Sentencia CP-87-18 — Registro 13096
Resumen
En primera instancia se condenó al imputado por el delito de Asesinato, resolviendo en segunda instancia No Ha Lugar el recurso de casación y declarando la no procedencia de la retroactividad de la ley penal.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"...De la Procedencia del Recurso. - EL RECURSO NO ES DE RECIBO.- Manda el artículo 350 del Código Procesal Penal que, en los recursos devolutivos, como lo es el recurso extraordinario de casación, el tribunal de alzada solo se deberá de pronunciar sobre los aspectos que fueron objeto de impugnación; lo que constituye una disposición que a su vez prohíbe que los tribunales ad-quem resuelvan los recursos devolutivos haciendo pronunciamientos sobre aspectos distintos a aquellos que el recurrente ha identificado como de su interés para ser corregido. Es por tal disposición legal que la Sala de lo Penal dará respuesta estrictamente a aquello que el Defensor Privado ha identificado como aspectos a revisar en sede casacional, sin extender su pronunciamiento a otros aspectos de la sentencia, que, aunque viciosos, no fueron del interés del Recurrente.- La resolución que presenta esta Sala de lo Penal se limita estrictamente a lo que fue impugnado, determinando primero si los argumentos son correctos conforme al recurso y motivo elegido, y en su caso, si lo que se denuncia efectivamente es concurrente; por ello cuando la Sala de lo Penal rechaza un recurso por mala técnica no equivale a decir que la sentencia ha superado revisión de legalidad; por el contrario, se está declarado que no se realizó dicha revisión como consecuencia de un mal planteamiento del recurso. El caso que nos ocupa es un recurso de casación por quebrantamiento de forma, mediante el cual se denuncia la violación de las reglas de la sana critica; lo que hace dirigir la atención a la valoración intelectiva de los medios de prueba, pues es en ese proceso en donde los jueces de sentencia pueden incurrir en el vicio que se está denunciando; empero en el desarrollo del recurso interpuesto por el Abogado Jorge Alberto Mejía Orellana, se aprecian profundas dolencias a una correcta falta de técnica recursiva por la falta de precisión y calidad, por la impropiedad de los alegatos y por la impropiedad de la pretensión: i.- No se indica que reglas de la sana critica es o fueron las violentadas en el proceso de valoración intelectiva hecho por el tribunal de sentencia; tampoco indica cual es el razonamiento judicial que contiene el vicio y como éste afectó a la decisión judicial; 2.- Se alega falta de motivación, lo que es contradictorio con el alegato de violación de las reglas de la sana critica, pues la falta de motivación implica ausencia de ésta, pero la violación a las reglas de la sana critica requiere la existencia de motivación pero defectuosa en el razonamiento; 3.- Se denuncia existencia de valoración de prueba ilícita; tal vicio no radica entonces en que la prueba fue mal valorada, por colisionar con las reglas de la sana critica, sino que la prueba no debió ser admitida por su origen ilícito; tal alegato entonces no tiene relación con el motivo que el propio recurrente ha elegido, sino que es propio de otro motivo distinto, lo que imposibilita a esta Sala de lo Penal hacer revisión del mismo; 4.- El recurrente afirma que no existe prueba suficiente para condenar al acusado, que el tribunal debió absolver por duda razonable; alegato que no se relaciona con una indebida valoración por ser irrespetuosa de las reglas de la sana critica, sino con la los elementos que dio por acreditado el tribunal y como éstos son insuficientes para declarar culpable al acusado; y 5.- El recurrente plantea como pretensión del recurso que esta Sala emita una sentencia de fondo, declarando absuelto al acusado, desconociendo que el motivo de forma planteado, en el eventual caso de que se declare con lugar, genera el reenvío de la causa al tribunal de sentencia como consecuencia de la nulidad de la sentencia que contenga mal valoración probatoria; ergo la pretensión del recurrente no es consecuente con el motivo ni con el recurso que el mismo ha planteado. El recurrente, adicional a lo enumerado, acusa de no creíble la declaración del testigo protegido, además reprocha que no se le haya dado valor a la declaración de la Señora Ana Suyapa Iscoa, pues considera que ésta es creíble; en suma, el recurrente hace una valoración propia de los medios de prueba y aqueja que el tribunal de sentencia haya hecho una distinta a ésta, lo que es impropio. Olvida el Recurrente que la Sala de lo Penal ha señalado que en casación, como única instancia, solo puede hacer un análisis y en su caso censura, del proceso intelectivo de la sentencia cuando ésta contenga razonamientos que riñan con las reglas de la sana critica; Debe de entenderse entonces que el foco de estudio no es la prueba, no es lo que dejó de acreditar o se acreditó los medios probatorios, sino ese razonamiento plasmado por los/as jueces/zas y los cuales les llevaron a construir los hechos declarados probados. La confección del recurso parte del proceso básico: 1. Lectura de la sentencia e identificación de los razonamientos judiciales intelectivos, en donde se haga análisis y valoración de la prueba; Normalmente se encuentran en el apartado de “Fundamentación Probatoria”, lo que no obsta para que de igual modo puedan ser encontrados en el apartado de “Fundamentación Jurídica”; El razonamiento es un proceso de la lógica mediante el cual, partiendo de uno o más juicios, se deriva la validez, la posibilidad o la falsedad de otro juicio distinto, que en nuestro caso es la prueba. 