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Sentencia CP-88-18 — Registro 13097

Resumen

En primera instancia se condenó al imputado como autor del delito de Extorsión Continuada, resolviendo en segunda instancia No Ha Lugar el recurso de casación y declarando la procedencia de la retroactividad de la ley penal.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"...SEGUNDO ARGUMENTO RECURSIVO: VIOLACIÓN AL DERECHO A LA DEFENSA La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que el Derecho de Defensa “obliga al Estado a tratar al individuo en todo momento como un verdadero sujeto del proceso, en el más amplio sentido de este concepto, y no simplemente como objeto del mismo” (Ver casi Barreto Leiva vs. Venezuela, sentencia del 17 de Noviembre de 2009, párrafo 29 y caso López Mendoza Vs Venezuela, sentencia del 01 de septiembre de 2011, párrafo 117), señalando además que “es preciso que un justiciable pueda hacer valer sus derechos y defender sus intereses en forma efectiva y en condiciones de igualdad procesal con otros justiciables” (Ver caso Hilaire, Constantine, Benjamín y otros vs Trinidad y Tobago, sentencia del 21 de Junio del 2002, párrafo 146). Por su parte la Sala de lo Penal en Sentencia de fecha 02 de noviembre del 2011, en el Exp 342-09, ha señalado que: “... uno de los requisitos Constitucionales del Proceso Penal, lo constituye el Derecho de Defensa como presupuesto básico para todo pronunciamiento en materia penal, plasmado en principio como un instrumento de reacción del individuo frente a la acción punitiva del Estado, erigiéndose como el poder de oposición a la acción y por lo tanto, constituye uno de los elementos esenciales del moderno proceso penal, en ese sentido, al garantizar la carta magna que el derecho de defensa es inviolable, lleva implícito que la instancia penal deba permitir a toda persona que interviene en juicio, los medios efectivos y necesarios para la concreción de la defensa en juicio, de tal forma que la normativa procesal reguladora del debate público deba comprender la observación de tal derecho en cada una de las circunstancias o incidencias que se presenten durante el juicio, como una manifestación del denominado derecho al debido proceso que “supone un conjunto de auto limitaciones constitucionales y legales que el Estado se impone a sí mismo, para racionalizar dentro de los marcos infranqueables de la dignidad humana, el ejercicio del ius puniendi, que se logra con el establecimiento de una serie de garantías mínimas, que son el escudo protector del ciudadano frente a la arbitrariedad del funcionario o a la omnipotencia del Estado” (Véase Pavón Gómez German. De la Casación y la Revisión Penal. 2ª edición. Doctrina y Ley. 2003. Colombia. P 48 y 49.”. Además, esta Sala de lo Penal ha establecido que: “…el Derecho de Defensa se lesiona, verbigracia, cuando se imposibilita al acusado la oportunidad durante la totalidad del proceso, de defenderse de los cargos, o para demostrar su versión de los hechos, el acceso irrestricto a las pruebas de cargo, el derecho a hacer uso de todos los recursos legales o razonables de defensa sin sanción o censura alguna…” (En fallo de fecha 22 de septiembre del 2011, contenido en el Expediente 390-09).- El Derecho de Defensa está definido en términos generales desde el ámbito penal, como la oportunidad que tiene la parte acusadora y la parte imputada de amparar, proteger y accionar a favor de sus propios intereses subjetivos.- El Derecho de Defensa es una reacción a la acción penal del Estado, vincula a las partes litigantes en contienda, quienes deberán enmarcar sus actuaciones con respeto de este derecho, en especial la encargada de sostener la acción acusadora, entretanto que el órgano jurisdiccional, reclamada su intervención, velará estrictamente por su cumplimiento, potencializando su ejercicio y sancionando su inobservancia. El Derecho General a la Defensa está compuesto por varios derechos que lo convierten, de un simple enunciado a un derecho eficaz, a saber: i.- Derecho a ser informado del contenido de la acusación desde los primeros momentos del proceso; ii.- Derecho a un itérprete o traductor si no conoce bien el idioma español; iii.- Derecho a tener el tiempo necesario para la preparación de la Defensa y además contar con los medios adecuados para ello; iv.- Derecho a requerir a los entes de investigación del Estado, la práctica y/o aseguramiento de prueba que sea de interés; v.- Derecho a la defensa material libre y a una debida defensa técnica en todo momento del proceso, de elección libre o, en su caso por designación gratuita; vi.- Derecho a proponer los medios de prueba que considere necesarios para realizar descargo de la acusación en cualquier momento del proceso; vii.- Derecho a conocer con antelación la carga probatoria que sustenta la acusación, previo a la celebración del debate; viii.- Derecho de la persona acusada a estar presente en todos los actos que impliquen evacuación de medios de prueba, salvo excepciones establecidas en la ley; ix.- Derecho a controvertir la prueba mediante su examen directo; x.- Derecho a que toda decisión judicial que no sea de mero trámite esté debidamente motivada; xi.- Derecho a recurrir la decisión judicial. DEL TESTIGO PROTEGIDO A.- Obligatoriedad de comparecer como testigo El testigo es la persona que de manera accidental adquiere conocimiento de unos hechos determinados por conducto de sus sentidos, por encontrarse en el momento y lugar en que aquellos ocurrieron; se trata de una persona que, en la mayoría de las veces sin preverlo, presencia hechos que son de interés al derecho y que, por esa razón, es llamado para que relate lo que ha percibido, mediante su narración. Conforme al Código Procesal Penal, toda persona que sepa de un delito está obligada a atender el llamamiento judicial para participar en un proceso judicial en su condición de testigo (Art. 226 CPP); Esta obligación, salvo las excepciones previstas en la ley (Art. 227 CPP), exige a las autoridades estatales a dictar las medidas pertinentes para asegurar que el testigo acate el llamamiento judicial, medidas que pueden ser: *Aprehensión para efectos de identificación: Durante la investigación preliminar, ante la noticia criminis y dándose la imposibilidad de distinguir entre testigos y posibles responsables entre las diferentes personas presentes en un lugar, la Policía Nacional (Art. 175 CPP) y/o el Ministerio Público (Art. 176 CPP) podrá aprehender a las personas que considere necesarias para evitar que se ausenten del lugar sin antes identificarlas plenamente, para ser llamadas como testigos; * Actualización de domicilio de los testigos: Sin perjuicio de las medidas de seguridad pertinentes, el órgano jurisdiccional o el Ministerio Público, en la etapa de investigación preliminar, podrán ordenar a los testigos a fijar su domicilio e informar con antelación cualquier cambio de éste (Art. 238 CPP); *Aprehensión por riesgo de Ocultamiento o Fuga: Cuando una persona trate de ocultarse o fugarse, con el fin de no participar en un proceso judicial como testigo, el órgano jurisdiccional podrá ordenar su aprehensión por hasta 24 horas, a efecto de que durante dicho tiempo se le tome la declaración testifical, la que podrá ser tomada bajo el protocolo de prueba anticipada de ser necesario; esta aprehensión podrá ordenarla el Ministerio Público hasta por 06 horas, entretanto gestiona la orden judicial (Art. 234 CPP); *Intimación por el delito de desobediencia: En todas las citaciones que realice el Ministerio Público o el órgano jurisdiccional, se deberá informar al testigo, sobre su obligación de comparecer (salvo las excepciones previstas en la ley), advirtiéndole que la desatención a dicha cita sin justa causa, le hará incurrir en responsabilidad por el delito de desobediencia (Art. 155 CPP); y * Conducción Coactiva: Cuando un testigo debidamente citado y sin justificación válida, no atienda el llamamiento judicial, el órgano jurisdiccional procederá a citarlo por segunda vez, advirtiéndole que podrá ser conducido por la fuerza pública a rendir su declaración, lo cual se ordenará cuando no se atienda esta segunda citación (Art. 233 CPP). La normativa citada nos indica que la participación de una persona como testigo en un proceso judicial no cae en el ámbito discrecional de ésta, sino que es una obligación legal cuya inobservancia acarrea responsabilidad, debiendo las autoridades operadoras de justicia en el ámbito penal, dictar las medidas pertinentes para asegurar la participación del testigo en el proceso penal. B.- Medidas de Protección a Testigos La obligación de la persona de participar en el proceso tiene al mismo tiempo aparejada la obligación del Estado de brindar la protección necesaria para repeler cualquier riesgo fundado que dicha participación le pueda acarrear (Art. 5 CPP).- Las medidas de protección están previstas en dos cuerpos legales distintos: i.- Código Procesal Penal, bajo el control del órgano jurisdiccional competente; y ii.- Ley de Protección a Testigos, a cargo del Director del Programa Nacional de Protección de Testigos en el Proceso Penal. El artículo 237 del Código Procesal Penal prevé una serie de medidas de protección de los testigos, siendo éste un listado ilustrativo y no excluyente de otras medidas que pueda adoptar la Policía Nacional, Ministerio Público y los órganos jurisdiccionales, pero todas ellas bajo control de éstos últimos.- Son medidas de protección, entre otras: * Que no conste en las carpetas institucionales, llámese expediente policial, expediente del Ministerio Público y/o expediente judicial: el nombre, profesión u oficio, domicilio, centro de trabajo ni dato alguno del testigo. Estos datos deberán ser consignados en sobre sellado que estará bajo la custodia del titular del tribunal que conozca la causa. El testigo deberá ser identificado con una clave o número acorde con la dignidad humana y a la solemnidad del proceso penal, procurando que ésta sea la misma en todo el procedimiento (Al respecto ver sentencia de la Sala de lo Penal de fecha 04 de febrero de 2014, en el exp 232-2011, respecto a la dignidad de las claves); *Que el testigo comparezca para la práctica de las diligencias procesales, utilizando cualquier procedimiento que imposibilite su identificación visual normal; *Que se fije como domicilio, a efecto de comunicaciones, la propia sede del órgano jurisdiccional interviniente, por cuyo conducto serán enviadas reservadamente a su destinatario; *Que la declaración de la persona sea recibida sin la asistencia de público en la sala de juicio (ver art. 308.2 CPP); o *Que la declaración del testigo sea rendida mediante videoconferencia. Por su parte, la Ley de Protección a Testigos (Decreto legislativo No. 63.-2007 del 28 de mayo de 2007), ordena que las medidas serán a favor de las personas que integren el Programa de Protección a Testigos dirigido por el Ministerio Público y, por ende, bajo el control exclusivo de éste, el que puede solicitar el auxilio de instituciones públicas y privadas para su implementación. - Entre las medidas que contempla la ley in comento están: * Medidas de Protección Personal: i.- Alejamiento del lugar del riesgo; ii.- Reubicación temporal o definitiva del testigo protegido dentro o fuera del país; iii.- Cambio de identidad; iv.- Modificación de rasgos físicos; * Medidas Policiales: i.- Alejamiento inmediato del testigo y de su grupo familiar del lugar de riesgo; ii.- Vigilancia, monitoreo y patrullaje policial; iii.- Medios y modalidades de comunicación policial de emergencia; y iv.- 4) Acompañamiento del testigo por un agente policial (escolta); * Medidas Penitenciarias: Medidas de protección penitenciaria; o * Medidas de Protección en el Proceso Penal: i.- Métodos de distorsión de voz o de aspecto físico y cualquier otro instrumento técnico que proteja la identidad y/o integridad física del testigo; ii.- Anonimato o resguardo de identidad y reserva de ésta; iii.- Videoconferencia; y, iv.- Garantía de preferencia en la tramitación del caso en el proceso jurisdiccional, asegurando su confidencialidad. Cuando la medida de protección a imponer sea la reserva de identidad, ésta será revelada al órgano jurisdiccional hasta cuando éste comparezca a rendir su declaración; el órgano jurisdiccional comprobará la identidad constatando privadamente los datos de identificación proporcionados por la parte proponente en un sobre sellado (el que será abierto en ese momento), y luego de ello devolverá dicho sobre a la parte proponente para su destrucción; el sobre de datos de identificación jamás deberá ser agregado al expediente judicial. Téngase en cuenta lo ya señalado por este tribunal de casación en sentencia de fecha 18 de septiembre de 2018, en el Expediente 153-2914: “Esta Sala de Casación recuerda, que la declaración de testigos protegidos […], es una práctica procesal permitida en nuestra legislación según lo regula el artículo 237 del Código Procesal Penal, puesto que, si bien los testigos gozan de medidas de protección para no conocerse sus nombres, ni revelar su apariencia física por razones de seguridad personal, los jueces de sentencia si conocen esos detalles, precisamente deben cerciorarse de las generales de ley de los testigos que se encuentran en sobres sellados, por tanto no son en ningún momento testigos anónimos, sino que protegidos debido a la existencia racional de algún peligro grave para sus personas o sus parientes...”. Las medidas que están previstas en la legislación nacional (Art. 237 del CPP y Ley de Protección a Testigos en el Proceso Penal), operan bajo un sistema de numerus apertus, de modo que la autoridad estatal podrá adoptar tanto las medidas regladas contempladas en la legislación, como cualquier otra que no lo esté, pero que se identifique como necesaria en el caso concreto; en todos los casos se deberá tener presente que, cualesquiera que sean, deben implementarse dentro del marco del respeto a un debido proceso judicial, en especial a los derechos de defensa y contradicción. C.- Necesidad de Adopción de Medidas de Protección Las instituciones del Estado, al llamar a una persona como testigo, están en el deber de identificar los factores de riesgo y emitir las medidas necesaria para evitarlos; su implementación no debe obedecer a un simple miedo natural que puede tener el llamado a atestiguar por su involucramiento en un proceso judicial, sino cuando racionalmente exista un grave peligro para la persona o bienes del testigo, de su cónyuge o compañero de vida, o de un ascendiente, descendiente o hermano de cualquiera de ellos, como consecuencia del testimonio que deba prestar o ha prestado; es una medida excepcional motivada por una concreta situación. La Corte IDH en el caso Norin Catriman, Juan Patricio Marileo Saravia, Víctor Ancalaf Llaupe y otros versus Chile, de fecha 05 de noviembre de 2010, señaló: “243. El deber estatal de garantizar los derechos a la vida y la integridad, la libertad y la seguridad personales de quienes declaran en el proceso penal puede justificar la adopción de medidas de protección.”.- Por su parte la Sala de lo Constitucional en sentencias de fecha 19 de mayo del dos mil 2016 en el expediente 449-2015, de fecha 30 de septiembre del dos mil 2016, en el expediente 504-2015, y de fecha 30 de noviembre de dos mil 2017 en el expediente 384-2017, se ha señalado que “…con el mismo celo con que se garantizan los derechos del imputado, así habrá de actuar el Tribunal de Sentencia en relación a la persona de los testigos protegidos, recordándoles nuevamente que el derecho a la vida es inviolable, así como el respeto a la integridad física, psíquica y moral de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 65 y 68 Constitucionales, y son precisamente estos derechos entre otros los que se protegen y garantizan con la protección de testigos, en tal virtud el legislador ha previsto la figura de protección de testigos como se ha hecho alusión y que el órgano jurisdiccional no debe desconocer...”. Recomienda la Sala de lo Penal que la figura del testigo protegido sea usada con la mayor prudencia, en los casos realmente meritorios donde la amenaza a la vida propia o de los allegados de la persona que debe prestar su declaraciones o la amenaza a sus bienes, sean comprobada o al menos racionalmente previsible; y en especial este ad-quem recomienda a los jueces hacer un examen particular de cada caso a efecto de evaluar la necesidad de implementar, confirmar, reformar o revocar medidas de protección a favor de testigos y peritos en el proceso penal al amparo del Código de Rito; y en el caso particular de reserva de identidad: buscar un equilibrio entre la necesidad del acusado de conocer la identidad del testigo para poder ejercer plenamente el derecho de defensa y el derecho a la protección a la vida, a la integridad corporal y a la propiedad de personas a las que el Estado obliga a comparecer como testigos en una causa criminal; por ello y aun cuando las medidas de protección sean de carácter excepcional, ante la duda de su procedencia lo preferible es su implementación; todo ello independientemente de la valoración que se haga a la declaración de un testigo protegido, de conformidad a la sana crítica, y más aun de conformidad con los principios constitucionales y convencionales. D.