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Sentencia CP-89-18 — Registro 12435

Resumen

En primera instancia se absolvió al imputada por el delito de Apropiación Indebida por Otros Fraudes. resolviendo en segunda instancia Ha Lugar el recurso de casación.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"... DE LA PROCEDENCIA DEL PRIMER MOTIVO. - EL PRIMER MOTIVO ES DE RECIBO.- Ha analizado cuidadosamente la Sala de lo Penal el recurso de casación que ha interpuesto el Querellante, en el cual denuncia quebrantamiento de forma, oponiendo como motivo la indebida exclusión por supuesta ilicitud del informe especial de auditoria sobre la gestión de la administradora única de A&P de Honduras S.A., Señora Gabriela María Bardales Madrid, hecho por la empresa Arita y Asociados S. de R.L. de las gestiones realizadas por aquella entre el 01 de enero de 2014 al 30 de noviembre de 2015 (en adelante informe de auditoría); quebrantamiento que efectivamente ocurrió como consecuencia de una serie de criterios equívocos en que incurrieron los señores jueces de sentencia sobre los alcances de la ley procesal. El primer equivoco del tribunal de sentencia es haber admitido y dado tramite a un incidente de nulidad por ilicitud planteado por la parte querellada en la audiencia de debate (f.242), en contra del medio de prueba informe de auditoría, basado en que éste se elaboró sin su intervención y como consecuencia produciendo una supuesta violación al derecho de defensa contenido en el artículo 82 de la Constitución de la República; incidente que, en base a tales términos, no se funda en ningún hecho nuevo o de nuevo conocimiento de la parte después de la fase de saneamiento en la etapa de juicio como lo manda el artículo 320 primer párrafo del Código Procesal Penal; por el contrario la existencia del medio de prueba cuestionado (informe de auditoría) y la forma como se produjo fue de conocimiento de la parte Querellada desde el mismo momento de la presentación de la Querella, pues no solo se menciona en el relato de los hechos, sino que además en ese mismo escrito es nominado como prueba documental, por lo que ante tal conocimiento y de existir ese supuesto menoscabo al derecho de defensa la Querellante debió denunciarlo de manera inmediata o, cuando menos en la fase de saneamiento (Art. 316 CPP) pero ello no fue así, pues aun cuando el tribunal de sentencia emplazó a las partes para que pudiesen examinar el acumulado judicial (f. 205) ninguna de ellas planteó la existencia de vicios; por el contrario se aprecia que posteriormente el documento en cuestión fue ofertado como medio probatorio en la audiencia de proposición de pruebas y al ser consultado sobre éste la Querellada indicó no tener objeciones, admitiéndose como tal por parte de los señores jueces por considerar que superaba el juicio de admisibilidad (pertinencia, utilidad y proporcionalidad). Por tanto, ante el planteamiento del incidente de nulidad por parte de la Querellada al inicio de la audiencia de debate contra el informe de auditoría basado en un hecho del que tenía conocimiento desde el inicio del proceso (su elaboración sin participación de la defensa), debió haber sido declarado inadmisible por el tribunal de sentencia, pues se recalca nuevamente que la norma procesal condiciona que todo incidente a oponer al inicio de la audiencia de debate, lo que incluye proposición de nueva prueba, vicios de nulidad, recusaciones, etc., debe de estar basado estrictamente en hechos nuevos o hechos de nuevo conocimiento. El otro error de los Señores Jueces es no contemplar que al momento en que la Querellada plantea el incidente por la existencia de un vicio, en caso de haber existido (lo cual no fue así como más adelante veremos), hubiese estado subsanado por conformidad expresa de la reclamante.- El A-quo no atendió lo mandado por el artículo 170.1 del Código Procesal Penal que dispone tener por subsanado el vicio y por tanto válido el acto, cuando ninguna de las partes haya reclamado oportunamente su nulidad, como fue en el presente caso en donde la Querellada no hizo la denuncia en la fase de saneamiento aun a pesar de que fue emplazada para ello por el tribunal; pero más aún, el A-Quo no se atendió el artículo 170.2 que manda que se tendrán por subsanados los actos y por tanto válidos, cuando la parte contra la cual se hubiesen realizado haya aceptado sus efectos expresamente, lo que ocurrió en la audiencia de proposición de medios de prueba en donde el Querellante propuso el informe de auditoria como medio de prueba documental y la Querellada expresó no tener ninguna objeción sobre ello, lo que incluye no solo la realización de la auditoria, sino su presentación como medio de prueba documental, por lo que no podía entonces posteriormente señalar que si tenía objeciones y alegar una supuesta violación al derecho de defensa en un momento procesal posterior y después de indicar expresamente que no había vicio alguno que le perjudicara. Respecto a la existencia del vicio que denunciado por la querellada y apreciado por el tribunal de sentencia, esta Sala de lo Penal establece que éste es inexistente y por tanto el informe de auditoría in comento no tiene el carácter de ilícito.- Erraron los señores jueces en no identificar al medio de prueba como pre constituido, a la persona que lo elaboró como testigo especializado y al informe que éste emitió como un medio de prueba documental que debió ser evacuado mediante su lectura y ratificación del autor o autores.- El relato de la querella indica que cuando la relación laboral entre A&P de Honduras S.A. y la Señora Gabriela María Bardales Madrid, se deterioró a causas de múltiples quejas de clientes e inconvenientes por el manejo de la administración, la primera dispuso realizar una auditoría, contratando a la empresa Arita y Asociados S. de R.L., quienes generaron el informe de auditoria que se propone en el mismo escrito de la querella; es pues que el documento, fechado el 15 de Febrero de 2016, fue como consecuencia de una gestión particular, en un momento en que se desconocía la existencia del supuesto delito y por supuesto, previo a la presentación de la acción penal, lo que ocurrió hasta el 13 de septiembre de ese mismo año.- No existía ninguna razón para que la elaboración de la auditoria se realizará bajo control jurisdiccional, pues no se trataba de un medio de prueba anticipado, tampoco de una actuación de limitara o suspendiera un derecho fundamental o un derecho humano de una persona y por ello requiriera control judicial ex ante; de hecho el tribunal de sentencia en su resolución indica que el Querellante debió haber solicitado al tribunal de sentencia la juramentación de un perito para hacer la auditoria, sin explicar bajo que fundamento una persona podría hacer tal solicitud cuando no existía en ese momento proceso judicial, ni tampoco noticia criminis.- Se reitera que nos encontramos ante una prueba pre constituida, cuyo contradictorio, control de licitud, legalidad y confiabilidad se realiza de manera diferida; no debe entenderse que la Querellada no tenga el derecho a un debido contradictorio, a poder oponerse al contenido del informe, controvertirlo o contraprobarlo, pero tal oportunidad será en la audiencia de debate sobre un medio de prueba del que tenía conocimiento desde el génesis del proceso penal; ejercicio del derecho de defensa que deberá de realizar al momento de la presentación del informe y al momento de tener la oportunidad de interrogar y hasta cuestionar (en caso de que así lo estime necesario) a la persona o personas que lo hayan elaborado, pudiendo inclusive valerse de un consultor técnico en ese momento, si así lo estima necesario, como consecuencia de tratarse de un testigo especializado. Negar la naturaleza de prueba pre constituida al informe de auditoría, implicaría trazar una línea en donde toda auditoria deberá de ser bajo control jurisdiccional ante la posibilidad de que el resultado arroje una posible comisión de un delito, rebasando así el sentido del principio de contradicción como uno de los pilares al derecho de defensa.

Finalmente es de mencionarse que la motivación en que los jueces sustentan su resolución es insuficiente e impropia por la invocación de conceptos lo que se sobreponen aun cuando no tengan relación entre sí, ni con la causa de juzgamiento.- Se indican que el medio de prueba informe de auditoría es ilícito, pero no se motiva el porque, no se señala cual es el derecho fundamental que se vio comprometido; más adelante, en la fundamentación jurídica, los jueces afirman que se han vulnerado garantías procesales, creando más confusión pues la inobservancia de normas procesales convierten la actividad probatoria en ilegal pero no necesariamente en ilícita, con consecuencias totalmente distintas, aunado a que de nueva cuenta los jueces no identifica cuales fueron esas garantías procesales que supuestamente fueron vulneradas, ni explican cómo ocurrió ello.- También menciona el a-quo la teoría del fruto del árbol envenenado develando confusión pues dicha teoría es respecto a la prueba derivada de aquella otra que provine del acto viciado y no una teoría que explica cómo se genera un medio de prueba viciado como consecuencia de la ilicitud de su producción u obtención. Por otra parte los señores jueces indican que “es de conocimiento público”, las únicas tres fuentes para “la obtención de la prueba”, pero en realidad no es de conocimiento común cuales son las fuentes de prueba (no para las personas que carecen de instrucción legal), y, aun cuando fuese así, ello no revela la obligación del tribunal de sentencia de enumerar y explicar porque afirman que solo existan tres fuentes, en especial porque en el listado no se contempla el derecho de defensa de presentar prueba y además porque el listado consignado en la sentencia solo refiere a los procesos por delitos de acción pública en donde hay intervención de la policía y del Ministerio Público, pero no se explica cuáles serían esas fuentes en los procesos penales por delitos de acción privada o los delitos de acción pública a instancia de particular conversos a acción privada.- Nótese adicionalmente que tal tema que se aborda en la motivación es distinto a los actos de producción de lo que posteriormente se presenta como medio de prueba en el proceso penal, que es en realidad lo que atañe al supuesto vicio denunciado, en particular lo que concierne a la prueba pre constituida; recuérdese que es distinto la producción de la obtención de la prueba, aun cuando en ocasiones ello ocurra en un solo acto. El vicio por quebrantamiento de forma se produce no solo por la indebida exclusión de un medio de prueba, sino que además cuando éste es de valor decisivo como consecuencia de su potencial válida que pueda generar cambio en la decisión final adoptada.- En el caso que nos ocupa ello es apreciado: el Informe de auditoría es de valor decisivo a la pretensión del Querellante, hoy recurrente, pues el propio tribunal de sentencia señala que con dicho medio probatorio se logro establecer la participación en los hechos imputados por la Señora Bardales Madrid, y que además no existió prueba que desacreditara lo que dicho informe dejó por sentado, siendo el informe de auditoría, a consideración de los jueces, el único medio de prueba que atribuye los hechos acusados; por tanto su exclusión repercutió en la decisión tomada. Lo anterior pone en relieve un nuevo error del tribunal de sentencia: la evaluación de “prueba de valor decisivo” es hecha por la Sala de lo Penal, para efectos de resolver esta clase de recursos, a partir de la pretensión formulada por la parte en la audiencia de proposición de medios de prueba, pues la exclusión implica falta de valoración, pero en este caso particular los señores jueces hacen una valoración del medio de prueba que al mismo tiempo consideran ilícito, lo que resulta contradictorio pues la norma procesal (Art. 200) manda que declarándose vulnerado un derecho fundamental, el medio de prueba carece de valor, debiendo excluirse, es decir no debiendo valorarse. I. DECISIÓN Declarar con lugar el primer motivo del Recurso de Casación por Quebrantamiento de forma. SEGUNDO Y TERCER MOTIVO Los Recurrentes presentan un segundo motivo teniendo como precepto autorizante el artículo 362.3 del Código Procesal Penal, denunciando motivación fáctica contradictoria y además un tercer motivo señalando igualmente como precepto autorizante el artículo 362.3, con el cual se aqueja que la sentencia contiene valoración probatoria que irrespeta las reglas de la sana critica.- Ambos motivos tienen como pretensión que se anule la sentencia recurrida, se ordene el reenvío de la causa al tribunal de sentencia y se ordene la celebración de un nuevo debate, pretensión que se ha alcanzado al haberse estimado el primer motivo de casación, por lo que la Sala de lo Penal considera abundante hacer pronunciamiento de fondo de los motivos segundo y tercero..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÒN

La infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de las Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA que la sentencia que literalmente dice: “Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diez (10) días del mes de marzo del año dos mil veintiuno (2021), el Pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados José Olivio Rodríguez Vásquez en su calidad de coordinador, Rafael Bustillo Romero y Miguel Alberto Pineda Valle, por ausencia justificada de la Magistrada Alma Consuelo Guzmán García, pronuncian En Nombre Del Estado De Honduras La sentencia en el Recurso de Casación SP 089-2018 por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha veinticinco de septiembre del año dos mil diecisiete, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, mediante la cual falló: Primero: Absolvió a la señora Gabriela María Bardales Medrano, del delito de Apropiación Indebida por Otros Fraudes, en perjuicio de la Sociedad Advertising and Promotion de Honduras S.A., (A&P de Honduras S.A.); Segundo: No procede declarar la responsabilidad civil de la señora Gabriela María Bardales Medrano; Tercero: No procede condenar en costas procesales, personales ni gastos ocasionados por el juicio; Cuarto: No procede decretar el comiso por no haberse puesto a disposición del Tribunal ninguna pieza de convicción o de ejecución; Quinto: Ordenó extender a favor de la señora Gabriela María Bardales Medrano, la respectiva carta de libertad definitiva una vez que la sentencia haya adquirido carácter de firme. Son Partes En La Única Instancia: Los abogados Eduardo Jair López Zúniga y Celeste Aida Cerrato Chinchilla, en representación de la Sociedad Advertising and Promotion de Honduras S.A., (A&P de Honduras S.A.), como parte recurrente y el abogado Oscar Adán Cálix Rosales, en su condición Defensor Privado de la señora Gabriela María Bardales Medrano, como parte recurrida. II. Hechos Probados De La Instancia En fecha quince de julio del año dos mil once fue contratada la señora Gabriela María Bardales Madrid, como Administradora de la Empresa A&P De Honduras, terminando su relación laboral en fecha quince de febrero de dos mil dieciséis, razón por la cual la señora Bardales Madrid interpone demanda laboral para el pago de sus derechos adquiridos. III. Recurso De Casación. - Motivos Y Argumentos Recurso De Casación Por Quebrantamiento De Forma Primer Motivo: Exclusión de prueba de valor decisivo en la sentencia recurrida. Precepto Autorizante: El presente motivo se encuentra comprendido dentro del artículo 362. 2 del Código Procesal Penal. (En adelante CPP) 1. Explicación Del Motivo. En el presente motivo se citan como infringidas, las normas de naturaleza procesal contenidas en los artículos a) 202, que impone al juzgador la obligación de formar su convicción de la valoración conjunta y armónica de toda la prueba; b) 336, que señala que el tribunal sólo tendrá en cuenta las pruebas ejecutadas en el debate, las que serán apreciadas en su conjunto; y, c) 338, regla cuarta, numeral 2, que manda al órgano jurisdiccional justificar el valor que haya dado a las pruebas. A manera de antecedente, es relevante relacionar que en la audiencia de proposición de pruebas esta parte querellante propuso como medio de prueba documental, entre otros, un Informe Especial de Auditoría sobre la gestión de la administradora única de A&P de Honduras S.A., Gabriela María Bardales Madrid llevada a cabo por la empresa Arita Y Asociados S. de R.L. del período del 1 de enero de 2014 al 30 de noviembre de 2015, (en adelante denominado como Informe de Auditoría) anexándose al mismo la respectiva documentación soporte. Sobre este informe hay que manifestar que fue en virtud de los hallazgos que resultaron de la auditoría -de los que se evidenciaron la apropiación de dinero patrimonio de la empresa y que se documentaron en el mismo- que se presentó la querella de mérito, contra la señora Gabriela María Bardales Madrid, acompañado a dicha querella en el mencionado Informe de Auditoría; de tal forma que este documento era conocido por la parte querellada desde el momento mismo en que fue notificada del proceso penal iniciado en su contra. En este contexto, el proceso prosiguió su curso hasta la fase de examen de diligencias (Que es un acto de preparación del debate de conformidad al Art. 316 del CPP), en la que la parte querellada no promovió ningún incidente y por ende se continuó con la fase de proposición de pruebas. Consta tanto en el acta de audiencia de proposición de pruebas, como en el escrito que contiene el listado de medios de prueba planteados por la parte querellante, que entre otros, esta representación propuso el documento denominado Informe de Auditoría con la finalidad de establecer los hallazgos de irregularidades encontradas en administración de la querellada y que concluyeron en i) un pago en de demasía atribuible a Gabriela María Bardales Madrid, apropiándose de la suma de L.99,772.l3; ii) registros de una serie de depósitos realizados a la cuenta personal de la Señora Gabriela María Bardales Madrid por ella misma, que fueron contabilizados contra la partida de Cesantía y Preaviso, constituyendo sistemáticas apropiaciones de dinero de la empresa por el monto de L.149.339.88; iii) una serie de gastos realizados por la Administradora Única de la Empresa, Gabriela María Bardales Madrid y que no corresponden a la operatividad de la Sociedad Mercantil, sino más bien a satisfacer sus compras y consumos personales con dinero de la empresa, los cuales los consignó en el concepto de “Liquidaciones Varias” mismas que ascendieron a la suma de L. 50,167.84. Concluyendo de manera general en dicho informe que la señora Bardales Madrid se apropió de una suma global de Doscientos Noventa y Nueve Mil Doscientos Sesenta y Nueve con 85/100 Lempiras (L. 299,279.85). Además, sobre esta prueba documental, los suscritos requerimos al Tribunal que el mismo fuera ratificado en audiencia por el Licenciado Mauricio De Jesús Arita Rosa, por haber sido él quien realizó la auditoría y suscribió el respectivo informe. Propuesto de esta forma, este medio de prueba no fue objetado por la parte defensora, con lo cual luego de la deliberación efectuada por el Tribunal, el mismo fue admitido por ser considerado un medio de prueba útil y pertinente a los fines del proceso penal. Al dar admisión al medio de prueba referido, es que el mismo cumple con los requisitos de admisibilidad, y en consecuencia una vez dictada esa resolución de admisión, el medio de prueba debía ser evacuado y valorado por el Tribunal en su Sentencia. No obstante haber superado la etapa de admisión de medios de prueba, estando firme la resolución de admisión de prueba, y en consecuencia habiéndose abierto el debate, la Defensa aprovechó la etapa incidental para promover una extemporánea -en los parámetros establecidos por el artículo 320 del CPP- e improcedente nulidad sobre el Informe de Auditoría argumentando que se trataba de una “prueba documental eminentemente pericial” y que de manera estratégica se había incorporado como un medio de prueba documental y no como un medio de prueba pericial infringiéndose por ello los derechos de igualdad entre las partes, contradicción, asistencia y defensa. Al respecto del incidente planteado y luego de escuchada la objeción al mismo por parte de la acusación particular, el Tribunal resolvió dejar su pronunciamiento para el final del debate al momento de dictar el fallo. Es así que, en el acápite de Valoración Conjunta De Los Medios De Prueba, el A-quo anula el medio de prueba denominado informe de Auditoría sobre la Gestión de Administradora Única de A&P Honduras, y absuelve a la querellada en virtud de considerar, “que este es el único medio de prueba incriminatorio para los hechos acusados, [pero es un] informe que resulta inútil por falta de control jurisdiccional para efecto probatorio”. Al analizar las razones expuestas por el Tribunal para la anulación de tan importante y decisivo medio de prueba y excluirlo de la valoración conjunta y armónica de todo el resto probatorio, sorprende y a la vez lamenta esta representación que el órgano jurisdiccional haya fundamentado la nulidad en un vicio de procedimiento inexistente, brindando a esta prueba documental un carácter de ilicitud que no ostenta al aducir forzadamente que su incorporación al debate fue infringiendo normas de procedimiento y que el documento en comento debió ser incorporado al juicio a través del medio de prueba pericial para con ello gozar del debido control jurisdiccional. No cabe duda que el Tribunal incurre con ese razonamiento en uno vicios concebidos por nuestra normativa procesal para considerar que la sentencia ha sido dictada quebrantando esenciales normas de procedimiento, pues la sentencia excluye indebidamente una prueba por considerarla ilícita, sin serlo, así expresa el Tribunal que: “...ha logrado observar que dicho informe no cumplió con los controles jurisdiccionales que se requieren para ser admitido como medio de prueba, ya que la parte querellada debió haber solicitado ante este Tribunal la juramentación del perito que estaba a cargo para emitir dicha información de tal forma que la información establecida en el informe estuviera a cargo de la persona que la emitiría bajo juramentación y advertido del falso testimonio. Así las cosas este Tribunal considera que dicha prueba se ha vuelto ilícita tal como lo establece la teoría del fruto del árbol envenenado, siendo esta una doctrina que hace referencia a las pruebas de un delito obtenidas de manera ilícita, las cuales impedirán posteriormente en el proceso judicial que pueda ser utilizadas en contra de la persona acusada, así mismo se vuelve inútil e ilícita la prueba directa o indirecta emanada de es/a por cualquier nexo, volviéndose una prueba nula, considera este Tribunal que es del conocimiento público que solamente hay tres opciones como control jurisdiccional como ser la obtención de la prueba en etapa investigativa por agentes policiales, la obtención de información emanada a petición del Ministerio Publico antes de ser judicializada y la obtención por medio del control jurisdiccional solicitando u los juzgados penales o Tribunal de Sentencia la juramentación correcta de la persona que emitirá tal información.”. Al respecto, la jurisprudencia nacional ya ha dejado fijado en reiterados fallos que en esta clase de recurso para poder apreciar el vicio alegado. el órgano juzgador está obligado a pronunciarse respecto a la fiabilidad que le merezca cada uno de los medios de prueba reproducidos en el Debate, al amparo de las reglas de la sana crítica, apreciándolos tanto individualmente como de manera conjunta y armónica; conforme al artículo 333 CPP, solo se podrán reproducir en el debate aquellos que fueron debida y previamente admitidos, de ahí que la sentencia que no sea producto de lo preceptuado adolecería de un vicio in procedendo, de tal manera que el vicio invocado se produce cuando indebidamente se excluye un medio de prueba, es decir cuando habiéndose admitido un medio de prueba y reproducido en la audiencia de debate conforme a las reglas procesales, el órgano juzgador en su sentencia, sin dar a conocer ningún razonamiento, le niega valor al medio de prueba, es decir hace mención del medio de prueba pero no externa si el mismo merece crédito o por el contrario carece de fiabilidad otra forma de exclusión indebida de un medio de prueba es cuando el Tribunal de Sentencia haciendo una incorrecta aplicación de la ley, tacha un medio de prueba como ilícito descartándolo del proceso de valoración, en otras palabras negándole valor alguno como consecuencia de una desatinada calificación de ilicitud, que es el vicio apreciado en el presente caso. Finalmente, para determinar si el medio de prueba indebidamente excluido posee un valor decisivo en la emisión del fallo, se debe de recurrir a la técnica conocida como “Inclusión Hipotética”, que consiste en agregar el medio de prueba excluido a la ecuación valorativa, de modo de verificar si con la aportación de los datos de ese medio de prueba el fallo se vería afectado en alguno de sus pronunciamientos, de ser así el medio de prueba es de carácter decisivo, por el contrario aun cuando su exclusión sea indebida, si su inclusión hipotética no se traduce en la modificación de algunos de los pronunciamientos del fallo, equivale a que el mismo no es de valor decisivo; es así que corresponde efectuar los