2. Determinación que en la sentencia existen razonamientos judiciales mal construidos por colisionar con el recto entendimiento humano; 3. Identificación de las reglas de la sana critica que fueron inobservadas o mal aplicadas en el razonamiento judicial; 4. Confrontación de los principios o reglas de la sana critica con el razonamiento judicial, a efecto de demostrar que éste último no sigue lo mandado por el primero; 5. Determinación del porque el razonamiento judicial resulta relevante para la formación del convencimiento judicial que llevo a la decisión adoptada. En ocasiones será necesario hacer relación de la prueba de donde parte el razonamiento judicial, ello no con el objeto de pedir que se revalore la prueba sino para demostrar que dicho razonamiento ha sido mal construido por reñir con la especifica regla de la sana critica que se ha señalado. La exactitud en la confección del recurso de casación por quebrantamiento de forma, tratándose de violaciones a las reglas de la sana crítica debe ser alta; nos referimos a una debida técnica recursiva, pues a cada razonamiento judicial debe hacerse el examen sobre su propiedad.- Por tanto, es irrelevante el criterio que pueda generar la prueba al Ministerio Público, al acusador privado, a la defensa, etc. e inclusive al propio Tribunal de Casación; lo que consideren las partes o la Sala de lo Penal que debió haber sido la valoración de la prueba no es vinculante, sino que lo determinante es el criterio probatorio del Tribunal de Sentencia y si éste fue construido en respeto a las reglas de la sana crítica; ergo, se insiste, el motivo de casación debe concentrarse única y exclusivamente en demostrar que el criterio (valoración intelectiva) del juzgador fue erigido con inobservancia de esas reglas y principios que componen el recto entendimiento humano y no tratar de superponer otra valoración que se considera más propia..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362, N.3 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “I.
Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diez (10) días del mes de marzo del año dos mil veintiuno (2021), el Pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados José Olivio Rodríguez Vásquez en su calidad de coordinador, Rafael Bustillo Romero y Miguel Alberto Pineda Valle, por ausencia justificada de la Magistrada Alma Consuelo Guzmán García, pronuncian En nombre del Estado de Honduras La siguiente sentencia en los Recursos de Casación SP-087-2018 por Quebrantamiento de Forma interpuesto contra la sentencia de fecha veinte de febrero del año dos mil diecisiete, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, mediante la cual fallo Primero: Condenó al señor José Ramón Alegría Escobar, como autor del delito de Asesinato, en perjuicio de la señora Kensy Abigail Sarmiento a la pena de veintiún años de reclusión.- Segundo: Condenó al señor José Ramón Alegría Escobar, como autor del delito de Asesinato, en perjuicio de la señora Julissa Mariela Luna Bueso a la pena de veintiún años de reclusión.- Tercero: Condenó al señor José Ramón Alegría Escobar, como autor del delito de Asesinato, en perjuicio de la señora Lidia Cristina Alegría Iscoa a la pena de veintiún años de reclusión.- Cuarto: Condenó al señor José Ramón Alegría Escobar, como autor del delito de Asesinato, en perjuicio de la señora Kenia Elizabeth Sorto a la pena de veintiún años de reclusión, haciendo un total de ochenta y cuatro años de reclusión.- Quinto: Condenó al señor José Ramón Alegría Escobar a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo que dure la condena principal.- Sexto: Se le declaró la responsabilidad civil del señor José Ramón Alegría Escobar.- Séptimo: No procedió condenar en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio.- Octavo: No procedió el comiso. Son partes en única instancia: El abogado Jorge Alberto Mejía Orellana, en su condición de Defensor Privado del señor José Ramón Alegría Escobar, como parte recurrente y la abogada Karen Lizeth Martínez Ponce, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, como parte recurrida. II. Hechos probados de la instancia Único: En fecha tres de septiembre del año dos mil diez, a eso de las once de la noche en una cuartería ubicada en el pasaje Rápalo del barrio Cabañas, 19 calle, 15 y 16 avenida de la ciudad de San Pedro Sula, Cortes, llegó José Ramon Alegría Iscoa, acompañado de otra persona hasta donde se encontraban las jóvenes Kensy Abigail Sarmiento, Julissa Mariela Luna Bueso, Lidia Cristina Alegría Iscoa Y Kenia Elizabeth Sorto, preguntándoles por una persona a quien se refirieron con el alias “la gorda” y al no obtener respuesta dispararon en contra de cada una de ellas infiriéndoles un disparo en la cabeza, marchándose del lugar en un vehículo Marca Nissan Sentra. III. Recurso de CASACIÓN. - Motivos y Argumentos Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma Motivo Único: Al haber dictado el Juzgador sentencia condenatoria inobservando las Reglas De La Sana Critica Precepto Autorizante: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 362 #3 del Código Procesal Penal. Explicación Del Motivo El fallo que hoy se cuestiona por esta vía recursiva contiene un vicio grave que atenta contra las reglas de la sana critica al observarse del artículo 202 de la Ley Penal adjetiva que prescribe “Las Pruebas Serán Valoradas Con Arreglo A La Sana Critica, Regla Cuarta Del Artículo 338 Del Mismo Cuerpo Legal Requerimientos a los que el ente jurisdiccional no les ha dado cumplimiento en la sentencia ahora impugnada resultando de ello el ofrecimiento de un desacertado fallo condenatorio. En el presente caso con la finalidad de acreditar el licito el Ministerio Publico pretendió acreditar la participación de mi representado mediante pruebas testifical, con la declaración del testigo protegido con clave K-E-31, quien declaro que el día en que ocurrieron los hechos (no especifica fecha) se encontraba con las muchachas porque andaba de visita y que a eso de las once de la noche le pego hambre y salió a buscar comida dijo que a cinco metros de distancia hacia el portón de la vivienda escucho unos ruidos regresándose con cautela y cuidado escucho voces de dos sujetos