Sentencia CP-75-18 — Registro 12431
Resumen
En primera instancia se condenó a la imputada como coautora del delito de Secuestro, resolviendo en segunda instancia Ha Lugar el recurso de casación por violación al precepto constitucional estado de inocencia.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"... De la procedencia del recurso. EL RECURSO ES DE RECIBO. - La decisión que debe ser evaluada con ocasión del recurso de casación que ha interpuesto la Defensa Publica, es aquella que por mayoría ha adoptado el Tribunal de Sentencia, en la que determinó condenar a la señora Karla Patricia Palma Pacheco, como coautora de un delito consumado de secuestro extorsivo, en perjuicio de la señora María Esther Anchecta López; decisión de la que uno de los integrantes disintió, por considerar que el fallo que debe adoptarse es absolver a la acusada.
Como argumento de su recurso, la Defensa Pública señala que el pronunciamiento condenatorio es violatorio al principio de inocencia, ello porque tal condición se mantiene tras la audiencia de debate dado que no fue presentado por parte del acusador prueba suficiente que demostrara que la acusada tuvo participación en el delito aludido; indica que ni la declaración de la ofendida María Esther Anchecta, ni las declaraciones de los agentes de policía aportan prueba indiciaria que señalen participación en el delito por la acusada y que ello fue precisamente el criterio que tuvo el juez disidente Lo alegado por la Defensa Pública en su recurso lleva a la Sala de lo Penal a identificar los argumentos judiciales sustentadores de los criterios esbozados tanto por la mayoría como por la disidencia: 1.- Decisión de la mayoría: en la fundamentación jurídica motivaron los señores jueces que no se demostró que la acusada fuese parte de las personas que el día 14 de marzo de 2013, hayan interceptado y privado de la libertad a la Señora María Esther Anchecta; tampoco que se haya demostrado que la acusada haya sido una de las personas que llamaron al señor Samuel García Salgado, para exigirle la entrega de una cantidad de dinero a cambio de liberar a su esposa; pero indican que si llegaron al convencimiento de que la acusada fue la persona encargada de proporcionar alimento a la ofendida entretanto ella se encontraba en cautiverio, por lo que señalan que ésta es coautora del delito de extorsión; figura penal que para ser aplicada exige que se haya probado que la acusada conspiró con otros para la ejecución del delito de secuestro, ejecutándolo conforme al plan que fue formulado como producto de un acuerdo previo.- Para la mayoría del tribunal, la coautoría fue acreditada por prueba indiciaria: Declaración de la señora María Esther Anchecta López, quien indicó que: En su cautiverio la mantuvieron con los ojos vendados, pero que a lo lejos escuchó voces de niños y de una mujer, y que en una ocasión escucho a la mujer decir que ya no estaba de acuerdo con seguir con el hecho.- Para el tribunal es posible inferir la participación de la acusada al ser ésta la única mujer que se hallaba en el sector en donde fue encontrada la víctima y por tanto la mujer a la que escuchó ésta cuando se estaba en cautiverio, y que además indicó ya no estar de acuerdo de seguir con la ejecución del delito, con lo cual se devela que su conocimiento y participación; señala además el tribunal en mayoría que la acusada vivía con al menos tres menores de edad, cuyas voces eran las que escuchó la ofendida; Que le dieron de comer, entre otras cosas, sopas instantáneas, que vienen prefabricadas en vasos térmicos.- La mayoría de los jueces señalan que es indicio de participación contra la acusada , pues fueron encontrados restos de recipientes para sopa instantáneas en el baño aledaño a la vivienda de ésta; Que por las noches estuvo en una casa construida de material y con suelo “arenoso”.- Señala la mayoría del tribunal que ello constituye otro indicio, al ubicarse una casa en construcción cerca en donde la acusada fue aprehendida, ello conforme la declaración del agente de policía Héctor Samuel Valladares; Declaración Agente Héctor Samuel Valladares: La ofendida fue mantenida cautiva en un lugar cercano a aquel en donde fue aprehendida la acusada; Declaración de la acusada Karla Patricia Palma Pacheco: Indicó que llegaron dos personas de sexo masculino que cubrieron sus rostros con “pasamontañas”, siendo uno de ellos su hermano de nombre Kilver Noe Rodríguez Palma.- El Tribunal de Sentencia, en su mayoría, indican que esto es otro indicio, que la propia acusada señale que una de las personas participantes en el secuestro sea su hermano, pero que en relación a lo demás dicho por ésta, que fue amenazada y que no sabía lo que estaban haciendo su hermano y la otra persona, es un esfuerzo por eludir su responsabilidad. Voto disidente: el señor juez fue del criterio que tras el debate quedó duda sobre la participación de la acusada, ello porque: Se desconoce si la vivienda en donde estuvo la ofendida fue el mismo inmueble en el que vivía la ofendida junto con su familia; La acusada señaló que compró sopas instantáneas, lo que podía explicar por qué fueron encontrados en su casa envases de ese producto, el cual se comercializa ampliamente, por lo que no puede interpretarse tal hallazgo como indicio de participación al haber referido la ofendida que le dieron de comer ese producto; Tampoco puede ser indició de participación la referencia de la propia acusada de que una de las personas que mantuvo privada de la libertad a la ofendida fue su hermano, pues aun cuando la acusada hubiese tenido conocimiento de lo que hacía su hermano, ello no la hace responsable de lo hecho por éste. La Sala de lo Penal, al examinar el caso concreto encuentra en efecto ante una violación al estado de inocencia, pues no existe prueba suficiente que sustente la declaratoria de culpabilidad que han hecho los jueces en contra de la acusada, ello a partir de dos consideraciones: 1.