- Medidas de Protección y el Derecho de Defensa La Convención Americana sobre Derechos Humanos, señala que toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter, siendo una de esas garantías igualdad plena de poder interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos (Art. 8 CADH); agregando la Corte IDH que: “187. Para que en un proceso se respeten verdaderamente las garantías judiciales protegidas en el artículo 8 de la Convención es preciso que se observen todos los requisitos que “sirvan para proteger, asegurar o hacer valer la titularidad o el ejercicio de un derecho”, es decir, las “condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquellos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial”. El referido artículo 8 contempla un sistema de garantías que condicionan el ejercicio del ius puniendi del Estado buscando asegurar que el inculpado o imputado no sea sometido a decisiones arbitrarias.” (Norin Catrumán y otros vs. Chile). Como se ha señalado ya, ante la presencia de fundamentos razonables que señalen la existencia de posible peligro a la vida, integridad corporal o los bienes de una persona llamada a declarar como testigo en el proceso judicial o de cualquiera de su núcleo familiar, es deber del órgano jurisdiccional el brindarle la protección, cuya necesidad justifica que se vean limitados algunos de los principios informadores del proceso penal; es claro que -en particular- la medida de reserva de identidad del testigo no solo excluye el principio de publicidad respecto a ésta, sino que puede limitar en diversos grados el ejercicio del principio de contradicción y con éste, el ejercicio de derecho de defensa, pues la representación legal de la persona imputada puede verse limitada de controvertir lo señalado por el testigo ante el valladar de conocer su identidad, y por ende la imposibilidad de saber sus antecedentes personales, relaciones con los demás testigos, ofendidos y acusado, y veracidad de algunos de los hechos concretos que informa en su declaración;“242.-…la reserva de identidad del testigo limita el ejercicio de este derecho puesto que impide a la defensa realizar preguntas relacionadas con la posible enemistad, prejuicio y confiabilidad de la persona misma del declarante, así como otras que permitan argumentar que la declaración es falsa o equivocada” (Corte IDH: Norin Catrumán y otros vs. Chile). Resulta ilustrativo lo que explica el procesalista español Cubillo López (Cubillo López, Ignacio Jose, en La Protección de Testigos en el Proceso Penal, Civitas /Thomson Reuters, Editorial Aranzadi, págs. 175-187), al referirse a las declaraciones rendidas por testigos durante la etapa preparatoria del proceso, señalando que tales declaraciones siguen las reglas generales en materia de prueba testifical y para que alcancen valor probatorio habrán de reproducirse en la fase de enjuiciamiento, esto es: ante el tribunal sentenciador (inmediación), con eventual asistencia de personas distintas a las partes o sus representantes (publicidad), y en la presencia del acusado, con su letrado, quien debe tener la oportunidad de interrogar al testigo (contradicción), añadiendo que: “...no existe un régimen especial cuando se trata de un testigo que ha estado sujeto a medidas protectoras…de tal manera que los testigos protegidos deben comparecer al juicio, como cualquier otro, sin que su condición de tales determine una modificación del régimen ordinario de prueba, en el sentido de que pudiese considerarse que es suficiente con la declaración sumarial, liberándoles de la declaración personal en el juicio oral…el testigo protegido debe comparecer en el juicio oral para ratificar la declaración que efectuó durante la instrucción, y este testimonio será valorado…según las reglas del criterio racional…”. Conforme la legislación hondureña, pueden presentarse tres situaciones distintas en torno a la participación de testigos con identidad reservada en el proceso; cada una de ellas con repercusiones distintas al derecho fundamental a la Defensa: PRIMER SUPUESTO: Declaración introducida por lectura a la audiencia de debate de un testigo Protegido con identidad reservada, con base en el numeral 2 del artículo 311 del Código Procesal Penal, por la imposibilidad o alto grado de dificultad de hacer llegar al testigo, a la audiencia; El supuesto se presenta cuando en la audiencia de debate se ordena la introducción por lectura de la declaración de testigos con protección de identidad sin protocolo de prueba anticipada, con base en el artículo 311 numeral 2 del Código Procesal Penal, dado que fue extremadamente difícil o imposible su localización; circunstancia que suma dos aspectos que limitan al mínimo el ejercicio del derecho de defensa: la situación ya abordada sobre la limitación que puede presentarse para la defensa, por el desconocimiento de las generales del testigo y la imposibilidad de poder examinar directamente al testigo, de ejercer contradictorio en la audiencia en donde se produce la prueba que sirve para la toma de la decisión de fondo: la audiencia de debate.- La Sala de lo Penal, en un caso concreto en donde se apreció esta dualidad de circunstancias donde el testigo protegido no fue presentado a debate porque no podía ser localizado, señaló en sentencia del tres de marzo dos mil quince en el Expediente 106-2012, que declarándose a una persona como testigo protegido pasa a estar bajo el resguardo del Estado, por lo que es un contrasentido que se señale en la audiencia de debate que es imposible localizar a dicho testigo o que su incomparecencia se debe a que pende riesgo en contra de su vida, su integridad física o de sus bienes, pues se parte de que la condición de protección no solo obliga a los agentes del Estado a saber donde se encuentra el testigo, sino que además las medidas de protección deberían contrarrestar cualquier posible riesgo, permitiendo que el testigo pueda comparecer al debate de manera segura para informar lo que conoce.- Por tanto, sería inadmisible un medio de prueba de introducción por lectura de la declaración rendida en fase preparatoria de un testigo de identidad reservada, rendida fuera de protocolo de prueba anticipada, pues la dualidad de las condiciones ya apuntadas haría de dicho medio, violatorio al derecho de defensa. SEGUNDO SUPUESTO: Declaración recibida en etapas previas al debate bajo protocolo de prueba anticipada de un testigo protegido con identidad reservada: i.- Introducida por lectura al debate con base en el numeral 1 del artículo 311 del Código Procesal Penal, por haberse materializado el riesgo previsto; o ii.- Introducida al debate con base en el numeral 7 del artículo 311 del código in comento, por tratarse de un testigo en condición de vulnerabilidad. Los supuestos del numeral 1 y numeral 7 del artículo 311 del Código Procesal Penal tienen en común la introducción al debate de la declaración del testigo con identidad reservada tomada en una etapa anterior al debate, evacuada bajo el protocolo de prueba anticipada, introducción que se hace para efecto de ser valorada dicha declaración conforme a las reglas de la sana crítica; teniendo como diferencia que en el numeral 1 la introducción se hace como consecuencia de haberse materializado el riesgo que motivó la toma de la prueba de forma anticipada, entretanto en el numeral 7 la introducción es porque el testigo se encuentra en condición de vulnerabilidad.- Considera esta Sala de lo Penal que tal introducción por lectura es lícita por estar acorde al derecho de defensa, siempre que: i.- Tratándose del numeral 1 del 311 la limitación de la reserva de la identidad del testigo haya sido acordada como consecuencia de riesgo fundado; o tratándose del numeral 7, que el testigo se encuentre dentro de aquellos testigos en condición de vulnerabilidad que taxativamente prescribe el artículo 237-A del Código Procesal Penal; y ii.- Que el Tribunal de Sentencia procure que la limitación al ejercicio de contradicción tenga como límite lo estrictamente necesario para resguardar la identidad del testigo en riesgo, velando porque los demás principios sigan incólumes y que permitan retomar el equilibrio de derechos que la limitación a la defensa haya provocado; en ese sentido, para la Corte IDH (Norin Catrumán y otros vs. Chile, párrafo 246) son medidas de contrapeso a observar al momento de la deposición del testigo de identidad reservada: * Que la autoridad judicial conozca la identidad del testigo y tenga la posibilidad de observar su comportamiento durante el interrogatorio, con el objeto de que pueda formar su propia impresión sobre la confiabilidad del testigo y de su declaración; *Que la representación técnica de la persona acusada tenga una amplia oportunidad de interrogar directamente al testigo en alguna de las etapas del proceso, sobre cuestiones que no estén relacionadas con su identidad o paradero actual; lo anterior con el objeto de que la defensa pueda apreciar el comportamiento del testigo bajo interrogatorio, de modo que pueda desacreditarlo o, por lo menos, plantear dudas sobre la confiabilidad de su declaración; en ese sentido el tribunal de sentencia deberá ser tolerante respecto a las preguntas que en condiciones normales podrían ser calificadas como impertinentes, pero que en el caso del testigo con identidad reservada resultan ser necesarias para auscultar lo señalado, siempre -se insiste- que dichas preguntas no estén dirigidas a revelar su identidad; y *Respecto a la decisión judicial: determinar la suficiencia probatoria, identificando fuentes de información distintas a la proporcionada por el testigo con identidad reservada. En la valoración de la prueba testifical deberá existir especial pronunciamiento por parte del tribunal de justicia sobre: i.- Limitaciones en la valoración intelectiva generadas por la falta de inmediación; ii.- Limitantes sufridas por las partes al derecho de defensa como consecuencia de la reservada de la identidad del testigo; ambas situaciones se deberán tomar en consideración al momento de tomar la decisión de fondo. TERCER SUPUESTO: Declaración de testigo protegido con identidad de reserva, rendida de manera directa en la audiencia de debate. En este caso la, la inmediación, la oralidad y la concentración son observadas directamente por el tribunal de sentencia, entretanto la contradicción se desarrolla de manera limitada dada la reserva de la identidad del testigo. En este caso persiste la obligación del tribunal de sentencia de advertir el grado de repercusión que la reserva de identidad del testigo tuvo en el ejercicio del derecho de defensa en general, y en el ejercicio de la contradicción en particular. CONSIDERACIONES COMUNES: Independientemente que se trate del segundo supuesto o tercer supuesto, ha advertido la Corte IDH, que: “247.-… aun cuando se hayan adoptado medidas de contrapeso que parecen suficientes, la condena no puede estar fundada únicamente o en grado decisivo en declaraciones realizadas por testigos de identidad reservada. De lo contrario, se podría llegar a condenar al imputado utilizando desproporcionadamente un medio probatorio que fue obtenido en detrimento de su derecho de defensa. Por tratarse de prueba obtenida en condiciones en las que los derechos del inculpado han sido limitados, las declaraciones de testigos con reserva de identidad deben tratarse con extrema precaución, ser valoradas en conjunto con el acervo probatorio, las observaciones u objeciones de la defensa y las reglas de la sana crítica. La determinación de si este tipo de pruebas ha tenido un peso decisivo en el fallo condenatorio dependerá de la existencia de otro tipo de pruebas que corrobore aquellas de tal forma que, a mayor prueba corroborativa, menor será el grado decisivo que el fallador otorga al testimonio de identidad reservada.”. (Lo resaltado no aparece en el original de Norin Catrumán y otros vs. Chile). La Sala de lo Penal, reconoce como derecho inquebrantable lo preceptuado en los artículos 14.3.e del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que indica que durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho, en plena igualdad a interrogar y hacer interrogar a los testigos de cago en las mismas condiciones; así mandado también en los artículos art. 8.1 y 8.2.f de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, Art. 82 de la Constitución de la República y art. 14 y 101 del Código Procesal Penal; además reconoce como obligatorio el criterio fijado por la Corte IDH en las sentencias: i.- Palamara Iribarne versus Chile de fecha 22 de noviembre de 2005 (Párrafos 176 a 179); ii.- Lori Berenson Mejía versus Perú, de fecha 25 de noviembre de 2004 (párrafos 183 a 186); iii.- García Asto y Ramírez versus Perú, de fecha 25 de noviembre de 2005 (Párrafos 152 a 154); y en especial iv.- Norin Catriman, Juan Patricio Marileo Saravia, Víctor Ancalaf Llaupe y otros versus Chile, de fecha 05 de noviembre de 2010 (Párrafos 187, 236 a 239, 241, 250 a 253), a partir de lo cual se fijan las siguientes premisas: i.- La persona acusada, directamente o por conducto de su representante legal, tiene el derecho de examinar las pruebas de cargo en igualdad de condiciones con las otras partes, o de decidir no hacerlo; ii.- Para ejercer el derecho de examen de testigos, el acusado debe poder conocer la identidad de los testigos de cargo con suficiente antelación, para preparar su defensa y poder formular preguntas, cuestionar y en general controvertir en la audiencia de debate la declaración del testigo, salvo el caso excepcional del siguiente numeral; iii.- En ciertos casos, es necesario adoptar medidas de protección a favor de los testigos ante los riesgos de que su vida, su integridad corporal, sus bienes o a de sus familiares pudiesen generar su participación en el proceso; una de esas medidas es la reserva de su identidad, la cual es de carácter lícita en el proceso penal hondureño tanto por disposición constitucional como por disposición convencional; iv.- El testigo con identidad reservada da paso a un ejercicio limitado al derecho fundamental a la defensa; la falta de identidad hace imposible a la persona acusada o a su apoderado legal poder determinar relaciones de amistad, parentesco, amistad, enemistad con el acusado, la víctima u otros sujetos procesales; v.- Como consecuencia de lo señalado en el numeral v y iv, convencionalmente se ha dispuesto que un pronunciamiento condenatorio no puede descansar de manera decisiva en la declaración de un testigo de identidad reservada, cuando tal reserva haya repercutido en el ejercicio del derecho fundamental a la defensa.- Por ello, la Sala de lo Penal declara que una sentencia condenatoria carecerá de validez cuando se base en una solitaria prueba de un testigo con reserva de identidad o cuando la decisión descanse de manera decisiva en dicha declaración, siempre que dicha reserva haya repercutido en el ejercicio material del derecho de defensa. Para ello entonces se deberá identificar el perjuicio material concreto, o cuando menos, potencial queh a sufrido la persona acusada en el ejercicio del mencionado derecho. Finalmente, es de señalar que el derecho que hoy ocupa la argumentación de la Defensa Pública y del que se ha pronunciado esta Sala de lo Penal es de carácter renunciable, criterio que se desprende de la opinión del Comité de las Naciones Unidas en el caso Glenmore Compass c. Jamaica, U.N. Doc. CCPR/C/49/D/375/1989 (1993) párrafo 10.3, en donde se indica: “En lo que respecta a la alegación del autor de que en su caso se violó lo dispuesto en el párrafo 3 del artículo 14, dado que no tuvo ocasión de efectuar el contrainterrogatorio de uno de los principales testigos de la acusación, el detective McNab, el Comité observa que es indiscutible que el testigo no pudo prestar declaración durante el juicio puesto que había salido de Jamaica. El Comité observa, no obstante, que las actuaciones del juicio demuestran que el autor estuvo presente durante la audiencia preliminar, cuando McNab prestó declaración jurada, y que en esa ocasión el abogado del autor efectuó el contrainterrogatorio del testigo. La deposición del testigo, así como sus respuestas en el contrainterrogatorio, se presentaron al Tribunal como prueba durante el juicio; ni el autor, ni su abogado objetaron, en el juicio o en la apelación, la presentación de esta prueba. El Comité observa que el apartado e) del párrafo 3 del artículo 14 protege la igualdad de condiciones entre la acusación y la defensa en lo que se refiere al interrogatorio de los testigos, pero no impide a la defensa renunciar a su derecho a efectuar el contrainterrogatorio de un testigo de la acusación durante el juicio, o no ejercer este derecho. En cualquier caso, el Comité toma nota de que el detective McNab fue examinado por la defensa.”