que decían Donde Esta La Gorda donde esta esa hija de puta Y Agrego Que Eran José Ramon Alegría Escobar Y Cesar David Santos, Julissa les decía no nos peguen maricon mejor mátame uno de ellos que estaba golpeando era Cesar David alias Culiche, yo mire que venía a cerrar las puertas ahí cerquita hay unos baños y observe por una rendija de la puerta mire cuando le pegaban un disparo a una de ellas en la cabeza luego así como ingresaron salieron por la puerta trasera, una niña de cinco años estaba ahí entre las camas, dijo que ellos se marcharon en un carro Nissan Sentra los vidrios abajo del lado del conductor, dijo que al conductor no lo pudo reconocer solo a los dos que ultimaron a la muchacha, Al Hacer El Interrogatorio A Las Partes, el testigo protegido respondió que el hecho fue antes de navidad en el barrio cabañas entre la 19 y 20 calle en un pasaje que está entre esas calles y que el nombre de los hechores son José Ramon Alegría Escobar Y Cesar David Santos, a esta declaración el Tribunal le concede el total credibilidad por mayoría habiendo un voto disidente, al dársele credibilidad a esta declaración por la mayoría del tribunal no atendió de acuerdo a la sana crítica la valoración en su conjunto con la declaración rendida por el imputado que hizo uso de su derecho y en el cual manifestó que lo acusan de esos homicidios y que ese muchacho refiriéndose al testigo protegido es un Testigo Falso, y que lo ha relacionado en varios procesos por los mismos delitos ya que describió al testigo protegido con clave K-E-31 con el nombre de Javier Vargas, y que este nombre coincidía con el acta de defunción del testigo presentado por el Ministerio Publico y que es la persona que ha querido perjudicados al atribuirle la comisión de varios ilícitos por ejemplo en la causa 448-15 donde se le acuso al Señor José Ramon Alegría Escobar, por un delito de Homicidio Simple en perjuicio de Gerardo Antonio Figueroa, el Ministerio Publico presento al testigo protegido con clave. K-34, determinándose a través de la misma acta de defunción que el mismo correspondía al nombre de Javier Vargas, asimismo en el expediente número 715-14, se le siguió proceso a mi defendido José Ramon Alegría Escobar por un delito de asesinato en perjuicio de Soamy Stefany Rosales Pacheco, donde el Ministerio Publico propuso como prueba testifical la declaración del testigo protegido con clave TF-01, resultando ser este el mismo testigo Javier Vargas, lo que genero dudas razonables a una de las integrantes del tribunal de sentencia emitiendo esta un voto particular la cual si hace una correcta valoración de la prueba ya que para la Juez del voto de incidente si es creíble la declaración rendida por el imputado pues con certeza esta indica que el imputado dio el nombre de Javier Vargas que era el testigo con clave K-E31 y que relacionaba con el acta de defunción de dicho testigo presentada por el Ministerio Publico coincide con la persona a quien el imputado mención como el que ha querido ocasionarle perjuicios atribuyéndole la comisión de varios delitos por lo cual resulta ilógico e incongruente la valoración de la prueba que hizo el tribunal por simple mayoría ya que se estableció plenamente que esta persona ya se le había probado su falsedad en otra sala del tribunal! de sentencia al descubrírsele en el momento ocurrieron esos hechos él se encontraba privado de su libertad en el centro penal del progreso, Yoro, nunca tomo en cuenta la declaración rendida en estrados de la señora Ana Suyapa Iscoa quien entre otras dijo ser la madre de una de las jóvenes asesinadas de nombre Lidia Cristina Alegría Escobar, agrego que hace dos años como el dos mil diez, en el pasaje rápalo de cabañitas ella miro tres personas salir del apartamento donde estaban asesinadas, menciono que dos de estas personas ya estaban muertas y el otro es de nombre Javier Alejandro O Jorge Vargas, con el alias El Pelón dijo desconocer porque el pelón las había asesinado porque hasta amigo de su hija era, arguyo que esa noche vio salir al pelón del cuarto donde estaban las muchachas junto a otras dos personas y subirse junto a otros en un turismo negro adujo que no vio a nadie disparar solo escucho bulla, concluyo que no denuncio en ese momento porque el pelón la tenía amenazada por eso hasta ahora declara y que nunca vio a José Ramon Alegría Escobar esa noche pero que Javier Alejandro me dijo que inculparía a el de esas muertes a esta declaración el tribunal por mayoría no le da credibilidad ya que menciona al momento de brindar su declaración la testigo se mostraba nerviosa, sin tomar en cuenta dicho tribunal que esta declaración también concatenándola con la declaración rendida por el imputado enlazaba hechos y circunstancias iguales tales como el nombre del testigo protegido como con la acta de defunción del señor Javier Vargas el testigo protegido propuesto por la fiscalía en tres juicios diferente, es de Observar (de nuestra parte) que el Tribunal de la sala segunda que emitiera este fallo en ningún momento tuvo a la vista el sobre sellado que contenía los datos del señor Javier Vargas el testigo protegido identificado con la clave K-E-31, tampoco tuvo la declaración en carácter de prueba anticipada rendida por el testigo antes mencionado en original, sino que la misma fue introducida mediante lectura al juicio mediante una fotocopia. El artículo 202 de la Ley Penal Procesal adjetiva establece la valoración de las pruebas de acuerdo a las reglas de la sana crítica y órgano jurisdiccional formara su convicción valorándola en forma conjunta y amónica toda la prueba producida en juicio en este caso particular el tribunal no valoro una declaración de la testigo Ana Suyapa Iscoa, quien fue clara y contundente en su disposición y con la cual se desvanecía completamente do lo manifestado por el testigo protegido ya que las otras pruebas que ingresaron al proceso como pruebas documentales como ser: Los cuatro