- La decisión de la mayoría reduce la participación de la acusada a la actividad de hacer la comida con la que otras personas alimentaban a la ofendida cuando se encontraba en cautiverio; reconocen los jueces que no fue acreditado que la acusada haya intervenido en interceptar a la ofendida, privarla de la libertad, trasladarla hasta el sector de “Los Patos”, en Patuca, mantenerla cautiva o vigilarla, ni tampoco que fuese una de las personas que se comunicó con el esposo de la ofendida para exigir la entrega del dinero; es así que, según los propios jueces la acusada no tuvo dominio del hecho, sino que solo contribuyó con el delito que estaban realizando otros, lo que hace que la decisión de condenarle como coautora sea un error interno en los razonamientos judiciales que sustentan la decisión, pues en su caso, lo señalado por los jueces encuadra la conducta de la acusada en cómplice del delito por contribuir con un acto simultaneo, que es la de supuestamente hacer la comida con la que otros alimentaban a la ofendida, lo cual tampoco tiene sustento probatorio como se explica a continuación; 2.- No existen elementos suficientes para poder señalar a la acusada como cómplice del delito de secuestro extorsivo; le asiste razón al juez disidente al señalar que los indicios que sustentan la decisión de la mayoría son escasos y además los pocos concurrentes son anfibológicos y no necesarios.- La mayoría del tribunal identifica como indicios que sustentan la declaratoria de culpabilidad: i.- La proximidad del lugar en donde estaba viviendo la acusada con el lugar en donde se mantuvo en cautiverio por las noches a la ofendida, debiendo considerar que en la zona no era la única casa, sino que habían otras viviendas en el sector, por lo que dicha proximidad también era un hecho que puede ser señalado en relación a las demás personas que habitaban en el sector; ii.- La voz de una mujer que fue escuchada por la ofendida cuando se encontraba en cautiverio, no puede ser atribuida a la acusada, pues no se practicó un reconocimiento de voz, pudiendo pertenecer a cualquier otra persona; iii.- El hallazgo de recipientes de sopas instantáneas resulta ser el indicio más fuerte, pero tampoco es determinante; los envases vacíos fueron encontrados en un baño que se encuentra al exterior de la vivienda donde habitaba la acusada, siendo éstos un producto comercial bastante popular, pudiendo existir la posibilidad de que la acusada haya consumido este producto siendo distinto a aquellos que fueron suministrados a la ofendida.- El Juez disidente correctamente indica que aun cuando se partiera del supuesto de que la acusada tuviese conocimiento de que se estaba ejecutando un delito en el lugar, no la hace responsable del mismo ni como coautora ni como cómplice, por lo que es independiente si uno de los responsables haya sido su hermano, lo cual tampoco ha sido comprobado, pues como fuente de esa información solo se cuenta la declaración de la propia ofendida. La declaratoria de culpabilidad hecha por la mayoría del tribunal se basa en prueba insuficiente, la que arroja indicios insuficientes, anfibológicos y no necesarios, lo que hace que la decisión transgreda el estado de inocencia de la acusada; tras la celebración de la audiencia de debate se mantiene el estado de inocencia al no poderse destruir como consecuencia de una exigua carga probatoria presentada, consecuencia de una ineficiente investigación..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 361 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÒN
La infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA que la sentencia que literalmente dice: “Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintisiete (27) días de enero del año dos mil veintiuno (2021), el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Alma Consuelo Guzmán García, en su calidad de coordinadora, José Olivio Rodríguez Vásquez y Miguel Alberto Pineda Valle, por excusa justificada del Magistrado Rafael Bustillo Romero, pronuncian En nombre del Estado de Honduras. La siguiente sentencia en los Recursos de Casación SP-075-2018 por Infracción de Precepto Constitucional, interpuesto contra la sentencia de fecha veintiocho de agosto del año dos mil diecisiete, dictada por el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional, mediante la cual falló: Primero: Condenó a la señora Karla Patricia Palma Pacheco, como coautora del delito de Secuestro, en perjuicio de la señora María Esther Anchecta López, a la pena de veinticuatro años de reclusión; Segundo: Absolvió al señor Carlos Leonel Almendarez García, del delito de Secuestro, en perjuicio de la señora María Esther Anchecta López; Tercero: Condenó a la señora Karla Patricia Palma Pacheco, a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil, por el tiempo que dure al condena principal; Cuarto: Declaró la responsabilidad civil de la señora Karla Patricia Palma Pacheco; Quinto: No se condenó en costas procesales, personales ni gastos ocasionados por el juicio a la señora Karla Patricia Palma Pacheco ni al Ministerio Público; Sexto: No se decretó el comiso por no haberse puesto a disposición del Tribunal ninguna pieza de convicción vinculada con el delito. Son partes en única instancia: Los Abogados Dinabel López Durón y Arnaldo Alcides García Alvarado, en su condición de defensores públicos de la señora Karla Patricia Palma Pacheco, como parte recurrente y la Abogada Marian Audely Varela Figueroa, en su condición de fFiscal del Ministerio Público, como parte recurrida. Hechos probados de la instancia Primero: El día 14 de marzo del 2013 la señora María Ester Ancheta López conducía su vehículo acompañada de su suegra y una empleada, cuando salía de su hacienda villa Antonia ubicada en la aldea la Concepción de Juticalpa yendo con dirección a Juticalpa cuando en el trayecto fue interceptada por una motocicleta y un vehículo tipo pick up color blanco de los cuales se bajaron dos personas y que con sus rostros cubiertos y con armas de fuego con conminaron a la señora María Ester y sus dos acompañantes cuando procedieron a bajarla y pasarla al asiento de atrás de su propio vehículo mientras uno de los individuos tomo el volante de su vehículo, el otro individuo se subió con la señora María Ester y la empleada en el asiento trasero, siendo conducido hasta llegar a la aldea la concepción