República), donde se propugna la libertad, el bienestar económico y social, la cultura y la justicia para cada individuo, las normas penales deben de ser concebidas con el ánimo de restringir lo menos posible tal libertad y solo cuando sea absolutamente necesario en proporción al mal que se pretenda evitar y/o castigar; ergo no toda lesión de un interés humano exige una reacción mediante el Derecho penal, (cuando ello ocurre se presenta la indeseada inflación del derecho penal) sino tan sólo aquellas conductas que por su naturaleza dañosa traspasan el ámbito de interés personal para transmutarse a uno de carácter social.- La Teoría de Intervención Mínima señala que el Estado solo debe de acudir al derecho penal, como instrumento de su poder sancionador (Ius Puniendi) estrictamente cuando sea necesario, determinado así cuando las demás ramas del derecho no puedan contener las conductas lesivas de los obligados (carácter fragmentario del Derecho Penal), siendo entonces el Principio de Lesividad la forma de hacer dicho control; principio contenido en el Artículo 2-C del Código Penal indica que “no podrá imponerse pena o medida de seguridad alguna si la acción u omisión no lesiona o pone en peligro efectivo un bien jurídico protegido por la ley penal”, y que tiene su asidero Constitucional en el artículo 62 el cual señala “Los derechos de cada hombre están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bienestar general y del desenvolvimiento democrático.”. El principio de Lesividad suele ser definido con la máxima: Nulla Poena Sine Damnum (no hay delito sin daño), es decir no puede existir hecho punible sino cuando el tipo penal describe un supuesto de hecho que lesione o ponga en peligro un bien jurídicamente tutelado, marcando, como hemos referido, una limitante del Estado de legislar y sancionar conductas, pues éstas no deben de ser morales, éticas o políticas, sino transgresoras de bienes socialmente definidos como indispensables para la buena convivencia, el desarrollo, la paz y el respeto a la dignidad humana; se reitera la idea de intervención mínima del derecho penal al cual solo debe acudirse como Ultima Ratio para la tutela de bienes considerados fundamentales. Para esta Sala de lo Penal no existe margen de duda que un sistema democrático, los delitos deben de definirse legislativamente y sancionarse judicialmente conforme a la proporcionalidad de su Lesividad a los bienes jurídicos que se pretenden proteger, definidos político-criminalmente, ergo las conductas objeto de reproche penal no solo deben subsumirse al ámbito situacional de la norma que le tipifica, sino además es requerido necesariamente la producción de una lesión la puesta en peligro de un bien a la que la sociedad considera indispensable y que no puede ser resguardado de manera distinta, en procura de mantener ese delicado equilibrio entre la intervención punitiva del Estado y el conjunto de libertades inherentes a la persona humana; lográndose tal equilibrio limitando la intervención del Estado a la regulación de comportamientos que lesionen o pongan en peligro bienes jurídicos fundamentales. El Principio de Lesividad cumple una tarea reguladora El Principio de Lesividad cumple una tarea reguladora en la función legislativa y en la función judicial: 1. En la Esfera Legislativa: Determina el principio la imposibilidad de crearse tipos penales que no tengan como fin la salvaguarda de bienes jurídicos de alta relevancia para la dignidad humana, la libertad individual o la convivencia social y por tanto permite denunciar los tipos penales vigentes faltos de éste fundamento. 2. En la Esfera Judicial: Determina la imposibilidad del Tribunal Juzgador de imponer sanción penal si la conducta humana no ha lesionado o no ha puesto en peligro el bien jurídico protegido que precisamente intenta salvaguardar el tipo penal en cuestión. El Principio de Lesividad exige una postura crítica de los órganos jurisdiccionales en el sentido de comprobar que la conducta reprochada a la persona imputada haya necesaria e ineludiblemente lesionado o puesto en peligro un bien jurídicamente tutelado; tarea que realiza al momento de definir la existencia de una Antijuricidad Subjetiva o Material, en el desarrollo del análisis de la teoría del delito. La Antijuricidad entonces es el juicio negativo que se realiza a la conducta objeto de juicio, en la medida que ella lesione o ponga en peligro, sin derecho alguno, el bien jurídicamente tutelado por la norma penal; Así la Antijuricidad se componen de un elemento objetivo, que se cumple cuando la conducta es anti normativa (contraria a la ley) y por un elemento subjetivo, que se observa cuando la conducta ha lesionado o, al menos, peligro al bien jurídicamente tutelado (Principio de Lesividad), ergo la Antijuricidad será inexistente cuando no converjan los elementos objetivo y subjetivo, o cuando dicha lesión o puesta en peligro sea de carácter justificada (Causas de Justificación). Es evidente que el principio de Lesividad se estatuye como un principio constitucional de acatamiento indispensable, tanto para el legislador en la creación de tipos penales como para el juez en el desciframiento del delito, respondiendo así a la obligación al respecto a la dignidad humana. De la procedencia del recurso de casación por Infracción de Ley en su segundo motivo. El recurso no es de recibo. Como se ha señalado antes, el bien jurídico protegido en los delitos de estafa, en este caso de estafas impropias es el patrimonio. En el caso examinado por esta Sala de lo Penal, se ha comprobado una afectación patrimonial, cometida en perjuicio de la sociedad Fomento a la Educación y a la Cultura S.A de C.V. Si bien, el perjuicio ocasionado al patrimonio de la Sociedad Fomento a la Educación y a la Cultura S.A de C.V. supone sin duda un perjuicio económico, son las circunstancias de ejecución de la conducta lo que enmarcan el hecho en la figura penal de estafas impropias, es decir, partiendo de las circunstancias en las cuales se ha producido el perjuicio al patrimonio es que se puede afirmar que se ha lesionado el bien jurídico protegido por la norma. Lo anterior encuentra su explicación, en que, el tipo penal exige no sólo la producción de un perjuicio al patrimonio del ofendido, sino que éste se haya producido mediante engaño que consecuentemente conduzca al error. Queda claro para esta sala, que el señor Sergio Aníbal Núñez Flores, concedió un préstamo a la sociedad mercantil Transportaciones Múltiples S.A, sin embargo en una maniobra legal que entraña no sólo simulación sino consecuentemente engaño, el señor Arístides Soto Alcerro, compareció ante Notario Público, en su condición de Apoderado Especial de la sociedad Fomento a la Educación y a la Cultura S.A de C.V., otorgando una Escritura de Compra Venta de una terreno propiedad de dicha sociedad, figurando como comprador el señor Aníbal Núñez Flores, prestatario de la empresa Transportaciones Múltiples S.A. Este acto jurídico, de acuerdo a los hechos probados, simuló un acto de compra venta, cuando en realidad lo que representaba es un pago que se realizaba al señor Núñez Flores, por la deuda de la empresa Transportaciones Múltiplez, pero entregándole un terreno propiedad de la sociedad Fomento a la Educación y a la Cultura S. A de C.V, empresa que no tiene ninguna deuda con el señor Núñez, y que mediante la simulación antes descrita, resultó con una afectación en su patrimonio. Al margen de que existas socios coincidentes en una y otra sociedad mercantil, está claro que se trata de dos personas jurídicas distintas y por tanto de dos patrimonios diferentes, es decir no se trata del patrimonio individual de cada uno de los socios, sino del patrimonio que pertenece a la cada una de las personas jurídicas, por tanto no se trata de una auto lesión como erróneamente indica la censora, sino de una lesión al patrimonio de la persona jurídica Fomento de a la Educación y a la Cultura S.A de C.V y que se ha producido precisamente mediante un engaño, el cual para materializarse, fue ejecutado mediante el otorgamiento de un contrato de compra venta simulado, pues nunca se trato de tal compra venta, sino del otorgamiento de un bien inmueble en pago de una deuda de una persona jurídica distinta del titular del terreno. Esta operación jurídica sin duda ocasiona una lesión al patrimonio de la sociedad mercantil Fomento de a la Educación y a la Cultura S.A de C.V, la cual conforme a los establecido en los hechos probados nunca recibió o registro en su contabilidad, los ingresos producto de la compraventa. Expuestas, así las cosas, encuentra esta sala de lo penal que en efecto se ha materializado la lesión al bien jurídico protegido, comprobando la Antijuricidad subjetiva y material en la conducta desplegada por el señor Arístides Soto Alcerro, por lo cual es procedente desestimar el motivo denunciado por la censora. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Establece el artículo 362 del Código Procesal Penal que el recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de algunos de los vicios siguientes: 1. Que falte la declaración de los hechos que el tribunal estime aprobados, que tal declaración no sea clara y terminante o que sea contradictoria. 2. Que se base en medios o elementos probatorios no incorporados legalmente al juicio o incorporados por su lectura en violación de las normas contenidas en el Título IV del Libro Segundo de este Código o excluya o deje de considerar alguna prueba de valor decisivo. 3. Que carezca de motivaciones fácticas o jurídicas, que dichas motivaciones sean insuficientes o contradictorias o sí en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica; 4. Que en la parte resolutiva se omitan elementos esenciales, tales como la individualización precisa del imputado, la resolución de todas las cuestiones debatidas y la determinación exacta de la pena en caso de condena; 5. La inobservancia de las reglas establecidas en el presente Código para la realización del juicio oral y público; 6. La incongruencia entre la sentencia y las pretensiones de las partes según el artículo 337; 7. Que falte la firma de alguno de los miembros del Tribunal de Sentencia salvo los casos previstos en el artículo 145. Es así como la ley procesal vigente, refleja que el proceso penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivado del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. Si no se cumple con los requisitos establecidos por la ley procesal y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo. El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley. Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Interpuesto por la defensa privada. Primer Motivo. Norma autorizante: Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. Norma sustantiva que se denuncia infringida: Artículo 202 del Código Procesal Penal. Concepto de la infracción: Inobservancia de las reglas de la sana crítica al valorar la prueba. Reclamación Ex Ante: Se produce en el acto mismo de sentenciar. Pretensión: Se declare con lugar el motivo el recurso. Establece la recurrente, que en la valoración de la prueba en la sentencia que hoy recurre resulta flagrante el quebrantamiento a las leyes fundamentales de coherencia y derivación, en sus principios de razón suficiente y contradicción. Se violenta la ley lógica de coherencia en su regla de contradicción, ya que el tribunal no puede por un lado asegurar algo y por otro desvirtuarlo, al analizar la valoración conjunta de la prueba, con respecto a la prueba pericial del análisis contable realizado por José Luis Zelaya, el juzgador estableció: “…resultando esta prueba eficaz para demostrar el perjuicio que causo este acto desplegado por parte del señor Arístides Soto Alcerro”, en tanto al valorar la declaración de Sergio Aníbal Nuñez, dijo: “ Todo este asunto fue urgido por el querrellado y los demás socios de Transportaciones Múltiples…”. De estas postulaciones resultan dos proposiciones que se contradicen pues en una se infiere una actuación unilateral del justiciable y en otra una actuación colegiada, entendiendo que el juzgador condena por una actuación realizada en nombre de una persona jurídica; contradicción que también emerge, cuando se valora la declaración de Laura Nuñez Flores, diciendo: “No son suficientes para justificar su actuación junto al querellado”. También vulnera la ley Lógica de derivación al plasmar conclusiones no adecuadas con suficiente razón, pues en el dictamen del Licenciado José Luis Zelaya, se refiere: “resultando ser esta prueba eficaz para demostrar el perjuicio que le causo este acto desplegado por parte del señor Arístides Soto Alcerro al pagar una deuda que se demostró con prueba suficiente entre la sociedad Transportaciones Múltiples y el señor Sergio Aníbal Fúnez”, sin embargo, existen otros medios de prueba que razonablemente informan la existencia real de tal perjuicio. Además, no es coherente pues al momento de valorar la declaración del señor Sergio Aníbal Nuñez Flores, estableció: “…este es creíble y confiable y no se advierte de parte del testigo el deseo de modificar o tergiversar los hechos sucedidos…” sin embargo, este explico que el bien inmueble referido siempre continua en posesión de FECSA, que tal perjuicio no se materializo al esgrimir: “han transcurrido más de veinte años y nada” al igual que fue de nuevo al terreno: “pero ya miro que la propiedad tenía un cerco de malla ciclón en todo alrededor y además había guardias. Sobre este extremo Rubén Emilio Castillo dijo: “…él nunca había tenido posesión de la propiedad, pues él no podía tener la posesión de la propiedad porque ellos se la habían dado pacíficamente y él tenía la escritura y silos guardias que estaban ahí no lo dejaban entrar”. De lo cual, se aprecia bajo las reglas del recto entendimiento humano un perjuicio cuya existencia no se materializo, nunca se despojó a FECSA de dicho bien. De las Reglas de la Sana Crítica. El Código Procesal Penal da exclusiva competencia a los jueces de sentencia para la estimación valorativa de las pruebas y las conclusiones fácticas que de ellas extraigan, siendo ello inatacable por la vía recursiva casacional, siendo solamente controlable el proceso seguido por los jueces para la construcción de tales conclusiones. El artículo 362 No. 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes… 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica.”. Esta Sala de lo Penal ha considerado que: “… La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva…”. (fallos de fecha 30 de noviembre del 2001, en el Exp. 194-2009 y de fecha 30 de noviembre del 2011, en el Exp. 297-09; también en ese sentido el fallo de fecha 20 de octubre del 2011, contenido en el Exp. 360-09 y de fecha 05 de abril del 2011, del Exp. 385-09, todos de la Sala de lo Penal). Valoración de la Prueba. En el apartado de la valoración intelectiva el juzgador debe valorar la prueba, conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la Prueba: Íntima Convicción (propio del Sistema de Juzgamiento por Jurados), Prueba Legal o Tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe darle el juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias) y la Sana Crítica, es este último el que debe observar el juzgador penal hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. En el sistema de la Sana Crítica en la valoración de la prueba, existe plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones guarden una necesaria relación con las premisas que le sustentan, las cuales son a su vez construidas como fruto razonado de las pruebas. En este sistema, el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia de convicción de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común; De este modo “… las reglas de la sana crítica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza…” (Fallo Sala Penal de fecha 20 de octubre del 2011, en el Exp 88-09). La Sana Crítica como sistema de valoración de la prueba se asienta en tres pilares fundamentales: 1) Reglas de la Experiencia común o Máximas de la Experiencia. Se refieren a juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el juzgador, relevados de demostración probatoria por adquirirse a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por este hecho son compartidas con las demás personas, aun cuando no formen parte de su mismo grupo social. Nos referimos a fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión o hechos de la cultura común, siendo el antónimo de éstos los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realiza solo un grupo determinado de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior, el conocimiento privado del juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. a. El juzgador deberá analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común, entre otros: Cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca del hecho. b. Cuando cite como común un hecho que no lo sea, por no ser aprehensibles de manera espontánea por el profano, sino que solo mediante experiencias extraordinarias o mediante estudios especializados; o c. Cuando afirme como común un hecho que exija demostración probatoria. Las reglas de la experiencia común se basan en la probabilidad, es decir, al momento en que el juzgador valora un hecho, considerará el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos por qué lo considera así. 2) Las Reglas de la Psicología. Están referidas, no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento empírico adquirido del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquél. Las Reglas de la Psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo en relación al grupo social, se requiere que el juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la Experiencia Común, las reglas de la Psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado; y 3) Las Reglas de la Lógica. La Lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatoria para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. La lógica aplicable es la “Lógica no formal”, llamada en el ámbito como Razón del Juicio donde las conclusiones se muestran bajo el espectro que irradia la prueba. Las leyes de la Lógica se fundamentan sobre leyes universales: a) La Coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí. La coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente. De la Ley de la Coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: i. El Principio de Identidad: Que exige que toda noción empleada en el razonamiento debe tener una sola y única significación en el todo contextualizado, es decir: una proposición sólo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y”. ii. El Principio de Contradicción: Las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En valoración de prueba: un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. iii. El Principio de Tercero Excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí: una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera y ninguna tercera posibilidad es posible. b) La Derivación: Exige que cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; cada pensamiento debe provenir de otro, con el cual está relacionado, salvo que se trate de un principio, es decir de un juicio inicial. Pero, además, la conclusión debe derivar de elementos suficientes para que justifique la producción de aquella. Existirá omisión al principio lógico de derivación: i. Cuando la conclusión no encuentre correspondencia con el medio de prueba por una indebida inferencia. ii. Cuando la conclusión no sea producto derivado de un medio de prueba, debiendo serlo por tratarse de la afirmación o negación de un hecho de carácter no notorio. iii. Cuando la conclusión sea construida en base a medios de pruebas inexistentes; o iv. Cuando la conclusión está basada en el contenido de un medio de prueba cuyo contenido este falseado. De la Derivación se extrae el Principio de Razón Suficiente, por el cual toda conclusión requiere una razón suficiente que justifique su existencia; la conclusión debe ser el final del iter lógico seguido en la valoración de las pruebas apoyándose en inferencias razonables; cada conclusión expuesta puede formar una sucesión que al final lleven a una conclusión última en donde se afirme o niegue el hecho juzgado. De la Rúa (Fernando de la Rúa, La Casación Penal, Ediciones Depalma, Buenos Aires, Argentina, pág. 156), señala que la motivación para ser lógica debe responder a las referidas leyes que presiden el correcto entendimiento humano, observando como características: 1. Congruente: En donde las afirmaciones, deducciones y conclusiones guarden una adecuada correlación y concordancia entre sí. 2. Concordante: Cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella. 3. No Contradictoria, por estar libre de razonamientos que al oponerse se anulen entre sí al reflejar verdades incompatibles. 