dictámenes forenses los cuales fueron ratificados por el médico forense Rey Roger Matute así como también la prueba documental consistentes en las actas de levantamiento de los cadáveres de las victimas así como las copias certificadas de actas de inspecciones oculares actas de decomiso no relacionan a mi representado como autor de la comisión del ilícito por el cual fue llevado a Juicio pues no se determinó bajo ningún elemento de probanza que fue mi representado el señor José Ramon Alegría Escobar que disparo a las cuatro víctimas, pues solo se describen las formas de cómo fueron levantados los cadáveres y las heridas que sufrieron, no habiendo ningún indicativo de participación a través de estos medios de prueba de mi representado. Al no habérsele dado un valor probatorio a la declaración de la señora Ana Suyapa Iscoa Romero, quien es una persona que tenía el carácter de victima ya que tal como lo estipula el articulo 17 numeral 2 del código procesal penal al ser la madre de una de las jóvenes que perdió la vida en los hechos objeto del debate hace restar crédito a la tesis acusatoria al estimar que no se ha podido acreditar por parte del ente acusatorio la presencia del acusado al momento de suscitarse el hecho histórico prohibido, por lo que el Tribunal por simple mayoría debió valorar y poner en el tapete la declaración rendidas por el imputado por el testigo protegido y por la señora Ana Suyapa Iscoa Romero, con lo cual si el tribunal hubiera hecho una valoración de acuerdo a la sana critica hubiera concluido en una duda razonable, tal y como lo establece en su voto de disidente particular la Juez que emitió mismo, pues ciertamente la declaración de este testigo protegido es la que ha servido a la mayoría de este Tribunal para encontrar la culpabilidad del señor José Ramon Alegría Escobar a la cual la mayoría del tribunal le dio total credibilidad sin tomar en cuenta y darle la credibilidad debida a lo declarado por el imputado hacia como la declaración de la Señora Ana Suyapa Iscoba Romero, por lo que esta defensa considera que la prueba aportada por el ministerio público aparte de ser prueba ilícita tal como lo es la declaración del testigo protegido con clave K-E-31, es ilícita ya que la misma fue introducida a través de lectura no de un documento original si no de una copia misma que también resulta insuficiente, para dar por acreditada la participación de mi representado en los hechos que se le imputan pues la misma no es confiable pues no existe ningún otro medio de prueba a parte de este que vincule o que establezca que efectivamente que la persona a la cual este testigo se refiere sea el Señor José Ramon Alegría Escobar, dado que no se practicó ningún tipo de reconocimiento incorporado a juicio ni el testigo menciono en su exposición las características físicas de la persona a que el refiere como José Ramon Alegría Escobar, ni mucho menos existe otra prueba de cargo que la certeza de que efectivamente el imputado sea la persona que haya participado en los hechos en los cuales perdieron la vida Kensy Abigail Sarmiento López, Julissa Mariela Luna Bueso, Lidia Cristina Alegría Iscoa Y Kenia Elizabeth Sorto, lo que tuvo que haber generado la duda al tribunal favorables al Señor José Ramon Alegría Escobar y haber dictado un Fallo Absolutorio ya que al haberse fallado contrariamente tal como lo hizo la mayoría del tribunal se han vulnerado las reglas de la sana crítica, pues la valoración de la prueba no se hizo de una forma armónica sino de una manera aislada y erróneamente pues no se valoró el principio de la razón, la lógica ni las máximas de la experiencia. IV. Fundamentación Jurídica Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma El Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio (Art. 90 de la Constitución de la República). Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso (Art. 9 cpp). Si no se cumple con los requisitos establecidos en la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos y, por el contrario, se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando: a. No se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), b. Se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o c. Se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; La inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción (vicio in procedendo) y que debe de ser objeto de saneamiento cuando proceda (Art. 171 cpp), de subsanación cuando concurran sus presupuestos (Art. 170 cpp) o, en su caso y como remedio último de nulidad 165 cpp). El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la denuncia hecha por algunas de las partes de una actividad procesal defectuosa que compromete la decisión final, dada en los actos procesales de la etapa de juicio o en la propia sentencia que le contiene y que tiene como sanción prevista por la ley su nulidad ante la imposibilidad de saneamiento o de subsanación, ergo no basta entonces con la presencia de un vicio, sino que se requerirá además: i.- Que la Recurrente haya presentado protesta contra el vicio, en el momento procesal oportuno, procurando sanearlo sin éxito (Art. 363 párrafo tercero de cpp); ii.- Que el vicio tampoco sea posible tenerlo por subsanado; iii.- Que el vicio sea de aquellos que tenga como sanción legal la nulidad de la actividad que lo contiene (Art. 362 cpp), planteados como motivos para recurrir.