. Así entonces y para evitar la subsanación del defecto conforme lo estipula el artículo 170 en relación con el artículo 167 último párrafo, del Código Procesal Penal, la defensa deberá plantear objeción, declarando la existencia de un perjuicio en el ejercicio del derecho de defensa por una contradicción disminuida como consecuencia de la reserva de la identidad del testigo, en los momentos procesales oportunos, pues en caso de silencio se entenderá que el derecho de defensa no fue comprometido. DE LA PROCEDENCIA DEL SEGUNDO ARGUMENTO RECURSIVO.- EL ARGUMENTO NO ES DE RECIBO.- El Recurrente alega que la declaración del testigo protegido R/80 es un medio de prueba de valor decisivo, valorado positivamente por el tribunal de sentencia, aun a pesar de ser un testigo de identidad reservada, que afecta el ejercicio de una completa contradicción y, con ello el ejercicio del derecho de defensa. Pero de nueva cuenta esta Sala de lo Penal nota que este alegato es apenas planteado en el recurso de casación y que sobre ello la defensa hizo silencio en todas las etapas previas del proceso, develando conformidad por omisión.- Se resalta que la defensa hizo silencio, no solo respecto a si la medida de protección de la identidad de la testigo era proporcional o no, a un posible riesgo, sino que además sobre la existencia de una posible restricción al ejercicio de defensa como consecuencia de dicha reserva.- El Ministerio Público dio a conocer la existencia del testigo protegido desde la presentación del requerimiento fiscal, sin que la defensa se pronunciara sobre la medida de la reserva de identidad en la audiencia de declaración de imputado; tampoco hizo pronunciamiento de ésta o de la existencia de disminución al ejercicio del derecho de defensa al término de la audiencia inicial, en la audiencia de proposición de medios de prueba o al término de la audiencia de debate; por tanto, plantear como argumento recursivo contra la sentencia,la violación al Derecho de Defensa por la presentación de un testigo de identidad reservada, sin que ello haya sido tema contradictorio en ninguna de las tres etapas del proceso penal, y en específico en la audiencia de debate, ni siquiera en conclusiones como petición final a considerar por los jueces de sentencia previo a su deliberación, provoca la subsanación del vicio alegado, y conforme al tercer párrafo del artículo 363 del Código Procesal Penal acarrea la desestimación del recurso. Al defecto de forma, se suma la falta de perjuicio material, pues tras el examen al caso concreto, la Sala de lo Penal puede constatar que si bien la declaración de la testigo protegido R/80, contribuyó con la formación del criterio de culpabilidad, pero no constituyó única prueba de cargo o prueba -que por si sola- haya esculpido la formación de la convicción judicial, pues a ésta se le sumaron medios de prueba que aportaron alta carga inculpatoria, al grado que aun cuando se excluyese hipotéticamente la declaración de la testigo protegida R/80, la decisión judicial de declarar la responsabilidad penal al acusado Miguel Ángel Álvarez Benítez, seguiría sin variación, pues acreditan la denuncia recibida por agentes de la Fuerza Antiextorsión de parte de la ofendida sobre las amenazas que estaba recibiendo del acusado para la entrega de dinero, el registro de los números de serie del dinero que serviría de evidencia, la vigilancia hecha al acusado al momento de ingresar al negocio de la ofendida, la constatación de la entrega del dinero, la aprehensión del acusado posteriormente, el registro corporal y la comprobación de que portaba el dinero entregado por la ofendida con coincidencia de las series registradas de manera previa, todo gracias a la declaración testifical del agente Ricardo Moncada, acta de seriado de dinero, acta de vigilancia y seguimiento, el acta de registro personal y acta de decomiso. Así entonces la declaración de la testigo protegida se sumó a un acervo probatorio que en conjunto destruyen el estado de inocencia del acusado, convirtiéndolo en responsable del delito y siendo objeto de sanción penal como su consecuencia. .."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

"...DE LA PROCEDENCIA DE LA APLICACIÓN RETROACTIVA DEL CÓDIGO PENAL DECRETO 130-2017. A. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos de retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir de cinco a diez años de prisión una pena). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrará en vigencia y cuándo es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento del juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución Política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas en su totalidad, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el Código Penal Decreto 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo código, sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibido la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando en la decisión judicial de la sentencia que se impugna, se aprecie un concurso real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme a las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse, primero conforme al límite objetivo ordinario o límite objetivo extraordinario, según corresponda, y después conforme al límite subjetivo. Sin embargo, uno no es preferente sobre el otro, por lo que se aplicará el límite que sea menor; b.- La ponderación deberá realizarse, primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el CP-130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a.- Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b.- Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no los 30 años (límite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (límite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años, la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años, se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas, en suma, sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y, aun así, en suma, sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja, de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Límite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Límite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Límite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán, cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. C. Escrito Complementario No fue presentado ante la única instancia escrito por parte de la Defensa Pública del acusado Miguel Ángel Álvarez Benítez que expusiera cuál es su criterio en cuanto a la aplicación retroactiva del nuevo cuerpo normativo penal, tal y como lo señala el artículo 624 del Código Penal 130-2017; tampoco el Ministerio Público hizo pronunciamiento al respecto, por lo que la Sala de lo Penal se ve obligada a realizar el análisis de oficio tal y como prevé el numeral 3 de la misma norma citada, en relación al acusado señalado. D.- Ponderación en el caso concreto El Tribunal de Sentencia, basado en el Código Penal 144-83, declaró responsable al acusado Miguel Ángel Álvarez Benítez, de un mínimo de 06 delitos de extorsión, por lo que como consecuencia impuso, en concurso de delito continuado, las siguientes penas principales: i.- Pena principal de reclusión por 25 años; ii.- Pena principal de multa de 83.33 salarios mínimos, sin que se individualice concretamente el monto; iii.- Pena accesoria de inhabilitación absoluta; iv.- Pena accesoria de interdicción civil; v.- Declaratoria de responsabilidad civil derivada del delito; vi.- Consecuencia penal de obligación de realizar trabajo penitenciario. Conforme las disposiciones del Código Penal 130-2017, el delito de extorsión debe ser sancionado con la pena de prisión de diez (10) a quince (15) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días (Art. 373); pena que debe de modificarse al apreciarse un concurso de delito continuado, identificándose el delito con la pena más grave, a la cual deberá de fijarse la pena media como el máximo abstracto mínimo y la pena máxima como el resultado de la pena máxima original aumentado en 1/3.- Así pues en el presente caso las penas a imponer por el delito de extorsión en delito continuado son: i.- Pena de prisión: 12 años con 06 meses a 20 años; ii.- Pena de multa: 750 días a 1,333.3333 días. La comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que, en el caso particular, el Código Penal 130-2017 prevé sanciones menos gravosas que las impuestas conforme el Código Penal 144-83, por lo que es procedente la aplicación retroactiva de la nueva codificación. Para efectos de la individualización de las penas, manda el artículo 70 NCP tener en consideración la existencia o ausencia de las circunstancias modificativas de la responsabilidad penal y, en su defecto, las circunstancias personales del condenado.- Conforme se señala en la sentencia, las partes en la audiencia de individualización de la pena concreta alegaron ausencia de circunstancia agravantes y atenuantes, criterio que compartió el a-quo; en relación a las circunstancias personales, consta en el acumulado judicial que el señor Miguel Ángel Álvarez Benítez, con número de identidad 0422-1991-00080, es un hondureño, de 24 años de edad al momento de los hechos, soltero, con un hijo, y vendedor ambulante, originario de la comunidad de Trinidad, Departamento de Copán y con último domicilio en la ciudad de San Pedro Sula, residiendo en casa de sus padres, además de carecer de antecedentes policiales (f. 34).- Conforme a lo señalado, corresponde imponer al reo las siguientes penas por el delito de Extorsión Continuada: i.- prisión por 12 años con 06 meses; y ii.- multa de 750 días, con un valor de L 20.00, ascendiendo la pena a L 15,000..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diez días del mes de marzo del año dos mil veintiuno, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los magistrados José Olivio Rodríguez Vásquez en su calidad de coordinador Por Ley, Rafael Bustillo Romero y Miguel Alberto Pineda Valle, por ausencia justificada de la Magistrada Alma Consuelo Guzmán García, pronuncian, En nombre del Estado de Honduras La siguiente sentencia en los Recursos de Casación SP-088-2018 por Infracción de Precepto Constitucional interpuesto contra la sentencia de fecha veintitrés de octubre del año dos mil diecisiete, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, mediante la cual Primero: Condenó al señor Miguel Ángel Álvarez Benítez, como autor del delito de Extorsión Continuada, en perjuicio de Testigo Protegido con Clave R-80 a la pena de veinticinco años de reclusión más una multa de ochenta y tres punto treinta y tres salarios mínimos, que debe ser efectiva en la Tesorería General de la República a favor del Estado de Honduras.- Segundo: Condenó al señor Miguel Ángel Álvarez Benítez a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo que dure la condena principal.- Tercero: Se le declaró la responsabilidad civil del señor Miguel Ángel Álvarez Benítez de los daños y perjuicios causados por el delito.- Cuarto: No procedió condenar en costas al señor Miguel Ángel Álvarez Benítez.- Quinto: No se declaró el comiso. Son partes en única instancia: Los Abogados Mario Reniery Amador Espinal y Arnaldo Alcides García Alvarado, en su condición de defensores públicos del señor Miguel Ángel Álvarez Benítez, como parte recurrente y la Abogada Marina Audely Varela Figueroa, en su condición de fiscal del Ministerio Público, como parte recurrida. Hechos probados de la instancia Único: Desde el mes de septiembre del año 2014 el señor Miguel Ángel Álvarez Benítez llegaba hasta el negocio del Testigo Protegido R-80 ubicado en la colonia Central del sector Rivera Hernández de San Pedro Sula y le exigía la entrega de 200 lempiras semanales bajo la amenaza que de no hacerlo le causaría la muerte a él y su familia. El Testigo Protegido R-80 le entrego la cantidad de 200 lempiras entre 6 a 8 ocasiones, realizando el último pago el día 12 de abril del año 2016. En esa misma fecha luego de un seguimiento organizado por la Fuerza Nacional Antiextorsión fue capturado el señor Miguel Ángel Álvarez Benítez se le decomisó la cantidad de doscientos (200) lempiras en denominaciones de cien (100) lempiras. Recurso de Casación.- Motivos y Argumentos Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional .- Único: Infracción de los preceptos constitucionales contenidos en los artículos 82, 89 y 90, (El Derecho De Defensa, Presunción De Inocencia Y Debido Proceso), en relación con los artículos 49, 51, 52 y 60 de la Ley Especial Contra el Lavado de Activos. Autoriza la interposición de este recurso el artículo 361 del Código Procesal Penal. Explicación Del Motivo Primero: Las normas constitucionales y legales que se denuncian como infringidas por el Tribunal de juicio entre otras disposiciones señalan que: 1) El derecho de defensa es inviolable; 2) Toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente; 3) Ninguna persona podrá ser condenada ni sometida a una medida de seguridad sino en virtud de sentencia firme dictada por el órgano jurisdiccional competente después de haberse probado los hechos en un juicio oral y público llevado a cabo conforme los principios establecidos en la Constitución de la República, los Tratados Internacionales de los cuales Honduras forma parte y demás leyes aplicables, 4) Procede el uso de técnicas espaciales para la investigación y juzgamiento de todos los hechos constitutivos de delito tipificados en al Código Penal y leyes especiales…; 5) las Técnicas Especiales de investigación son: Manejo de informantes, la entrega vigilada, operaciones encubiertas y la intervención de las comunicaciones, 6) la entrega vigilada o controlada consiste en permitir que remesas ilícitas o sospechosas de drogas, sustancias prohibidas o de sustancias por las que se hayan sustituido las antes mencionadas o dinero en efectivo, instrumentos u objetos de valor, armas, municiones, explosivos u otros instrumentos relacionados con el tipo de delito que se investiga, se entreguen, ingresen, transiten o salgan del territorio hondureño, con el conocimiento y bajo el control y supervisión de las autoridades competentes); 7) las Técnicas Especiales de Investigación de Entrega Vigilada y Agente Encubierto, deben ser autorizadas por el Órgano Jurisdiccional Competente a solicitud del Ministerio Público. Segundo: El Juzgador al dictar sentencia condenatoria en contra del señor Miguel Ángel Álvarez Benítez por el delito de Extorsión Continuada en perjuicio del Testigo Protegido Clave “R-80” lesiona gravemente los fundamentales derechos referidos en el numeral anterior, afectando sus derechos de defensa, presunción de inocencia y debido proceso que le asisten al imputado por mandato constitucional, pues la demostración, fuera de toda duda razonable, de la imputación en su contra debe hacerse respetando sus derechos fundamentales, prerrogativas que en el presente caso no han sido plenamente garantizadas. Tercero: En la audiencia de juicio oral se evacuaron como pruebas de cargo, entre otras, las siguientes: 1) Declaración del Testigo Protegido Clave “R-80”; 2) Declaración del agente antiextorsión Rigoberto Moncada y 3) Acta de Seriado de dinero para la ejecución de una Entrega Controlada de fecha 11 de abril de 2016. CUARTO: Las pruebas mencionadas en el numeral anterior son decisivas para dar por acreditados los hechos siguientes: “Único: Desde el mes de septiembre del año 2014 el señor Miguel Ángel Álvarez Benites llegaba hasta el negocio del Testigo Protegido R-80 ubicado en la colonia Central del sector Rivera Hernández de San Pedro Sula y le exigía la entrega de 200 lempiras semanales bajo la amenaza que de no hacerlo le causaría la muerte a él y su familia. El testigo Protegido R-80 entrego la cantidad de 200 lempiras entre 6 a 8 ocasiones, realizando el último pago el día 12 de abril del año 2016. En esa misma fecha luego de un seguimiento organizado por la fuerza Nacional Antiextorsión se le decomisó la cantidad de doscientos (200) en denominaciones de cien (100) lempiras”. Quinto: El vicio que denunciamos se produce, en primer lugar, porque la acreditación de los hechos ilícitos atribuidos al señor Miguel Ángel Álvarez Benítez están sustentados, decisivamente, en pruebas en cuya obtención no se cumplió lo preceptuado, imperativamente, en normas procesales de obligatoria observancia, volviendo ineficaces los resultados de las actuaciones investigativas ejecutadas al margen del debido proceso, ello se produjo en virtud de que, en el caso de mérito, la Entrega Controlada se acordó y ejecutó sin autorización o convalidación judicial, en abierta violación a normas penales vigentes que disponen que: Proceda el uso de técnicas especiales para la investigación y juzgamiento de todos los hechas constitutivos de delitos tipificados en el Código Penal y leyes especiales…. la Entrega Vigilada debe ser autorizada por el Órgano Jurisdiccional Competente a solicitud del Ministerio Público[1], el Juzgador indebidamente les concede entero valor probatorio a dichas actuaciones policiales, lo que conlleva un evidente quebranto al debido proceso y derivado de ello se produce una violación a la presunción de inocencia de la que goza el señor Miguel Ángel Álvarez Benítez. Sexto: En segundo lugar, los derechos de defensa, presunción de inocencia y debido proceso del señor Álvarez Benítez resultan quebrantados, porque la prueba decisiva en la que se basa el fallo de