4. Inequívoca: al no dejar margen para cuestionar el alcance y significado de los razonamientos y de las conclusiones que le deriven; y 5. Suficiente: al estar constituida por un entramado de conclusiones interrelacionadas, que se deriven de múltiples cadenas de pensamientos, todos ellos aptos para producir razonablemente un convencimiento. De la procedencia del Recurso de Casación Por Quebrantamiento de Forma en su primer motivo. El recurso no es de recibo. La Sala de lo Penal, previo a referirse concretamente al caso que nos ocupa, recuerda que el artículo 202 del Código Procesal Penal establece que el sistema de valoración de la prueba es el de la sana crítica, por el que la sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva. En este apartado el juzgador debe explicar por qué un medio probatorio le merece fe y otro no, y, además, por qué un elemento de prueba u otro le lleva a una conclusión determinada. Sobre este fundamento intelectivo recae el reproche del recurso de casación por violación de las reglas de la sana crítica. Debe recordarse que no existe una previa determinación de pruebas, por lo que éste debe de ser asignado por el juzgador de la instancia haciendo mano de las reglas de la sana critica, evaluándolas y determinando el grado de convencimiento que le genera cada una de ellas y en su conjunto en relación a la imputación, lo que constituye un proceso directo de los jueces de instancia y ajeno a los jueces de casación. Por ello, el recurso de casación no provoca un nuevo examen probatorio de los medios que fundan la decisión judicial impugnada; la casación no es una segunda instancia, sino una única instancia encargada de revisar la mera legalidad de la decisión judicial, quedando fuera de tal esfera de competencia la revaloración de la prueba; las partes en la interposición del recurso no pueden pretender que esta Sala de lo Penal declare el acierto o desacierto del Tribunal de Sentencia sobre sus criterios valorativos, pues ello sería rebasar las potestades legales conferidas por la ley a los jueces de casación. Establece la recurrente que se violenta la ley lógica de coherencia en su regla de contradicción, ya que el tribunal no puede por un lado asegurar algo y por otro desvirtuarlo, al analizar la valoración conjunta de la prueba, con respecto a la prueba pericial del análisis contable realizado por José Luis Zelaya, el juzgador estableció: “…resultando esta prueba eficaz para demostrar el perjuicio que causo este acto desplegado por parte del señor Arístides Soto Alcerro”, en tanto al valorar la declaración de Sergio Aníbal Nuñez, dijo: “Todo este asunto fue urgido por el querrellado y los demás socios de Transportaciones Múltiples…”. De estas postulaciones resultan dos proposiciones que se contradicen pues en una se infiere una actuación unilateral del justiciable y en otra una actuación colegiada, entendiendo que el juzgador condena por una actuación realizada en nombre de una persona jurídica; contradicción que también emerge, cuando se valora la declaración de Laura Nuñez Flores, diciendo: “No son suficientes para justificar su actuación junto al querellado”. Esta Sala de lo penal verificado el estudio de este motivo de Casación resuelve en base a las consideraciones siguientes: La lógica como proceso seguido por el juez en su razonamiento para valorar las pruebas está sujeto al control casacional, en ese sentido, la lógica deberá tener como características fundamentales las siguientes: 1) Coherencia y 2) Derivación. Centrándose el recurso en la característica de la coherencia, esto es atender a un conjunto de razonamientos armónicos entre sí y por ello la motivación deberá ser: a) Congruente, b) No contradictoria y, c) Inequívoca. Congruente porque las afirmaciones, deducciones y conclusiones han de tener relación y concordancia entre ellas. No contradictoria porque no se deben utilizar razonamientos diferentes que se anulen entre sí y finalmente, inequívoca porque los elementos del raciocinio no deben dejar dudas sobre las conclusiones y significado a que ha arribado el Tribunal. En este sentido con la prueba pericial que consiste en el análisis contable hecha por el Licenciado José Luis Zelaya, el Tribunal al valorar este medio de prueba estableció: “Queda claro para el tribunal de sentencia, cuáles fueron los documentos que el experto examino, quién o que persona se los facilito, que personas él entrevisto, cual fue el período contable que él estudio, por lo tanto las razones y justificaciones para sostener las conclusiones de su informe son creíbles y confiables al haberse amparado en la documentación necesaria, dejando establecido cual era el origen de la misma, en poder de quién estaba y por ende está justificado cada dato de la pericia, y al ser interrogado por las partes procesales respondió de manera lógica y coherente, ya que siendo un tercer ajeno fue imparcial al contestar cada consulta, tanto de la parte acusadora como de la parte defensora, siendo lo más importante entre otras cosas de esta pericia para el juzgador el hecho de que la compraventa autorizada por el Notario Rubén Emilio Castillo Ochoa, entre el señor Arístides Soto Alcerro, en su condición de Presidente del consejo de administración de FECSA, y el señor Sergio Aníbal Núñez Flores, por un monto de doscientos mil Lempiras, efectuada el doce de noviembre del año mil novecientos noventa y siete, no ingresaron esos valores a la contabilidad de la sociedad Fomento a la Educación y la Cultura, S.A. de C.V., por motivo de esa transacción, en ninguna de las cuentas del balance general y el estado de resultado correspondiente al ejercicio fiscal del año ya señalado aparece reflejado ese monto, resultando ser esta prueba eficaz para demostrar el perjuicio que le causo ese acto desplegado por parte del señor Arístides Soto Alcerro, al pagar una deuda que se demostró con prueba suficiente que era entre la sociedad Transportaciones Múltiples y el señor Sergio Aníbal Nuñez Flores y no de la sociedad Fomento a la Educación y la Cultura, s.a. de C.V. y el señor Nuñez Flores”. En la valoración intelectiva que hace a la declaración testifical del señor Sergio Aníbal Nuñez Flores, el Tribunal estableció: “Estima el juzgador que es coherente al explicar la manera que su hermana Laura Elena Nuñez Flores, le solicitó no solo uno sino varios préstamos en dólares, para poder hacer inversiones en la escuela Metropolitan School, evento que no son contrarios a ninguna norma jurídica y que dentro de las actividades legales que se practican en Honduras, son licitos. Justifico la procedencia de su dinero, así como el lugar donde él laboraba, también planteo lo referente a un préstamo de un monto de cincuenta mil dólares, los cuales iban hacer pagaderos en un término de cuatro meses pero eso no sucedió según lo pactado, él reconoce a los señores Arístides Soto Alcerro, al Abogado Rubén Emilio Castillo Ochoa y por supuesto su hermana como los rostros visibles de la sociedad FECSA, sabiendo de los problemas financieros era para la compra de autobuses pero sin saber de forma exacta a que sociedad en realidad él le prestaba su efectivo, transcurriendo de esa forma varios años según la explicación del testigo hasta llegar al punto de que él interpuso una acción legal que derivo en la congelación de las cuentas de la sociedad fomento a la Educación y a la Cultura (FECSA), por parte del juzgado correspondiente y por este motivo las personas antes mencionadas le propusieron le darían siete mil varas de tierra, del terreno donde funcionaba la escuela Metropolitan School, por lo que él de buena fe estuvo de acuerdo, sin manejar la parte legal y sus términos según su propia declaración es así como en determinado momento él firmo un instrumento público de compraventa donde decía que el daba doscientos mil Lempiras, pero él no estaba comprando nada en ese momento por cuanto el dinero él lo entrego años atrás y por un monto mayor, es claro para el juzgador que el actuar del señor Nuñez Flores, es propio de una persona que en primer término ayuda a una hermana den determinada situación, pero sin saber a ciencia cierta a que sociedad él le prestaba porque definitivamente no le competía saber, era obligación de las otras personas explicarle a él, los alcances de lo que se pactaba con ellos, por cuanto no se advierte de parte del testigo un comportamiento incorrecto ni en lo moral ni mucho menos en lo legal, el señor Nuñez Flores, solo es una persona que en un acto licito y de buena fe se desprendió de su dinero y al tener un alto concepto de honorabilidad de las personas con las que trataba se termino involucrando en un acto reprochable jurídicamente, por la compraventa en sí misma y por el hecho de quién era el legitimo dueño de esa propiedad, todo este asunto fue urgido por parte del querellado y los demás socios de Transportaciones Múltiples, quienes si estaban conscientes de lo que hacían y que amparados en una tesis de insolvencia y malas decisiones financieras al frente de un centro educativo privado, han querido justificar su accionar. Por lo que estima el juzgador que en cuanto al relato del señor Nuñez Flores, este es creíble y confiable no se advierte de parte del testigo el deseo de modificar o tergiversar los hechos sucedidos en este caso, es eficaz en términos probatorios debido a que existen dos escrituras una que recoge un acuerdo conciliatorio y la segunda una compraventa, por lo que sus dichos tienen el respaldo debido”. En la valoración intelectiva del medio de prueba testifical, se encuentra la declaración testifical de la señora Laura Elena Nuñez Flores: “estableciendo que ha pretendido construir una tesis basada en aspectos de una serie de problemas financieros al interior de la escuela que ellos habían fundado siendo socios de la sociedad Fomento a la Educación y a la Cultura (FECSA), pero al tener desavenencias con dos de los socios quienes según versión de la testigo se fueron y fundaron otra institución llevándose un gran porcentaje de los estudiantes, los que le provoco un desequilibrio en el tema financiero, por lo tanto vieron la opción de crear la sociedad denominada Transportaciones Múltiples, la cual le prestó servicios de transporte a FECSA, pero por razones que la misma testigo tildó de complicadas financieramente lejos de pagar la deuda con su hermano decidieron dar otro rumbo al dinero proveniente del servicio, según lo explico la señora Lara Nuñez. Considera el Juzgador de forma razonable que esa explicación no justifica la decisión tomada en el marco de un supuesto acuerdo de socios debido a que tampoco hay un acta de asamblea que indique que eso sucedió donde se autoriza al señor Arístides Soto Alcerro, como presidente del consejo de administración de la sociedad Fomento a la Educación, a traspasar siete mil varas de tierra, propiedad de su representada a otra sociedad diferente que había adquirido una deuda por un préstamo con el señor Rubén Emilio Castillo Ochoa, no son suficientes para justificar su accionar junto al querellado de dar en pago un lote de terreno de la sociedad Fomento a la Educación, por acuerdos prestatarios de la sociedad Transportaciones Múltiples y una persona natural como ya se ha explicado, pero es importante dejar claro este punto una vez más”. En este sentido la recurrente al desarrollar su motivo casacional hace fraccionamientos del valoración intelectivo hecho por el juzgador a cada uno de los medios de prueba que ella considera que se ha vulnerado la ley lógica de coherencia en su regla de contradicción, la valoración debe tomarse en cuenta en todo su contexto no en forma fraccionada como lo