- Los dos primeros requisitos no serán necesarios cuando el defecto se produzca en la sentencia, pues la única forma de protesta sería el mismo recurso de casación. Además de los requisitos señalados, la Recurrente debe de tener presente que la instancia impugnativa en casación está munida de importantes recaudos formales determinados por la ley que deben de cumplirse en su interposición (Art. 363 párrafo tercero cpp) y que pueden ser de diferente naturaleza en atención al defecto procesal denunciado (Art. 362 cpp); Ello se debe a que se trata de un recurso extraordinario, que tiene como fin auditar la legalidad de la sentencia y por ende de una gran exigencia técnica. Es de esta forma que con la individualización del motivo se dan las siguientes consecuencias: a. La competencia de la Sala de lo Penal queda circunscrita a los aspectos objetos de impugnación (Art. 350 cpp); b. Es inaplicable el principio Iura Novit Curia, al no poderse suplir las omisiones de la Recurrente; y c. Es posible la concesión parcial del Recurso, cuando la razón solo aparezca en parte de lo alegado en el motivo. Motivo Único Normas Autorizantes: Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal; Motivo: Haber dictado el juzgador una sentencia condenatoria inobservando las reglas de la sana critica; Concepto de la infracción: Sin determinar por el recurrente; Normas Procesales que se denuncian infringidas: Artículo 202 del Código Procesal Penal; Reclamación Ex Ante: Sin determinar por el Recurrente; y Pretensión: Absolver al acusado José Ramon Alegría Escobar, por insuficiencia probatoria y duda razonable. Increpa el Defensor Privado que el tribunal de sentencia dio pleno crédito a la declaración del testigo protegido K-E-31, sin atender las reglas de la sana critica, pues se trata de una persona que ha servido de testigos en distintos procesos penales que se han celebrado en contra del acusado, siempre con el ánimo de perjudicarlo; indica que la falsedad de este testigo ya se había probado en otra sala del tribunal de sentencia, siendo ilógico e incongruente que el a-quo, le haya dado crédito. Reprocha además el recurrente que el tribunal de sentencia “nunca tomo en cuenta” la declaración de la Señora Ana Suyapa Iscoa, madre de una de las ofendidas y por tanto víctima también del delito, quien indica que la persona responsable de la muerte de su hija no fue el acusado, sino que fue precisamente el testigo protegido, de nombre Javier Alejandro o Jorge Vargas. Alega que el tribunal no valoró la declaración de la testigo, aun cuando ésta fue clara y contundente. Denuncia el recurrente que la declaración del testigo protegido es ilícita, pues el tribunal de sentencia nunca tuvo a la vista el sobre sellado con los datos personales de éste, tampoco se trato de un medio de prueba practicado bajo el protocolo de prueba anticipada, o se tuvo acceso al documento original; la declaración introducida por lectura era una fotocopia. - Reitera que la prueba presentada por el Ministerio Público no solo es ilícita, sino que además no es confiable. Relaciona que los cuatro dictámenes forenses, las actas de levantamiento de cadáver, las actas de inspección ocular y las actas de decomiso, no aportan elemento alguno de que el acusado José Ramón alegría Escobar, disparo en contra de las 04 víctimas. Externa su criterio de que si la prueba hubiese sido valorada conforme a las reglas de la sana critica, el tribunal de sentencia hubiese concluido que existe una duda razonable y dictado un fallo absolutorio. De las Reglas de la Sana Crítica El Código Procesal Penal da exclusiva competencia a los jueces de sentencia la estimación valorativa de las pruebas y las conclusiones fácticas que de ellas extraigan, siendo ello inatacable por la vía recursiva casacional, siendo solamente controlable el proceso seguido por los jueces para la construcción de tales conclusiones. El artículo 362 No. 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes… 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica.”. - Al respecto, se ha señalado que: “… La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva…”. (Fallo de fecha 30 de noviembre del 2001, en el Exp. 194-2009 y de fecha 30 de noviembre del 2011, en el Exp. 297-09, también en ese sentido el fallo de fecha 20 de octubre del 2011, contenido en el Exp. 360-09 y de fecha 05 de abril del 2011, del Exp. 385-09, todos de la Sala de lo Penal). En el apartado de la valoración intelectiva el juzgador debe valorar la prueba, conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la Prueba: Íntima Convicción (Propio del Sistema de Juzgamiento por Jurados), Prueba Legal o Tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe de darle el Juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias) y la Sana Crítica; es este último el que debe observar el juzgador penal hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. En el sistema de Sana Critica, en la valoración de la prueba existe plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones guarden una necesaria relación con las premisas que le sustentan, las cuales son a su vez construidas como fruto razonado de las pruebas. En este sistema, el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia conviccional de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común (al respecto ver Fallo de fecha 30 de noviembre del 2011, del Exp 125-2010 de la Sala de lo Penal). De este modo “… las reglas de la sana crítica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza…” (Fallo Sala Penal de fecha 20 de octubre del 2011, en el Exp 88-09). Componen la Sana Crítica: 1) Reglas de la Experiencia Común o Máximas de la Experiencia: Se refieren juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el juzgador, relevados de demostración probatoria por adquirirse a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por este hecho son compartidas con las demás personas, aun cuando no formen parte de su mismo grupo social. Nos referimos a fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión o hechos de la cultura común, siendo el antónimo de éstos los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realizan solo un grupo determinados de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior, el conocimiento privado del juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. El juzgador deberá analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común, entre otros: i. Cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca del hecho.