lugar donde bajaron a la señora María Ester a quien trasladaron a otro vehículo, dejando abandonada la camioneta de esta así como a sus dos acompañantes. Segundo: Una vez en el vehículo, los individuos condujeron por vario tiempo a la señora María Esther Anchecta, quien fue trasladada hasta un punto ubicado en una zona rural, donde después de bajarla del vehículo, fue llevada a bordo de una motocicleta hasta comunidad de Los Patos, en municipio de Patuca, departamento de Olancho, a un inmueble donde está ubicada una casa de habitación en la que se encontraba la señora Karla Patricia Palma Pacheco, lugar donde la señora María era mantenida en horas de la noche en una edificación con piso arenoso aledaño a la vivienda donde permanecía la señora Karla Patricia Palma Pacheco, en tanto que durante el día era mantenida en una zona tipo potrero a inmediaciones de la mencionada vivienda. Tercero: Ese mismo día el esposo de la señora María Esther Anchecta recibió una llamada telefónica en la que le informaban que tenían cautiva a su esposa y pedían de doce a quince millones de lempiras a cambio de su liberación, es así como ese día se llevaron a cabo negociaciones respecto al valor solicitado en tanto que la señora María Ester permanecía con los ojos vendados por un lapso que duró desde el día catorce (14) hasta el diecisiete (17) de marzo del año 2013, tiempo durante el cual la señora Karla Patricia Palma Pacheco, proveía alimentos a la señora entregándolos por intermedio de una persona del sexo masculino. Cuarto: El día diecisiete (17) de marzo del 2013 después de recibir información de que en comunidad de Los Patos, Patuca había movimiento de personas sospechosas que se pudieran relacionar con la sustracción de la señora María Ester Anchecta, agentes de investigación fueron al referido lugar donde hay pocas casas logrando ubicar la vivienda donde se encontraba la señora Karla Patricia Palma Pacheco acompañada del señor Carlos Leonel Almendares García y al pedirle a esta un registro para inspeccionar la casa, encontraron en dicho lugar una motocicleta. En tanto esto sucedía, dos personas del sexo masculino se percataron de la presencia policial e intentaron llevar lejos de la vivienda a la señora María Ester Ancheta pasando por una quebrada que se encontraba en la parte de atrás de la vivienda de la señora Karla Patricia Palma Pacheco, pero al no poderlo conseguir, dejaron a la señora María Esther en el lugar, lo cual ésta aprovechó para emprender el camino conducido, logrando salir por la parte de atrás de la casa de Karla Patricia Palma Pacheco, lugar donde solicito auxilio, siendo vista ésta en esos instantes por los agentes de la autoridad, siendo así como esta fue tomada bajo resguardo y detenidos los señores Karla Patricia Palma Pacheco y Carlos Leonel Almendares García. Recurso de Casación. - Motivos y Argumentos Recurso De Casación Por Infracción de Precepto Constitucional Motivo Único: Violación del artículo 89 de la Constitucional de la República. Precepto Autorizante: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 361 del Código Procesal Penal. Explicación Del Motivo La norma Constitucional que se invoca como infringida es el artículo 89 que reza: “Toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente.” En tal virtud para que dicha autoridad llegue al convencimiento sobre la responsabilidad penal de un ciudadano debe contar con la prueba suficiente que no le deje duda sobre la vulneración el Estado de inocencia Primero: De lo anterior se desprende que es una obligación de los jueces hacer una valoración de la prueba, sin escatimar ningún esfuerzo en la búsqueda de la verdad, para garantizarle a quien lo enfrenta, un Juicio Justo y apegado a derecho. En el caso de marras de la declaración de la ofendida María Esther Anchecta López y de la demás prueba incorporadas al debate no se desprende de forma alguna la participación de mi representada en el grave delito por el cual se le quiere imponer participación de la mayoría de los jueces integrantes de la honorable sala primera de jurisdicción nacional. Segundo: Así las cosas el voto disidente del juez José Anaim Orellana en los tres puntos que la mayoría considera indicios fuertes para condenar a mi representada y que este no comparte a razón de: 1 .- En cuanto al domicilio de la señora Karla Patricia Palma Pacheco y que es una de las viviendas más cercanas al lugar donde tenían cautiva a la ofendida; este Juez considera que de la misma prueba de cargo se estableció que en dicho lugar existían otras viviendas aledañas, es decir que se desconoce si la vivienda en sé que tenía a la ofendida era dentro del mismo inmueble que vivía la señora PALMA junto a su familia, indicio que tuvo que ser corroborado con otros insumos, del acta de allanamiento se establece color, techo, tres cuartos, utensilios de hogar describe la vivienda de la imputada que es donde habita una familia. 2.- Otro punto es haber encontrado recipientes de sopas instantáneas, siendo estos insumos de índole comercial no puede utilizarse en contra de la imputada. 3.- En cuanto al indicio que dos de los hechores es hermano de la imputado, el juzgador está en desacuerdo con este indicio, ya que, si bien pudo tener conocimiento del hecho la señora Karla Patricia Palma Pacheco, no obstante, no se acredito que acciones realizo la acusada en el delito de secuestro, por el cual la mayoría emitió un fallo condenatorio. Tercero: Resulta Honorable Corte, que el Tribunal al emitir el fallo condenatorio en contra de mi patrocinada, lo ha hecho tomando como base y fundamento principal indicios que resultan insuficientes para imponer participación en hechos gravosos, tal como lo razona con buen tino el juez disidente. Establecer un cuadro factico fidedigno que no deje lugar a dudas sobre la vulneración del Estado De Inocencia de mi patrocinada, llegar al fondo de los hechos, en este caso no será posible debido a la insuficiencia probatoria que ha dejado entrever la incompetencia en la investigación por parte de los que obligados traer a juicio oral y público todo lo permitente para que los juzgadores puedan impartir justicia. La conocida jurista española María Félix Tena Aragón, en su obra Manual De Derecho Constitucional pagina 34 inciso 7 establece: “Este Derecho, en su vertiente de regla de juicio que es la que vamos tratar en este tema, más allá de su contenido material, que será objeto de exposición en tema 5, se configura como el derecho a no ser condenado sin pruebas de cargo valida”.