ha establecido la impetrante, ya que al fraccionar la valoración de un medio probatorio no se entiende el concepto total por la cual el tribunal sentenciador ha llegado a la conclusión intelectiva, no se da a entender y lo vuelve confuso. La Sala de lo Penal al haber analizado la valoración intelectiva de estos medios de prueba y con el resto de los medios de prueba evacuados en juicio oral y público como las declaraciones testificales: José Salvador Pineda Pineda; Prueba Documental: a) Testimonio de escritura Pública Número 14 de fecha 07abril de 1987, b) certificación íntegra del testimonio número 29 de fecha 20 de julio de1990, c) certificación íntegra del testimonio número 67 de fecha 10 de julio de 1995, d) certificación íntegra del testimonio número 153 de fecha 12 de noviembre de 1997, e) testimonio de escritura pública número 19 de fecha 03 de mayo de 1993, f)testimonio de escritura pública número 119 de fecha 21 de marzo de 2013, g) constancia de fecha 03 de abril del año 2013, h)certificación emitida por el secretario de la sociedad Fomento a la Educación y la Cultura, S.A. de C.V., i) copia fotostática del testimonio número 82, j) Informe del Presidente de la Asamblea de accionistas de fecha 21 de marzo de 1988; Prueba Pericial: Dictamen pericial (análisis contable), así como las pruebas presentadas por la defensa privada, consistente en documentales como: a) Testimonio de escritura pública número 64 de fecha 10 de diciembre de 1993, b) Copia fotostática del testimonio de escritura pública número 59 de fecha 15 de julio de 1998, en todos estos medios de prueba se establece que no ha existido contradicción que se contraponen o se contradigan entre sí, las mismas reflejan que se ha hecho de acuerdo a las reglas de la sana crítica, respetando la lógica de coherencia y derivación. De igual forma los juicios de valor externados por el A-quo no son contradictorios, pues no efectuó razonamientos contrarios entre sí y, por último, las estimaciones del sentenciador son suficientes, pues sus afirmaciones están constituidas por conclusiones derivadas de una cadena de pensamientos capaces de producir un convencimiento, es decir sus razonamientos son capaces de establecer por qué determinó la culpabilidad del acusado. En ese orden de ideas, esta Sala de Casación encuentra los razonamientos del tribunal sentenciador adecuados, coherentes y conformes a las reglas de la sana crítica, por tanto, es procedente desestimar el presente recurso de casación. Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Interpuesto por la defensa privada. Segundo Motivo. Norma autorizante: Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. Norma sustantiva que se denuncia infringida: Artículo 202 del Código Procesal Penal. Concepto de la infracción: Motivación Contradictoria. Reclamación Ex Ante: Se produce en el acto mismo de sentenciar. Pretensión: Se declare con lugar el motivo el recurso. Establece la recurrente que existe motivación contradictoria, cuando el decisor desarrolla juicios contrapuestos, específicamente presenta una contradicción irreconciliable con el hecho probado cuarto de la sentencia, donde se narra el arreglo extrajudicial de las partes describiéndose que Transportes Múltiples fue el deudor y no FECSA, como puede apreciarse que en el hecho probado descrito parcialmente por narrar en específico el punto de interés, en ningún momento el imputado manifestó que FECSA tenía una deuda con el señor Sergio Aníbal Núñez; de forma contradictoria el Tribunal en la fundamentación jurídica refiere una simulación del arreglo extrajudicial, sin embargo ello contradice la valoración de la prueba específicamente la de una copia fotostática del testimonio numero 82, donde esgrime: “este instrumento cuenta con la fe pública de un notario, que nos ubica en un espacio de tiempo determinado, que efectivamente ese acuerdo si existió. También establece que existe contradicción con los hechos probados, donde con certeza positiva da cuenta de la existencia de tal deuda, como quedo acreditado en el hecho probado cuarto de la sentencia, entonces vemos que contradictoriamente se habla de una simulación de un arreglo extrajudicial, cuando en la valoración de la declaración del testigo Sergio Aníbal Núñez Flores, se advierte la existencia real de la deuda. También establece que existe contradicción interna en los hechos probados pues son contradictorios entre sí, específicamente los hechos cuarto y quinto de la sentencia, en la que el Juez tiene una errada apreciación del juez atribuyéndole falsedad al acuerdo extrajudicial descrito, por no haberse acreditado documento alguno de la existencia de la deuda, a pesar de describir el mismo que el acreedor recibiría en pago un bien inmueble de FECSA valorado en doscientos mil Lempiras (l.200,000), contradictoriamente el hecho quinto reclama la inexistencia del ingreso en dicho activo (dinero) en los ingresos de FECSA. Concepto de Motivación Contradictoria La Sentencia Judicial, si bien compuesta por varias partes o apartados, constituye toda ella una sola verdad, debiendo entonces guarda coherencia entre cada parte y éstas con el todo. - La sentencia debe de contar con la cualidad de logicidad, de modo que de contener argumentos coherentes, concomitantes y derivados en toda su estructura. La Sentencia, para que se revista de validez, debe de observar una adecuada y suficiente motivación la cual es un producto intelectual de los juzgadores en el que se da a conocer los fundamentos de hecho y de derecho que cimientan cada uno de los pronunciamientos del fallo, constituyéndose una garantía constitucional de fiscalización de legalidad en el ejercicio de la jurisdicción. En la motivación los juzgadores demuestran que han estudiado el conflicto traído a ellos, el cual resuelven dentro del ámbito de la acusación, demuestran cómo ha sido el proceso de valoración de las pruebas conforme al sistema de la sana crítica y demuestran la vinculación de los hechos con normas legales que aplican, seleccionadas por ser las que de manera más propia dictan la pauta de solución al caso concreto. La motivación manifiesta su eficiencia cuando cualquier persona, incluso sin tener conocimiento alguno en la ciencia del derecho, puede saber el por qué el Órgano Sentenciador ha tomado la decisión señalada en el fallo, independientemente si comparte o no dicha decisión, enterándose del camino que siguieron los juzgadores en el razonamiento del caso y a partir del cual se plantearon una serie de argumentos asociantes cuya correspondencia entre si hacen de la sentencia un silogismo categórico coherente. Es tanta la importancia que tiene una debida motivación que el legislador determinó, en el artículo 141 del Código Procesal Penal, sancionar con nulidad las resoluciones que carezcan de una motivación clara y precisa, coherente y consecuente; nulidad que puede ser decretada, como resultado de un recurso de casación por quebrantamiento de las formas procesales, así el artículo 362.3 del mismo cuerpo legal advierte como vicios, entre otros, una Motivación Contradictoria. La cualidad de logicidad, exigida en las actividades particulares como la construcción de los hechos declarados probados (Art. 362.1 cpp) o en el proceso de razonamiento valorativo de la prueba (Art. 362.3), igualmente es exigido como requisito general en la construcción de la sentencia, pues esta como un todo único debe de contener pronunciamientos coherentes y articulados, concomitantes y derivados en toda su estructura. Entonces, se produce vicio in procedendo, conforme lo señala el artículo 362.3 del Código Procesal Penal, cuando la sentencia contenga argumentos judiciales que se contrapongan entre si y que por tanto excluyan sus contenidos, ya sea que los mismos se estén desarrollados en un solo apartado de la resolución, como ser la fundamentación probatoria o la fundamentación jurídica, como cuando dichos argumentos se encuentren en distintas apartados, como ser los que se encuentren en la motivación punitiva y en la parte dispositiva del fallo. Para que el vicio sea atendible la contradicción debe de ser esencial, es pues que se trate de manifestaciones principales que por ser contrapuestas se excluyan mutuamente, dejando un vacío de información sin el cual no sea posible adoptar la decisión.- La consecuencia de que una sentencia contenga motivación contradictoria es su invalidación declarándola nula, por cuanto no puede tener vida jurídica el pronunciamiento de un Tribunal, cuyo sustento son afirmaciones colisionantes, dejando a los justiciables y al público en general, bajo la incertidumbre de cuáles fueron los verdaderos motivos en que se basó para tomar la decisión final. La consecuencia de que una sentencia contenga motivación contradictoria, con planteamientos antagónicos que se excluyen entre sí, es la imposibilidad de definir cuáles de dichos planteamientos es el correcto, o cuáles de ellos apuntalan la decisión adoptada, provocando su validez y consecuentemente la necesidad de declararla nula para que tal vicio sea corregido, por cuanto no puede tener vida jurídica el pronunciamiento de un Tribunal, cuyo sustento es contradictorio, dejando a los justiciables y al público en general, bajo la incertidumbre de cuáles fueron los verdaderos motivos en que se basó para tomar la decisión final. De la procedencia del Recurso de Casación Por Quebrantamiento de Forma en su Segundo Motivo. El recurso no es de recibo. Previo a externar el criterio que merece el recurso a esta Sala de lo Penal, es importante señalar que la sentencia debe contar con la cualidad de logicidad, de modo que debe contener argumentos coherentes, concomitantes y derivados en toda su estructura. Entonces, se produce vicio in procedendo, conforme lo señala el artículo 362.3 del Código Procesal Penal, cuando la sentencia contenga argumentos que se contrapongan entre sí y que por tanto excluyan sus contenidos, ya sea que los mismos estén desarrollados en un solo apartado de la resolución, como ser la fundamentación probatoria o la fundamentación jurídica, como cuando dichos argumentos se encuentran en distintos apartados de la misma sentencia, como ser los que se encuentren en la motivación punitiva y en la parte dispositiva del fallo. La consecuencia de que una sentencia contenga motivación contradictoria es su invalidación debiendo ser declarada nula, por cuanto no puede tener vida jurídica el pronunciamiento de un Tribunal cuyo sustento es contradictorio, dejando a los justiciables y al público en general, bajo la incertidumbre de cuáles fueron los verdaderos motivos en que se baso para tomar la decisión final. La sala de lo Penal examina la sentencia impugnada como un todo, comprobando: A) Preámbulo: se señala que mediante la sentencia se resuelve la causa instruido mediante el proceso especial de acción privada de