ii. Cuando cite como común un hecho que no lo sea, por no ser aprehensibles de manera espontánea por el profano, sino que solo mediante experiencias extraordinarias o mediante estudios especializados; iii. Cuando afirme como común un hecho que exija demostración probatoria. Las reglas de la Experiencia Común se basan en la probabilidad, es decir, al momento en que el juzgador valora un hecho, considerará el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos él porqué lo considera así. 2) Las reglas de la Psicología: Están referidas, no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento empírico adquirido del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquél. Las reglas de la Psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo con relación al grupo social, se requiere que el juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la Experiencia Común, las reglas de la Psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado; y 3) Las Reglas de la Lógica: La Lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatorio para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. La lógica aplicable es la “Lógica no formal”, llamada en el ámbito como Razón del juicio donde las conclusiones se muestran bajo el espectro que irradia la prueba. Las leyes de la Lógica informan sobre leyes universales, a saber: a. La Coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí. La coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente. De la Ley de la Coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: i. El Principio de Identidad: Una proposición solo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y” ii. El Principio de Contradicción: Las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En valoración de prueba: un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. iii. El Principio de Tercero Excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera y ninguna tercera posibilidad es posible. b. La Derivación: Exige que cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; cada pensamiento provenir de otro, con el cual está relacionado, salvo que se trate de un principio, es decir de un juicio inicial. Pero además la conclusión debe derivar de elementos suficientes para que justifique la producción de aquella. Existirá omisión al principio lógico de derivación: i. Cuando la conclusión no encuentre correspondencia con el medio de prueba por una indebida inferencia; ii. Cuando la conclusión no sea producto derivado de un medio de prueba, debiendo serlo por tratarse de la afirmación o negación de un hecho de carácter no notorio. iii.Cuando la conclusión sea construida con base en medios de pruebas inexistentes. iv.Cuando la conclusión esté basada en el contenido de un medio de prueba cuyo contenido este falseado.
De la derivación se extrae el Principio de Razón Suficiente, por el cual toda conclusión requiere una razón suficiente que justifique su existencia; la conclusión debe ser el final del iter lógico seguido en la valoración de las pruebas apoyándose en inferencias razonables; cada conclusión expuesta puede formar una sucesión que al final lleven a una conclusión última en donde se afirme o niegue el hecho juzgado. De la Rúa (Fernando de la Rúa, La Casación Penal, Ediciones Depalma, Buenos Aires, Argentina, pág. 156), señala que la motivación para ser lógica debe responder a las referidas leyes que presiden el correcto entendimiento humano, observando como características: 1.Congruente: En donde las afirmaciones, deducciones y conclusiones guarden una adecuada correlación y concordancia entre sí; 2. Concordante: Cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; 3. No Contradictoria, por estar libre de razonamientos que al oponerse se anulen entre sí al reflejar verdades incompatibles; 4. Inequívoca: al no dejar margen para cuestionar el alcance y significado de los razonamientos y de las conclusiones que le deriven; y 5. Suficiente: al estar constituida por un entramado de conclusiones interrelacionadas, que se deriven de múltiples cadenas de pensamientos, todos ellos aptos para producir razonablemente un convencimiento. El autor citado (Ob. Cit, pág. 157), explica que la sentencia carecerá de motivación cuando los razonamientos son contrastados advirtiendo oposición entre ellos y/o entre ellos y la parte resolutiva, destruyéndose recíprocamente dejando vacía la fundamentación de la decisión. De la Procedencia del Recurso. - El recurso No es de recibo.- Manda el artículo 350 del Código Procesal Penal que, en los recursos devolutivos, como lo es el recurso extraordinario de casación, el tribunal de alzada solo se deberá de pronunciar sobre los aspectos que fueron objeto de impugnación; lo que constituye una disposición que a su vez prohíbe que los tribunales ad-quem resuelvan los recursos devolutivos haciendo pronunciamientos sobre aspectos distintos a aquellos que el recurrente ha identificado como de su interés para ser corregido. Es por tal disposición legal que la Sala de lo Penal dará respuesta estrictamente a aquello que el Defensor Privado ha identificado como aspectos a revisar en sede casacional, sin extender su pronunciamiento a otros aspectos de la sentencia, que, aunque viciosos, no fueron del interés del Recurrente.- La resolución que presenta esta Sala de lo Penal se limita estrictamente a lo que fue impugnado, determinando primero si los argumentos son correctos conforme al recurso y motivo elegido, y en su caso, si lo que se denuncia efectivamente es concurrente; por ello cuando la Sala de lo Penal rechaza un recurso por mala técnica no equivale a decir que la sentencia ha superado revisión de legalidad; por el contrario, se está declarado que no se realizó dicha revisión como consecuencia de un mal planteamiento del recurso. El caso que nos ocupa es un recurso de casación por quebrantamiento de forma, mediante el cual se denuncia la violación de las reglas de la sana critica; lo que hace dirigir la atención a la valoración intelectiva de los medios de prueba, pues es en ese proceso en donde los jueces de sentencia pueden incurrir en el vicio que se está denunciando; empero en el desarrollo del recurso interpuesto por el Abogado Jorge Alberto Mejía Orellana, se aprecian profundas dolencias a una correcta falta de técnica recursiva por la falta de precisión y calidad, por la impropiedad de los alegatos y por la impropiedad de la pretensión: i.