correspondientes análisis. En primer lugar, no logra entender esta representación cómo un Tribunal con la amplia experiencia y formación que sin duda ostentan los miembros integrantes de la Sala, hayan negado el carácter de prueba preconstituida que tiene el documento resultante de la auditoría llevada a cabo en la empresa A&P Honduras y pretendan que su incorporación al debate pasara, en primer término, por la designación en calidad de perito, del emisor del documento, y a continuación fuera juramentado para luego fijar los temas de su pericia y el plazo de su realización (Artículo 242 del CPP) cuando el propio artículo 241.3 del CPP establece una prohibición expresa sobre qué personas NO pueden actuar corno peritos, enunciando entre ellas, “quienes hayan presenciado el hecho sometido a investigación” como ciertamente resulta ser el Licenciado Mauricio De Jesús Arita, suscriptor del documento que recoge el Informe de Auditoría, y de quien el propio Tribunal ha reconocido que “...se le inició una auditoria a la señora Bardales a raíz de múltiples quejas de clientes que hacían uso del servicio prestado por la empresa Advertising And Promotion de Honduras (A&P de Honduras), por lo que designan a la empresa Arita y Asociados para dicha auditoria, quien efectúa la misma cm partir del periodo del 01 de enero del año 2014 al 30 de noviembre de 2015, quienes concluyen una vez obtenida la información y documentación pertinente que los hallazgos encontrados, entorno a las conductas desplegadas por la Administradora Única de la Empresa Advertising And Promotion Honduras (A&P de Honduras), Gabriela María Bardales, muestran un total desapego a las normas esenciales de administración y a los principios de contabilidad generalmente aceptados, generando un deterioro patrimonial a la empresa...” Así las cosas, la firma auditora Arita Y Asociados S.de R. L. a través del Licenciado Mauricio De Jesús Arita Rosa, tomó conocimiento de la irregular gestión de administración en un momento previo a la judicialización del hecho, situación que no podía ser de otra manera pues precisamente A&P Honduras le contrató para conocer a la luz de los hallazgos de una auditoría, si la imputada estaba teniendo un manejo adecuado del patrimonio de la empresa y al resultar que más bien se apropiaba injustificadamente del mismo, es que la empresa decidió poner esa conducta dolosa, en conocimiento del órgano jurisdiccional competente, para su respectivo juzgamiento. En ese orden de ideas, el Tribunal infringe -con su exigencia de incorporar el documento denominado Informe de Auditoría a través del medio de prueba pericial- el artículo 240 párrafo segundo del CPP, que taxativamente prohíbe que “las personas que reúnan los requisitos para ser peritos pero que no han sido designadas por autoridad competente para actuar como tales, si toman conocimiento de un hecho sometido a investigación criminal y deben rendir declaración, lo harán en su condición de testigos y no de peritos” y es que precisamente este precepto, tiene como finalidad que aquella persona con conocimientos calificados que ha tomado conocimiento del hecho por su especial condición, pueda, de ser necesario, comparecer a los estrados judiciales a brindar su declaración, pero sin que ello se traduzca jamás en que la prueba que registre documentalmente no valga por sí misma, pues la declaración no es un imperativo legal. Sin embargo, con la propuesta probatoria esta finalidad se alcanzaba perfectamente pues la prueba documental fue propuesta para ser ratificada por el Licenciado Mauricio De Jesús Arita, quien en tal condición hubiese sido juramentado y con el debido control jurisdiccional hubiese expuesto lo pertinente al contenido del informe. No obstante, el Tribunal, aún y cuando el señor Mauricio De Jesús Arita se presentó a la sede judicial con tal propósito, al momento de su evacuación los jueces no permitieron su ingreso, aduciendo que la prueba había sido propuesto y admitida como documental y de esa forma es como sería evacuada considerando innecesario la ratificación. En otras palabras, fue el propio Tribunal el consideró pertinente su introducción al debate mediante lectura, y de hecho el artículo 3 II penúltimo párrafo del CPP autoriza al Tribunal la incorporación mediante lectura de documentos que puedan contribuir al esclarecimiento de los hechos enjuiciados, así, dispone este precepto que ... “El Tribunal tendrá a su disposición, para su examen o lectura a efectos probatorios, los libros, documentos y demás piezas de convicción que puedan contribuir al esclarecimiento (le los hechos enjuiciados “(lo resaltado es nuestro): sin lugar a discusión, el Informe de Auditoría se constituye en un documento y fue en esta calidad que fue introducido al debate, pues aunque el Tribunal sugirió su evacuación por exhibición, por ser del conocimiento de las partes, esta representación solicitó su evacuación mediante lectura, misma que fue autorizada por el Tribunal. Dicho lo anterior y reiterando en que el Informe de Auditoria incuestionablemente ostenta la calidad de documento privado (Artículo 270.3 del Código Procesal Civil en relación con el Artículo 252 del Código Procesal Penal) y, en consecuencia, el medio de prueba adecuado para su incorporación al debate es. el denominado Documental, es que puede afirmarse que el Tribunal excluyó arbitrariamente esta prueba dejando en indefensión a la parte querellante, vedándole de la posibilidad de obtener una tutela judicial efectiva, pues aunque el ordenamiento procesal penal vigente le impone al juzgador el deber de formar su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba, el A-quo la excluyó arbitrariamente tal como lo hemos dejado apuntado, lesionando la finalidad del proceso penal como es el logro de la justicia penal expedita y efectiva, tendiente al esclarecimiento de la verdad. Corresponde ahora determinar si se trataba de una valoración de prueba decisiva en la resolución del caso y en consecuencia es obligado efectuar la técnica de “inclusión hipotética” agregando el medio de prueba excluido a la ecuación valorativa, consistente en este caso en el Informe de Auditoría y de ese modo de verificar si con la aportación de los datos de ese medio de prueba el fallo se vería afectado; para ello basta con recurrir a la propias afirmaciones del Tribunal que en la valoración de la prueba reconoce que “...este informe propuesto y evacuado como medio de prueba ha sido claro y determinante para probar la existencia de faltantes en la empresa que dirigía en Honduras la señora Bardales Madrid” y más abajo, que “...con dicha Auditoría se ha logrado establecer la participación en los ¡techos imputados a la señora Bardales Madrid, ya que no hubo prueba por parte de la defensa que desacreditara los mismos...” por lo que sin lugar a ninguna duda, de haberse incluido en la valoración conjunta y armónica de la prueba admitida y evacuada por Tribunal hubiese arribado indefectiblemente a una conclusión de condena al haber apreciado corno hecho probado el reprochable apoderamiento de los bienes de la empresa que fueron confiados a la administración de la señora Bardales Madrid, y no únicamente que en fecha quince de julio del año dos mil once fue contratada,[...] como Administradora de la Empresa A&P de Honduras, terminando su relación laboral en fecha quince de febrero de dos mil dieciséis, razón por la cual la señora Bardales Madrid interpone demanda laboral para el pago de sus derechos adquiridos. II. Forma De Corrección Del Vicio. Posibilidad De Reclamo Oportuno. El vicio procesal en el que sé que ha fundamentado el motivo de casación por quebrantamiento de forma debe ser declarado de recibo, en consecuencia debe la Honorable Sala proceder a casar la sentencia y ordenar el reenvío a efecto que el Tribunal Sentenciador incorpore esta prueba a su valoración probatoria y dicte una nueva sentencia definitiva, toda vez que en el presente caso los Juzgadores de instancia han reconocido la participación de la imputada en el hecho imputado y la comisión del delito, y lo que ha impedido el fallo condenatorio es la arbitraria exclusión del medio de prueba de valor decisivo. Es de advertir que sobre este vicio no se efectuó reclamación previa alguna a este momento, en virtud que el mismo se produjo en el acto de emitir sentencia. Segundo Motivo: Que la motivación fáctica será contradictoria. Precepto Autorizante: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Art. 3 62.3 del Código Procesal Penal (en adelante CPP). 1. Explicación Del Motivo. La fundamentación de la sentencia está constituida por dos partes: la motivación fáctica del hecho, la motivación jurídica del mismo. En la motivación fáctica, debe imperar el sentido lógico del Juzgador respecto de las razones expresadas por él para dar por estimados o no los hechos imputados, y para establecer la participación en los mismos por la encausada. “Así la motivación lógica deberá responder a las características de: 1) Coherencia: Es decir que la motivación estará constituida por un conjunto de razonamientos armónicos entre sí, para ello deberá ser: a) Congruente: Las afirmaciones, deducciones y conclusiones deben guardar relación y concordancia entre ella: h) No Contradictoria: Que no se empleen en la motivación juicios contrastes que entre sí se anulen”[1]. Es decir, como la sentencia es un solo pensamiento, el mismo debe ser armónico y coherente; la presencia de contradicciones internas en la motivación sobre los hechos (motivación fáctica) altera esa armonía que debe mostrar el razonamiento del Juzgador y produce desconfianza de su seguridad en el análisis probatorio que haya efectuado. Así, el vicio de casación a desarrollar está referido a lo siguiente: Al habernos referido en el apartado de la motivación de las sentencias al requisito de la logicidad de las sentencias, y de forma específica a la coherencia que deben mantener los argumentos de la resolución, puesto que deben guardar una debida relación y concordancia, resulta que la contradicción de esos argumentos resta esa cualidad, ya que implican la existencia de juicios contrapuestos y que se excluyen entre sí. El vicio ocurriría cuando existiera una contradicción entre la valoración probatoria y los hechos probados, o entre estos y la fundamentación jurídica, o si la contradicción apareciese de forma interna en esa valoración de la prueba o en la motivación jurídica. Es natural que exista el control casacional sobre la contradicción en la motivación, puesto que ello resta seguridad a la decisión que se toma por el juzgador, al fundamentarse en argumentos o juicios excluyentes, por lo que se dudaría de lo acertado de la decisión”[2] En el presente caso, el Tribunal de Sentencia incurre en una grave contradicción en la valoración de la prueba, concretamente con el Informe especial de auditoría sobre la gestión de la administradora única de A&P de Honduras S.A., Gabriela María Bardales Madrid del período del 1 de enero de 2014 al 30 de noviembre de 2015, cuando por un lado señala: “…este Tribunal ha logrado observar que dicho informe no cumplió con los controles jurisdiccionales que se requieren para ser admitido como medio de prueba, ya que la parte querellada debió haber solicitado entre este Tribunal la juramentación del perito que estaba a cargo para emitir dicha información de tal forma que la información establecida en el informe estuviera a cargo de la persona que la emitiría bajo juramentación y advertido del falso testimonio. Es decir, el Tribunal estima que el señor Mauricio De Jesús Arita Rosa debió haber sido nombrado como perito, que se le fijaran los temas sobre los que se desarrollaría su pericia, como también se le señalara el plazo para presentar su dictamen, tal como lo manda el Art. 242 del CPP; porque la motivación fáctica transcrita exige que el informe de auditoría debió ser incorporado al proceso como medio de prueba pericial, y al ser así, debían cumplirse estas reglas legales establecidas en esta disposición legal sobre la designación de peritos. Sin embargo, en la misma motivación fáctica, el mismo Tribunal advierte que la incorporación del informe corno pericia era imposible material y legalmente, cuando señala: “...asimismo se ha logrado establecer con la disposición de ambos testigos que se le inicio una auditoria a la señora Bardales a raíz de múltiples quejas de clientes que hacían uso del servicio prestado por la empresa Advertising And Promotion de Honduras (A&P de Honduras), por lo que designan a la empresa Arita y Asociados para dicha auditoria, quien efectúa la misma a partir del periodo del 01 de enero del año 2014 al 30 de noviembre de 2015, quienes concluyen una vez obtenida la información y documentación pertinente que los hallazgos encontrados, entorno a las conductas desplegadas por la Administradora única de la Empresa Advertising And Promotion Honduras (A&P de Honduras), Gabriela María Bardales, muestran un total desapego a las normas esenciales de administración y a los principios de contabilidad generalmente aceptados, generando un deterioro patrimonial a la empresa...”