querella al señor ARISTIDES Soto Alcerro, por el delito de otros fraudes, en perjuicio de la Sociedad Mercantil Fomento a la Educación y la Cultura, S.A. de C.V.; B) Hechos Declarados Probados: En el hecho probado cuarto (F539): “ CUARTO: En fecha once de agosto del año mil novecientos noventa y siete, se otorgó por parte del notario Rolando E. Mejía Cruz, el instrumento número ochenta y dos, siendo los comparecientes los señores Sergio Aníbal Núñez Flores, quien actuó en nombre propio y los señores Arístides Soto Alcerro, como apoderado especial de la Sociedad Mercantil Fomento a la Educación y la Cultura, S.A., de C.V., y el señor Rubén Emilio Castillo Ochoa, quien actuó como Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad Empresa de Transportaciones Múltiples, S.A. para lo cual presentaron la documentación soporte de los cargos que ostentaban en ese momento: y quienes manifestaron libremente ante el notario Mejía Cruz, los señores Soto Alcerro y Castillo Ochoa, que el señor Sergio Aníbal Núñez Flores, en fecha veinticinco de mayo del año mil novecientos noventa y tres, le otorgó un préstamo puente en dólares por una cantidad no determinada, a la sociedad mercantil denominada Empresa de Transportaciones Múltiples S. A, con la finalidad que esta comprara autobuses y le diera servicios a la Metropolítan School, sin presentar en ese acto ningún título valor que acreditara el monto del crédito, pero indicaron los otorgantes que al estar la deuda vencida, el señor Núñez Flores, interpuso acciones judiciales que derivaron en el embargo precautorio ordenado por el Juzgado Primero de Letras de lo Civil de este Departamento, de las cuentas de la Sociedad Mercantil Fomento a la Educación y la Cultura, S.A., de C.V., llegando en ese momento a un acuerdo extrajudicial para poner fin a las acciones judiciales, donde se le cederían al señor Núñez Flores. siete mil varas de tierra, las que serían desmembradas de tres bienes inmuebles que estaban en un solo cuerpo propiedad Sociedad Mercantil Fomento a la Educación y la Cultura, S.A. de C.V., dándole un valor de manera conjunta de doscientos mil lempiras”. El hecho Quinto de los hechos declarados como probados: “QUINTO: En fecha doce de noviembre del año mil novecientos noventa y siete, se otorgó el instrumento número ciento cincuenta y tres ante el notario público Rubén Emilio Castillo Ochoa, de compra y venta de una fracción de terreno de siete mil varas cuadradas propiedad de la Sociedad Mercantil Fomento a la Educación y la Cultura, S.A., de C.V., acto en el que compareció el señor Arístides Soto Alcerro, en su condición de presidente del consejo de administración y apoderado de la misma como vendedor y el señor Sergio A. Núñez Flores, como comprador ambos otorgantes convinieron el precio de doscientos mil lempiras, ingresos que no fueron reflejados en la contabilidad de la empresa para el ejercicio fiscal de ese año.” C) Fundamentación Probatoria: Con respecto a la copia fotostática del testimonio número ochenta y dos; el Tribunal sentenciador a este medio de prueba establece que: “ dejando claro este medio de prueba que las dos sociedades mercantiles eran sujetos jurídicos, que la deuda fue adquirida por la sociedad mercantil Transportaciones Múltiples, y no por la sociedad Fomento a la Educación S.A. de C.V., por lo que se infiere de manera coherente y lógica que el acto realizado por parte el querellado resulto una afectación patrimonial de la sociedad que él representaba, estima el Juzgador que este instrumento cuenta con la fe pública de un notario, que nos ubica en un momento de tiempo determinado, que efectivamente este acuerdo existió, lo que hace que el mismo sea creíble y confiable, además resulta ser eficaz al dársele un precio de doscientos mil Lempiras, por el cual se le ponía fin a una deuda ajena a la sociedad mercantil Fomento a la educación y la Cultura, tal y como se ha venido sosteniendo en este juicio de hecho, no encontrando el juzgador ninguna justificación que ampare el acto por el cual el señor Arístides Soto Alcerro, pagara una deuda que fue adquirida por una persona jurídica diferente a la que él representaba”. Con la certificación Íntegra del testimonio número 153 de fecha 12 de noviembre de 1997, el Tribunal sentenciador en su fundamentación probatoria, estableció: “ En este acto donde se hace la compraventa, entre el querellado y el señor Nuñez Flores, por un monto de doscientos mil Lempiras y como lo dijo el señor Nuñez Flores, en su declaración él les había entregado el dinero mucho antes y el valor era superior pero se daba por bien pagado con esa propiedad, la cual como ya quedo claro pertenecía a una sociedad diferente, a la cual el señor Nuñez Flores, les prestó su dinero, para el juzgador este medio de prueba es creíble y confiable al haber sido emitido por un notario y es eficaz en cuanto prueba la existencia de una compraventa quien fue el vendedor y quién fue el comprador, además está debidamente inscrita en el Instituto de la Propiedad a favor del señor Nuñez Flores” D) Fundamentación Jurídica: En el apartado segundo (F.554) y tercero (F555), los Juzgadores concluyen que la conducta del acusado es típica, antijurídica y culpable en relación al delito en la que fue acusado y que se encuentra vinculado en el preámbulo de la sentencia. En el apartado cuarto de la fundamentación jurídica (F555), el juzgador esta el grado de participación del querellado, estableciendo que se requiere el dominio efectivo del hecho, estima el juzgador que el querellado pudo haber tomado una decisión diferente de manera racional que no afectara el patrimonio de la sociedad que representaba, pero su conducta es reprochable ante la afectación que provoco su decisión la cual estuvo revestida en todo momento de dolo siendo las partes integrantes de este conocimiento y la voluntad, la que se traduce en simular en un contrato que la sociedad Fomento a la educación y la Cultura, mantenía una deuda con el señor Sergio Aníbal Nuñez Flores, cuando él sabía que los fondos los uso la sociedad Transportaciones Múltiples, y aun teniendo claro ese extremo asumió un acuerdo extrajudicial con el señor Nuñez Flores, para luego perfeccionarlo en una escritura de compraventa, donde se establece que se pagó un monto de doscientos mil Lempiras, los cuáles nunca ingresaron a la contabilidad de la sociedad mercantil tal y como se ha declarado en esta sentencia. En la fundamentación Jurídica Quinta (F555), de manera específica enmarcan la conducta del querellado en el tipo penal, y en la que establece que la conducta realizada por el querellado no se encuentra cubierta por una causa de justificación, que excluya la antijuricidad y por ende, que descarte la responsabilidad penal. En la fundamentación jurídica sexto, séptimo, octavo, establece el juzgador estableciendo la congruencia entre la acusación y la sentencia, la pena que debe imponérsele al autor del delito consumado y la pena que deberá aplicarse por ese delito. En el apartado Noveno, establece la audiencia de determinación de la pena concreta, y en el apartado decimo, establece las penas accesorias y el apartado undécimo, determina las costas del Juicio. E) Parte Resolutiva: En los apartados primero, segundo y tercero (F 557 vuelto) se declara la responsabilidad penal y civil del acusado Arístides Soto Alcerro; en el apartado cuarto las costas del juicio y el apartado quinto el comiso. En este sentido, no encuentra esta Sala de lo Penal que el vicio en la cual la recurrente establece sea de carácter esencial ya que las mismas no se contraponen ni se excluyen entre sí, ya que la decisión a la que ha llegado el juzgador no crea un vacío en cuanto a la información proporcionada en todo su contexto la sentencia. La sentencia cuenta con la cualidad de logicidad, de modo que contiene argumentos coherentes, concomitantes y derivados en toda su estructura. Pues de la lectura del mismo se establece que: Que el querellado Arístides Soto Alcerro realizó un arreglo extrajudicial en un instrumento público, sobre una deuda que fue adquirida por la sociedad mercantil Transportaciones Múltiples, S.A, la cual pagó con siete mil varas cuadradas de tierra, que pertenecían a un bien inmueble de la sociedad mercantil Fomento a la Educación y la Cultura, S.A de C.V., de la cual él era el presidente del consejo de administración y en la que otorgó para ello una escritura pública de compraventa con el señor Sergio Aníbal Nuñez Flores, quién fue la persona que le había prestado el dinero al querellado y otros socios de la sociedad mercantil Transportaciones Múltiples, S.A, quienes también eran socios de la sociedad mercantil Fomento a la Educación y la Cultura, por un valor de Doscientos Mil Lempiras, monto que no fue reflejado ni en el estado de resultado ni en el balance general de la sociedad en el año 1997. Tal motivo casacional debe de ser desestimado en virtud de que no existe contradicción jurídica entre la fundamentación jurídica y la valoración probatoria, ni contradicción entre si con la valoración de la prueba. Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Interpuesto por la defensa privada. Tercer Motivo. Norma autorizante: Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. Norma sustantiva que se denuncia infringida: Artículo 362 numeral 3 en relación al 338 regla cuarta numeral 2 y 141 del Código Procesal Penal. Concepto de la infracción: La sentencia no contiene una fundamentación fáctica suficiente o completa. Reclamación Ex Ante: Se produce en el acto de redacción de la sentencia. Pretensión: Se declare con lugar el motivo el recurso. Establece la recurrente que la sentencia objeto de recurso incurre en un vicio latente pues no contiene una fundamentación fáctica suficiente o completa, plasmada adecuadamente en la prueba, al no realizar el tribunal un ejercicio intelectivo en conjunto sobre toda la prueba, por ende, la explicación de las conclusiones que de manera global se extraen de ellas. Este vicio fácilmente se puede apreciar en el acápite de descripción de la prueba, donde no se hace una fundamentación intelectiva de cada medio de prueba; siendo hasta el acápite de valoración conjunta de la prueba, donde se realiza esta valoración intelectiva de cada prueba, explicando las razones de valoración o desvaloración de cada una de ellas, es decir un individual de esta. De la Motivación En procura de dar respuesta a lo planteado, es imperativo definir que es motivación y de ello poder deducir cuando hay carencia de motivación o insuficiencia de motivación. El artículo 141 del Código Procesal Penal señala, que la motivación es la expresión de los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa una resolución judicial, y en el caso particular de las sentencias, de las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido. El artículo citado establece