- No se indica que reglas de la sana critica es o fueron las violentadas en el proceso de valoración intelectiva hecho por el tribunal de sentencia; tampoco indica cual es el razonamiento judicial que contiene el vicio y como éste afectó a la decisión judicial; 2.- Se alega falta de motivación, lo que es contradictorio con el alegato de violación de las reglas de la sana critica, pues la falta de motivación implica ausencia de ésta, pero la violación a las reglas de la sana critica requiere la existencia de motivación pero defectuosa en el razonamiento; 3.- Se denuncia existencia de valoración de prueba ilícita; tal vicio no radica entonces en que la prueba fue mal valorada, por colisionar con las reglas de la sana critica, sino que la prueba no debió ser admitida por su origen ilícito; tal alegato entonces no tiene relación con el motivo que el propio recurrente ha elegido, sino que es propio de otro motivo distinto, lo que imposibilita a esta Sala de lo Penal hacer revisión del mismo; 4.- El recurrente afirma que no existe prueba suficiente para condenar al acusado, que el tribunal debió absolver por duda razonable; alegato que no se relaciona con una indebida valoración por ser irrespetuosa de las reglas de la sana critica, sino con la los elementos que dio por acreditado el tribunal y como éstos son insuficientes para declarar culpable al acusado; y 5.- El recurrente plantea como pretensión del recurso que esta Sala emita una sentencia de fondo, declarando absuelto al acusado, desconociendo que el motivo de forma planteado, en el eventual caso de que se declare con lugar, genera el reenvío de la causa al tribunal de sentencia como consecuencia de la nulidad de la sentencia que contenga mal valoración probatoria; ergo la pretensión del recurrente no es consecuente con el motivo ni con el recurso que el mismo ha planteado. El recurrente, adicional a lo enumerado, acusa de no creíble la declaración del testigo protegido, además reprocha que no se le haya dado valor a la declaración de la Señora Ana Suyapa Iscoa, pues considera que ésta es creíble; en suma, el recurrente hace una valoración propia de los medios de prueba y aqueja que el tribunal de sentencia haya hecho una distinta a ésta, lo que es impropio. Olvida el Recurrente que la Sala de lo Penal ha señalado que en casación, como única instancia, solo puede hacer un análisis y en su caso censura, del proceso intelectivo de la sentencia cuando ésta contenga razonamientos que riñan con las reglas de la sana critica; Debe de entenderse entonces que el foco de estudio no es la prueba, no es lo que dejó de acreditar o se acreditó los medios probatorios, sino ese razonamiento plasmado por los/as jueces/zas y los cuales les llevaron a construir los hechos declarados probados. La confección del recurso parte del proceso básico: 1. Lectura de la sentencia e identificación de los razonamientos judiciales intelectivos, en donde se haga análisis y valoración de la prueba; Normalmente se encuentran en el apartado de “Fundamentación Probatoria”, lo que no obsta para que de igual modo puedan ser encontrados en el apartado de “Fundamentación Jurídica”; El razonamiento es un proceso de la lógica mediante el cual, partiendo de uno o más juicios, se deriva la validez, la posibilidad o la falsedad de otro juicio distinto, que en nuestro caso es la prueba. 2. Determinación que en la sentencia existen razonamientos judiciales mal construidos por colisionar con el recto entendimiento humano; 3. Identificación de las reglas de la sana critica que fueron inobservadas o mal aplicadas en el razonamiento judicial; 4. Confrontación de los principios o reglas de la sana critica con el razonamiento judicial, a efecto de demostrar que éste último no sigue lo mandado por el primero; 5. Determinación del porque el razonamiento judicial resulta relevante para la formación del convencimiento judicial que llevo a la decisión adoptada. En ocasiones será necesario hacer relación de la prueba de donde parte el razonamiento judicial, ello no con el objeto de pedir que se revalore la prueba sino para demostrar que dicho razonamiento ha sido mal construido por reñir con la especifica regla de la sana critica que se ha señalado. La exactitud en la confección del recurso de casación por quebrantamiento de forma, tratándose de violaciones a las reglas de la sana crítica debe ser alta; nos referimos a una debida técnica recursiva, pues a cada razonamiento judicial debe hacerse el examen sobre su propiedad.- Por tanto, es irrelevante el criterio que pueda generar la prueba al Ministerio Público, al acusador privado, a la defensa, etc. e inclusive al propio Tribunal de Casación; lo que consideren las partes o la Sala de lo Penal que debió haber sido la valoración de la prueba no es vinculante, sino que lo determinante es el criterio probatorio del Tribunal de Sentencia y si éste fue construido en respeto a las reglas de la sana crítica; ergo, se insiste, el motivo de casación debe concentrarse única y exclusivamente en demostrar que el criterio (valoración intelectiva) del juzgador fue erigido con inobservancia de esas reglas y principios que componen el recto entendimiento humano y no tratar de superponer otra valoración que se considera más propia. V. Decisión Desestimar el motivo único del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, interpuesto por la Defensa Pública. De la procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal Decreto 130-2017. A. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 1.Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2.Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir de cinco a diez años de prisión una pena). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrara en vigor y cuando es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo con la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento de juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas de manera completa por la persona, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el Código Penal Decreto 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigor del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo Código sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibido la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un Concurso Real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: a.