condena está constituida por la declaración del Testigo Protegido Clave “R-80”, quien por esa condición de protegido (oculto y con identidad reservada) impidieron realizar un verdadero examen del testigo respecto a posibles intereses ilegítimos, no pudiendo ejercer plenamente el principio de contradicción, el cual implica el derecho del inculpado de examinar a los testigos de cargo en iguales condiciones que las que detenta el ente acusador, pero el desconocimiento de la identidad del decisivo testigo por parte del imputado lo dejó, a él y a su defensa, en un claro desequilibrio procesal, violatorio de sus derechos de defensa, presunción de inocencia y debido proceso. Séptimo: La decisión de condena, en las condiciones señaladas, también es violatoria de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y de la jurisprudencia que sobre el mismo ha sentado la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, quienes en relación a sustentar fallos de condena en declaraciones de testigos de identidad oculta, reiteradamente han resuelto que: “Incluso cuando se hayan adoptado medidas de contrapeso que parecen suficientes, la condena no puede estar fundada únicamente o en grado decisivo en declaraciones realizadas por testigos de identidad reservada. De lo contrario, se podría llegar a condenar al imputado utilizando desproporcionadamente un medio probatorio que fue obtenido en detrimento de su derecho de defensa. Por tratarse de prueba obtenida en condiciones en las que los derechos del inculpado han sido limitados. las declaraciones de testigos con reserva de identidad deben tratarse con extrema precaución... b).... la condena penal del señor Pichón Paillalao como autor del delito de amenaza de incendio terrorista en perjuicio del administrador y dueños del fundo Nancahue estuvo fundada en grado decisivo en la declaración de un testigo de identidad reservada (el “testigo protegido N° l”), pues si bien se hace referencia a otros medios de prueba, éstos por sí solos no hubiesen bastado para llegar a la condena, ya que las otras tres personas que rindieron testimonio solo tenían un conocimiento indirecto… Por las razones expuestas, la Corte concluye que para determinar la condena se otorgó valor decisivo a la declaración de un testigo de identidad reservada, lo que constituye una violación del derecho de la defensa a interrogar testigos, consagrado en el artículo 8.2.h de la Convección, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio del señor Pascual Huentequeo Pichón Paillalao”[2]. “….este Tribunal considera que tanto si contenido como la amplitud de las preguntas formuladas por la defensa fue restringido considerablemente por la decisión del Tribunal da mantener el anonimato la identidad del declarante. En tanto que la defensa desconozca la identidad de la persona que pretende cuestionar se encuentra imposibilitada para conocer particularidades del testigo que le permitirían demostrar que el dicho de él o ella no es confiable, es hostil o se encuentra viciado de prejuicios”[3]. Octavo: La Corte Interamericana de Derechos Humanos, con lo resuelto respecto a la protección de testigos no pretende que se les niegue la misma, pues en el caso antes referido, declara que es deber estatal el garantizar los derechos a la vida, la integridad, la libertad y la seguridad personal de quienes declaran en el proceso penal, lo que justifica la adopción de medidas de protección, pero ello no debe traducirse en un menoscabo al derecho de defensa de los imputados. En el caso de mérito, al igual que en el del señor Pichón Paillalao, se violenta lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en perjuicio del señor Miguel Ángel Álvarez Benítez, porque a él se le condenó con base en la declaración del Testigo Protegido Clave “R-80” (oculto y con identidad reservada) frente a quien, por esa condición de protegido, la defensa no tuvo la oportunidad de realizarle un verdadero contra examen y, si bien es cierto, en la audiencia de juicio oral se evacuaron otros medios de prueba propuestos por el ente acusador, como ser el Acta de Seriado de dinero y la declaración del agente antiextorsión Rigoberto Moncada, pero la primera de las diligencias se llevó a cabo irrespetando el debido proceso y el segundo es un testigo indirecto y por tanto su dicho no bastaba para justificar un fallo condenatorio, lo contrario implica un quebranto a los fundamentales derechos del imputado y tal como lo ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos referidos, una condena no puede estar fundada únicamente o en grado decisivo en declaraciones realizadas por testigos de identidad reservada, por lo que siendo ese el caso, lo que legítimamente corresponde, en armonía con lo dispuesto en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es el dictado de un fallo absolutorio a favor del señor Miguel Ángel Álvarez Benítez . Fundamentación Jurídica Recurso de Casación por Infracción Precepto Constitucional El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional; esta Sala de lo Penal ha entendido que se trata de una tercera vía recursiva distinta a las tradicionales de fondo (infracción de ley) y forma (quebrantamiento de forma).

Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior[4]. En general, toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso deberá denunciar la infracción de un derecho fundamental, un derecho reconocido en el bloque constitucional o de doctrina legal constitucional, cuando dicha violación haya tenido una influencia decisiva en la decisión del Órgano Jurisdiccional; En este último sentido Llorente Fernández expresa que (Llorente Fernández De La Reguera, Ángel, en Los Recursos, Cuadernos de Estudios Judiciales, Rafael Alvarado Manzano, Liticom, Tegucigalpa, 2001, págs. 113-115): “la jurisprudencia española ha puesto de manifiesto que este cauce impugnatorio no está previsto para alegar, bajo su cobertura, la vulneración de cualquier norma constitucional, sino específicamente la infracción de aquellas que tienen una estrecha y directa relación con el objeto del proceso en que son invocados. Serán, por tanto, los derechos fundamentales ligados al proceso con carácter general los que tengan cabida en esta vía impugnativa y de un modo especial aquellos que el recurrente entienda que han sido conculcados en el caso concreto...”. Entonces los motivos a plantear en este Recurso de Casación, presentados bajo numerus apertus, son: 1. Negación de un derecho Constitucional o que integre el bloque constitucional, o de Doctrina Legal Constitucional, de carácter procesal penal o penal sustantivo. 2. Aplicación Restrictiva de un derecho Constitucional o que integre el bloque constitucional, o de Doctrina Legal Constitucional, de carácter procesal penal o penal sustantivo; 3. Interpretación errónea sobre la naturaleza y/o alcance de un derecho Constitucional del bloque Constitucional, o sobre una Doctrina Legal Constitucional, que atañe al derecho procesal penal o al derecho penal sustantivo. En una buena técnica recursiva, el recurrente debe utilizar este tipo de recurso en la medida en que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional de amplia aplicación (Recurso Ordinario), en contraposición con los recursos de Infracción de Ley, Infracción de Doctrina Penal y Quebrantamiento de Formas Procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores (Recursos Extraordinarios). La esencia del recurso de Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del Principio de Convencionalidad y el Principio de Primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. Único Motivo *Norma Autorizante: 361 del Código Procesal Penal; *Normas que se denuncian infringidas: -Artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; -Artículos 82, 89 y 90 de la Constitución de la República; -Artículos 49, 51, 52 y 60 de la Ley Especial contra el Lavado de Activos; * Concepto de la infracción: -Violación al Debido Proceso; -Violación Al Derecho de Defensa; y -Violación al Estado Material de Inocencia. *Motivo: -Valoración de acto ilícito de investigación de entrega vigilada; y * La Sentencia se basa en la declaración de testigo con identidad reservada; *Reclamo Ex Ante al Recurso de Casación: Sin determinar por el recurrente; * Pretensión: Se declare con lugar el recurso, se case la sentencia impugnada y se proceda conforme a derecho. El defensor público expone que la sentencia violenta los artículos 82, 89 y 90 de la Constitución de la República, que contienen los derechos fundamentales de: derecho a la defensa, derecho al estado material de inocencia y derecho a un debido proceso judicial, ello en relación con normas contenidas en la Ley Especial contra el Lavado de Activos. Argumenta que la acreditación de los hechos ilícitos atribuidos al acusado Miguel Ángel Álvarez Benítez, están sustentados decisivamente en pruebas, en cuya obtención no se cumplió lo preceptuado por normas procesales de obligatoria observancia: *Se produjo una entrega controlada sin previa autorización judicial, ni convalidación posterior; prueba a la que el a-quo atribuyó pleno crédito, aun cuando es resultado de un evidente quebranto al debido proceso; y * Se violentó el estado de inocencia del acusado Álvarez Benítez, como consecuencia de que su condena se apoya, con valor decisivo, en la declaración del testigo de identidad reservada Clave “R-80”, condición que impidió realizar un verdadero examen del testigo por posibles intereses ilegítimos, no pudiendo ejercer plenamente el principio de contradicción en claro desequilibrio procesal.- El recurrente cita la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en las sentencias Norin Catriman y otros versus Chile, en la que se prevé que una condena no puede estar fundada únicamente, o en grado decisivo, en declaraciones de testigos con identidad reservada. Del planteamiento poco claro del recurrente, identifica la Sala de lo Penal que respecto a la admisión y valoración de lo que llama “Entrega Vigilada”, se reclama violación al debido proceso legal, y por otro lado, respecto a la decisión de condena que supuestamente descansa de manera decisiva en la declaración de un testigo de identidad reservada se reclama la supuesta violación al derecho de defensa. Lo que en conjunto generó la violación al Estado Material de Inocencia. Para un mayor entendimiento, la Sala de lo Penal hará pronunciamiento separado de los vicios alegados por el recurrente, lo que debió ser la debida técnica a seguir por éste. Primer Argumento Recursivo.- Del Debido Proceso Legal La Garantía del Debido Proceso se encuentra regulada por el artículo 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 90 de la Constitución de la República, conocida como el Debido Proceso Legal, el cual refiere a los parámetros normativos bajo los cuales deben dispensarse todas las garantías necesarias en el proceso (con independencia de su naturaleza). La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el Informe No. 1/95 de fecha 07 de febrero de 1995, del caso 11,006, referente al proceso de Alan García, Perú, indicó: “El artículo 8 de la Convención Americana en su inciso primero establece que toda persona tiene derecho a ser oído con las debidas garantías en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada en su contra. - Así mismo, el mencionado artículo en su inciso segundo prevé que durante el trámite del proceso toda persona tiene derecho a que se respeten ciertas garantías mínimas. La enumeración contenida en esta cláusula ha sido interpretada como una nómina de garantías mínimas no taxativas. De este modo, se ha considerado que existen otras garantías reconocidas en el derecho interno de los Estados que, si bien no están incluidas explícitamente en el texto de la Convención, igualmente se encuentran amparadas por el contenido amplio del inciso 1 del artículo 8 de la Convención”. El Principio del Debido Proceso Legal, más que garantizar el respecto a la ritualidad en la dinámica de juzgamiento, es uno de los pilares del derecho procesal penal dirigido a que la persona sometida a la jurisdicción sea juzgada por un juez natural, competente, imparcial e independiente, pero adicionalmente es un mandato para que este juez, además de respetar las formas procesales, reproduzca en cada una de ellas los derechos consagrados en la Constitución de la República y en los Tratados y Convenciones de los que Honduras forme parte, es así que los llamados Principios Procesales o Principios Informadores del proceso, no son más que medios conductores para materializar aquellos derechos y garantías fundamentales que son agrupados bajo la titulación del debido proceso legal, y que constituyen reglas mínimas de juzgamiento, como ser: i.- A una justicia gratuita; ii.- Respeto al principio de presunción de inocencia; iii.- Prohibición de ser procesado mediante la aplicación de leyes retroactivas peyorativas; iv.- Derecho a ser informado de los cargos criminales en su contra; v.- A un juez predeterminado por la ley; vi.- A la imparcialidad del juez; vii.- A la independencia del juez; viii.- Derecho a la defensa material y técnica y a utilizar los medios de prueba pertinentes; ix.- A la igualdad de armas procesales; x.- A un proceso público sin dilaciones indebidas; xi.- Derecho a ser oído en un plazo razonable; xii.- Posibilidad de recurrir ante un tribunal para obtener una revisión de la legalidad de la orden de privación de la libertad provisional; xiii.- Deber de los tribunales de emitir fallos razonados, motivados y con información sustancial; xiv.- El derecho a impugnar las resoluciones judiciales definitivas para que sean revisadas por un tribunal superior; en fin el derecho a un Debido Proceso exige la materialización del Principio de Legalidad. La CIDH, en su informe No. 30/97 del caso 10,087 de fecha 30 de septiembre de 1997, referente a Gustavo Carranza, Argentina, indicó: “67.- El artículo 8 de la Convención Americana impone la existencia de “debidas garantías” durante el proceso de determinación de derechos […] En efecto, el mencionado artículo no contiene un recurso judicial propiamente dicho, sino el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales. Este artículo reconoce el llamado “Debido proceso legal” que abarca las condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquellos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial.”. Por su parte la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en sentencia de 02 de febrero de 2001, en el caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá, afirmó que: “Si bien el artículo 8 de la Convención Americana se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto “sino [al] conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales” a efectos de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier tipo de acto del Estado que pueda afectarlos. Es decir, cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea administrativo, sancionatorio o jurisdiccional, deben respetar el debido proceso legal.”. El Debido Proceso Legal se ve materializado cuando se observan estrictamente las normas contenidas en el Código Procesal Penal, el que señala en el Título IV de su Libro Tercero como debe substanciarse la etapa de juicio y en particular el debate, ergo la transgresión a cualquiera de esas normas legales constituiría vicio in procedendo siempre que por su carácter esencial socave la validez de la sentencia y esto es cuando transgrede o disminuye los principios mencionados. En conclusión. la resolución definitiva debe ser el resultado de la celebración de un proceso penal en el cual se respeten el conjunto de reglas esenciales que le sustentan en una base de legalidad, de lo contrario, cuando el mismo se realiza a espaldas de una de esas reglas, la resolución definitiva se convierte en un fruto viciado. De las Técnicas Especiales de Investigación: la entrega vigilada. Conforme a la Real Academia Española, investigación es toda acción y efecto de investigar, lo que constituye: i.- Una acción que describe la conducta de hacer diligencias para descubrir algo; ii.- Actividades de carácter intelectual y/o experimentales, que se ejecutan de manera sistemática, con el objeto de aumentar los conocimientos sobre un hecho, campo o materia; iii.