como antagónico al concepto de motivación la simple relación de las actuaciones que se hayan realizado en el proceso, la mención de los requerimientos o petitorias formuladas por las partes o sus apoderados legales o la cita o transcripción de preceptos legales. Ampliando lo anterior, la Sala de lo Penal, hace eco al Código Iberoamericano de Ética Judicial, el que en su Capítulo III de la Parte I, señala que la obligación de motivar las decisiones se orienta a asegurar la legitimidad del Juez/a, el buen funcionamiento de un sistema de impugnaciones procesales, el adecuado control del poder del que los jueces son titulares y, en último término, la justicia de las resoluciones judiciales; señala que motivar es expresar, de manera ordenada y clara, razones jurídicamente válidas, aptas para justificar la decisión, indica que una decisión carente de motivación es una decisión arbitraria. El Código Iberoamericano de Ética Judicial además establece, que el deber de motivar adquiere una intensidad máxima en relación con decisiones privativas o restrictivas de derechos, o cuando el Juez/a ejerza tienen un poder discrecional; recalca que el juez(a) debe motivar sus decisiones tanto en materia de hechos como de Derecho: 1. En materia de hechos: debe proceder con rigor analítico en el tratamiento del cuadro probatorio, debe mostrar en concreto lo que aporta cada medio de prueba, para luego efectuar una apreciación en su conjunto; 2. En materia de Derecho: no puede limitarse a invocar las normas aplicables, especialmente en las resoluciones sobre el fondo de los asuntos, sino que debe de señalar por qué una norma legal debe de regir un caso concreto. Añade el Instrumento Jurídico citado que la motivación debe extenderse a todas las alegaciones de las partes, o a las razones producidas por los jueces que hayan conocido antes del asunto, siempre que sean relevantes para la decisión a tomar. En todos los casos, las motivaciones deben estar expresadas en un estilo claro y preciso, sin recurrir a tecnicismos innecesarios y con la concisión que sea compatible con la completa comprensión de las razones expuestas. En resumen, la motivación debe de observar las siguientes características: Expresa, Clara, Completa, Legitima Y Respetuosa De La Sana Critica. Ahora bien, ordena el artículo 141 del Código Procesal Penal, que las sentencias deberán de ser debidamente motivadas, redactadas conforme lo establece el artículo 338 del mismo cuerpo legal, así pues, la falta de una motivación Completa se traduce en el vicio in procedendo de insuficiente motivación y la falta de una motivación Expresa, se traduce en el vicio in procedendo de Carencia de Motivación, provocando ambas situaciones la nulidad de la sentencia (La motivación Legítima y Respetuosa de la Sana Crítica está asociado con el Motivo de Casación distinto al que se resuelve en esta oportunidad, contenido en el artículo 362.3 del Código Procesal Penal). Es importante recordar que las sentencias son la forma de comunicación entre el Juez/a y la sociedad, en donde el primero rinde cuentas al segundo de la autoridad que se le ha confiado, también la sentencia es la forma como el Juez/a defiende la validez y vigencia del derecho objetivo, aplicando éste al caso concreto que es disputado, finalmente la sentencia concluye un conflicto surgido de la inobservancia de la ley, pronunciándose sobre las pretensiones antagónicas –condenatoria y absolutoria- que le han presentado las partes. Con lo expresado es posible derivar cuando existe insuficiencia de motivación fáctica o jurídica y cuando tales motivaciones son totalmente carentes: 1. Carencia de Motivación Fáctica o Jurídica: Acontece cuando la sentencia no posee ninguna motivación fáctica o ninguna motivación jurídica, es decir, es la total omisión de fundamento probatorio o jurídico y con ello se produce el desconocimiento de las partes y del público en general, del por qué los juzgadores tomaron la decisión final, convirtiendo el pronunciamiento en arbitrario; 2. Motivación Fáctica o Jurídica Insuficiente: Se presenta en los casos en que los Juzgadores hacen un esfuerzo limitado en razonar su decisión y por ende no sea posible con la lectura de la sentencia, retomar los pasos seguidos por los Juzgadores, develar sus razonamientos y análisis, que desembocaron en los pronunciamientos del fallo. Son ejemplos de éste vicio, cuando se hace una descripción de los medios de prueba, mas no se consigna el proceso de valoración intelectivo, cuando dicha valoración se limita a manifestar que tal o cual prueba merece crédito o no merece crédito, sin expresar las razones de dicha conclusión o cuando en la fundamentación jurídica solo se hace la cita de las normas legales o se transcriben las mismas, sin ninguna explicación del por qué éstas están vinculadas al caso concreto y del por qué, en su caso, las normas invocadas por las partes no son aplicables. La Insuficiencia de Motivación también se presenta cuando los Juzgadores, en la individualización de la pena concretan, no justifican la necesidad de la aplicación de la pena a imponer y su extensión (Art. 2-D del Código Penal). De la procedencia del Recurso de Casación Por Quebrantamiento de Forma en su Tercer motivo. El recurso no es de recibo. En la sentencia que hoy se estudia, se aprecia que existe una descripción de cada uno de los medios de prueba aportados en juicio oral y público tanto de la acusación privada como de la defensa privada; se aportó como A) prueba testifical: 1) declaración testifical del señor José Salvador Pineda Pineda; 2) Declaración testifical del señor Rubén Emilio Castillo Ochoa (en común con la defensa privada); 3) Declaración testifical del señor Sergio Aníbal Núñez Flores (en común con la defensa privada); 4) declaración testifical de la señora Laura Elena Núñez Flores; B) como prueba documental: 1)Testimonio de Escritura Pública número 14 de fecha 07 de abril de 1987 (constitución de la Sociedad Mercantil Fomento a la Educación y a la Cultura, S.A de C.V.); 2) certificación íntegra del testimonio número 29 de fecha 20 de julio 1990 (La compra y venta de un inmueble); 3) certificación íntegra del testimonio número 67 de fecha 10 de julio 1995; 4) Certificación íntegra del testimonio número 153 de fecha 12 de noviembre de 1997 (donde se hace la compra y venta del inmueble); 5) testimonio de escritura Pública número 19 de fecha 3 de mayo 1993 (constitución de la Sociedad Mercantil Empresa de Transportes Múltiples, S.A.); 6) Testimonio de Escritura Pública número 119 de fecha 21 de marzo de 2013; 7) Constancia de fecha 3 de abril de 2014 (emitida por el Secretario del Consejo de Administración de la Sociedad Fomento a la educación y la Cultura, S.A. de C.V.); 8) Certificación emitida por el Secretario de la Sociedad Fomento a la educación y la Cultura S.A. de C.V. de fecha 3 de abril 2014; 9) copia fotostática del testimonio número 82 de fecha 11 de agosto de 1997 (medio de prueba común con la defensa); 10) Informe del Presidente de la Asamblea de Accionistas de fecha 21 de marzo de 1988; C) como prueba pericial: 1) Dictamen pericial (ratificado por el Licenciado José Luis Zelaya Perdomo). La defensa privada, ofertó como pruebas documentales: 1) Testimonio de escritura número 64; 2) Copia fotostática del testimonio de Escritura Pública número 59. Ante lo denunciado por el recurrente, esta Sala de lo Casación procedió a realizar una revisión exhaustiva a la sentencia recurrida y no encuentra que el Juzgador haya incurrido en motivación fáctica insuficiente. Recordemos que la sentencia penal debe verse como un todo armónico, no solo debe observarse la valoración de un determinado medio de prueba, sino que la valoración y la motivación debe realizarse de forma conjunta y armónica. Al revisar la valoración de las declaraciones testificales tanto de la acusación privada como de la defensa privada, el Tribunal Sentenciador establece que en la valoración del señor José Salvador Pineda Pineda, hace concluir de manera razonable que el testigo junto con el querellado y dos de los testigos Rubén Emilio Castillo y la señora Laura Nuñez Flores, son parte de los socios fundadores de la Sociedad Fomento a la educación y ala Cultura, S.A de C.V, estableciendo que su testimonio es creíble por cuanto hay medios documentales expedidos por Notarios que reafirman sus dichos, también existen actas de asambleas debidamente protocolizados que dan fe de algunos de los hechos expuestos por el testigo, también su relato es coherente a la luz del legajo probatorio, tanto de cargo como de descargo, resulta ser eficaz al poder corroborar su versión con la prueba documental y de igual forma con la prueba testifical. Con el testimonio del señor Rubén Emilio Castillo Ochoa, el Juzgador en su valoración estableció de manera coherente que las sociedades eran diferentes, que él era socio en ambas, además de ser el Notario Público que autorizó el traspaso de un bien inmueble, acto que fue hecho por el señor Arístides Soto Alcerro, el relato del testigo se pudo corroborar con parte de la prueba documental consistente en una serie de copias fotostáticas debidamente autenticadas de Instrumentos Públicos, en los cuales se documentó el traspaso del bien inmueble por parte del señor Arístides Soto Alcerro, como Presidente de Fomento a la educación y a la cultura, rol que efectivamente quedo plasmado el desempeño en ambas sociedades mercantiles. Con el testimonio del señor Sergio Aníbal Núñez Flores, el Juzgador en su valoración establece que su declaración es creíble y confiable no se advierte de parte del testigo el deseo de modificar o tergiversar los hechos sucedidos en este caso, es eficaz en términos probatorios debido a que existen dos escrituras una que recoge un acuerdo conciliatorio y la segunda una compraventa, por lo que sus dichos tienen respaldo. Con el testimonio de la señora Laura Elena Núñez Flores, el juzgador estableció en su valoración: de forma razonable que esa explicación no justifica la decisión tomada en el marco de un supuesto acuerdo de socios debido a que tampoco hay un acta de asamblea, que indique que eso sucedió donde autoriza al señor Arístides Soto Alcerro, como presidente del Consejo de Administración de la Sociedad Fomento a la Educación y a la Cultura, S.A. de C.V. a traspasar siete mil varas cuadradas, pudiendo concluir el juzgador que los argumentos ofrecidos por la testigo Laura Elena Núñez Flores al igual que lo dicho por el señor Rubén Emilio Castillo Ochoa, no son suficientes para justificar su accionar junto al querellado de dar en pago un lote de terreno de la sociedad Fomento a la Educación. En cuanto a la prueba documental como es la Escritura Pública número 14 de fecha 7 de abril de 1987, las certificaciones de los asientos número 79 del tomo 1994 y 55 del tomo 2305 , en este sentido el juzgador los