. Y ello porque en este apartado de la motivación, el Tribunal recurrido reconoce que el informe de auditoría ya estaba hecho y concluido para antes que se iniciara el proceso en contra de la acusada (fue uno de los documentos que se acompañaron a la querella), puesto que establece que el mismo contemplaba el período del 1 de enero de 2014 al 30 de noviembre de 2015. Entonces, si por un lado la motivación de la sentencia exige que Mauricio De Jesús Arita Rosa debía haber sido llevado al Tribunal una vez que se propusiera corno perito; se le diera el encargo en su pericia; se le juramentara y se le estableciera un plazo para el cumplimiento de su encargo, cuando él mucho antes del inicio del proceso penal ya había realizado los hallazgos que se incluyeron en el informe de auditoría citado, resulta contradictoria la exigencia del tribunal en que se le asignara el papel de perito, cuando su “pericia” ya se había llevado a cabo más de un año atrás (fue emitido el 15 de febrero de 2016). Y esta contradicción en la valoración probatoria, confirma la irregular exigencia del Tribunal de Sentencia que el Informe Especial de Auditoría sobre la Gestión de la Administradora Única de A&P de Honduras S.A., Gabriela María Bardales Madrid del período del 1 de enero de 2014 al 30 de noviembre de 2015, fuera introducido como medio de prueba pericial, cuando el informe, los procedimientos empleados en el mismo y sus conclusiones ya se habían desarrollado con anterioridad. II. Forma De Corrección Del Vicio. Posibilidad De Reclamo Oportuno. Como el vicio descrito ha ocurrido en la fundamentación fáctica de la sentencia que muestra la incoherencia en el pensamiento del Tribunal de Sentencia, de conformidad al Art. 369 del Código Procesal Penal, debe procederse a casarse la sentencia de mérito, ordenándose el juicio de reenvío correspondiente, con la integración de nuevos jueces. El vicio se ha presentado en el acto de la sentencia definitiva, en consecuencia, no pudo hacerse un reclamo oportuno en contra del mismo. Tercer Motivo: Haber incurrido el Tribunal en falta de observación de las reglas de la sana crítica en la valoración de la prueba. Precepto Autorizante: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Art. 362.3 del Código Procesal penal (En adelante CPP). 1. Explicación Del Motivo. Los preceptos penales adjetivos que se invocan como infringidos por falta de aplicación, y que deben ser observados de forma obligatoria por el tribunal sentenciador, son: Art. 202 del CPP: “Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica. El órgano jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida” (Lo resaltado y subrayado es nuestro). Art. 336 del CPP, que hace referencia a la deliberación del Tribunal de Sentencia: “El Tribunal, pura resolver, sólo tendrá en cuenta las pruebas que se hayan ejecutado durante el debate, las que serán apreciadas en su conjunto y de acuerdo con las reglas de la sana crítica” (Lo resaltado y subrayado es nuestro). Art. 338 del CPP, que regula la forma de estructurar la sentencia, ordena al juzgador incluir en su resolución definitiva: “Valoración de la prueba. Seguidamente, se expresarán las pruebas tenidas en cuenta para declarar probados esos hechos, justificando, según las reglas de la sana critica, el valor que se haya dado a las practicadas en juicio y, en su caso, el razonamiento utilizado para obtener conclusiones por presunción a partir de los indicios, igualmente declarados probados”. (Lo resaltado y subrayado nos pertenece). Los hechos probados de una sentencia penal -que constituyen la verdad a la que el tribunal cree haber arribado- están sustentados en el acervo probatorio que se plasma en la fundamentación probatoria; es decir que el encuadre fáctico de una sentencia penal viene generado de la actividad valorativa expresada en la fundamentación probatoria, de tal suerte que el acierto que en esta función intelectual manifieste el juzgador, quedará plasmado en una correcta consignación de hechos probados; por el contrario, si el Tribunal fracasa en la valoración e interpretación probatoria -por resultar arbitrario ese ejercicio- ese vicio quedará plasmado en una incorrecta reproducción de hechos. La fundamentación probatoria -nutriente decisivo de los hechos probados- se divide en las fases descriptiva e intelectiva; en la primera, el tribunal describe cada una de las pruebas que dan sustento a su decisión; en la segunda -fundamentación intelectiva- el juzgador debe explicar por qué un medio probatorio le merece o no confiabilidad, y, además, por qué un elemento de prueba le conduce a una conclusión determinada. Sobre esta segunda operación es que recae el reproche del recurso de casación por violación de las reglas de la sana crítica de acuerdo con el motivo planteado, de tal suerte que la violación a esas reglas que corrigen el correcto entendimiento humano, constituye un problema de fundamentación de la sentencia. Por ello el legislador en el artículo 338 del CPP, ubica dentro de la “fundamentación del fallo” (regla cuarta), la valoración de la prueba. Las reglas de la sana crítica entonces, constituyen la especie dentro del género conocido como fundamentación de sentencia. En el sistema de sana crítica racional que implementa nuestro sistema procesal penal, en cuanto a la valoración de la prueba impera la plena libertad de convencimiento del juzgador, pero exigiéndole que las conclusiones a las que arribe sean el fruto razonado de las pruebas en que se las apoye. En este sistema el Tribunal no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: Las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos del juicio valorando la eficacia conviccional de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común. Dentro de las reglas de la lógica, al que debe sujetarse el juzgador en la valoración de las pruebas, según lo exigen los Arts. 202, 336 y 338, sección cuarta, numeral 2, del CPP (“... justificando según las reglas de la sana crítica, el valor que se haya dado a las practicadas en juicio...”), aparece la característica, exigida por ellas, denominada, según Fernando De La Rúa[3], como Derivada, según la cual, la motivación debe respetar el principio de razón suficiente, para lo cual “el razonamiento debe estar constituido por inferencias razonables deducidas de las pruebas y de la sucesión de conclusiones que en virtud de ellas se vayan determinando”. Para ello, la motivación debe ser Concordante: a cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder convenientemente un elemento de convicción del cual se pueda inferir aquella. Resulta que la sentencia que hoy se cuestiona por esta vía impugnativa, contiene un vicio grave que atenta con las reglas de la sana crítica a observarse en la valoración de la prueba, y que se convierte, en consecuencia, en la violación de los Artículos mencionados, por violentarse esas características lógicas en el análisis probatorio expuesto en la sentencia, corno a continuación se expone. A. Contenido de los hechos probados en la sentencia recurrida. La sentencia recurrida, irrespetando la valoración conjunta y armónica que el CPP le exige, y violando las reglas de la sana crítica, en cuanto a los principios lógicos apuntados, se ha apartado de la dirección probatoria a la que se dirigen los medios de prueba y como consecuencia de ello se ha establecido -incorrectamente- como hechos probados: “Primero: En fecha quince de julio del año dos mil once fue contratada la señora Gabriela María Bardales Madrid, como A Administradora de la Empresa A&P De Honduras, terminando su relación laboral en fecha quince de enero de dos mil dieciséis, razón por la cual la señora Bardales Madrid interpone demanda laboral para el pago de sus derechos adquiridos” B. El mal empleo de las reglas de la sana crítica en la valoración de la prueba por parte del Tribunal de Sentencia, que le conducen a estimar en el presente caso que las declaraciones de los testigos Gisela Salgado Ortiz Y Rony Reinaldo Moncada Maldonado, no aportan información probatoria para la constatación de los hechos imputados y la participación en los mismos de la acusada. En la Valoración De La Prueba, el Tribunal de Sentencia concluye, luego de excluir el medio de prueba de Informe de Auditoria, al que se ha hecho referencia, que: “Es así que el medio de prueba propuesto por parte querellante como ser el informe de auditoría sobre Gestión de Administradora Única de A&P de Honduras, practicado a la señora Gabriela María Bardales Madrid, es considerado por este Tribunal el único medio de prueba atribuible al hecho reclamado por los querellantes ya que los demás medios de prueba son circunstanciales solamente para relacionar la existencia de la empresa en cuestión y la fecha en que comenzó a laborar y a ejercer actos como Administradora Única, así como la fecha de despido de dicha empresa” (Lo resaltado y subrayado es nuestro). El Tribunal estima que sólo el Informe de Auditoría antes referido es el único medio de prueba que hace referencia a los hechos imputados a la acusada Gabriela María Bardales Madrid, puesto que los restantes medios probatorios (haciendo referencia a la prueba de cargo) sólo comprueban la existencia de A&P Honduras; la fecha en que, en dicha sociedad, la imputada comenzó a laborar como administradora única; y la fecha en que fue despedida. Afirmación que se aleja de toda derivación probatoria que se desprenda de las declaraciones de los testigos de cargo: Gisela Salgado Ortiz Y Rony Reinaldo Moncada Maldonado, la primera ejecutiva en mercadotecnia de la empresa, y quien es la persona que comenzó a descubrir las irregularidades en que la imputada incurrió respecto del manejo de los fondos de la misma, y el segundo, contador de la sociedad mercantil, y por ende conocedor directo de los actos de desfalco o apropiación efectuados por aquella. Es así que el Tribunal de Sentencia no extrae de las declaraciones de estos testigos directos de los hechos los siguientes aportes probatorios: 1. De Gisela Salgado Ortiz. Dicha testigo, entre otros aspectos, declara, como se recoge tanto en el acta del debate, como en las páginas de la 19 a la 24 de la Valoración De La Prueba de la sentencia: “Trabaja en mercadotecnia profesional en Adversiting and Promotion de México... para octubre del 2012, ella es nombrada como administradora única de la sociedad por diferentes requerimientos.... Yo la conozco en México por la capacitación y en enero del 2015 me asignan como líder en la región centroamericana…… Es en enero del 2015 que a mí me asignan a la región y yo empiezo a recabar toda la información que me es necesaria para poder tener una estrategia de negocio y poder presentársela a los accionistas para ver cuál era el rumbo que nosotros queríamos darle a la región y mi deber es empezar a involucrarme en la contabilidad, los resultados, los gerentes, con el personal de cada país y es así que empiezo a solicitar información con respecto a esos temas. Cuando solicitaba la información a este país Honduras la información tardaba mucho en llegar y en esa ocasión, más o menos en enero o febrero yo me empiezo a dar cuenta de ciertos gastos que se están haciendo con cargo a la compañía, por ejemplo: hospedajes de diciembre del 2014 que eran antes o después de la capacitación a la que nosotros los habíamos llevado cosa que no tenía por qué ser pagado por la compañía, viáticos excesivos que ella ocupaba para ir a San Pedro Sula les estoy hablando de estar tres días en San Pedro Sala y gastarse veinte mil lempiras. Empiezo a ver esas irregularidades en los gastos y empiezo a crear los filtros necesarios, los viáticos quedaron cancelados para Gabriela porque evidentemente era un gasto que no estaba soportado por alguna reunión de algún cliente o algo que fuera hacer negocio para la compañía... Entonces nosotros manejábamos las cuentas en Ficohsa en dólares y en lempiras las que son manejadas por Gabriela María Bardales Madrid y ella hacia todas las trasferencias... Cuando yo me meto a todos los documentos a los que tenía acceso por que no están todos, me doy cuenta de ciertos malos manejos, vi nombres conocidos, depósitos que no pertenecían a la compañía, vi facturas de cosas que no tenían nada que ver con la compañía y eso yo se lo comunicó a los socios en México solicitando que se pueda realizar una revisión más a fondo de todo el manejo que Gabriela como administradora publica desde el 2012 venía realizando: entonces los accionistas a través de Melesio Carmona que es uno de los socios contratan a Arita y Asociados... El 25 de enero yo ya estaba en el país, vine con una persona de legal de la compañía y nos entrevistaron con Gabriela para hacerle saber los hallazgos que habíamos tenido en esa auditoría. Los hallazgos más importantes son: el primer hallazgo es un préstamo que supuestamente nos hizo Pinturas Americanas a través de una persona que se llama Allan Deware que nosotros desconocemos, este prestamos se realiza el 03 de julio del 2015 por ochenta mil lempiras y Gabriela Bardales es quien hace dos desembolsos para el pago de ese préstamo, uno de ellos sucede el 06 de noviembre por ciento cincuenta mil lempiras, que es el mismo día cuando ella renuncia, ella hace la transferencia y renuncia, el segundo deposito se realiza el 17 de noviembre por un mil dólares. Ella hace esos pagos del préstamo a las cuentas de Gabriela María Bardales Madrid en Banco Bac, les digo supuestamente préstamo porque los ochenta mil que entran a la cuenta efectivamente eran de la compañía provienen de una cuenta de Gabriela María Bardales Madrid de Banco Ficohsa y cuando ella hace el pago del préstamo hace el pago en dos exhibiciones, una en lempiras y otra en dólares a mismas cuentas de Gabriela María Bardales Madrid.