- Proceso de determinación de hechos ilegales que le son atribuidos a una persona sospechosa. En el ámbito penal, a la investigación que tiene por objeto descubrir la verdad sobre el cometimiento de un hecho tipificado como delito, se le denomina investigación criminal. Es a través de la investigación criminal que se realizan procesos sistemáticos, acumulados y progresivos que, con base científica, sirven para comprobar tanto la existencia del hecho que puede ser calificado como delito, como la persona o personas que le dieron lugar; entretanto, método de investigación se le conoce al conjunto de tareas, procedimientos y técnicas que deben emplearse, de una manera coordinada, para poder desarrollar en su totalidad el proceso de investigación criminal. Conforme el artículo 279 del Código Procesal Penal y el artículo 44 de la Ley Especial contra el Lavado de Activos, el proceso de investigación del delito está encomendado a la policía de investigación, en sus diferentes ramas, incluyendo la Agencia Técnica de Investigación del Ministerio Público, y en su defecto a la Policía Preventiva, pero todos ellos debiendo seguir los métodos de investigación que dicte el Ministerio Público y bajo su coordinación (Ver también los artículos 59.4, 101.11, 175, 192, 203, 204, 268, 272 del Código Procesal Penal entre otros). Ahora bien, son técnicas especiales de investigación (en adelante TEI) “…aquellas actividades y habilidades técnicas y/o científicas que dentro del marco de la Constitución y las leyes se desarrollan o utilizan para la investigación de los delitos […] que requieran una investigación especial o compleja, con el objeto de combatirlos eficazmente.” (Art. 2.24 Ley contra el Financiamiento al Terrorismo, 2.20 de la Ley Especial contra el Lavado de Activos, art. 2.24 de la Ley de Financiamiento contra el Terrorismo y art. 28 de la Ley Especial contra el Lavado de Activos).- Para la Sala de lo Penal, las TEI son las realizadas para la investigación de hechos que constituyen delitos, tienen por objeto la obtención de inteligencia, es decir la recopilación de información sobre el delito, que incluye forma, lugares, participantes y evidencia que a posteriori pueda servir como medios de prueba en el proceso de juzgamiento y, además para la obtención de inteligencia que permita la creación de política efectiva para la prevención del delito. Las TEI, previo al 30 de mayo de 2015, estaban regladas para la investigación de los delitos de terrorismo, financiamiento al terrorismo, narcotráfico (Convención de Viena), delitos de criminalidad organizada (Convención de Palermo) y para la investigación de bienes de origen ilícito, sin que se deba entender que no era posible su utilización para la investigación criminal de otros delitos o en otros tipo de procesos judiciales, pues conforme al Principio de Libertad Probatoria, era posible su implementación, siempre que ello fuese conforme a los principios convencionales y constitucionales imperantes. Después de la fecha señalada y con la entrada en vigor de la Ley Especial contra el Lavado de Activo, las TEI pueden seguir siendo utilizadas en la investigación de cualquier delito, pero ya conforme a las reglas dispuestas normativamente en dicha ley (Art. 49). En la actualidad las TEI están regladas tanto en normas supranacionales como en normas nacionales: * Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de 1988 (Convención de Viena de 1988), en vigor desde el 11 de noviembre de 1990, y que fuese ratificada por el Estado de Honduras en fecha 11 de diciembre de 1991: Art. 1.g, y 11; *Convención de Naciones Unidas sobre Delincuencia Organizada Transnacional (Convención de Palermo) en vigor desde el 29 de septiembre de 2003, y que fuese ratificada por el Estado de Honduras en fecha 2 de diciembre de 2003: Art. 2.i, 20, 29.1.g; *Las Cuarenta Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el Blanqueo de Capitales: Recomendación 36; *Decreto Legislativo No. 026-2010, que contiene la Ley Sobre Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito (Ley de Privación de Dominio), publicada en la Gaceta No. 32,239 en fecha 16 de junio de 2010 y vigente 20 días después: Art. 3.8 reformado, 3.9 reformado, 3.10 reformado, 27 al 31; *Decreto Legislativo 241-2010, que contiene la Ley contra el Financiamiento del Terrorismo publicado en La Gaceta No. 32,389 en fecha 11 de diciembre de 2010 y vigente a partir de la fecha de su publicación: art. 2.24, 68 al 74; * Decreto Legislativo No. 243-2011, que contiene la Ley Especial Sobre Intervenciones de las Comunicaciones Privadas, publicada en La Gaceta No. 32,731 en fecha 26 de enero de 2012, y vigente veinte días después: todo su contenido; y *Decreto Legislativo No. 144-2014 que contiene la Ley Especial contra el Lavado de Activos, publicada en La Gaceta No. 33,718 en fecha 30 de abril de 2015, y vigente 30 días después: Art. 2.20, 49 al 62. Las TEI pueden ser típicas o atípicas, estando dentro de las primeras aquellas cuya regulación este prevista en normas supranacionales o nacionales como ser: i.- El informante o colaborador; ii.- Agente encubierto o revelador; iii.- L entrega vigilada o controlada; iv.- Intervención de las comunicaciones privadas.- Se llaman técnicas de investigación atípicas aquellas que, aun cuando no estén regladas en la legislación por normas supranacionales o normas nacionales, pueden ser de ejecución en la investigación del delito bajo el principio de libertad probatoria, siempre que no impliquen transgresión de derechos fundamentales o, de ser así, bajo autorización judicial, como por ejemplo: i.- Hackeo de sistemas informáticos para efectos de obtención, inclusión o modificación de información o documentos, traspaso de posesión o dominio de bienes, etc., ii.- Vigilancia electrónica o informática, etc. En consideración al primer argumento del recurso de casación, nos centraremos en desarrollar brevemente la TEI típica denominada como “Entrega Vigilada”. La Convención de Palermo la conceptualiza como “… la técnica consistente en dejar que remesas ilícitas o sospechosas salgan del territorio de uno o más Estados, lo atraviesen o entren en él, con el conocimiento y bajo la supervisión de sus autoridades competentes, con el fin de investigar delitos e identificar a las personas involucradas en la comisión de éstos” (Art. 2.i, ver además el art. 1.g de la Convención de Viena, art. 68 de la Ley contra el Financiamiento al Terrorismo, art. 51 de la Ley Especial contra el Lavado de Activos).- Se resalta que el propósito de la operación es la obtención de inteligencia que permita determinar: i.- Identificar a las personas y organizaciones involucradas en la comisión del delito; ii.- Reclutar informantes sobre la organización delictiva y/o la comisión de delitos; iii.- Identificar los bienes, productos, instrumentos o ganancias, para lograr su apoderamiento; iv.- Lograr la identificación y recopilación de elementos probatorios; iv.- Identificación de las formas de ejecución del delito para su prevención; y/o, v.- Prestar auxilio internacional en la investigación de delitos cometidos en otros Estados (Art. 3.8, Ley de Privación de Dominio y 51 de la Ley Especial contra del Lavado de Activos). La entrega vigilada puede ser con o sin sustitución, entendiéndose por esta última cuando las remesas ilícitas o sospechosas sean interceptadas para efecto de sustituirlas -total o parcialmente- por otros objetos similares de naturaleza lícita, liberándolas para que prosigan el tránsito programado por los autores del delito (Art. 11 de la Convención de Viena de 1988).- Además la entrega vigilada, en consideración al origen, tránsito y destino de las remesas ilícitas o sospechas, pueden ser (Art. 20.4 de la Convención de Palermo): *Entrega vigilada interna: Cuando la operación se realiza en el territorio nacional respecto a remesas ilícitas o sospechosas que tienen como origen y destino el territorio nacional; *Entrega vigilada externa: Cuando la operación se origina en el territorio nacional cuyo destino sea un país extranjero; *Entrega vigilada de tránsito: Cuando la remisa ilícita o sospechosa tiene como origen y destino países distintos al hondureño, pero éstas cursan por territorios o espacios bajo la jurisdicción del Estado nacional; *Entrega vigilada de destino: Cuando la operación se realiza en el territorio nacional respecto a remesas ilícitas o sospechosas de tránsito internacional, teniendo como destino el territorio nacional. Para la práctica de la entrega vigilada se requerirá autorización de órgano jurisdiccional, porque las agencias de policía, obligadas a prevenir el delito y evitar su ejecución, proceden a contrario sensu a consentir y facilitar su ejecución, claro está con el propósito de obtener inteligencia del delito y de sus autores (Art. 28 de la Ley de Privación de Domino y 69 de la Ley contra el Financiamiento al Terrorismo, art. 52 de la Ley Especial contra el Lavado de Activos); el órgano jurisdiccional determinará la necesidad de su ejecución para la obtención de la inteligencia, los servidores del Estado que participarán en la operación y, en especial la ausencia de lesión o peligro no justificado de derechos fundamentales de terceros, ello como consecuencia de: i.- La peligrosidad de la remesa ilícita o sospechosa, dada su naturaleza; ii.- Propósito perseguido por el o los autores del delito con la remesa ilícita o sospechosa; iii.- Peligro que represente para las personas, para el medio ambiente, para el Estado, entre otros, el tránsito en el territorio nacional de la remisa ilícita o sospechosa. Es importante señalar que los servidores públicos o informantes autorizados a participar en la entrega vigilada quedarán exentos de responsabilidad por la comisión de todo delito relacionado con la entrega vigilada, siempre que éste sea de menor o igual entidad al que se está investigando y distinto a los delitos contra la libertad ambulatoria, libertad sexual, la integridad física y la vida independiente y que además no hayan tenido el papel de agente provocador del delito (Art. 69 de la Ley contra el Financiamiento al Terrorismo y 53 de la Ley Especial contra el Lavado de Activos). Excepcionalmente, el Ministerio Público podrá autorizar la TEI de entrega vigilada, cuando dadas las circunstancias de tiempo o riesgo de revelación de la intervención estatal, no sea posible obtener de inmediato la autorización judicial, con la obligación de dar cuenta de ésta dentro de las próximas 24 horas de ejecutada, para su convalidación total o parcial o su anulación (Art. 28 de la Ley de Privación de Dominio y 60 de la Ley Especial contra el Lavado de Activos). Finalmente, es de distinguir la entrega vigilada de la entrega controlada: i.- En entrega vigilada, la función de los agentes del Estado es la vigilancia pasiva de las remesas ilícitas o sospechosas; ii.- En la entrega controlada, la intervención de los agentes del Estado es activa, mediante la infiltración del grupo organizado por un agente encubierto, por lo que la autorización judicial tendría que obtenerse con relación a todas las TEI que se pretendan ejecutar. Las Naciones Unidas recomiendan que los Estados formulen, desarrollen y/o perfeccionen programas de capacitación dirigidos a los operadores de justicia penal y servidores públicos relacionados, dirigidos a la ejecución de las técnicas especiales de investigación, incluidas, entre otras, la entrega vigilada (Convención de Palermo, art. 29). De la procedencia del Primer Argumento Recursivo. El Argumento No es de recibo. Lo primero que advierte esta Sala de lo Penal es que el recurrente hace reclamo sobre una actuación producida previo a la presentación del requerimiento fiscal y de la cual no opuso objeción contra la misma, sino hasta el recurso de casación.- Ni en la audiencia de declaración de imputado de fecha 13 de abril de 2016, ni en la audiencia inicial de fecha 18 de abril, ni en la audiencia preliminar de fecha 17 de junio, ni en la etapa de saneamiento de la fase de juicio, ni siquiera en la audiencia de debate de fecha 11 de septiembre de 2017 la Defensa planteó objeción alguna, aun cuando específicamente en la audiencia inicial y nuevamente en la audiencia de proposición de medios de prueba de fecha 18 de octubre el Ministerio Público presentó como medios de prueba: el acta de seriado de dinero, acta de vigilancia, acta de registro personal y acta de decomiso, a lo que la Defensa indicó no tener objeción alguna; por tanto es improcedente que después de haber consentido el acto reclamado, que su falta de impugnación no lo haya subsanado, ahora lo plantee como una actuación violatoria al debido proceso, lo que en general constituye un acto de deslealtad procesal que además descalifica el argumento por la falta de reclamo ex ante. En respuesta a la cuestión de fondo: La Defensa Pública plantea que en la etapa de investigación preliminar agentes de la Fuerza Nacional Antiextorsión (FNA) realizaron una operación de entrega vigilada preparada con el seriado de dinero y ejecutada con vigilancia policial y que tuvo como consecuencia la aprehensión del acusado Miguel Ángel Álvarez Benítez, su registro personal y la incautación de dinero que momentos antes había recibido de la Testigo Protegida R/80. Operación de entrega vigilada que a criterio del recurrente fue ejecutada fuera de los márgenes legales pues no contó con la dirección fiscal ni con la autorización judicial, convirtiendo la prueba obtenida en ilícita por violación de los derechos fundamentales al debido proceso, por lo que debería ser excluida de valoración; protesta que se encuentra lejos de la razón que da la ley, pues es claro para la Sala de lo Penal que la Defensa Pública ha confundido lo que es estrictamente la entrega vigilada como una técnica especial de investigación, con lo que fue un acto de investigación distinto, al que si bien la práctica forense le ha denominado de la misma manera (entrega vigilada), constituye una actuación policial de naturaleza disímil. Como se ha explicado la entrega vigilada (TEI) consiste en la vigilancia pasiva de remesas ilícitas o sospechosas de tener el carácter ilícito y precisamente por su naturaleza exige su retención, incautación y eventual decomiso por parte de los agentes del Estado (Art. 273.4 cpp), pero que en el interés de la obtención de inteligencia, se autoriza diferir tales actuaciones, dejando prosiga el tránsito de la remesa ilícita o sospechosa con la supervisión estatal; para llevar el control de la operación, la liberación de responsabilidad de los servidores públicos involucrados y la vigilancia de conflicto con derechos fundamentales (no solo del acusado sino de terceros que puedan verse afectados por el acto ilícito) es que se requiere autorización judicial y excepcionalmente, por causa emergente, del Ministerio Público. Explicándolo de manera más específica: ante la información obtenida por la policía y/o el Ministerio Público del traslado y/o entrega de droga, explosivos, armas, dinero proveniente de lavado de activos, contrabando, etc., los agentes de autoridad tiene la obligación legal de ejecutar su incautación (Art. 273.4 CPP) y la aprehensión de las personas que en ese momento se identifiquen como involucradas, pues de no hacerlo estarían faltando a sus deberes incurriendo en un posible delito; empero, en algunas ocasiones tal actuación inmediata no permite identificar a todas las personas responsables, a todos los elementos de prueba y conocer cómo se ejecuta toda la operación delictiva, por ello la ley, con la práctica de la TEI entrega vigilada, permite diferir la actuación a otro momento y hacer vigilancia de la remisa ilícita o sospechosa, hasta que sea entregada por los remitentes a sus destinatarios, o por y a sus intermediarios. Las diligencias policiales de investigación, como ser la identificación del sospechoso, las vigilancias o los seguimientos, no requieren ab initio ningún control del órgano jurisdiccional, sin perjuicio de que sí necesitan contar con un control del Ministerio Público como órgano que dirige la investigación; pero esta dirección no debe ser entendida como una necesaria presencia física en toda actuación policial, sino al control de éstas por dirección concreta de una diligencia de investigación o por establecimiento de parámetros generales de ejecución en casos con características similares.- Una de esas diligencias policiales es la que realiza la Fuerza Nacional Antiextorsión (FNA) consistente en supervisar la entrega que hace el sujeto pasivo del dinero que le es exigido por el sujeto activo, en el marco del delito de extorsión, y que estrictamente no es una Entrega Vigilada (TEI), pues la policía se limita a presenciar el hecho delictivo y a realizar -luego de ello- las actuaciones que la ley les manda. Se trata de un acto de investigación distinto (aun cuando en la práctica forense los operadores le denominen de la misma forma), dado que el objeto de la diligencia no es una remesa ilícita o sospechosa, sino dinero propiedad del sujeto pasivo y que tiene el carácter de lícito hasta el mismo instante en que se entrega como consecuencia de la intimidación o violencia de la que ha sido objeto por los autores del delito y que ya en sus manos transmuta a un bien de origen ilícito. El acto de investigación referido (al que denominaremos Entrega Supervisada), así como el acto preparatorio de marcaje del dinero, no provoca limitación o transgresión de derechos fundamentales de ninguna persona, por ello no requiere de control jurisdiccional: cuando la víctima decide acudir a la FNA y con su orientación, realizar la entrega posterior del dinero, no debe ser como consecuencia de coacción de los agentes del estado, sino una decisión libre de participación en el acto de investigación y consciente de los riesgos inherentes, que deberá ser sobradamente explicados por los agentes del Estado; en estas condiciones -se insiste- no hay transgresión o limitación de derechos fundamentales y por tanto, no requiere de control jurisdiccional. Tampoco se puede considerar que la víctima se convierte en un Agente Encubierto, pues ésta se ve intrincada en el delito mucho antes de la intervención de los agentes del Estado, específicamente desde que el sujeto activo le amenaza con causarle un mal en caso de no entregar el dinero, sumado a que el Agente Encubierto tiene como misión involucrarse en la organización delictiva y la víctima que entrega el dinero no hace tal cosa.