- Tal como ocurre en el caso de mi representado no existe prueba que acredite la declaración de ese testigo, no puede ser corroborado o dado por valido por ningún otro medio de prueba; Sigue Diciendo la jurista Tena Aragón “Por tanto, solo cabra constatar la vulneración de inocencia cuando haya pruebas de cargo validas, es decir, cuando los órganos judiciales hayan valorado una actividad probatoria lesiva de otros derechos fundamentales o carentes de garantías, o cuando no se motivó el resultado de dicha valoración o finalmente cuando por ilógico o insuficiente no sea razonable el iter discursivo que conduce de la prueba al hecho probado”.- En el caso que nos ocupa resulta insuficiente la deposición de los agentes antiextorsión, estos carecen de prueba para imponer participación al procesado. Para concluir con lo dicho por la jurista Aragón “A falta de prueba directa, la prueba de cargo puede ser indiciaria, siempre que se cumplan con los siguiente requisitos, que permiten distinguirla de las simples sospechas: que parta de hechos plenamente probados y que los hechos constitutivos de delito se deduzcan de esos indicios a través de un proceso mental razonado y acorde con las reglas del criterio humano, explicitado en la sentencia condenatoria”.- En el caso de nos ocupa el Tribunal Juzgador no ha corroborado ninguno de los indicios de los cuales se vale para privar de su libertad a la imputada, lo cual es un clara violación al correcto entendimiento humano, es por ello que el dicho constitucional de presunción de inocencia se ve violentado al condenar a mi representada con una escasa actividad probatoria, el sentenciador no contaba con la suficiente prueba para tener la certeza de culpabilidad. En ese sentido y siendo que dicho yerro lo constituye una Violación grave a una norma Constitucional como ser el Principio de Inocencia, le solicitamos a la Honorable Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, se dicte una Sentencia Absolutoria como en Derecho corresponde. Fundamentación Jurídica Recurso de Casación por Infracción Precepto Constitucional El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional; Esta Sala de lo Penal ha entendido que se trata de una tercera vía recursiva distinta a las tradicionales de fondo (infracción de ley) y forma (quebrantamiento de forma). Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior[1]. En general toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso deberá denunciar la infracción de un derecho fundamental, un derecho reconocido en el bloque constitucional o de doctrina legal constitucional, cuando dicha violación haya tenido una influencia decisiva en la decisión del Órgano Jurisdiccional; en este último sentido Llorente Fernández expresa que (Llorente Fernández De La Reguera, Ángel, en Los Recursos, Cuadernos de Estudios Judiciales, Rafael Alvarado Manzano, Liticom, Tegucigalpa, 2001, págs. 113-115): “la jurisprudencia española ha puesto de manifiesto que este cauce impugnatorio no está previsto para alegar, bajo su cobertura, la vulneración de cualquier norma constitucional, sino específicamente la infracción de aquellas que tienen una estrecha y directa relación con el objeto del proceso en que son invocados. Serán, por tanto, los derechos fundamentales ligados al proceso con carácter general los que tengan cabida en esta vía impugnativa y de un modo especial aquellos que el recurrente entienda que han sido conculcados en el caso concreto...”. Entonces los motivos a plantear en este Recurso de Casación, presentados bajo Numerus Apertus, son: Negación de un Derecho Constitucional o que integre el bloque constitucional, o de Doctrina Legal Constitucional, de carácter procesal penal o penal sustantivo; Aplicación Restrictiva de un Derecho Constitucional o que integre el bloque constitucional, o de Doctrina Legal Constitucional, de carácter procesal penal o penal sustantivo; Interpretación errónea sobre la naturaleza y/o alcance de un derecho Constitucional del bloque Constitucional, o sobre una Doctrina Legal Constitucional, que atañe al derecho procesal penal o al derecho penal sustantivo. En una buena técnica recursiva, el recurrente debe hacer uso de este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional de amplia aplicación (Recurso Ordinario), en contraposición con los recursos por Infracción de Ley, Infracción de Doctrina Penal y Quebrantamiento de Formas Procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores (Recursos Extraordinarios). La esencia del recurso por Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del Principio de Convencionalidad y el Principio de Primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. Motivo Único Norma Autorizante: 361 del Código Procesal Penal; Normas que se denuncian infringidas: Art. 89 de la Constitución de la República; Concepto de la infracción: Violación al derecho fundamental al estado material de inocencia; Motivo: Insuficiencia probatoria; Pretensión: Se declare con lugar el recurso de casación y se dicte a favor de la acusada una sentencia absolutoria. Plantea la Defensa Pública que de la declaración de la señora María Esther Anchecta López, la declaración de los agentes de policía antiextorsión y de las demás prueba incorporada al debate, no se desprende de forma alguna la participación de la acusada en el delito de Secuestro.