valoró como creíble y objetivamente confiable al haber sido autorizado por un Notario Público, eficaz por un lado porque demuestra el nacimiento de una persona jurídica al estar debidamente inscrita en el registro de comerciantes sociales, por otro lado el juzgador considera que se estableció que efectivamente la sociedad antes mencionada pacto con la señora Soto Fernández, la venta de los terrenos que adquirió la sociedad y que en la actualidad le pertenecen y en la que esta prueba no ha presentado controversia; con la certificación íntegra del testimonio número 153 de fecha 12 de noviembre de 1997, esta valoración la compara con la declaración del señor Sergio Núñez Flores, en la que manifiesta que él les había entregado el dinero mucho antes y el valor era superior pero se daba por bien pagado con esa propiedad, para el juzgador este medio de prueba es creíble y confiable al haber sido emitido por un Notario y es eficaz en cuanto prueba la existencia de una compraventa quien fue el vendedor y quien fue el comprador, además de estar debidamente inscrita en el Instituto de la Propiedad a favor del señor Nuñez Flores. Con la certificación de la Escritura Pública, número 19,autorizado por el Notario Virgilio Fortín, de fecha 3 de mayo de 1993,este medio de prueba se le valoro intelectivamente en la que se deja claro quienes fueron sus socios fundadores, cuál es su rubro comercial, su capital, sus estatutos y cuyo presidente recayó en el Abogado y Notario Rubén Emilio Castillo Ochoa, estableciendo que es creíble cuenta con la fe notarial pública, al estar registrada debidamente la sociedad mercantil, es eficaz y deja claro que esta era una persona jurídica totalmente diferente d la sociedad Fomento a la educación y a la Cultura, y era legitima dueña de la propiedad con la el querellado Arístides Soto Alcerro, le pago una deuda contraída por Transportaciones Múltiples, al señor Sergio Aníbal Nuñez Flores. Certificación emitida por el secretario Fomento a la educación y la Cultura, S.A. de C.V., de fecha 3 de abril de 2014, este medio está en consonancia con la certificación que antecede (protocolización mediante testimonio de la Escritura Pública número 119), estimando el juzgador que este es un medio de prueba creíble y confiable que de manera más amplia detalla lo sucedido en esa ocasión, como Presidente del consejo de Administración de la sociedad Fomento a la educación y la Cultura, transfirió un bien inmueble a favor del señor Sergio Aníbal Núñez, por una deuda de la sociedad Transportaciones Múltiples. Con la copia fotostática del testimonio número 82, de fecha 11 de agosto de 1997, que contiene un arreglo extrajudicial sobre una deuda en dólares de la que no fijó el monto, entre los señores Arístides Soto Alcerro, Rubén Emilio Castillo Ochoa, ambos en representación de Fomento a la Educación y a la Cultura, así como de Transportaciones Múltiples, en la valoración intelectiva nos ubica en un momento de tiempo determinado, que efectivamente este acuerdo existió, lo que hace que el mismo sea creíble y confiable, además resulta ser eficaz al dársele un bien inmueble de siete mil varas cuadradas, por el precio de doscientos mil Lempiras (l.200,000.00), por el cual se le ponía fin a una deuda ajena a la sociedad Fomento a la educación y la Cultura, no encontrando el juzgador ninguna justificación que ampare el acto por el cual el señor Arístides Soto Alcerro, pagara una deuda que fue adquirida por una persona jurídica diferente a la que él representaba. El informe del Presidente de la asamblea de Accionistas de fecha 21 de marzo de 1988, en el cual el señor Arístides Soto, expuso una serie de situaciones propias de la administración que él representaba y en el que reconoce por parte de este que al señor Aníbal Núñez Flores, se le adeudaba una suma aproximada de (l.1,800,000.00), estableciendo el juzgador en su valoración intelectiva que este medio de prueba es creíble y confiable por cuanto se puede corroborar con los diferentes testimonios de escritura que ya fueron descritos y valorados en este apartado, como ser: un arreglo extrajudicial entre el señor Núñez Flores y los representantes de FECSA y Transportaciones Múltiples., donde se acordó hacer el pago con la tierra de la sociedad Fomento a la Educación y Cultura, también se relaciona con la escritura de compraventa efectuada por parte del querellado y el señor Núñez Flores. Con la prueba pericial consistente en el análisis contable, hecho por el Licenciado José Luis Zelaya, misma que fue interrogado por las partes, estableciendo en su valoración intelectiva, que es una prueba eficaz para demostrar el perjuicio que le causo ese acto desplegado por parte del señor Arístides Soto Alcerro, al pagar una deuda que se demostró con prueba suficiente que era entre la sociedad Transportaciones Múltiples, y el señor Sergio Aníbal Núñez Flores y no de la sociedad Fomento a la educación y la Cultura, S.A. de C.V. y el señor Núñez Flores. Los testimonios de escritura número 64 de fecha 10 de diciembre de 1993, otorgada por el Notario Rubén Emilio Castillo Ochoa y la copia fotostática del testimonio de Escritura Pública número 59, de fecha 15 de julio de 1998, autorizado por el Notario Nelson D. Mairena, estableciendo el juzgador en su valoración estableciendo en la primera estableciendo que este medio de prueba no es suficiente y resulta ineficaz para considerar que el querellado estaba amparado, para realizar el acto por el que fue llamado a juicio; referente al segundo, el juzgador lo valoro intelectivamente que es un medio creíble y confiable que cuenta con la fe notarial, que no deja duda que el señor Arístides soto Alcerro, fue la persona que como Presidente del concejo de Administración de la sociedad Fomento a la Educación y la Cultura, transfirió una fracción de terreno a favor del señor Aníbal Núñez, en lo referente al resto de la información que recoge el documento el mismo versa sobre situaciones que no se dieron dentro de una asamblea de la sociedad mercantil , la misma no es una prueba suficiente para que se tenga por justificado el actuar del querellado. La Sala concluye que, el ejercicio intelectivo ha sido realizado correctamente por el juzgador, pues armónicamente ha vinculado las declaraciones testificales, las pruebas documentales y el dictamen pericial, correspondiéndose mutuamente todos los medios de prueba, de tal forma que se denota su eficacia probatoria colegida de las inferencias lógicas del Tribunal de instancia. En consecuencia, son lógicos y razonables los raciocinios del sentenciador, por ello procede declarar Sin Lugar el presente motivo de casación. Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Interpuesto por la defensa privada. Cuarto Motivo. Norma autorizante: Artículo 362 numeral 1 del Código Procesal Penal. Norma sustantiva que se denuncia infringida: Artículo 362 numeral 1 en relación al 338 regla cuarta numeral 1del Código Procesal Penal. Concepto de la infracción: Adolecer de hechos probados contradictorios. Reclamación Ex Ante: Se produce en el acto de redacción de la sentencia. Pretensión: Se declare con lugar el motivo el recurso. Establece la recurrente que en los hechos tenidos como probados, el tribunal incurre en contradicciones internas en su construcción, ello porque, los hechos probados cuarto y quinto de la sentencia presentan afirmaciones que se niegan entre sí, a pesar de la obligatoriedad de que los mismos deben ser descritos con claridad, precisión y coherencia. Manifiesta la recurrente que en el hecho probado cuarto se enuncia parra llegar a un arreglo extrajudicial entre las dos sociedades, no se presentó ningún título valor con el cual se acreditara el monto de crédito, dejando entrever que la deuda no existía, sugiriendo simulación es este aspecto, estableciendo además que en el mismo hecho cuarto, se describe un acuerdo extrajudicial donde se comprometen a cederle al señor Nuñez Flores siete mil varas de tierra, cuya propiedad pertenece a FECSA, dándole un valor de manera conjunta de doscientos mil Lempiras. Sigue manifestando la recurrente que en el hecho quinto el tribunal relaciona la compraventa de dicho inmueble en un acto notarial, donde el imputado como vendedor y el señor Nuñez Flores como comprador convinieron en el precio de doscientos mil Lempiras, sin embargo, el sentenciador contradictoriamente al arreglo descrito en el hecho cuarto, relacionada que dichos ingresos no fueron reflejados en la contabilidad de la empresa para el ejercicio fiscal de ese año. De los Hechos Probados de la Sentencia Los hechos probados son el relato histórico respeto a los acontecimientos que están siendo debatidos; Es una descripción, donde los Juzgadores hacen un recuento cronológico, ordenado, claro y terminante de lo que aconteció, el cual es extraído a partir de la valoración de los medios probatorios reproducidos en la audiencia de debate; Los hechos probados podrán ser elaborados conforme al estilo de sus redactores, pero siempre deberán de determinar aspectos básicos como tiempo, lugar, identificación de las personas que participan, los hechos objeto de debate y, en su caso, el resultado del acontecimiento; Es a partir de los hechos probados que los Juzgadores determinan la norma legal aplicable al caso y de allí su imperativa importancia. Por lo anterior el artículo 338 del Código Procesal Penal manda que los hechos probados deberán estar dispuestos en párrafos separados y numerados, con la consignación expresa y terminante de los hechos que lograron probarse en la audiencia de debate, descrito en forma clara, precisa y coherente, sin utilizar en ellos conceptos que por su exclusivo carácter jurídico puedan predeterminar el fallo que haya de dictarse. Se desprende de la citada norma que los hechos probados deben reunir los siguientes requisitos: 1. Requisitos De Forma: Hechos probados debidamente separados y numerados, de conformidad a la complejidad del relato y la exposición de ideas; y 2. Requisitos De Fondo: a. Claros: “… la falta de Claridad de los hechos probados se da cuando los juzgadores los redactan entre otros casos utilizando términos ambiguos, oscuros, incompletos o confusos que imposibilitan su comprensión” (Ver Sentencia de fecha 15 de Diciembre del 2010 en el Exp 377-2008), “…supone la confusión, redacción dubitativa e imprecisión de tal forma que por su insuficiencia u oscuridad, no conduzcan al lector a una conclusión precisa del hecho” (Ver Sentencia de fecha 28 de Octubre del 2010 en el Exp 129-2009); b. Terminantes: “…Los hechos probados se consideran no terminantes cuando se pone de manifiesto alguna indecisión de parte del Tribunal como cuando emplea algunas afirmaciones tales como “posiblemente”, “casi seguro” u otras similares que no impliquen la concreción segura del relato, en ese sentido…” (Ver Sentencia de fecha 13 