- En conclusión la entrega supervisada hecha por el FNA es una actuación policial dentro de las potestades legales y cuyo resultado, bajo el Principio de Libertad Probatoria (Art. 199 CPP), puede ser propuesta como medio de prueba en el proceso penal que eventualmente se produzca y que deberá ser valorados (positiva o negativamente), conforme a las reglas de la sana crítica. Lo señalado ha sido de amplio desarrollo por los tribunales especializados en materia de extorsión: la Corte de Apelaciones de la materia, en sentencia de fecha veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho recaída en el expediente 0801-2018-87 señaló que la entrega de dinero por la víctima a la persona acusada, bajo la supervisión de la FNA “16.- […] se enmarca en el campo meramente policial, porque no vulneran ningún derecho fundamental, al no tratarse de entregas controladas, ni utilización de agentes encubiertos, como lo alegan los recurrentes, sino de una entrega de dinero seriado, efectuada por parte de la víctima, con vigilancia policial, con independencia del nombre que se le dé a estas diligencias, ya que legal y doctrinariamente hablando, son figuras completamente diferentes a las señaladas por los apelantes que figura en la Ley Contra el Delito de Lavado de Activos y recogida también en el artículo 2) literal i), de la Convención de las Naciones Unidas contra La Delincuencia Organizada Transnacional (Convención de Palermo) […] La diferencia esencial entre la Entrega Vigilada regulada en dicha convención y la Ley contra el delito de Lavado de Activos, radica esencialmente, a criterio de esta Corte, que el dinero que el Testigo Protegido entrega al sospechoso es de inicio un dinero lícito y que además es la propia víctima la que hace la entrega, por tanto, como víctima no requiere autorización judicial para entregarla […] no se trata de una entrega de dinero ilícito o permitir que un dinero proveniente de un delito circule, sino que simplemente los agentes lo que están haciendo es vigilando la forma en que se realiza la entrega y posteriormente darle seguimiento al sospechoso para proceder a su captura.”. (Al respecto también ver sentencias del 10 de diciembre de 2018 en exp 0801-2018-96, del 08 de abril de 2019 en exp 0801-2019-40, del 29 de marzo del 2019 en exp 0801-2019-34, entre otras; todas de la Corte de Apelaciones en Materia de Extorsión). Lo explicado determina que el primer argumento planteado por la Defensa Pública debe ser desestimado, pues indebidamente se pretende excluir medios de prueba bajo un criterio equívoco de ilegalidad, habiendo sido correctamente valorados por el Tribunal de Sentencia; medios de prueba que, por el propósito de su propuesta, fueron de carácter decisivos para la toma de dedición de fondo en el presente caso, en respuesta a la acción penal planteada. Segundo Argumento Recursivo: Violación al Derecho a la Defensa La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que el Derecho de Defensa “obliga al Estado a tratar al individuo en todo momento como un verdadero sujeto del proceso, en el más amplio sentido de este concepto, y no simplemente como objeto del mismo” (Ver casi Barreto Leiva vs. Venezuela, sentencia del 17 de Noviembre de 2009, párrafo 29 y caso López Mendoza Vs Venezuela, sentencia del 01 de septiembre de 2011, párrafo 117), señalando además que “es preciso que un justiciable pueda hacer valer sus derechos y defender sus intereses en forma efectiva y en condiciones de igualdad procesal con otros justiciables” (Ver caso Hilaire, Constantine, Benjamín y otros vs Trinidad y Tobago, sentencia del 21 de Junio del 2002, párrafo 146). Por su parte la Sala de lo Penal en Sentencia de fecha 02 de noviembre del 2011, en el Exp 342-09, ha señalado que: “... uno de los requisitos Constitucionales del Proceso Penal, lo constituye el Derecho de Defensa como presupuesto básico para todo pronunciamiento en materia penal, plasmado en principio como un instrumento de reacción del individuo frente a la acción punitiva del Estado, erigiéndose como el poder de oposición a la acción y por lo tanto, constituye uno de los elementos esenciales del moderno proceso penal, en ese sentido, al garantizar la carta magna que el derecho de defensa es inviolable, lleva implícito que la instancia penal deba permitir a toda persona que interviene en juicio, los medios efectivos y necesarios para la concreción de la defensa en juicio, de tal forma que la normativa procesal reguladora del debate público deba comprender la observación de tal derecho en cada una de las circunstancias o incidencias que se presenten durante el juicio, como una manifestación del denominado derecho al debido proceso que “supone un conjunto de auto limitaciones constitucionales y legales que el Estado se impone a sí mismo, para racionalizar dentro de los marcos infranqueables de la dignidad humana, el ejercicio del ius puniendi, que se logra con el establecimiento de una serie de garantías mínimas, que son el escudo protector del ciudadano frente a la arbitrariedad del funcionario o a la omnipotencia del Estado” (Véase Pavón Gómez German. De la Casación y la Revisión Penal. 2ª edición. Doctrina y Ley. 2003. Colombia. P 48 y 49.”. Además, esta Sala de lo Penal ha establecido que: “…el Derecho de Defensa se lesiona, verbigracia, cuando se imposibilita al acusado la oportunidad durante la totalidad del proceso, de defenderse de los cargos, o para demostrar su versión de los hechos, el acceso irrestricto a las pruebas de cargo, el derecho a hacer uso de todos los recursos legales o razonables de defensa sin sanción o censura alguna…” (En fallo de fecha 22 de septiembre del 2011, contenido en el Expediente 390-09).- El Derecho de Defensa está definido en términos generales desde el ámbito penal, como la oportunidad que tiene la parte acusadora y la parte imputada de amparar, proteger y accionar a favor de sus propios intereses subjetivos.- El Derecho de Defensa es una reacción a la acción penal del Estado, vincula a las partes litigantes en contienda, quienes deberán enmarcar sus actuaciones con respeto de este derecho, en especial la encargada de sostener la acción acusadora, entretanto que el órgano jurisdiccional, reclamada su intervención, velará estrictamente por su cumplimiento, potencializando su ejercicio y sancionando su inobservancia. El Derecho General a la Defensa está compuesto por varios derechos que lo convierten, de un simple enunciado a un derecho eficaz, a saber: i.- Derecho a ser informado del contenido de la acusación desde los primeros momentos del proceso; ii.- Derecho a un itérprete o traductor si no conoce bien el idioma español; iii.- Derecho a tener el tiempo necesario para la preparación de la Defensa y además contar con los medios adecuados para ello; iv.- Derecho a requerir a los entes de investigación del Estado, la práctica y/o aseguramiento de prueba que sea de interés; v.- Derecho a la defensa material libre y a una debida defensa técnica en todo momento del proceso, de elección libre o, en su caso por designación gratuita; vi.- Derecho a proponer los medios de prueba que considere necesarios para realizar descargo de la acusación en cualquier momento del proceso; vii.- Derecho a conocer con antelación la carga probatoria que sustenta la acusación, previo a la celebración del debate; viii.- Derecho de la persona acusada a estar presente en todos los actos que impliquen evacuación de medios de prueba, salvo excepciones establecidas en la ley; ix.- Derecho a controvertir la prueba mediante su examen directo; x.- Derecho a que toda decisión judicial que no sea de mero trámite esté debidamente motivada; xi.- Derecho a recurrir la decisión judicial. Del Testigo Protegido A.- Obligatoriedad de comparecer como testigo El testigo es la persona que de manera accidental adquiere conocimiento de unos hechos determinados por conducto de sus sentidos, por encontrarse en el momento y lugar en que aquellos ocurrieron; se trata de una persona que, en la mayoría de las veces sin preverlo, presencia hechos que son de interés al derecho y que, por esa razón, es llamado para que relate lo que ha percibido, mediante su narración. Conforme al Código Procesal Penal, toda persona que sepa de un delito está obligada a atender el llamamiento judicial para participar en un proceso judicial en su condición de testigo (Art. 226 CPP); Esta obligación, salvo las excepciones previstas en la ley (Art. 227 CPP), exige a las autoridades estatales a dictar las medidas pertinentes para asegurar que el testigo acate el llamamiento judicial, medidas que pueden ser: *Aprehensión para efectos de identificación: Durante la investigación preliminar, ante la noticia criminis y dándose la imposibilidad de distinguir entre testigos y posibles responsables entre las diferentes personas presentes en un lugar, la Policía Nacional (Art. 175 CPP) y/o el Ministerio Público (Art. 176 CPP) podrá aprehender a las personas que considere necesarias para evitar que se ausenten del lugar sin antes identificarlas plenamente, para ser llamadas como testigos; * Actualización de domicilio de los testigos: Sin perjuicio de las medidas de seguridad pertinentes, el órgano jurisdiccional o el Ministerio Público, en la etapa de investigación preliminar, podrán ordenar a los testigos a fijar su domicilio e informar con antelación cualquier cambio de éste (Art. 238 CPP); *Aprehensión por riesgo de Ocultamiento o Fuga: Cuando una persona trate de ocultarse o fugarse, con el fin de no participar en un proceso judicial como testigo, el órgano jurisdiccional podrá ordenar su aprehensión por hasta 24 horas, a efecto de que durante dicho tiempo se le tome la declaración testifical, la que podrá ser tomada bajo el protocolo de prueba anticipada de ser necesario; esta aprehensión podrá ordenarla el Ministerio Público hasta por 06 horas, entretanto gestiona la orden judicial (Art. 234 CPP); *Intimación por el delito de desobediencia: En todas las citaciones que realice el Ministerio Público o el órgano jurisdiccional, se deberá informar al testigo, sobre su obligación de comparecer (salvo las excepciones previstas en la ley), advirtiéndole que la desatención a dicha cita sin justa causa, le hará incurrir en responsabilidad por el delito de desobediencia (Art. 155 CPP); y * Conducción Coactiva: Cuando un testigo debidamente citado y sin justificación válida, no atienda el llamamiento judicial, el órgano jurisdiccional procederá a citarlo por segunda vez, advirtiéndole que podrá ser conducido por la fuerza pública a rendir su declaración, lo cual se ordenará cuando no se atienda esta segunda citación (Art. 233 CPP). La normativa citada nos indica que la participación de una persona como testigo en un proceso judicial no cae en el ámbito discrecional de ésta, sino que es una obligación legal cuya inobservancia acarrea responsabilidad, debiendo las autoridades operadoras de justicia en el ámbito penal, dictar las medidas pertinentes para asegurar la participación del testigo en el proceso penal. B.- Medidas de Protección a Testigos La obligación de la persona de participar en el proceso tiene al mismo tiempo aparejada la obligación del Estado de brindar la protección necesaria para repeler cualquier riesgo fundado que dicha participación le pueda acarrear (Art. 5 CPP).- Las medidas de protección están previstas en dos cuerpos legales distintos: i.- Código Procesal Penal, bajo el control del órgano jurisdiccional competente; y ii.- Ley de Protección a Testigos, a cargo del Director del Programa Nacional de Protección de Testigos en el Proceso Penal. El artículo 237 del Código Procesal Penal prevé una serie de medidas de protección de los testigos, siendo éste un listado ilustrativo y no excluyente de otras medidas que pueda adoptar la Policía Nacional, Ministerio Público y los órganos jurisdiccionales, pero todas ellas bajo control de éstos últimos.- Son medidas de protección, entre otras: * Que no conste en las carpetas institucionales, llámese expediente policial, expediente del Ministerio Público y/o expediente judicial: el nombre, profesión u oficio, domicilio, centro de trabajo ni dato alguno del testigo. Estos datos deberán ser consignados en sobre sellado que estará bajo la custodia del titular del tribunal que conozca la causa. El testigo deberá ser identificado con una clave o número acorde con la dignidad humana y a la solemnidad del proceso penal, procurando que ésta sea la misma en todo el procedimiento (Al respecto ver sentencia de la Sala de lo Penal de fecha 04 de febrero de 2014, en el exp 232-2011, respecto a la dignidad de las claves); *Que el testigo comparezca para la práctica de las diligencias procesales, utilizando cualquier procedimiento que imposibilite su identificación visual normal; *Que se fije como domicilio, a efecto de comunicaciones, la propia sede del órgano jurisdiccional interviniente, por cuyo conducto serán enviadas reservadamente a su destinatario; *Que la declaración de la persona sea recibida sin la asistencia de público en la sala de juicio (ver art. 308.2 CPP); o *Que la declaración del testigo sea rendida mediante videoconferencia. Por su parte, la Ley de Protección a Testigos (Decreto legislativo No. 63.-2007 del 28 de mayo de 2007), ordena que las medidas serán a favor de las personas que integren el Programa de Protección a Testigos dirigido por el Ministerio Público y, por ende, bajo el control exclusivo de éste, el que puede solicitar el auxilio de instituciones públicas y privadas para su implementación. - Entre las medidas que contempla la ley in comento están: * Medidas de Protección Personal: i.- Alejamiento del lugar del riesgo; ii.- Reubicación temporal o definitiva del testigo protegido dentro o fuera del país; iii.- Cambio de identidad; iv.- Modificación de rasgos físicos; * Medidas Policiales: i.- Alejamiento inmediato del testigo y de su grupo familiar del lugar de riesgo; ii.- Vigilancia, monitoreo y patrullaje policial; iii.- Medios y modalidades de comunicación policial de emergencia; y iv.- 4) Acompañamiento del testigo por un agente policial (escolta); * Medidas Penitenciarias: Medidas de protección penitenciaria; o * Medidas de Protección en el Proceso Penal: i.- Métodos de distorsión de voz o de aspecto físico y cualquier otro instrumento técnico que proteja la identidad y/o integridad física del testigo; ii.- Anonimato o resguardo de identidad y reserva de ésta; iii.- Videoconferencia; y, iv.- Garantía de preferencia en la tramitación del caso en el proceso jurisdiccional, asegurando su confidencialidad. Cuando la medida de protección a imponer sea la reserva de identidad, ésta será revelada al órgano jurisdiccional hasta cuando éste comparezca a rendir su declaración; el órgano jurisdiccional comprobará la identidad constatando privadamente los datos de identificación proporcionados por la parte proponente en un sobre sellado (el que será abierto en ese momento), y luego de ello devolverá dicho sobre a la parte proponente para su destrucción; el sobre de datos de identificación jamás deberá ser agregado al expediente judicial. Téngase en cuenta lo ya señalado por este tribunal de casación en sentencia de fecha 18 de septiembre de 2018, en el Expediente 153-2914: “Esta Sala de Casación recuerda, que la declaración de testigos protegidos […], es una práctica procesal permitida en nuestra legislación según lo regula el artículo 237 del Código Procesal Penal, puesto que, si bien los testigos gozan de medidas de protección para no conocerse sus nombres, ni revelar su apariencia física por razones de seguridad personal, los jueces de sentencia si conocen esos detalles, precisamente deben cerciorarse de las generales de ley de los testigos que se encuentran en sobres sellados, por tanto no son en ningún momento testigos anónimos, sino que protegidos debido a la existencia racional de algún peligro grave para sus personas o sus parientes...”. Las medidas que están previstas en la legislación nacional (Art. 237 del CPP y Ley de Protección a Testigos en el Proceso Penal), operan bajo un sistema de numerus apertus, de modo que la autoridad estatal podrá adoptar tanto las medidas regladas contempladas en la legislación, como cualquier otra que no lo esté, pero que se identifique como necesaria en el caso concreto; en todos los casos se deberá tener presente que, cualesquiera que sean, deben implementarse dentro del marco del respeto a un debido proceso judicial, en especial a los derechos de defensa y contradicción. C.