- Explica la recurrente que el fallo condenatorio se funda en indicios que son insuficientes y los que han sido declarado como existentes no fueron corroborados. Del Derecho/Principio del Estado Material de Inocencia. El derecho al estado de inocencia, proclamado y reconocido por la Declaración Universal Sobre los Derechos Humanos en el artículo 11.1, por el Paco Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el artículo 14.2, por la Convención Americana Sobre Derechos Humanos en el artículo 8.2 y por la Constitución de la República en su artículo 89, desarrollado por el Código Procesal Penal en los artículos 2, 191.2 y 282.5, cuyo contenido establece que toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente, y que no solo debe estar presente en el proceso penal, sino que debe respetarse por todo poder público en el desarrollo de sus funciones; Ahora bien, en la esfera jurisdiccional este derecho-principio constituye una regla de juicio, endosando el derecho del acusado a no sufrir una condena a menos que la culpabilidad haya quedado establecida superando cualquier duda razonable, en virtud de las pruebas obtenidas y reproducidas en juicio con todas las garantías; por su importancia tal principio ha sido plasmado en el Estatuto de Roma, que establece la necesidad de que los magistrados de la Corte Penal Internacional estén convencidos, más allá de toda duda razonable, de la culpabilidad que se imputa para dictar una sentencia condenatoria (Art. 66.3) De lo anterior resulta entonces que la condena proferida contra una persona acusada de delito será válida, sin infracción del derecho al estado de inocencia, cuando se sustente en al menos una mínima actividad probatoria considerada de cargo practicada de modo no arbitrario, que permita arribar certeza de la culpabilidad del acusado. El Derecho/Principio de Inocencia, por tanto, es un derecho fundamental de la persona humana a no ser condenada sin pruebas de cargo válidas. (Ver al respecto el fallo de fecha 04 de octubre del 2005 en Exp. 2597-2004 de la Sala de lo Penal). El Derecho/Principio de Inocencia está íntimamente relacionado a la base fáctica que dicta la realidad del hecho y la participación que en él haya tenido el acusado, incluyendo juicios de inferencia sobre el animus, que en conjunto autorizan la aplicación del Ius Puniendi, pues ningún elemento del delito, sea objetivo o subjetivo, pueden ser presumido en contra de la persona acusada; Por ello el Derecho/Principio de Inocencia está relacionado con el debido proceso probatorio, pues solo los hechos de culpabilidad pueden arrebatarle el estado de inocencia a una persona; recuérdese que el proceso penal tiene por objeto descubrir la verdad real sobre la hipótesis delictiva que constituye su objeto mediante los medios probatorios que las partes aporten al proceso; es precisamente en virtud de ella que el tribunal se forma la certeza acerca del acontecimiento sometido a su juzgamiento. La prueba es el medio jurídico para adquirir la certeza, que se define como la firme convicción de estar en posesión de la verdad; para el pronunciamiento de la sentencia condenatoria, en donde se desafora a la persona acusada de su estado material de inocencia, debe haberse producido un amplio haz probatorio, sólido y concreto, que permita al juzgador, sin vacilaciones y sin dudas establecer la responsabilidad penal del imputado con certeza absoluta, más allá de cualquier duda razonable. En el informe No. 50/00 del caso 11,298 del 13 de abril de 2000, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha señalado que: “118 […] De todas las garantías judiciales propias del ámbito penal, la más elemental es, quizás, la presunción de inocencia […].”; Por su parte este Tribunal de Casación en fallo de fecha 14 de mayo del 2007 del Expediente 312-2006, declaró que el Estado de Inocencia “… es un estado inherente a la persona humana …”, y que desde el ámbito penal se define como el derecho de todo acusado/a a ser absuelto si no se ha practicado una mínima actividad probatoria de cargo, valida y acreditativa de los hechos en que se funda la hipótesis acusatoria. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en la sentencia de fecha 01 de septiembre de 2011, dictada con ocasión del caso López Mendoza vs. Venezuela ha indicado: 128.- En el ámbito penal esta Corte ha señalado que el principio de presunción de inocencia constituye un fundamento de las garantías judiciales. La presunción de inocencia implica que el acusado no debe demostrar que no ha cometido el delito que se le atribuye, ya que el onus probando corresponde a quien acusa. Así, la demostración fehaciente de la culpabilidad constituye un requisito indispensable para la sanción penal, de modo que la carga de la prueba recae en la parte acusadora y no en el acusado. Además, la falta de prueba plena de la responsabilidad en una sentencia condenatoria constituye una violación al principio de presunción de inocencia, el cual es un elemento esencial para la realización efectiva del derecho de defensa y acompaña al acusado durante toda la tramitación del proceso hasta que una sentencia condenatoria que determine su culpabilidad quede firme […].”. Es de considerar además que esta Sala de lo Penal ha señalado en sentencia del 30 de mayo de 2011, en expediente 304-2010: “La condición jurídica de inocencia dispuesta en la norma constitucional a favor del imputado, establece claramente una presunción legal juris tantum, por cuanto solo puede ser enervada mediante la producción de una mínima de prueba de cargo, aportada por el acusador, en juicio oral y público, con estricta observancia de las reglas del debido proceso. En general corresponde al ente acusador investigar el ilícito, presentar la acción penal pública y probar la imputación criminal; por su parte a la defensa del acusado/a le atañe censurar la actividad probatoria de cargo y ajustarla a la inobservancia de las formalidades, derechos y garantías dispuestos en las leyes a favor del aquel. Lo anterior no impide a la defensa producir prueba de descargo, no para probar la inocencia del acusado/a, que ya se encuentra tutelada por la norma constitucional, sino para desvanecer la imputación presentada en su contra.”