de abril del 2011, en el Exp 250-2009); y c. Coherentes: Exige armonía interna del hecho desde el punto de vista lógico, la incoherencia “…implica un relato fáctico inconciliable o contradictorio entre sí, de modo que la afirmación de un hecho implique la negación de otro, es un vicio atacable solo dentro del factum de la resolución dirigido a la contradicción in términos…”. (Sentencia de fecha 25 de noviembre de 2010 en el Exp. No. 920-2009). Siguiendo a Fernández de la Reguera[19], esta Sala de lo Penal señala que se requerirá como requisitos para declarar como faltos de claridad, terminación o coherencia los hechos probados, los siguientes: 1. Que el contexto de la narración fáctica se aprecie incomprensión de lo que se quiso manifestar debido a: Utilización de frases ininteligibles, omisiones, empleo de juicios dubitativos o por ser los hechos probados la mera descripción del resultado de las pruebas sin el acompañamiento del razonamiento del Tribunal de Sentencia, razonamiento que no debe de entenderse como valoración probatoria, sino como aquellas afirmaciones conclusivas arribadas a partir de la prueba y que reproduzcan el hecho histórico; 2. Que la falencia no permita subsumir los hechos en el ámbito situacional de la norma penal sustantiva que se ha aplicado, impidiendo determinar si los hechos son o no constitutivos de delito, determinar la clara participación de los acusados en dichos hechos o si concurren circunstancias que excluyen la conducta, causas de atipicidad, causas de justificación, causas de inculpabilidad, causas de inimputabilidad o causas absolutorias de la pena, ello cuando se trate de sentencias absolutorias basadas en alguna de ellas; 3. Que esa falta de entendimiento o incomprensión provoque un vacío o laguna en el relato histórico de los hechos; 4. Que tomando únicamente como base los hechos probados, el Tribunal de Sentencia haga un relato colisionante, con afirmaciones excluyentes entre sí, de modo de no poder saber cómo ocurrió el hecho histórico; y 5. Que el Censor, en el planteamiento del motivo, identifique con acierto la sección de los hechos probados que estima como faltos de claridad, terminación o coherencia. De la procedencia del Recurso de Casación Por Quebrantamiento de Forma en su Cuarto Motivo. El recurso no es de recibo. Establece la recurrente que en los hechos tenidos como probados, el tribunal incurre en contradicciones internas en su construcción, ello porque, los hechos probados cuarto y quinto de la sentencia presentan afirmaciones que se niegan entre sí, a pesar de la obligatoriedad de que los mismos deben ser descritos con claridad, precisión y coherencia. En cuanto al hecho probado número cuarto de la sentencia, el mismo establece la fecha (11 de agosto de 1997), el número de instrumento (Instrumento número 82), el notario que lo realizó (Notario Rolando E. Mejía Cruz), estableciendo las partes comparecientes del mismo y su representación ( comparecieron los señores Sergio Aníbal Núñez Flores, quién actuo en nombre propio; Arístides Soto Alcerro, como apoderado especial de la sociedad mercantil Fomento a la Educación y la Cultura, S.A de C.V y Rubén Emilio Castillo Ochoa, quién actuó como Presidente del Consejo de Administración de la sociedad Empresa de Transportaciones Múltiples, S.A.); los motivos por los cuales se suscribió dicho documento ( en fecha 25 de mayo de 1993, le otorgó un préstamo puente en dólares por una cantidad no determinada, a la sociedad Empresa de Transportaciones Múltiples, S.A, con la finalidad que esta comprara autobuses y le diera servicio a la Metropolitan School, sin presentar en este acto ningún título valor que acreditara el monto del crédito),las acciones que se dieron a causa del incumplimiento de la deuda , indicaron los otorgantes que al estar vencida la deuda, el señor Núñez Flores, interpuso acciones judiciales en el embargo precautorio a la sociedad mercantil Fomento a la educación y la Cultura, S.A de C.V.), el arreglo extrajudicial que suscribieron y el concepto por el cual consistía dicho arreglo extrajudicial (para poner fin a las acciones judiciales, se le cederían al señor Núñez Flores, siete mil varas de tierra, las que serian desmembradas de tres bienes inmuebles que estaban en un solo cuerpo propiedad de Fomento a la educación y la Cultura, S.A de C.V., dándole un valor de manera conjunta de doscientos mil Lempiras). En cuanto al hecho probado número quinto de la sentencia, en el que s refiere a la compraventa del terreno, el mismo se establece la fecha (12 de noviembre de 1997), el número de instrumento (Instrumento número 153), Notario que lo realizó (Notario Rubén Emilio Castillo Ochoa), concepto del instrumento ( compra y venta de una fracción de terreno de siete mil varas cuadradas), a quién pertenece dicho terreno (Sociedad Mercantil Fomento a la Educación y la Cultura, S.A. de C.V.), los comparecientes (señor Arístides Soto Alcerro, en su condición de Presidente Consejo de Administración y apoderado de la misma como vendedor y el señor Sergio A. Nuñez Flores, como comprador), el precio del terreno (convinieron el precio de doscientos mil Lempiras), y la consecuencia (ingresos que no fueron reflejados en la contabilidad de la empresa para el ejercicio fiscal de ese año). La Sala de lo Penal, ha revisado los hechos declarados probados contenidos en la sentencia objeto de casación, en la que se aprecia su comprensión, lo que quiso manifestar, no utilizando frases ininteligibles u omisiones, no utiliza el empleo de juicios dubitativos, arribando a afirmaciones y conclusiones arribadas a partir la prueba evacuada en juicio, las cuales reproducen el hecho histórico, permite además subsumir los hechos en el ámbito situacional de la norma penal sustantiva, la participación del acusado, en este sentido el sentenciador ha hecho un relato del hecho histórico claro no excluyente entre sí, en forma clara y coherente, por ende no le asiste razón a los Recurrentes en su denuncia. DECISION No ha lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, en su único, interpuesto por la defensa Privada, como parte recurrente. No ha lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley, en sus dos motivos, interpuesto por la defensa privada, como parte recurrente. No ha lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, en sus cuatro motivos, interpuesto por la defensa privada, como parte recurrente. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 360, 361 y 362 numerales 1, y 3 del Código Procesal Penal Falla: Primero: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo. Segundo: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en sus dos motivos. Tercero: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en sus cuatro motivos. Todos interpuestos por la Abogada Ritza Yolanda Antunes Reyes, actuando en su condición de defensora privad del acusado Arístides Soto Alcerro. Cuarto: Declara Firme y Ejecutable la sentencia de fecha once de septiembre de dos mil veinte, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, que contiene el pronunciamiento condenatorio en contra del señor Arístides Soto Alcerro por el delito de Estafas Impropias, en perjuicio de la sociedad mercantil Fomento a la Educación y la Cultura, S.A. de C.V., a la pena de tres (3) años de prisión. Y MANDA: A efecto de que se acate lo mandado, la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas en única instancia, deberá devolver los antecedentes del caso al tribunal de justicia de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento. NOTIFÍQUESE. Alma Consuelo Guzmán García. magistrada coordinadora. Jose Olivio Rodríguez Vásquez. Magistrado. Rafael Bustillo Romero. Magistrado. José Ramón Cruz Ferrera. Secretario Actuante. Sala de lo Penal.”.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve días del mes de marzo del año dos mil veintidós. Certificación de la sentencia de fecha once de noviembre del año dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-90-2021.
JOSÉ RAMÓN CRUZ FERRERA
SECRETARIO ACTUANTE
SALA DE LO PENAL
[1] Constituyendo un derecho humano al estar reconocido en el articulo 9 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos
[3] Vid. Calix Hernandez, Jacobo, el Debido Proceso y Las Garantías del Imputado, Editorial Guaymuras Tegucigalpa, 2019. Pág. 85.
[4] Corte IDH. Caso Ricardo Canese Vs. Paraguay, Sentencia de 31 de agosto de 2004, párrafo. 178.
[5] Ibid, párrafo 179. (la negrita es agregada)
[6] De acuerdo con el Diccionario de la Lengua Española, 2019. El termino integral que significa que: “Comprende todos los elementos o aspectos de algo”. Conjunto significa: “Unido o contiguo a otra cosa”
[7] Vid, sentencia de casación penal 174-2010, de 30 de julio de 2012
[8]Coa ha señalado la jurisprudencia de la Sala de lo Penal: “Este tipo de comportamientos tienen carácter penal en tanto que el engaño es inicial y causante de un acto dispositivo que da lugar a un perjuicio”. Sentencia CP 110-2009, de fecha 24 de enero de 2012. (la negrita es agregada)
[9] Derecho Penal Parte General, Muñoz Conde, Francisco y García Harán Mercedes, Tirant lo Blanch, 2008, pág. 72.
[10]Vid. Bustos Ramírez, Juan y Hormazábal, Hernán, Nuevo Sistema de Derecho Penal, Editorial Trotta, Madrid, 2004, pág. 34
[11] Vid párrafo segundo en sus líneas 11-14 de arriba abajo.
[12] Como bien ha señalado la sala de lo Penal en su jurisprudencia las reglas de la sana critica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor de forma arbitraria, antojadiza o subjetiva. Sentencia de fecha 20 de octubre del 2011, Exp. 194-2009.
[13] Vid sentencia, pág. 35 último párrafo en sus renglones 5, 6 y 7 de abajo hacia arriba.
[14] Vid sentencia SP 65- 2010 del 18 de octubre del 2012
[15] Vid sentencia de casación penal S.P. 194-2009 de fecha 30 de noviembre del 2001; S.P. 297-09, de fecha 30 de noviembre del 2011, también en ese sentido la sentencia S.P. 360-09 de fecha 20 de octubre del 2011 y S.P. 385-09 de fecha 05 de abril del 2011.
[16] Talavera Elguera. Pablo, LA SENTENCIA PENAL EN EL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL Su estructura y motivación, Neva Studio S.A.C., Cooperación Alemana al Desarrollo, Primera Edición, 2010. Página 53-60.
[17] Ruiz Antón, Luis Felipe. El principio de irretroactividad de la Ley Penal en la Doctrina y la Jurisprudencia. Ponencia presentada en las Primeras Jornadas de Protección Jurisdiccional de los Derechos Fundamentales y Libertades Públicas. Marzo 1989. Pg 155
[18] Ferrara Francisco. La Simulación en los Negocios Jurídicos. Editorial Revista de Derecho Privado. Madrid. 1960.
[19] Fernández de la Reguera, Ángel Llorente, en Cuadernos de Estudios Judiciales “Rafael Alvarado Manzano”, Los Recursos; Litocom S. de R.L. de C.V.; Tegucigalpa, Honduras, abril de 2011.- pág. 118
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