- Necesidad de Adopción de Medidas de Protección Las instituciones del Estado, al llamar a una persona como testigo, están en el deber de identificar los factores de riesgo y emitir las medidas necesaria para evitarlos; su implementación no debe obedecer a un simple miedo natural que puede tener el llamado a atestiguar por su involucramiento en un proceso judicial, sino cuando racionalmente exista un grave peligro para la persona o bienes del testigo, de su cónyuge o compañero de vida, o de un ascendiente, descendiente o hermano de cualquiera de ellos, como consecuencia del testimonio que deba prestar o ha prestado; es una medida excepcional motivada por una concreta situación. La Corte IDH en el caso Norin Catriman, Juan Patricio Marileo Saravia, Víctor Ancalaf Llaupe y otros versus Chile, de fecha 05 de noviembre de 2010, señaló: “243. El deber estatal de garantizar los derechos a la vida y la integridad, la libertad y la seguridad personales de quienes declaran en el proceso penal puede justificar la adopción de medidas de protección.”.- Por su parte la Sala de lo Constitucional en sentencias de fecha 19 de mayo del dos mil 2016 en el expediente 449-2015, de fecha 30 de septiembre del dos mil 2016, en el expediente 504-2015, y de fecha 30 de noviembre de dos mil 2017 en el expediente 384-2017, se ha señalado que “…con el mismo celo con que se garantizan los derechos del imputado, así habrá de actuar el Tribunal de Sentencia en relación a la persona de los testigos protegidos, recordándoles nuevamente que el derecho a la vida es inviolable, así como el respeto a la integridad física, psíquica y moral de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 65 y 68 Constitucionales, y son precisamente estos derechos entre otros los que se protegen y garantizan con la protección de testigos, en tal virtud el legislador ha previsto la figura de protección de testigos como se ha hecho alusión y que el órgano jurisdiccional no debe desconocer...”. Recomienda la Sala de lo Penal que la figura del testigo protegido sea usada con la mayor prudencia, en los casos realmente meritorios donde la amenaza a la vida propia o de los allegados de la persona que debe prestar su declaraciones o la amenaza a sus bienes, sean comprobada o al menos racionalmente previsible; y en especial este ad-quem recomienda a los jueces hacer un examen particular de cada caso a efecto de evaluar la necesidad de implementar, confirmar, reformar o revocar medidas de protección a favor de testigos y peritos en el proceso penal al amparo del Código de Rito; y en el caso particular de reserva de identidad: buscar un equilibrio entre la necesidad del acusado de conocer la identidad del testigo para poder ejercer plenamente el derecho de defensa y el derecho a la protección a la vida, a la integridad corporal y a la propiedad de personas a las que el Estado obliga a comparecer como testigos en una causa criminal; por ello y aun cuando las medidas de protección sean de carácter excepcional, ante la duda de su procedencia lo preferible es su implementación; todo ello independientemente de la valoración que se haga a la declaración de un testigo protegido, de conformidad a la sana crítica, y más aun de conformidad con los principios constitucionales y convencionales. D.- Medidas de Protección y el Derecho de Defensa La Convención Americana sobre Derechos Humanos, señala que toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter, siendo una de esas garantías igualdad plena de poder interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos (Art. 8 CADH); agregando la Corte IDH que: “187. Para que en un proceso se respeten verdaderamente las garantías judiciales protegidas en el artículo 8 de la Convención es preciso que se observen todos los requisitos que “sirvan para proteger, asegurar o hacer valer la titularidad o el ejercicio de un derecho”, es decir, las “condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquellos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial”. El referido artículo 8 contempla un sistema de garantías que condicionan el ejercicio del ius puniendi del Estado buscando asegurar que el inculpado o imputado no sea sometido a decisiones arbitrarias.” (Norin Catrumán y otros vs. Chile). Como se ha señalado ya, ante la presencia de fundamentos razonables que señalen la existencia de posible peligro a la vida, integridad corporal o los bienes de una persona llamada a declarar como testigo en el proceso judicial o de cualquiera de su núcleo familiar, es deber del órgano jurisdiccional el brindarle la protección, cuya necesidad justifica que se vean limitados algunos de los principios informadores del proceso penal; es claro que -en particular- la medida de reserva de identidad del testigo no solo excluye el principio de publicidad respecto a ésta, sino que puede limitar en diversos grados el ejercicio del principio de contradicción y con éste, el ejercicio de derecho de defensa, pues la representación legal de la persona imputada puede verse limitada de controvertir lo señalado por el testigo ante el valladar de conocer su identidad, y por ende la imposibilidad de saber sus antecedentes personales, relaciones con los demás testigos, ofendidos y acusado, y veracidad de algunos de los hechos concretos que informa en su declaración;“242.-…la reserva de identidad del testigo limita el ejercicio de este derecho puesto que impide a la defensa realizar preguntas relacionadas con la posible enemistad, prejuicio y confiabilidad de la persona misma del declarante, así como otras que permitan argumentar que la declaración es falsa o equivocada” (Corte IDH: Norin Catrumán y otros vs. Chile). Resulta ilustrativo lo que explica el procesalista español Cubillo López (Cubillo López, Ignacio Jose, en La Protección de Testigos en el Proceso Penal, Civitas /Thomson Reuters, Editorial Aranzadi, págs. 175-187), al referirse a las declaraciones rendidas por testigos durante la etapa preparatoria del proceso, señalando que tales declaraciones siguen las reglas generales en materia de prueba testifical y para que alcancen valor probatorio habrán de reproducirse en la fase de enjuiciamiento, esto es: ante el tribunal sentenciador (inmediación), con eventual asistencia de personas distintas a las partes o sus representantes (publicidad), y en la presencia del acusado, con su letrado, quien debe tener la oportunidad de interrogar al testigo (contradicción), añadiendo que: “...no existe un régimen especial cuando se trata de un testigo que ha estado sujeto a medidas protectoras…de tal manera que los testigos protegidos deben comparecer al juicio, como cualquier otro, sin que su condición de tales determine una modificación del régimen ordinario de prueba, en el sentido de que pudiese considerarse que es suficiente con la declaración sumarial, liberándoles de la declaración personal en el juicio oral…el testigo protegido debe comparecer en el juicio oral para ratificar la declaración que efectuó durante la instrucción, y este testimonio será valorado…según las reglas del criterio racional…”. Conforme la legislación hondureña, pueden presentarse tres situaciones distintas en torno a la participación de testigos con identidad reservada en el proceso; cada una de ellas con repercusiones distintas al derecho fundamental a la Defensa: PRIMER SUPUESTO: Declaración introducida por lectura a la audiencia de debate de un testigo Protegido con identidad reservada, con base en el numeral 2 del artículo 311 del Código Procesal Penal, por la imposibilidad o alto grado de dificultad de hacer llegar al testigo, a la audiencia; El supuesto se presenta cuando en la audiencia de debate se ordena la introducción por lectura de la declaración de testigos con protección de identidad sin protocolo de prueba anticipada, con base en el artículo 311 numeral 2 del Código Procesal Penal, dado que fue extremadamente difícil o imposible su localización; circunstancia que suma dos aspectos que limitan al mínimo el ejercicio del derecho de defensa: la situación ya abordada sobre la limitación que puede presentarse para la defensa, por el desconocimiento de las generales del testigo y la imposibilidad de poder examinar directamente al testigo, de ejercer contradictorio en la audiencia en donde se produce la prueba que sirve para la toma de la decisión de fondo: la audiencia de debate.- La Sala de lo Penal, en un caso concreto en donde se apreció esta dualidad de circunstancias donde el testigo protegido no fue presentado a debate porque no podía ser localizado, señaló en sentencia del tres de marzo dos mil quince en el Expediente 106-2012, que declarándose a una persona como testigo protegido pasa a estar bajo el resguardo del Estado, por lo que es un contrasentido que se señale en la audiencia de debate que es imposible localizar a dicho testigo o que su incomparecencia se debe a que pende riesgo en contra de su vida, su integridad física o de sus bienes, pues se parte de que la condición de protección no solo obliga a los agentes del Estado a saber donde se encuentra el testigo, sino que además las medidas de protección deberían contrarrestar cualquier posible riesgo, permitiendo que el testigo pueda comparecer al debate de manera segura para informar lo que conoce.- Por tanto, sería inadmisible un medio de prueba de introducción por lectura de la declaración rendida en fase preparatoria de un testigo de identidad reservada, rendida fuera de protocolo de prueba anticipada, pues la dualidad de las condiciones ya apuntadas haría de dicho medio, violatorio al derecho de defensa. SEGUNDO SUPUESTO: Declaración recibida en etapas previas al debate bajo protocolo de prueba anticipada de un testigo protegido con identidad reservada: i.- Introducida por lectura al debate con base en el numeral 1 del artículo 311 del Código Procesal Penal, por haberse materializado el riesgo previsto; o ii.- Introducida al debate con base en el numeral 7 del artículo 311 del código in comento, por tratarse de un testigo en condición de vulnerabilidad. Los supuestos del numeral 1 y numeral 7 del artículo 311 del Código Procesal Penal tienen en común la introducción al debate de la declaración del testigo con identidad reservada tomada en una etapa anterior al debate, evacuada bajo el protocolo de prueba anticipada, introducción que se hace para efecto de ser valorada dicha declaración conforme a las reglas de la sana crítica; teniendo como diferencia que en el numeral 1 la introducción se hace como consecuencia de haberse materializado el riesgo que motivó la toma de la prueba de forma anticipada, entretanto en el numeral 7 la introducción es porque el testigo se encuentra en condición de vulnerabilidad.- Considera esta Sala de lo Penal que tal introducción por lectura es lícita por estar acorde al derecho de defensa, siempre que: i.- Tratándose del numeral 1 del 311 la limitación de la reserva de la identidad del testigo haya sido acordada como consecuencia de riesgo fundado; o tratándose del numeral 7, que el testigo se encuentre dentro de aquellos testigos en condición de vulnerabilidad que taxativamente prescribe el artículo 237-A del Código Procesal Penal; y ii.- Que el Tribunal de Sentencia procure que la limitación al ejercicio de contradicción tenga como límite lo estrictamente necesario para resguardar la identidad del testigo en riesgo, velando porque los demás principios sigan incólumes y que permitan retomar el equilibrio de derechos que la limitación a la defensa haya provocado; en ese sentido, para la Corte IDH (Norin Catrumán y otros vs. Chile, párrafo 246) son medidas de contrapeso a observar al momento de la deposición del testigo de identidad reservada: * Que la autoridad judicial conozca la identidad del testigo y tenga la posibilidad de observar su comportamiento durante el interrogatorio, con el objeto de que pueda formar su propia impresión sobre la confiabilidad del testigo y de su declaración; *Que la representación técnica de la persona acusada tenga una amplia oportunidad de interrogar directamente al testigo en alguna de las etapas del proceso, sobre cuestiones que no estén relacionadas con su identidad o paradero actual; lo anterior con el objeto de que la defensa pueda apreciar el comportamiento del testigo bajo interrogatorio, de modo que pueda desacreditarlo o, por lo menos, plantear dudas sobre la confiabilidad de su declaración; en ese sentido el tribunal de sentencia deberá ser tolerante respecto a las preguntas que en condiciones normales podrían ser calificadas como impertinentes, pero que en el caso del testigo con identidad reservada resultan ser necesarias para auscultar lo señalado, siempre -se insiste- que dichas preguntas no estén dirigidas a revelar su identidad; y *Respecto a la decisión judicial: determinar la suficiencia probatoria, identificando fuentes de información distintas a la proporcionada por el testigo con identidad reservada. En la valoración de la prueba testifical deberá existir especial pronunciamiento por parte del tribunal de justicia sobre: i.- Limitaciones en la valoración intelectiva generadas por la falta de inmediación; ii.- Limitantes sufridas por las partes al derecho de defensa como consecuencia de la reservada de la identidad del testigo; ambas situaciones se deberán tomar en consideración al momento de tomar la decisión de fondo. TERCER SUPUESTO: Declaración de testigo protegido con identidad de reserva, rendida de manera directa en la audiencia de debate. En este caso la, la inmediación, la oralidad y la concentración son observadas directamente por el tribunal de sentencia, entretanto la contradicción se desarrolla de manera limitada dada la reserva de la identidad del testigo. En este caso persiste la obligación del tribunal de sentencia de advertir el grado de repercusión que la reserva de identidad del testigo tuvo en el ejercicio del derecho de defensa en general, y en el ejercicio de la contradicción en particular. CONSIDERACIONES COMUNES: Independientemente que se trate del segundo supuesto o tercer supuesto, ha advertido la Corte IDH, que: “247.-… aun cuando se hayan adoptado medidas de contrapeso que parecen suficientes, la condena no puede estar fundada únicamente o en grado decisivo en declaraciones realizadas por testigos de identidad reservada. De lo contrario, se podría llegar a condenar al imputado utilizando desproporcionadamente un medio probatorio que fue obtenido en detrimento de su derecho de defensa. Por tratarse de prueba obtenida en condiciones en las que los derechos del inculpado han sido limitados, las declaraciones de testigos con reserva de identidad deben tratarse con extrema precaución, ser valoradas en conjunto con el acervo probatorio, las observaciones u objeciones de la defensa y las reglas de la sana crítica. La determinación de si este tipo de pruebas ha tenido un peso decisivo en el fallo condenatorio dependerá de la existencia de otro tipo de pruebas que corrobore aquellas de tal forma que, a mayor prueba corroborativa, menor será el grado decisivo que el fallador otorga al testimonio de identidad reservada.”. (Lo resaltado no aparece en el original de Norin Catrumán y otros vs. Chile). La Sala de lo Penal, reconoce como derecho inquebrantable lo preceptuado en los artículos 14.3.e del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que indica que durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho, en plena igualdad a interrogar y hacer interrogar a los testigos de cago en las mismas condiciones; así mandado también en los artículos art. 8.1 y 8.2.f de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, Art. 82 de la Constitución de la República y art. 14 y 101 del Código Procesal Penal; además reconoce como obligatorio el criterio fijado por la Corte IDH en las sentencias: i.- Palamara Iribarne versus Chile de fecha 22 de noviembre de 2005 (Párrafos 176 a 179); ii.- Lori Berenson Mejía versus Perú, de fecha 25 de noviembre de 2004 (párrafos 183 a 186); iii.- García Asto y Ramírez versus Perú, de fecha 25 de noviembre de 2005 (Párrafos 152 a 154); y en especial iv.- Norin Catriman, Juan Patricio Marileo Saravia, Víctor Ancalaf Llaupe y otros versus Chile, de fecha 05 de noviembre de 2010 (Párrafos 187, 236 a 239, 241, 250 a 253), a partir de lo cual se fijan las siguientes premisas: i.- La persona acusada, directamente o por conducto de su representante legal, tiene el derecho de examinar las pruebas de cargo en igualdad de condiciones con las otras partes, o de decidir no hacerlo; ii.- Para ejercer el derecho de examen de testigos, el acusado debe poder conocer la identidad de los testigos de cargo con suficiente antelación, para preparar su defensa y poder formular preguntas, cuestionar y en general controvertir en la audiencia de debate la declaración del testigo, salvo el caso excepcional del siguiente numeral; iii.- En ciertos casos, es necesario adoptar medidas de protección a favor de los testigos ante los riesgos de que su vida, su integridad corporal, sus bienes o a de sus familiares pudiesen generar su participación en el proceso; una de esas medidas es la reserva de su identidad, la cual es de carácter lícita en el proceso penal hondureño tanto por disposición constitucional como por disposición convencional; iv.- El testigo con identidad reservada da paso a un ejercicio limitado al derecho fundamental a la defensa; la falta de identidad hace imposible a la persona acusada o a su apoderado legal poder determinar relaciones de amistad, parentesco, amistad, enemistad con el acusado, la víctima u otros sujetos procesales; v.