. En sede de casación, al alegarse la vulneración de la presunción de inocencia, la Sala de lo Penal tendrá como competencia el verificar si existió una adecuada formación de la convicción de culpabilidad como resultado de la práctica de prueba válida y suficiente, entendiéndose como tal aquella que aunque mínima, ha sido recibida en la vista pública bajo las debidas garantías, y valorada prudentemente por el Tribunal de Sentencia según las reglas de la sana crítica; así pues en casación se deberá examinar, en la medida que las partes lo expongan como motivo: (Ver al respecto el fallo de fecha 05 de abril del 2011, en el Exp. 042-2009 de la Sala de lo Penal): Licitud de la Prueba: Si las pruebas fueron obtenidas y reproducidas con el respeto a los derechos fundamentales y a los derechos humanos; Debido Proceso Probatorio: Si las pruebas fueron practicadas en el juicio con sujeción a los principios de oralidad, inmediación, contradicción, concentración y publicidad; Incluye también verificar que las pruebas practicadas excepcionalmente en la etapa preparatoria fueron introducidas al debate por el cauce previsto por el artículo 311 del Código Procesal Penal; Debida Motivación: Si las conclusiones probatorias del tribunal sentenciador han sido debidamente motivadas descartando la arbitrariedad (Art. 141 CPP); Debido Razonamiento Probatorio: Si el razonamiento de la convicción obedece a criterios lógicos, razonables y vinculantes a la prueba practicada, sin involucrar los aspectos que exigen inmediación, de la cual carece el tribunal de casación; y Suficiente Carga Probatoria: Si durante el debate se reprodujeron los suficientes medios de prueba que hayan abarcado los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal reprochado, así como la participación en el hecho del acusado y su grado de culpabilidad en ellos, con la virtualidad de arrebatarle el estado material de inocencia a la persona acusada. Al respecto la Corte IDH en sentencia de fecha 26 de noviembre de 2010, en el caso Cabrera García y Montiel Flores Vs. México, determinó que: “183. Asimismo, el Tribunal ha sostenido que tal y como se desprende del artículo 8.2 de la Convención, dicho principio exige que una persona no pueda ser condenada mientras no exista prueba plena de su responsabilidad penal. Si obra contra ella prueba incompleta o insuficiente, no es procedente condenarla, sino absolverla. Así, la falta de prueba plena de la responsabilidad penal en una sentencia condenatoria constituye una violación al principio de inocencia, […].”. Escapa al estado material de inocencia los aspectos meramente valorativos de la prueba; el derecho fundamental no puede imponer una determinada valoración al Tribunal de Sentencia, de la que es libre, siempre que se realice bajo la sombra de las normas del recto entendimiento humano o sana crítica; no puede plantearse, mediante la denuncia de violación al estado de inocencia, el desacuerdo sobre criterios valorativos de los jueces sobre la prueba.
Insuficiencia Probatoria como causa de la transgresión al Estado de Inocencia El derecho fundamental en estudio obliga al actor, en el presente caso al Ministerio Público, a presentar una actividad probatoria suficiente que permita desvirtuar el estado de inocencia de la persona acusada y del que goza como una condición interina destruible, pues como se ha señalado ut supra no es legítima la condena que descansa sobre presunciones. Los medios de prueba han de estar encaminados a sustentar la realidad de los cargos de imputación, de su contenido se derivará la culpabilidad del acusado. Como la presunción de inocencia es un derecho pasivo del acusado, la atribución de la carga para acreditar los cargos incumbe al Ministerio Público. Entonces, en el control casacional de la presunción de inocencia por insuficiencia probatoria consistirá en la constatación de la existencia de una actividad probatoria sobre todos y cada uno de los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal, dejando fuera de estudio la actividad probatoria sobre la culpabilidad de la persona acusada. La suficiencia probatoria, como tema de estudio casacional, versa sobre la estricta acreditación de la realidad material del acto y de su responsable que parte de bases fácticas que arroje la actividad probatoria, constituyendo vicio que el Tribunal de Sentencia presuma la existencia de elementos constitutivos de delito que sirvan para señalar a la persona acusada como culpable; todos los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal deben haber sido acreditados con la actividad probatoria, no siendo admisible tampoco que parte del convencimiento judicial haya sido construido con conocimientos privados del tribunal, ajeno a la actividad probatoria. La Sala de lo Penal declarara la insuficiencia probatoria como vicio violatorio del estado de inocencia cuando el Tribunal de Sentencia arribe a una conclusión que, desde una consideración global de la prueba, bajo una perspectiva objetiva y externa, el pronunciamiento condenatorio sea más improbable que probable. El recurrente debe plantear el defecto de insuficiencia probatoria como causa de transgresión al estado de inocencia a partir de la totalidad de la actividad probatoria, siendo improcedente basarlo en consideración a hechos o elementos aislados debatidos o acreditados durante el proceso penal, pues la ponderación de suficiencia es en relación con toda la carga probatoria. Un Estado que se llame así mismo democrático de derecho, no puede asumir como un riesgo permitido la condena a personas inocentes para evitar la posibilidad de absolver a personas culpables, pues lo primero implica un abuso intolerable de autoridad en contra de la propia condición humana, mientras que lo segundo es la consecuencia que se debe sufrir como resultado de un proceso penal con endeble carga probatoria; absolver a un culpable es el fracaso de un proceso penal, pero condenar a un inocente es un fracaso de la sociedad entera. De la procedencia del recurso. El recurso es de recibo. - La decisión que debe ser evaluada con ocasión del recurso de casación que ha interpuesto la Defensa Publica, es aquella que por mayoría ha adoptado el Tribunal de Sentencia, en la que determinó condenar a la señora Karla Patricia Palma Pacheco, como coautora de un delito consumado de secuestro extorsivo, en perjuicio de la señora María Esther Anchecta López; decisión de la que uno de los integrantes disintió, por considerar que el fallo que debe adoptarse es absolver a la acusada.