- el dinero proviene de cuenta de Gabriela María Bardales Madrid y hace el depósito de cuentas de Gabriela maría Bardales Madrid, sin embargo el depósito del préstamo se hace en demasía por L. 99,772.00, evidentemente de estos préstamos no hay contrato, no hay un documento, no hay absolutamente nada que respalde la operación bancaria que la señora hizo desde sus cuentas y hacia sus cuentas, eso para nosotros es grave porque no es una operación que la compañía realice... Ese fue el primer hallazgo, el segundo hallazgo, son pólizas que encontramos sin ninguna factura o respaldo, sin documento que avale la apropiación del dinero porque Gabriela María Bardales Madrid hacia transferencia a su cuenta personal con diferentes cantidades y en diferentes momentos, una de las nueve pólizas que ella se hace ella toma el dinero de cuenta de cesantía y preaviso. Como ustedes saben, al tener nosotros contratado personal nosotros debemos hacer una previsión del pasivo para cuando una persona se vaya de la compañía y esa cuenta de provisión es de cesantía y preaviso donde ella hizo uso del dinero, esto lo hizo así para que cuando nosotros hiciéramos cuentas en México por lo general nosotros nos basamos en una revisión documental de los gastos que nosotros realizamos a través de facturas, no así tal vez de la cuenta de cesantía y preaviso, eso era como un gasto oculto, todas estas pólizas no tienen ningún respaldo, ninguna factura ni nada que lo respalde. El tercer hallazgo son facturas que nosotros encontramos dentro de las liquidaciones que la señora Gabriela María Bardales Madrid realizaba. Les tengo que explicar como ella realizaba estas operaciones, como ella manejaba la cuenta ella hacia un desglose de gastos con las facturas, hacia el desembolso a sus cuentas, hacia un abono como pago a esas facturas a su cuenta y posteriormente las entregaba al Departamento de Contabilidad, contabilidad lo registraba, pero digamos que el depósito ya había pasado, entregaba las facturas posteriormente las entregaba al Departamento de Contabilidad, contabilidad lo registraba, entonces hay una serie de facturas que yo detecto que no que no tienen absolutamente ninguna relación con la compañía, facturas como ropa interior, ropa deportiva, tequila, dulces, cosméticos, zapatos, ese tipo de cosas que no manejamos en gastos de la compañía Gabriela María Bardales Madrid realizó en diciembre del 2014 por que se facturan en México y citando regresó las cobró como si hubieran sido gastos de la compañía eso obviamente no va dentro de la operatividad de la compañía. Esos son los principales hallazgos que nosotros obtenemos a través de Arita y Asociados que nos fue entregado en enero del 2016” (Lo resaltado es nuestro). La misma sentencia, en su página 27. recoge sus respuestas sobre el segundo hallazgo de apropiación indebida: En el documento de Póliza se expresaba que se estaba pagando a las señora Bardales diferentes conceptos como liquidaciones varias, pago de incapacidades, cuotas de vehículo, pago de seguro, diferentes conceptos que iban cargados a cesantía y preaviso, de manera que pudieran ser transparentes para una auditoria dentro de México; pero esas pólizas no tenían ningún respaldo para hacer esos pagos, sólo tenían el depósito que Gabriela María Bardales Madrid realizó a su cuenta personal. En el segundo hallazgo se encontraron cerca de nueve pólizas que suman cerca del pago de ciento cincuenta mil lempiras (L.150, 000.00,), son importes diferentes, no tienen una periodicidad, tienen un estándar son fijos”. (Lo resaltado es nuestro). Y en las páginas 27 y 28 de la sentencia, hace precisión sobre el tercer hallazgo y el monto indebidamente apropiado: “...esos pagos referidos en el tercer hallazgo no tienen nada que ver con la actividad de la empresa, porque no son gastos que normalmente haga la compañía, ya que no ocupan ropa interior ni ropa deportiva, los zapatos que mencionan ahí tampoco; la compra fue realizada con uno de sus compañeros, ella los utilizó en uno de los eventos de la compañía y son gastos personales, los cosméticos tampoco los ocupaban para la Compañía; adicionalmente son comprado en otro país, en este caso en México y están completamente fuera de las fechas en que se realizaron las capacitaciones, no tienen nada que ver con el trabajo ya que con el trabajo que hay de impulsadores no hay la necesidad de comprar ropa deportiva... La capacitación fue del 14 al 18 de diciembre de 2014 y los gastos posteriores o anteriores de hospedaje y alimento son pagados por la persona que viaja..., le pregunto a ella porqué están cargados a la compañía y ella reconoce que esos gastos no debió cargarlos a la compañía, ella sabe perfectamente que esos importes por hospedaje y alimentos no pertenecen a la compañía. Del tercer hallazgo el monto apropiado por la señora Gabriela asciende entre treinta a cuarenta mil lempiras (L. 30,000.00 a L.40,000.00) ...”. (Lo resaltado es nuestro). 2. De Rony Reinaldo Moncada Maldonado (identificado en la valoración de la sentencia como Reinaldo Maldonado). Tanto el acta del debate, corno de las páginas de la 31 a la 37 de la sentencia, en Valoración De La Prueba, se consigna: El 03 de julio del 2015 en la cuenta de A&P de Honduras se recibe una transferencia de ochenta mil lempiras proveniente de la cuenta personal de Gabriela María Bardales Madrid la que se operó como préstamo de Pinturas Americanas, el 06 de noviembre del 2015 se hace una amortización al pago de ese préstamo del Operador Masier y se pagan ciento cincuenta y siete mil lempiras, ósea, una diferencia mayor a la que se había solicitado. El 17 de noviembre del 2015 se vuelve hacer un pago por la cantidad de mil dólares, afectando la cuenta de Banco Ficohsa de la empresa y acreditados a la cuenta personal de Gabriela María Bardales Madrid de Bac Honduras, en esta operación se hizo un pago de noventa y nueve mil setecientos setenta y dos lempiras (L. 99,772.00) reflejados en nuestro mayores, en el momento se le manifestó a la compañera que había un pago de más y ella manifestó que iba a ver correos y se volvió a decir que había un pago de más y no tuvimos respuesta del por qué ese pago de más de noventa mil lempiras. En el segundo hallazgo que aparece en el dictamen de auditoria se hacen depósitos a la cuenta de lempiras de Bac Ficohsa de Gabriela María Bardales Madrid a la cuenta de Bac honduras en dólares, estos pagos tienen el concepto de liquidaciones varias, cuota de vehículo, y pago de seguro; son nueve transacciones realizadas en el 2014, cinco de ellas en lempiras a la cuenta de Ficohsa personal de ella y cuatro en dólares depositados a la cuenta de Bac Honduras, en estas operaciones se efectuó una cuenta denominada cesantía y preaviso, esa cuenta es pasivo en provisión, es un bolsón con el que cuenta la empresa para poder pagar prestaciones a los empleados que son cesanteados, las operaciones carecen de respaldos ya que no cuentan con una liquidación de empleados o finiquito, no cuenta con un recibo simplemente es una operación con un aviso de pago y la partida. En el tercer caso son pagos personales de viaje de cosméticos, ropa interior, pantalones, consumo que no estaban autorizados, esa operación se dio en un viaje que la compañera realizo a México y otras compras que se hicieron en el país, esas liquidaciones fueron pagadas a través del usuario Master acreditadas a la cuenta personal de Gabriela María Bardales Madrid como liquidaciones... La transacción al pago del préstamo provenía de la cuenta de Ficohsa de A&P de Honduras, según los registros contables el beneficiario de ese préstamo era Pinturas Americanas. - no conozco al señor Allan Deware. - en los avisos de crédito aparece Allan Deware y en el primer paso que se hace aparece “paga a Allan Deware”. - Allan Deware era el Gerente Pinturas Americanas. En la nota de crédito cuando se reciben los ochenta mil lempiras, en el concepto aparece Allan Deware y en el primer pago que se hacen los ciento cincuenta mil lempiras dice Abono a Allan”, él es el gerente Pinturas Americanas, pero el dinero sale de la cuenta de Gabriela y se deposita a la cuenta de Gabriela y no a la cuenta de Allan Deware. - No hay ningún documento de contrato, pagare o letra de cambio que manifieste el compromiso con Allan Deware. Según estos dos pagos en demasía ascendió a noventa y nueve setecientos setenta y dos con trece centavos (L. 99,772.13), el acreedor de estos depósito fue la señora Bardales a sus cuentas de Bac y una en dólares de Bac.- Los nueve pagos que se hacía Gabriela María Bardales Madrid cinco son en lempiras y cuatro en dólares con concepto de liquidaciones varias, cuota de vehículo y gastos de seguro, el cual no tiene soporte del concepto, es decir que si fuera una liquidación debería de tener el cálculo de prestación, un finiquito, un recibo, un cheque de que se pagó la transferencia a la persona que se le pago la liquidación si es una liquidación por despido de personal, no cuenta con ello... Estas transacciones fueron afectadas a las cuantas de cesantía y preaviso, yo le manifestaba que la cuenta de cesantía y preaviso de un bolsón, es una provisión que utiliza la empresa donde va provisionando las prestaciones de sus colaboradores, cuando estas personas son despedidas la cuenta que se afecta es de cesantía y preaviso. - Estos pagos no tienen ninguna relación con la cuenta de cesantía y preaviso, bajo de concepto del fondo ninguno.... Las liquidaciones varias en la cuenta de cesantía y preaviso supondrían gastos como pago de prestaciones, y no existe soporte documental que así lo establezca. El monto debitado de esta partida es ciento cuarenta mil trescientos treinta y nueve lempiras (L.140,339.00), esos depósitos están a la cuenta personal de Gabriela en el Banco Ficohsa y a la cuenta de Bac de ella.