- Como consecuencia de lo señalado en el numeral v y iv, convencionalmente se ha dispuesto que un pronunciamiento condenatorio no puede descansar de manera decisiva en la declaración de un testigo de identidad reservada, cuando tal reserva haya repercutido en el ejercicio del derecho fundamental a la defensa.- Por ello, la Sala de lo Penal declara que una sentencia condenatoria carecerá de validez cuando se base en una solitaria prueba de un testigo con reserva de identidad o cuando la decisión descanse de manera decisiva en dicha declaración, siempre que dicha reserva haya repercutido en el ejercicio material del derecho de defensa. Para ello entonces se deberá identificar el perjuicio material concreto, o cuando menos, potencial queh a sufrido la persona acusada en el ejercicio del mencionado derecho. Finalmente, es de señalar que el derecho que hoy ocupa la argumentación de la Defensa Pública y del que se ha pronunciado esta Sala de lo Penal es de carácter renunciable, criterio que se desprende de la opinión del Comité de las Naciones Unidas en el caso Glenmore Compass c. Jamaica, U.N. Doc. CCPR/C/49/D/375/1989 (1993) párrafo 10.3, en donde se indica: “En lo que respecta a la alegación del autor de que en su caso se violó lo dispuesto en el párrafo 3 del artículo 14, dado que no tuvo ocasión de efectuar el contrainterrogatorio de uno de los principales testigos de la acusación, el detective McNab, el Comité observa que es indiscutible que el testigo no pudo prestar declaración durante el juicio puesto que había salido de Jamaica. El Comité observa, no obstante, que las actuaciones del juicio demuestran que el autor estuvo presente durante la audiencia preliminar, cuando McNab prestó declaración jurada, y que en esa ocasión el abogado del autor efectuó el contrainterrogatorio del testigo. La deposición del testigo, así como sus respuestas en el contrainterrogatorio, se presentaron al Tribunal como prueba durante el juicio; ni el autor, ni su abogado objetaron, en el juicio o en la apelación, la presentación de esta prueba. El Comité observa que el apartado e) del párrafo 3 del artículo 14 protege la igualdad de condiciones entre la acusación y la defensa en lo que se refiere al interrogatorio de los testigos, pero no impide a la defensa renunciar a su derecho a efectuar el contrainterrogatorio de un testigo de la acusación durante el juicio, o no ejercer este derecho. En cualquier caso, el Comité toma nota de que el detective McNab fue examinado por la defensa.”. Así entonces y para evitar la subsanación del defecto conforme lo estipula el artículo 170 en relación con el artículo 167 último párrafo, del Código Procesal Penal, la defensa deberá plantear objeción, declarando la existencia de un perjuicio en el ejercicio del derecho de defensa por una contradicción disminuida como consecuencia de la reserva de la identidad del testigo, en los momentos procesales oportunos, pues en caso de silencio se entenderá que el derecho de defensa no fue comprometido. De la procedencia del Segundo Argumento Recursivo.- El Argumento No es de recibo.- El Recurrente alega que la declaración del testigo protegido R/80 es un medio de prueba de valor decisivo, valorado positivamente por el tribunal de sentencia, aun a pesar de ser un testigo de identidad reservada, que afecta el ejercicio de una completa contradicción y, con ello el ejercicio del derecho de defensa. Pero de nueva cuenta esta Sala de lo Penal nota que este alegato es apenas planteado en el recurso de casación y que sobre ello la defensa hizo silencio en todas las etapas previas del proceso, develando conformidad por omisión.- Se resalta que la defensa hizo silencio, no solo respecto a si la medida de protección de la identidad de la testigo era proporcional o no, a un posible riesgo, sino que además sobre la existencia de una posible restricción al ejercicio de defensa como consecuencia de dicha reserva.- El Ministerio Público dio a conocer la existencia del testigo protegido desde la presentación del requerimiento fiscal, sin que la defensa se pronunciara sobre la medida de la reserva de identidad en la audiencia de declaración de imputado; tampoco hizo pronunciamiento de ésta o de la existencia de disminución al ejercicio del derecho de defensa al término de la audiencia inicial, en la audiencia de proposición de medios de prueba o al término de la audiencia de debate; por tanto, plantear como argumento recursivo contra la sentencia,la violación al Derecho de Defensa por la presentación de un testigo de identidad reservada, sin que ello haya sido tema contradictorio en ninguna de las tres etapas del proceso penal, y en específico en la audiencia de debate, ni siquiera en conclusiones como petición final a considerar por los jueces de sentencia previo a su deliberación, provoca la subsanación del vicio alegado, y conforme al tercer párrafo del artículo 363 del Código Procesal Penal acarrea la desestimación del recurso. Al defecto de forma, se suma la falta de perjuicio material, pues tras el examen al caso concreto, la Sala de lo Penal puede constatar que si bien la declaración de la testigo protegido R/80, contribuyó con la formación del criterio de culpabilidad, pero no constituyó única prueba de cargo o prueba -que por si sola- haya esculpido la formación de la convicción judicial, pues a ésta se le sumaron medios de prueba que aportaron alta carga inculpatoria, al grado que aun cuando se excluyese hipotéticamente la declaración de la testigo protegida R/80, la decisión judicial de declarar la responsabilidad penal al acusado Miguel Ángel Álvarez Benítez, seguiría sin variación, pues acreditan la denuncia recibida por agentes de la Fuerza Antiextorsión de parte de la ofendida sobre las amenazas que estaba recibiendo del acusado para la entrega de dinero, el registro de los números de serie del dinero que serviría de evidencia, la vigilancia hecha al acusado al momento de ingresar al negocio de la ofendida, la constatación de la entrega del dinero, la aprehensión del acusado posteriormente, el registro corporal y la comprobación de que portaba el dinero entregado por la ofendida con coincidencia de las series registradas de manera previa, todo gracias a la declaración testifical del agente Ricardo Moncada, acta de seriado de dinero, acta de vigilancia y seguimiento, el acta de registro personal y acta de decomiso. Así entonces la declaración de la testigo protegida se sumó a un acervo probatorio que en conjunto destruyen el estado de inocencia del acusado, convirtiéndolo en responsable del delito y siendo objeto de sanción penal como su consecuencia. Decisión: Desestimar el recurso de casación por infracción de precepto constitucional en su único motivo. De la procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal Decreto 130-2017. A. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos de retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir de cinco a diez años de prisión una pena). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrará en vigencia y cuándo es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento del juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución Política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas en su totalidad, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el Código Penal Decreto 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo código, sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibido la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando en la decisión judicial de la sentencia que se impugna, se aprecie un concurso real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme a las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse, primero conforme al límite objetivo ordinario o límite objetivo extraordinario, según corresponda, y después conforme al límite subjetivo. Sin embargo, uno no es preferente sobre el otro, por lo que se aplicará el límite que sea menor; b.- La ponderación deberá realizarse, primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el CP-130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a.- Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b.- Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no los 30 años (límite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (límite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años, la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años, se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas, en suma, sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y, aun así, en suma, sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja, de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Límite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Límite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Límite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán, cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. C. Escrito Complementario No fue presentado ante la única instancia escrito por parte de la Defensa Pública del acusado Miguel Ángel Álvarez Benítez que expusiera cuál es su criterio en cuanto a la aplicación retroactiva del nuevo cuerpo normativo penal, tal y como lo señala el artículo 624 del Código Penal 130-2017; tampoco el Ministerio Público hizo pronunciamiento al respecto, por lo que la Sala de lo Penal se ve obligada a realizar el análisis de oficio tal y como prevé el numeral 3 de la misma norma citada, en relación al acusado señalado. D.- Ponderación en el caso concreto El Tribunal de Sentencia, basado en el Código Penal 144-83, declaró responsable al acusado Miguel Ángel Álvarez Benítez, de un mínimo de 06 delitos de extorsión, por lo que como consecuencia impuso, en concurso de delito continuado, las siguientes penas principales: i.- Pena principal de reclusión por 25 años; ii.- Pena principal de multa de 83.33 salarios mínimos, sin que se individualice concretamente el monto; iii.- Pena accesoria de inhabilitación absoluta; iv.- Pena accesoria de interdicción civil; v.- Declaratoria de responsabilidad civil derivada del delito; vi.- Consecuencia penal de obligación de realizar trabajo penitenciario. Conforme las disposiciones del Código Penal 130-2017, el delito de extorsión debe ser sancionado con la pena de prisión de diez (10) a quince (15) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días (Art. 373); pena que debe de modificarse al apreciarse un concurso de delito continuado, identificándose el delito con la pena más grave, a la cual deberá de fijarse la pena media como el máximo abstracto mínimo y la pena máxima como el resultado de la pena máxima original aumentado en 1/3.- Así pues en el presente caso las penas a imponer por el delito de extorsión en delito continuado son: i.- Pena de prisión: 12 años con 06 meses a 20 años; ii.- Pena de multa: 750 días a 1,333.3333 días. La comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que, en el caso particular, el Código Penal 130-2017 prevé sanciones menos gravosas que las impuestas conforme el Código Penal 144-83, por lo que es procedente la aplicación retroactiva de la nueva codificación. Para efectos de la individualización de las penas, manda el artículo 70 NCP tener en consideración la existencia o ausencia de las circunstancias modificativas de la responsabilidad penal y, en su defecto, las circunstancias personales del condenado.- Conforme se señala en la sentencia, las partes en la audiencia de individualización de la pena concreta alegaron ausencia de circunstancia agravantes y atenuantes, criterio que compartió el a-quo; en relación a las circunstancias personales, consta en el acumulado judicial que el señor Miguel Ángel Álvarez Benítez, con número de identidad 0422-1991-00080, es un hondureño, de 24 años de edad al momento de los hechos, soltero, con un hijo, y vendedor ambulante, originario de la comunidad de Trinidad, Departamento de Copán y con último domicilio en la ciudad de San Pedro Sula, residiendo en casa de sus padres, además de carecer de antecedentes policiales (f. 34).- Conforme a lo señalado, corresponde imponer al reo las siguientes penas por el delito de Extorsión Continuada: i.- prisión por 12 años con 06 meses; y ii.- multa de 750 días, con un valor de L 20.00, ascendiendo la pena a L 15,000. Por Tanto: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 140 del Código Penal; 360 y 362 del Código Procesal Penal; Falla: Primero: Declara Sin Lugar el motivo único del recurso de casación por infracción de precepto constitucional, interpuesto por la Defensa Pública.- Segundo: Declara la procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017, por las conductas reprochadas al acusado Miguel Ángel Álvarez Benítez; como consecuencia Reforma la parte resolutiva de la sentencia de fecha veintitrés de octubre de dos mil diecisiete, dictada por el Tribunal de Sentencia de la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en los siguientes términos: “Primero: Que debemos condenar y condenamos al señor Miguel Ángel Álvarez Benítez, cuyas generales de identidad se detallan en el preámbulo de esta sentencia, como autor de un mínimo de seis delitos consumados de extorsión, en perjuicio del Testigo Protegido R/80, apreciándose un concurso de delito continuado, imponiéndole las penas principales de: i.- Prisión por doce años con seis meses; y ii.- Multa de 750 días, con un valor de L 20.00, ascendiendo la pena a L 15,000.00.- Segundo: El cumplimiento de la pena de prisión impuesta deberá ajustarse a las siguientes reglas: a.- Del cómputo de la pena de prisión impuesta se deberá deducir el tiempo en que el señor Miguel Ángel Álvarez Benítez, haya estado privado totalmente de su libertad ambulatoria en cumplimiento de alguna medida cautelar en este proceso judicial; b.- Por efecto de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017, el proceso de ejecución de pena deberá hacerse conforme a sus normas, lo que incluye la resolución de cualquier solicitud de libertad condicional; c.- El lugar de cumplimiento de la pena de prisión deberá ser el centro penitenciario más próximo a su último domicilio, esto sin perjuicio de los traslados que disponga el Instituto Nacional Penitenciario con vista a la seguridad y el mejor desarrollo del proceso de rehabilitación del reo.- Tercero: La pena de multa deberá de ser honrada dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que esta sentencia adquiera el carácter de firme.- Cuarto: Que debemos condenar y condenamos al señor Miguel Ángel Álvarez Benítez, a cumplir las penas accesorias siguientes por el tiempo de cumplimiento de la pena de prisión: inhabilitación absoluta y suspensión de la ciudadanía, por disposición constitucional (Art. 41.2).- Quinto: Se impone al reo Miguel Ángel Álvarez Benítez, como consecuencia de su declaratoria de responsabilidad penal, la obligación de trabajar por el tiempo que se encuentre interno cumpliendo la pena de prisión en obras públicas y/o en labores dentro del establecimiento penitenciario en donde se encuentre internado, de conformidad con la Sección VII, del Capítulo IV, del Título II de la Ley del Sistema Penitenciario Nacional, la Ley del Trabajo para Personas Privadas de Libertad y de Permanencia para Reos de Alta Peligrosidad y Agresividad y sus respectivos reglamentos; Sexto: Como consecuencia de su declaratoria de responsabilidad penal, se declara al reo Miguel Ángel Álvarez Benítez, civilmente responsable por las consecuencias resultantes de un mínimo de seis delitos de extorsión consumados; responsabilidad civil que deberá ser exigida y cuantificada ante el Juzgado de Ejecución competente.- Séptimo: No procede imposición de comiso de instrumentos, productos o ganancias del delito.- Octavo: No procede condenar al reo Miguel Ángel Álvarez Benítez, a las costas procesales, personales ni a la restitución de los gastos ocasionados por el presente proceso judicial.”.- Y Manda: A efecto de que se acate lo mandado en el apartado anterior, la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personas en única instancia, deberá devolver los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento.- Notifíquese. José Olivio Rodríguez Vásquez. magistrado coordinador. Rafael Bustillo Romero. Magistrado. Miguel Alberto Pineda Valle. Magistrado. MARIA DEL CARMEN GODOY. RECEPTORA ADSCRITA. SALA DE LO PENAL.”.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiséis días del mes de julio del año dos mil veintiuno. Certificación de la sentencia de fecha diez de marzo del año dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-88-2018.

MARIA DEL CARMEN GODOY

RECEPTORA ADSCRITA

SALA DE LO PENAL

[1] Artículo 49 y 60 Ley Especial Contra el Lavado de Activos.

[2] Sentencia Corte Interamericana de Derechos Humanos del 29 de mayo de 2014, párr. 247, 251 y 252. Caso Norín Catrimán y otros Vs. Chile. Reparación y Costas.

[3] Sentencia Tribunal Europeo de Derechos Humanos del 20 de noviembre de 1989, caso Kostovski Vs Países Bajos, párr..42.

[4] El artículo 8.2 literal h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que, durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, entre otras garantías mínimas, la de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.