- La ponderación deberá de realizarse primero conforme al límite objetivo ordinario o limite objetivo extraordinario, según corresponda, y luego de ello conforme al límite subjetivo. Empero uno no es preferente sobre el otro; se aplicará el límite que sea menor; y b.- La ponderación deberá de realizarse en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos, se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá de realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el CP-130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a.- Se restara del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b.- Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho limite, el que se deberá de comparar con el CP 144-83. Para hacer efectivo el Limite Subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no los 30 años (limite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (limite objetivo extraordinario): a.- Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años: la pena se adecuara a dicho limite; b.- Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años: Se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i.- Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las Penas No Concursadas; ii.- Si no existe modificación de penas y éstas en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iii.- Si existe modificación de penas a la baja y aun así en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv.- Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i.- Limite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii.- Limite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii.- Limite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años.- Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos limites no se observaran cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. C. Escrito Complementario No fue presentado ante la única instancia escrito por parte de la Defensa Privada del acusado José Ramón Alegría Escobar que expusiera cuál es su criterio en cuanto a la aplicación retroactiva del nuevo cuerpo normativo penal, tal y como lo señala el artículo 624 del Código Penal 130-2017; Tampoco el Ministerio Público hizo pronunciamiento sobre el respecto, por lo que la Sala de lo Penal se ve obligada a realizar el análisis de oficio tal y como prevé el numeral 3 de la misma norma citada, en relación al acusado señalado. D.- Ponderación en el caso concreto En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso al Señor José Ramón alegría Escobar, las sanciones por cuatro delitos, a saber: i.- 21 años de reclusión como autor de un delito consumado de asesinato, en perjuicio de la Señora Kensy Abigail Sarmiento; ii.- 21 años de reclusión como autor de un delito consumado de asesinato, en perjuicio de la Señora Julissa Mariela Luna Bueso; iii.- 21 años de reclusión como autor de un delito consumado de asesinato, en perjuicio de la Señora Lidia Cristina Alegría Iscoa; y iv.- 21 años de reclusión como autor de un delito de asesinato, en perjuicio de la Señora Kenia Elizabeth Sorto.- En suma, la pena concreta impuesta al acusado es de 84 años de reclusión, de los que cumpliría solo 30 años por disposición del artículo 35 del CP 144-83. Conforme las disposiciones del Código Penal 130-2017, el delito de asesinato tiene una pena principal de 20 a 25 años de prisión para su versión consumada.- En suma el marco abstracto de las penas que corresponden a los delitos cometidos por el acusado, de aplicarse la nueva normativa penal, sería de 80 a 100 años de prisión, de los cuales cumpliría una pena de 40 años en aplicación al límite objetivo extraordinario, en caso de que cualquiera de las penas individualizadas supere los 20 años de prisión, o los 30 años de prisión como máximo en los casos que ninguna de las penas individualizas no supere los 20 años. La comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que la pena concreta impuesta al acusado se encuentra dentro del marzo abstracto de la pena que contempla la nueva legislación penal; además que el limite objetivo de cumplimiento en el anterior código es hasta 30 años, pero en la nueva codificación podría llegar hasta los 40 años.- Por tanto, en el caso particular no es procedente la aplicación retroactiva del código penal 130-2017. VI. Por Tanto: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 140 del Código Penal; 360 y 362 del Código Procesal Penal; Falla: Primero: Declara Sin Lugar el único motivo del recurso de casación por quebrantamiento de forma interpuesto por el abogado Jorge Alberto Mejía Orellana, defensor privado del Señor José Ramón Alegría Escobar.- Segundo: Declara la no procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017, por las conductas reprochadas al ahora condenado José Ramón alegría Escobar; Como consecuencia el proceso de ejecución deberá de realizarse conforme las normas del Código Penal 144-83, lo que incluye limite objetivo de cumplimiento de pena (Art. 35) y resolución de solicitud de aplicación de libertad condicional. - Tercero: Declara Firme y ejecutable la sentencia de fecha veinte de febrero de dos mil diecisiete (f. 152), dictada por el Tribunal de Sentencia de la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortes.- Y Manda: A efecto de que se acate lo mandado, la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas en única instancia, deberá devolver los antecedentes del caso al tribunal de justicia de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento.- Notifíquese. Firmas y Sello. José Olivio Rodríguez Vásquez. Magistrado Coordinador. Rafael Bustillo Romero. Magistrado. Miguel Alberto Pineda Valle. Magistrado. Firma y sello MARIA DEL CARMEN GODOY. RECEPTORA ADSCRITA. SALA DE LO PENAL.”.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciséis días del mes de junio del año dos mil veintiuno. Certificación de la sentencia de fecha diez de marzo del año dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-87-2018.
MARIA DEL CARMEN GODOY
RECEPTORA ADSCRITA
SALA DE LO PENAL
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