Como argumento de su recurso, la Defensa Pública señala que el pronunciamiento condenatorio es violatorio al principio de inocencia, ello porque tal condición se mantiene tras la audiencia de debate dado que no fue presentado por parte del acusador prueba suficiente que demostrara que la acusada tuvo participación en el delito aludido; indica que ni la declaración de la ofendida María Esther Anchecta, ni las declaraciones de los agentes de policía aportan prueba indiciaria que señalen participación en el delito por la acusada y que ello fue precisamente el criterio que tuvo el juez disidente Lo alegado por la Defensa Pública en su recurso lleva a la Sala de lo Penal a identificar los argumentos judiciales sustentadores de los criterios esbozados tanto por la mayoría como por la disidencia: 1.- Decisión de la mayoría: en la fundamentación jurídica motivaron los señores jueces que no se demostró que la acusada fuese parte de las personas que el día 14 de marzo de 2013, hayan interceptado y privado de la libertad a la Señora María Esther Anchecta; tampoco que se haya demostrado que la acusada haya sido una de las personas que llamaron al señor Samuel García Salgado, para exigirle la entrega de una cantidad de dinero a cambio de liberar a su esposa; pero indican que si llegaron al convencimiento de que la acusada fue la persona encargada de proporcionar alimento a la ofendida entretanto ella se encontraba en cautiverio, por lo que señalan que ésta es coautora del delito de extorsión; figura penal que para ser aplicada exige que se haya probado que la acusada conspiró con otros para la ejecución del delito de secuestro, ejecutándolo conforme al plan que fue formulado como producto de un acuerdo previo.- Para la mayoría del tribunal, la coautoría fue acreditada por prueba indiciaria: Declaración de la señora María Esther Anchecta López, quien indicó que: En su cautiverio la mantuvieron con los ojos vendados, pero que a lo lejos escuchó voces de niños y de una mujer, y que en una ocasión escucho a la mujer decir que ya no estaba de acuerdo con seguir con el hecho.- Para el tribunal es posible inferir la participación de la acusada al ser ésta la única mujer que se hallaba en el sector en donde fue encontrada la víctima y por tanto la mujer a la que escuchó ésta cuando se estaba en cautiverio, y que además indicó ya no estar de acuerdo de seguir con la ejecución del delito, con lo cual se devela que su conocimiento y participación; señala además el tribunal en mayoría que la acusada vivía con al menos tres menores de edad, cuyas voces eran las que escuchó la ofendida; Que le dieron de comer, entre otras cosas, sopas instantáneas, que vienen prefabricadas en vasos térmicos.- La mayoría de los jueces señalan que es indicio de participación contra la acusada , pues fueron encontrados restos de recipientes para sopa instantáneas en el baño aledaño a la vivienda de ésta; Que por las noches estuvo en una casa construida de material y con suelo “arenoso”.- Señala la mayoría del tribunal que ello constituye otro indicio, al ubicarse una casa en construcción cerca en donde la acusada fue aprehendida, ello conforme la declaración del agente de policía Héctor Samuel Valladares; Declaración Agente Héctor Samuel Valladares: La ofendida fue mantenida cautiva en un lugar cercano a aquel en donde fue aprehendida la acusada; Declaración de la acusada Karla Patricia Palma Pacheco: Indicó que llegaron dos personas de sexo masculino que cubrieron sus rostros con “pasamontañas”, siendo uno de ellos su hermano de nombre Kilver Noe Rodríguez Palma.- El Tribunal de Sentencia, en su mayoría, indican que esto es otro indicio, que la propia acusada señale que una de las personas participantes en el secuestro sea su hermano, pero que en relación a lo demás dicho por ésta, que fue amenazada y que no sabía lo que estaban haciendo su hermano y la otra persona, es un esfuerzo por eludir su responsabilidad. Voto disidente: el señor juez fue del criterio que tras el debate quedó duda sobre la participación de la acusada, ello porque: Se desconoce si la vivienda en donde estuvo la ofendida fue el mismo inmueble en el que vivía la ofendida junto con su familia; La acusada señaló que compró sopas instantáneas, lo que podía explicar por qué fueron encontrados en su casa envases de ese producto, el cual se comercializa ampliamente, por lo que no puede interpretarse tal hallazgo como indicio de participación al haber referido la ofendida que le dieron de comer ese producto; Tampoco puede ser indició de participación la referencia de la propia acusada de que una de las personas que mantuvo privada de la libertad a la ofendida fue su hermano, pues aun cuando la acusada hubiese tenido conocimiento de lo que hacía su hermano, ello no la hace responsable de lo hecho por éste. La Sala de lo Penal, al examinar el caso concreto encuentra en efecto ante una violación al estado de inocencia, pues no existe prueba suficiente que sustente la declaratoria de culpabilidad que han hecho los jueces en contra de la acusada, ello a partir de dos consideraciones: 1.