- En enero del 2014 se le pago una liquidación a ella que detallaba gastos como rapa, zapatos, aceites, maquillaje, un consumo fuera del rango autorizado entre otros, la erogación que se tuvo por parte de la empresa a raíz de estos gastos que no coinciden con la operatividad es de cincuenta mil ciento sesenta y siete lempiras (L. 50,167.00). - Estos gastos llegan con una liquidación de varios gastos, se concluye que los gastos no están autorizados por que son gastos que fueron en fechas posteriores a un viaje que ella tuvo autorizado a México, los gastos posteriores a esa fecha no están autorizados, Gabriela hacia las liquidaciones y se le pagaban en dos: una en ciento veinte mil y tina de ciento cinco mil lempiras, montos que solo se podían hacer a través de Master. Sobre estos hallazgos hechos en demasía asciende los aproximadamente trescientos mil lempiras (L300,000.00).” (Lo resaltado es nuestro). De esa forma, resulta claro que el Tribunal de Sentencia ha infringido la regla lógica de la Derivación, en vista que de las declaraciones de cargo de estos testigos se extrae la información probatoria que la acusada en efecto realizó tres tipos de operaciones mediante las cuales se apropió de caudales de A&P Honduras, la primera, consistente en un pago de un préstamo en demasía por el orden de los L.99,732.13, que fue transferido a la propia cuenta de la acusada; la segunda, referida al pago de nueve pólizas a su favor, bajo el concepto de pago de preaviso y cesantía, no existiendo ninguna documentación soporte que fundamentara ese pago, por el monto de L. 150,000.00; y la tercera, relacionada con el pago de artículos y gastos personales con los fondos de la empresa, procediéndose a hacerse rembolso de dichos gastos, por el monto de (L.50.167.00); haciendo con ello un total, tal como lo expresa el Licenciado Rony Reinaldo Moncada Maldonado, de L.300,000.00. Contrario a la inferencia probatoria del Tríbunal que estos medios de prueba, entre otros, son circunstanciales solamente para relacionar la existencia de la empresa en cuestión y la fecha en que comenzó a laborar y a ejercer actos como Administradora Única, así como la fecha de despido de dicha empresa, ignorando con ello todo el aporte probatorio que coherentemente señalan, información que les consta personalmente por estar involucrados en la operación de la empresa, y ser testigos directos de los actos defraudatorios desarrollados por la acusada. Así, al no DERIVAR de estas declaraciones las tres formas implementadas por la acusada para apropiarse de los dineros de A&P HONDURAS, sino más bien y únicamente aspectos referidos a circunstancias no sustanciales respecto a los actos típicos-penales de la encausada -como la constitución de la empresa, la contratación de la acusada como Administradora y su despido- ha sido incapaz de establecer en los hechos probados de su sentencia dicha realidad probatoria. II. Forma De Corrección Del Vicio. Posibilidad De Reclamo Oportuno. Corno el vicio descrito ha ocurrido en la valoración de la prueba efectuada por el Tribunal de Sentencia, por violación de las reglas de la sana crítica, esta infracción, tal como lo ha sostenido a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia. y de conformidad al Art. 369 del Código Procesal Penal, debe procederse a la casarse la sentencia de mérito, ordenándose el juicio de reenvío correspondiente, con la integración de nuevos jueces. El vicio se ha presentado en el acto de la sentencia definitiva, en consecuencia, no pudo hacerse un reclamo oportuno en contra del mismo. IV. Fundamentación Jurídica Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma El Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio (Art. 90 de la Constitución de la República). Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso (Art. 9 cpp). Si no se cumple con los requisitos establecidos en la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos y, por el contrario, se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando: a. No se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), B. Se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o C. Se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; La inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción (vicio in procedendo) y que debe de ser objeto de saneamiento cuando proceda (Art. 171 cpp), de subsanación cuando concurran sus presupuestos (Art. 170 cpp) o, en su caso y como remedio último de nulidad 165 cpp). El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la denuncia hecha por algunas de las partes de una actividad procesal defectuosa que compromete la decisión final, dada en los actos procesales de la etapa de juicio o en la propia sentencia que le contiene y que tiene como sanción prevista por la ley su nulidad ante la imposibilidad de saneamiento o de subsanación, ergo no basta entonces con la presencia de un vicio, sino que se requerirá además: i.- Que la Recurrente haya presentado protesta contra el vicio, en el momento procesal oportuno, procurando sanearlo sin éxito (Art. 363 párrafo tercero de cpp); ii.- Que el vicio tampoco sea posible tenerlo por subsanado; iii.- Que el vicio sea de aquellos que tenga como sanción legal la nulidad de la actividad que lo contiene (Art. 362 cpp), planteados como motivos para recurrir.- Los dos primeros requisitos no serán necesarios cuando el defecto se produzca en la sentencia, pues la única forma de protesta sería el mismo recurso de casación. Además de los requisitos señalados, la Recurrente debe de tener presente que la instancia impugnativa en casación está munida de importantes recaudos formales determinados por la ley que deben de cumplirse en su interposición (Art. 363 párrafo tercero cpp) y que pueden ser de diferente naturaleza en atención al defecto procesal denunciado (Art. 362 cpp); Ello se debe a que se trata de un recurso extraordinario, que tiene como fin auditar la legalidad de la sentencia y por ende de una gran exigencia técnica. Es de esta forma que con la individualización del motivo se dan las siguientes consecuencias: a. La competencia de la Sala de lo Penal queda circunscrita a los aspectos objetos de impugnación (Art. 350 cpp); b. Es inaplicable el principio Iura Novit Curia, al no poderse suplir las omisiones de la Recurrente; y C. Es posible la concesión parcial del Recurso, cuando la razón solo aparezca en parte de lo alegado en el motivo. Primer Motivo Normas Autorizantes: Artículo 362 numeral 2 del Código Procesal Penal. Normas Procesales que se denuncian Infringidas: Artículos 202, 336 y 338 del Código Procesal Penal; Motivo: Exclusión de un medio de prueba de valor decisivo; Concepto de la Infracción: indebida declaratoria de ilicitud del medio de prueba informe especial de auditoría sobre gestión de la administradora única de A&P de Honduras S.A. Gabriela María Bardales Madrid; Reclamación Ex ante: Imposibilidad dado que el vicio este contenido a la Sentencia; Pretensión: Sea declarado de recibo el motivo, casando la sentencia y ordenando el reenvío del caso al tribunal de sentencia. Los Querellantes relatan que entre los medios de prueba que presentaron para acreditar los hechos imputados, estuvo el informe especial de auditoría sobre gestión de la administradora única de A&P de Honduras S.A. Gabriela María Bardales Madrid (informe de auditoría), el cual fue producto de una auditoría realizada por la empresa Arita y Asociados S. de R.L. de los actos administrativos realizados entre el 01 de enero de 2014 al 30 de noviembre de 2015; Indican que el documento en cuestión fue acompañado a la presentación de la Querella y por ende de éste tuvo conocimiento la Querellada desde ese primer momento y durante todo el proceso, sin que presentara oposición sobre éste tanto en la fase de saneamiento del debate como en la audiencia de proposición de medios de prueba, habiendo sido admitido como medio probatorio para la audiencia de debate por el tribunal de sentencia.- Los Querellantes explican que aun con lo anterior, en la audiencia de debate el tribunal de sentencia dio tramite a un extemporáneo incidente de exclusión del medio de prueba por ilicitud, mismo que declaro con lugar en sentencia, pues considero que el documento en realidad era un peritaje que fue realizado sin participación de la defensa. Decisión que los Querellantes, ahora recurrentes, consideran una indebida exclusión del medio probatorio, ello porque el medio de prueba es documental de carácter preconstituida, realizado por una persona que no tiene y no puede tener el carácter de perito, pues tomo conocimiento de los hechos, mediante una auditoria practicada previo a la judicialización del caso; persona que fue propuesto para ratificar el documento y que por decisión del propio tribunal de sentencia no lo hizo.- Finalmente, consideran los Recurrentes que el medio de prueba tiene valor decisivo, pues el propio tribunal de sentencia reconoce que es en éste donde se encuentra la información que acredita el delito por el cual fue acusada la Señora Gabriela María Bardales Madrid. De la Prueba Pre Constituida Los Medios de Prueba en el proceso penal tienen por finalidad comprobar la existencia o inexistencia del hecho delictivo y la participación que en el puedan tener las personas acusadas.- Los medios de prueba pueden ser constituidos para el proceso judicial o preconstituidos a éste. Los medios de prueba constituidos para el proceso penal, son aquellos que se elaboran o se producen con el objeto inequívoco de presentarlo en un proceso judicial determinado, para que formen parte del acervo probatorio que brinde información a los juzgadores para la toma de decisión que la acción penal requiere. Por el contrario: la prueba pre constituida se produce previo al proceso penal por lo que no tiene como origen un acto procesal, convirtiéndose en prueba hasta que es presentada en el debate de manera posterior; este tipo de prueba nace antes del proceso y muchas veces ajena a éste, sin orden ni intervención jurisdiccional, y es posterior a la presentación del requerimiento fiscal que el órgano jurisdiccional hace control de ella sobre su licitud, legalidad, y confiabilidad. La prueba pre constituida puede ser diversa, pero siempre requiere quedar documentada (documentos, video, audio, fotografías, planos, etc.), para hacerla llegar al proceso y ponerla a disposición del juzgador. Esta prueba puede tener tres orígenes distintos: a. Como acto previo al hecho penalmente relevante. -Ejemplo: certificaciones de actas de nacimiento, certificaciones de actas de matrimonio, testimonios de escrituras públicas donde se constituyan sociedades, contratos, cartas, grabaciones de llamadas, mensajes de textos, videos, etc.; b. Como acto coetáneo al hecho penalmente relevante; producido al mismo tiempo que el delito o como consecuencia de éste. - Ejemplo: documento objeto de falsedad, un video, audio o fotografía que registre un acto constituyo de delito en vía pública, la carta extorsionadora, etc., o; c. Como un acto posterior al hecho penalmente relevante, producido como consecuencia de aquel, sea por algunos de los actores del delito (sujetos activos, sujetos pasivos, testigos), sea por las personas encargadas de la investigación criminal; ejemplo de éstos últimos: la inspección y custodia del lugar de los hechos (art. 203 del CPP), custodia y recolección de indicios (art. 278 párrafo segundo del CPP), levantamiento de cadáver (art. 204 del CPP), registros personales en zonas anatómicas que no comprometan el pudor (art. 206 del CPP), registro de sitios públicos (art. 209 CPP), registros autorizados por las personas que habitan un bien inmueble que constituya morada (art. 212), inspección de vehículos (art. 208 del CPP), secuestro de objetos y documentos (art. 217 del CPP) clausura de sitios o establecimientos (art. 224 del CPP), reconocimiento fotográfico, etc. La prueba pre constituida puede ser documental o pericial (en este último caso generada en la etapa de investigación preliminar), siendo sus características generales: a. Su producción siempre es previo al proceso judicial; b. El acto que produjo la prueba resulta imposible o extraordinariamente difícil volverlo a producir en audiencia de debate, o se trate de prueba incompatible con el principio de concentración que debe de imperar en la audiencia de debate; c. No existe intervención del órgano jurisdiccional por tratarse de actuaciones que no comprometen derechos constitucionales; y d. Su control de licitud, legalidad y confiabilidad se produce en el proceso penal, al momento en que la prueba pre constituida se convierte en prueba judicial. Como se ha dicho ya, la prueba pre constituida es objeto de evaluación ulterior por parte del órgano jurisdiccional, el que tendrá la tarea de verificar su licitud (respeto a garantías constitucionales), legalidad (respeto a las normas de procedimiento de su producción y registro) y confiabilidad (valoración conforme a las reglas de la sana critica respecto al thema probandi), por ello este tipo de prueba deberá de reunir los siguientes requisitos de legalidad: d. Su elaboración deberá de ser con apego a las normas legales que regulen el acto, su producción o elaboración, o en su caso a lo preceptuado en el Código Procesal Penal.- En el supuesto de no estar expresamente reglado, deberá de ser elaborado conforme a las normas que le sean más análogas (Art. 199 segundo párrafo del CPP); Cuando su registro sea en un documento elaborado en el marco de la investigación preliminar (actas de registro, decomiso, de inspección ocular, etc.), como regla general y para efectos de garantizar el derecho de defensa y debida contradicción, la persona que lo elaboró deberá de comparecer a la audiencia de debate para su ratificación y posterior interrogatorio sobre la elaboración del documento, salvo causa justificada (Art. 311.4 del CPP); y No deberá de haber limitado, restringido o comprometido derechos fundamentales, pues en ese caso requerirá haber sido autorizado por un órgano jurisdiccional y en los casos emergentes y cuando lo prevea la ley, por el Ministerio Público, como por ejemplo: la entrega controlada, agente encubierto, intervención de conversaciones privadas, allanamientos de moradas, registros corporales en zonas anatómicas que comprometan el pudor, etc. La admisión de la prueba pre constituida dependerá, como ya se ha explicado, que sea respetuosa de las garantías constitucionales para que tenga el carácter de lícita y legal; adicionalmente dependerá su admisión si reúne las condiciones de proporcionalidad, utilidad y pertinencia respecto al thema probando, conforme lo ordena el artículo 199 tercer párrafo del Código Procesal Penal. Respecto a su evacuación la prueba pre constituida: cuando sea medio de prueba documental deberá de ser introducida por lectura a la audiencia de debate (art. 252 y 332 del cpp), en donde las partes harán un control diferido, para ello y como regla general y en especial aquellos elaborados por testigos especializados (testigos/peritos o testigos técnicos) o aquellos hechos en la investigación preliminar por la policía preventiva, policía de investigación, etc., serán ratificados por las personas que lo elaboraron, sujetándose al interrogatorio y contra interrogatorio que hagan las partes procesales, salvo que ello no fuese posible por causa justificada, como lo prevé el artículo 311.4 del Código Procesal Penal.- Cuando se trate de prueba pericial, conforme lo manda el Art. 245 del Código Procesal Penal: i.- En la Etapa Preparatoria del proceso el dictamen será presentado por escrito, sin perjuicio de que comparezca el/la perito a la audiencia judicial a rendirlo, a aclararlo o a ampliarlo; y ii.- En la Etapa de Juicio y en la fase de Ejecución, el informe pericial se rendirá verbalmente, explicando el/la perito de viva voz todo lo concerniente a su análisis, ello sin perjuicio de hacerse acompañar de su informe escrito (art. 326 cpp).- También el peritaje podrá ser rendido por escrito, dándole lectura al informe para que después el/la perito lo corrija, amplié, aclare o ratifique. Testigos Especializados o Testigos-Peritos El testigo es la persona que de manera accidental adquiere conocimiento de unos hechos determinados por conducto de sus sentidos, por encontrarse en el momento y lugar en que aquellos ocurrieron; se trata de una persona que, en la mayoría de veces sin preverlo, presencia hechos que son de interés al derecho y que, por esa razón, es llamado para que relate lo que ha percibido, mediante su narración. El conocimiento del testigo no es como consecuencia de un mandato emanado de autoridad competente; el testigo simplemente se informa casualmente de unos hechos, los que debe de reproducir en debate; es pues que no es de interés del proceso la opinión del testigo, sino los hechos que pueda dar a conocer. Conforme al Código Procesal Penal, y salvo excepciones legales, toda persona que sepa de un delito está obligada a atender el llamamiento judicial para participar en un proceso judicial en su condición de testigo (Art. 226 CPP). Existe una clase especial de testigos que se les conoce como testigos especializados, testigos técnicos o testigos/peritos, los cuales no deben de ser confundidos con los peritos.- Conforme el artículo 303 del Código Procesal Civil, tendrán tal carácter las personas que posean conocimientos científicos, técnicos, artísticos o prácticos sobre la materia a que se refieran los hechos que han percibido como testigos, debiendo admitirse las manifestaciones que hagan en base a dichos conocimientos especiales y que agregue el testigo en sus respuestas sobre los hechos.- Entonces el testigo especializado es aquel que, al igual que los testigos en general, tienen conocimiento accidental de unos hechos de interés para el proceso penal, accidental porque no fue como consecuencia de un encargo hecho por autoridad competente; con la diferencia que tal percepción del hecho se enlaza con un conocimiento científico, técnico, artístico o prácticos que éste posee de previo y que tiene íntima relación con aquello que percibió por sus sentidos, por lo que el testigo especializado observa el hecho, lo razona, lo interpreta y llega a conclusiones sobre éste apoyado en su expertis, siendo admisible que al momento de su deposición se apoye en ese conocimiento especializado para dar a conocer y explicar el hecho.- Así pues el médico general que se encuentra de guardia en una clínica y que atiende a una persona herida por arma de fuego, el contador que realiza auditoria en una empresa descubriendo una administración fraudulenta, el ingeniero civil que estudia la calidad estructural de un puente descubriendo el uso de materiales de baja calidad, la psicóloga consejera estudiantil que en sesión de trabajo se da cuenta que una menor de edad ha sido agredida sexualmente, etc.. El testigo especializado puede enterarse de los hechos delictivos de casualidad por estar en el lugar de los hechos, en el desarrollo de sus labores cotidianas o cumpliendo con un encargo de persona particular, debiendo ser propuestos como testigos y nunca peritos (Art. 240 último párrafo y 241.3 del CPP), lo que no obsta para que en el estrado judicial den a conocer lo percibido con auxilio de su experticia, pudiéndosele formular interrogantes sobre el nivel de su experticia como parte de la auscultación sobre su confiabilidad. En contraposición al testigo especializado, tenemos el perito, quien es una persona ajena a los hechos, a quien la autoridad competente le encarga el análisis de un hecho como consecuencia de su conocimiento sobre una ciencia, método, técnica o disciplina que se relaciona con aquel. El perito obra como consecuencia de un mandato, limitado a ejecutar el mismo bajo sus términos, teniendo la obligación de obrar con objetividad. - No pueden ser peritos, entre otros, quienes ha presenciado accidentalmente los hechos que son objeto de juzgamiento y por lo tanto su intervención en el proceso penal debe de ser como testigo y no como perito (Art. 240 y 241.2 del cpp). El perito se diferencia del testigo en que aquel no ha presenciado los hechos, su conocimiento de la causa es a partir de designación y está limitado a dar una opinión dentro de su campo de conocimiento, entre tanto el testigo interioriza los hechos al tener conocimiento de ellos de manera accidental, ya sea porque se encontraba en el lugar que ocurrieron, sea porque tomo razón de ellos como consecuencia inevitable de una labor, acto, trabajo, etc. De la Exclusión y Falta de Consideración de Prueba con Valor Decisivo Es importante recordar que el proceso penal es una concatenación de actos interrelacionados entre sí, que tienen como objetivo propiciar un escenario donde el tribunal de sentencia, pueda pronunciarse sobre el fondo debatido en estricto respeto del principio de legalidad y del debido proceso. Entre esos actos está el proceso probatorio que va desde la proposición, pasando por la reproducción y finalizando con la valoración de los distintos medios de prueba; Éste proceso inicia con la celebración de la audiencia de proposición de medios de prueba (Art. 317 del CPP), donde las partes podrán proponer los medios de prueba que tengan a bien, siendo estos admitidos cuando superen los requisitos de admisibilidad establecidos en la Ley (Art. 199 del CPP), seguidamente se celebra la audiencia de juicio en donde solo se deben de reproducir los medios de prueba que hayan sido previamente admitidos en la audiencia de proposición de medios de prueba (primera parte del Art. 333 del CPP) y, como excepción, en la etapa de incidentes del debate (Art. 320 del CPP) o como auto para mejor proveer (Segunda parte del Art. 333 del CPP) y finalmente como resultante del debate, el Tribunal dictara sentencia en donde la totalidad de la prueba reproducida debe de ser motivada descriptiva e intelectivamente (Art. 202 y 338.2 del CPP), sin que se pueda considerar otra prueba distinta o dejar de considerar la que formó parte del proceso.Así las cosas, constituye actividad procesal defectuosa cuando el tribunal de sentencia irrespete el proceso probatorio, siendo uno de estos vicios el dispuesto por el Artículo 362.2 del Código Procesal Penal que reprocha cuando la sentencia “excluya o deje de considerar alguna prueba de valor decisivo”; La exclusión de prueba es distinta a la falta de consideración, de este modo: a. Existe indebida exclusión de prueba cuando habiéndose admitido un medio de prueba y reproducido en la audiencia de debate conforme a las reglas procesales, el órgano juzgador en su sentencia, sin dar a conocer ningún razonamiento, le niega valor alguno al medio de prueba, es decir, hace mención del medio de prueba pero no externa si el mismo merece crédito o por el contrario carece de fiabilidad; otra forma de exclusión indebida de un medio de prueba es cuando el Tribunal de Sentencia haciendo una incorrecta aplicación o interpretación de la ley, refuta a un medio de prueba como ilícito o no apreciable por falta de cadena de custodia, descartándolo del proceso de valoración, en otras palabras, negándole valor alguno como consecuencia de un desatinado criterio jurídico. B. Existe falta de consideración de prueba cuando a pesar de haber sido admitidos durante la etapa de juicio y reproducidos en la audiencia de debate, el órgano juzgador no hace alusión alguna sobre éstos, es decir que no existe ninguna mención al medio de prueba en su sentencia. - No se trata pues de un vicio sobre el proceso de valoración del medio de prueba, sino sobre la expulsión del medio de prueba del acervo probatorio. La norma procesal además exige para la configuración del vicio que el medio de prueba excluido o dejado de considerar posea un valor decisivo en la emisión del fallo, cuya evaluación en Casación se efectúa conforme al método la Inclusión Hipotética, que consiste en agregar el medio de prueba excluido o no considerado a la ecuación valorativa, de modo de constatar si con la aportación de los datos de ese medio de prueba el fallo se hubiese afectado en alguno de sus pronunciamientos, de ser así el medio de prueba es de carácter decisivo, por el contrario aun cuando la exclusión o la falta de consideración sea indebida, si su inclusión hipotética no se traduce en la modificación de algunos de los pronunciamientos del fallo, equivale a que el mismo no es de valor decisivo, no dando paso al vicio in procedendo previsto en el artículo 362.2 del Código Procesal Penal. De la Procedencia del Primer Motivo. - El Primer Motivo Es de Recibo.- Ha analizado cuidadosamente la Sala de lo Penal el recurso de casación que ha interpuesto el Querellante, en el cual denuncia quebrantamiento de forma, oponiendo como motivo la indebida exclusión por supuesta ilicitud del informe especial de auditoria sobre la gestión de la administradora única de A&P de Honduras S.A., Señora Gabriela María Bardales Madrid, hecho por la empresa Arita y Asociados S. de R.L. de las gestiones realizadas por aquella entre el 01 de enero de 2014 al 30 de noviembre de 2015 (en adelante informe de auditoría); quebrantamiento que efectivamente ocurrió como consecuencia de una serie de criterios equívocos en que incurrieron los señores jueces de sentencia sobre los alcances de la ley procesal. El primer equivoco del tribunal de sentencia es haber admitido y dado tramite a un incidente de nulidad por ilicitud planteado por la parte querellada en la audiencia de debate (f.242), en contra del medio de prueba informe de auditoría, basado en que éste se elaboró sin su intervención y como consecuencia produciendo una supuesta violación al derecho de defensa contenido en el artículo 82 de la Constitución de la República; incidente que, en base a tales términos, no se funda en ningún hecho nuevo o de nuevo conocimiento de la parte después de la fase de saneamiento en la etapa de juicio como lo manda el artículo 320 primer párrafo del Código Procesal Penal; por el contrario la existencia del medio de prueba cuestionado (informe de auditoría) y la forma como se produjo fue de conocimiento de la parte Querellada desde el mismo momento de la presentación de la Querella, pues no solo se menciona en el relato de los hechos, sino que además en ese mismo escrito es nominado como prueba documental, por lo que ante tal conocimiento y de existir ese supuesto menoscabo al derecho de defensa la Querellante debió denunciarlo de manera inmediata o, cuando menos en la fase de saneamiento (Art. 316 CPP) pero ello no fue así, pues aun cuando el tribunal de sentencia emplazó a las partes para que pudiesen examinar el acumulado judicial (f. 205) ninguna de ellas planteó la existencia de vicios; por el contrario se aprecia que posteriormente el documento en cuestión fue ofertado como medio probatorio en la audiencia de proposición de pruebas y al ser consultado sobre éste la Querellada indicó no tener objeciones, admitiéndose como tal por parte de los señores jueces por considerar que superaba el juicio de admisibilidad (pertinencia, utilidad y proporcionalidad). Por tanto, ante el planteamiento del incidente de nulidad por parte de la Querellada al inicio de la audiencia de debate contra el informe de auditoría basado en un hecho del que tenía conocimiento desde el inicio del proceso (su elaboración sin participación de la defensa), debió haber sido declarado inadmisible por el tribunal de sentencia, pues se recalca nuevamente que la norma procesal condiciona que todo incidente a oponer al inicio de la audiencia de debate, lo que incluye proposición de nueva prueba, vicios de nulidad, recusaciones, etc., debe de estar basado estrictamente en hechos nuevos o hechos de nuevo conocimiento. El otro error de los Señores Jueces es no contemplar que al momento en que la Querellada plantea el incidente por la existencia de un vicio, en caso de haber existido (lo cual no fue así como más adelante veremos), hubiese estado subsanado por conformidad expresa de la reclamante.