- La decisión de la mayoría reduce la participación de la acusada a la actividad de hacer la comida con la que otras personas alimentaban a la ofendida cuando se encontraba en cautiverio; reconocen los jueces que no fue acreditado que la acusada haya intervenido en interceptar a la ofendida, privarla de la libertad, trasladarla hasta el sector de “Los Patos”, en Patuca, mantenerla cautiva o vigilarla, ni tampoco que fuese una de las personas que se comunicó con el esposo de la ofendida para exigir la entrega del dinero; es así que, según los propios jueces la acusada no tuvo dominio del hecho, sino que solo contribuyó con el delito que estaban realizando otros, lo que hace que la decisión de condenarle como coautora sea un error interno en los razonamientos judiciales que sustentan la decisión, pues en su caso, lo señalado por los jueces encuadra la conducta de la acusada en cómplice del delito por contribuir con un acto simultaneo, que es la de supuestamente hacer la comida con la que otros alimentaban a la ofendida, lo cual tampoco tiene sustento probatorio como se explica a continuación; 2.- No existen elementos suficientes para poder señalar a la acusada como cómplice del delito de secuestro extorsivo; le asiste razón al juez disidente al señalar que los indicios que sustentan la decisión de la mayoría son escasos y además los pocos concurrentes son anfibológicos y no necesarios.- La mayoría del tribunal identifica como indicios que sustentan la declaratoria de culpabilidad: i.- La proximidad del lugar en donde estaba viviendo la acusada con el lugar en donde se mantuvo en cautiverio por las noches a la ofendida, debiendo considerar que en la zona no era la única casa, sino que habían otras viviendas en el sector, por lo que dicha proximidad también era un hecho que puede ser señalado en relación a las demás personas que habitaban en el sector; ii.- La voz de una mujer que fue escuchada por la ofendida cuando se encontraba en cautiverio, no puede ser atribuida a la acusada, pues no se practicó un reconocimiento de voz, pudiendo pertenecer a cualquier otra persona; iii.- El hallazgo de recipientes de sopas instantáneas resulta ser el indicio más fuerte, pero tampoco es determinante; los envases vacíos fueron encontrados en un baño que se encuentra al exterior de la vivienda donde habitaba la acusada, siendo éstos un producto comercial bastante popular, pudiendo existir la posibilidad de que la acusada haya consumido este producto siendo distinto a aquellos que fueron suministrados a la ofendida.- El Juez disidente correctamente indica que aun cuando se partiera del supuesto de que la acusada tuviese conocimiento de que se estaba ejecutando un delito en el lugar, no la hace responsable del mismo ni como coautora ni como cómplice, por lo que es independiente si uno de los responsables haya sido su hermano, lo cual tampoco ha sido comprobado, pues como fuente de esa información solo se cuenta la declaración de la propia ofendida. La declaratoria de culpabilidad hecha por la mayoría del tribunal se basa en prueba insuficiente, la que arroja indicios insuficientes, anfibológicos y no necesarios, lo que hace que la decisión transgreda el estado de inocencia de la acusada; tras la celebración de la audiencia de debate se mantiene el estado de inocencia al no poderse destruir como consecuencia de una exigua carga probatoria presentada, consecuencia de una ineficiente investigación. Decisión: Declarar con lugar el recurso de casación por infracción de precepto constitucional, interpuesto por la Defensa Pública. Por Tanto: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 140 del Código Penal; 361 del Código Procesal Penal; Falla: Primero: Declara Con Lugar el recurso de casación por infracción de precepto constitucional en su único motivo, interpuesto la Defensa Pública; en consecuencia se casa la sentencia de fecha veintiocho de agosto de dos mil diecisiete (f. 187), dictada por el Tribunal de Sentencia con competencia Territorial Nacional, con sede en la ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán.- Segundo: Revoca los numerales primero, tercer, cuarto y sexto de parte resolutiva de la sentencia, dictándose en su lugar las siguientes determinaciones: 1.- Que debemos absolver y se absuelve a la señora Karla Patricia Palma Pacheco, como presunta responsable a título de coautora de un delito consumado de Secuestro Extorsivo, en perjuicio de la sSeñora María Esther Anchecta López; 2.- Declara la no procedencia de condena en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el presente proceso criminal.- Tercero: Declara Firme los numerales segundo y quinto de la parte resolutiva de la sentencia impugnada.- Y Manda: Primero: En aplicación del artículo 372 párrafo segundo del Código Procesal Penal, se proceda a librar los mandamientos respectivos que hagan cesar toda medida cautelar impuesta a la acusada Karla Patricia Palma Pacheco, con ocasión del presente proceso judicial.- Segundo: Que la Secretaría del Despacho proceda a notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas en única instancia, después de lo cual deberá devolver los antecedentes del caso al tribunal de justicia de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento.- Notifíquese. Alma Consuelo Guzmán García Magistrada Coordinadora José Olivio Rodríguez Vásquez Magistrado Miguel Alberto Pineda Valle Magistrado. FIRMA Y SELLLO MARIA DEL CARMEN GODOY. RECEPTORA ADSCRITA SALA DE LO PENAL.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticinco días del mes de mayo del año dos mil veintiuno. Certificación de la sentencia de fecha veintisiete de enero del año dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este tribunal No. SP-75-2018.
MARIA DEL CARMEN GODOY
RECEPTORA ADSCRITA
SALA DE LO PENAL
[1] El artículo 8.2 literal h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que, durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, entre otras garantías mínimas, la de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.