- El A-quo no atendió lo mandado por el artículo 170.1 del Código Procesal Penal que dispone tener por subsanado el vicio y por tanto válido el acto, cuando ninguna de las partes haya reclamado oportunamente su nulidad, como fue en el presente caso en donde la Querellada no hizo la denuncia en la fase de saneamiento aun a pesar de que fue emplazada para ello por el tribunal; pero más aún, el A-Quo no se atendió el artículo 170.2 que manda que se tendrán por subsanados los actos y por tanto válidos, cuando la parte contra la cual se hubiesen realizado haya aceptado sus efectos expresamente, lo que ocurrió en la audiencia de proposición de medios de prueba en donde el Querellante propuso el informe de auditoria como medio de prueba documental y la Querellada expresó no tener ninguna objeción sobre ello, lo que incluye no solo la realización de la auditoria, sino su presentación como medio de prueba documental, por lo que no podía entonces posteriormente señalar que si tenía objeciones y alegar una supuesta violación al derecho de defensa en un momento procesal posterior y después de indicar expresamente que no había vicio alguno que le perjudicara. Respecto a la existencia del vicio que denunciado por la querellada y apreciado por el tribunal de sentencia, esta Sala de lo Penal establece que éste es inexistente y por tanto el informe de auditoría in comento no tiene el carácter de ilícito.- Erraron los señores jueces en no identificar al medio de prueba como pre constituido, a la persona que lo elaboró como testigo especializado y al informe que éste emitió como un medio de prueba documental que debió ser evacuado mediante su lectura y ratificación del autor o autores.- El relato de la querella indica que cuando la relación laboral entre A&P de Honduras S.A. y la Señora Gabriela María Bardales Madrid, se deterioró a causas de múltiples quejas de clientes e inconvenientes por el manejo de la administración, la primera dispuso realizar una auditoría, contratando a la empresa Arita y Asociados S. de R.L., quienes generaron el informe de auditoria que se propone en el mismo escrito de la querella; es pues que el documento, fechado el 15 de Febrero de 2016, fue como consecuencia de una gestión particular, en un momento en que se desconocía la existencia del supuesto delito y por supuesto, previo a la presentación de la acción penal, lo que ocurrió hasta el 13 de septiembre de ese mismo año.- No existía ninguna razón para que la elaboración de la auditoria se realizará bajo control jurisdiccional, pues no se trataba de un medio de prueba anticipado, tampoco de una actuación de limitara o suspendiera un derecho fundamental o un derecho humano de una persona y por ello requiriera control judicial ex ante; de hecho el tribunal de sentencia en su resolución indica que el Querellante debió haber solicitado al tribunal de sentencia la juramentación de un perito para hacer la auditoria, sin explicar bajo que fundamento una persona podría hacer tal solicitud cuando no existía en ese momento proceso judicial, ni tampoco noticia criminis.- Se reitera que nos encontramos ante una prueba pre constituida, cuyo contradictorio, control de licitud, legalidad y confiabilidad se realiza de manera diferida; no debe entenderse que la Querellada no tenga el derecho a un debido contradictorio, a poder oponerse al contenido del informe, controvertirlo o contraprobarlo, pero tal oportunidad será en la audiencia de debate sobre un medio de prueba del que tenía conocimiento desde el génesis del proceso penal; ejercicio del derecho de defensa que deberá de realizar al momento de la presentación del informe y al momento de tener la oportunidad de interrogar y hasta cuestionar (en caso de que así lo estime necesario) a la persona o personas que lo hayan elaborado, pudiendo inclusive valerse de un consultor técnico en ese momento, si así lo estima necesario, como consecuencia de tratarse de un testigo especializado. Negar la naturaleza de prueba pre constituida al informe de auditoría, implicaría trazar una línea en donde toda auditoria deberá de ser bajo control jurisdiccional ante la posibilidad de que el resultado arroje una posible comisión de un delito, rebasando así el sentido del principio de contradicción como uno de los pilares al derecho de defensa.

Finalmente es de mencionarse que la motivación en que los jueces sustentan su resolución es insuficiente e impropia por la invocación de conceptos lo que se sobreponen aun cuando no tengan relación entre sí, ni con la causa de juzgamiento.- Se indican que el medio de prueba informe de auditoría es ilícito, pero no se motiva el porque, no se señala cual es el derecho fundamental que se vio comprometido; más adelante, en la fundamentación jurídica, los jueces afirman que se han vulnerado garantías procesales, creando más confusión pues la inobservancia de normas procesales convierten la actividad probatoria en ilegal pero no necesariamente en ilícita, con consecuencias totalmente distintas, aunado a que de nueva cuenta los jueces no identifica cuales fueron esas garantías procesales que supuestamente fueron vulneradas, ni explican cómo ocurrió ello.- También menciona el a-quo la teoría del fruto del árbol envenenado develando confusión pues dicha teoría es respecto a la prueba derivada de aquella otra que provine del acto viciado y no una teoría que explica cómo se genera un medio de prueba viciado como consecuencia de la ilicitud de su producción u obtención. Por otra parte los señores jueces indican que “es de conocimiento público”, las únicas tres fuentes para “la obtención de la prueba”, pero en realidad no es de conocimiento común cuales son las fuentes de prueba (no para las personas que carecen de instrucción legal), y, aun cuando fuese así, ello no revela la obligación del tribunal de sentencia de enumerar y explicar porque afirman que solo existan tres fuentes, en especial porque en el listado no se contempla el derecho de defensa de presentar prueba y además porque el listado consignado en la sentencia solo refiere a los procesos por delitos de acción pública en donde hay intervención de la policía y del Ministerio Público, pero no se explica cuáles serían esas fuentes en los procesos penales por delitos de acción privada o los delitos de acción pública a instancia de particular conversos a acción privada.- Nótese adicionalmente que tal tema que se aborda en la motivación es distinto a los actos de producción de lo que posteriormente se presenta como medio de prueba en el proceso penal, que es en realidad lo que atañe al supuesto vicio denunciado, en particular lo que concierne a la prueba pre constituida; recuérdese que es distinto la producción de la obtención de la prueba, aun cuando en ocasiones ello ocurra en un solo acto. El vicio por quebrantamiento de forma se produce no solo por la indebida exclusión de un medio de prueba, sino que además cuando éste es de valor decisivo como consecuencia de su potencial válida que pueda generar cambio en la decisión final adoptada.- En el caso que nos ocupa ello es apreciado: el Informe de auditoría es de valor decisivo a la pretensión del Querellante, hoy recurrente, pues el propio tribunal de sentencia señala que con dicho medio probatorio se logro establecer la participación en los hechos imputados por la Señora Bardales Madrid, y que además no existió prueba que desacreditara lo que dicho informe dejó por sentado, siendo el informe de auditoría, a consideración de los jueces, el único medio de prueba que atribuye los hechos acusados; por tanto su exclusión repercutió en la decisión tomada. Lo anterior pone en relieve un nuevo error del tribunal de sentencia: la evaluación de “prueba de valor decisivo” es hecha por la Sala de lo Penal, para efectos de resolver esta clase de recursos, a partir de la pretensión formulada por la parte en la audiencia de proposición de medios de prueba, pues la exclusión implica falta de valoración, pero en este caso particular los señores jueces hacen una valoración del medio de prueba que al mismo tiempo consideran ilícito, lo que resulta contradictorio pues la norma procesal (Art. 200) manda que declarándose vulnerado un derecho fundamental, el medio de prueba carece de valor, debiendo excluirse, es decir no debiendo valorarse. I. Decisión Declarar con lugar el primer motivo del Recurso de Casación por Quebrantamiento de forma. Segundo y Tercer Motivo Los Recurrentes presentan un segundo motivo teniendo como precepto autorizante el artículo 362.3 del Código Procesal Penal, denunciando motivación fáctica contradictoria y además un tercer motivo señalando igualmente como precepto autorizante el artículo 362.3, con el cual se aqueja que la sentencia contiene valoración probatoria que irrespeta las reglas de la sana critica.- Ambos motivos tienen como pretensión que se anule la sentencia recurrida, se ordene el reenvío de la causa al tribunal de sentencia y se ordene la celebración de un nuevo debate, pretensión que se ha alcanzado al haberse estimado el primer motivo de casación, por lo que la Sala de lo Penal considera abundante hacer pronunciamiento de fondo de los motivos segundo y tercero. Por Tanto: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 140 del Código Penal; 362 del Código Procesal Penal; Falla: Primero: Declara Con Lugar el primer motivo del recurso de casación por Quebrantamiento de forma, interpuesto por los abogados Eduardo Jair López Zuniga y Celeste Aida Cerrato Chinchilla, en su condición de apoderados legales del querellante A&P Honduras S.A.; en consecuencia se Casa la sentencia de fecha veinticinco de septiembre de dos mil diecisiete, dictada por el Tribunal de Sentencia de la ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán.- Segundo: Declara la Nulidad Absoluta de la audiencia de debate iniciada en fecha nueve de junio de dos mil diecisiete (f. 242) y la nulidad absoluta de la sentencia que es objeto del recurso de casación en el presente caso (f. 264) antes individualizada.- Y Manda: Primero: Observando estrictamente los plazos legales contemplados en el Código Procesal Penal, que el Tribunal de Sentencia de origen proceda a programar celebración de la audiencia de debate para resolver la formalización de cargos criminales hechos contra la Señora Gabriela María Bardales Madrid, por suponerla responsable a título de autora directa, de un delito consumado de Apropiación Indebida, en perjuicio de Advertising and Promotion de Honduras S.A.; audiencia de debate y sentencia que deberá ser celebrada por jueces/zas distintos/as a aquellos/as que tuvieron participación en la audiencia de debate y sentencia que se ha anulado, lo que no les releva de la obligación de empoderarse de lo señalado en la presente resolución.- Segundo: A efecto de que se acate lo mandado en el numeral anterior, la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personas en única instancia, deberá devolver los antecedentes del caso al tribunal de sentencia de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento.- Notifíquese. FIRMA Y SELLO. José Olivio Rodríguez Vásquez. Magistrado Coordinador Rafael Bustillo Romero Magistrado. Miguel Alberto Pineda Valle Magistrado. FIRMA Y SELLLO MARIA DEL CARMEN GODOY. RECEPTORA ADSCRITA SALA DE LO PENAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintisiete días del mes de abril del año dos mil veintiuno. Certificación de la sentencia de fecha diez de marzo del año dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este tribunal No. SP-089-2018.

MARIA DEL CARMEN GODOY

RECEPTORA ADSCRITA

SALA DE LO PENAL

[1] Derecho Procesal Penal de Honduras. Manual Teórico-Práctico. Pág. 743

[2] Derecho Procesal Penal de Honduras. Manual Teórico-Práctico. Pág. 752.

[3] La Casación Penal. El recurso de casación penal en el nuevo Código Procesal Penal de la Nación, Ediciones Depalma, Buenos Aires, Argentina, 1994